Diálogos de Saberes para la Seguridad Humana

Edición especial Seguridad Humana Año 9 · 2014

Periódico comunitario de la comuna 8 de Medellín · Distribución gratuita Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por los habitantes de la comuna 8 (Villa Hermosa) en el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín

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Edición Especial Seguridad Humana

“Desde abajo” se nombra la seguridad Establecer nuevas formas de nombrar requiere de las comunidades, procesos de organización e iniciativas comunitarias, apropiación de sus lenguajes, más aún cuando a diario se está siendo sometido a vulneraciones y omisiones por parte del Estado en temas de vital importancia para nuestra época como la seguridad.

Repensar la seguridad implica verla “desde abajo”, desde nuestras comunidades, que han sido las que han cargado, no sólo con el estigma, sino con las consecuencias de una democracia pobre y un Estado débil y militarista.

El primer paso para develar -a la luz de las organizaciones comunitarias- cuáles son los hechos y situaciones que afectan la seguridad y qué son las políticas públicas, es tener una voz y una perspectiva propia de la seguridad, en este caso, fundamentada en el enfoque de Seguridad Humana. Esto a su vez, se convierte en una oportunidad para reconocer una nueva perspectiva de justicia que trascienda las acciones encaminadas a afrontar las situaciones delictivas. Por último, repensar la seguridad, implica ver en las iniciativas comunitarias la posibilidad de superar las consecuencias que ha dejado un contexto de violencia crónica, buscando reconfigurar el tejido social, dignificar la vida y proveer a las comunidades de seguridad integral.

El Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM), acompañado de organizaciones sociales y procesos comunitarios como la Corporación Con-vivamos, la Coordinación de mujeres de la zona nororiental (comuna 1, Santo Domingo), la Mesa de Derechos Humanos y convivencia de la comuna 6 (comuna 6, Doce de Octubre) la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), de la comuna 13 (San Javier), la Mesa de Desplazados, Conexión Diversa y Ciudad Comuna (comuna 8, Villa Hermosa), inició una investigación que posibilitó un diálogo con mujeres, jóvenes, población LGBTI, población en situación de desplazamiento y niños, niñas y adolescentes de estas comunas en torno a la seguridad.

Como resultado de ello, no solo queda una aproximación a los hechos y situaciones que afectan la seguridad, sino también, la mirada hecha por las comunidades a las políticas públicas existentes, la percepción que tienen los habitantes de estas comunas de Medellín sobre la impunidad estatal y de la justicia, y sobre las iniciativas ciudadanas que hay en los territorios; aspectos de los que da cuenta esta edición de Visión 8.

Finalmente, la investigación posibilitó establecer una nueva metodología para la co-producción de conocimiento y la construcción de una agenda que apunta a la conquista de la Seguridad Humana, a la vez que nos permitió entender cuál es nuestro deber como proceso de comunicación comunitaria y popular; un aprendizaje que orientará nuestro quehacer y que está encaminado a la apropiación social y participativa de los medios de comunicación.

Que sea esta la oportunidad para empezar a dar nombre y resignificar cada una de esas formas de vivir y habitar el territorio que poco a poco se han ido dejando desprovistas de significado.

vision8@ciudadcomuna.org

Calle 52A 33-32 · Barrio La Toma 216 8416 / 318 546 0265 Visita: www.ciudadcomuna.org Dirección Ciudad Comuna Leonardo Jiménez García Dirección Visión 8 Libardo Andrés Agudelo Gallego Redactores Equipo de trabajo OSHM: Katherine Montoya Julián Marín Heidy Gómez Luís Giraldo Durfay Quintero Beatriz Hernández Lina María Zuluaga Libardo Agudelo Alexandra Abello Isela Quintero Diseño y diagramación Yurilena Velásquez López Ilustraciones Laura Carolina Zapata Yurilena Velásquez Fotografía Archivo fotográfico Ciudad Comuna Archivo fotográfico OSHM Ejecución Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna Acompañamiento Diana Carolina Zapata Vallejo Secretaría General de Comunicaciones -Alcaldía de Medellín-

Impresión La Patria Foto portada: Archivo fotográfico Ciudad Comuna Esta edición es producida en el marco del convenio de asociación No. 4600048783 de 2013.

Las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad de sus autores, y no necesariamente corresponden a los planteamientos ideológicos de Visión 8.

Año 9 · 2014 Edición especial Seguridad Humana Circulamos con 10.000 ejemplares Publicación mensual · Distribución gratuita

Edición Especial Seguridad Humana

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Diálogos sobre seguridad

con las comunidades

Por: Observatorio de Seguridad Humana de Medellín observatorioseguridadm@gmail.com

A partir de un diálogo directo con las comunidades, el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM) desarrolla una nueva forma de construir la seguridad “desde abajo” en la ciudad.

Desde el 2008 inició la propuesta de trabajo del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, que toma como referencia el concepto de seguridad propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), allí se plantean siete dimensiones para el abordaje de la seguridad en una línea de articulación con los conceptos de derechos humanos y desarrollo humano. Luego de una primera aproximación al concepto y del reconocimiento de las características de la ciudad y en consecuencia de las problemáticas que enfrenta, se definió agregar la seguridad de las mujeres como una dimensión autónoma dentro del análisis, siendo entonces ocho las dimensiones desde la cuales se trabaja este enfoque.

Es así como se da inicio al proceso de reconstrucción del concepto de Seguridad Humana ligado al contexto de la ciudad, y también al campo de la investigación cualitativa buscando transformar el enfoque militarista de la seguridad, por otro más integral que coloque el centro de su interés en el ser humano.

Para llegar a este punto de la reflexión, se transitó una ruta de acción que inició con un momento de acercamiento con las comunidades, indagando de manera preliminar y exploratoria la percepción sobre la seguridad en las 16 comunas y los 5 corregimientos durante el 2009. Este ejercicio evidenció lo que históricamente se ha concebido es la seguridad, que dista de lo que tradicionalmente se ha entendido de ella, lo cual obedece a que las personas, si bien reconocen algunos conceptos ligados al enfoque tradicional, también plantean otros elementos que son importantes como la tranquilidad, alimentación, vivienda digna, educación y el empleo, entre otros. Esto dio luces para consolidar la apuesta de pensar o más bien de repensar la seguridad desde abajo, desde, para y por quienes habitan la comunas y barrios de la ciudad.

