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ISSN 1853-8827

CUADERNOS del Ciesal

Revista de estudios multidisciplinarios sobre la cuestión social Año 13 / N° 15 / enero-diciembre 2016


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CUADERNOS del Ciesal

Revista de estudios multidisciplinarios sobre la cuestión social Año 13 / N° 15 / enero-diciembre 2016

JUVENTUDES EN AGENDA: TENSIONES Y DESAFÍOS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

IESAL Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos

Dr. Ricardo Falcón


ISSN 1853-8827

CUADERNOS del Ciesal

es una revista de periodicidad anual editada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos con sede en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (ISSN 18538827). Indexada en las bases bibliográficas de Latindex y Clase (Unam). Tiene como objetivo principal la difusión de la producción académica en Ciencias Sociales y Humanidades, promoviendo la reflexión crítica e interdisciplinar sobre temas convergentes a través de la publicación de producciones académicas inéditas, seleccionadas por un Comité Editorial con la colaboración de árbitros externos convocados especialmente para tal fin. Cuadernos del CIESAL is a yearly published journal, edited by the Interdisciplinary Center for Argentine and Latin American Social Studies based in the Faculty of Political Science and International Relations at Rosario National University (ISSN 1853-8827). Its main objective is the dissemination of academic production in Social Sciences and Humanities, promoting interdisciplinary and critical thinking on converging issues through the edition of unpublished academic studies, selected by an Editorial Committee in collaboration with external referees. DIRECTOR Ricardo Falcón (1990 - 2010) Gabriela Benetti (UNR - UNER) CONSEJO EDITORIAL Mario Glück (UNER - UNR) Alicia Megías (UNR) Alejandra Monserrat (UNR) María Luisa Múgica (UNR) Agustina Prieto (UNR) María Pía Martín (UNR) Oscar Videla (UNR) Luciano Andrenacci (UNSAM) Daniel Lvovich (UNGS)

CONSEJO ASESOR Diego Armus (Swarthmore College) Dora Barrancos (UBA) Marcelo Cavarozzi (UNSAM) Fernando Falappa (UNGS) Arturo Fernández (UBA) Hugo Quiroga (UNR) Eduardo Hourcade (UNR) Enrique Masés (UNCOMA) María Celia Bravo (UNT) Ana María Rigotti (UNR)

Indizado en:

DISEÑO GRÁFICO Eugenia Reboiro (eugenia.reboiro@yahoo.com.ar) Enviar correspondencia a: Gabriela Benetti Universidad Nacional de Rosario CIESAL (Facultad de Ciencia Política y RR. II.) Riobamba y Berutti / Monoblock 1 / Ciudad universitaria 2000 Rosario E-mail: ciesalunr@gmail.com

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DOSSIER Editorial

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Gabriela Benetti Introducción

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Pedro Núñez, Pablo Vommaro y Diego Beretta Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal

Manuel Fernández Gaete y Matías Ortiz Figueroa Algunas reflexiones sobre jóvenes, artes visuales y política

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Alejandra María Wyngard Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (20162020)

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Herwin Eduardo Cardona Quitián y Marlon David González Sapuy Del Código de Faltas al Código de Convivencia Ciudadana, algunas diferencias a la luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina)

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Mariana Jesica Lerchundi y Andrea Bonvillani Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011-2014)

Maite Cecilia Motter y Florencia Paz

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina

Valeria Chorny y Vilma Paura Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos?

Estefanía Otero Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015)

Horacio Roberto Sabarots Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad

Mayra Salazar Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo

Gimena de León y José Florito A 10 años de la Ley de Educación técnico profesional en Argentina: ¿Los egresados de escuelas técnicas se insertan mejor en el mercado de trabajo?

Mariana Lucía Sosa

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¿Nuevos recorridos en los espacios escolares? Las experiencias de jóvenes involucrados en proyectos educativos orientados a la producción de medios de comunicación. Análisis de casos en dos escuelas públicas de la ciudad de Córdoba

Verónica Plaza Schaefer

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La AUH en la escuela. Principios de acceso en el diseño y perfiles de percepción en la práctica: ¿Mérito, derecho o regalo?

280

Matilde Ambort En el contexto uruguayo, narrativas biográficas y lugares sociales de los y las jóvenes

Mabela Ruiz Barbot

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Contexto y kimün ancestral: La competencia de co-habitar la naturaleza desde la infancia para la pedagogía inicial

Alejandra Leal Ladrón de Guevara

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Editorial

El Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos presenta esta décimo quinta edición de la Revista “Cuadernos del Ciesal” dedicada al análisis del mundo de los jóvenes y lo hacemos a través de un esfuerzo colaborativo con el “Grupo de Estudio sobre Juventudes y Políticas de Juventud” de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y el “Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes” del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Esta decisión editorial responde a dos motivos. El primero, se vincula al objeto de reflexión de los artículos que componen el dossier: la Juventud. Ese Jano de dos caras: problema y promesa, nuevo sujeto peligroso o artífice de futuros promisorios. Esa categoría elusiva -de rango etario cambiante y contenido analítico variable- es, sin embargo, definición recurrente en el lenguaje académico y periodístico, englobando aquello que es necesariamente diverso. Porque, históricamente, los jóvenes, de todas las clases y en todas épocas, han ensayado formas distintivas de apropiación del espacio público, con normas y prácticas propias y, en una América Latina de fuertes contrastes, el estudio de sus juventudes nos brinda diferentes puertas de entrada para indagar en esa complejidad. El segundo motivo, remite a la forma en que entendemos el trabajo académico y la reflexión intelectual en el marco del Ciesal y que, consecuentemente se expresa en su Revista “Cuadernos”: construcción colectiva, diálogo interdisciplinar y expresión de pluralidad. Por ello, celebramos este diálogo que cristalizó en esta publicación que hoy presentamos porque es evidencia palpable de que es posible un hacer académico abierto y cooperativo.

Gabriela Benetti Directora Revista “Cuadernos del Ciesal”

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Dossier “Juventudes en agenda: tensiones y desafíos en el contexto latinoamericano” Pedro Núñez (CONICET-FLACSO-UBA), Pablo Vommaro (CONICETUBA-CLACSO) y Diego Beretta (UNR-UNL)

Introducción Es un gusto presentar el dossier “Juventudes en agenda: tensiones y desafíos en el contexto latinoamericano” que reúne quince trabajos de diferentes países de la región. Si bien son mayoría los estudios que analizan, desde diferentes perspectivas e intereses, los modos de vivir las condiciones juveniles en Argentina, el hecho de contar con trabajos de Colombia, Uruguay y Chile no sólo enriquece las problematizaciones acerca de diferentes temáticas de nuestras sociedades, sino que habilita la oportunidad de pensar en términos comparativos. Entendemos que este es uno de los principales aportes del dossier. Efectivamente, así como es plausible señalar que en las últimas dos décadas en los países latinoamericanos las y los jóvenes se encuentran en el centro de atención por parte de distintos actores, tanto gubernamentales como académicos y de la sociedad civil, uno de los grandes desafíos es el desarrollo de ámbitos de intercambio, debate y producción de investigaciones comparativas que permitan observar los diferentes ritmos, temporalidades y características que asumen las prácticas juveniles y los marcos institucionales en los cuales las juventudes despliegan sus vidas. El Dossier que integra este número incluye investigaciones en distintos circuitos y espacios (políticos, culturales, laborales, educativos, territoriales, digitales, entre otros), así como el análisis del impacto de las políticas públicas en sus trayectorias y en su cotidianeidad en un escenario en el cual, si bien la juventud se transformó en una causa pública (Vázquez, 2013) en paralelo cobraron preeminencia un conjunto de representaciones que a veces niegan o estigmatizan sus prácticas y otras enuncian a las juventudes como vulnerables o en riesgo, enfatizando en sus carencias y dificultades y en la necesidad de implementar políticas que se enfoquen sólo en la inclusión. Tensionando estas visiones, consideramos que las juventudes se producen, son producidas y producen, generando un heterogéneo elenco de construcciones problemáticas y definiciones sobre un aspecto recurrente: la cuestión juvenil. En definitiva, vivimos un proceso de disputas por los sentidos de lo que se considera un problema pú-

