Devolución final a la CAC (Proyecto 0008 PEN 2016)

​ Cátedra Libre Gobierno Abierto

Universidad Nacional de La Plata ​ catedra.gobiernoabierto@presi.unlp.edu.ar Sitio​ ​ |​ Blog​ |​ Twitter

Devolución Final sobre proyecto L​ ey Acceso a la Información Pública​ (0008-PE 2016) (Reunión Comisión Asuntos Constitucionales, 19/IV/2016)

AVISO​ : Este documento fue entregado con posterioridad a la reunión con la CAC, por lo que decidimos depurar: 1) aquellos ítem que creíamos perfectibles del Proyecto pero que fueron expuestos por otros actores de la sociedad civil en el transcurso del encuentro, y 2) algunos ítem donde sólo hicimos sugerencias menores y casi de forma.

Generalidades: ● Plazo (Art. 11): Quince días máximo parece ​ demasiado, más aún si este lapso cuenta con la posibilidad de una prórroga. Creemos que siete, máximo diez, días hábiles, puede resultar óptimo. El apremio por la celeridad se basa en que la dilación es una de las estrategias más usadas en pos de la opacidad. ● Dirección AAIP (Art. 21): Confirmación (es decir, designación) y remoción del PEN deja en interdicción la independencia de la AAIP. Creemos -y no podemos ser más enfáticos en esto-, que la designación/remoción debe contar (cuando no recaer) en el Congreso. Si la designación recae en el Legislativo, pero la remoción sigue estando entre las atribuciones del PEN, la independencia sigue vulnerada sin compensarse con la duración superior del director del AAIP al cargo de cuatro años del PEN. ● Agencia de AIP (Capítulo IV): 1. (Art. 24): En ​ d) ‘Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas’. ​ Sugerimos implementar esta plataforma con la información en tiempo real (o lo más actualizada posible -en términos informáticos es muy simple de implementar-). Es decir, cada vez que se ingrese un pedido de AIP a un sujeto obligado esa información debe estar exhibida en la página de la AAIP con: fecha, materia (descripción general), organismo, estado (en proceso/entregada/etc.). Si hay denegatorias o cualquier otro acontecimiento que favorezca la opacidad, también debe ser consignado. Los pedidos iniciados y ya concretados también deben ser fácilmente accedidos en el sitio (sin perjuicio que esta información luego se utilice para hacer índices periódicos como se menciona en i, o informes anuales, etc.). Esta es una manera de acelerar a los sujetos obligados a que cumplan plazos con prolijidad (más allá que el requirente reclame la demora o no).

2. Responsables AAIP (Art. 31): En ‘​ f) promover prácticas de transparencia en la gestión pública y de publicación de la información’, teniendo en cuenta la vaguedad que implica la idea de ‘promoción de

​ Cátedra Libre Gobierno Abierto

Universidad Nacional de La Plata ​ catedra.gobiernoabierto@presi.unlp.edu.ar Sitio​ ​ |​ Blog​ |​ Twitter

prácticas’, creemos que puede pensarse en alguna responsabilidad o ‘función pivot’ entre la oficina de Gobierno Abierto y la implementación del Título II de esta ley.

3. Responsables AAIP (Art. 30): Los RAIP son nombrados por el sujeto obligado. Esto ​ reviste un problema de la dinámica de la gestión pública que pone en serio riesgo el ejercicio fluido del AIP. El nombramiento por el SO hace que el RAIP esté a cargo de él -probablemente sea un empleado/a ya en actividad que se designe a esta tarea-, lo que además de vulnerar su capacidad de pedir activamente información a sus jefes, puede ser presa de las prácticas de la organización.

Proponemos, en cambio, un equipo mixto: un RAIP sea nombrado por la AAIP (teniendo en cuenta una selección con un perfil adecuado), que integre un equipo de una, dos o más personas nombradas por el sujeto obligado. Pero cualquiera sea la dimensión de este equipo, el RAIP debe ser designado y enviado por la AAIP. ● Transparencia Activa (Título II): ​ Destacamos especialmente esta inclusión,​ dado que facilitará la implementación de gobierno abierto digital (de hecho, implica una suerte de ‘protocolo’ para él y resulta útil para la ingeniería de herramientas informáticas que conllevan los Portales de Transparencia). Creemos determinante la publicación de DDJJ de los sujetos obligados (s), pero lamentamos la falta de instrumentación de DDII (o bien, de algún mecanismo básico, inicial, que implique un avance en este sentido)

Componentes del proyecto de la DN Karina Banfi (Expte 6593-D-2015 || 16/II/2016) Creemos que estos componentes, incluidos en el Proyecto de la DN, deben incorporarse al Proyecto definitivo. La razón de ello se consigna al final de cada ítem.

1.

La Ley AIP debe mencionar explícitamente en su objeto (Art. 1°) “el estímulo de la reutilización y creación de valor a partir de la información pública y la promoción de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos”. ​ Razón​ : la tecnología es un vector que atraviesa a esta ley y que, en el mediano plazo, acelerará muchos de los procesos -e incluso dejará sin uso aspectos de esta ley-. La reutilización y la creación de valor a través de la información (no sólo de los datos) dá cuenta de la dimensión de participación que implica el AIP. En cuanto a la rendición de cuentas, ésta representa, en términos conceptuales, no sólo la puesta a disposición de la información pública, sino dos cuestiones más: 1) la obligación de los administradores públicos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público (usualmente conocida como ​ ‘answerability’​ ), y 2) capacidad de sanción a los responsables que no se adecúan a lo primero (Schedler, 2008).

