FORO SOBERANIA ENERGETICA
EL PERU ESTA A PUERTAS DE SUPERAR LA INSEGURIDAD ENERGETICA Y LOGRAR NUEVA MATRIZ ENERGETICA SI SE PERSISTE EN EL PROYECTO HISTORICO DEL GASODUCTO Y LA PETROQUMICA SURANDINA Y SE DERROTA EL PROYECTO DESCUARTIZADOR ANTINACIONAL
PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO DESCUARTIZA GASODUCTO SURANDINO, AFECTANDO GRAVEMENTE A LA NACION, COMO LO FUE EL DESCUARTIZAMIENTO DE TUPAC AMARU EN LA LUCHA POR FORJAR LA NACION. Manuel Dammert Ego Aguirre Ex secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros Agosto-Diciembre 2011, Integrante de la Comision de Programa y Campaña de Gana Peru en las elecciones presidenciales del 2011, Coordinador el 2011 de la transferencia de Gobierno al Presidente Humala en el sector Energía y Minas, coordinador del Foro Soberanía Energética 2007-2012, asesor de Gobiernos Regionales en descentralización con enfoque territorial
12/08/2012
Se analizan los Proyectos de Ley presentados el 28 de Julio 2012 por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que en un viraje estratégico abandona lo avanzado por la ciudadanía, expresado en el sufragio del 2011, e inaugurado en marzo en Quillabamba como el inicio de la obra fundamental del Gobierno para la Nación. Se analiza la ruta y planteamientos de estos Proyectos de Ley explicando cómo bloquean y anulan el gasoducto y la Petroquímica del Surandino, afectan la soberanía nacional, bloquean el desarrollo del surperuano y otorgan privilegios al monopolio centralista exportador. Se fundamenta la nueva etapa del Gas en el Perú y la oportunidad estratégica de la industrialización del sur integrado su territorio y articulando con la nación, desde el impostergable gasoducto y petroquímica en el surandino. Se proponen las alternativas de políticas públicas estratégicas a ser implementadas en forma inmediata, y conquistadas con la participación de los gobiernos subnacionales y la ciudadanía, en un amplio debate público nacional.
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2 EL PERU ESTA A PUERTAS DE SUPERAR LA INSEGURIDAD ENERGETICA Y LOGRAR NUEVA MATRIZ ENERGETICA SI SE PERSISTE EN EL PROYECTO HISTORICO DEL GASODUCTO Y LA PETROQUMICA SURANDINA Y SE DERROTA EL PROYECTO DESCUARTIZADOR ANTINACIONAL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO DESCUARTIZA GASODUCTO SURANDINO, AFECTANDO GRAVEMENTE A LA NACION, COMO LO FUE EL DESCUARTIZAMIENTO DE TUPAC AMARU EN LA LUCHA POR FORJAR LA NACION.
El Poder Ejecutivo envío el 10 de Agosto 2012, con carácter de urgencia, su Proyecto de ley sobre el Gasoducto y la Petroquímica surandina, PE N° 1396/2012-PE, con el nombre de “Seguridad energética y desarrollo del polo petroquímico del sur del país”. Anteriormente, el mismo 28 de Julio presento el PE sobre Masificación del Gas. Ambos proyectos son complementarios, y se sustentan en bloquear y anular el gasoducto y la petroquímica surandina para sustituirla por el etanoducto costero y el abastecimiento del gas virtual en camiones a ciertas áreas del sur. Estos Proyectos de Ley deberán ser fundamentados el 20 de Agosto 2012 cuando el nuevo Gabinete acuda al Congreso para recibir el voto de confianza a su política.