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blico (Aguilar Villanueva, 1993), en este caso, los modos de ser, estar y presentarse que construyen las juventudes en la región. De manera concomitante, durante estas décadas tuvieron lugar una serie de cambios sociales, políticos e institucionales que reconfiguraron la relación entre Estado y sociedad; y en este marco, dotaron de otros sentidos a las nociones y propuestas públicas hacia los jóvenes. El reconocimiento efectivo de las y los jóvenes como sujeto pleno de derechos y agentes activos del desarrollo supone transitar diversos y complejos caminos de intervención y gestión pública, dentro de los cuales activar espacios democráticos y participativos de reflexión, debate y decisión se constituye en una tarea urgente y fundamental. Asimismo, el contexto actual nos permite analizar la incidencia de estas políticas así como las tendencias que se vislumbran en relación a las experiencias juveniles y sus trayectorias y estilos de vida, tanto desde las impulsadas por las áreas específicas o sectoriales como desde otras agencias y concepciones transversales. Reconocemos con Ernesto Rodriguez (2011) que las políticas públicas de juventudes en América Latina en general y en Argentina en particular, vienen transitando en las últimas tres décadas por dos itinerarios paralelos. Por un lado, se consolidan las políticas sectoriales que continúan tendencias anteriores; al mismo tiempo se intentan diseñar e implementar políticas públicas de juventud integrales y transversales, aun en permanente construcción. Entendiendo a las juventudes como una construcción histórica, sociocultural, relacional y situada, se comprende que sus vivencias en las ciudades en América Latina se corresponden con distintos signos y analizadores de acuerdo a los momentos históricos que abordemos, sus entramados culturales, las dinámicas urbanas y las diversas perspectivas desde las que los enfocan las políticas públicas. Desde este marco, en este Dossier proponemos resignificar la mirada desde la cual se aborda a las juventudes en la Argentina y la región e identificar los límites que imponen determinadas estructuras para reconocer las heterogeneidades y diversidades de las juventudes, no en clave de fragmentación o carencia, sino en tanto sujetos con capacidad de agencia. Los trabajos que conforman este Dossier abordan diferentes temáticas, que podemos agrupar en tres ejes: 1) Trabajos que abordan las relaciones entre participación, militancias y movimientos sociales, en algunos casos abrevando en estudios más clásicos desde la acción colectiva, en otros incorporando una lectura sobre las modalidades emergentes a través de las cuales las y los jóvenes expresan sus compromisos públicos y sus capacidades asociativas, así como avanzando en las dinámicas generacionales a partir de las cuales comprender conflictos sociales más amplios, sin perder de vista las relaciones entre los procesos de politización juveniles, las políticas públicas y las instituciones estatales. 2) Estudios de políticas públicas, que se subdividen entre aquellos que prestan atención a las de prevención de las violencias y el rol de las instituciones tradicionales y tutelares; y las que observan sus marcos institucionales, prestando atención a las leyes y los ámbitos desde donde se aplican. 3) Investigaciones que se interrogan por los sentidos y experiencias en el sistema educativo, especialmente en la escuela media.

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Si bien planteamos estos ejes como organizadores de la discusión, es factible pensar en cruces entre las temáticas abordadas, particularmente en el caso de los estudios que indagan en la aplicación de programas en el sistema educativo, dando cuenta de interrelaciones, tensiones y entre agencias estatales y configuraciones políticas juveniles. Agrupamos cinco estudios en el primer eje que, si bien son heterogéneos, comparten la pregunta por las modalidades de participación y organización políticas juveniles en diferentes ámbitos y temporalidades. Partiendo de la pregunta acerca de las formas de expresión política juvenil en el Chile de la posdictadura y el neoliberalismo, el artículo de Manuel Fernández Gaete y Matías Ortiz Figueroa indaga en las formas de militancia de la juventud del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización política chilena que actuó entre fines de los años sesentas y la primera mitad de los años setentas. Desde una perspectiva que se reconoce como parte de la denominada Historia reciente, realizando una interesante revisión historiográfica y tensionando las relaciones entre tradiciones y experiencias que las actualizan, este trabajo busca identificar las distintas formas históricas en las que las diversas generaciones han procesado y producido acciones políticas centrándose en sus expresiones en el Chile actual y enfocando en las tendencias políticas consideradas revolucionarias. Asimismo, entre las múltiples dimensiones de los procesos políticos juveniles, los autores se concentran en comprender las complejas modalidades en las que las culturas políticas del pasado se proyectan, no sin tensiones, en el presente. Desnaturalizan de esta manera los abordajes que enfatizan en la novedad de las expresiones políticas juveniles, pensando en las maneras en las que éstas recuperan y actualizan experiencias del pasado. El segundo artículo, elaborado por Alejandra Wyngard, presenta un estudio acerca de las formas de participación, interacción y las disputas por el espacio público que experimentan jóvenes de la provincia de Tucumán (Argentina), especialmente los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Se trata de un trabajo acerca de las formas de participación de jóvenes estudiantes universitarios (temática que se ha revisitado en los últimos años), que se propone identificar las singularidades de las producciones políticas entre quienes estudian Artes, lo que lleva a la autora a incorporar dimensiones como el compromiso con la obra, las posturas frente al mercado de arte y las relaciones con el medio cultural para explorar las tensiones entre autoría individual de una obra de arte y compromiso político colectivo. El artículo recupera una perspectiva generacional y diacrónica que permite, aunque a veces sea necesario incluir matices y singularizaciones, recorrer las diferentes formas de politización juveniles vinculadas a la producción artística, incluyendo aspectos afectivos, intelectuales y comunicativos, para trazar continuidades y transformaciones que permitan identificar rasgos comunes y elementos divergentes. Sin perder su mirada situada, este texto permite distinguir algunos rasgos que podrían ser más generales y distintivos de los procesos de politización juvenil en los últimos años. Realizar un estado de la cuestión acerca de las políticas públicas de juventud en la región del Sumapaz (Colombia) a partir de la revisión de las propuestas de los diferentes candidatos a las alcaldías municipales es el objetivo del artículo producido por Herwin Eduardo Cardona Quitián y Marlon Da-

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vid Gonzalez Sapuy. De esta manera, los autores buscan relacionar las realidades de las juventudes de esa región –caracterizada como rural- con las políticas públicas formuladas o prometidas para ellas, articulando dimensiones locales y nacionales. El trabajo busca problematizar los conceptos y metodologías a partir de los cuales se producen los acercamientos a los denominados jóvenes rurales, entendiendo las características actuales de la ruralidad colombiana a partir de los rasgos de sus juventudes. Asimismo, basado en un importante trabajo empírico, el texto avanza en una tipología de políticas públicas de juventud a nivel local relacionándola con los principales problemas que las y los jóvenes experimentan en la zona de estudio. La experiencia de la Marcha de la Gorra que se desarrolla en la ciudad de Córdoba (Argentina) y las políticas de punición, criminalización y estigmatización hacia ciertos jóvenes caracterizados como peligrosos, que justamente la Marcha viene a denunciar y visibilizar, son los temas del cuarto artículo de este eje. Basadas en un gran trabajo empírico, Mariana Lerchundi y Andrea Bonvillani realizan un acercamiento a la Marcha de la Gorra en tanto espacio para visibilizar y denunciar temas silenciados e ignorados por la sociedad cordobesa, así como ámbito de lucha para contrarrestar los estigmas y segregaciones que experimentan los jóvenes populares cordobeses. Tomando como casos la reforma del Código de Faltas de la Ciudad de Córdoba y su transformación en Código de Convivencia Ciudadana, este trabajo también se propone analizar las maneras en las que las acciones políticas y la ocupación de espacios públicos por parte de las juventudes tensionan también las políticas públicas y los imaginarios sociales que se construyen sobre ellos. El quinto artículo de este eje fue elaborado por Maite Cecilia Motter y Florencia Paz y emprende una mirada comparativa acerca de las movilizaciones juveniles producidas en coyunturas de elecciones presidenciales en Uruguay y Chile. Partiendo de situaciones políticas y estructuras sociales bien diferentes, pero compartiendo rasgos sociales que hablan de juventudes movilizadas y un sistema de partidos más o menos estable, el trabajo aborda las movilizaciones en torno a la reforma del sistema educativo en Chile, mientras que en Uruguay se ocupa de las acciones colectivas organizadas en el marco del llamado a consulta popular para bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años. Las autoras proponen que estos temas ingresaron a la agenda electoral empujados por las movilizaciones juveniles que articulan formas políticas emergentes con elementos tradicionales. Así, las relaciones entre las juventudes y los partidos políticos y las construcciones identitarias juveniles son las dos dimensiones sobre las que se enfoca este trabajo que, sin omitir las singularidades, avanza en identificar elementos comunes que pueden permitir una compresión no solo comparativa, sino también regional, de los procesos de politización generacionales vinculados a los partidos políticos y el régimen electoral. En cuanto al segundo tópico, presentamos cinco trabajos que si bien tienen como eje común las políticas públicas, las lentes o perspectivas para su análisis varían en torno a las estrategias de investigación implementadas. En los trabajos de este eje ronda siempre la pregunta acerca de cómo se caracteriza el proceso de estructuración de políticas públicas. Los distintos análisis intentan demostrar cómo las políticas presentadas son el resultado de la vinculación entre la conceptualización de las y los jóvenes y sus problemas, y el contexto político, histórico, social e ideológico. En definitiva, los artículos indagan en cómo las “juventudes” son disputadas.

