COHRE Bulletin Latin America Vol3 No.9 2010 - Spanish

Page 01 CENTRO POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y CONTRA LOS DESALOJOS

Editorial: Para que las mujeres se sientan, y estén, seguras en sus hogares

Boletín_ Derecho a la Vivienda y a la Ciudad en América Latina 2010 | #09

Bulletin_ Año 3_Nro. 9 on Housing Rights and the Right Septiembre_2010 to the City in Latin America Vol 3_No. 8 | July_2010

Especial sobre el poder de los latinoamericanos

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Editorial

América Latina

Colombia

Paraguay

Ecuador

Créditos | Apoyos

El poder de los latinoamericanos

Avances y desafíos en la promoción del derecho a la ciudad

Mesa de diálogo previene desalojos en Soacha Por Sebastián Felipe Escobar Uribe

Organizaciones sociales logran nueva legislación sobre el derecho a la vivienda

Por Daniel Manrique

Nuevo protocolo de conducta policial reduce el riesgo de violencia durante reclamos de tierra Por Andrés Vázquez

Por Edwin Gordon

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Editorial: El poder de los latinoamericanos

América Latina ha sido recientemente descripta como una de las regiones más inequitativas del mundo.

De acuerdo al Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, diez de los 15 países más inequitativos del planeta están ubicados allí.

La disparidad entre los que tienen y los que no claramente ha tenido un profundo impacto en la habilidad de miles de disfrutar de sus derechos humanos, particularmente en lo referente a su derecho a la vivienda.

Pero América Latina también es el hogar de una poderosa red de activistas, movimientos sociales y organizaciones que trabajan incansablemente para asegurarse que derechos humanos como aquel a la vivienda no queden relegados al papel pero se conviertan en una

realidad para millones de personas.

Y es precisamente esto lo que queremos explorar en nuestro último boletín.

Algunas personas lo llaman activismo, otros dicen que son defensores de los derechos humanos – aquí preferimos referirnos al “el poder de las personas”.

El poder de individuos, expertos y organizaciones de cambiar y mejorar las cosas – para que los gobiernos tomen medidas, para rendir cuentas, y para que las empresas escuchar.

Y en América Latina, muchos ejemplos de esto.

encontramos

Como Daniel Manrique, del Programa de America Latina de Centro para la Vivienda y Contra los Desalojos, detalla en su artículo, los ejemplos de activismo

y cambios que están originando organizaciones sociales en cada rincón de la región, son interminables.

Desde las organizaciones de inquilinos en Chile a los grupos de familias desplazadas en Colombia y indígenas en Guatemala, cada uno de ellos ha luchado por el respecto a sus derechos humanos, y muchos lo han logrado.

En su nota, el periodista independiente Andrés Vázquez comparte una historia fascinante que, en Paraguay, llevó a la aprobación de un protocolo de conducta policial durante desalojos.

El protocolo, explica, ha ayudado a reducir el número de confrontaciones violentas entre aquellos que reclaman su derecho a la tierra y las fuerzas de seguridad locales.

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Como ellos, muchos otros encontraron en el diálogo la solución a sus demandas.

Como describe Sebastián Felipe, investigador de la Fundación para la Educación y el Desarrollo, en Colombia una comunidad logró detener su desalojo a través del establecimiento de una mesa de diálogo con los dueños de la tierra.

Por su parte, Edwin Gordon, investigador del Foro Urbano de Ecuador, comparte la experiencia de activistas locales que lograron convencer a sus autoridades a aprobar un Código de organización territorial, que mejorará la distribución de recursos en el país.

Es claro que muchas más organizaciones y activistas tendrán que tomar acción para que América Latina sea una región más equitativa pero, por ahora, su trabajo significa más que algunos pasos positivos para quienes se están beneficiando con los cambios.

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Avances y desafíos en la promoción del derecho a la ciudad en América Latina

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Por Daniel Manrique*, Centro por el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos.

