Prólogo

PRÓLOGO

el poder público, Leviatán, armado con su alegada misión como defensor de la sociedad, y el ser humano liso y llano, el ciudadano, sea el imputado como agente del delito, sea el ofendido por la conducta criminal. Aquel, Leviatán, tiene en su haber el poderoso aparato punitivo; éste, ciudadano -victimario o víctima- se vale de los derechos y las libertades que le reconoce la ley: espada y escudo del derecho y la libertad. En esta relación, el poder público puede desbordarse -como ocurre con dolorosa frecuencia- y el ciudadano perder derechos y libertades, que sufren menoscabo bajo el argumento de hacer justicia y brindar protección a la sociedad.

La fuerza del poder político no puede -no debe- arrollar a quienes pretende proteger. El poder y la fuerza tienen origen, destino y fronteras que es indispensable destacar y de las que no debemos prescindir, ni siquiera en situaciones de conflicto y alteración. De esto se han ocupado los participantes en el Foro, como lo han hecho otros encuentros ciudadanos y académicos comprometidos en la exposición de aciertos y desaciertos -con frecuencia graves- y en la adopción de caminos que conduzcan a restaurar la paz y establecer la justicia individual y social. De hecho, la seguridad pública y la justicia penal proponen algunos de los mayores desafíos que dominan nuestra agenda civil. Aparecen sin cesar: transitan en políticas públicas y en reformas constitucionales e institucionales, como las planteadas -y muy debatidas- en el curso de estos años de confrontación e incertidumbre.

No pretendo analizar los diversos temas y las distintas posiciones que figuran en esta publicación. Hacerlo desbordaría mis fuerzas y la encomienda que recibí. Pero advierto, con absoluta convicción, que vale la pena internarse en estas páginas --como seguramente lo han hecho los lectores en los temas que en ellas se recogen- para recibir orientaciones sobre problemas que agitan la conciencia y provocan acciones y reacciones públicas y privadas que conviene reconocer, analizar, ponderar y encaminar. Me refiero a la delincuencia organizada, las medidas para enfrentarla, la libertad de expresión, el desempeño del periodismo y la comunicación, la responsabilidad del comunicador, del promotor y del impartidor de justicia, la preservación de la democracia: en suma, al imperio de lo que invocamos y deseamos como Estado de Derecho. Vivir en sociedad entraña derechos que el Estado debe amparar: la misión histórica, política y ética del poder público es la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así se dijo en los documentos fundacionales de la era modera y se dice en los más encumbrados instrumentos constitucionales e internacionales de nuestro tiempo. Pero la asunción y el ejercicio de esos derechos, es decir, el pleno desempeño de la ciudadanía en una sociedad democrática, también implica deberes que es necesario conocer, atender y cumplir: deberes del poder público y del ciudadano.

De tales derechos y deberes se ocupan los analistas que participaron en el Foro. Los autores de los trabajos y emisores de las opiniones incluidas en la presente publicación provienen de varios frentes: defensores de derechos, funcionarios públicos, abogados postulantes, juzgadores, académicos y ciudadanos preocupados por el destino de la nación. La diversa procedencia y, con ella, la diversidad de las trincheras desde las que actúan los participantes en el Foro fortalece la importancia del trabajo común. Todos aportan su ciencia y experiencia; el conjunto confiere valor al Foro y utilidad al opúsculo que reúne ponencias y deliberaciones.

La concurrencia de ciudadanos e instituciones es indispensable para preservar los valores y principios que son cimiento de la democracia, razón de ser del poder público y garantía de los individuos. No lo olvidemos en horas de crisis, como las que abundan en nuestros días.

Sergio García Ramírez

PROFESOR EMÉRITO, UNAM

INTRODUCCIÓN

Arturo Ramos Sobarzo

En un esfuerzo conjunto realizado por la Escuela Libre de Derecho, la Academia Mexicana de la Comunicación y la Coalición por el Estado de Derecho, se realizó el Foro “Límites del Estado en la persecución delictiva y su impacto en medios de comunicación”.