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En este sentido, recuperamos la idea de Scartascini et al (2011) que “las políticas públicas no son simplemente objetos de elección para un planificador social que intenta maximizar el bienestar de la población. Más bien, las políticas públicas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una multiplicidad de actores políticos que interactúan en una variedad de escenarios”. En definitiva, estos trabajos aportan a pensar el Estado (tanto a nivel nacional como subnacional), y a sus diversas agencias o instituciones, en acción en torno a una cuestión socialmente problematizada, la cuestión juvenil. Como sostiene Oszlak y O’Donnell (1995) “el estudio de políticas estatales ayuda a desagregar y “poner en movimiento” a un Estado y a actores (clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos, eventualmente individuos).” ¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina de Valeria Chorny y Vilma Paura, se propone el reconocimiento y análisis de las representaciones y discursos de los responsables de áreas de política pública de juventudes de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe, sugiriendo que estas expresiones representan una síntesis de las representaciones y acciones que desarrollan en los ámbitos gubernamentales. Por su parte, Estefanía Otero en su artículo “Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos?, analiza un conjunto de leyes emanadas del congreso nacional pero siempre teniendo en cuenta como dimensión de análisis el contexto socio político del país. La pregunta que guía el trabajo es si estas políticas (leyes) tuvieron el propósito de consolidar en los jóvenes la figura de sujetos de derecho o si tuvieron la intención de responder a demandas de un sector particular. En este sentido, la autora interpreta que las políticas destinadas a los jóvenes durante los años 2012 y 2013 fueron el fruto de un gobierno nacional decidido a promover la participación política (en sentido amplio) de los jóvenes, permitiendo de esta manera aprobar con cierta facilidad las leyes analizadas, y que además contó con un gran respaldo de la militancia estudiantil expresada en movilizaciones como en “tomas” de escuelas. Desde otra perspectiva, Horacio Sabarots nos presenta un artículo donde analiza las trayectorias institucionales de dos jóvenes, a partir de la recuperación de la historia de vida. El trabajo denominado “Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015), busca comparar historias de vida para identificar denominadores comunes en cuanto a marcas emocionales y en los cuerpos, que en cada trayectoria vital se “dejan ver” una vez superada la intervención institucional y cómo impactan en su vida cotidiana reiniciada “puertas afuera”. Se recupera del trabajo una descripción precisa de los avatares, emociones y vivencias de violencia en las trayectorias institucionales, que nos permite revisar críticamente las estrategias de intervención con jóvenes en este tipo de organismos estatales tutelares. También recuperando trayectorias institucionales, Mayra Salazar presenta su trabajo “Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad”, en el cuál realiza un interesante análisis problematizando la dimensión moral de la relación institución-familia-joven

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en torno a la experiencia de la tutela estatal y las diversas sensibilidades morales que ésta activa. Para ello, el punto de partida es la presentación de una historia de vida que recorre la trayectoria institucional un joven, ex residente de un Hogar Convivencial para adolescentes varones, a quien luego de un acontecimiento conflictivo la institución decide egresar tras una prolongada residencia. De esta manera, recuperamos las indagaciones acerca de pensar la institucionalización como estrategia estatal de intervención con jóvenes, y la noción de responsabilidad como categoría controversial. Categoría que se torna recurrente al momento de considerar prácticas legítimas para el ejercicio de la protección y la crianza de un niño. Como señala la autora, ”se presenta como categoría que articula un lenguaje moral compuesto por un conjunto de perspectivas morales en tensión – con sentidos diferentes, opuestos y complementarios – mediante las cual los actores acusan, demandan, asumen y también buscan legitimar su posición y sus acciones, por lo que se revela como categoría dinámica y situacional que asume diversos sentidos en función de las circunstancias de enunciación y las valoraciones que los actores sostienen respecto de las prácticas de cuidado de las personas menores de edad en situación de tutela estatal” El trabajo que cierra este eje es “Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: el cuidado como riesgo”, realizado por Gimena de León y José Florito. Los autores parten del supuesto que el cuidado no ha sido incluido como uno de los riesgos en la producción del bienestar, a pesar que reconocen la ampliación en la cobertura e inversión de los sistemas de protección social en América Latina. En este sentido, el artículo argumente que esto vulnera los derechos de las mujeres, especialmente de las jóvenes, generando mayores obstáculos para la inserción en el sistema educativo y el mercado formal de trabajo. De tal modo, afirmar que la incorporación del cuidado como riesgo en el diseño de políticas públicas permitiría desfamiliarizar las necesidades de cuidado, permitiendo mayores posibilidades de protección social a los jóvenes en general, y a las jóvenes en particular. En definitiva, según los autores la oferta de políticas de tiempo, servicios y dinero es insuficiente, fragmentada, segmentada y de calidad heterogénea. Esto impacta fundamentalmente en las mujeres jóvenes de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, reforzando mecanismos adaptativos que contribuyen a la pobreza de ingresos y de tiempo. Finalmente, el tercer eje reúne cinco trabajos, tres de ellos que exploran específicamente los procesos en el espacio escolar y otros dos que, si bien no están situados en ámbitos educativos, permiten pensar a la distancia el impacto de las trayectorias educativas en las biografías juveniles. Este tipo de trabajos permite iluminar diferentes aspectos de la experiencia escolar juvenil, en un contexto de expansión de la cobertura del nivel medio pero en el que surgen otros sentidos y expectativas en relación a la escolarización. Asimismo, existen formas de articulación entre el mundo educativo y el laboral que se plantean como una disyunción, producto de una tensión entre las tendencias incluyentes de la escolaridad y las de signo excluyente del mercado laboral, que se presentan en varios planos (Kessler, 2010). Estos estudios indagan en la condición de inactividad laboral y educativa se encuentra relacionada al desarrollo de actividades vinculadas con la maternidad y/o el cuidado de familiares, tal como señalaron informes recientes en la Provincia de Buenos Aires (CIPPEC, 2014) y como estudió Saraví (2002) años atrás con la intención de problematizar en torno a la categoría NI-NI para analizar

