Cien días vistos por CINEP/PPP - Noviembre de 2013/ No 80 by Cinep/Programa por la Paz

Lo que ensombrece

La Habana

Contenido 80

Lo que ensombrece

La Habana

Editorial

Despolarizar la paz ............................................................................. Por Luis Guillermo Guerrero Guevara

Paz

Posibilidades de una Comisión de la Verdad para Colombia .............. 5 Por Mauricio García Durán, S.J. y Camilo Andrés Hernández Barreto

Desarrollo

Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales......................................................................... 11 Por Dana Barón ¿Paro agrario nacional o «paros» agrarios regionales? ..................... 16 Por Diana Marcela Moreno Guerra Restitución de Tierras: balance sobre las sentencias judiciales ......... 21 Por Juan Sebastián Anaya Aldana Los ODM una apuesta por el desarrollo humano................................ 26 Por Consuelo Corredor Martínez

Movimientos Sociales

Entre el Paro y la Minga: las luchas sociales en la sombra.................. 30 Por Ana María Restrepo

Bogotá

La protección de la estructura ecológica y el espacio público en el nuevo ordenamiento de Bogotá ................................................ 34 Por Marcela Cadena Cruz y Juan Carlos Merchán Zuleta

Derechos Humanos

Esmad, arma letal ............................................................................... 39 Por William Rozo

Director Alejandro Angulo Novoa, S.J. Comité Editorial Luis Guillermo Guerrero Guevara Fernán González González Martha Cecilia García Sergio Andrés Coronado Fernando Sarmiento Ana María Restrepo Teófilo Vásquez William Rozo Mónica Osorio Aguiar Colaboran en este número Luís Guillermo Guerrero Guevara Camilo Andrés Hernández Mauricio García, S.J. Dana Barón Diana Moreno Juan Sebastián Anaya Aldana Consuelo Corredor Martínez Ana María Restrepo Marcela Cadena Cruz Juan Carlos Merchán Zuleta William Rozo Equipo Editorial Mónica Osorio Aguiar Alejandro Angulo Novoa, S.J. Diseño y edición fotográfica Impresol Ediciones Ltda. Portada Impresol Ediciones Ltda. Diagramación Impresol Ediciones Ltda. www.impresolediciones.com

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No. 80 | Septiembre - Noviembre 2013

Editorial

Despolarizar la paz Por Luis Guillermo Guerrero Guevara*

En medio del diálogo de La Habana algunos sectores políticos y ciudadanos, fieles a la política de seguridad democrática del expresidente Uribe, buscan reeditar sus estrategias y encarrilar nuevamente al país por la vía de la guerra fratricida como alternativa para definir el conflicto armado.

olver a reeditar un escenario de polarización política y ciudadana del cual el país ya estaba saciado al final de los dos mandatos uribistas es revivir no solo un ambiente político adverso al diálogo sino, ante todo, profundizar el conflicto armado, cuya víctima seguirá siendo la población inerme de las regiones rurales y de las zonas periféricas urbanas donde habitualmente se instala el conflicto. Afortunadamente, frente a estos actores que impulsan vientos de guerra, existen propuestas de otros sectores políticos y ciudadanos que, más allá del respaldo al gobierno nacional, le apuestan a la superación del conflicto armado, a la despolarización política y a la edificación de la paz como camino para reconstruir la sociedad, la política y el Estado colombiano. Para avanzar en esta dirección, diversos sectores de la sociedad están pidiendo a la mesa de La Habana, en primer lugar, que no suspendan el diálogo ni se paren de la mesa bajo ninguna circunstancia pero que, simultáneamente, le expresen al país con mayor fuerza de difusión los resultados que se van construyendo. El reto no es entregar una “paz express” ni un documento formal sin implicaciones y compromisos reales, el reto es que el diálogo genere las condiciones para iniciar un proceso de www.cinep.org.co

trasformación de una sociedad que ha vivido un conflicto social y armado de cinco décadas. En este diálogo se deben respetar las reglas de funcionamiento pactadas, que dicen que “las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado”, pero a esto se debe sumar que la gran mayoría de procesos de negociación sobre conflictos armados en el mundo, después de la segunda guerra mundial, se han demorado de tres a diez años. Como dice el refrán popular “la paciencia vence lo que la dicha no alcanza” y en esto los colombianos estamos entrenados y al parecer maduros para salirnos del círculo de la violencia como la única mediación política y subvertir la paciencia para convertirla en la ciencia de la paz. En segundo lugar, se le está pidiendo a las partes que disminuyan la intensidad del conflicto armado, de tal manera que la gente tenga confianza en el diálogo de paz. En este sentido tanto las acciones bélicas de las partes, como aquellas que se hacen bajo la “connivencia” de algunas fuerzas oficiales con otros actores armados ilegales, así como aquellos atentados “terroristas” que las guerrillas reivindican como lucha revolucionaria, deberían entrar en una revisión profunda para que cesen, o por lo menos disminuyan, y se establezcan mecanismos humanitarios. De otro lado,

Frente a estos actores que impulsan vientos de guerra, existen propuestas de otros sectores políticos y ciudadanos que, más allá del respaldo al gobierno nacional, le apuestan a la superación del conflicto armado, a la despolarización política y a la edificación de la paz como camino para reconstruir la sociedad.

por parte del Estado se deberían dar señales de cambio en las medidas estructurales que se tomen frente a las políticas públicas de seguridad y defensa. No es coherente que en medio de un diálogo para desmontar el conflicto armado y retomar el camino de la paz, el presupuesto nacional para el desarrollo de una política de seguridad y defensa esté aumentando en 2 billones de pesos para pasar de 25 billones en el 2013 a 27 billones de pesos en el 2014. Con este dinero se podría resolver una importante parte de la agenda del desarrollo agrario del país o la inversión en educación y salud que tanto necesita Colombia para su desarrollo social.

En tercer lugar, de cara al avance de no solo como contrarios sino como selos diálogos de La Habana, desde di- res diferentes que nos reconocemos, nos versas instancias de la sociedad se está respetamos y que estamos maduros para haciendo un llamado a la ciudadanía desarrollar las capacidades suficientes para que participe libre y claramente en para convivir en la diversidad. el proceso electoral que se aproxima en Finalmente, diversos actores hacen el 2014. La ciudaun quinto llamado danía debe hacer para suscribir un uso pertinente de acuerdo o pacto posu poder electoral lítico por la paz de El reto de los diálogos no es solo y decidir si quiere Colombia. El sentique la insurgencia entre en la arena continuar alimendo de este dinamispolítica sino que la sociedad en su tando la lógica de mo apunta a que las conjunto y el establecimiento couna guerra fraconversaciones de lombiano, en un proceso profundo tricida que pone La Habana y la pode cambio. en alto riesgo la sible entrada a un vida de las nuediálogo entre el govas generaciones bierno y la guerrilla o si quiere reconstruir la sociedad por la del ELN para la terminación del conflicvía, quizás un poco más larga pero más to, generen las condiciones apropiadas edificante, del acuerdo, de la equidad, la para que la ciudadanía sea incluida en justicia y la política profunda. los cambios de las causas estructurales Un cuarto llamado que cada día se relacionadas con la disputa violenta por hace más claro en el camino de la paz el poder. El reto de los diálogos no es es que ella se tiene que pensar y ha- solo que la insurgencia entre en la arecer desde los territorios y regiones que na política sino que la sociedad en su han vivido de manera severa el con- conjunto y el establecimiento colombiaflicto armado. Si bien la paz tiene una no, en un proceso profundo de cambio dimensión nacional, ella se vive en los de las costumbres políticas, entren a territorios concretos de las veredas cam- participar y reconstruir los cimientos de pesinas, de los resguardos indígenas, de la paz integral y sostenible, desechanlos territorios de los consejos comunita- do de manera firme y consciente el rios negros, de las zonas agroindustria- retorno al conflicto armado como meles y minero-energéticas y de los cascos diación política. urbanos más impactados por el conflicto Es indispensable que este tipo de armado. Es en estos escenarios donde se acuerdo o pacto por la paz, sea un proconstruye o no la paz real, donde se hace ceso político y ético firme, y que su o no la concertación, para pasar de perci- alcance llegue a inundar a la sociedad birnos como enemigos a comprendernos colombiana en los temas estructurales

que han originado el conflicto armado interno, de modo que se generen las condiciones y las bases para crear formas más altas y exigentes de convivencia y así ampliar la democracia. Este acuerdo o pacto debe ser nacional pero sustancialmente soportado por las concertaciones regionales, con una expresión social muy amplia capaz de terciar, en el curso de los acontecimientos, un gran apoyo ciudadano a favor de la paz, que ayude a atenuar y mitigar las limitaciones de las conversaciones. En este sentido, la invitación es a que la paz se eleve no solo en el discurso sino en la realidad a una política de Estado. Que la paz deseada por las mayorías en el país no se enrede en la polarización que algunos sectores minoritarios de la sociedad quieren reeditar, en una contradicción maniquea y maximalista entre la guerra y la paz, sin comprometerse con alternativas de vida digna para todos los colombianos y colombianas.

* Luis Guillermo Guerrero Guevara Director General del CINEP/PPP

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No. 80 | Septiembre - Noviembre 2013

Posibilidades de una Comisión de la Verdad para Colombia Por Mauricio García Durán, S.J.* Camilo Andrés Hernández Barreto**

El artículo hace una breve síntesis histórica del camino recorrido por Colombia hacia una Comisión de la Verdad. Se plantea hasta donde las posibilidades de una comisión de este tipo hacen parte de los procesos de negociación con grupos armados identificando algunos retos que tendría que afrontar si se creara.

l proceso de paz en La Habana ha puesto en el debate público de qué manera los acuerdos a los que se pudiera llegar van a resolver el tema de las víctimas y los mecanismos de justicia transicional que permitan responder a las exigencias de verdad, justicia y reparación por los abusos que se han cometido a lo largo del conflicto armado. Uno de los temas que de aquí se derivan es hasta dónde una comisión de la verdad puede ser un mecanismo adecuado para ayudar a resolver los retos que se plantean a este nivel. Desde finales de los años cincuenta en el país se ha optado por procesos de paz en los que por medio de amnistías se han cerrado ciclos de violencia

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de manera parcial y no han dado pie al desarrollo de Comisiones de la Verdad. En el mejor de los casos se han implementado algunas comisiones de estudios sobre la violencia que han sido un mecanismo de aproximación parcial a la verdad, procurando explicar los múltiples tipos de violencia que nos azotan y las razones de su persistencia en el país. Sin embargo, entre las limitaciones que han tenido es necesario resaltar que en ninguno de los casos se han precisado quienes fueron los responsables sobre los abusos cometidos, en particular los del Estado.1 Esta dificultad no parece fácil de superar a corto plazo pues aunque se han dado algunos avances con la ley de Justicia y Paz, no ha sido

Desde finales de los años cincuenta en el país se ha optado por procesos de paz en los que por medio de amnistías se han cerrado ciclos de violencia de manera parcial y no han dado pie al desarrollo de Comisiones de la Verdad. En el mejor de los casos se han implementado algunas comisiones de estudios sobre la violencia que han sido un mecanismo de aproximación parcial a la verdad, procurando explicar los múltiples tipos de violencia que nos azotan y las razones de su persistencia en el país.

Paz

Foto: Archivo CINEP/PPP.

Es necesario generar un balance entre verdad, justicia y reparación de las víctimas, abriendo la puerta hacia procesos de reconciliación.

posible conocer todos los mecanismos de victimización en el conflicto armado. Tampoco se han identificado a todos los responsables de estos hechos, como por ejemplo quienes impulsaron y apoyaron el paramilitarismo. Esto no excluye a los grupos guerrilleros que aún existen pues también deben responder por los abusos que han cometido en esta larga guerra. La experiencia de otros países demuestra que las Comisiones de la Verdad no son necesariamente el resultado de un proceso de paz. La gran mayoría se han dado en contextos de transiciones políticas, normalmente de dictaduras o regímenes represivos a regímenes democráticos. Por ello este tema no se va a resolver en La Habana, pues la victimización por parte del Estado y las FARC-EP no sólo no es la única fuente de abusos, sino que también esta victimización continúa y no podrán conocerse la totalidad de estos mecanismos

Toda sociedad necesita tener la capacidad de mirarse a sí misma y confrontar su pasado y por ello las Comisiones de la Verdad son sólo uno de muchos caminos.

mientras no exista un cese definitivo de las hostilidades. Hasta el momento las FARC-EP han insistido en la integración de una “Comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de la historia del conflicto interno colombiano” que estaría conformada por expertos nacionales e internacionales e investigaría un periodo que va desde la violencia bipartidista hasta la actualidad.2 Por su parte, el

Gobierno ha mostrado interés en conformar una Comisión de la Verdad como parte de la aplicación del Marco Jurídico para la Paz.3 Ahora bien, los expertos en el tema usan el término de “Comisiones de la Verdad” para referirse a aquellos cuerpos investigativos que, con reconocimiento oficial4, tienen como foco develar los patrones de abuso que se han cometido en el pasado; desarrollan su trabajo en un periodo de tiempo definido (un promedio de 2 años). Éstas deben tener suficiente autonomía para investigar y recopilar información de las víctimas y los victimarios. Toda sociedad necesita tener la capacidad de mirarse a sí misma y confrontar su pasado y por ello las Comisiones de la Verdad son sólo uno de muchos caminos. Éstas buscan crear un balance entre verdad, justicia y reparación, abriendo en mayor o menor medida la No. 80 | Septiembre - Noviembre 2013

Paz

puerta hacia procesos de reconciliación. En la actualidad se considera prioritario algún tipo de penalización para los victimarios como garantía de no repetición ni de impunidad. Lo anterior no implica que se nieguen las amnistías, sino que estas están más condicionadas que en el pasado. Por ello es necesario analizar las posibilidades que una comisión de estas características tendría en el país, así como sus retos. Aunque no hay una regla general para su implementación, una Comisión de la Verdad debe cumplir al menos con cinco objetivos básicos (Hayner, 2001: 24): 1.Descubrir, clarificar y reconocer formalmente los abusos que se cometieron; 2.Responder a necesidades específicas de las víctimas; 3.Contribuir a la justicia y a la rendición de cuentas por parte de los perpetradores; 4.Señalar la responsabilidad institucional y recomendar reformas y 5.Promover la reconciliación y reducir el conflicto sobre el pasado. Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena revisar algunos de los mecanismos de búsqueda de la verdad que ha tenido el país para ver hasta dónde se ha dado una ruptura con la dinámica de violencia que favorezca la formación de una Comisión con estas características. A continuación se intentará responder a la siguiente pregunta:

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que investigó algunos casos emblemáticos y sin develar necesariamente hechos que fueran desconocidos en su totalidad o a los victimarios, si puso el debate sobre la importancia de la memoria histórica como vehículo para la reconciliación en el país.

¿Ha estado la constitución de una Comisión de la Verdad en el horizonte de los procesos de paz en Colombia?

El Frente Nacional como “Acuerdo de Paz” El Frente Nacional buscó sellar la violencia entre los partidos políticos tradicionales y sus facciones excluyendo a varios sectores sociales de dicho pacto. Con la intención de difundir esta idea y pacificar al país, estableció la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional (Decreto 0942 de 1958). Fue la primera comisión que se creó con el fin de explicar la violencia y recogió testimonios y datos en las zonas

más afectadas por la violencia para proceder a desactivarla. Aunque no produjo un informe final la información recolectada sirvió como insumo para el libro “La Violencia en Colombia” publicado en 1962. Su importancia radica en que generó polémica entre diversos sectores en el momento que fue publicado por las revelaciones que hacía porque concluía, prácticamente en concordancia con el pacto bipartidista, que todos los colombianos eran responsables de la tragedia nacional.