América Latina es una de las regiones del mundo con mayor cantidad de organizaciones y proyectos enfocados en la promoción y realización de los derechos a la vivienda y a la ciudad.

Pero con miles de personas sufriendo abusos contra estos derechos, los desafíos son grandes. En este articulo, Daniel Manrique, representante de COHRE, analiza algunos de los que están teniendo mayor impacto.

Las organizaciones sociales que, en América Latina, luchan por la defensa del derecho a la vivienda han logrado, en los últimos años, enfocar sus reivindicaciones en el derecho a la ciudad.

De esta manera, han entendido que la comprensión del acceso a una vivienda adecuada no es ajena a la idea de involucrarse en las discusiones sobre gestión urbana, ordenamiento territorialy particiación presupuestaria.

Estas mismas organizaciones están trabajando en países con gobiernos progresistas y en contextos que, aun cuando ven crecientes déficits de vivienda, les han permitido influir en desarrollos legislativos y en el planteamiento de políticas públicas en materia de vivienda, derechos contra los desalojos, gestión urbana y ordenamiento territorial.

Movimientos urbanos Por ejemplo, en Brasil, el Foro Nacional

de Reforma Urbana, una plataforma fundada en los años 80’s, ha logrado -- mediante acciones de organización, formación, investigación y cabildeo – influenciar en la elaboración del Estatuto de la Ciudad 2001. Este postula las funciones sociales de la ciudad y formula ideas e reforma urbana.

En la misma línea, en México, desde el año 2000 el Movimiento Urbano Popular promueve la “Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”.

La carta se funda en el concepto del ejercicio pleno de los derechos en las ciudades; la función social de la ciudad, la tierra y la propiedad; la gestión y la producción democrática de la ciudad; su manejo sustentable y su disfrute democrático.

Por otra parte, en Ecuador, la participación ciudadana fue tan relevante en la construcción de la nueva Constitución Política al punto que, por iniciativa de asambleístas provenientes de un activismo urbano y acogiendo propuestas de influyentes organizaciones sociales, reconoció el derecho a una vivienda adecuada y digna, a un hábitat saludable y al disfrute de la ciudad.

En este país hubo un auge de escenarios que promovieron la participación ciudadana con miras a la formulación de una política pública urbana y de vivienda, tanto en los ámbitos locales

como nacionales. Fue así como nació el ‘Contrato Social por la Vivienda’ y el ‘Foro Urbano del Ecuador’. Desde el año pasado, estas organizaciones impulsan una campaña dirigida a la regularización de barrios en Quito, al punto que la ciudad adoptó un programa que incluye diferentes fases: titulación, agilización de trámites estancados y reubicación de viviendas.

Hacia desarrollos legislativos Uno de los principales problemas que enfrentan la mayor parte de las organizaciones latinoamericanas es que aunque el derecho a la vivienda está consagrado en las constituciones de todos los países – con excepción de Perú – aquella garantía no se refleja en políticas públicas que lleguen a la población efectivamente.

Para contrarrestar este fenómeno, un número importante de organizaciones sociales están llevando adelante proyectos interesantes.

En Venezuela, por ejemplo, las organizaciones de inquilinos han promovido una reforma sustancial a la ley de arrendamientos para que, bajo un enfoque de derechos humanos, se regulen los desalojos y se controle el mercado inmobiliario. La propuesta modifica las causales de desalojo, y sugiere amortizar el pago de la vivienda con las mensualidades del alquiler durante un tiempo definido, como

alternativa para adquirir su propiedad.

Mientras se tramita la ley, se espera que el Ministerio de Vivienda emita una resolución para evitar los desalojos forzados.

Este año, en Argentina, derivado de la resistencia ciudadana ante desalojos reiterados, la Procuración General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires instruyó a fiscales y defensores oficiales para que en casos de desalojos donde hubiera niños se tomarán medidas para que no queden a la intemperie y se relocalice a sus familias.