En un segundo momento entre el 2010 y el 2011, se definió indagar de manera particular por la seguridad personal delimitada en el control territorial en las comunas 1, 2, 6 y 13 y el corregimiento de San Cris-

Isela Quintero, investigadora comunitaria, compartiendo la experiencia Huerta Escuela con los integrantes del Seminario Itinerante. Pinares de Oriente: 2013

La seguridad personal, política, económica, comunitaria, alimentaria, ambiental, en salud y para las mujeres son las dimensiones sobre las que se fundamenta el concepto de seguridad del OSHM tóbal, contrastando esta información con los elementos de la Política Pública implementada durante los años 2008 – 2010, además identificando las iniciativas ciudadanas y de resistencia que implementan las comunidades para enfrentar las situaciones de violencia y la inseguridad. En ese orden de situaciones, la apuesta del Observatorio no solo sigue los patrones establecidos, que de alguna manera, analizan, monitorean y observan el conflicto armado, sino que además hace una lectura a las respuestas que frente a esa situación de violencia urbana y violencia estructural construyen las comunidades en sus territorios.

En el tercer momento entre finales del 2011 y 2013, se reconstruyó el proceso metodológico para darle mayor sentido a la propuesta “desde abajo” y se diseñó un proyecto de investigación conjuntamente con algunas personas de la comunidad y organizaciones comunitarias de las comunas 1 (Popular), 6 (Doce de Octubre), 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier), esto implicó un giro inicial para la co-producción de conocimiento, la articulación del saber académico y el comunitario, para consolidar una apuesta política y social que invierta las formas de provisión de seguridad por parte del Estado y de entender la seguridad por parte de las comunidades, desde estos dos ámbitos se gesta la acción transformadora que demanda una sociedad atravesada por las múltiples violencias y a la cual no se ha encontrado respuesta.

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Hechos y situaciones que afectan la seguridad comuntiaria en Medellín Los hechos y situaciones que afectan la seguridad de las comunidades urbanas no se restringen solo a afectar la seguridad personal de ellas.

La seguridad alimentaria, económica, política, ambiental, en salud y de las mujeres son otras dimensiones afectadas.

Este texto presenta un análisis de los resultados de las indagaciones sobre los hechos y situaciones que afectan la seguridad comunitaria en la ciudad a partir de las visiones y experiencias de los residentes de las comunas 1 (Popular), 6 (Doce de Octubre), 8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier).

El análisis sobre los factores que afectan la seguridad de las comunidades urbanas de la ciudad se hace desde el enfoque de Seguridad Humana “desde abajo” que ha venido desarrollando el OSHM, junto con organizaciones comunitarias, y teniendo en cuenta la diversidad poblacional que caracteriza las comunidades de la ciudad. Es por eso que se analizan tanto los factores que afectan la seguridad de cinco grupos poblacionales específicamente (mujeres, jóvenes, niños-niñas y adolescentes, población en situación de desplazamiento y población LGTBI), como los que afectan a las comunidades en general.

En este análisis se evidencia la naturaleza multidimensional y multicausal de los problemas de seguridad que enfrentan las comunidades urbanas de Medellín y por tanto las limitaciones que enfrentan las respuestas netamente policivas y militaristas frente a estos. La lectura de los problemas de seguridad desde una perspectiva integral como la Seguridad Humana, arroja luces sobre cómo a pesar del reconocimiento internacional alcanzado por la ciudad y de algunas mejoras modestas en indicadores como la calidad de vida y la desigualdad, la seguridad de diferentes grupos poblacionales y de las comunidades en general en los contextos analizados siguen estando gravemente afectadas por el conflicto urbano y factores estructurales.

Violencias con enfoque poblacional

Con respecto a los hechos y situaciones que afectan a la seguridad de las mujeres en la comuna 1 se encontraron factores no solo en los escenarios comunitarios que habitan las mujeres, sino también en espacios íntimos y familiares.

Como lo reiteran las mujeres que participaron en la investigación, su cuerpo se ha convertido en un espacio sobre el que se manifiestan las guerras en los territorios y otras violencias físicas, culturales y simbólicas. Así mismo, recono-

Movilización Mesa de Desplazados por el derecho al territorio. Llanaditas, comuna 8. 2013

Por: Katherine Montoya - Julián Marín - Heidy Gómez observatorioseguridadm@gmail.com

cen que el conflicto armado en los territorios genera formas de subordinación, dominio y control a través de imposición de fronteras invisibles, también que las acciones de los grupos armados han hecho del cuerpo de las mujeres objeto de explotación económica a través de la vinculación de niñas y jóvenes a redes de prostitución.

La capacidad de participación política y comunitaria de las mujeres también se ha visto afectada por amenazas a lideresas y por la estigmatización a sus prácticas de organización. En los espacios íntimos las mujeres siguen siendo víctimas de patrones culturales machistas y patriarcales que les generan inseguridad a través de violencia de género e intrafamiliar. A nivel de factores estructurales, las dificultades para acceder a un empleo digno también afectan su seguridad económica y alimentaria. Todos estos factores de inseguridad tienen un impacto en la salud mental y física de las mujeres que no son debidamente atendidas por el sistema de salud que invisibiliza sus necesidades y particularidades.

Por su parte, entre los factores que afectan la seguridad de la población LGTBI que habita la comuna 8, se encontró que estos son el resultado no sólo de la violencia que generan actores armados en el territorio, sino también por la intolerancia y las actitudes homofóbicas de la sociedad en general. En cuanto a los primeros, la confrontación armada que ha afectado a la comuna 8 en los últimos dos años y que vino acompañada de desplazamientos forzados, desapariciones, prácticas

A pesar del reconocimiento internacional alcanzado por la ciudad y de algunas mejoras modestas en indicadores como la calidad de vida, la seguridad en general en los contextos analizados sigue estando gravemente afectada por el conflicto urbano y factores estructurales.

Edición Especial Seguridad Humana de control territorial y enfrentamientos indiscriminados, han afectado de manera general a todos los residentes de esta comuna, pero a la vez han generado situaciones de inseguridad puntuales para la población LGTBI. Los integrantes de esta comunidad son víctimas de prácticas homofóbicas de los grupos armados, lo que significa mayores restricciones a su movilidad y a la posibilidad de habitar espacios públicos, sobre todo cuando intentan adelantar actividades sociales grupales; además de la inseguridad que genera la presencia de grupos armados

en los territorios para esta población, la sociedad misma genera condiciones de inseguridad a través de acciones de discriminación que se dan en diversos ámbitos como la calle, la escuela, el mundo laboral y el sistema de salud.