Procesos de Paz Barco – Gaviria (1986-1994): Acercamientos tangenciales para un Comisión de la Verdad Durante el Gobierno de Virgilio Barco se avanzó en el tema pero no se llegó a constituir una Comisión de la Verdad. En cambio se creó la Comisión de Estudios sobre la Violencia que produjo un informe titulado “Colombia: Violencia y Democracia” (1987) en el que se analizaron las distintas formas y causas de las violencias que azotaron al país. El estudio deja ver que no necesariamente es la violencia del conflicto armado la que más está afectando al país e identifica con claridad la pluralidad de violencias que lo hacen. Esta comisión no surgió como parte de los procesos

Pese al esfuerzo del Centro de Memoria Histórica por documentar la masacre de Trujillo (Valle del Cauca), las víctimas siguen reclamando justicia. www.cinep.org.co

Paz

El trabajo del el grupo de Memoria Histórica se ha centrado en identificar las razones para el surgimiento y evolución de grupos armados ilegales y recoger las distintas memorias sobre la violencia, en especial de los sectores que han sido silenciados.

de paz que este gobierno adelantó. Sin embargo, como parte de los Acuerdos de paz firmados con varias guerrillas se estableció la creación de varias comisiones de las que hicieron parte los excombatientes; estos fueron más bien acercamientos tangenciales para lo que podría llegar a ser una Comisión de la Verdad. Por ejemplo, en el acuerdo con el M-19 algunos de los puntos negociados a nivel de justicia, derechos humanos y orden público se aproximaron al tema. Se consideró publicar información sobre

las autodefensas que estuvieran bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, crear una comisión académica para el estudio del narcotráfico, otra para estudiar la ratificación de los protocolos de los acuerdos de Ginebra (DIH), y una más para la revisión del Estatuto para la Defensa de la Democracia. Luego, con la administración Gaviria el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) acordó crear una Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica que haría el análisis de la situación en los municipios con presencia de esta guerrilla y la veeduría correspondiente.7 Del mismo modo sucedió con la Comisión de Superación de la Violencia8 conformada por seis comisionados, la cual produjo el informe: “Pacificar la Paz. Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz” (1992); se enfocó principalmente en identificar los tipos de violencia y sus actores en las regiones de presencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).

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Paz

Centro Nacional de Memoria Histórica: ¿Hacia la constitución de una Comisión de la Verdad para Colombia? La ley de Justicia y Paz como mecanismo de Justicia Transicional permitió pensar con más seriedad en la posibilidad de constituir una Comisión de la Verdad. En términos de memoria, se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que investigó algunos casos emblemáticos sin develar necesariamente hechos que fueran desconocidos en su totalidad o a los victimarios, si puso el debate sobre la importancia de la memoria histórica como vehículo para la reconciliación en el país.9 El Gobierno Santos ha intentado avanzar en varios de los vacíos dejados por esta ley, primero, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y, luego, con el Marco Jurídico para la Paz. Igualmente, ha dado continuidad al trabajo desarrollado por el grupo de Memoria Histórica10 que pasó a depender del Centro Nacional de Memoria Histórica en 2012. Su trabajo se ha centrado en identificar las razones para el surgimiento y evolución de grupos armados ilegales y recoger las distintas memorias sobre la violencia, en especial de los sectores que han sido silenciados.11 Ésta es la experiencia más reciente y cercana a la labor que podría desempeñar una Comisión de la Verdad. Sin embargo es necesario preguntarse hasta qué punto el Centro de Memoria podría asumir todas estas funciones.

Algunas conclusiones y retos a los que debe responder una Comisión de la Verdad Como se vio anteriormente la experiencia de Colombia para generar comisiones de investigación sobre la violencia es variada12, lo cual no significa que alguna haya cumplido a cabalidad el papel de una Comisión de la Verdad. El Centro Nacional de Memoria Histórica

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sin duda ha contribuido a la construcción de la memoria sobre la violencia por medio de una metodología que pretende otorgar un lugar privilegiado a las voces regionales y locales, especialmente a las voces de las víctimas. Esto también se evidencia en las formas de difusión y socialización de las investigaciones. Estos mecanismos hacen que se construya una memoria mucho más plural que en las otras comisiones en las que solamente se recogían las voces de expertos académicos y funcionarios públicos. Las comisiones no han servido para presionar a los perpetradores para rendir cuentas ante la justicia. Por ejemplo, la comisión de 1958 contribuyó solamente a legitimar el pacto bipartidista; la de 1987 hizo manifiesta la multiplicidad de violencias que afectan al país llegando a identificar actores armados de manera muy general. Mientras que el Grupo de Memoria Histórica (GMH), se ha acercado a las investigaciones judiciales que se adelantan en el marco de la ley de Justicia y Paz y ha promovido el debate en torno a los resultados de ésta sin mucho éxito. Todos estos esfuerzos aun no logran romper con una memoria oficializada sobre el conflicto que oscila entre responsabilizar a toda la sociedad por la violencia o señalar como responsables a las guerrillas y a los narcotraficantes. El GMH aunque intenta separarse de esta tendencia nombrando al Estado como victimario, reconoce este problema en su informe general y recomienda la creación de una Comisión de la Verdad cuando finalice el conflicto armado.13 Esta comisión tendría que llevar al Estado a reconocer su responsabilidad y sin pormenorizar los crímenes de las guerrillas, explicar los mecanismos de represión, legales e ilegales, utilizados por el Estado; su relación con el paramilitarismo, proponiendo reformas en los aparatos de seguridad que garanticen la no repetición de estos hechos. Solamente un escenario de posconflicto [armado] abrirá posibilidades para que una Comisión de la Verdad

Solamente un escenario de posconflicto [armado] abrirá posibilidades para que una Comisión de la Verdad surja, pues en los procesos de negociación los límites de los acuerdos políticos han creado comisiones muy limitadas en sus funciones como para dar cuenta de todos los crímenes del conflicto.

surja, pues en los procesos de negociación los limites de los acuerdos políticos han creado comisiones muy limitadas en sus funciones como para dar cuenta de todos los crímenes del conflicto. Sus resultados tampoco pueden garantizarse pues muchos de los poderes regionales (élites locales y regionales, terratenientes y empresarios, multinacionales, etc.) que han jugado un papel activo en la confrontación continuaran existiendo y oponiéndose a contar la verdad. Al mismo tiempo representará una oportunidad política para las víctimas, en particular, y, para el país, en general, pues abrirá más puertas hacia la reconciliación, a la cual solo se llegará en el largo plazo bajo un acuerdo generacional.

* Mauricio García Durán, S.J. Asistente de Apostolados de la Compañía de Jesús, provincia colombiana.

** Camilo Andrés Hernández B. Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo Iniciativas de Paz.

Paz

Referencias Hayner, Priscilla (2001) Unspeakable Truth, London, New York, Roudledge. 2 Ceballos, Marcela (2002) El papel de las comisiones extrajudiciales de investigación y de las comisiones de verdad en los procesos de paz, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación. 3 Fals Borda, O. Guzmán, G. y Umaña Luna, E. (1962) La Violencia en Colombia. 4 Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987) Colombia: Violencia y Democracia. 1.

Comisión de Superación de la Violencia (1992) Pacificar la Paz. Lo que no se ha negociado en los Acuerdos de paz, Bogotá, IEPRI, CINEP. 6 GMH. (2013) ¡Basta Ya! Colombia Memorias de Guerra y Dignidad, Bogotá, Imprenta Nacional. 7 CNRR (2008) Trujillo. Una tragedia que cesa, Primer informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Bogotá, Planeta. 8 Villarraga, A (2009) “Acuerdos con el EPL, MAQL y CRS, Diálogos con la CGSB” en Biblioteca de la Paz, Tomo III, Bogotá, Fucude 5

Jaramillo, Jefferson (Jul-dic, 2012) “EL libro La Violencia en Colombia (1962 – 1964). Radiografía emblemática de una época tristemente célebre”, en Revista Colombiana de Sociología, Vol. 35, núm. 2, pp. 35-64. 10 Marco Jurídico para la paz, acto legislativo 1 de 2012, Diario Oficial No. 48.508 de 31 de julio de 2012. 9

Notas Según Priscilla Hayner un elemento fundamental para una Comisión de la Verdad es nombrar los culpables de violaciones a los derechos humanos en especial en los países en donde el sistema judicial no funciona lo suficientemente bien para realizar juicios. Aclara la autora que a pesar de que por mandato las comisiones son autónomas para decidir si hacen públicos o no los nombres de los victimarios han sido muy pocas las que lo han hecho. Esta decisión depende fundamentalmente del contexto y de los efectos en términos de seguridad que puedan causar sobre los comisionados, las víctimas y/o los victimarios. (Hayner; 2001: 107-8) 2 FARC-EP (Agosto 28 de 2013) “Reiteramos nuestra propuesta, Comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano”, disponible en: http://www.pazfarc-ep.org/index. php/noticias-comunicados-documentosfarc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/1439comisi%C3%B3n-de-revision-y-esclarecimiento-de-la-verdad-de-la-historia-del-conflictointerno-colombiano.html , recuperado en: octubre 9 de 2013. 3 Art. 1 Acto legislativo 1 de 2012. 4 En Colombia han surgido iniciativas de búsqueda de la verdad no oficiales que también tienen un mandato y una composición específica, como el Proyecto Colombia Nunca Más, fundado en abril de 1995 por 17 organizaciones, para documentar los crímenes ocurridos entre 1966 y 1998; el Movimiento de Víctimas de crímenes de Estado, que reúne más de 200 organizaciones de víctimas de actos cometidos por agentes del Estado y los grupos paramilitares. Ver: ICTJ (2009) “La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia”, Iniciativas de Búsqueda de la Verdad, disponible en: http://ictj.org/ sites/default/files/ICTJ-Colombia-TC-PalaceJustice-2008-Spanish.pdf , recuperado en: octubre 20 de 2013. 1

Villarraga, A (2009) “Acuerdos con el EPL, MAQL y CRS, Diálogos con la CGSB” en Biblioteca de la Paz, Tomo III, Bogotá, Fucude. Acuerdos PRT, pp. 185-186; Acuerdo EPL, 174-175 y Acuerdos MAQL, p.200. 6 La comisión funcionó por seis meses en los que buscó realizar diagnósticos en violación de derechos humanos prestando especial atención a fenómenos como el paramilitarismo y el narcotráfico, promover de estrategias para la superación de la violencia y hacer recomendaciones de política en general con participación de la comunidad y sus organizaciones. 7 En términos de justicia, los resultados de los procesos judiciales adelantados en 8 años son más bien pobres: de los 4.400 postulados en el marco de la ley se han producido 14 sentencias (0,3% de los casos), de las cuales sólo dos han sido definitivas. Igualmente sucede en términos de reparación dado que el monto de los bienes entregados por estos grupos es insuficiente. 8 El Tiempo (20 de julio de 2013), “Verdad, lo rescatable de la Ley de Justicia y Paz”, disponible en: http://www.eltiempo.com/ justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12940401.html , recuperado: 12 de octubre de 2013. 9 Ha completado 24 publicaciones que incluyen casos emblemáticos y temas de género, despojo y desplazamiento y recientemente presentó el informe General titulado, “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad” (2013), con el cual ha dado cumplimiento al mandato de la Ley 975 de 2005. 10 “¿Qué es el Grupo de Memoria Histórica?” disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/somos-gmh/ grupo-de-memoria-historica recuperado: 18 de agosto de 2013. 5

En Colombia también han existido comisiones oficiales con un carácter de investigación extrajudicial para esclarecer hechos puntuales asociados a violencia política en algún periodo o región en específico. Algunos ejemplos son: 1. La Comisión de investigación de los sucesos violentos de Trujillo (Decreto 2771 de 1994) que fue creada con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aunque no llevo a sentencias condenatorias si logró el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por acción conjunta entre paramilitares y fuerza pública. Por lo que ha tenido repercusiones similares a los de una comisión de la verdad en términos judiciales, pues hasta la actualidad continúan haciéndose investigaciones para encontrar a todos los responsables; 2. La Comisión para la búsqueda de la verdad de los eventos de Barrancabermeja (Decreto 1015 de 1998) con resultados exiguos y un informe no accesible al público; sólo hizo sanciones limitadas a militares involucrados en los hechos. Y 3. La Comisión de la Verdad por los hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema de Justicia en 2005 y presentó un informe final en 2009 que se ha tomado como parte de las pruebas para investigar y judicializar a los responsables de la retoma del Palacio de Justicia. 12 GMH. (2013) ¡Basta Ya! Colombia Memorias de Guerra y Dignidad, Bogotá, Imprenta Nacional, p.399 11

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Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales 1

Por Dana Barón*

Este artículo pretende evidenciar los impactos que la extracción de carbón ha generado en la vida, cuerpos y derechos de las mujeres rurales, haciendo un especial énfasis en las mujeres indígenas de la etnia wayuu y las mujeres afrodescencientes del departamento de La Guajira.

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menor medida, se hará referencia a las mujeres en el departamento del Cesar. La Guajira es uno de los departamentos del país con las cifras mas críticas en relación a la pobreza y la desigualdad: para 2010 el 64,33% de habitantes vivían en pobreza, porcentaje superior al promedio nacional que se encuentra en 37,20% y que únicamente es superado por el departamento del Chocó; el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 65,23%, también por encima del promedio nacional; el índice de Desarrollo Humano (IDH) se encuentra en 0,691, por debajo del nacional; el índice de Gini es de 0,615 superior al nacional que corresponde a 0,5603.

Junto con el modelo de desarrollo rural, el conflicto armado y las prácticas sociales y culturales discriminatorias, las actividades de extracción minera vienen deterioriorando la calidad de vida de las comunidades. Particularmente, contribuyen a la feminización de la pobreza y a la vulneración de los derechos a la tierra y el territorio; los derechos económicos, sociales y culturales.

Foto: Archivo CINEP/PPP.

l compromiso del gobierno nacional con la dinamización de proyectos y la vinculación de la industria extractiva minera a su estrategia de desarrollo económico se ha fortalecido en los últimos años. Así quedó evidenciado en el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 que presenta al sector minero energético como una de las cinco locomotoras del desarrollo del país. En este auge de las actividades extractivas, el sector minero-energético ocupa casi el 7% del PIB y más del 50% de las exportaciones colombianas.2 Junto con el modelo de desarrollo rural, el conflicto armado y las prácticas sociales y culturales discriminatorias, las actividades de extracción minera vienen deteriorando la calidad de vida de las comunidades. Particularmente, contribuyen a la feminización de la pobreza y a la vulneración de los derechos a la tierra y el territorio; los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres rurales, especialmente de campesinas, indígenas y afrodescendientes. En adelante se pretenden evidenciar los impactos que la extracción de carbón he generado en la vida, cuerpos y derechos de las mujeres rurales, haciendo un especial énfasis en las mujeres indígenas de la etnia wayuu y a las mujeres afrodescencientes en el departamento de La Guajira. También, pero en

Las actividades extractivas del sector minero-energético ocupan casi el 7% del PIB y más del 50% de las exportaciones colombianas.

Foto: Archivo CINEP/PPP.