Al igual que en otros casos, este tipo de decisiones tomadas a partir de casos particulares, seguramente se convertirán en modelo de formulación legislativa.

En el contexto de estos reclamos, el derecho al agua está adquiriendo particular fuerza en la conciencia de los movimientos sociales, quienes cada vez más los incluyen en una agenda por el derecho a la ciudad. En Chile y Ecuador, por ejemplo, se está debatiendo sobre su explotación y en Colombia las organizaciones ambientalistas promueven un referendo constitucional para reconocerla como derecho humano fundamental.

Desafíos para América Latina Los avances en términos del cumplimiento del derecho a la vivienda en América Latina son claramente

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positivos, particularmente los que son producto del esfuerzo de organizaciones sociales.

Sin embargo, el alto déficit de vivienda en la región es una manifestacion de los grandes desafíos que permanecen intactos.

Esto es particularmente cierto para una población que casi en un 80 por ciento vive en áreas urbanas, en acelerados procesos de urbanización que han dado lugar a ciudades gigantes y marcadamente segregadas, con presencia de grandes asentamientos marginales sin acceso a equipamientos ni servicios adecuados, y donde existen niveles crecientes de pobreza, exclusión y desigualdad.

Uno de los principales desafíos es que las políticas sobre vivienda en la región enfatizan un modelo de desarrollo urbano liderado por el mercado y con escaso control público o discusiones sobre el crecimiento ordenado de las ciudades.

En la mayoría de los países de la región, la cuestion de la vivienda es vista como un tema económico relacionado con políticas económicas de infraestructura y generación de empleo – en vez de un tema de derechos humanos.

Por ello, el movimiento social latinoamericano aboca la resistencia al embate neoliberal, con un amplio grado de criminalización de la protesta social, en un ambiente de crecientes carencias de vivienda.

En conclusión, la eficacia de las organizaciones sociales en su afán por incidir en la formulación de políticas públicas y buenas prácticas que den lugar al disfrute de su derecho a la vivienda, depende, en buena parte, de la configuración de plataformas nacionales que permitan el despliegue de estrategias de acción articuladas.

Estas plataformas nacionales permitirían, a su vez, configurar una red de alianzas internacionales, que podrían continuar promoviendo y desarrollando proyectos locales en la región para ayudar a garantizar el derecho a un hogar adequado para todas las personas.

En Septiembre de 2009, representantes de más de 30 organizaciones de diversos países de Latinoamérica, incluyendo redes internacionales, se reunieron en Quito, Ecuador, con el fin de, entre otros, formular una agenda para impulsar la promoción del derecho a la ciudad en el continente. Para más informacion: americas@cohre.org

* Daniel Manrique es consultor para el Programa de las Américas de COHRE. Abogado, especialista en políticas y mercados de suelos, y magister en ciencias económicas. Ha trabajado en derechos humanos a nivel internacional y en temas relacionados con tierras, conflicto armado y desplazamiento interno en Colombia.

También realizó investigaciones y proveyó asistencia legal a organizaciones de ese país.

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Mesa de diálogo previene desalojos en Soacha, Colombia Por Sebastián Felipe Escobar Uribe*, investigador de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES) Colombia.

En Colombia, cada año miles de personas son víctimas de desalojos forzados. La situación de Soacha, en las afueras de Bogotá, es sólo un ejemplo de aquello. Pero en un proceso casi inédito, organizaciones locales lograron que la comunidad y los propietarios de las tierras participaran en una mesa de diálogo para resolver el conflicto. En esta nota, Sebastián Felipe Escobar Uribe, representante de FEDES, relata la experiencia.

El número de habitantes en Soacha ha crecido exponencialmente en los últimos años como consecuencia del desplazamiento forzado – el que afecta a aproximadamente cuatro millones de personas en Colombia, y la conurbación con Bogotá.