Estos terminan por materializarse, en muchos casos, en violencia verbal, física o simbólica, y en condiciones que afectan su Seguridad Humana, por ejemplo, produciendo deserción escolar, precario acceso a la educación, baja calidad en la atención de salud y restringidas oportunidades de trabajo digno. Sobresale como factor que aumenta la inseguridad para esta población, la ausencia de espacios y mecanismos de denuncia de los ataques que sufren.

Para la población en situación de desplazamiento que habita la comuna 8, la dimensión de la seguridad que más se ve afectada, por su situación y por factores estructurales, es la seguridad alimentaria. Además de los dramáticos efectos que ha tenido sobre sus vidas el conflicto armado que les obligó a dejar sus propiedades y estilo de vida. En la ciudad varios factores les impiden continuar con sus formas tradicionales de acceso a la alimentación y al sostenimiento de sus familias, así

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mismo, a acceder a condiciones de vivienda digna. Las pocas posibilidades de acceder a empleo en la ciudad, los obligan a buscar en la informalidad modos de sustento que son precarios, y además, criminalizados y atacados por entidades públicas encargadas del manejo del espacio público que ponen en riesgo su seguridad económica.

del reclutamiento, el control a su movilidad y las amenazas por parte de grupos armados. Prácticas cotidianas e iniciativas de movilización juvenil han sido objeto de amenazas y ataques directos que han cobrado la vida de jóvenes miembros de organizaciones juveniles. Con respecto a las respuestas del Estado que generan inseguridad

constante a ser víctimas de su violencia armada indiscriminada. Además de los actores armados, los niños y las niñas experimentan inseguridad al interior de los hogares por cuenta del uso de la violencia por parte de sus padres, la falta de tiempo que estos pueden dedicarle a su acompañamiento y del abuso sexual. Con respecto al último, la falta de denuncia y el ocultamiento de los casos que genera impunidad reproducen condiciones de inseguridad para los niños y niñas. Las condiciones de vida precarias de sus familias y la falta de calidad en la provisión de servicios de salud también son fuente de insegu-

Las dificultades que enfrentan para ser reconocidos como víctimas, entorpecen aún más su situación. Aunque este grupo poblacional ha intentado asociarse para participar e interlocutar con el Estado para la restitución de sus derechos y para que las políticas públicas que les afectan tengan en cuenta su situación y presencia en la ciudad, aun no cuenta con una participación real y efectiva en los escenarios públicos de discusión.

personal, los jóvenes identificaron las prácticas de reclutamiento por parte del ejército nacional y las excesivas medidas de control hacia los jóvenes que terminan en detenciones arbitrarias, atropellos y señalamientos.

Esto acentúa la estigmatización hacia los jóvenes que hace todavía más difícil que encuentren trabajo lo cual deteriora su seguridad económica y alimentaria, dejándolos en mayor vulneración frente al reclutamiento por parte de grupos armados.

ridad y llevan incluso al trabajo infantil y a la desescolarización, y facilita su vinculación a grupos armados.

Acciones como el reclutamiento, amenazas, restricciones de la movilidad, al igual que la estigmatización y el desempleo son las que más afectan a los jóvenes

En el proceso investigativo también se reveló que los problemas de inseguridad que afectan a los jóvenes que habitan la comuna 13 responden a factores estructurales que no se han resuelto desde hace varias décadas, a las dinámicas de confrontación armada en el territorio que habitan y también a prácticas y respuestas del Estado frente a la presencia de actores armados en sus comunidades. Con respecto a los primeros, los jóvenes destacaron la forma en que la pobreza y la exclusión social afectan sus posibilidades de acceder a empleos dignos y de materializar proyectos de vida acordes con sus aspiraciones. Con respecto al conflicto armado, este genera riesgos y vulneración de sus derechos fundamentales a través

En los espacios íntimos, las mujeres siguen siendo víctimas de patrones culturales machistas y patriarcales que les generan inseguridad a través de violencia de género e intrafamiliar.

En relación a los factores que afectan la seguridad de niños y niñas, se analizó la forma en que la violencia y el poder ejercidos por grupos armados en el territorio ha desencadenado problemas como la vinculación infantil a las acciones de estos grupos, la inducción a la explotación sexual infantil y al consumo de drogas, el aumento del uso de la violencia en la resolución de conflictos al interior de las escuelas y el riesgo

Finalmente, es importante resaltar que los hechos y situaciones que afectan la seguridad de las comunidades urbanas de la ciudad son complejos y no se restringen sólo a riesgos a la seguridad personal de sus habitantes, sino a su seguridad alimentaria, económica, política y ambiental. La inseguridad que afecta a las comunidades urbanas de Medellín responde a factores estructurales, a las debilidades en las respuestas estatales a problemáticas complejas y también a la presencia de grupos armados, no sólo por los niveles de violencia que son capaces de ejercer en el territorio, sino porque sus acciones se encaminan cada vez más a imponer autoridad en la resolución de conflictos comunitarios, a ganar legitimidad y a incidir en decisiones y dinámicas comunitarias.

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Edición Especial Seguridad Humana

Las políticas públicas desde las comunidades Por: Luís Giraldo - Durfay Quintero - Beatriz Hernández observatorioseguridadm@gmail.com

Las comunidades en general relacionan las políticas públicas con iniciativas ciudadanas que ellas y organizaciones sociales lideran en el territorio, a la vez que, perciben que las políticas lideradas por el Estado son de poco impacto y, muchas veces, coyunturales.

Taller con jóvenes de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ). Comuna 13. 2013.

A partir de la indagación hecha se evidenció la noción de políticas públicas que tienen las comunidades y que es diferente a las tradicionalmente elaboradas por la academia y los gobernantes de turno.

Por un lado, los habitantes de estas comunidades asocian las políticas públicas con las respuestas del Estado a situaciones coyunturales de inseguridad extrema que afectan sus territorios. La percepción de los residentes es que cuando hay niveles de violencia críticos, el Estado hace presencia con algunas iniciativas. Y por otro lado, la gente las asocia con un sinnúmero de iniciativas y propuestas que articulan las comunidades y que el Estado luego adopta como suyas en el territorio.

De hecho, hay casos emblemáticos de iniciativas ciudadanas que luego se convirtieron en políticas estatales, como el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 1, los proyectos de educación superior, las Asambleas Barriales, y los semilleros infantiles y juveniles de participación.