1. Improvisación y Apuro, para imponer un viraje antinacional. Estos proyectos de ley fueron anunciados en el discurso presidencial del 28 de Julio, en condiciones que evidencian su improvisación y apuro. Desde el mismo 28 de Julio formule públicamente mis objeciones ( ver: El Presidente Humala, La Soberanía Energetica y los impostergables gasoducto y petroquímica surandinos, 31 Julio 2012), pues la propuesta presidencial descuartizaba el proyecto mas estratégico del surnadino, el del Gasoducto y la Petroquímica, bloqueándolo en su desarrollo, para afirmar al monopolio centralista exportador. Lo que se anunciaba en el Discurso Presidencial era un viraje antinacional de un asunto estratégico, el del Gas para la plena incorporación del sur y para el cambio de la matriz energética de la Nación. El Presidente Humala en la campaña electoral del 2011 y en toda su campaña desde el 2006, había adquirido el compromiso con el país en un Proyecto histórico para construir el gasoducto sur, sacar adelante su complejo petroquímico, e industrializar e integrar el macrosur. Este compromiso le dio amplio respaldo electoral, y el voto del sur le permitió ganar la Presidencia. Este compromiso fue uno de los sustentos de la política del Gabinete Lerner, cuyo programa fue aprobado por el Congreso. El cambio de este Gabinete por el Valdez, no tenía solo que ver con los sucesos de Conga y la nueva minería; el otro de los temas claves era el de pugna con el Monopolio del Consorcio Camisea que buscaba trabar e impedir el Gasoducto surandino, lo que fueron alistando hasta la presentación de los proyectos mencionados.
3 Por la exigencia de la ciudadanía, en marzo 2012, en la Plaza de Armas de Quillabamba, parado encima de un tubo del gasoducto, el Presidente Humala suscribía la recuperación nacional de 2,5 TCF del lote 88, e inauguraba el ducto anunciando el inicio de la construcción del Gasoducto y la petroquímica surandina, con la participación de Petroperú. Pero la propuesta efectiva se alistaba desde dentro. Sera anunciada 4 meses después, el 28 de Julio del 2012, en el Discurso Presidencial en el que se formulo una propuesta que era el viraje total al compromiso nacional. Diversos especialistas y sectores han ampliado sus críticas fundamentales al descuartizamiento que se está propugnando. Mientras el Ministro Castila, del MEF, hacia los arreglos de un subsidio escandaloso al Monopolio exportador, el Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, hacia una intensa campaña de prensa, en la que cada día decía cosas nuevas y diferentes sobre un proyecto improvisado, que iba presentado al gusto del público oyente para ampliar la confusión. Pero ambos ya tenían desde el Gabinete Valdez un diseño predeterminado para descuartizar el gasoducto surandino, a fin de acentuar el monopolio existente. Los Ministros no han podido presentar sustentos en estudios técnicos, legales y económicos, pues no existen. Pero si tenían objetivos estratégicos y un diseño de política antinacional, que se han formulado en los proyectos finalmente presentados. Ante los anuncios Presidenciales, el 9 de Agosto se reunieron en Cusco los Gobiernos Regionales del macro sur, y escucharon una larga, improvisada e incoherente oferta de promesas del Ministro Merino, como si fuese un Ekeko de gas. Los participantes presentaron observaciones, objeciones y propuestas, cuyo resumen fue publicado el día 10 de Agosto por el Gobierno Regional de Cusco. El Ministro se había comprometido a continuar el dialogo, y enviar las propuestas de ley anunciadas, sus fundamentos técnicos, económicos y legales, sus condiciones de ejecución, ante sus comentarios vagos a las preguntas efectuadas. Pero el 10 de Agosto, pese al debate público iniciado en Cusco, sin hacer caso a la vigente ley 29129 que señala que el Poder Ejecutivo en este asunto debe coordinar necesariamente con los Gobiernos Regionales, envió el Poder Ejecutivo al Congreso el Proyecto de Ley PE N° 1396/2012-PE, en el cual se hacen públicas y evidentes las peores amenazas escondidas que estaban en el diseño del proyecto descuartizador.
2. La nueva etapa del gas, los dos proyectos en Pugna estratégica y la responsabilidad del Estado Nación
Tras las luchas de los pueblos del sur y las exigencias ciudadanas, se ha logrado que el país esté en condiciones para efectuar una gran transformación en materia territorial, económica y energética. Existen nuevas condiciones en las reservas y en los usos del gas, como factor crucial del cambio de la matriz energética nacional. Se puede superar el bloqueo e inseguridad impuestos por el monopolio centralista exportador de Repsol-Hunt-Pluspetrol, que son la verdadera causa de la inseguridad, que esconde el Proyecto Descuartizador al no identificar como tal al monopolio existente.