Grupo de mujeres wayuu en Encuentro de mujeres rurales y minería.

Feminización de la pobreza y vulneración a los DESC La violencia económica expresada en baja vinculación laboral de las mujeres -en 2006 las mujeres ocupaban el 19.8% de la fuerza de trabajo del sector minero en el país4-, las precarias condiciones laborales, la vinculación en labores “típicamente” femeninas y la sobrecarga de trabajo del cuidado5 generada por la minería, contribuyen a la feminización de la pobreza. Aunque la minería ocupa una importante proporción del PIB (58%)6 de La Guajira, tan sólo representa el 2,9% del empleo, lo cual indica no sólo que no se ha sustituido el empleo agrícola por la actividad minera7, sino que una importante proporción de personas se encuentra desempleada, en su mayoría mujeres. Por otro lado, las enfermedades respiratorias, cutáneas, oculares, así como los nacimientos prematuros o interrumpidos involuntariamente y las infecciones vaginales, evidencian las múltiples afectaciones a la salud de las mujeres rurales generadas por la contaminación, el deterioro y la destrucción que la mi-

La explotación minera profundiza la situación de violencia económica que afecta a las mujeres, ya que no genera incremento de empleo ni remuneración digna para las mujeres, y promueve no sólo la sobrecarga de trabajo del cuidado sin reconocimiento y remuneración, sino también los estereotipos laborales.

nería produce en los recursos naturales, en especial en las fuentes hídricas, alimentarias y de producción agropecuaria. En La Guajira, se incrementó la mortalidad materna pasó de 79 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en 2004 a 181,1 en 2011; de estos el 93% pertenece a la etnia wayúu8. De otro lado, la situación nutricional de niñas y niños menores de 5 años es preocupante pues se presenta un 11,15% de desnutrición global o bajo peso, en comparación con el 3,43% correspondiente al nivel nacional9.

La reducción del acceso y la calidad de las fuentes alimentarias y productivas y la transformación de los modelos de producción y las prácticas propias y ancestrales, históricamente conservadas por las mujeres, en particular las indígenas y afrodescendientes, también afectan el derecho a la alimentación en la medida en que favorece la malnutrición de mujeres y niñas. En cuanto al derecho a la educación, la oferta de educación superior está dirigida especialmente a suplir las necesidades de la explotación minera, dejando de lado el fortalecimiento de la vocación agrícola y artesanal y de los conocimientos y saberes tradicionales ancestrales de las mujeres indígenas y afrodescendientes. A ello se suman los obstáculos de acceso de las niñas, niños y jóvenes a la educación secundaria y superior generados por la falta de recursos, la precaria infraestructura y la ausencia de servicio de transporte, entre otras razones. La explotación minera profundiza la situación de violencia económica que afecta a las mujeres, ya que no genera incremento de empleo ni remuneración No. 80 | Septiembre - Noviembre 2013

Vulneración del derecho a una vida libre de violencias Al impacto ambiental y el carácter marginal de la propiedad femenina de la tierra, se suma el despojo de tierras cuya destinación posterior está relacionada con industrias extractivas, precedido por desplazamiento forzado y reasentamientos involuntarios en los que las mujeres y niñas son las principales afectadas por los impactos desproporcionados.

Afectaciones al derecho a la tierra y el territorio Al impacto ambiental y el carácter marginal de la propiedad femenina de la tierra13, se suma el despojo de tierras cuya destinación posterior está relacionada con industrias extractivas, precedido por desplazamiento forzado y reasentamientos involuntarios en los que las mujeres y niñas son las principales afectadas por los impactos desproporcionados14 que dichos hechos les generan. Con la reducción de resguardos y territorios colectivos, la explotación minera contribuye al bajo uso y decisión que tienen las mujeres rurales en estos

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digna para las mujeres, y promueve no sólo la sobrecarga de trabajo del cuidado sin reconocimiento y remuneración, sino también los estereotipos laborales. Además, incide en que prácticas tradicionales como la agricultura, la artesanía y el trueque se transformen en prácticas mercantilizadas, en productos que se intercambian por dinero. Lo anterior sumado a la vulneración al derecho a la salud, la educación y la alimentación, favorece en últimas en la feminización de la pobreza.

En las zonas de explotación minera se incrementan los casos de violencia sexual y física, en especial las redes de trata de personas, explotación sexual y prostitución forzadas. En Bosconia, departamento del Cesar, en el que explota principalmente Drummond, se han identificado 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería10. Como lo señaló recientemente una investigación periodística, “desde Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”11. Por otro lado, producto de la violencia política, las mujeres son excluidas -en mayor proporción que los hombres- de la toma de decisiones sobre política minera. Además, por medio de amenazas, desaparición forzada, asesinatos y violencia sexual se debilitan sus procesos organizativos y se vulnera su derecho a defender los derechos humanos. Mues-

tra de esto es el caso de Adelina Gómez Gaviria, lideresa campesina y defensora de derechos humanos, asesinada el pasado 30 de septiembre, en la vereda Cortaderas del municipio de Almaguer, Cauca. Ella hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y había sido amenazada tras impulsar el Foro Minero y Ambiental en el que participaron alrededor de 1.500 campesinos, campesinas e indígenas12.

La explotación minera profundiza la situación de violencia económica que afecta a las mujeres. En La Guajira las mujeres del pueblo wayuu han transformado prácticas culturales propias y ancestrales a causa de la extracción minera.

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Para las mujeres rurales de La Guajira entrevistadas, vivir sin la explotación de carbón significa mejor calidad de vida, es decir, ampliar los años de vida, tener una vida tradicional, autónoma y saludable, libre de contaminación, calentamiento global y pérdida de la naturaleza ancestral. descendientes, y transforman prácticas tradicionales como el trueque, a razón de que disminuyen las posibilidades de intercambiar sus productos agropecuarios y artesanales. No obstante lo anterior, en las recientes sentencias de restitución de tierras, las y los jueces determinan medidas precarias para las mujeres rurales. Por ejemplo, de 25 sentencias analizadas, sólo una establece medidas específicas para las mujeres relacionadas con el cumplimiento de la Ley 731 de 2002 sobre mujeres rurales.15

Algunas recomendaciones Pese a los compromisos jurídicos del Estado adquiridos especialmente en los artículos 11, 13, 14, 15 y 16 de la CEDAW

-Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la elaboración de un plan de prevención de violencias con el Ministerio de Minas -hasta ahora desconocido en su formulación e implementación, y el Programa Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que se limita a brindar apoyo productivo y formativo a un muy bajo porcentaje de mujeres, son insuficientes estas medidas frente a la magnitud de las problemáticas de las mujeres rurales en las zonas de explotación minera. Para las mujeres rurales de La Guajira entrevistadas, vivir sin la explotación de carbón significaría mejor calidad de vida, es decir, ampliar los años de vida, tener una vida tradicional, autónoma y saludable, libre de contaminación, calentamiento global y pérdida de la naturaleza ancestral: “los animales serían más sanos y no hubiera tanta mortalidad en las especies ancestrales”, “estuviéramos enriquecidas por nuestros cultivos, conservaríamos nuestra riqueza ecológica y tendríamos menos enfermedades en nuestra comunidad”. Dado que estos hechos constituyen una grave violación a los derechos de las mujeres, se hace necesario que tanto el Estado como las empresas elaboren in-

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territorios, pese a que la propiedad es de carácter colectivo (es el caso de las comunidades indígenas y afrosdecendientes). Así, además de afectar los derechos a la propiedad colectiva, la explotación minera vulnera el derecho a la consulta autónoma y a la autodeterminación de dichos pueblos, para quienes la tierra es la fuente de toda forma de vida. Adicionalmente, la extracción minera transforma los territorios y las prácticas culturales propias y ancestrales que históricamente han sido preservadas por las mujeres. Impide, por ejemplo, el acceso a sitios sagrados y reduce las plantas y animales medicinales usados tradicionalmente por las mujeres indígenas y afrodescendientes para la curación de enfermedades y el bienestar en la comunidad. Esto dificulta las labores desarrolladas por las parteras y soñadoras, que en el caso del pueblo wayuu han disminuido su accionar en los resguardos y asentamientos. La reducción de la materia prima para las artesanías y las dificultades de acceso a los alimentos para la manutención propia y de sus familias debido al deterioro del ecosistema, impiden el desarrollo de las prácticas productivas agrícolas y artesanales propias de mujeres indígenas, campesinas y afro-

Dibujo elaborado por una mujer rural sobre lo que sería su vida sin El Cerrejón.

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Desarrollo. 15

formes que determinen el impacto de la explotación minera en las vidas y cuerpos de las mujeres. Con este insumo se deben diseñar e implementar medidas intersectoriales que procuren eliminar las afectaciones generadas a las mujeres rurales. Medidas efectivas que permitan el acceso a la justicia de la mano del acceso y restitución de tierras y la protección del territorio.

Así mismo, medidas de seguridad social, económica y alimentaria; de participación y representación política en la toma de decisiones sobre la política minera; de protección de la vida e integridad de las defensoras de derechos humanos; de erradicación de todas las formas de violencias, y de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva. Todo en procura de garantizar

los derechos humanos, mejorar las condiciones de vida y eliminar los riesgos y afectaciones que padecen las mujeres rurales generados por las industrias extractivas.

que los hombres y son la mayoría de las personas pobres del país. PNUD. INDH. Cuaderno Mujeres Rurales. Gestoras de esperanza. Bogotá. 2011. 6 “En el período 2006 – 2010 la participación porcentual por ramas de actividad económica en el departamento de La Guajira, se caracteriza por la alta participación promedio de la minería (58%); principalmente de la explotación del carbón mineral, el gas y la sal, en menor escala yeso, y barita. Sin embargo, se aprecia que esta participación ha disminuido, pasando del 58,5% en el 2006 a 57,5% en el 2010.” Red ORMET. Diagnóstico de Mercado laboral de La Guajira. Editorial Universitaria. Universidad de La Guajira. Riohacha. 2012. Pág. 14. 7 Suárez Montoya, Aurelio. La minería colonial del siglo XXI. No todo lo que brilla es oro. Ediciones Aurora. Bogotá. 2013. 8 Gobernación de La Guajira. Perfil Epidemiológico, La Guajira 2.011. Riohacha, 2012. 9 PNUD. “La Guajira - 2012. Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Riohacha, 2013. 10 Recuperado de: http://www.rcnradio.com/noticias/mineria-y-desempleo-causan-prostitucioninfantil-en-bosconia-cesar-70239. Fecha: 18 de

agosto de 2013. En Santander se han disparado los casos (http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/142663-prostitucioninfantil-se-disparo-en-zonas-mineras-de-sanpablo-y-si). 11 Recuperado de: http://www.eltiempo.com/ justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12824463.html. Fecha: 18 de agosto de 2013. 12 Comunicado. Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Cima – Cric – Mcc – Codesco – Acader – Ruta Pacífica de las Mujeres - Ordeurca Ascap – Cococauca-. ASESINADA DEFENSORA DE DERECHOS Y LIDEREZA CAMPESINA DEL MACIZO COLOMBIANO. Popayán, 1 de octubre de 2013. 13 “Deere y León (2005: 404) apuntan que la brecha de género en la propiedad de los recursos, en particular en la tenencia de la tierra, es significativa en la región”. PNUD. INDH. Cuaderno Mujeres Rurales. Gestoras de esperanza. Bogotá. 2011. Pág. 46 y 47. 14 Tal como fue afirmado por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 sobre mujeres, conflicto armado y desplazamiento forzado. 15 Observatorio de Restitución de Tierras. CINEP/ PPP. Julio, 2013.

* Dana Barón Investigadora del CINEP/Programa por la Paz. Equipo Tierras y Derecho al Territorio.

Notas Basado en el Informe del Proyecto “Mujeres rurales, minería, tierra y territorio: estudio de caso de La Guajira”. Elaborado por Jazmin Romero Epiayú, investigadora de Sütsüin Jieyuu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu y Sergio Coronado, Zohany Arboleda y Dana Barón Romero del Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del CINEP/PPP, en el marco del Acuerdo de Subvención de la ILC NES 1310 CINEP. Presentado en la 56ª sesión y en la reunión sobre Mujeres Rurales del Comité de Expertas de la CEDAW el 7 de octubre de 2013 en Ginebra, Suiza. 2 Recuperado de: http://www.razonpublica. com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3591-proceso-de-paz-y-sector-mineroenergetico.html. Fecha: 18 de agosto de 2013. 3 PNUD. La Guajira - 2012. Estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Riohacha. 2013. 4 Bermudez, Rosa Emilia (Coord.). Mujer y Minería. Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres. Enfoque de derechos y perspectiva de género. Sensat Agua Viva. Bogotá, 2011. 5 Una mayoritaria proporción de mujeres rurales que en Colombia asumen la jefatura de hogar, muchas de ellas sin apoyo, trabajan más horas 1

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¿Paro agrario nacional o

«paros» agrarios regionales? Las pasadas jornadas de protestas campesinas adelantadas en diferentes regiones del país y las diversas formas asumidas por el gobierno nacional para conjurarlas, no hacen más que confirmar que somos un país de regiones donde la dimensión territorial adquiere gran relevancia en la búsqueda de soluciones reales a los múltiples conflictos, entre ellos el agrario. Por Diana Marcela Moreno Guerra* El 19 de agosto fue el inicio de lo que parecía un paro agrario nacional por su convocatoria y acogida en gran parte del territorio colombiano, sin embargo, al observar con más detalle el mapa de las protestas, podemos identificar diferentes reivindicaciones regionales impulsadas por actores igualmente disimiles ubicados en contextos espaciotemporales diversos. Es decir, al bajar de escala de análisis de la nacional a la regional,

nos encontramos ante procesos con particularidades bien definidas en los que las reivindicaciones varían según la región y que van desde la protección a la producción nacional, la fijación de precios de sustentación, la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial, hasta el acceso a la propiedad de la tierra, pasando por el reconocimiento de la territorialidad campesina, la participación efectiva de las comunidades en

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as pasadas jornadas de protestas campesinas adelantadas en diferentes regiones del país y las diversas formas asumidas por el gobierno nacional para conjurarlas, no hacen más que confirmar que somos un país de regiones donde la dimensión territorial adquiere gran relevancia en la búsqueda de soluciones reales a los múltiples conflictos, entre ellos el agrario.