Igualmente, es pertinente resaltar la capacidad de acción que han venido acumulando varios actores sociales y comunitarios en estas comunidades y los esfuerzos que se han hecho para visibilizar sus problemáticas. Lo que contrasta con la noción asistencialista con las que son asociadas normalmente dichas comunidades. También se evidencia un creciente interés de las comunidades por participar en temas de política pública y las expectativas que tienen de lograr incidir en las políticas que les afectan. En el proceso de adopción gubernamental de iniciativas comunitarias, la gente reconoció que se dan cambios en términos de metodología, objetivos y orientación. Esto termina tergiversando lo que buscan las comunidades con dichas iniciativas, reduciendo su impacto y desincentivando la participación ciudadana.

En respuesta a esta problemática se sugiere un modelo de política pública que se centre en potenciar las capacidades locales y comunitarias y que impli-

que que el Estado ayude a mantener y fomentar las iniciativas ciudadanas que demuestran un impacto positivo. La posibilidad de un giro en esa dirección es favorable por la capacidad de las comunidades de construir y proponer a través de sus acciones en el territorio. Además, las iniciativas y estrategias comunitarias tienen normalmente un impacto considerable porque parten de la identificación de necesidades, problemas y soluciones que hacen los principales afectados muchas veces en alianza con otras organizaciones civiles, universidades y ONGs. Sin embargo, la gente es consciente de que para que el modelo de política pública reconozca y potencie las capacidades locales, se necesita voluntad política y un mayor nivel de incidencia por parte de las comunidades.

Con relación a las percepciones de lo que viene haciendo el Estado frente a la inseguridad, la gente cree que éste hasta ahora ha hecho aproximaciones importantes, pero desviadas para atender algunos de los principales problemas que enfrentan (como desempleo, inseguridad personal, precaria alimentación, etc.). También afirman que hay improvisación frente a los problemas de seguridad que enfrentan, ya que se dan respuestas coyunturales que atacan sus consecuencias y no sus causas, además se encontró que estas no están conectadas con las necesidades de la comunidad.

Adicionalmente la desarticulación del trabajo de diferentes dependencias y secretarías no permite atender los complejos problemas de inseguridad de manera interdependiente.

Normalmente la participación ciudadana es usada más para legitimar decisiones tomadas desde arriba que para escuchar y tener en cuenta las propuestas comunitarias.

Edición Especial Seguridad Humana

Grupo focal población LGBTI. Paranínfo Universidad de Antioquia. 2013.

Con respecto a la forma en que se diseñan e implementan las políticas estatales, las comunidades resaltan la poca oportunidad para la participación plena y no condicionada de los ciudadanos. Esto en virtud de que normalmente la participación ciudadana es usada más para legitimar decisiones tomadas desde arriba que para escuchar y tener en cuenta las propuestas comunitarias. Así como que en ocasiones hay desconocimiento, por parte de la gente, de las intervenciones que se implementan en sus territorios, todo esto contribuye a minimizar el impacto de las políticas públicas en la solución de los problemas que tienen las comunidades.

Un hallazgo importante es que algunas de las respuestas reactivas del Estado, no solo no funcionan, sino que generan inseguridad para los residentes de las comunidades. Un ejemplo de cómo iniciativas estatales pueden generar inseguridad a grupos poblacionales específicos es el Cinturón Verde Metropolitano que implicará nuevos desplazamientos a la población que ya ha sido víctima de este fenómeno y que vive en las laderas de la ciudad. Frente a esto, habitantes de la comuna 8 han evidenciado su interés de ser sujetos activos en el diseño de políticas públicas y no solo objetos de política, ello a través de la realización de consultas para dar a conocer las prioridades de la gente y de propiciar concertación con la Administración Municipal.

Otro ejemplo son las medidas de carácter represivo que se han implementado en estas comunas en momentos en los que la violencia armada ha aumentado. A través de la militarización de las comunidades, las estrategias policivas, las actividades de formación que imparte la policía a niños y jóvenes, los mecanismos de vigilancia, el reclutamiento de jóvenes por parte del Ejército, el uso de toques de queda y las estrategias de recolección de inteligencia a través de agentes encubiertos, ofrecimiento de recompensas y la creación de redes de informantes para desarticular grupos armados, han generado varios factores de inseguridad para la población juvenil e infantil y para las comunidades en general.

territorios, generan desconfianza y temor entre los habitantes y ponen en riesgo a líderes comunitarios.

En ese sentido, las comunidades argumentan que las administraciones locales han entendido los problemas de inseguridad que los afectan como problemas de orden público, lo que les ha impedido reconocer la importancia de vincular estrategias estatales con comunitarias, no sólo para responder a coyunturas, sino para prevenir las violencias y la inseguridad. Algunos, incluso, identifican un desbalance en cuanto a la visibilidad y a los incentivos que han recibido ciertos grupos vinculados a la ilegalidad dentro de las políticas públicas, en comparación con otros residentes y líderes juveniles y comunitarios que no han sido parte del conflicto.

La improvisación en la implementación de iniciativas estatales también ha contribuido a la estigmatización de la población LGTBI. Este grupo ha sido objeto de campañas que los trata como enfermos, sin reconocer que los factores de inseguridad que los afectan responden a problemas socio-culturales, educativos, familiares, entre otros, y que requieren de medidas que ayuden a reducir la discriminación y estigmatización social de la que son víctimas en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

Algunas de las respuestas reactivas del Estado, no solo no funcionan, sino que generan inseguridad para los residentes de las comunidades.

Estas acciones, además de la estigmatización que sugieren para las comunidades y los jóvenes, refuerzan las lógicas militaristas que existen en los

Grupo focal con niños y niñas. Comuna 6. 2013.

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Una propuesta importante para mejorar las políticas públicas es que se adopte un enfoque de Seguridad Humana, que les permita atender las necesidades económicas, educativas, laborales y de participación política de las comunidades.

En general se percibe que las políticas públicas existentes en Medellín para atender a la población vulnerable tienen un impacto limitado, y que los procesos que deben seguir los potenciales beneficiarios son complicados y no ofrecen atención integral ni preventiva. Esto desincentiva el uso de centros de atención y la credibilidad de la capacidad del Estado para impartir protección y justicia en casos de violencia intrafamiliar, desplazamientos intraurbanos y amenazas colectivas e individuales.