4 La inseguridad energética tiene como causas:, las limitaciones al mercado nacional por los restricciones impuestas por el secuestro de 2,5 TCF del gas del lote 88 inmovilizadas como garantía bancaria de la exportación, las irregularidades y el fracaso del contrato de exportación a México que maneja Repsol, los fraudes fiscales en la variación de los destinos del gas exportado estimado en no menos de US$ 125 millones solo en 10 embarques, el desincentivo al impulso del mercado interno y la supeditación del mismo a los abusivos precios en los líquidos ( GLP,etc ), las menores regalías en la venta a boca de pozo, el bloqueo al gasoducto surandino. Son estos aspectos, las causas que durante estos años acentuaron la concentración de la generación eléctrica en Lima, como una de las expresiones de la inseguridad energética general. En el Perú, por exigencias de la ciudadanía, estamos en condiciones de superar esta inseguridad energética afrontando sus causas. En uno o dos años plazo, tendremos la disponibilidad nacional de adicionales 10 TCF certificados, requeridos para la nueva etapa del gas. Esta nueva etapa es lo que esta normado por las leyes 29129 del 8 de Noviembre 2007, Ley 29690 del 7 de Junio del 2011 y Ley 29187 del 22 de Diciembre del 2011, que establecen enfáticamente que deben destinarse para el objetivo estratégico nacional del Proyecto Histórico del Gasoducto, petroquímica e industrialización del sur peruano, y no a supeditarse al actual monopolio exportador ( RepsolHunt-Pluspetrol) que pretende la exportación del etano con el etano ducto costero y el bloqueo y anulación del gasoducto surandino. El 2007 fue rechazada la propuesta de Suez Energy para un ducto costero, por ser opuesta al gasoducto sur andino. En el horizonte de planeamiento nacional, ya se tienen las condiciones para efectivizar el uso de las reservas en certificación para dar curso al proyecto histórico del gasoducto del sur. Esta situación enfrenta dos proyectos estratégicos. Un proyecto, quiere ampliar al monopolio centralista exportador fragmentando el sur y subordinar la nación. El otro propugna el desarrollo descentralizado en base a la competencia, localizada territorialmente integrando el sur, con perspectiva industrialista, afirmando la soberanía energética nacional. La pugna estos dos proyectos históricos diferentes se aprecian nítidamente en sus diversos aspectos. a. La competencia. Para dar paso a esta nueva etapa, con una política orientada por la nueva matriz energética (compuesta en 40 % por gas, 40 % hidroenergia y 20 % otros renovables), es indispensable establecer la competencia inter empresarial y garantizar el rol rector del Estado en la afirmación del interés nacional y la convocatoria a la inversión pública y privadas. De ahí que las leyes vigentes señalan el mandato expreso que el nuevo gasoducto y la petroquímica deben situarse y desarrollarse integrando e industrializando el Sur. Lo cual solo puede lograrse si activa en el sur del país otra sociedad empresarial, diferente y en competencia con el Consorcio Camisea (dominado por Repsol-HuntPluspetrol) que tiene a su cargo el gasoducto central y sus plantas de líquidos (Pisco) y licuefacción-exportación (Pampa Melchorita). Este mandato de competencia es lo que establece la legislación vigente y que se pretende derogar en el Proyecto Descuartizador (Disposición Complementaria Tercera), para afirmar el Monopolio actualmente existente.