2. En el glosario, para ‘Información Pública’, se menciona ‘​ los respectivos funcionarios a cargo de entregarla, preverán su adecuada organización, sistematización y disponibilidad. ​ Razón: ​ Es preciso mencionar que la información debe estar organizada bajo algún criterio (que los RAIP conocerán y podrán explicarlo). A medida que la información se haga disponible -y siga creciendo, gracias a la

​ Cátedra Libre Gobierno Abierto

Universidad Nacional de La Plata ​ catedra.gobiernoabierto@presi.unlp.edu.ar Sitio​ ​ |​ Blog​ |​ Twitter

3.

4.

5.

6.

7.

1

posibilidad que brinda la tecnología en la sociedad informacional en la que vivimos-, los criterios de síntesis, presentación y organización se harán necesarios1. La garantía para que esto resulte en practicidad y no en opacidad reside en las competencias del RAIP (que debe conocer este sistema, perfeccionarlo e implementarlo con celo). Por supuesto, deberá producir manuales y todo el herramental necesario -para el sujeto obligado y para la ciudadanía-, con el fin de que esto redunde en practicidad. Vale una mención más: nos referimos a la información no estructurada (no a los datos (abiertos) que requieren estar estructurados por otra razón, como es ser ser legibles por máquinas).

Artículo 57º- (...) La ley entrará en vigencia a partir de los 180 días de su publicación en el BO, no obstante lo cual entra en vigencia a los 190 días de no haber promulgación en plazo establecido.

Razón​ : los plazos del Proyecto 0008/PEN/2016 son extensos, y esta Ley implica saldar una deuda con la ciudadanía que reviste años. Enfáticamente, no creemos que sea necesario fundamentar esto más allá de esa razón, de suyo contundente.

Artículo 59°- ​ En todo pliego y contrataciones realizadas por el Estado debe agregarse una leyenda que explicite las condiciones de acceso a la información pública.​ Razón​ ​ : creemos que esta cláusula debe ser incorporada en los pliegos y contrataciones, ​ como en todo documento que proceda incorporar​ . Sugerimos sea el RAIP -que conoce la actividad del sujeto obligado- quien establezca cuáles otros documentos deben incluirla.

Principios que deberían ser consignados de manera explícita: presunción de publicidad, relevancia, máxima apertura y divulgación, alcance limitado de las excepciones, informalidad, sistema de tachas, responsabilidad de los funcionarios públicos, ​ conservación​ ,​ In dubio pro petitor​ , interés público superior. ​ Razón:​los principios -por su cualidad- se justifican en sí mismos, pero hay una razón operativa, muy práctica: estos principios consignados en la Ley permiten a quienes implementan gobierno abierto (en términos tecnológicos) desarrollar herramientas que tengan en cuenta la máxima apertura (organizada). Sobre todo, porque la tecnología avanzará en el mediano plazo, y los principios pueden lograr que compensemos zonas que acaben por ser letra muerta gracias al avance tecnológico En el proyecto de Banfi existe un componente que puede parecer menor y no lo es en absoluto (‘​ promover dentro de su organismo prácticas en relación al mantenimiento, archivo, conservación’).

Razón​ : el AIP es un proceso en el tiempo -incluye el pasado y prevé el futuro-. Sin información que mantenga su valor a lo largo del tiempo, el AIP queda cercenado. Por eso el tratamiento, la archivística y la preservación resultan imprescindibles.

Otro factor que puede resultar accesorio pero es determinante. Nos referimos a la ‘​ divulgación a través de cursos educativos en las escuelas primarias y secundarias para la promoción de la transparencia, el derecho AIP y los datos abiertos en la administración pública’. ​ Razón:​estas

Dentro de esta cuestión está la de la implementación de la Transparencia Activa. Creemos que ella debe ser completa en términos de ​ derecho ​ al acceso, pero también debe estar dispuesta en términos de organización del acceso. La razón de esto reside en no caer en la saturación, que termina por llevarnos a un estado de cosas que se parece a la opacidad: demasiada información con pocos criterios para procesarla, la devalúan de tal manera que acabamos por encontrarnos en un estado similar al que acontece cuando la información no está disponible.

​ Cátedra Libre Gobierno Abierto

Universidad Nacional de La Plata ​ catedra.gobiernoabierto@presi.unlp.edu.ar Sitio​ ​ |​ Blog​ |​ Twitter

actividades son el germen del cambio de mentalidad en nuevas generaciones (las viejas generaciones sólo podemos estimularlas con información acerca de las ventajas del AIP). Quienes nos dedicamos a la docencia sabemos que este es un modo activo y preciso de dotar a las nuevas generaciones de la visualización de un derecho, de las maneras de ejercerlo, y de la necesidad imprescindible de exigir su ejercicio concreto.