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con mayor complejidad estos procesos, resaltando la heterogeneidad existente al interior grupo del que se habla como una totalidad homogénea y compacta. El trabajo de Mariana Lucía Sosa “A 10 años de la Ley de Educación técnico profesional en Argentina: ¿Los egresados de escuelas técnicas se insertan mejor en el mercado de trabajo? realiza el ejercicio de indagar en la siempre compleja relación escuela-mercado de trabajo. El artículo tiene la virtud de presentar una caracterización de la situación del mercado de trabajo post 2001/2003 en el cual si bien mejoran varios indicadores persiste el lugar deteriorado del empleo joven frente al empleo de adultos, pero da cuenta del conjunto de transformaciones normativas y curriculares que tuvieron lugar en la educación secundaria que revitalizaron el lugar de la modalidad técnica En su estudio analiza las formas de inserción laboral y educativa de jóvenes egresados de escuelas de educación técnica en comparación con la inserción de jóvenes de otras modalidades del nivel secundario, utilizando series encuestas del INET y la EPH del INDEC para señalar algunas diferencias en cuanto a la mayores posibilidad de continuar estudiando alguna carrera de nivel superior de los primeros. Si bien el estudio no encuentra diferencias significativas en relación a los niveles de desocupación, sí advierte algunas lees en relación a la calidad del empleo que acceden quienes estudiando en modalidad técnica además de problematizar sobre la condición de actividad y brindar nuevas perspectivas para desagregar el universo de jóvenes que suele caracterizarse como NI-NI (No estudia ni trabaja) dando cuenta de la variable sexo como central, siendo las mujeres quienes representan los valores más altos. Por su parte, el artículo “¿Nuevos recorridos en los espacios escolares? Las experiencias de jóvenes involucrados en proyectos educativos orientados a la producción de medios de comunicación. Análisis de casos en dos escuelas públicas de la ciudad de Córdoba” de Verónica Plaza Schaefer describe las experiencias de grupos de jóvenes de escuelas medias que de la realización de una revista escolar y de una producción audiovisual El estudio busca problematizar en torno a la tajante separación entre “lo juvenil” y “lo escolar” para dar cuenta de la heterogeneidad de formas de ser joven así como de los diferentes modos de transitar la experiencia escolar. El trabajo permite observar los modos de apropiación y uso de las tecnologías digitales por parte de los jóvenes y cómo permiten el registro y la posibilidad de ver lo que se registra de manera inmediata, incorporando un cambio en la temporalidad a la cual la escuela está acostumbrada. A diferencia de la opinión de los docentes, para los jóvenes la posibilidad de grabar, mirar, corregir y volver a grabar lejos de ser caótica le imprime aspectos significativas a sus prácticas escolares donde emergen otras formas de trabajo con las tecnologías. En línea con estos trabajos, pero también en diálogo con los estudios sobre las políticas públicas, el artículo de Matilde Ambort “La AUH en la escuela. Principios de acceso en el diseño y perfiles de percepción en la práctica: ¿Mérito, derecho o regalo?” brinda nuevos elementos para explorar el impacto de este programa así como da cuenta de las percepciones de los sujetos. Su investigación indaga en los posicionamientos, percepciones y apreciaciones de agentes escolares de escuelas de la Provincia de Córdoba, explicitando las tensiones entre la idea de derecho asociados a la misma y de beneficiarios de un plan. El trabajo es sumamente relevante para comprender las caracterizaciones y miradas del personal docente sobre quienes reciben la AUH así como enfatiza en el señalamiento que hacen sobre la voluntad individual como causa explicativa de la situación socioeconómica de las familias, desvinculándola de las condiciones socia-

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les y económicas. Finalmente, un punto central de su trabajo focaliza en las tensiones entre lo que la propia normativa indica y aquellos que los agentes escolares esperan de quienes perciben el programa, traducido en términos de mayor compromiso con el estudio, respeto de los horarios y mejora en el rendimiento escolar, dando cuenta de que las prácticas cotidianas de los agentes involucrados pueden funcionar como habilitantes o limitantes del acceso a la garantía de derechos y prestaciones estatales. Por último, incluimos en este eje el trabajo de Mabela Ruiz Barbot “En el contexto uruguayo, narrativas biográficas y lugares sociales de los y las jóvenes” y el de Alejandra Leal Ladrón de Guevara “Contexto y kimün ancestral: La competencia de co-habitar la naturaleza desde la infancia para la pedagogía inicial” porque, si bien no son sobre sistema educativo el primero presenta un contexto en el cual las profundización de las desigualdades sociales y la producción de experiencias vitales transformó las construcción de las biografías juveniles mientras que el segundo permite pensar la intercorporalidad y la importancia de la relación con la naturaleza para la pedagogía. En el artículo de Mabela Ruiz Bartot, la autora se interroga por cómo se narran los jóvenes montevideanos en un contexto donde instituciones el Estado, la familia, la escuela y el trabajo, ya no marcan simbólicamente el lugar social de los y las jóvenes en la transición a la vida adulta. A partir de un abordaje situado en un enfoque biográfico-narrativo donde realizó entrevistas individuales en profundidad y entrevistas grupales el trabajo revisa cómo los y las jóvenes ponen en sentido sus experiencias vitales, y qué valor le atribuyen a la “juventud”. En su trabajo presenta tres tipos narrativos: un lugar político-naturalizado, un lugar político-paródico y un lugar político-alterado; lo que le permite problematizar en la manera en que los estudios socio-demográficos sobre juventudes en Uruguay trataron el tema de las trayectorias vitales de los y las jóvenes, la relación entre la norma social e institucional y la posición que ocupa el sujeto. Por su parte, el trabajo de Alejandra Leal Ladrón de Guevara aporta elementos para repensar la noción de integración y la relación con lo que nos rodea, entendiendo a la infancia como la instancia cuando se inicia el cohabitar del kimün ancestral, entre abuelos y nietos, padres e hijos, entre la comunidad y la naturaleza. En definitiva, esperamos que este Dossier contribuya a reflexionar acerca de las distintas formas en que las juventudes son construidas y producidas, a partir de sus nociones, abordajes y problemáticas, tanto desde el estudio de la institucionalidad pública en temas de juventud como en el ejercicio de lo que podemos denominar ciudadanía joven. Asimismo, pensamos que los trabajos aquí presentados aportarán también a pensar las movilizaciones juveniles habitando y disputando los espacios públicos, las expresiones de las y los jóvenes como actores sociales en los territorios materiales y simbólicos, su incidencia en las políticas públicas y sus formas de producir diversas grupalidades con improntas generacionales singulares. Asimismo, esperamos que este tipo de espacios tengan continuidad para seguir construyendo ámbitos de encuentro e intercambios y para promover tanto investigaciones conjuntas entre países de la región, como otras que indaguen en problemáticas similares de manera comparativa. No queda más que augurar que disfruten y aprovechen la lectura de los textos que compartimos con ustedes y agradecer la posibilidad del trabajo colaborativo entre el Grupo de Estudio sobre Ju-

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ventudes y Políticas de Juventud del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y el Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

Referencias bibliográficas: Aguilar Villanueva, Luis F. (1993) Problemas públicos y agenda de gobierno, México. Porrúa Grupo Editorial. Cippec (2014) Documento de Políticas públicas. Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina, elaborado por Repetto, Fabián y Díaz Langou, Gala, Buenos Aires, agosto de 2014. Kessler, Gabriel (2010) La disyunción educación-trabajo en el Mercosur. Coincidencias y diferencias entre jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Propuesta Educativa Número 34 – Año 19 – Nov. 2010 – Vol 2. - Págs. 53 a 64 – Disponible en http://propuestaeducativa.flacso.org.ar/archivos/ dossier_articulos/45.pdf Oszlak, Oscar y Guillermo O´Donnell (1995) “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación”. En JGM, Lecturas (http://www.jgm.gov.ar/archivos/pme/publicaciones/libro_acuna.pdf ). Rodríguez, Ernesto (2011) Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la construcción de respuestas integradas. Presentado en el Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina (San Salvador, 11 y 12 de julio) organizado por la UNESCO. Saravi, Gonzalo (2004) “Segregación urbana y espacio público, los jóvenes en enclaves de pobreza estructural”, en Revista de la CEPAL, Nº 83, agosto, Santiago de Chile, CEPAL. Scartascini, Carlos; Pablo Spiller; Ernesto Stein; Mariano Tommasi (2011) “¿Cómo se juega en América Latina? Instituciones políticas, procesos de negociación y políticas públicas”; en Scartascini, Carlos, Pablo Spiller, Ernesto Stein, Mariano Tommasi, eds., (2011). El juego político en América Latina. ¿Cómo se deciden las políticas públicas?, Washington, BID Vázquez, Melina (2013) “En torno a la construcción de la juventud como causa pública durante el kirchnerismo: principios de adhesión, participación y reconocimiento”, en Revista Argentina de Juventud, Universidad Nacional de La Plata, Vol. 1, Nro 7. ISSN 1852-4907.