Entre las principales sugerencias hechas por la comunidad para mejorar algunas políticas existentes están: la cobertura, el enfoque, la capacidad administrativa y los recursos humanos involucrados en su implementación. Otras propuestas se refieren a procesos a nivel micro-social y subjetivo que buscan el reconocimiento y el respeto a la identidad y la condición social de diferentes grupos poblacionales.

Una propuesta importante en este sentido es que las políticas públicas adopten un enfoque de Seguridad Humana que les permita atender las necesidades económicas, educativas, laborales y de participación política de las comunidades urbanas más vulnerables de la ciudad de manera interdependiente, y que estas políticas sean objeto de seguimiento y evaluación por parte de las comunidades.

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Dimensiones de la Segurid en cada grupo El Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (OSHM), a partir del concepto de seguridad propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del reconocimiento de las características de la ciudad y en consecuencia de las problemáticas que enfrenta, definió trabajar con ocho dimensiones de la seguridad Humana:

- Falta de protección física y la ayuda material que la garantice.

- Espacios de participación que no posibilitan la incidencia real en la formulación de políticas públicas.

- no se reconoce el respeto a los derechos fundamentales del individuo ni a sus garantías democráticas, que son el aval de la seguridad política.

- Agresiones físicas y verbales.

- No reconocimiento de la diferencia de los individuos.

- Represión como consecuencia de la discriminación, la violencia física y la imposibilidad de gozar plenamente del espacio público.

- Lugares y escenarios -como la escuela, el colegio y el parque- de la comuna con estigmatización, exclusión y maltrato.

- Utilización del cuerpo de las mujeres jóvenes por parte de grupos armados.

- Propstitución de niñas y adolescente Formas de exclusión, estigmatización violencias desde un plano simbólico.

- Restricción a las libertades individuales y la estigmatización de su prácticas y luchas.

- Dificultades para acceder a un empleo digno con el cual puedan satisfacer las necesidades básicas de la familia.

- No hay entornos que posibiliten su movilización por el territorio, su participación e incidencia política ni el reconocimiento de sus derechos desde su diversidad sexual y de género, no solo en el ámbito privado sino en el espacio público y en los roles sociales, en los que estén libres de discriminación y exclusión.

- Inexistencia de políticas públicas para la atención diferencial de mujeres y hombres trans y mujeres lesbianas en los centros de salud.

- Las políticas públicas orientadas a la promoción y prevención en salud que perpetúan procesos de exclusión, generalización y estereotipación.

- Falta de credibilidad - Manipulación y capta económicos del Presu parte de grupos armad

- Poco respaldo del Estado para garantizar sus derechos fundamentales y propiciar unas condiciones adecuadas luego del desplazamiento.

- Son vulnerados por el abandono, despojo de tierras y otras pérdidas materiales, rupturas de sus tradiciones culturales y del tejido social.

- Irregularidades en el cumplimieto de acceso a la justicia, lo cual conduce a la ineficacia e impunidad estatal.

- Poca oferta de empleos para su desempeño y obtebción de recursos económicos que permitan su supervivencia y la de sus familias.

- No cuentan con lugares dignos para la construcción de sus viviendas.

- Es la dimensión más afectada debido a la falta de alimentos.

El OSHM trabajó en esta investigación con estos cinco grupos: Población en situa

Edición Especial Seguridad Humana

dad Humana más afectadas o poblacional

s . es. y

us

- Falta de garantias estatales para tener una vida saludable.

- Factores negativos para la salud mental y física.

- Sistema de salud que no reconoce las particularidades de las mujeres.

- Desconocimiento en la prevención de las enfermedades.

- Demora en los procedimientos para una adecuada y oportuna atención.

- Conflicto armado.

- Grupos armados legales e ilegales y sus prácticas violentas.

- Subordinación de las mujeres a las formas de dominio y control construidas socialmente.

en su trabajo comunitario. ación de recursos upuesto Participativo por dos.

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Fuente: “Hacia una agenda de seguridad para Medellín, desde la perspectiva de las comunidades”. Cartilla del OSHM Ilustraciones: Laura Carolina Zapata - Yurilena Velásquez López

- Dinámicas de violencia armada que vulneran directamente a líderes y organizaciones juveniles.

- Ausencia de estrategias de protección a las acciones de movilización comunitaria.

- Falta de garantías para la seguridad personal de los líderes y lideresas jóvenes.

- Brecha existente entre las políticas de juventud y las realidades de los territorios.

- Desempleo y falta de acceso a condiciones económicas favorables para los jóvenes y sus grupos familiares.

- Ofertas del mundo de la ilegalidad.

- Violación y vulneración del derecho a la vida.

- Prácticas de control territorial que impiden la libre movilidad por el territorio, afectando prácticas cotidianas y uso de espacios públicos.

- Práctica sistemática del reclutamiento forzado y la vinculación de jóvenes a los grupos armados ilegales.

- Afectaciones provocadas por prácticas de reclutamiento (”batidas”) ejercidas por el Ejército Nacional.

- Violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, abuso sexual, abandono.

- Castigos físicos, discriminación, agresiones verbales y violencia entre niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, complejizada en contextos de violencia armada.

- Existencia de grupos armados ilegales, fronteras invisibles, tráfico de drogas, cobro de extorsiones y reclutamiento a grupos armados ilegales.

- Precariedad en la prestación del servicio de salud: demoras en la prestación del servicio, negación del servicio y los medicamentos.

ación de desplazamiento · LGTBI · Mujeres · Jóvenes · Niños, niñas y adolescentes

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Impunidad estatal e ineficacia de la justicia Por: Lina Zuluaga - Libardo Agudelo observatorioseguridadm@gmail.com

Acto simbólico promovido por los jóvenes de la ACJ en el marco de la conmemoración de la operación Orión y Mariscal. Comuna 13. 2013.

Para las comunidades la justicia trasciende las acciones encaminadas a afrontar situaciones delictivas, aunque denuncian la ineficacia de las Instituciones del Estado para dar respuesta a este tipo de delitos. Las Casas de Gobierno, Inspecciones de Policía y la Personería de Medellín son las instituciones estatales a las que recurren.

Este artículo da cuenta de cómo enfrentan las comunidades la impunidad y la ineficacia de la justicia frente a los hechos de violencia e inseguridad que les afectan.