Soacha es hoy el séptimo municipio

más poblado de Colombia. Los problemas que esta expansión presenta nunca fueron objeto de adecuadas políticas públicas de ordenamiento territorial y reubicación de la población afectada.

Además, durante los últimos 15 años, 1,500 familias fueron poblando terrenos que adquirieron de manos de “urbanizadores piratas” que operaban en el área. Estas eran personas que vendían la posesión de la tierra pero no el derecho de propiedad y, además, no contaban con autorización para hacer aquello.

Es por eso que esas familias se encuentran hoy en riesgo de ser desalojadas.

Falta de debido proceso De acuerdo a la legislación colombiana, para que un propietario

recupere la posesión de determinado inmueble, debe tomar la que se denomina una “acción reivindicatoria”. Esta es una acción civil que, debido a los formalismos que acarrea, suele prolongarse en el tiempo.

En el caso de Soacha, el propietario instauró una querella de carácter penal en contra de la persona que vendía los predios sin su consentimiento.

La sentencia que siguió condenó a la población por el delito de invasión de tierras y edificaciones consagrado en la ley penal sustantiva y señaló la restitución de todos los terrenos a su dueño, lo que resultaría en el desalojo forzoso de 5,000 personas.

El procedimiento no brindó oportunidad para que los habitantes

efectuaran oposición alguna, presentaran su propia evidencia, o exigir que sus derechos a la vivienda sea respetada.

El fallo contrarió abiertamente la Observación General No 4 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que otorga seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y contra las amenazas de desalojos forzosos.

El pacto, que es vinculante para todos los estados parte, también obliga a las autoridades a que, en caso que un desalojo no pueda evitarse, se garantice el debido proceso y la reubicación de los afectados.

Al no garantizar el debido proceso, además, se esta haciendo caso omiso del derecho a la vivienda, garantizado

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en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del que Colombia es parte.

Mesa de negociación El panorama era obscuro para la comunidad afectada.

Sin embargo, con el apoyo de numerosas organizaciones y agencias de Naciones Unidas lograron establecer una mesa de negociación extraprocesal, donde las partes (la comunidad y los propietarios de las tierras) renunciarán a la confrontación legal y llegarán a un acuerdo conciliatorio sobre la propiedad y tenencia de la tierra.

Todas aquellas personas que tienen derechos sobre los bienes ha sido invitadas a participar de la mesa y varias organizaciones no gubernamentales – incluyendo la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES) Colombia y una serie de agencias de Naciones Unidas – están siendo parte del proceso como observadores y asesores de la comunidad.

Hasta el momento, la mesa de negociación ha tenido 28 reuniones, en las que se han firmado una serie de compromisos, aunque todavía falta ver un resultado final que satisfaga a todos.

Pero a pesar de no haber llegado a un acuerdo final, la mesa ha conseguido numerosos avances.

Entre ellos se encuentra la creación de una Asociación de Viviendistas de la cual hacen parte los líderes comunitarios del sector. La asociación asume la representación legal de la comunidad ante la imposibilidad de hacer una negociación con cada uno de los habitantes del sector.

También se ha logrado una excelente concurrencia de las entidades territoriales. Estas han respondido al llamado de la comunidad, quienes además de la necesidad de solucionar el problema de la propiedad de la tierra requieren de la atención prioritaria del Estado en materia de servicios públicos básicos y demás temas conexos con una vivienda digna.

Además, algunos miembros de la comunidad han firmado contratos de promesa de compraventa con varios de los propietarios y se ha fortalecido la organización y gestión comunitaria, la que ha iniciado proyectos de ahorro programado con el fin de satisfacer las obligaciones derivadas de los contratos de compraventa que se comprometieron a firmar.