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Con todas las fuerzas de la historia.1 Privatizaciones. Rol del sindicalismo Identidades políticas y militancias Caso Foetra en lasanalizado: lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Manuel * y RR.II. FacultadFernández de CienciaGaete Política Escuela U.N.R. de Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano manray13@gmail.com Matías Ortiz Figueroa ** Universidad de Santiago de Chile mati.ortiz.f@gmail.com

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Manuel Fernández Gaete - Matías Ortiz Figueroa

Resumen

La investigación tiene como objeto el análisis y la comprensión de las formas en que un segmento de la juventud chilena actual recoge las tradiciones políticas revolucionarias del denominado “mirismo histórico”, aquel que se constituye entre 1965 y 1973, configurando en este ejercicio su propia identidad política. El artículo presenta un esbozo de los resultados de una investigación de más largo aliento, que se adentra en las distintas formas en que las generaciones han procesado y producido cultura política revolucionaria en el Chile actual. En esta presentación se describe cómo se percibe, en el presente y por los jóvenes acá estudiados, el “legado político” de una organización de un pasado-presente, el que configura y reconfigura una tradición de lucha política y proyecto histórico-revolucionario. Para ello se trabajó con bibliografía pertinente, documentos orgánicos y entrevistas a los protagonistas. Palabras claves: identidad, militancia, juventudes, mirismo histórico

Abstract

The objective of the research project is the analysis and comprehension of the ways in which a segment of the current Chilean youth gather the political revolutionary traditions, called mirismo histórico, which existed between 1965 and 1973, configuring in this exercise their own political identity. The article presents an outline of the results of a long-term research project, which explores the different ways in which the generations have processed and produced revolutionary political culture in present-day Chile. This presentation describes how, in the present and by young people educated here, the “political legacy” of an organization of a past-present is perceived, which configures and reconfigures a tradition of political struggle and historical-revolutionary projects. For this, a pertinent bibliography, organic documents, and interviews with protagonists were utilized. Keywords: identity, militancy, youth, historical MIRism

Manuel Fernández Gaete - Matías Ortiz Figueroa, “Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 17-41.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal Desde la Historia a las luchas políticas actuales: esbozos sobre las categorías analíticas y la cultura mirista.1 1)

La compleja postdictadura chilena se desarrolló sobre la base de una prescindencia de lo social. Ejércitos de tecnócratas y políticos profesionales transformaron el debate y la deliberación en un nicho propio de expertos, postergando a quienes durante el ciclo final de la dictadura pinochetista se habían constituido en actores y por tanto en una “amenaza” a la “transición pactada”. Lo anterior va estructurando un escenario en la cual sujetos y actores sociales pierden su condición de ciudadanía y adquieren estatuto de consumidores, mientras los políticos profesionales adquieren estatus de expertos2. Pero el ciclo que corre a partir del año 2011 (agudizado por el período pre y post crisis del patrón de acumulación neoliberal) trae de regreso, por la vía de la rearticulación de la demanda sectorial y la re-articulación política, al movimiento estudiantil y a diversos referentes sociales (ambientalistas, gremios de diversas ramas de la producción y servicios, etc.). Esta presencia llena de conflictividad se toma la calle, la agenda política y se transforma en una espina clavada en el pacto postdictatorial de empresarios, políticos e intelectuales, quienes ven la reemergencia de un antiguo fantasma que pone en suspenso la fiesta neoliberal cultivada a partir del proyecto pinochetista administrado por la Concertación de Partidos por la Democracia y supervigilado con celo por los “poderes fácticos”3. En aquel escenario rescatamos la presencia de algunas organizaciones de jóvenes estudiantes, quienes en sus comunicados y proclamas levantan “banderas rojinegras”, como homenaje a otros tiempos, a otras historias. En una de ellas, titulada “Desde la historia a la Historia, retomamos las banderas del FER”, se proponían “re-fundar” una organización que había visto su esplendor en las postrimerías de la década de los sesenta e inicios de la de los setentas. En efecto, con tono enérgico, apelando a la pauperización de la izquierda en Chile, el grupo definía que el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), nacido hace más de treinta años, y la política levantada por esta agrupación, eran profundamente actuales y gozaban de plena vigencia. El contexto chileno y de la izquierda era idóneo y así lo definían: 1. El título del trabajo refiere al discurso pronunciado por el Secretario General del MIR, Miguel Enríquez Espinoza, en el “Teatro Caupolicán”, en Santiago de Chile el 17 de julio de 1973, el que finaliza señalando “Compañeros: el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile: ¡adelante con todas las fuerzas! ¡adelante con todas las fuerzas de la historia!”. Publicado en El Rebelde, Nº 91. Julio de 1973. Disponible online en www.cedema.org. El audio completo se encuentra disponible en el link: https://www.youtube.com/watch?v=Cj5XJGYTcWc revisado por última vez en junio del 2015. * Dr. en Estudios Americanos mención en Historia (IDEA-USACH). Director Escuela de Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Correo electrónico: manray13@gmail.com ** Maestrando en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Correo electrónico: mati.ortiz.f@gmail.com 2.  Ver al respecto Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, Santiago de Chile, 2002, (Tomo I); Tomás Moulian, Chile actual anatomía de un mito. LOM, Santiago de Chile, 2002. 3. Manuel Fernández, “Los intelectuales de izquierda y la construcción de un imaginario revolucionario para Chile y América Latina. La revista Punto Final entre 1965-1973”. En: Revista Tiempo Histórico, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Andros, Santiago, 2011.

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En el periodo en el que estamos viviendo donde existe una atomización y dispersión de las organizaciones de Izquierda Revolucionaria se hace muy difícil levantar organizaciones de carácter revolucionario, que sean un verdadero aporte al movimiento popular y que presenten una propuesta clara y coherente. Es por esto que asumimos un doble compromiso donde además de levantar un referente organizativo de estudiantes revolucionarios, trabajemos día a día para consolidar una organización que sea capaz de catalizar las demandas del pueblo en hechos concretos4. En un sentido muy similar, otro grupo de jóvenes de izquierda se organizaba para volver a levantar las banderas del Movimiento Universitario de Izquierda (MUI), el cual también había visto su época de nacimiento y esplendor en los años sesenta y setentas del siglo pasado. Así, en un “Documento de Base” del año 2011, los y las jóvenes allí reunidos, planteaban a sus compañeros las razones de la reivindicación de la pretérita organización y la forma en que ella debía constituirse en el presente: Los estudiantes identificados con la Izquierda Revolucionaria, han decidido reconstruir un referente histórico, con una fuerte tradición de lucha, en miras a contribuir al desarrollo del movimiento estudiantil y la liberación de nuestro pueblo. Es así, como retomamos las banderas del Movimiento Universitario de Izquierda […] Necesitamos forjar un movimiento estudiantil que no titubee en su lucha por la recuperación de la Educación Pública; dirigentes sin temores y sin compromisos con los partidos políticos tradicionales5. La refundación de una tradición política está enmarcada, entre otros aspectos que se desprenden del documento, en el contexto epocal y la crisis de representatividad de los partidos de izquierda “tradicional”. Las demandas de los estudiantes secundarios sus consignas y banderas expuestas en diversas universidades chilenas, nos remiten a un “pasado revolucionario” presente en nuestro país, particularmente de las décadas de los sesentas y setentas, representado fundamentalmente por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)6, el cual lejos de pasar inadvertido por las actuales generaciones de jóvenes descontentos, se transforma en una herramienta que les permite proyectarse políticamente en su propio presente en un dialogo incesante con el futuro. Lo anterior, sin embargo, resulta paradójicamente problemático. Hoy, a cincuenta y un años de aquel 14 y 15 de agosto de 19657, después de un largo periodo de represión, clandestinidad y muerte protagonizado por militantes del MIR al instalarse la Dictadura Militar chilena y de la dispersión (cuando no disolución política) en tres facciones, resulta evidente, al menos en una primera impresión, una verdad pocas veces asumida: el proyecto político emprendido por el MIR en sus años fundacionales, 4. “Desde la historia a la Historia, retomamos las banderas del FER”. Disponible online en: http://www.cctt.cl/correo/ index.php?option=com_content&view=article&id=2030:chile-refundan-el-frente-de-estudianes-revolucionariosfer&catid=22&Itemid=57 . Revisada por última vez el 30 de marzo del 2014. 5.  “Documento de Base”, Movimiento Universitario de Izquierda, 2011 p. 1. Archivo Personal. 6. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� El MIR es el primer grupo político que irrumpe como ejemplo de la Nueva Izquierda Latinoamericana en chile, erigiendo la lucha armada como camino idóneo para la construcción del socialismo y separándose en ese sentido de la llamada izquierda reformista. Para un análisis detallado revisar el trabajo de Matías Ortiz Figueroa. Cada día es continuar. Identidad y política en el MIR. 1965-1970. Ediciones Escaparate, Concepción, 2014. 7.  Fecha de la fundación del MIR.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal lejos de llevarse a cabo, terminó desarticulándose, pauperizándose y en los casos más extremos (y no pocos) exterminándose. Así, resulta aún más paradójico que jóvenes de diversos sectores y articulados en diferentes referentes políticos, aún levanten banderas y consignas de la época, denotándose la puesta en escena de agrupaciones que no solo erigen “patrones culturales” (como banderas, eslóganes, símbolos o colores), sino que apropiándose de códigos actitudinales, re-crean y re-significan identidades políticas de antaño, valorando continuidades y cambios materiales y simbólicos e incorporándolos en su praxis actual. ¿De qué forma la mirada historiográfica puede aproximar explicaciones sobre lo actual de estas culturas políticas? ¿Es acaso lo histórico una mirada que trascienda las generaciones? Estas preguntas que pueden aparecer como en desuso, dado el avance de la propia disciplina historiográfica y los debates que ella ha enfrentado durante los últimos ochenta años, adquiere una inusitada actualidad cuando la historiografía latinoamericana ha insertado la historia del continente en los procesos globales. Por ello el problema planteado nos obliga a pensar en los conceptos de Memoria e Historia Reciente y sus implicaciones en la construcción de “nuevas” identidades políticas. Esta concepción historiográfica, de no muy larga data, ha gozado ya de bastantes sistematizaciones y discusiones. Ella, guarda relación con actores, hechos y procesos traumáticos-inacabados, no extrañando que la sucesión de masacres ocurridas durante el siglo XX, la crisis del capitalismo occidental o la caída de los llamados “socialismos reales”, hayan tenido influencia en la forma en que las sociedades interpelan su pasado reciente, exigiendo su conocimiento, para proyectar su presente y futuro8. De igual modo, el giro historiográfico hacia perspectivas que sitúan las narrativas personales y las subjetividades en un punto esencial para la comprensión del desenvolvimiento social, permiten que este campo se levante y adopte una perspectiva propia y sólida9. La Historia Reciente, así, se configura como una corriente que nacida desde coyunturas traumáticas, apunta hacia la recuperación de lo vivido, pensándolo desde prismas cercanos a lo reciente de la experiencia de quienes la viven (e incluso de quienes la escriben) pero asumiéndose desde una perspectiva histórica, esto es, asumiendo las coyunturas actuales, pensando el presente y sus luchas, en relación con la continuidad y la ruptura histórica, incorporando a los sujetos y actores, presentes y pasados, y sus dimensiones estructurales, trabajando en un nivel crítico los documentos, las memorias, los testimonios, las imagenes, etc. En ese sentido, los trabajos sobre la Historia Reciente apuntan en su mayoría a una preocupación sobre el pasado vivo de una sociedad, uno que construye un “futuropasado”, como lo ha nominado el historiador alemán Reinhart Koselleck10. Anne Pérotin-Dumon lo ve con precisión: “[…] ese pasado no sólo vive en los recuerdos íntimos y en la memoria de círculos restringidos sino que es parte del recuerdo social e irrumpe periódicamente en la actualidad”11, para construir un futuro abierto, en disputa permanente. 8.  Franco, M. y Levín, F. (comp.). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires, Paidós, 2007. 9.  Una amplia panorámica latinoamericana sobre los avances en el campo se puede consultar en Ernesto Bohoslavsky (Et. al), Problemas de historia reciente del Cono Sur. Volumen I y II. UNGS – Prometeo Libros. Buenos Aires, 2010. 10. ���������������������� Reinhart Koselleck, “Futuro pasado”, Paidos, España, 1993. 11. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Anne Pérotin-Dumon. “Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”, en Anne Pérotin-Dumon