5 b. Las reservas. En los últimos años, ante la exigencia nacional por limitarse a las que dejaran la Shell, se han ampliado las inversiones en exploración, con resultados positivos. Están por anunciarse las certificaciones de 2,5 TCF y de 5 a 8 TCF del lote 58, a cargo de Repsol y Petrobras. Esta acotada la recuperación de 2,5 TCF del lote 88, la que falta formalizar contractualmente pues todavía están inmovilizadas como garantía bancaria de la exportación. c. La petroquímica industrial. Dos componentes químicos que se extraen del gas están considerados para la industrialización: el metano y el etano. Del metano, más extendido y de menor valor industrial, se están localizando en polos limitados las industrias especificas, como las que se proyectan en Ica para explosivos a la minería, que recibe el gas natural del ducto central; y la que esta avanzándose en Moquegua en base al amoniaco y que importa su materia prima ya procesada en otros continentes. Del Etano, menos extendido en el gas pero del cual el de Camisea posee altos porcentajes comparativamente a otros yacimientos, tiene mayor valor industrial y con el que se forma un complejo asociado de varias industrias. Respecto del Etano se han aprobado el 2010 y el 2011 las leyes para la Petroquímica del Etano. Lo declaran bien público, pues obligan a las industrias de extracción del gas a vender un porcentaje de este componente químico y venderlo necesariamente a la industria petroquímica. El Estado fija en última instancia el precio final, si es que no hubiese acuerdo entre las partes. Las leyes establecen que la industria petroquímica del etano está asociada necesariamente al gasoducto del Sur, pues al tiempo que le garantizan rentabilidad, requieren del gasoducto surandino para que trasladen el gas que hace posible el complejo petroquímico industrial en el sur, en sus componentes de industrias básicas, intermedias y derivadas, Existe un convenio para impulsar el Complejo Petroquímico del Etano en el Sur, suscrito entre Petroperú y Brasken (la principal empresa petroquímica de Brasil formado por Petrobras y Odebrecht). En este Convenio asumen el diseño del Complejo Industrial Petroquímico, con una planta de base de tratamiento del etano, asociada a las industrias petroquímicas intermedias y derivas, en la producción de plásticos, fertilizantes, tuberías y otros productos para el mercado nacional, sobre todo los parques industriales del surperuano, y para los mercados suramericano y mundial. De esta forma se impulsaría la efectiva descentralización económica industrialista del surperuano. Contra este proyecto histórico, el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo lo anula para reemplazarlo por un ducto costero de etano que tras su separación en Pisco, lo llevarían por la costa (subsidiado por el Estado en US$ 400 millones) a una planta para su exportación, sin mayor industrialización, a países que lo usarían para su tratamiento industrial (¿Chile, corea del sur?). Este proyecto dejaría a la planta de metano en Moquegua solitaria y sujeta a la perenne importación de su materia prima procesada en otros países, o al sobre costo de traer metano en buques, que la haría inviable.
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3. La Disyuntiva Estratégica nacional: la integración productiva territorial del macro sur, o el descuartizamiento estructural económico del territorio patrio en el sur. El Gasoducto surandino sustenta la integración productiva industrialista del surperuano, por lo que es indispensable un ducto articulador que transporte volúmenes significativos de gas, para el complejo industrial petroquímico, para los parques industriales de cada región (Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa, Apurimac, Moquegua, Tacna), y para los usos vehiculares y domiciliarios, conectados por redes y grifos. Los ductos articuladores, de gas y líquidos, deben tener ramales de menor dimensión y presión, para llevar gas a ciertas localidades para fines más limitados. Existe una oportunidad estratégica para esta integración productiva industrialista en el sur peruano y la unidad suramericana con el Proyecto histórico del gasoducto y la petroquímica del surperuano. El sur peruano tiene una amplísima riqueza de biodiversidad andina y amazónica, capacidades productivas históricas (confecciones, agricultura, etc), asi como riquezas naturales de energía (gas e hidroenergia), minerales (en el sur peruano y el norte de chile están el 50 % de las reservas de cobre del mundo), y forma parte de la principal plataforma territorial integracionista en la conexión del pacifico sur con la amazonia brasileña y la zona industrial del Mercosur. Esta enorme potencialidad es la base para su integración productiva e industrial, al articularse con el complejo petroquímico y sus