Foto: AEdison Sánchez

la formulación de políticas públicas y el cumplimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. Prueba de esta dimensión territorial diferenciada son los tres pliegos de peticiones que fueron presentados al gobierno nacional en cabeza de tres agrupaciones organizativas diversas, las cuales expresan momentos y espacios distintos de desarrollo regional. Así, la diversidad de los tres convocantes (Unidad Agropecuaria, Coordinador Nacional Agrario -CNA- y la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo -MIA-), sus respectivos pliegos y las formas de nombrar la movilización agraria asumidas por cada uno, aunque a primera vista parecerían simples diferencias nominales de un mismo evento, enmarcan realmente variados objetivos que demuestran los disímiles desarrollos regionales. Y es que mucho hay entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y los que conforman el eje cafetero, caracterizados como economías minifundistas y conectados al mercado nacional; y los distantes Caquetá, Putumayo y sur del Meta, por poner un ejemplo, que www.cinep.org.co

A los distantes Caquetá, Putumayo y sur del Meta además de de su posición geográfica y su reciente elevación de categoría de territorios nacionales a departamentos, han tenido que sufrir en rigor la inclemencia del conflicto armado en su territorio, que ha generado sobre ellos estigmatización y señalamiento desde el nivel central.

además de su posición geográfica y su reciente elevación de categoría de territorios nacionales a departamentos, han tenido que sufrir en rigor la inclemencia del conflicto armado en su territorio, que ha generado sobre ellos estigmatización y señalamiento desde el nivel central. Uno de estos pliegos fue el presentado por las organizaciones agrupadas en las denominadas «dignidades»: cafetera, arrocera, cacaotera, papera y organizaciones como Acopaneleros, Movimiento por la Salvación del Agro de Córdoba y la Mojana y el Movimiento Nacional por la Defensa de la Ganadería. Estas orga-

nizaciones agropecuarias conformaron la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria, la cual, luego de reunirse en Bogotá, decidió hacerse partícipe del paro convocado para el 19 de agosto bajo la denominación de Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria por la producción en Colombia. En su pliego de peticiones de seis puntos1, las organizaciones que componen esta Mesa solicitaron al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los distintos sectores productivos; la concreción del pago de los subsidios al momento de la venta de los productos y el arreglo de los procesos jurídicos por obligaciones contraídas con la banca privada, las deudas insolubles; disposiciones oficiales respecto de la disminución de las secuelas y el precio de fertilizantes, agroinsumos, combustibles e importaciones; atender su preocupación respecto del ingreso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que se suma a los ya firmados con Estados Unidos, Mercosur y la Alianza del Pacífico; el rechazo al decreto que subasta las centrales de abastos; y la ratificación de la realización de la Movilización Nacional Agropecuaria.

Como puede verse en este pliego -que estuvo liderado por las “dignidades” papera, cebollera y lechera de Boyacá quienes coordinaron actividades con los agricultores de Nariño, Cundinamarca y Santander- las agremiaciones aquí organizadas buscan fundamentalmente contrarrestar los efectos desastrosos que la apertura económica agravada por los tratados de libre comercio han generado en la producción nacional, propendiendo por la creación de una política agropecuaria que proteja a los pequeños

y medianos agricultores y ponga freno al libre ingreso de productos agrarios importados, al tiempo que se reduzca el costo de los insumos que encarecen la producción. En este pliego nada se menciona sobre el problema de tierras, ya que se trata de una capa de pequeños y medianos campesinos e incluso medianos empresarios del campo que disponen de una mayor vinculación con el centro no solo por su cercanía física, sino por contar con una mejor infraestructura vial y de producción que les permite tener mayor incidencia en las decisiones nacionales en materia agropecuaria. Se tratar, además, de pobladores de sociedades que podrían denominarse “antiguas” (aquellas fundadas antes de iniciar el siglo XX) como la antioqueña, la santandereana, la cundinamarqués o la boyacense, que tienen un avanzado estado de desarrollo. Caso distinto el de los departamentos del sur de Colombia que en su mayoría se hallan aislados e incomunicados y no tienen acceso directo (o este es muy precario) con las principales vías de comunicación que les permita conectarse de forma rápida a los principales circuitos comerciales nacionales e internacionales.

Teniendo en cuenta estas particularidades en el panorama de progreso local de las consideradas regiones marginales es que puede explicarse la no adhesión de éstas al pliego de la Unidad Agropecuaria, de corte inclusive más sectorial, que no vincula ni recoge sus necesidades más urgentes. De esta forma se da vida a dos pliegos más amplios y populares. De un lado está el pliego presentado por el Coordinador Nacional Agrario (CNA) que forma parte del Congreso de los Pueblos y está compuesto por campesinos, indígenas, afrodescendientes, pequeños mineros, agromineros, pescadores, trabajadores rurales, ambientalistas, estudiantes y profesores, que hicieron un llamado de unidad a todas las organizaciones sociales para participar unidas en el Paro Nacional Agrario. En su pliego de peticiones de 10 puntos2 que engloba de forma amplia una pluralidad de reivindicaciones, exigían al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados en anteriores jornadas de protesta; solución política al conflicto social y armado; reconocimiento del campesino como sujeto social y político; permanencia en el territorio con autonomía y autodeterminación; protección de la pequeña minería (la tradicional)

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frente a la minería transnacional; defensa de la economía campesina, soberanía y autonomía alimentaria frente a los TLC; protección de los cultivos de pancoger frente a las fumigaciones; subsidios para los insumos agropecuarios; condonación de las deudas a pequeños productores; y respeto y garantías a la lucha agraria. Por ser la CNA un espacio mucho más amplio, desde allí se ha procurado, desde hace varios años, la creación de una Mesa de Unidad Agraria Nacional en la que confluyan las diferentes movilizaciones que participan en los procesos del territorio nacional, con el fin de tocar temas estructurales como la derogación de los tratados de libre comercio, las políticas de importación de alimentos, la presencia y autonomía de las multinacionales en la producción agrícola, el papel del campesinado en la dinámica del desarrollo nacional, y el rechazo a las multinacionales mineras y sus impactos negativos en ámbitos culturales, ambientales y económicos, los cuales son considerados temas estratégicos que superan las reivindicaciones regionales y sectoriales por generar afectación nacional como fue señalado por Marylén Serna integrante de la CNA

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y vocera del congreso de los pueblos3. Sin embargo, ese proceso de unidad aún no ha sido posible en gran medida porque desde los territorios se resalta que las soluciones estructurales deben ser las primeras en tener en cuenta las diferencias regionales. De otro lado, y como demandas de tipo territorial complementarias al pliego del CNA, un tercer pliego fue presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), la cual agrupa campesinos, indígenas, afrodescendientes y pobladores urbanos pertenecientes a áreas hasta hace poco consideradas de colonización reciente, cuya marginación económica y política ha sido una de sus características principales. A través de la MIA se convocó al Paro Nacional Agrario y Popular. Su pliego compuesto por seis puntos y 37 subpuntos4, exigía al gobierno nacional el acceso a la propiedad de la tierra; reconocimiento a la territorialidad campesina; la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria; participación efectiva de las comunidades en la formulación y desarrollo de la política minera; adopción de medidas y garantías de cumplimiento

De otro lado, y como demandas de tipo territorial complementarias al pliego del CNA, un tercer pliego fue presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), la cual agrupa campesinos, indígenas, afrodescendientes y pobladores urbanos pertenecientes a áreas hasta hace poco consideradas de colonización reciente, cuya marginación económica y política ha sido una de sus características principales.

reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural; e inversión social en la población rural. Los procesos impulsados por la MIA vinculan primordialmente demandas adelantadas en sociedades recién integradas a la economía nacional, en pleno proceso de jerarquización producto de colonizaciones recientes y con fuerte presencia de la insurgencia como Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare; pero también de pequeños y medianos campesinos que además de protección

a la producción, buscan ante todo garantizar sus derechos mínimos por la tierra, obras de infraestructura que permitan una mejor conexión con el centro y los principales puertos de salida, y garantías al ejercicio de sus derechos políticos, reclamos prioritarios tanto en las zonas de colonización y en departamentos como Cauca, Tolima y parte del Huila y Nariño. Estas peticiones son impensables para los miembros de la Unidad Agropecuaria por ser temas superados desde hace tiempo, y no necesariamente son prioridad para la CNA que piensa en procesos más generales que logren cobijar a todas las regiones del país en una sola mesa. Es por esta razón que no se puede hablar de un solo paro agrario a escala nacional, ya que si bien se presentaron movilizaciones campesinas en todo el territorio colombiano, la sumatoria de estas no brindan por sí mismas un carácter de unidad ni nacional al paro, lo cual obliga a reconocer múltiples paros regionales y sectoriales que buscan respuestas claras del gobierno nacional ante sus particulares y específicas peticiones, que no por denominarse agrarias tienen el mismo significado para sus pobladores ni llevan a una única

respuesta ni a unas mismas soluciones. Lo que sí debe reconocerse es el intento de unificar esfuerzos por hacer visible una problemática y sentar en la mesa de diálogo a la administración estatal en busca de soluciones concretas. Sin embargo, el gobierno ha rechazado la creación de una mesa nacional para afrontar la crisis del agro, no porque reconozca problemáticas regionales diferenciadas que requieren igualmente soluciones distintas, sino porque ni siquiera existe una verdadera voluntad política por parte del ejecutivo de resolver los problemas estructurales y generales a los que llama el CNA a discutir, y por el contrario le resulta más fácil dividir las movilizaciones, llegar a algunos acuerdos regionales y firmar múltiples compromisos con los cuales cesen las protestas, aunque en la mayoría de las veces no se están cumpliendo. Lo ideal sería que el gobierno nacional reconozca la heterogeneidad del problema y de los actores, prescinda del señalamiento y estigmatización con el que desacredita varios levantamientos populares especialmente en zonas de influencia insurgente y busque soluciones reales que dinamicen al agro y al campesinado como protagonista del desarrollo nacional.

* Diana Marcela Moreno Guerra Investigadora CINEP/Programa por la Paz. Equipo Violencia, paz y construcción del Estado.

Notas Pliego de peticiones de la Mesa Nacional de Unidad Agropecuaria. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. En: http:// www.nasaacin.org/index.php/informativonasaacin/3-newsflash/5992-el-19-de-agostotodos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-yagropecuaria 2 Pliego de peticiones del Coordinador Nacional Agrario. Congreso de los Pueblos. En: http:// congresodelospueblos.org/index.php/ pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/49-ultimasnoticias/346-el-cna-convoca-al-paro-nacionalagrario-del-19-de-agosto 3 Entrevista radial realizada el 4 de septiembre de 2013 por Radio Mundo Real a Marylén Serna integrante de la CNA y vocera del Congreso de los Pueblos. En: http://www.radiomundoreal. fm/7074-el-paro-en-profundidad 4 Pliego de peticiones de la Mesa Nacional Agropecuario y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA). En: http://www.cut.org.co/index. php?option=com_content&view=article&id=51 45:pliego-nacional-de-peticiones-agropecuarias-y-populares&catid=34:comunicados&Item id=190 1

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Restitución de Tierras Breve balance sobre las sentencias judiciales La política de restitución de tierras es una realidad en Colombia. Los jueces agrarios especializados en este tema han comenzado a producir las primeras sentencias que resuelven las reclamaciones de las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo o abandono de tierras. El análisis aquí presentado toma como base 25 de las primeras sentencias publicadas y, a pesar de ser un número breve frente a la cantidad de fallos proferidos a la fecha y al universo probable de sentencias para los próximos años, muestra algunos elementos del acercamiento metodológico con el que el Equipo Tierras y Derecho al Territorio de CINEP/PPP espera contribuir al seguimiento a la restitución judicial de tierras1. Por Juan Sebastián Anaya Aldana*

En las 25 sentencias se encontró que fueron beneficiadas 518 personas, reclamantes de 120 despojados o abandonados2 con tamaños que oscilan entre las 0,08 y las 1840 ha. Fue posible identificar que de las 518 personas beneficiarias, 480 fueron adultos y 38 niños, así como 243 hombres y 259 mujeres. En la mayoría de sentencias no se especifica si los solicitantes y sus núcleos familiares incluyen menores de edad y esa ausencia de identificación es problemática

por una razón no le permite al juez tomar medidas puntuales para garantizar su reparación de manera diferencial a la de los adultos, sobre todo considerando que son sujetos de especial protección constitucional. Por ejemplo, medidas relacionadas con la adecuación de escuelas rurales, con la recreación, el derecho a la familia, entre otros. En los 25 procesos judiciales analizados, se solicitaron en las demandas 9471,75 hectáreas, pero fueron restituidas 9444,44. A pesar de que es un área significativa, uno solo de los procesos, con fallo del 5 de marzo de 2013, res-

tituyó 5 predios que sumaban 8407,24 en la inspección de Tillavá, en Puerto Gaitán, Meta. Eso significa que en las restantes 24 sentencias, se restituyeron 1037,2 correspondientes a 115 predios. Así, aunque el esfuerzo institucional sea importante, no debe sobredimensionarse esta acción judicial, analizando los resultados prácticos de los procesos de restitución transcurridos nueve meses desde la primera sentencia. Sobre este aspecto, sería importante formular cuestionamientos sobre el enfoque de la política de restitución y la relación que guarda con asuntos vitales para la ga-

Foto: Archivo CINEP/PPP.

Primeros hallazgos: beneficiarios y extensión de los predios

rantía real de reparación y reconciliación como la reforma agraria y la redistribución de la tierra, o con el fortalecimiento de las economías campesinas

Modalidades de despojo

Foto: Archivo CINEP/PPP.

Como tipos o modalidades del despojo, en el sistema de información diseñado por el Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del CINEP/PPP se acogen las propuestas por el Programa de Restitución de Bienes, diseñado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las establecidas por el artículo 74 de la Ley 1448. Se establece entonces un primer tipo de despojo administrativo, en el cual se encuentran las ventas falsas o títulos fraudulentos y la caducidad administrativa. En segundo lugar se encuentra el despojo judicial, es decir, a través de una sentencia judicial. En tercer lugar se tiene la venta forzada (bajo coacción), y por último el despojo material de la calidad de propietario, ocupante o poseedor. El resultado de la investigación fue el siguiente:

Modalidades y episodios de despojo de tierras Administrativo Título fraudulento o venta falsa 16

Judicial

Caducidad administrativa 3

La venta forzada o precio irrisorio fue la modalidad más utilizada, entendida como la coacción sobre el vendedor del predio por parte del despojador, en la cual como contraprestación se paga un precio muy inferior al que realmente correspondía. Esta manera de privar a los campesinos de su tierra pretende dotar de legalidad a los contratos de compraventa cuando en varios de los casos los campesinos despojados ni siquiera reciben el exiguo precio estipulado. Otra modalidad común fue la interrupción de la ocupación de campesinos sobre tierras baldías. En la práctica, es una evidencia más de la precariedad

Material

Venta forzada o precio irrisorio Propiedad

en la formalización de la propiedad de la tierra rural y del provecho que han sacado los actores armados sobre ello. Incluso en algunos de los casos resultó

En las 25 sentencias se encontró que fueron beneficiadas 518 personas, reclamantes de 120 despojados o abandonados con tamaños que oscilan entre las 0,08 y las 1840 ha.

Posesión 3

Ocupación 47

Total

120

evidente que funcionarios del INCORA o INCODER propiciaron y colaboraron con esta situación, refrendando el despojo vía caducidad administrativa de la resolución de adjudicación o con la exclusión de aspirantes a la titulación, de las listas de elegibles. En relación a los perpetradores directos del despojo, puede inferirse que los principales fueron los grupos paramilitares al participar en 16 de los 25 casos (64%). Sigue la guerrilla con 11 casos, principalmente las FARC (44%), la Fuerza Pública en dos casos, y el ELN y un narcotraficante extraditado en un caso cada uno. En aquellos episodios en que No. 80 | Septiembre - Noviembre 2013

De otra parte, los plazos de las medidas representan un problema común en la mayoría de sentencias estudiadas. Sólo en 4 fallos de los 25 se encontraron plazos estipulados para el cumplimiento de la mayoría de órdenes de los jueces.

aparece más de un perpetrador, se encontró que, de acuerdo a las sentencias, una causa común fueron los combates entre los grupos armados o bien no fue posible individualizar a los responsables.