* Sebastián Felipe Escobar Uribe es investigador de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES) Colombia y abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Actualmente es, además, candidato a Magíster en derechos humanos de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Para más información contactar: seu1000@gmail.com

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Paraguay: Nuevo protocolo de conducta policial reduce el riesgo de violencia durante reclamos de tierra

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Por Andrés Vázquez*, periodista e investigador independiente.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a la distribución de la tierra. En esta nota, el periodista Andrés Vázquez explora la problemática y el impacto de un protocolo de actuación policial en el contexto de protestas por el acceso a la tierra.

El 2 de Junio de 2010, el Estado Paraguayo envió un operativo compuesto por 80 policías y varios militares para el desalojo de familias campesinas ubicadas en el distrito de Santa Teresa, departamento de Alto Paraná, en el sureste del país.

Según los líderes sociales locales, la tierra en la que vivían les había sido entregada anteriormente.

Tras la negociación, los campesinos decidieron retirarse pacíficamente y establecer su campamento en las afueras del predio hasta obtener una solución.

Actualmente, las familias están siendo reubicadas por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

de 2009 denominada “Protocolo de intervención para desalojos de gran envergadura”. Esta norma establece los procedimientos a seguir por parte de los agentes de policía en la ejecución de órdenes judiciales.

El protocolo fue propuesto y creado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, junto con la Comandancia de la Policía Nacional por medio de la Comisión Permanente de Legislación y Reglamentos. Aun cuando las organizaciones sociales locales no estuvieron directamente involucradas en su creación, el protocolo responde a las demandas y campañas que estas organizaciones han estado llevando a cabo durante años con respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Una de las características más novedosas de esta herramienta es el énfasis que impone en la negociación, el diálogo, la mediación y la no utilización de la fuerza.

Hace poco más de un año este operativo probablemente hubiera terminado con dirigentes y campesinos detenidos o muertos pero un nuevo protocolo de intervención policial en el contexto de desalojos está cambando todo aquello.

“El objetivo principal es la protección a sectores vulnerables, especialmente niños y mujeres en condición de campesinos con miras a disminuir los enfrentamientos, posibilitar las salidas pacíficas y canalizar las necesidades de los afectados”, señala Diana Vargas, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior del Paraguay.

En Septiembre de 2009, el actual gobierno paraguayo, a través de su Ministerio del Interior promovió la creación de la Resolución No 531 del 11 de Septiembre

El protocolo responde a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional que se habían

documentado tras varios procedimientos de expropiación de tierras. Algunas de estas denuncias habían sido presentadas ante los sistemas internacionales de protección de derechos humanos.

El nuevo mecanismo, además, refleja las recomendaciones de organizaciones nacional e internacionales de derechos humanos.

Aun cuando el protocolo no resuelve el problema de acceso a la tierra, lo que si hace es responder a la necesidad inmediata de acabar con el uso excesivo de la fuerza durante desalojos y considerar mecanismos pacíficos para la resolución de estos conflictos.

Hasta el momento, ha sido utilizado exitosamente en la mayor parte de los 98 desalojos que tuvieron lugar entre 2008 y 2010, mayormente, de forma pacifica.

Aunque en Paraguay continúan habiendo ocupaciones de tierra y desalojos, la respuesta de las autoridades y fuerzas de seguridad ya no es violenta.

Todavía queda mucho por hacer para asegurar que todas las personas en Paraguay tengan acceso a su derecho a un hogar y a tierra pero el establecimiento del protocolo ha sido un buen primer paso en la dirección correcta.

* Andrés Vázquez Investigador y periodista independiente especializado en respuesta a violencia estructural e institucional. Consultor para organizaciones de derechos humanos y gobiernos. Para más información contactar: avazquez12@gmail.com

Acceso a la tierra en Paraguay El acceso a la tierra es una de las principales causas de conflicto en Paraguay, aun cuando el país cuenta con una muy baja densidad de población.

La concentración de la tierra en manos de pocos y el crecimiento del número de minifundios son dos de los principales motivos del surgimiento de conflictos sobre tierra.