productos (fertilizantes, plásticos, tuberías, etc.), y disponer de gas barato con un gasoducto integrador de la macroregion. De esta forma pueden afirmarse los parques industriales de cada región, como sustento de la masificación del gas en sus usos residenciales y vehiculares. De esta forma se derrota el proyecto descuartizador, que pretende reemplazar el gasoducto surandino, por abastecimientos en camiones haciendo permanente lo que debe ser preparatorio del gasoducto surandino, o con conexiones anti técnicas de cañerías al paso de región en región, como si no fuesen ductos que requieren volúmenes, presión y dimensiones adecuadas. Esta alternativa descuartizadora, que anula la integración territorial y la industrialización, solo llevaría gas a pequeñas cantidades de usuarios, a precios más caros, y con costos altísimos para las regiones y municipalidades. Más aun, todo indica que no es más que una maniobra distractora, generando expectativas que son imposibles de realizar masivamente. Como las baratijas de mercachifles, terminan generando una gran frustración, y son más costosas para los limitados usuarios, que si se realizara una verdadera masificación con el inicio de la construcción inmediata del gasoducto surandino integrador, y sus redes de conexión industrial, vehicular y domiciliario. El proyecto descuartizador anula el diseño integrador asumido en las leyes vigentes. Destruye el Sur en tres aéreas fragmentadas, separadas, e inviables técnica y económicamente. a. Una seria la de los ductos de gas y líquidos redundantes: Camisea hasta Kp 82,y del Kp 127 al 207 del Sistema existente. En estas áreas TGP tiene claro dominio e incluso hasta debería tener obligación de inversión, siendo las
7 directamente vinculadas a la seguridad ante el bloqueo en los ramales que redundan. b. Otra sería la de un Gasoducto, sin el ducto de líquidos, desde el Sistema existente a Quillabamba y luego a Cusco y Puno. Esta área es la que se diferencia de la anterior en forma absurda, pues es la continuidad desde Malvinas, como ya está formulada en el Tramo I por Petroperú, y además se sustenta económica y funcionalmente en que forma el Tramo I del Proyecto Integrado que va en el gasoducto articulador pasando por todas las regiones hasta la petroquímica en la costa. Hacen esta absurda diferencia de áreas, para dársela a Petroperú, escondiendo que el propio MEF impidió su construcción desde hace mas de una década, aduciendo que no es rentable Además excluyen los líquidos y por tanto las ofrecidas plantas de fraccionamiento y envasado, y buscan en forma irresponsable, y técnicamente y económicamente inviables, que las extensiones de esta área de gasoducto que vaya desde Quillabamba a Cusco y Puno las asuman los gobiernos regionales como si se tratara de sumar unas cañerías a otras. c. La otra área fragmentada del resto del surandino seria la del etano-ducto costero, con una planta separadora en la costa (en pisco o pampa melchorita), divorciada del surandino. Este etano ducto costero no tiene conexiones en su recorrido. Directamente va a las “plantas petroquímicas”, que se ofertan mentirosamente en varias localidades como “industrias al paso”. Realmente su fin es almacenar para la exportación inmediata y directa el etano, sin industrializarlo en un complejo de varias industrias. Esconden que no existe etano para más de una petroquímica, y que esta “planta” se reduciría básicamente a exportar el etano para que lo usen como materia prima en otro destino (¿Corea del Sur, Chile?). Su localización más rentable es junto a los otros equipamientos del Consorcio Camisea (Plantas de Licuefacción y de Líquidos), y como es inversión privada será el lugar de su instalación. Acentuara el predominio monopólico exportador y la subordinación del gas del sur, que tendría que pasar por el Monopolio para cualquier uso y destino.
4. El Proyecto Descuartizador se sustenta en el Regalo de la renta gasífera y el escandaloso subsidio al Monopolio, así como en la destrucción empresarial de Petroperú.
El fundamento económico-financiero del Proyecto Descuartizador, es de indudable factura del sector más dogmatico fundamentalista neoliberal en el MEF. Sus propuestas lo evidencian. Plantean lo que casi ningún país del mundo, bajo cualquiera que sea el signo de sus gobiernos, está llevando a cabo, no solo por el cambio energético mundial sino también ante la crisis actual global. Las políticas del Proyecto Descuartizador concentran en Monopolio la actividad y renta
8 gasífera, impidiendo la competencia; bloquean la industrialización del recurso natural, para confirmar la reprivatización de la economía; destruyen a Petroperú como empresa competitiva y gestión corporativa moderna para reducirla a dependencia administrativa del Ministerio, violando la vigente ley orgánica de Petroperú.