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Sobre la “política” y las “identidades políticas” Siguiendo a Nobert Lechner, la política sería la búsqueda incansable de un orden social; esto es, “la lucha que busca ordenar los límites que estructuran la vida social” 12. Así, se establece que la política es siempre la búsqueda de una utopía, una comunidad o un proyecto de sociedad que a la vez la hace indisoluble de lo social y de las disputas por su constitución futura. De ese modo, la política será un momento de producción y reproducción de la sociedad por ella misma. En este sentido, la sociedad no sólo es emergente de lo “social”. La política crea espacios sociales confrontando a los seres humanos a su necesidad de decidir un destino y de vivir junto a otros creando y recreando un (su) espacio común13. Desde esta perspectiva, los sujetos políticos y sus identidades no están constituidos desde antes; es decir, no son se van construyendo en la misma interacción que sostienen con el espacio político-presente. De tal forma lo político es una acción y expresión simbólica –agrega-, ya que a partir del mito y el rito político, los sujetos afirman y reproducen la constitución de un “nosotros” ligado a una determinada percepción de la sociedad. De tal forma, el rito político es la afirmación de la vida colectiva; algo así como “la puesta en escena” que le brinda sentido al mismo acto. Así, el ritual político, su escenificación, confirma y actualiza un “orden colectivo”, representado simbólicamente en el mito14. Este “organiza una cosmovisión que ordena y da sentido a la vida social; [ya que] a través de un mito, el individuo (el fenómeno singular) se inserta en un orden [colectivo]”15, en otras palabras, el mito es la forma que permite elegir entre el infinito número de posibilidades de ordenar el presente como un principio legitimador de toda decisión política.

Los estudios sobre el MIR chileno: la construcción del mito originario. El estudio de las organizaciones de izquierda revolucionaria en Chile ha estado mediados por aquellos aspectos rescatados por la Historia Reciente, esto es, el estudio sobre protagonistas dirigentes o militantes de base, a los procesos fundacionales y coyunturas críticas. Ello ha sido sostenido a partir de las memorias y testimonios militantes, documentación partidaria, “Informes de Verdad” y por los “regímenes de verdad” y las vías de conciliación a que estos últimos han dado orígen16. Asumimos estos nudos a partir de las claves de la Nueva Historia Política. En ese sentido, y en lo que respecta a las investigaciones sobre el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) la historiografía ha privilegiado el estudio de la organización en sus años fundacionales, la Unidad Popular y el periodo de asedio, (dir.). “Historizar el pasado vivo en América Latina”, 2007, p. 3. Recurso disponible en http://www.historizarelpasadovivo.cl/ 12.  Norbert Lechner, “La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”, En: Norbert Lechner. Obras Escogidas, Tomo I, LOM, Santiago, 2006. p. 168 13.  Mayarí Castillo, “Ya no somos nosotros”: Identidades políticas en el Chile contemporáneo. Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. D.F, 2008, p.25 y siguientes. 14.  Lechner, Op.cit. p.180. 15.  Ibíd. 16. ������������������ ����������������� Emilio Crenzel, “La historia política del Nunca más: la memoria de las desapariciones en la Argentina”, Buenos Aires: Siglo XXI, 2008. Brian Loveman y Elizabeth Lira, “Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de reconciliación política. 1932-1994”. LOM Ediciones, Santiago. 2000. Capítulo 9.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal clandestinidad, resistencia y exilio abierto con la Dictadura Militar17. De igual modo, la mirada analítica ha estado atenta a la violencia política18 y a las relaciones de la organización con otras agrupaciones de izquierda, visualizando, en ese sentido, las lógicas de creación de Poder Popular en diferentes sectores o la instauración de los llamados Frentes Intermedios. Sin embargo, es posible constatar la falta de estudios relativos a esta organización en la actualidad, ya sea por su poco protagonismo en la escena política tradicional, como por la falta de fuentes para el avance sobre estos u otros aspectos. En ese sentido, el trabajo que presentamos a continuación se figura como una apuesta para el análisis de lo que podríamos denominar como “cultura mirista”, permitiendo nutrir el estudio de esta organización y sus multiples proyecciones en organizaciones que se entienden desde esta matriz cultural, así como de la historia política del país. De ese modo, la investigación también nos permite comprender la riqueza de la política actual en la juventud y enriquecer el debate histórico acerca las implicancias de la política en la juventud y viceversa. Dicho lo anterior, proponemos abordar estos aspectos a partir del análisis de algunos documentos de organizaciones que rescatan los lineamientos e idearios surgidos desde el MIR, como también en el rescate de testimonios de protagonistas y militantes de estas organizaciones. Esto último, permite, plantea el historiador Pablo Pozzi, erigir una respuesta al fantasma del positivismo rankeano y aproximarnos al estudio de la subjetividad de los grupos sociales19, relavando la perspectiva del actor y estableciendo un contrapunto entre lo planteado por las orgánicas y las traducciones hechas por lo militantes. Por lo anterior y en el marco de la investigación propuesta, entrevistamos a diversos sujetos ubicados en diferentes lugares de habla de la estructura social y que durante un período formaron parte de distintas organizaciones políticas (caracterizados en el último apartado). Ambos aspectos (la individualidad y la “militancia” política), sin embargo, tienen un sustrato común: de diferentes modos las dos sumergen sus raíces en la cultura y política mirista. Desarrollaremos en extenso esta problemática en el último acápite de este trabajo.

17. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Entre aquellos escritos en clave militante pueden consultarse los estudios de Carlos Sandoval y Luis Vitale. En una clave vindicativa del carácter épico de la fundación, lucha y resistencia mirista pueden revisarse trabajos como los de Mario Amorós, Martin Hernández, Pedro Naranjo (et.al). Por otro lado, y en clave historiográfica, podemos señalar los textos de Igor Goicovic o Robinson Silva. Así mismo, una mirada crítica a las claves historiográficas de sesgos militantes y se pueden visualizar los trabajos de Eugenia Palieraki, Matías Ortiz Figueroa. Todos estos estudios se encuentran en la bibliografía. 18. ����������������� Igor Goicovic. “Teoría de la violencia y estrategia de poder en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 1967-1986”, Centro de Estudios Miguel Enríquez, 2002. p.2.; Ortiz, Matías “La violencia en la construcción identitaria mirista, una perspectiva generacional” (1965-1969), En: Revista Izquierdas, www.izquierdas.cl, N°15, abril 2013, pp. 125-140. 19. ��������������������������������������������������������������������������������������������� Pablo Pozzi, “Historia oral: repensar la historia”. En: Gerardo Necoechea y Pablo Pozzi, “Cuéntame cómo fue. Instrucción a la historia oral”, Imago Mundi, Buenos Aires, p.4-5.

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El MIR en los largos sesenta: historia, organización, principios.

El MIR es una organización política que nace en agosto de 1965, a propósito de la conjunción de diversas organizaciones políticas que se situaban a la izquierda de la llamada “izquierda reformista”. En ese sentido, la organización va estar estrechamente ligada a los métodos más clásicos del marxismoleninismo: una militancia profesional para la construcción de un instrumento político basado en los principios del centralismo-democrático y la lucha armada como estrategia motriz que conducirá a la revolución socialista, de ahí la necesaria construcción de una organización de vanguardia, constituida por verdaderos “profesionales de la revolución” que liderase el camino hacia la sociedad sin clases. La Revolución Cubana, acaecida en 1959, aportaría elementos importantes a esta organización validando prácticamente la vía al socialismo mediante lucha armada20. También, y como varias de las agrupaciones políticas que forman parte de la Nueva Izquierda Latinoamericana21, el MIR chileno estuvo muy cercano a las edificaciones teóricas que se erigieron desde el Tercer Mundo, es decir las luchas anticoloniales en Argelia e Indochina, y posteriormente los combates del mismo pueblo en Vietnam. En ese sentido, por ejemplo, se pueden mencionar las elaboraciones acerca de la violencia revolucionaria y el papel que cada hombre debía jugar en la lucha por la emancipación, provenientes de la experiencia de la guerra anticolonial en Africa y Asia22, así como las codificación ético-morales sobre los roles de la militancia política, emanadas de las conceptualizaciones de Ernesto Guevara sobre el “Hombre Nuevo”23. En ese sentido, el pensamiento del “Che” relevaba a un plano importante la formación ética y moral del sujeto revolucionario como también los factores subjetivos que detrás de él se encontraban. Así, su construcción debía ser eco de la sociedad a la aspiraba. Desde esta perspectiva, Guevara sistematizó un conjunto de principios que formaron parte de una “estructura actitudinal” cuyos principales ejes recayeron en aspectos morales y éticos. De tal modo, la militancia revolucionaria se transformaba en una militancia sacrificial, en donde los rasgos éticos se confundieron y se envolvieron con la vida cotidiana misma, condición propia de un “profesional de la revolución”24 que se eleva a una catego20.  Michael Löwy, “El marxismo en América Latina. Antología. Desde 1900 hasta nuestros días”, LOM, Santiago, 2007, p. 46. De igual forma, para comprender la influencia del castro-guevarismo en el MIR chileno se sugiere revisar el libro de Iñaki Moulian Jara, “Origen y evolución del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 1959-1970”, Escaparate, Concepción, 2014. 21.  Definida como un grupo de políticos, partidos y organizaciones en que se conjugaron ideas y prácticas que se contraponen a una “vieja Izquierda”. En ese sentido, la Nueva Izquierda rescata principalmente los principios básicos del marxismo-leninismo, como la opción por la lucha armada como única vía revolucionaria, concepción que a su vez es fundamentada en el binomio “dominación-dependencia”, ejercida por medio de la violencia y resuelta solo por medio de la “contra-violencia”. 22. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ver ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ al respecto los textos de Franz Fanon, Jean Paul Sartre o Vo Nguyen Giap, referidos en la bibliografía. 23. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Al respecto, revisar el apartado “Sacrificios y “hombres nuevos”. Ser mirista: identidad y política en la militancia revolucionaria”, contenido en el libro de Matías Ortiz, “Cada día es continuar…” Op.cit. 24.  Lenin, y su teoría de organización, afirmaba que los revolucionarios debían “profesionalizar” su práctica política, es decir, llevarla a todos los ámbitos de su vida y en todo tiempo: “El ideal del socialdemócrata [militante comunista en 1902] no debe ser el secretario de trade union, sino el tribuno popular, que sabe reaccionar contra toda manifestación de arbitrariedad y de opresión, dondequiera que se produzca y cualquiera que sea la capa o la clase social a la que afecte; que sabe sintetizar todos estos hechos para trazar un cuadro de conjunto de la brutalidad policíaca y de la explotación capi-

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal ría de icono, al cual todos debían aspirar, un ejemplo del significado del sacrificio y del credo en que el “hombre puede cambiar al hombre”25. Un elemento complementario podemos desprenderlo de la propia biografía de Guevara, ya que en ella podemos observar la convergencia de una época de cambios profundos, paradigmáticos, es decir, un “espíritu del tiempo”. Jorge Castañeda, señala que esta “convergencia existencial” se produce por dos vías privilegiadas, en primer término la “exaltación de la voluntad” y en segundo término “el rechazo a convivir con la ambibalencia”, ambos elementos marcarán a fuego no sólo la trayectoria de Guevara e impregnarán sus ideas, sino que serán la guía de una generación política, de la que los miristas chilenos se harán parte26. Otra de las categorías en el “pensamiento mirista” de la época es la relacionada con la Fuerza Social Revolucionaria (FSR) y el Poder Popular. En efecto, al decir de Igor Goicovic, el MIR proyectó la creación de una FSR consciente de la inevitabilidad del conflicto armado entre las fuerzas sociales antagónicas27. En ese sentido, la FSR crearía una situación política que diera paso a la construcción de una nueva legalidad, como único camino para resolver el problema del poder28. De tal modo “[…] la consigna de poder popular adquiría una dimensión estratégica relevante, en cuanto cristalizaba como una manifestación paralela al Estado burgués, asentado en las organizaciones y fuerzas sociales autónomas del proletariado y el pueblo”29. Para esos objetivos era necesario ganar la conducción del movimiento de masas. En ese sentido, la creación de diversos “Frentes Intermedios” fue uno de los aspectos que, sumados a la creación de una “fuerza militar propia”, fueron características importantísimas en el desarrollo del MIR en la década de los setenta. Sinónimo de esto fue la opción por levantar frentes que formaran un vínculo entre la organización y el movimiento de masas. De esa discusión, nacieron en vísperas de la coyuntura electoral de 1970 el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR), el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI), el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), el Movimiento Campesino Revolucionarios (MCR) y el Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR) los cuales crecieron rápidamente, engrosando las filas del MIR.

talista; que sabe aprovechar el menor detalle para exponer ante todos sus convicciones socialistas y sus reivindicaciones democráticas, para explicar a todos y a cada uno la importancia histórico-mundial de la lucha emancipadora del proletariado” En: Vladimir Ilich Ulianov, “¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento”. Edit. Nuestra América, Buenos Aires, 2004., p. 46. Las cursivas son nuestras. 25.  Hugo Vezzetti, “Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos”, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2009., p. 176. 26. ����������������������� Ver: ���������������������� Jorge Castañeda, La vida en rojo. Una biografía del Che Guevara. Editorial Punto de Lectura. México, 2009. 27. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Igor Goicovic, “El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la irrupción de la lucha armada en Chile. 1965-1990”. En: Pablo Pozzi, y Claudio Perez (Edit.) “Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina”. LOM, Santiago, 2012, p. 167. 28. ������� Ídem. 29. ������� Ídem.