Los residentes de las comunidades en donde se adelantó la investigación y que experimentan condiciones de inseguridad humana crónica, entienden la justicia y sus dimensiones a partir del contexto adverso en el que viven y en relación a la frecuente vulneración de sus derechos. En este sentido, predomina entre los participantes una noción amplia de justicia que implica la posibilidad de defender y ejercer los derechos de las personas y de recuperarlos una vez estos han sido vulnerados. La gente reconoce que no sólo la violencia armada pone en riesgo sus derechos, sino que otros factores estructurales, insuficiencias institucionales y transgresiones del comportamiento, constituyen vulneraciones que, en su conjunto, deben ser tenidos en cuenta a la hora de impartir justicia.

En este sentido los participantes hicieron referencia a nociones de la justicia social ligadas a la dignidad humana y no solo a nociones restringidas como la

administración de la misma, en un orden más penal, que es la que tiende a privilegiar el Estado en su discurso y práctica. Esto es importante porque implica que las expectativas de las comunidades con respecto a la justicia no pasan solamente por el esclarecimiento y castigo de hechos específicos que vulneran un derecho, sino por la creación de condiciones de vida digna, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los diferentes grupos poblacionales.

En cuanto a la justicia que imparte el Estado en las comunidades, estas destacaron problemas que hacen referencia a la ineficacia por omisión, desconocimiento, lentitud y falta de capacidad de las instituciones que se encargan de impartir justicia. También fue una constante entre los participantes su desconfianza en la labor de la Policía a la que se sienten llamados a recurrir cuando son víctimas de alguna vulneración de sus derechos, sobre todo en las comunas 13 y 8 en donde hay un gran número de policías y soldados. La principal razón de su desconfianza es la complicidad y cercanía de algunos miembros de la policía con actores armados en sus comunidades; esto genera que haya una gran cantidad de vulneraciones de derechos

que la gente no denuncia, lo que contribuye a altos niveles de impunidad. Algunos ejemplos de vulneraciones que la gente teme denunciar son amenazas por parte de grupos armados, abusos de poder por parte de la fuerza pública y casos de corrupción de las instituciones estales.

Así mismo, se pudo identificar que para la comunidad existen diferentes referentes de justicia, entre ellos, actores institucionales, comunitarios, familiares y actores con autoridad impuesta, como es el caso de los grupos armados ilegales. Instituciones como las Inspecciones de Policía (con respecto a las cuales se citaron muchas experiencias negativas) y las Casas de Justicia o Casas de Gobierno (en donde se congregan diferentes instancias para la resolución de conflictos con mecanismos de justicia formal y no formal), fueron las instituciones identificadas a las que las comunidades recurren para enfrentar y denunciar hechos y situaciones que les vulneran sus derechos. Aunque las Casas de Gobierno son referentes importantes de la presencia del Estado, en muchas ocasiones estas han terminado siendo usadas por militares y policías, lo que les quita su orientación inicial de provisión inte-

Edición Especial Seguridad Humana gral de servicios a la comunidad y desmotiva acudir a ellas. La gente también citó la Personería de Medellín como lugar importante para la recolección de denuncias, sin embargo, debido a que esta institución no puede impartir soluciones rápidas frente a denuncias, dado que debe tramitarlas con otras instituciones, implica que la gente sienta que su eficacia es limitada.

Así mismo, se argumenta que hay muchas dificultades para el acceso efectivo y real a la justicia a través de estas instituciones. También se manifiesta desconocimiento de las instituciones a las que pueden acudir en busca de justicia; sin embargo la gente mantiene grandes expectativas de poder acceder a la justicia a través de mecanismos alternativos. Varios residentes de las comunidades dieron cuenta por ejemplo, de que para lograr respuestas por parte de las instituciones estatales, recurren a mecanismos como la Acción de Tutela para exigir que protejan o restituyan sus derechos.

sienten obligadas a recurrir a grupos armados ilegales para denunciar problemas concretos y buscar soluciones rápidas. Es importante resaltar que todos los grupos poblacionales hicieron referencia a este ámbito ilegal como una recurrente alternativa de justicia, y que los factores que creen que contribuyen a que esto ocurra son la impunidad, la lentitud e ineficacia de la justicia legal institucional y la naturalización del poder que tienen los actores armados en el territorio.

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Frente a estas situaciones adversas para la provisión de justicia y en virtud de las nociones de justicia que demandan estas comunidades y que responden a factores objetivos y subjetivos, es necesario que la administración de justica por parte del Estado parta de un enfoque más integral y no se restrinja únicamente al ámbito penal, esto en virtud de las necesidades, que surgen por altos niveles de violencia, y por factores estructurales en los territorios.

Cuando la población ve vulnerados sus derechos o son víctimas de inseguridades y violencias tienden a acudir a diversas organizaciones sociales y comunitarias en busca de justicia y de mecanismos de protección, dada su desconfianza en las instituciones estatales.

Existen otros actores comunitarios que son referentes de justicia para las comunidades. Cuando la población ve vulnerados sus derechos o son víctimas de inseguridades y violencias tienden a acudir a diversas organizaciones sociales y comunitarias en busca de justicia y de mecanismos de protección, dada su desconfianza en las instituciones estatales.

Las acciones que estos actores comunitarios organizados emprenden no solo se dirigen a enfrentar los factores que generan inseguridad, sino a diseñar estrategias para hacer que las instituciones del Estado subsanen sus falencias e ineficacia en la provisión de justicia. Este es el caso de las mujeres y la población LGTBI que a través de denuncias públicas colectivas, visibilizan casos de impunidad y articulan demandas a las instituciones.

Es necesario que la administración de justicia parta de un enfoque más integral y no se restrinja al ámbito penal.

Estas estrategias son importantes porque no buscan reemplazar al Estado ni se convierten en formas de provisión de justicia alterativas, como si lo hacen actores armados; por el contrario buscan presionar al Estado para que actúe y mejore su capacidad para impartir justicia. En este sentido, las organizaciones sociales y comunitarias (como mesas y colectivos de jóvenes, población LGTBI, mujeres, desplazados, desconectados, víctimas y de derechos humanos que existen en la mayoría de comunas) ayudan a tramitar denuncias y son fuentes de transformación institucional. Además dan herramientas de empoderamiento, reconocimiento y acompañamiento a las víctimas en la búsqueda de justicia.

Adicional a las instituciones del Estado, las organizaciones comunitarias e incluso las familias, en varias ocasiones, las comunidades reportaron que se Recorrido por la Zona Nororiental promovido por la Mesa Interbarrial de Servicios Públicos. 2013.