Elementos centrales de los fallos

Como es evidente, si los jueces no otorgan plazos para la materialización de lo dispuesto en sus propios fallos, es probable que se esté ante escenarios de incumplimiento o cumplimiento postergado o incompleto a las providencias judiciales, dificultando su exigibilidad y por tanto la garantía material del derecho a la reparación con enfoque restitutivo y transformador. Como un resultado a destacar, en solo uno de los casos estudiados el juez falló en contra de los demandantes, negando la restitución del bien solicitado debido a un error de la dirección territorial Antioquia de la UAEGRTD en la identificación de la situación jurídica actual del predio, situación que podría vulnerar el derecho de defensa y de propiedad de los propietarios5.

Compensación, ¿en qué condiciones? La compensación está definida por la ley 1448 de 2011 como una medida subsidiaria de la restitución jurídica y material del inmueble despojado, que procede como alternativa para acceder a un terreno de similares características y condiciones cuando existen imposibilidades de restituir el bien o cuando el despojado no puede retornar al mismo por razones de seguridad.

Foto: Archivo CINEP/PPP.

Desde un análisis sobre las fuentes utilizadas por los jueces de restitución, hay dos elementos a destacar. A pesar de que los jueces de tierras son en su mayoría jueces civiles, las normas y jurisprudencia citada evidencian una apertura y uso sobre fuentes del derecho constitucional y los derechos hu-

manos. Igualmente, es posible advertir que hay normas que han sido invocadas por todos o la gran mayoría de jueces de tierras con un impacto importante en el ordenamiento jurídico3. A partir de una delimitación y desarrollo sobre los conceptos de justicia transicional, víctima y bloque de constitucionalidad, los jueces de restitución han establecido como parte del sistema jurídico colombiano, principios que han nacido en el seno de la ONU, como los principios Deng (sobre desplazamientos internos) y los principios Pinheiro (sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas). Si bien estos principios han sido definidos como vinculantes a través de sentencias de la Corte Constitucional, es interesante ver que son tomados como fuentes en el 96% de los fallos. Hay también varias sentencias de la Corte Constitucional que son citadas en la mayoría de procesos como la T-821 de 2007 sobre el derecho fundamental de la restitución de tierras o la T-585 de 2006 sobre derecho fundamental a la vivienda digna. De otra parte, los plazos de las medidas representan un problema común en la mayoría de sentencias estudiadas. Sólo en 4 fallos de los 25 se encontraron plazos estipulados para el cumplimiento de la mayoría de órdenes de los jueces4.

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También se prevé la posibilidad de valencia del derecho sustancial sobre el compensar con dinero a las víctimas formal en caso de imposibilidad jurídica cuando no sea posible ninguna forma de restitución, entre otros. de restitución. En 5 de los 25 casos hasta ahora esSi bien es evidente que la compen- tudiados, procedió la medida de comsación no es el principal objetivo de la pensación por razones muy variadas. ley, es un mecanismo fundamental de A manera de resumen, las principales reparación si se tienen en cuenta que razones para otorgar la compensación se pretende la resfueron la ubicación titución en un conde ciertos predios texto de persistencia solicitados en áreas del conflicto armado parte del Sistema NaLos jueces determinaron que en la mayoría de los cional de Áreas Proen muchos casos los hechos de territorios, con dudotegidas (Parque Los violencia habían sido hechos sas garantías para el Farallones, Zona de notorios o existía falsa motivaretorno efectivo. Reserva Forestal de ción en ciertos actos adminisEl análisis hecho la Sierra Nevada de trativos, así como que debía permite advertir en Santa Marta) y la perdársele un carácter sustancial a qué casos ha procesistencia del conflicto las características de las víctidido la compensaarmado en la zona6. mas, como en el caso de perción y los principales Para una mayor sonas miembros o relacionadas motivos esgrimidos garantía del derecon la Unión Patriótica. por los jueces. La cho a la reparación, pertinencia de estues necesaria la evadiar esta medida subsidiaria radica en luación de las condiciones actuales de que permite analizar las consideracio- seguridad del predio y de las víctimas nes de los jueces frente a la seguridad solicitantes, basada en diferentes fuende las víctimas, la “verdad jurídica” en tes como informes de la fuerza pública, torno a la persistencia del conflicto ar- bases de datos e informes de organizamado en determinados lugares, y la pre- ciones sociales, planes de retorno pre-

viamente trazados por las autoridades públicas, entre otros. Igualmente, es importante que las direcciones territoriales de la UAEGRTD, quienes fungen como demandantes en la mayoría de casos, se aseguren de mejorar los procedimientos tendientes a identificar el predio y constatar su actual situación jurídica en aras de no generar falsas expectativas de restitución. Además, los jueces deben evaluar la pertinencia de compensar, ya sea con bienes de similares características o con bien de valor similar, teniendo en cuenta que el avalúo de un predio rural puede ser calculado desde numerosas variables (como la naturaleza jurídica, ubicación, historia del mismo).

Oposición y las presunciones de la ley 1448 De los 25 procesos estudiados a profundidad, en 5 (20%) hubo opositores, por lo que los jueces competentes para resolver los casos eran los respectivos Tribunales de Distrito Judicial7. Como síntesis de los argumentos encontrados, los opositores apoyaban en mayor medida sus pretensiones, alegando la validez de los contratos celebra-

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dos, ausencia de despojo y de la calidad de víctima de la contraparte, pertenencia de las víctimas a grupos insurgentes y la buena fe exenta de culpa en sus actuaciones. Por su parte, los jueces desestimaron los argumentos mencionados llegando a dos resultados a subrayar: en primer lugar, fueron determinantes las presunciones de derecho y legales que establece la ley 1448, pues invocaron la presunción de derecho de la calidad de víctima, y las presunciones legales de que en ciertos contratos hubo causa ilícita o ausencia del consentimiento, siempre y cuando en la colindancia del predio en cuestión no hayan ocurrido actos de violencia o que estos no se hayan celebrado entre la víctima o sus familiares, y personas, entre otras, condenadas por narcotráfico. En segundo lugar, determinaron que en muchos casos los hechos de violencia habían sido hechos notorios o existía falsa motivación en ciertos actos administrativos, así como que debía dársele un carácter sustancial a las características de las víctimas, como en el caso de personas miembros o relacionadas con la Unión Patriótica. A partir del análisis a las oposiciones en los procesos, pueden identificarse unos elementos problemáticos. Si bien las presunciones de la ley 1448 han sido de gran utilidad para resolver los conflictos jurídicos, en ella se contemplan también estipulaciones probatorias que los jueces han ido aplicando progresivamente para garantizar una reparación efectiva y transformadora, sin menoscabar derechos como el debido proceso de los opositores. Sin embargo, en lo referente a la buena fe exenta de culpa, así como ningún opositor logró demostrarla, cabe preguntarse hasta qué punto le es posible probarla a un campesino opositor en el proceso, que haya permanecido en la zona de conflicto, ocupando o poseyendo los bienes solicitados. Debe prestarse especial atención a este aspecto probatorio sobre buena fe exenta de culpa, para evitar una doble victimización o perjudicar la condición actual de tenencia de la tierra de este tipo de opositores. www.cinep.org.co

* Juan Sebastián Anaya Aldana Politólogo y abogado. Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo Tierras y Derecho al Territorio.

Notas De igual forma, ya se han conocido los primeros ejercicios de sistematización de estas sentencias. Por ejemplo, la Fundación Forjando Futuros presentó recientemente un documento titulado “150 primeras sentencias de restitución de tierras”, en el cual presenta los datos y cifras que permiten comprender los alcances generales y las tendencias de la implementación de la política de restitución de tierras. Igualmente, una Comisión de Seguimiento de los Organismos de Control, al evaluar la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presentó un análisis de sentencias proferidas hasta el mes de abril de 2013. Otras instituciones y centros de pensamiento a lo largo y ancho del país están desarrollando ejercicios similares.

y Culturales de las Naciones Unidas (vivienda adecuada); decreto 19 de 2012 (decreto antitrámite, tiempo de ocupación de baldíos para desplazados); decreto 2007 de 2001 (acumulación de tiempo para adjudicación de baldíos para desplazados); Caso “La Tablada”. Informe No.55/97. Caso Juan Carlos Abella Vs. Argentina, entre otras.

Entendiendo por episodio de despojo “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia” y por abandono “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento”. Artículo 74. Ley 1448 de 2011.

A manera de ejemplo, las siguientes normas dieron sustento a las consideraciones de los jueces: - T-025 de 2004, T-268 de 2003 y T-813 de 2012 (desplazamiento forzado); T-069 de 2012 y T-585 de 2006 (derecho a la vivienda digna); T-821 de 2007 y T-159 de 2011 (derecho fundamental a la restitución de tierras y derecho a la reparación); Auto 092 de 2008 (mujeres afectadas por el desplazamiento forzado) C253A de 2012, C-771 de 2011, C-936 de 2010 y C-1199 de 2008 (justicia transicional); T-520 de 2003 y T-419 de 2004 (condición de desplazamiento, deudas, solidaridad de bancos y entidades crediticias); C-255 de 2012 (tierras baldías); T-579 de 2012 (Principios Pinheiro como bloque de constitucionalidad); C-071 de 2004, C-820 de 2012 y C-1007 de 2002 (buena fe exenta de culpa); Principios Deng (A.G. / Res. 60/L.); Principios Pinheiro (Consejo Económico y Social, E/ CN.4/Sub.2/,28-06-2005.); informe S/2004/616 del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad; Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales

Sentencias: 15/03/2013 (Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco); 06/05/2013 (Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué); 09/05/2013 y 14/05/2013 (Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa).

La dirección territorial Antioquia de la UAEGRTD demandó la restitución de un predio ubicado en San Carlos, Antioquia, que, debido a la situación de confrontación entre el Bloque Metro de las AUC y las FARC, fue abandonado forzosamente por la familia del solicitante. De forma insólita, la Dirección cometió graves errores en cuanto a la identificación de la situación jurídica del predio actual, por lo que el juez decidió negar la restitución. Tras la realización de la inspección judicial, el juez advierte que se está en presencia de un bien de dominio particular, no de un bien baldío, por lo que no se vincularon al proceso a los actuales propietarios negando la restitución para no menoscabar el derecho de defensa y de propiedad de los propietarios. 6 Por ejemplo, en un caso sobre un inmueble en la vereda Servitá, municipio de Villavicencio, Meta, un narcotraficante actualmente extraditado, amenazó y legalizó el despojo de una familia, cuyo padre de familia hacía parte de la Unión Patriótica, a través de firmas falsas, comprando además predios vecinos. Como hoy en día el despojador traspasó los bienes en cuestión a su hijo, el juez otorgó la compensación con bien de similares características aplicando el principio de precaución, establecido en el numeral 6, artículo 73, de la Ley 1448. Según este, las medidas se tomarán en “…un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas”. 5

Cabe anotar que en ellos coincide que las AUC (Montería, Ovejas, Chibolo) figuran como despojadoras, mientras que en Puerto Gaitán es señalado un narcotraficante extraditado.

Los ODM una apuesta por el desarrollo humano Por Consuelo Corredor Martínez*

os Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM– son una apuesta de la comunidad internacional para canalizar esfuerzos y recursos hacia la superación de algunas de las barreras al desarrollo de los países con mayor pobreza en el mundo, expresada en la Cumbre del Milenio del año 2000 en la cual 189 países suscribieron su compromiso por lograr que en el año 2015 se alcanzaran OCHO OBJETIVOS íntimamente ligados a la calidad de vida de las personas y por ende al Desarrollo Humano. Tomando como línea base el año 1990, se fijaron metas, indicadores y plazos concretos, lo que facilitó que rápidamente los ODM formaran parte de las agendas internacionales, nacionales y regionales, al punto de hacer de la Asamblea de la ONU, un espacio adecuado para rendir cuentas sobre la marcha de los compromisos. Si bien son importantes los esfuerzos y logros obtenidos en Colombia, en algunos de los compromisos con los ODM, a poco menos de dos años aún continuan déficit importantes, sobre los cuales hay que persistir con políticas y estrategias adecuadas para su logro, en especial en cerrar las enormes brechas entre grupos poblacionales y entre regiones. Esta iniciativa ha sido una experiencia muy importante por significar un consenso político en torno de alcanzar unos niveles mínimos reconocidos como imperativos para el desarrollo humano, y por haberse constituido en un referente para evaluar el desarrollo alcanzado por muchos de los países signatarios, así como por las diversas alianzas que se han propiciado en torno a su alcance.

Si bien son importantes los esfuerzos y logros obtenidos en Colombia, en algunos de los compromisos con los ODM, a poco menos de dos años aún continuan déficit importantes, sobre los cuales hay que persistir con políticas y estrategias adecuadas para su logro, en especial en cerrar las enormes brechas entre grupos poblacionales y entre regiones.

En Colombia, el Gobierno nacional trazó unas estrategias concretas para el alcance de sus compromisos, tal como se aprecia en los documentos Conpes 91 de 2005 y 140 de 2011. Este último modifica el anterior y redefine algunas metas, y se incluyen nuevos indicadores definidos por Naciones Unidas, principalmente en materia de empleo productivo y trabajo decente.

El ODM1, define tres metas: 1. reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a un dólar por día (así se define la situación de indigencia); 2. lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en especial mujeres y jóvenes; 3. reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre. Son verdaderos retos para el país, en un escenario aún más complejo signado por el conflicto y la violencia con las secuelas de desplazamiento forzado y pérdida de vidas humanas, y con grandes costos en recursos, desinstitucionalización y precaria comunidad política, lo que configura un escenario bastante restrictivo para el desarrollo con equidad y democracia. Este primer objetivo es quizás el que mejor sintetiza los alcances en materia de política económica y social, y es uno de los objetivos en los que a nivel de país se aprecian positivos resultados en evolución de la pobreza y de la pobreza extrema, pero con una enorme disparidad urbano – rural, así como regional.

Como se puede apreciar, en pobreza estamos a 4 puntos de la meta y en pobreza extrema a 1.6 puntos, pero las brechas son dramáticas pues mientras en lo urbano una de cada 4 personas está en pobreza , en lo rural la relación es de 1 a 2. Igualmente se aprecian las brechas entre departamentos, con diferencias abismales especialmente entre las costas atlántica y pacífica con los niveles más altos de pobreza, frente al centro del país, y aún más con relación a Bogotá. Por ello no es de extrañar que en Colombia el índice de desigualdad de Gini1 sea aún de 53.9, cuando países de similar desarrollo han logrado mejores indicadores: Venezuela 0.397, Chile 0.516, Perú 0.537. Esta inequidad se confirma al analizar las distancias entre los hogares de acuerdo a su nivel de ingreso. Mientras el 10% de los hogares más pobres (decil 1) participan solo con el 1.2% del ingreso del país , el 10% más rico lo hace con el 38%. Esta disparidad se repite en todas las variables consideradas: los años de escolaridad del jefe de los hogares con mayor ingreso tienen el doble de educación de los más pobres, éstos tienen un nivel de desempleo 6 veces mayor que el de los más ricos, en los primeros el embarazo en adolescente es mucho más recurrente lo que incide en la reproducción intergeneracional de la pobreza, la mortalidad infantil está 10 puntos por encima de los hogares de mayor

Porcentaje y número de personas en Pobreza y Pobreza Extrema 2002-2012 60%

50%

Incidencia de la Pobreza

Incidencia de la Pobreza Extrema

Número de pobres

Número de pobres extremos 20.000.000

20.540.426 40%

15.232.256

30%

13.737.970

15.000.000

28,5%

10.000.000

32.7% 7.315.202

20%

4.844.510 10%

10,4%

4.241.900 8,8%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información del DANE

Incidencia de pobreza y pobreza extrema por departamentos. 2012. Chocó Cauca

68.0

40.7

62.1

34.0

Córdoba

27.3

La Guajira

27.7

Magdalena Sucre

60.2 58.4

Cesar

16.0

Huila

16.6

Tolima

51.5

12.7 17.2

Bolivar

52.3

17.4

Nariño

50.8 46.8 45.4 44.2

13.2

42.3

15.3

Caqueta

10.2

Norte de Santander

10.7

Quindío

12.1

Boyacá

11.0

35.6

Caldas

10.4

35.4

Atlántico Meta Risaralda Valle del Cauca

Se aprecian las brechas entre departamentos, con diferencias abismales especialmente entre las costas atlántica y pacífica con los niveles más altos de pobreza, frente al centro del país.