El objetivo de este Foro fue analizar y reflexionar sobre los límites y los alcances del ejercicio coactivo del Estado en la persecución de los delitos, el impacto del uso de redes y medios de comunicación en la presunción de inocencia y su posible responsabilidad frente a la difusión de investigaciones penales.

La Escuela Libre de Derecho fue la sede de este importante foro, llevado a cabo del 6 al 10 de diciembre de 2021, tanto de forma presencial como de forma virtual. Se realizaron 6 mesas sobre temas trascendentales desde el punto de vista jurídico y comunicacional, en las que participaron ponentes y moderadores de renombre y gran experiencia, además de un conversatorio con el Dr. Sergio García Ramírez.

De las relatorías obtenidas de todas las mesas se derivó una propuesta de taller de capacitación para comunicadores, periodistas y medios de comunicación, con expositores de primer nivel, en los que se transmita la importancia de prestar la debida atención a las formas adecuadas de comunicar asuntos jurídicos, a fin de cuidar el respeto al estado de derecho, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Arturo Ramos Sobarzo

ESCUELA LIBRE DE DERECHO

INAUGURACIÓN

LÍMITES DEL ESTADO EN LA PERSECUCIÓN DELICTIVA Y SU IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Participantes Ricardo Antonio Silva Díaz Blanca Lilia Ibarra Cadena Ricardo Homs Luis Raúl González Pérez Claudia de Buen Gerardo Laveaga

Moderadora Rosa Linda Amezcua

Presentador Octavio Catalán

INAUGURACIÓN

Ricardo Antonio Silva: Rector de la Escuela Libre de Derecho. Profesor por oposición de la cátedra de “Derechos Fundamentales” y de “Derecho Procesal Constitucional” e investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica. Socio del despacho Forcada & Silva Consultores.

Ricardo Homs: Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación AC. 25 libros publicados. Fundó en México la oficina local de la empresa global de consultoría creada por Al Ries. Uno de los dos creadores del concepto POSICIONAMIENTO.

Luis Raúl González Pérez: Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha publicado diversos artículos en libros colectivos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos sobre temas de derechos humanos, ombudsman y libertad de expresión. Coautor de los libros Autonomía Universitaria y Universidad Pública. El autogobierno universitario, así como “Tópicos de derechos universitarios”.

Gerardo Laveaga: Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Catedrático de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y miembro del consejo editorial de la revista “El mundo del abogado”. Autor y colaborador del diario Excélsior.

Claudia de Buen: Presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., socia del Bufete de Buen, S.C. Mediadora 427.

Blanca Lilia Ibarra Cadena: Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

Rosa Linda Amezcua Hernández : Abogada, Medio Ambiente, Investigación jurídica, Derechos Humanos. Escuela Libre de Derecho.

Octavio Catalán Sánchez: Negociación. Relaciones con Gobierno. Analista político.

VIDEO

RELATORÍA

Ricardo Antonio Silva: El derecho a la libertad de expresión cada vez tiene menos límites. Este foro busca determinar cuáles son los límites que el Estado puede imponer a la ciudadanía cuando se trata de difundir información que puede afectar el debido proceso y los derechos de las personas implicadas en éste. El rector de la ELD mencionó antecedentes jurisprudenciales relacionados con el tema, como es la sentencia del caso de Florence Cassez.

Ricardo Homs: El fenómeno de la justicia mediática puede crear resentimiento en la sociedad al crear supuestos donde lo que se resuelve en los tribunales no necesariamente está concentrado sólo en el derecho. sino en la convergencia del Derecho con la Comunicación Pública.

Luis Raúl González Pérez: En nuestro país se requiere convicción para aplicar y cumplir la ley siempre que sea necesaria y no de manera selectiva. La sociedad no siempre alcanza a comprender el alcance de las resoluciones judiciales. Existe la necesidad de respetar las garantías en materia procesal penal a fin de cumplir con el de esclarecer los hechos con base en pruebas y no en información publicada en medios de comunicación.