A lo largo de esta pugna entre los dos proyectos históricos, el fundamentalismo neoliberal promonopolico, se ha opuesto y ha trabado cada paso de avance en el Gasoducto y la Petroquímica surandina. Ante la nueva etapa y la inminencia de avances para iniciarlo, es que tratan ahora imponer políticas para descuartizarlo. Pretenden hacer una “guerra rápida”, en medio de la desinformación y manipulación mediática, para destruir el fundamento básico de políticas nacionales, de soberanía y valor agregado, en este asunto estratégico nacional. El Estado ha venido tratando con la empresa Kuntur, la concesión que esta tiene para el gasoducto surandino, vinculada al Complejo Industrial Petroquímico. El avance en estas conversaciones, es lo que llevo al Presidente Humala al anuncio de marzo 2012 en Quillabamba, parado encima de un tubo de gas para el inicio del gasoducto surandino. Entre el Estado y Kuntur, conversaban en base al diseño de la concesión en dos tramos, para iniciarlo el 2012: el Tramo I iba de Malvinas a Quillabamba, y el Tramo II iba desde Quillabamba a Moquegua-Tacna, con sus respectivos ramales en cada región. Lo que estaba en negociación entre el Estado y Kuntur, era que participara Petroperú como socio en la Concesión y la Petroquímica, para lo cual debía definirse el costo estimado de la construcción del gasoducto y la forma de aporte y participación de Petroperú. Paradójicamente, toda esta negociación se hizo excluyendo a Petroperú, y por el Estado estaba concentrada en el MEF y el MEM. El MEF acuerda con la CAF la asistencia en una evaluación de costos y se organiza la negociación. Al presentar Kuntur la actualización de costos del proyecto, este se eleva significativamente de US$ 1,200 a 6 mil millones, y plantean que el Estado otorgue en crédito puente de US$ 400 millones para el I Tramo, a cambio de la cual Petroperú pasaba a ser socio. Si Kuntur no cumplía con las inversiones de la Concesión, el Estado ejerce la facultad de convocar para culminar el Tramo II e inclusive la Petroquímica, que es la que transforma el Etano y da rentabilidad al conjunto del proyecto. Pero se genera un impasse al establecerse la diferencia reseñada entre las partes relativa al costo efectivo de la inversión en el Tramo I. Ante la diferencias, la propia Kuntur estaba requerida de proseguir las negociaciones y plantear nuevas propuestas, pues además de tener comprometido el contrato de concesión y el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, tenían un deposito de US$ 70 millones. Adicionalmente, Petrobras esta en proceso de certificar 5 o más TCF en Camisea, y Brassken tiene suscrito un convenio con Petroperú para avanzar en el Complejo de la industria petroquímica. Pero el MEF y el MEM rompen todo el diseño legalmente establecido, en lugar de proseguir la negociación con nuevas formulas y propuestas, hacen un cambio de todo el diseño, de las normas legales vigentes y de los compromisos en curso. Plantean que no habrá gasoducto andino
9 atravesando y conectando las regiones surandinas, pues este se fragmentara y solo existirá un gasoducto de Quillabamba-Cusco-Puno; que el Tramo I será convocado a licitación con participación y aporte privado; que se promoverá el etano ducto costero Pisco-Ica para varias plantas en la costa; y que Petroperú no participara como socio empresarial sino actuara como una entidad administrativa. El Proyecto de ley finalmente presentado por el poder Ejecutivo el 10 de agosto, hace publicas las reales políticas que el MEF y el MEM habían tenido desde el inicio. Piensan que es la ocasión de una guerra rápida y total para imponer sus objetivos neoliberales fundamentalistas a favor del monopolio primario exportador. Si bien se quieren presentar estas políticas como “complementarias”, son en verdad opuestas frontalmente al proyecto histórico del Gasoducto surandino en sí mismo, y por tanto también a la actual Concesión que tiene Kuntur y al Convenio Petroperú con Brasskeen para la petroquímica. Pero encerrados en el fundamentalismo neoliberal pro monopólico y reprimarizador, cuando tienen que descubrir sus efectivas propuestas queda claro que además de improvisadas y anti técnicas, traen inmensos perjuicios para el país y grandes beneficios para el monopolio existente en el Gas. En síntesis, el Proyecto Descuartizador tiene las siguientes características: Tramo I: No establece Montos pero asegura garantías financieras, para un estimado de US$ 1,200 millones efectuado por Kuntur y aceptado inicialmente para estos proyectos. El proyecto descuartizador no define monto de inversión requerida, pero se convoca a licitación a privados asegurándolos financieramente con los recursos Públicos del Estado, para un monto que será incluso mayor, al incluir los “ductos” a Cusco y Puno. -