25.000.000

Antioquia Cundinamarca Santander Bogotá D.C.

Pobreza Extrema

42.1 40.4 38.9

33.9

4.7 9.2

29.5

6.4

28.4

7.4

26.9

8.1

26.8 23.3

6.3

20.8

4.6 11.6

2.0

Pobreza

Nota: La GEIH no tiene como dominio los departamentos creados por la Constitución de 1991 Fuente: Cálculos DANE con base en ECH y GEIH

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5.000.000

ingreso, y estos últimos tienen una afiliación al régimen contributivo de salud 10 veces mayor que la que registran los hogares en la base de la pirámide. Una mirada de la pobreza más allá del ingreso, se puede tener mediante el Indice de Pobreza Multidimensional –IPM–2, en el que se aprecia cómo las dimensiones que más explican la pobreza están asociadas a las oportunidades de educación y de empleo, justamente dos de los factores que hay que enfrentar para mejorar también en equidad. De hecho, la tendencia favorable en la tasa de desempleo –TD– registrada en los últimos 3 años, y que a marzo 2013 fue de 11.4%, oculta la precariedad del empleo, pues la informalidad alcanza niveles del 60%, afecta más a la población urbana (11% vs 6% en lo rural), y discrimina a las mujeres y a los jóvenes (en el primer semestre de 2012, la TD urbana para hombres era 9,7% y para mujeres 13,7%. La TD urbana para personas entre 14 y 26 años fue de 21,3%).

IPM: Dimensiones, carencias, dominios Nacional

Cabeceras

Resto

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia

9,4%

9,8%

7,9%

Analfabetismo

12,1%

8,2%

26%

Bajo logro educativo

53.1%

44.1%

84,9%

Barreras de accesa a servicios de salud

6.6%

5.9%

9,1%

Desempleo de larga duracion

10%

10.6%

7,9%

Hacinamiento crítico

13,1%

13,2%

12,5%

Inadecuada eliminación de excretas

12,1%

7,8%

27,3%

Inasistencia escolar

4,1%

7,9%

Material inadecuado de paredes exteriores

2,2%

2,1%

2,2%

Material inadecuado de pisos

5,9%

2,2%

19,4%

Rezago escolar

33,3%

31,3%

40,6%

Sin acceso a la fuente de agua mejorada

12,3%

45,2%

Sin aseguramiento en salud

17,9%

18.3%

16,7%

Trabajo infantil

3,7%

2,8%

Trabajo informal

80%

76.4%

93%

Fuente: DANE 2012

Deciles del Ingreso por variables socio-económicas. 2012. Aﬁliación al régimen contributivo y especial

Mortalidad Infantilᴵ por mil nacidos vivos

63,8%

7,0%

22,0

78,1%

12,0%

74,6%

85,8%

19,6%

5,8%

75,0%

89,8%

25,3%

4,8%

76,4%

92,2%

33,1%

4,4%

76,8%

94,6%

39,7%

4,0%

77,5%

96,0%

48,9%

3,6%

77,7%

97,1%

56,4%

2,7%

79,2%

98,0%

64,5%

2,0%

81,5%

98,9%

73,7%

5,3%

75,5%

89,4%

38,0%

Deciles del ingreso

Años de escolaridad del jefe de hogar

Adolescentes alguna vez embarazadas

Presencia de Jefe de hogar desempleado

Presencia del Jefe de hogar ocupado

7,2

29,5

12,4%

63,5%

7,8

7,2%

72,5%

8,7

6,3%

9,5

10,2

10,7

11,3

12,3

13,9

15,2

Total

10,5

27,0

19,0

13,5

7,4

19,5%

Población residente en cabecera

Participación en el ingreso 1,2% 2,6%

19,0

3,7% 4,9%

18,0

5,7% 7,2%

17,0

8,9% 11,5%

12,0

16,2% 37,9%

18,0

100,0%

ᴵ Informacion por quintiles del Indice de Riqueza. Fuente: ENDS, 2010. Fuente: Cálculos PNUD con base en ECH y GEIH

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pueden ser ellas el eje Por lo anterior estructurante de la poconviene insistir lítica social. en que las políticas Es imperativo que deben adoptar el Es imperativo que el gobierno el gobierno adopte poenfoque de dereadopte políticas explícitas para la líticas explícitas para chos mandatorio reducción de las brechas y de la la reducción de las en la Constitución, inequidad, para lo cual la edubrechas y de la inequipues no se trata cación con calidad y pertinencia dad, para lo cual la de satisfacer necedebe ser una apuesta central. educación con calidad sidades puntuales y pertinencia debe ser mediante intervenuna apuesta central, ciones soportadas sobre las transferencias monetarias con- en todos los niveles, en especial en los dicionadas, -TMC-, que por sí mismas dos extremos, primera infancia y educano construyen oportunidades ni desa- ción superior3, así como políticas para rrollan capacidades y por tanto no apor- la inclusión productiva de la población tan a la construcción de autonomía de en pobreza pues es la forma de conslas personas como sujetos de derechos. truir autonomía en el ejercicio de los Las TMC son necesarias para apoyar derechos y de darle sostenibilidad a los iniciativas de mayor alcance, pero no logros sociales.

* Consuelo Corredor Martínez Consultora del PNUD, exsecretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

Notas El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad de ingresos. Si se acerca a 1 hay más inequidad y si se acerca a 0 hay más equidad. 2 El IPM que en buena hora se adoptó en el país desde 2010, si bien a un nivel aún muy agregado, identifica 5 dimensiones y 15 variables. Las dimensiones son: clima educativo del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, ocupación, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda 1

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En educación superior hay que revalorizar y ampliar el portafolio de la formación técnica y tecnológica como una opción importante de cara a los requerimientos del mercado de trabajo, el cual debe ser también objeto de políticas que permitan armonizar los intereses y experticias de los oferentes, con los requerimientos de los demandantes y con las oportunidades productivas de las regiones.

Entre el Paro y la Minga: las luchas sociales en la sombra.

Entre el Paro Nacional Agrario y la Minga Indígena otras luchas sociales mueven al país. Este artículo pretende señalar el panorama reciente de otras luchas sociales, aportar a la comprensión de los motivos de movilización y llamar la atención sobre conflictos sociales que han sido ensombrecidos por las negociaciones con las Farc. Por Ana María Restrepo*

Para los medios masivos de comunicación y para el Gobierno Nacional las protestas sociales cobran relevancia cuando afectan la economía o cuando permiten involucrar a las Farc.

buenas razones históricas de esos sectores para moverse y conmoverse. Se percibe cómo más allá de lo que se resuelva en La Habana, urge asegurar la garantía de los derechos laborales, territoriales, a la salud, a la educación, y a la vida buena en ciudades y veredas, así como preservar el medio ambiente e impedir los abusos de los megaproyectos multinacionales.

Foto: Ana María Restrepo

ntre la calma que sigue al paro agrario y la Minga Indígena otro país no menos numeroso se moviliza. Para los medios masivos de comunicación y para el Gobierno Nacional las protestas sociales cobran relevancia cuando afectan la economía o cuando permiten involucrar a las Farc. Una mirada atenta permite ver

En la foto, los bicitaxistas de Bogotá marcharon por la legalización de su trabajo el 27 de abril de 2009. Una nueva protesta hacia la Plaza de Bolívar se realizó en septiembre de 2013.

UN PANORAMA DE RAZONES Conflictos del mundo del trabajo El derecho al trabajo es uno de los motivos históricos de la movilización social en el país. Tres han sido los conflictos laborales más visibles en los últimos días: 1. La protesta de los trabajadores de la Universidad Nacional1. 2. La huelga en la Drummond2. 3. La operación “Cero trabajo suplementario” de los pilotos de Avianca. Al lado de su visibilidad mediática, los bajos salarios y los despidos son el problema común a las tres. Pero además de éstas, ocurrieron, en el mismo período, las siguientes:

Sector

Una razón, para algunos, fue el aumento de la contratación de trabajadores extranjeros por las multinacionales mineras. En el caso de las protestas relacionadas con la salud, el problema es la concepción de la salud como un servicio que se vende al que pueda comprarlo y no como un derecho garantizado a todos por el Estado; aunque los usuarios poco han dicho, los trabajadores de hospitales y los profesores sí han revelado las deficiencias económicas y las grietas estructurales del sector. Por último, la exclusividad de los nuevos grandes modelos del transporte urbano ahoga las pequeñas iniciativas privadas, legales e ilegales que no son pocas. Dejan así al descubierto el desempleo urbano.

Modalidad de lucha

Motivos

Funcionarios de la Secretaría de Educación de Atlántico

Ocupación de colegios

Contratistas de la Gran Vía Yuma. Santander

Huelga

Contratistas CBI: Reﬁcar Reﬁnería de Cartagena Indígenas Wayúu. Riohacha La Guajira Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode)

Huelga

Mejores salarios

Toma del consulado de Venezuela

Trabajadores de hospitales. Medellín

Marcha

Comerciantes de Barranquilla Taxistas de Medellín

Concentración Movilización

Taxistas de Barranquilla

Movilización

Transportadores Informales. Bogotá

Bloqueo de Transmilenio.

Reintegro de los trabajadores de vigilancia de PDVSA. Deudas salariales, servicios de salud. Crisis del sector y riesgo de deﬁcit económico de los hospitales. Por el derecho al trabajo. Fotodetecciones y precios de gasolina. Condiciones laborales, sobreoferta de taxis, autoridad única de transporte del área metropolitana.

Bicitaxistas. Bogotá

Movilización

Propietarios y choferes de camperos(gualas).Cali

Bloqueo de vías

Madres Comunitarias

Paro

Madres comunitarias, CUT, Trabajadores de la Gran Vía Yuma y Contratistas del estadio Barrancabermeja

Marcha al Ministerio de Trabajo.

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Paro Nacional

Nivelación salarial Incremento de salarios, nivelación frente a extranjeros y reconocimiento de la USO como representante de los trabajadores.

Legalización de su trabajo. Formalización, derechos laborales, articulación con el Sistema Integrado de Transporte (Sitp). Integración al MIO. Pensión digna, formalización laboral, continuación del programa. Dignidad de los trabajadores.

Las fisuras del modelo económico que guía al Estado colombiano se ahondan: la distancia crece entre las necesidades básicas de la población y las cinco locomotoras del presidente.

Servicios públicos e infraestructura A pocos días de que se realizara en la comisión quinta del Senado el debate de control político a Electricaribe S.A, el 7 de septiembre en Barranquilla bloquearon vías en protesta por las fallas de la energía eléctrica; y el 4 de octubre, indígenas Wayúu del resguardo de Barrancas (La Guajira) también bloquearon vías por el mismo motivo. A los bloqueos se añadió el sepelio simbólico de la empresa Aguas de La Guajira el 2 de septiembre, en Riohacha, tras la cancelación del contrato entre el departamento y dicha empresa. Desde luego, celebrar el término de un mal servicio no soluciona el problema de la privatización de los servicios públicos en el país, pero sí denuncia la irresponsabilidad gubernamental en el manejo de los recursos públicos. El mejoramiento de la vía principal del municipio fue también motivo de bloqueo vial en Santa Catalina, Bolívar, durante el 2 y el 3 de septiembre.

Derecho al territorio Ensombrecidos por el Paro Agrario, ya completan siete meses en el Coliseo de la Universidad de Antioquia los campesinos mineros del área de influencia de la construcción del megaproyecto Hidroituango que marcharon el 20 de marzo a Medellín en defensa del río y en protesta por la injusta compensación que ofrece la Compañía a los pobladores y por la exclusión de muchos de ellos del censo hecho por la empresa. Los manifestantes plantean que las inversiones de la Gobernación en pavimentación de vías y plan de manejo ambiental, sólo es de utilidad para la

La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales recoge la agenda de las luchas cotidianas en el país.

Estudiantes En el ámbito estudiantil, a las protestas de los estudiantes de medicina de la Universidad San Martín por la cancelación del programa decretada por el Ministerio de Educación, se suman la marcha de los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional en Bogotá bajo la consigna “Quiero un hospital” y el Paro Estudiantil del 16 y 17 de octubre convocado por

la Mane. Este paro exige soluciones a la crisis de la educación superior y de las universidades públicas, y la apertura de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil para negociar la Ley Alternativa de Educación Superior.

Divisiones que revelan… Este panorama prueba que (1) no todos los problemas sociales del país pasan por La Habana ni mucho menos son insurgencia; (2) la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales recoge la agenda de las luchas cotidianas en el país y debería ser la bandera de discusión de las campañas electorales; (3) las fisuras del modelo económico que guía al Estado colombiano se ahondan: la distancia crece entre las necesidades básicas de la población y las cinco locomotoras del presidente Santos: infraestructura, agricultura, vivienda, minería, innovación. A todo lo descrito hay que agregar las protestas contra las protestas, en las que

Foto: Alexander Aguirre

hidroeléctrica. Por lo tanto exigen también garantías económicas, laborales y de seguridad contra las amenazas, así como alguna compensación por tener que dejar el barequeo como sustento. El 17 de septiembre fue hallado asesinado Nelson Giraldo Posada, dirigente de la organización Ríos Vivos (representante del Movimiento) en la playa conocida como Sardinas, en Ituango. En Córdoba, desde el 24 de septiembre, la comunidad Zenú se tomó la entrada de la mina de carbón de Cerromatoso en protesta por los daños al medio ambiente, a la salud y a los dere-

chos de propiedad colectiva, con lo cual los empresarios pisotean la integridad étnica, cultural, social y económica de la población. La protesta surge tras la negación de la tutela presentada contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y Cerromatoso para exigirles una indemnización que garantice la supervivencia de la comunidad. El 4 de octubre el periódico El Heraldo3 denunció la presencia del Esmad que, además de intentar deshacer la protesta a punta de gases, se llevó los bastones de mando, botó la comida y rompió los enseres de los indígenas.4

Segundo Aniversario de la Creación del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana. Los trabajadores mineros se oponen a la Reserva Natural del Páramo de Santurbán, liderada por este movimiento y otras organizaciones sociales de Santander para proteger el agua y los recursos naturales de la minería. No. 80 | Septiembre - Noviembre 2013

se trasluce la complejidad de las movilizaciones: así el 10 de octubre, trabajadores de Cerromatoso y la comunidad que provee los servicios alrededor de las minas protestaron contra el bloqueo indígena. El 19 de septiembre, en la fiesta de cumpleaños del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, que defiende el Páramo de Santurbán, hicieron presencia los trabajadores mineros para manifestar su temor de que el triunfo del Movimiento perjudique su sustento. En Vetas y California (Santander) ya habían marchado el 2 de septiembre por razones análogas. Los intereses encontrados chocan en y con las decisiones políticas: la restitución de tierras provocó el plantón frente a la Defensoría del Pueblo de Sincelejo, el 23 de septiembre: los compradores de buena fe de los municipios de Ovejas, Morroa, Betulia, Sincelejo y San Pedro temen enfrentamientos entre campesinos. Las rupturas y divisiones se pueden entender como re-articulaciones de motivos que piden una intervención estatal que supere la de garante del modelo

económico y negociador con las guerrillas. La coyuntura demuestra que a lo largo y ancho del país hay muchas otras cosas por resolver en las pequeñas localidades si pretendemos que haya paz y que dure.