Otra de las causas descontrolado de monocultivos que campesinos a vender bajos y trasladarse urbanos.

es el crecimiento la soja y otros obligan a los sus tierras a precios hacia los centros

Otro desafío que enfrenta el gobierno sobre este tema es el de organizar el catastro de las propiedades del campo, especialmente en zonas de fronteras.

Estos son terrenos que en la época del gobierno de facto de Alfredo Stroessner fueron entregados a nuevos terratenientes o comunidades.

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Organizaciones sociales logran nueva legislación sobre derecho a la vivienda en Ecuador

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Por Edwin Gordon*, investigador de Foro Urbano Ecuador.

La Asamblea Nacional Ecuatoriana recientemente aprobó el Código de Organización Territorial que, según activistas locales, puede ayudar a mejorar la situación habitacional en el país gracias a la redistribución de recursos. En este artículo, Edwin Gordon del Foro Urbano Ecuador, explora el posible impacto de la nueva ley y el trabajo que organizaciones sociales llevaron a cabo para lograr su aprobación.

La incapacidad estatal de resolver el problema habitacional y la imposibilidad de los sectores de bajos ingresos de acceder a la oferta del mercado inmobiliario formal, generan, en la práctica, un abuso generalizado de los derechos a la vivienda y la ciudad.

En decenas de países de América Latina existe un visible déficit habitacional. En Ecuador, aquel problema se manifiesta particularmente en el constante surgimiento de “barrios informales”, los que carecen de infraestructura o servicios adecuados para aquellos que viven allí.

Organizaciones sociales en Ecuador, como el Foro Urbano, ha estado reivindicando un mayor grado de intervención estatal para garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda.

Si bien el Estado no es el único actor involucrado en este tema, es una de las partes responsables de la formulación de soluciones.

Desde 2008, el Foro Urbano ha liderado una exitosa campaña que

resultó en la inclusión en la nueva Constitución de Ecuador de un artículo que garantiza específicamente el derecho a la vivienda y la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial.

Este último establece una nueva organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano en el territorio y permite que los recursos nacionales se distribuyan equitativamente, lo cual beneficia a aquellos que viven en zonas empobrecidas, facilitándoles el acceso a una vivienda adecuada y a servicios básicos.

Una campaña nacional Aun cuando el Código está en su etapa de desarrollo e implementación temprana, lo que ha demostrado es el

poder de organizaciones sociales en el terreno de realizar cambios concretos en las vidas de miles de personas.

En el contexto de su campaña nacional, el Foro Urbano Ecuador decidió enfocarse en la concientización pública sobre la importancia del derecho a vivienda y la ciudad a través de manifestaciones y actos públicos y en acciones de lobby dirigidas a asambleistas locales con el poder de aprobar legislación relevante.

En particular, las organizaciones presentaron propuestas detalladas sobre organización territorial, expropiación de tierras abandonadas, planificación estratégica y participación ciudadana en el control social de las ciudades.

Pag 10 Organizaciones sociales logran nueva legislación sobre derecho a la vivienda en Ecuador

La mayor parte de aquellas propuestas están hoy plasmadas en el ya mencionado Código Orgánico de Organización Territorial.

Tras la aprobación del Código, organizaciones como el Foro Urbano comenzamos a concentrarnos en su implementación efectiva.

Para ello, presentamos una propuesta al Ministerio de Inclusión Económica y Social para la creación del Cajón De Cajas De Ahorro para financiar la construcción de viviendas de interés social y emprendimientos productivos.

Propusimos también al municipio de Quito la realización de un estudio habitacional y ecológico en diversas zonas para determinar con precisión la viabilidad de propuestas de construcción.

El Foro Urbano, además, presentó sus propios candidatos para la Asamblea Nacional y un número de representaciones locales en el 2009 y aseguró un asiento en Quito y uno en Pichincha. Creemos que esta participación nos dará una gran oportunidad para incidir en el desarrollo de otras políticas sociales y de derechos humanos.