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Tramo I Privatizado con recursos públicos. Rechazaron el MEM y el MEF que el Estado aportara los US$ 400 millones para el tramo I, para asociarse con Kuntur, cuestionando el costo de la inversión. En el Proyecto Descuartizador plantean que toda la inversión del Tramo I se hará por privados, pero el integro está garantizada por recursos públicos que aporta el Estado del Fondo de Inversión Social Energética ( FISE) y de los mecanismos de Ingreso Garantizados. Estos últimos hacen que todo el riesgo lo asuma el Estado, y el privado trabaje sin riesgo con una rentabilidad asegurada. Son mecanismos para mantener la rentabilidad a los privados, a través de aportes que salen del presupuesto del Estado, obtenidos de las prestaciones y concesionarios de servicios de transporte, y de un peaje al sistema principal de transmisión ( art. 2 y 4). Esta privatización es además un regalo a caja abierta, pues la establecen sin determinar el monto requerido de la inversión, que era materia crucial de diferencia, y que ahora ni siquiera se refiere. Tramo I, los proyectos bajo mando de TGP (art 4): señalan que los proyectos serán aprobados por el MEM siempre que estén en posibilidad de operar en forma paralela y conjunta con el sistema de Transporte de Gas y de Líquidos de Camisea actualmente existente, esto es, con TGP. Incluso TGP será la recaudadora del Mecanismo de Ingreso
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Garantizado, en la etapa pre operativa, y cuyas transferencias será consideradas como pago a cuenta. Tramo I Privatizado con aporte de Petroperú y Electroperú. Estas dos empresas quedan sujetas a coadyuvar de acuerdo a lo que disponga el Ministerio de Energía y Minas, asumiendo proyectos cuya rentabilidad depende de la ejecución del Tramo II hasta Moquegua-Tacna y que ha sido anulada, y que a lo largo de los años el MEF ha declarado inviables. Tramo I, ductos reducidos a cañerías sin sustento técnico económico. Como descuartizan el gasoducto surandino y lo anulan, extienden artificialmente el ducto a Quillabamba para que vaya a Cusco y Puno, sin el menor sustento técnico ni estimación de costos. Pero están también garantizados por los aportes del Estado.
Etano ducto costero: se declara de “interés nacional” su construcción desde una planta de separación en la costa ( Pisco? Pampa Melchorita?) hacia el sur del país, para lo cual se destina US$ 400 millones como aumento de capital a Petroperú, cuando se requeriría no menos de US$ 1,000 millones. Y se plantean plazos irreales, como iniciar el EIA en 30 días sin existir trazo ni estudio de factibilidad -
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No se define la participación de Petroperú, lo que se indica se encarga al MEM No se establece moto estimado de inversión a comprometer, pues no existe estudio de factibilidad al respecto del etano-ducto, y la inversión requerida largamente será superior a los US$ 400 millones asignados, en no menos de US$ 1,000 millones. Sin trazo definido, ni estudio de factibilidad, y sin concesión definida, requisitos que no pueden elaborarse en menos de seis meses, se establece que en plazo no mayor a los 30 días de aprobada la ley descuartizadora, Petroperú inicie los trámites para la aprobación del estudio de impacto ambiental. Este absurdo es otra evidencia de engaño y simulación. Los US$ 400 millones como aporte de capital son provenientes de una operación de endeudamiento interno, para los fines indicados y con carácter temporal de 15 años. La emisión de bonos soberanos será efectuada en uno o varios tramos hasta el 31 de diciembre de 2015. No se define claramente los derechos de los poseedores de estos bonos soberanos en el capital de Petroperu, pudiendo ser una vía para que el MEM privatice las acciones empresariales comprometidas como una venta anticipada y subvaluada.
De esta forma, los US$ 400 millones requeridos de aporte del Estado al Tramo I con Kuntur, se transforman en un monto superior no definido, pero cercano al total estimado de US$ 1,600 millones, totalmente garantizado por el Estado, incluyendo beneficios a TGP. Adicionalmente, el Estado agrega para un sorpresivo etano ducto costero US$ 400 millones como aporte de capital a Petroperú, sin tener estudios mínimos y que fácilmente se elevaran a US$ 1,200 millones.
11 De este modo, los genios del MEF y el MEM buscan improvisadamente comprometer al Estado por US$ 2,800 millones para afianzar el Monopolio centralista exportador, con beneficios varios a privados amigos, y con el perjuicio inmenso de anular el gasoducto y la petroquímica del surandino bloqueando su desarrollo estructural.