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Edición Especial Seguridad Humana

Iniciativas comunitarias

y su incidencia en la Seguridad Humana

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Por: Alexandra Abello - Heidy Gómez - Isela Quintero observatorioseguridadm@gmail.com

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Mediante formas de organización barrial y comunitaria, los y las habitantes no solo enfrentan las consecuencias que tiene el conflicto armado, sino que ofrecen alternativas que buscan la dignificación de la vida.

En este texto se examina la capacidad de acción y agencia que poseen los residentes de las comunidades urbanas en las que se llevó a cabo la investigación. Igualmente se da cuenta de la forma en que, a pesar de la violencia y la inseguridad crónica que experimentan las comunidades urbanas de Medellín, sus residentes no se limitan a convertirse en víctimas pasivas, por el contrario, muy frecuentemente emprenden acciones para enfrentar factores de inseguridad en sus comunidades a través de iniciativas ciudadanas y comunitarias, que en muchas ocasiones, impactan de manera positiva en la Seguridad Humana de diferentes grupos poblacionales y la seguridad comunitaria.

A partir del análisis se definen como iniciativas comunitarias aquellas formas de acción espontáneas u organizadas que llevan a cabo residentes de las comunidades frente a hechos y situaciones que afectan la seguridad humana en sus múltiples dimensiones (alimentaria, política, económica, ambiental, personal, salud, de las mujeres). Estas iniciativas no son un fenómeno nuevo en la ciudad, por el contrario tienen como antecedentes múltiples formas de acción y movilización social, ciudadana y comunitaria que han surgido en estas comunidades en respuesta a contextos adversos de violencia y conflicto.

Las iniciativas que existen hoy en las comunas 1, 6, 8 y 13 han sido moldeadas por la historia misma de sus barrios y por sus características espaciales y sociales. Estos se conformaron a partir de la llegada masiva de familias provenientes de las zonas rurales que escapaban a la violencia que se libraba en sus territorios. Sin embargo, la respuesta del Estado fue insuficiente frente a las necesidades de la población que se fue asentando, muchas veces, de manera informal en las laderas. Esto motivó el surgimiento de iniciativas comunitarias que buscaban el reconocimiento por parte del Estado en materia de provisión de bienes y servicios básicos. Otras iniciativas que anteceden a las que existen hoy en las comunidades surgieron en respuesta al miedo y la violencia generada por grupos armados ilegales y a violencia estructural.

A través de la Investigación Acción Participativa, se detectaron en cuatro comunas más de 30 iniciativas lideradas y dirigidas a diferentes grupos poblacionales.

Son Batá Jóvenes

Pre universitario Jóvenes

Chirimías Campo Alegre

Mujeres de AMI

Mujeres, niños, niñas y adolescentes

Jóvenes

Corporación Full Producciones Población en general

Red Uniendo Sueños Jóvenes

Salud integral

Población en general

Jovenef (Jóvenes Emprendedores con Futuro)

Jóvenes

La Élite Jóvenes

Canal Iris LGBTI

Revolución sin muertos Población en general

Revista Derecho por la 13 Población en general

Jughandi

Jóvenes, niños, niñas y adolescentes

Edición Especial Seguridad Humana

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Sexto sentido

Población en general

Corporación Borrando Fronteras Población en general

Coordinación de mujeres

Marcha carnaval por la vida

Mesa de Derechos Humanos

Mujeres

Población en general

Población en general

Mesa de la infancia y adolescencia Niños, niñas y adolescentes

Parche elegante

Plantones de mujeres

Aulas abiertas

Mujeres

Jóvenes y niños

El Megáfono

Corporación Nuevo Santander

Población en general

Club Fénix

Mesa de desplazados Población en situación de desplazamiento

Plan de Convivencia y Seguridad Población en general

Corporación Cultural Diáfora

Planes de Desarrollo Local

Población en general

Población en general

Escuela de Hip Hop de Villatina Creación y Arte

Corporación Ciudad Comuna

Jóvenes

Población en general

Conexión Diversa LGTBI

A nivel de país y ciudad: Convid-Arte Jóvenes

Ruta Pacífica Mujeres

Continúa en la página 14

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Edición Especial Seguridad Humana

Viene de la página 13 Sus objetivos son diversos y van desde crear formas de autoprotección, reducir los riesgos que enfrentan ciertos grupos y resistir el poder impuesto por actores que ejercen violencia en los territorios, hasta la transformación de factores estructurales que producen inseguridad humana en las comunidades y la consolidación de discursos alternativos frente a los problemas que afectan la seguridad. En cuanto a propósitos comunes a la mayoría de estas iniciativas, se encontró que una gran cantidad de estas buscan ofrecer alternativas a jóvenes que viven en contextos de conflicto urbano. Ellos se han convertido en objeto de disputa en los territorios por parte de grupos armados en virtud de que son usados por estos para ejercer control. Muchas de las iniciativas identificadas disminuyen la posibilidad de que niños/as, adolescentes y jóvenes vinculados a estas sean reclutados por grupos armados legales e ilegales de manera voluntaria o forzada.

Otro propósito común de muchas de las iniciativas es la dignificación de las personas que habitan las comunidades. Muchas de ellas viven en altas condiciones de marginalidad, exclusión e inseguridad crónica y las iniciativas generan mecanismos que les permiten a mujeres, población en situación de desplazamiento, jóvenes y población LGTBI, no sólo obtener reconocimiento por parte del Estado y respeto social, sino retar la discriminación de la que son víctimas, ejercer su autonomía, desarrollar formas de acompañamiento y apoyo a víctimas de diversas formas de violencia y reivindicar sus derechos.

Además, las iniciativas también sirven

para recuperar valores comunitarios, fortalecer el tejido social y visibilizar aspectos positivos de las comunidades que se ven deteriorados por los altos índices de violencia y la desconfianza que esta genera. La visibilización de problemas que afectan a las comunidades, así como de las propuestas que estas construyen para mejorar la vida en la ciudad y en sus territorios también es posible a través de iniciativas comunitarias que terminan en diagnósticos y planes de desarrollo local.

ciudadanos y en ocasiones las de aquellos encargados de diseñar e implementar políticas públicas en el área de la seguridad, ya que estas tienden a partir de una comprensión amplia de los problemas y en ese sentido promueven repuestas a problemas de inseguridad que tengan en cuenta factores sociales, comunitarios, económicos, políticos, ambientales, culturales, etc.

las iniciativas sirven para recuperar valores comunitarios, fortalecer el tejido social y visibilizar aspectos positivos de las comunidades, que se ven deteriorados por los altos índices de violencia y la desconfianza.