* Ana María Restrepo Investigadora. Sistema de Información General - Archivo de Prensa del CINEP/PPP

Notas Un análisis histórico del conflicto laboral en la Universidad Nacional a propósito de la protesta de febrero de este año, se encuentra en el artículo de Mauricio Archila “Conflicto en la Universidad Nacional: una crisis anunciada” de la Revista Cien Días Vistos por Cinep No. 78. 2 Convocada desde julio debido a que el 7 de ese mes se cumplió el plazo final de negociación de la convención colectiva propuesta por Sintramienergética, sobre la cual la empresa se limitó a hacer la revisión de algunos puntos concernientes al incremento de salarios y auxilios de educación, sin tener en cuenta las necesidades más sentidas de los trabajadores: solicitud de un salario promedio mensual (a diferencia de la gran mayoría de trabajadores colombianos, en la Drummond el pago se realiza por horas), estabilidad laboral (se han realizado termina1

ciones mensuales de contratos sin justa causa) y soluciones a las inseguridades industriales y a las inestabilidades en los horarios de trabajo. Todo esto en un contexto histórico de contaminación ambiental (entre otros por el transporte del carbón), no oferta de puestos de trabajo a los locales, mal estado de las vías que utiliza la empresa y la evidencia de más de 300 casos de lesiones físicas por la operación minera que se ha negado a reconocer la empresa. 3 http://www.elheraldo.co/region/cordoba/ indigenas-denuncian-maltrato-de-la-policia-127050 4 Un abuso que se suma a los documentados en el artículo de William Rozo de esta misma revista.

El Sistema de Información General Es la estructuración de un conjunto de bases de datos del CINEP/Programa por la Paz que, sustentada en el acumulado investigativo de la institución, analiza, clasifica y hace seguimiento a los conflictos sociales, políticos, paz, luchas sociales, derechos humanos y violencia política en Colombia.

Apostamos por la vida. Trabajamos por una sociedad justa, sostenible y en paz.

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La protección de la estructura

ecológica y el espacio público en el nuevo ordenamiento de Bogotá Por Marcela Cadena Cruz* Juan Carlos Merchán Zuleta**

l Gobierno de Bogotá se enfrenta al desafío de implementar el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- modificado por el decreto 364 de 2013, que implica adaptar la normatividad que regula el uso del territorio con las formas ya existentes de habitar y construir socialmente la ciudad. De la multiplicidad de conflictos que ello implica, las cargas urbanísticas exigidas a los constructores para dotar a la ciudad de mayor espacio público y equipamentos

a cambio de permisos de edificabilidad, y la protección a la estructura ecológica principal, ocupan un lugar central en tiempos en que la adaptación al cambio climático y la mitigación del riesgo están en el vértice de las agendas internacionales. El debate evidencia la pugna entre modelos de ciudad, los principios éticos que los sostienen y las consecuencias de su implementación. Existe una paz que no pasa por los diálogos de La Habana, es decir, la negociación por el fin del conflicto armado

Hablar de ordenamiento territorial implica el reto de adaptar la normatividad con fuerza de ley que regula el uso del territorio, con las formas ya existentes de habitar y construir socialmente la ciudad.

no agota la totalidad de las violencias en Colombia. Si bien dicha negociación incumbe las problemáticas de lo agrario y la inclusión política de la insurgencia, el tránsito de la sociedad hacia la paz requerirá, más que la firma de un acuerdo, una transformación cultural en la manera como el país tramite sus problemas estructurales en torno a la desigualdad, la segregación, la pobreza, la depredación del medio ambiente, de los recursos naturales, el manejo de los bienes públicos y el reconocimiento del valor de lo rural. Si comprendemos este trámite como ruta hacia la paz sostenible, entonces Bogotá es hoy un escenario representativo de las posibilidades de ésta en Colombia, porque en la ciudad capital se evidencia la disputa entre modelos de vida societal diferentes y, con respecto al ordenamiento de su territorio, este juego de intereses se da en torno al decreto 364 de 2013 que modificó las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- que venían rigiendo a Bogotá desde el año 2000. Hablar de ordenamiento territorial implica el reto de adaptar la normatividad con fuerza de ley que regula el uso www.cinep.org.co

del territorio, con las formas ya existentes de habitar y construir socialmente la ciudad. Esto conlleva la toma de decisiones entre actores sociales, económicos, políticos y técnicos con miras a la regulación y producción del desarrollo de los asentamientos humanos y de las actividades socioeconómicas. En otras palabras, dado que el ordenamiento de una ciudad influye en su forma de vida, su cultura, conflictos y virtudes, ello explica las tensiones que rodean el POT en Bogotá, debido a la pugnacidad de intereses entre diferentes sectores sociales. Pero ¿en qué consiste propiamente la modificación del POT? Ésta consta de cinco grandes apuestas: la primera, incorporar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático y del cuidado del agua; la segunda, articular la planeación urbana y la movilidad; la tercera, incentivar procesos de densificación urbana y facilitar el acceso a vivienda de interés prioritario -VIP- en las zonas centrales de Bogotá; la cuarta, articular el ordenamiento rural con las normas nacionales y, finalmente, la quinta, condensar en una las múltiples normas existentes sobre el ordenamiento, simplificando los procesos.

Redistribuir las ganancias entre el sector constructor y los intereses públicos, de tal manera que quien obtenga mayor provecho de los beneficios urbanísticos debe contribuir a la generación de espacio público, vías y equipamientos.

Dos de las principales resistencias a esta modificación giran en torno a la construcción urbana y la protección de la estructura ecológica. La primera se refiere a las cargas urbanísticas con las que deben cumplir los urbanizadores y constructores dotando a la ciudad de espacio público, vías o equipamientos a cambio de permisos para la edificabilidad. Ante ello, se ha dicho que el decreto paralizará el sector de la construcción al incrementar el precio de la vivienda y del suelo entre un 40% y 45%. Los grandes opositores en este campo son la Cámara de Comercio de Bogotá, Camacol, la Lonja de Propiedad Raíz, Fenalco, la ANDI y Asobancaria.

Al respecto, el gobierno distrital llama la atención sobre la necesidad de redistribuir las ganancias entre el sector constructor y los intereses públicos, de tal manera que quien obtenga mayor provecho de los beneficios urbanísticos debe contribuir a la generación de espacio público, vías y equipamientos. Estas cargas son un descuento no al valor original de los predios sino a su renta, la cual es resultado de la valorización por las dinámicas de la ciudad; el impacto

de estas cargas es de un promedio de 4% a 5% para los constructores. La segunda resistencia se enmarca en la tensión entre la protección de la estructura ecológica principal y la expansión de la ciudad hacia sus bordes. El POT anterior permitía la construcción en zonas inundables y no ofrecía claridades en el caso de las zonas rurales, lo cual contradijo, desde el gobierno de Enrique Peñalosa, las determinaciones de la Corporación Autónoma Regional -CAR- como autoridad ambiental. Actualmente, el decreto 364 que modificó al POT, contempla la concertación con la CAR sobre estos asuntos, en relación con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana respecto a la necesidad de adaptación de la ciudad al cambio climático y a la gestión del riesgo, tema de vital importancia en la agenda mundial, acorde con los informes de ONU Hábitat y en coherencia con la Ley 1523 de 2012 que obliga a alcaldes y administraciones municipales y distritales a integrar la planificación a la gestión del riesgo a través del ordenamiento territorial (Art.14). Ejemplo de esta tensión era el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte -POZ

Norte-, que legalizaba proyectos cuestionados por violar disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente según el concepto de la Procuraduría General de la Nación (PGN, 2010), a la vez que construía un modelo de ocupación de la zona que ponía en riesgo el importante sistema de humedales, alentando la urbanización desbordada del área. Este proyecto fue reevaluado por la actual administración y limitado en sus alcances, buscando proteger la estructura ecológica de la expansión de la ciudad. Ante esto, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, señaló que “si seguimos con un plan que prohíbe la construcción de vivienda en sectores como Usme, en el plan zonal del norte y el borde occidental, lo que sucederá es que se van a desarrollar viviendas al margen de la formalidad” (Dinero, 2013). Parece problemática la solidez de este argumento, porque si bien las administraciones tienen dificultades para el control de la construcción ilegal, esto no justifica la expansión de la ciudad sobre la estructura ecológica sin criterio de cuidado ambiental, como si el logro de permisos legales y la tenencia de recursos

Foto: Wolfgang Sterneck

Ley 1523 de 2012 que obliga a alcaldes y administraciones municipales y distritales a integrar la planificación a la gestión del riesgo a través del ordenamiento territorial (Art.14).

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Foto: Wolfgang Sterneck

económicos para la construcción minimizara el daño estructural al patrimonio ambiental de la ciudad. Por su parte, la propuesta ambiental del POT aumenta en 36.900 hectáreas las zonas de conservación ambiental, de las cuales 5.254 se incrementan en el suelo urbano de Bogotá (SDP, 2013). Por otra parte, vinculado a lo anterior, se encuentra en la apuesta por la no expansión de la ciudad, el Programa de Revitalización del Centro Ampliado y la creación de las Unidades de Planeación Rural -UPR-. El primero influye por lo menos en 10 de las 20 localidades de Bogotá y propone, por un lado, la renovación urbana, dotando de espacio público, vías y equipamientos las zonas con mayor densidad poblacional y, por el otro, la redensificación, que pretende construir y densificar en predios vacíos dentro de la ciudad, todo ello, con el objetivo de lograr una mayor distribución social en el territorio. En cuanto a la ruralidad, la propuesta de la administración es la creación de las UPR, como instrumentos base de la planificación, con el objetivo de proteger al campesinado de Bogotá que limita www.cinep.org.co

con la expansión urbana, lo que pone las bases, desde la protección del suelo agrícola, para la posible creación de zonas de reserva campesina, lo cual es responsabilidad del Incora (hoy Incoder) como lo establece la Ley 160 del 94. En conclusión, el debate y las tensiones antes mencionadas, que se des-

Si bien las administraciones tienen dificultades para el control de la construcción ilegal, esto no justifica la expansión de la ciudad sobre la estructura ecológica sin criterio de cuidado ambiental.

piertan en relación con el decreto 364 de 2013, plantea tres reflexiones. La primera, que están contrapuestos al menos dos modelos de ciudad distintos donde convergen muchos de los intereses en pugna; el de Enrique Peñalosa, como una ciudad extendida y horizontal, hacia el río Bogotá y los municipios veci-

nos, y el de Gustavo Petro, elevada a las alturas y densificada en el centro, alejada del río y los humedales, capturando a través de la afectación del sistema de financiamiento, lo que más pueda de la renta de los constructores y los dueños del suelo urbano. En otras palabras, la competencia de estos dos modelos tiene, de un lado, la opción por la inmediatez del beneficio de la construcción y la expansión urbana en el presente y, de otro lado, la apuesta por una ciudad futura, que requiere el cambio de paradigmas culturales y económicos profundos, que genera tantas esperanzas como incertidumbres en sus consecuencias. Ciertamente, frente a los intereses privados tradicionalmente protegidos, parece más difícil defender el futuro que el presente, en una sociedad cuya cultura política está en pos de resultados inmediatos. La segunda reflexión toca la disputa entre criterios morales en torno a lo ambiental; el primer criterio, pone la vida humana por encima de la vida en general y, el segundo, ubica la vida por encima de cualquier forma de vida particular; esto explica la contraposición entre una

Referencias Frente a los intereses privados tradicionalmente protegidos, parece más difícil defender el futuro que el presente, en una sociedad cuya cultura política está en pos de resultados inmediatos.

opción por la construcción y expansión, con miras al bienestar de ciertos sectores sociales en detrimento de los cuerpos de agua y la ruralidad, y la iniciativa por la defensa de los bordes a través de la densificación de la ciudad actual. La tercera reflexión tiene que ver con el hecho de que, en principio, nadie se opondría pública y éticamente a las ideas estructurales del POT, en términos de la necesidad de la defensa de la estructura ecológica, el aumento del espacio público, la disminución de la segregación socio espacial y el desarrollo de la vivienda de interés prioritario VIP y social VIS. Por esta razón, solo en la medida en que se afectan los intereses de sectores económicos y políticos, estos conflictos se canalizan a través de objeciones en torno a cómo se está respondiendo a los retos, así como sobre la legalidad del proceso surtido para la promulgación del decreto. Lo que parece necesario aceptar es que si este POT llegara a declararse nulo, el próximo tendría que convocar temáticas muy similares al actual, dado que las problemáticas a las que atiende no son situaciones coyunturales del presente gobierno distrital, sino demandas estructurales de la humanidad donde quiera que ésta construya urbes.

* Marcela Cadena Cruz Investigadora CINEP/Programa por la Paz. Equipo Ciudadanías y desarrollo.

**Juan Carlos Merchán Zuleta Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo Ciudadanías y desarrollo.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2013), Decreto 364 de 26 de agosto de 2013, Plan de Ordenamiento Territorial-POT 2013, Bogotá. Cadena, Marcela; Merchan, Juan (2013), “¿Es capaz la ciudadanía de deliberar y decidir en Bogotá?: el reto de la Bogotá Humana entre la legitimidad y la revocatoria” [en línea], disponible en Revista Cien Días vistos por CINEP CIDER, Secretaria de Planeación (SDP) (2013), Las grandes polémicas en torno al POT de Bogotá. Bogotá. Dinero (2013, 29 de mayo), “A nadie le gusta el POT de Bogotá” [en línea], disponible en: http:// www.dinero.com//actualidad/nacion/articulo/ nadie-gusta-pot-bogota/176826 El Espectador (2013, 28 de agosto), “Gobierno Nacional obligó a Petro a expedir POT por decreto” [en línea], disponible en: http://www. elespectador.com/noticias/bogota/gobiernonacional-obligo-petro-expedir-pot-decretoarticulo-443043. El Tiempo (2013, 27 de agosto), “El ministro de Vivienda no se leyó el decreto del POT: Petro” [en línea], disponible en: http://www.eltiempo. com/colombia/bogota/petro-expidio-el-potdecreto_13016662-4. El Tiempo (2013, 29 de agosto), “Hay demagogia y politiquería con el POT, dice Camacol” [en línea],

disponible en: http://www.eltiempo.com/ colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_ NOTA_INTERIOR-13034142.html. Maldonado, Juan C. (2013, 31 de agosto), “Una ciudad polarizada”, en El Espectador [en línea], disponible en: http://www. elespectador.com/noticias/bogota/unaciudad-polarizada-articulo-443621. Maldonado, Juan; Valenzuela, Santiago (2013, 30 de agosto), “Enemigos del POT, en Cartagena” [en línea], disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/ bogota/enemigos-del-pot-cartagenaarticulo-443383. Procuraduría General de la Nación (2010, 14 de Mayo), Pronunciamiento Procuraduría, Referencia: Reserva forestal protectora del norte – Plan de Ordenamiento Zonal del Norte-POZ NORTE, Bogotá. Secretaria de Planeación (SDP), Boletín de prensa N°076 (2013, 27 de agosto), Bogotá ganó con la adopción de la modificación POT, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de planeación (SDP), Secretaria de ambiente (SDA), (2013), Las grandes polémicas sobre la modificación excepcional del POT (MEPOT), Bogotá, Alcaldía mayor de Bogotá.