5. Las alternativas de la Nación para hacer realidad el Gasoducto y la Petroquímica del surandino, superando el monopolio centralista exportador y la inseguridad energética.
Son claras y definidas las políticas nacionales que se requieren para afirmar la soberanía energética y dar paso a la construcción del gasoducto y la petroquímica del surandino. Primera, mantener la legislación vigente de las leyes 29129 del 8 de Noviembre 2007, Ley 29690 del 7 de Junio del 2011 y Ley 29187 del 22 de Diciembre del 2011, que afianzan en el Sur el gasoducto y la petroquímica en esta nueva etapa del cambio de matriz energética nacional, con las políticas de soberanía energética, competencia sin monopolios, descentralización productiva, industrialización con el complejo petroquímico e industrias regionales, prioridad del mercado interno nacional, integración macroregional, recuperación efectiva de 2,5 TCF del lote88, investigación y sanción de fraudes fiscales en el direccionamiento de la exportación del gas, plataforma científica tecnológica macroregional para elevar las capacidades productivas Segunda, el Estado debe dar el aporte financiero necesario para que Petroperú construya como obra pública y subcontratando empresas privadas, el Tramo I de seguridad energética en la conexión Malvinas-Quillabamba, así como los equipamientos encargados a Petroperú y a Electroperu en el área ( Planta Fraccionamiento y Envase, Central térmica 200 MW). Desde esta posición, deben reiniciarse las negociaciones con Kuntur para que en un plazo especifico determinado de acuerdo a ley, pueda iniciar Petroperú la construcción del Tramo I con el aporte financiero integral del Estado, como punto de partida propia o integrándolo al conjunto del Gasoducto y la Petroquímica del surandino. Tercera, debe autorizar a que los Gobiernos Regionales y municipales del surandino, puedan con aportes del canon respectivo, ser socios financieros de Petroperú en el gasoducto, en la petroquímica surandina, y en los ramales a los parques industriales así como en otras inversiones de masificación del gas en usos domiciliarios, industriales y vehiculares. Cuarta, deben darse facilidades tributarias y de zonas económicas especiales, a las industrias de los parques industriales que en las regiones se constituyan vinculado al gasoducto y sus ramales, así como a los conglomerados productivos regionales que se forjen en torno a sus productos . Quinta, debe establecerse una estrategia integral de masificación de gas, con los siguientes aspectos:
12 -el primer objetivo es la industrialización del macro sur, con el abastecimiento por ductos del gasoducto integral surandino y sus ramales, a las industrias y principales aglomeraciones de las poblaciones. - establecer el subsidio cruzado para las instalaciones de conexión, con un crédito pagadero en mediano plazo como el Cofigas para el uso vehicular, y un sistema similar que permita cancelar igualmente la conexión domiciliaria, en base al subsidio cruzado donde los más grandes consumidores aportan a las conexiones domiciliarias beneficiando a los de menos recursos, en tarifas que se cancelan en un largo periodo. - autorizar el abastecimiento de gas virtual en camiones, en forma temporal y previa a la construcción del gasoducto y las redes de ductos - focalizar en forma progresiva el GLP y los subsidios establecidos en las zonas de menor densidad poblacional en las áreas rurales y periferias urbanas, y siempre en forma complementaria y subordinada a la extensión de los ductos de gas natural Quinta, debe autorizarse a que las universidades y centros tecnológicos, puedan invertir recursos del canon y organicen un sistema macro regional como plataforma científica tecnológica ante los impactos del gasoducto y la petroquímica surandina Sexta, debe declararse y ponerse en marcha la Zona de Integración Energética Perú-Bolivia en el macro sur peruano. Séptima, debe rechazare la construcción del etano ducto costero para afirmar el mando de la localización de la industria petroquímica como un complejo de varias industrias integradas, ubicado en la zona sur del país y en base al gasoducto surandino que integra y conecta todas las regiones del sur. Octava, debe incentivarse mayor exploración de reservas de gas Novena, debe afianzarse y respaldarse a Petro Perú como empresa pública nacional de todos los peruanos, con gestión empresarial competitiva moderna, en la que la Regiones y Municipios sean socios financieros en algunos de sus proyectos de inversión, y se afiancen los convenios suscritos de promoción de una cultura de gas y cambio de matriz energética macroregional