Las iniciativas tienen un gran impacto sobre grupos poblacionales específicos, pero también sobre las comunidades en general, en virtud de que ayudan a reducir el miedo frente a la violencia, generan espacios de debate público sobre problemáticas locales desde la visión de las comunidades y formas de empoderamiento. Adicionalmente, estas iniciativas tienen un impacto significativo sobre la seguridad humana y sus diversas dimensiones. Por un lado, se encontró que las iniciativas se convierten en respuestas frente a factores de inseguridad en las comunidades, como por ejemplo la discriminación de la que es víctima la población LGTBI, o el riesgo de reclutamiento de niños y jóvenes. Las iniciativas transforman las nociones de seguridad que tienen los

Las iniciativas articuladas por diferentes grupos poblacionales logran impactar y transformar condiciones que afectan las diferentes dimensiones de la seguridad humana en Medellín.

Muchas impactan en varias de las dimensiones, sin embargo las iniciativas de jóvenes y las que involucran niños y niñas tienden a producir mejoras en la seguridad personal de estos grupos, mientras que las de la población LGTBI impactan con especial intensidad su seguridad en salud, las de mujeres en la seguridad de este grupo y las iniciativas de desplazados impactan ampliamente en su seguridad alimentaria.

Entre las dificultades que enfrentan las comunidades al implementar incitativas están por ejemplo, las amenazas por parte de grupos armados de las que son víctimas aquellos que las lideran, la falta de recursos suficientes para fi-

nanciar las iniciativas, o la llegada de recursos externos para financiarlas que implican a veces una reducción en la autonomía o confrontaciones por el control de los recursos. Otras dificultades identificadas se refieren a prácticas poco solidarias por parte de algunos líderes, la captación de recursos por parte de grupos armados, la actuación coyuntural del Estado que asiste a las comunidades sólo en momentos de crisis, a veces cooptando las iniciativas y a veces ignorándolas.

A pesar de estas dificultades se da muestra de la gran capacidad de acción que tienen los residentes de estas comunidades para ser agentes de transformación social. Sus variadas iniciativas, que son evidencia también de la gran diversidad que existe al interior de las comunidades, son muy importantes a la hora de diseñar respuestas de seguridad integrales y pueden alimentar la construcción de una agenda política de seguridad para la ciudad.

Las iniciativas transforman las nociones de seguridad que tienen los ciudadanos y en ocasiones las de los encargados de diseñar e implementar políticas públicas en el área de la seguridad.

Edición Especial Seguridad Humana

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Formas de resistencia civil en Medellín

Por: Lina María Zuluaga G. observatorioseguridadm@gmail.com

En Colombia, las movilizaciones sociales están reconocidas como un derecho constitucional. Sin embargo, son señaladas por la institucionalidad como situaciones adversas para el “funcionamiento” del Estado, aunque, por lo general, ocurren para exigir el cumplimiento de derechos o la inclusión social de sectores poblacionales.

Este escenario genera cierta ambivalencia en los distintos sectores sociales, pues no reconocen que en las manifestaciones subyacen factores importantes que demuestran que la población civil posee unas estrategias de resistencia, ejercidas a través del liderazgo y las acciones colectivas, para insertarse en el

sistemas y escenarios de participación ciudadana; y finalmente, en el fortalecimiento del tejido social.

En nuestro contexto más cercano, Medellín, las resistencias civiles se deben a circunstancias que se asocian directamente con la Seguridad Humana, entre otras, el desempleo, dificultad para acceder a los servicios de salud, la seguridad alimentaria y la educación; aspectos que trascienden el espectro de la violencia física y se relacionan directamente con problemas estructurales de nuestra sociedad. Así, las iniciativas comunitarias expresan necesidades, en materia de seguridad, que se corresponden claramente con las vivencias de las personas.

ción de una estructura basada en la horizontalidad y el tejido de redes, con una orientación hacia el poder fundado en el cambio, a través de relatos alternativos sobre diversas situaciones, como las manifestaciones pacifistas, antimilitaristas, ecologistas, antiglobalización, entre otras.

Por su parte, las iniciativas comunitarias tienen un carácter menos formal, más coyuntural. Sus acciones no van dirigidas, necesariamente, a procurar un cambio social, sino a alcanzar unas metas a corto, mediano y largo plazo, que restablezcan el tejido social deteriorado por las inseguridades que los aquejan.

Dichas iniciativas y movimientos poseen también unas características de las que cabe resaltar: el sentido de pertenencia y la construcción de redes sociales y familiares relacionadas directamente con la comunidad, posibilitando la inclusión y la integración como una manera de hacer frente a las tendencias que llevan a la exclusión social.

En nuestro contexto más cercano, Medellín, las resistencias civiles se deben a circunstancias que se asocian directamente con la Seguridad Humana Esta explicación no tiene otro sentido que exaltar esas acciones que, indistintamente de cómo se nombren, tienen una finalidad resumida en garantías para una vida digna en condiciones de seguridad; considerando que ésta debe ser comprendida desde un enfoque amplio e interdependiente. campo de la participación política. Mediante estas “desobediencias” se confronta a diferentes figuras armadas ilegales y al Estado.

En la actualidad, estas acciones colectivas se vinculan naturalmente con los actos emprendidos por personas, grupos e instituciones sociales, que a través de sus iniciativas configuran la sociedad urbana. En ese sentido, dichas iniciativas adquieren vitalidad y relevancia en la definición, gestión e implementación de políticas sociales, la estructura relacional de estos

Es difusa la línea existente entre las iniciativas comunitarias y las resistencias o movimientos sociales, debido a que ambas buscan –a través de una serie de acciones– expresar opiniones y desacuerdos, afianzar una postura frente a circunstancias que vulneran sus derechos. Además, pretenden crear propuestas alternativas a situaciones que involucran transformaciones en la sociedad.

Estos movimientos, por ejemplo, tienen como finalidad el cambio social, mediante la conforma-

Por otra parte, es importante que se entiendan las protestas, movilizaciones, acciones de reivindicación, entre otras, como ganancias de una sociedad que ha experimentado numerosas vivencias, que es activa, con capacidad de agencia y genera respuestas no solo en relación con el Estado, sino con la insurgencia, los paramilitares, “combos” y demás expresiones violentas. Una sociedad gestora de alternativas a las políticas privadas y estatales, y a la exclusión social y la pobreza.