Notas Las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático conllevan incorporar nuevas áreas como suelo de protección ambiental, aumentando la ronda de los humedales y deteniendo la construcción en los cerros; así mismo, implican desincentivar y controlar el asentamiento en áreas de amenaza por inundación y deslizamientos. En cuanto a la planeación urbana y la movilidad, la propuesta se orienta a articular ambas, de tal manera que se integren los sistemas de movilidad de la ciudad y se incentive la construcción de vivienda en los principales corredores viales, reduciéndose los niveles de congestión y facilitándose el acceso a un transporte más eficiente. Con respecto a la densificación urbana, se trata de incentivar la oferta y facilitar el acceso a vivienda de interés prioritario-VIP en las zonas centrales de Bogotá, haciéndose viable un mayor acceso a transporte y servicios urbanos, así como una mezcla de usos del suelo, desde lo residencial hasta las diversas modalidades de comercio, lo que garantizaría nuevas oportunidades a las familias de menores ingresos (Cadena; Merchan, 2013). 2 Para el caso de Bogotá, la estructura ecológica se refiere a la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio. Está compuesta por el Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, los parques urbanos y el área de manejo especial del río Bogotá. 1

Esta iniciativa despierta diferentes interrogantes. Algunos de ellos se refieren a la mezcla de usos, entendida como la proximidad de servicios y actividades económicas a la vivienda, así como la restricción o alejamiento de ciertos usos de alto impacto social y ambiental. Al respecto, usos referentes a la prostitución, encuentros sexuales concertados, expendio y consumo de alcohol, y actividad industrial, entre otros, deben estar ubicados en zonas especiales como lo expresa el decreto 364. Ello ha generado discusiones por cierta amplitud y ambigüedad en el lenguaje de la norma, cuando expresa que la actividad de la prostitución se podrá realizar en “áreas de actividad económica intensiva donde se permite la industria de alto impacto y en las vías de la malla vial arterial V-0 y V-1”, por ejemplo, la Autopista Norte, Las Américas y Avenida el Dorado, siempre y cuando estén al interior de centros comerciales especializados (Decreto 364, Art. 282, 2013). Vale la pena aclarar que estos centros estarían dedicados exclusivamente a prostitución y la norma diferencia éstos de los espacios destinados a encuentros sexuales concertados. Todos estos deben cumplir con condiciones como la no admisión de menores de edad, la no generación de impacto exterior a las edificaciones y el contener internamente servicios de salubridad.

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Esmad, arma letal El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Esmad en las pasadas protestas pone en discusión la misión de este Escuadrón. El derecho a la protesta se ve amenazado por las detenciones arbitrarias, la represión y las torturas. Por William Rozo* ciudadanos en las redes sociales. Facebook, Twitter y Youtube se convirtieron en los canales para demostrar los abusos de la fuerza del Esmad. Si bien la normatividad internacional en materia de derechos humanos, en

El gobierno nacional desplegó una fuerte campaña mediática con dos objetivos: en primer lugar, mostrar al Esmad como víctima de los manifestantes y, en segundo lugar, justificar la represión.

especial lo relacionado con el derecho fundamental a la protesta social, reconoce que “el rol de la policía es proteger los derechos y facilitar, más que frustrar, las manifestaciones; ellos deben ayudar a disolver la tensión y prevenir una peligrosa escalada de la situación” (Naciones Unidas, 2013), en Colombia la realidad es otra. Además de las detenciones y judicializaciones el gobierno nacional desplegó una fuerte campaña mediática con dos objetivos: en primer lugar, mostrar al Esmad como víctima de los manifestantes y, en segundo lugar, justificar la represión. Se criminalizó la protesta social y, a través de los medios masivos de comunicación se reforzó el imaginario

Foto: Archivo Cinep

urante el Paro Nacional Agrario entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre de 2013 la Policía nacional reportó la captura de 837 personas. El 23.3% de los capturados fueron menores de edad y el 57% de los capturados fueron “judicializados” por el delito de obstrucción a vías públicas. Igualmente la Policía Nacional reportó que 91 efectivos resultaron lesionados producto de los choques con los manifestantes en el mismo periodo del Paro Nacional (Policía, 2013). Tiempo después el país empezó a conocer información sobre la brutalidad policial en el marco del paro nacional a través de videos distribuidos por los

Foto: William Rozo Álvarez

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional estuvieron durante el Paro Nacional Agrario en Bogotá. En la foto Fuerza Disponible de la Policía Nacional en formación tipo fila antes de iniciar los disturbios sobre la carrera 7ª con calle 26. Bogotá, 29 de agosto de 2013.

sobre la necesidad de una fuerza que brindara seguridad, al menos así lo interpretó la represente a la Cámara por Bogotá, Angela María Robledo, cuando manifestó que “si la guerra me llega aquí, yo voy a seguir pidiendo seguridad (…) cuando hay un enorme temor, te vuelven un bebé de pecho, absolutamente interdependiente (…)”.

El Esmad es un ejército de guerra En Colombia la Policía Nacional creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en 1999 como una fuerza debidamente entrenada en el uso de armamento no letal y en el manejo adecuado de marchas, paros y en general todo lo relacionado con la atención de multitudes. Dicha fuerza policial y militar fue reglamentada por la Directiva transitoria número 0205 de febrero de 1999, de la Dirección de la Policía Nacional. Posteriormente, mediante resolución número 01363 del 14 de abril de 1999, el director

general de la Policía Nacional formalizó la actividad de esta unidad policial. Luego, el 5 de noviembre de 2009, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez expidió la resolución No. 03514 firmada por el entonces ministro de defensa nacional, Gabriel Silva Luján, y el director general de la policía nacional, Mayor General Oscar Adolfo Naranjo Trujillo. Dicha resolución recibió el nombre de Manual para el Servicio de Policía en Atención a Multitudes.

Se criminalizó la protesta social y, a través de los medios masivos de comunicación se reforzó el imaginario sobre la necesidad de una fuerza que brindara seguridad. Tres años después, mediante la Resolución 02686 del 31 de julio de 2012 firmada por el general José León Riaño fue

reglamentado el uso de armas de tipología “letalidad reducida”. Concretamente se dio vía libre a la utilización de gas pimienta y descargas eléctricas. Al revisar rápidamente el Manual para el Servicio de Policía en Atención a Multitudes que, entre otros, rige al Esmad, queda en evidencia que no se está cumpliendo con lo que se había comprometido este Escuadrón. Desde el primer capítulo incorpora todas y cada una de las normas internacionales en materia de Derechos Humanos (Policía Nacional, 2013): Comienza con el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General mediante Resolución No. 34/169, del 17 de diciembre de 1979, que no solo cita la norma, sino que hace un extenso comentario de cómo se debe aplicar; y concluye con un detallado manual de procedimientos para la atención, manejo y control de multitudes. En el papel es casi perfecto, ¿pero en las calles?

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Violaciones a los Derechos Humanos por móviles de abuso de autoridad presuntamente cometidos por la Policía Nacional de Colombia 250

200

Torturas

150

Heridos Detenciones arbitrarias

100

Ejecuciones extrajudiciales 50

0 2002

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2006

De acuerdo con el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas “los organizadores de la manifestación no deben ser considerados responsables por el comportamiento violento de otras personas. Por el contrario, la policía tiene el deber de remover a los individuos violentos del conglomerado con el fin de permitir a los manifestantes ejercer sus derechos básicos a reunirse y expresarse de forma pacífica”. No obstante lo anterior, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/Programa por la paz documentó, entre 2002 y 2012, 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por móviles de abuso de autoridad (CINEP/PPP, 2008, p. 16) presuntamente cometidas por integrantes de la Policía Nacional. Durante el mismo periodo y por el mismo móvil fueron documentados: 512 casos de detención arbitraria, 596 heridos y 73 casos de tortura.

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2007

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“Esta es la forma como Colombia ha enfrentado la protesta social, aquí se ha buscado desactivar el malestar social con total represión (…) Yo no siento que Colombia tenga una policía, tiene un ejército” expresó Robledo y recordó las primeras víctimas del Esmad: “Carlos Giovanni Blanco, un estudiante de medicina de la Universidad Nacional el 8 de noviembre de 2001; Jaime Acosta en la Universidad Industrial de Santander, en el 2002; Nicolás Neira en la protesta de mayo del 2005; Oscar Salas en el 2006 en la Universidad Distrital”. (Conozca más detalles en la entrevista a Ángela María Robledo).

Esta es la forma como Colombia ha enfrentado la protesta social, aquí se ha buscado desactivar el malestar social con total represión

Judicialización como arma de represión a la protesta social Un ejemplo concreto de la práctica de represión es el caso de la captura de los diez jóvenes estudiantes en Soacha que apoyaban de forma pacífica el Paro Nacional Agrario el día 29 de agosto de 2013. Jóvenes estudiantes de varias universidades públicas y privadas quisieron expresar su solidaridad con los campesinos en paro y terminaron detenidos arbitrariamente, además de ser torturados.

El abogado del caso Jorge Eliécer Molano Rodríguez, explicó las irregularidades en el proceso de captura y legalización de la captura por parte, de la Policía Nacional la Fiscalía y el juez de control de garantías. Según él se trató de detenciones basadas en la versión de los policías exclusivamente, “sobre esa base la Fiscalía, absurdamente, decide plantear audiencias de imputación de cargos por dos delitos: obstrucción de vía pública y violencia contra empleado oficial”. Y agrega: “No se acredita que la vía pública hubiera sido obstruida, tampoco se dice cuál fue el empleado oficial que sufrió violencia”. Molano hace una fuerte crítica al papel de la administración de justicia y dice que no solo hay un problema de arbitrariedad policial, sino arbitrariedad judicial. Para Molano el juez decide ordenar la detención y la medida de aseguramiento de estas diez personas —que permanecen 25 días privadas de la libertad— argumentando sobre una aberración jurídica y eso es “convertir en fundamento de culpabilidad el ser víctima de un crimen”, enfatizó. Los diez jóvenes judicializados y encarcelados de forma irregular, fueron víctimas de torturas, según el abogado

Molano hace una fuerte crítica al papel de la administración de justicia y dice que no solo hay un problema de arbitrariedad policial, sino arbitrariedad judicial. “ya privados de la libertad; ya bajo control de la Policía Nacional eran pateados y golpeados, pero además eran escupidos por el personal de la Policía Nacional”. Y agrega: “dentro de las celdas no tenían ningún tipo de ventilación. En celdas con capacidad para dos o tres personas había más de diez detenidos. La Policía Nacional esparció gases lacrimógenos al interior de las celdas con el propósito de ahogarlos y someterlos a asfixia”. (Conozca más detalles en la entrevista a Jorge Molano Rodríguez).

Este caso se suma a los 512 casos de detención arbitraria documentados por el Banco de Datos de DD.HH. y violencia política del CINEP/PPP entre 2002 y 2012 que demuestran que el Esmad no cumple con la función para la cual fue creado y sobre la cual está reglamentada su actividad, sino que se ha convertido en un actor que se impone a través de la fuerza. Para Angela María Robledo estamos viviendo en policía que es “vivir bajo control, vivir en un panóptico, donde tú acudes a la violencia física, a la muerte para imponer la tarea”. En este orden de ideas, surgen varias preocupaciones. ¿Es este el posconflicto del que habla el presidente Juan Manual Santos? En caso tal que el proceso de paz con las FARC-EP llegue a un buen término, ¿el gasto militar se va a enfocar en “armamento no letal” y “control de multitudes”? La función de la fuerza pública, de la Policía Nacional, y en especial del Esmad, es el “restablecimiento del orden”, es decir, ¿el injusto gobierno de unos pocos y la imposición de sus intereses económicos sobre las mayorías? Restablecer el actual “orden público” no es más que regresar a un escenario de violencia estructural y de negación de derechos.

Pancarta en apoyo al paro nacional agrario - Bogotá, agosto 29 de 2013. No. 80 | Septiembre - Noviembre 2013

* William Rozo

El caso de Angel Duván Ortiz Rodríguez

Investigador CINEP/Programa por la Paz. Equipo Banco de Datos de Derechos Humanos.

Angel Duván, es un joven de 18 años de edad, estudiante de segundo semestre de psicología de la Universidad Minuto de Dios (sede Soacha) que fue detenido arbitrariamente, torturado y encarcelado por 25 días porque decidió filmar con su teléfono móvil los atropellos que el Esmad estaba cometiendo en contra de los manifestantes.

Notas

(Conozca la historia completa en la entrevista a Angel Duván Ortíz Rodríguez).

No todos pierden en la protesta social Las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de armas, en este caso no letales, ganan mucho dinero. Entre 2003 y lo que va corrido de 2013, el Ministerio de Defensa ha invertido más de 95 mil millones de pesos en elementos de dotación para el Esmad. En este sentido el periodista Daniel Coronell denunció recientemente en su columna de opinión en la revista semana que “en el año 2007, se registraron 800 protestas en Colombia. El

26 de diciembre de ese año -en medio de las celebraciones de navidad y año nuevo- el gobierno de entonces firmó a través de la Policía Nacional un contrato con los representantes locales de Combined Systems por US $2.262.936” (Coronell, D. 2013) Y agregó el columnista: “Una de esas adiciones deja ver cuánto le cuesta cada disparo antimotines a los contribuyentes colombianos. Por cada granada de humo blanco pagamos $43.880. Cada cartucho de gas nos vale $27.183”

Gastos Escuadrón Móvil Anti Disturbios Vigencia

Mantenimiento de Vehículos

Adquisición de Vehículos

Elementos de Dotación

Valor Total

2003

265.316.467,35

3.242.818.959,00

3.508.135.426,35

2004

350.000.000,00

148.248.000,00

498.248.000,00

2005

450.000.000,00

82.799.640,00

1.644.904.076,54

2.117.703.716,54

2006

800.000.000,00

8.712.037.310,00

2.306.871.247,84

11.818.908.557,84

2007

1.200.000.000,00

1.420.939.880,24

2008

1.999.970.411,00

1.990.000.000,00

3.642.152.116,28

7.632.122.527,28

2009

2.000.000.000,00

14.849.116.864,00

10.437.175.144,03

27.286.342.008,03

2010

2.200.000.000,00

1.044.999.999,00

6.967.116.826,53

10.212.116.825,53

2011

2.400.000.000,00

800.931.034,00

2.423.927.694,13

5.624.858.728,13

2012

2.600.000.000,00

2.200.000.000,00

8.604.960.566,15

13.404.960.566,15

2013

3.000.000.000,00

652.000.000,00

6.945.383.949,00

10.597.656.725,00

Total

17.265.286.878,35

35.144.254.462,00

42.972.491.620,50

95.382.032.961,09

2.620.939.880,24

Fuente. Ministerio de Defensa Nacional, 21 de octubre de 2013 www.cinep.org.co

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Cien dĂas es la revista trimestral del CINEP/ Programa por la Paz en donde se analiza la coyuntura nacional desde la situaciĂłn de derechos humanos, los movimientos sociales y otros temas abordados por la

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