El futuro para Ecuador es prometedor en cuanto al cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda y creemos

que aquello es gracias al trabajo de organizaciones como el Foro Ecuador.

Código Orgánico Territorial

Para nosotros, la lección más valiosa ha sido el poder real que las organizaciones sociales pueden ejercer cuando combinan sus campañas de concientización pública con acciones de lobby y la presentación de propuestas concretas a las autoridades.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización de Ecuador, es un cuerpo legal con más de 600 artículos que establece la organización político – administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio.

El Foro Urbano es una agrupación social política que permite el encuentro de organizaciones sociales, trabajadores, cooperativas, artistas, intelectuales, grupos de mujeres, pobladores y jóvenes.

A partir de la identificación de necesidades y reivindicaciones comunes, la organización promueve y defiende el derecho a la ciudad para todos, la construcción de una ciudad democrática e incluyente, con participación ciudadana y social, que proporcione fuentes de trabajo y garantice un acceso universal en salud, educación y vivienda.

El Código estipula el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera y establece mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.

* Edwin Gordon es investigador de Foro Urbano Ecuador y Gestor Social. Para más información: forourbano@hotmail.com

de

Organización

Además, brinda a los municipios herramientas para que resuelvan problemas de asentamientos humanos aún no legalizados. Esto incluye la expropiación de terrenos para vivienda de interés social y el ejercicio de la competencia de otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales sin fines de lucro que trabajan sobre el derecho a la vivienda, entre otros.

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Pag 11 CENTRO POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y CONTRA LOS DESALOJOS

COHRE (Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos) es una organización no gubernamental, independiente y de actuación internacional, comprometida con la defensa y la garantía plena del derecho humano a una vivienda adecuada para todos, en todo el mundo.

Desde 1994 trabaja junto a instituciones de derechos humanos, grupos de pobladores de comunidades empobrecidas y actua en diversas instancias intergubernamentales en su calidad de entidad registrada con estatus

consultivo en Naciones Unidas (NU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y estatus de observador en Unión Africana.

Para llevar adelante sus acciones, COHRE tiene programas regionales en Africa, Asia y América Latina.

Cada uno de ellos, desarrolla las siguientes líneas de trabajo: Derecho a la vivienda adecuada Derecho al Agua y Saneamiento Litigio Derecho de las Mujeres a la Vivienda Restitución de Vivienda y Propiedad y Prevención de Desalojos Forzosos.

Editora Josefina Salomón

Desde 2002, el COHRE América Latina actua en la región organizando proyectos de capacitación y formación, asistencia legal a comunidades marginales de asentamientos informales en áreas urbanas y rurales, difusión y campañas sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad. Asimismo, el Programa lleva a cabo acciones de incidencia a nivel nacional e internacional, misiones de investigación, litigios, monitoreo de desalojos forzosos.

Los países en los que COHRE se está enfocando son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, también desarrolla acciones de investigación, denuncia e incidencia en Peru y Paraguay.

en 2009 ©Priscila Néri, WITNESS. page 5 / Activistas se reúnen para discutir sobre el derecho a la vivienda en Soacha, Colombia ©COHRE. page 6 / La comunidad de Soacha, en Colombia lucha por su derecho a la vivienda ©COHRE. page 8 / Casa en la comunidad de Soacha, Colombia ©COHRE. page 9 / Activistas en Ecuador presentan una propuesta sobre vivienda a la asamblea local en 2009 ©Foro Urbano Ecuador. page 10 / Activistas hablan en la Asamblea Nacional de Ecuador en 2009 ©Foro Urbano Ecuador.

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cover / Activistas en Ecuador participan en una manifestación por su derecho a la vivienda en 2009. ©Foro Urbano Ecuador. page 2 / Taller sobre urbanización en Porto Alegre, Brasil ©COHRE. page 4 / Activista en el Foro Social de America Latina