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El mirismo “nuestro de cada día”: de la diáspora orgánica a la “cultura mirista” 3)

Luego de entronizada la Dictadura Cívico-Militar en nuestro país y del desmantelamiento de las organizaciones de izquierda, el MIR vivió un periodo en que, clandestino, desarrolló una nueva estrategia político-militar. La estrategia diseñada se orientó hacia la denominada Guerra Popular Prolongada con el objetivo de desarrollar el poder político y militar necesario para derrotar a la “dictadura gorila” y conquistar los objetivos históricos. Como afirma Goicovic, el MIR se concentró en el fortalecimiento de la Estructura de Fuerza Central, reclutándose a militantes que estaban en el exilio para reintegrarlos a las tareas político-militares en el país. Una vez terminada la instrucción militar en Cuba, el ingreso clandestino al país daba el puntapié inicial para desplegar las tareas político-militares. En ese sentido, varias fueron las actividades de este tipo, entre las que se cuentan desde recurrentes asaltos a bancos como ajusticiamientos a miembros del Ejército de Chile vinculados a la Central Nacional de Información (CNI). De igual modo, uno de los principales ejes de la llamada Operación Retorno30 era instalar dos frentes guerrilleros en el sur del país para iniciar la Guerra en el más breve tiempo posible. Sin embargo, pese al despliegue de cuadros desde el extranjero y de los esfuerzos de la organización en el contexto interno, estas instancias no florecieron como se esperaba y más bien fueron desmanteladas al poco andar31. Para los años 1983 – 1990, el transitar del MIR ya iba en decadencia, tomando más protagonismo grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Complejo Partidario MAPU-Lautaro. Sin embargo, pese al retroceso del MIR en términos militares y a la fuerte represión que habían caído sobre la organización, hacia 1985 la Dirección Nacional aún afirmaba que la centralidad era construir la FSR y desarrollar la lucha armada para dar el salto a la Guerra Popular. No obstante los esfuerzos y el desarrollo de la organización en los sectores más radicalizados del mundo poblacional, la política del MIR no pudo erigirse como fuerza: el hundimiento fue una realidad. De ese modo se hizo imposible recuperar los cuadros políticos que la organización había tenido y prontamente la organización se tensionó internamente: a comienzos de 1987 el MIR se dividía en tres grupos. El MIR-Militar (tendencia liderada por Hernán Aguiló); el MIR-Político (tendencia liderada por Nelson Gutiérrez) y el MIRHistórico (tendencia liderada por Andrés Pascal Allende)32. Sin embargo, sumado a esta diáspora, las diferentes organizaciones fueron fraccionándose aún más. Se levantaron diversas subdivisiones del MIR que reivindicaban diversas expresiones del “mirismo”, 30. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Se conoce como Operación Retorno al ingreso de decenas de militantes al Chile desde el exilio para iniciar la resistencia y lucha armada contra la Dictadura. Ver, Comité Memoria Neltume. “Guerrilla en Neltume. Una historia de lucha y resistencia en el sur chileno”. LOM Ediciones, Colección Septiembre. Santiago, 2003 31. ������������������������������������������������������������� Goicovic,. Op.cit. p. 170. También Comité Memoria Neltume, “Guerrilla en Neltume…”, Op Cit. 32. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� En términos muy amplios, la corriente dirigida por Aguiló, antiguo dirigente del Frente de Trabajadores Revolucionarios del MIR, se afirmaba en las tesis que apoyaban la lucha armada como una única estrategia. A su vez, el “MIR Político”, dirigido por Gutierrez y Jecar Neghme, se construyó en oposición a esta última, procurando establecerse dentro de la legalidad para continuar la lucha por sus objetivos. El MIR-Histórico, por su parte, fue liderado por Andrés Pascal Allende, y propuso combinar formas de lucha diversas, tanto dentro del seno del movimiento social y de masas, como también métodos armados.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal constituyéndose una heterogeneidad de experiencias orgánicas. En ese sentido, y como señala un documento de una de las tantas expresiones33, algunas de las organizaciones miristas más importantes en nuestra historia más reciente es la fracción liderada por el fallecido Nelson Gutiérrez, el MIR-político, que, conducido hoy por Mónica Quilodrán y Demetrio Hernández, se posiciona desde un carácter legal y público, desconociendo la existencia de otras expresiones que provengan de una matriz similar. Estos participaron en la campaña electoral de Juntos Podemos y a fines del año 2013 su brazo juvenil ganó la dirección de los estudiantes en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) en una alianza electoral con el grupo estalinista Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP). De igual modo hacia el año 2003, existió (desconocemos su actual vigencia) el MIR “Dirección Nacional” escindido del MIR- Demetrio Hernández34, y que propuso una visión más “revolucionaria” en relación a su matriz de origen, proponiendo lecturas “anti-reformistas”, aludiendo al carácter “poco rupturista” del MIR-Político. En una escena similar, miembros de la fracción histórica de la organización en compañía de otras organizaciones que vindicaban los principios de la pasada agrupación, fundaron en el año 2004 la “Coordinadora Mirista”, cuyo objetivo primario fue levantar un espacio de repliegue de distintas expresiones miristas para rescatar la experiencia histórica del proyecto político. En una vereda distinta a las anteriores, el MIR-EGP, fundado hacia 1995 y actualmente activo, se dedicó a darle continuidad a la proyección estratégica y al carácter político-militar de la organización, construyendo una estructura a nivel nacional y entrando en diálogo con diversas fuerzas políticas contemporáneas, como el Complejo Partidario Mapu-Lautaro. En una mirada más amplia, también pueden identificarse diversas expresiones del MIR, que no necesariamente se autodenominan como tales, pero que tienen en sus bases orgánicas a ex miristas y rescatan la tradición política de esta organización. Por ejemplo, el Movimiento de Asambleas del Pueblo, una coordinadora política que recuperando las sistematizaciones sobre Poder Popular, abren un espacio de diálogo entre diversas fuerzas de izquierda para la realización de Asambleas territoriales. Algunos de sus principales participantes o ex convocantes, tuvieron cargos importantes en la organización estudiada: son el caso de Ricardo Frodden, ex miembro del Comité Central del MIR hasta 1992 o Patricio Cid, destacado militante internacionalista de la organización. En una línea más radical, por ejemplo, encontramos a los Grupos de Acción Popular (GAP), el Movimiento Popular Guachuneit (MPG) o Trabajadores al Poder, colectivos que desde los noventa (como también el GAP o “la Surda”) hasta los nacidos hace poco tiempo atrás (Trabajadores al Poder o “Juventud Guevarista”), se definen como “herederos críticos” de la acción política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Por lo tanto, es visible una realidad: pese al desarme orgánico del MIR a propósito de la sangrienta y dolorosa batalla que desplegó el Estado dictatorial, y de la diáspora que dividió a la organización en múltiples fracciones, existe en la retina social un “ethos” de la organización que visualiza al Movimiento de Izquierda Revolucionaria como un referente histórico de acción política. En este sentido, 33. ������������������������������������������ Movimiento de Izquierda Revolucionaria. “Sobre la dificultosa realidad del MIR en Chile”. Disponible en: http://cedema. org/ver.php?id=379 34. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Se conoce históricamente como MIR-Demetrio Hernández al MIR conducido hoy por Mónica Quilodrán, antiguamente dirigido por Nelson Gutiérrez (MIR-Político)

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consideramos, es posible hablar de la existencia de una matriz mirista o, mejor dicho, de una cultura mirista (o culturas miristas) que permite la construcción de un lente analítico para la observación de los problemas de la sociedad chilena. Unas, criticando acérrimamente la militarización de la organización, se construyen evocando la necesidad de “actualizar” un proyecto político. Otras, continuando el legado histórico de la realización de la Guerra revolucionaria en Chile. Ambas, erigiendo como principal hito fundacional de su lectura la existencia de una organización que disputó la hegemonía de la izquierda reformista en los sesenta, levantando los mismos mártires y diseñando, en torno a la creación de un Hombre Nuevo y del Poder Popular, estrategias para terminar con las desigualdades sociales. En palabras de una de las tantas fracciones miristas: Para nosotros, la matriz cultural mirista, es una forma o perspectiva de leer la realidad y de intervenir en ella, de hacer. Surge históricamente de la actividad del partido desde que este dejó de ser un núcleo meramente ideológico, para transformarse en una verdadera organización revolucionaria, entre 1967 y 1969. Se funda en la extensión social que alcanzó la política de nuestra organización en el periodo pre-revolucionario de 1970 a 1973 y en la dispersión de nuestros esfuerzos de construcción, producto de los constantes golpes represivos que sufrió nuestra organización desde 1973 a 1995 inclusive. Son esas las semillas que han caído en el terreno fértil de un sector del pueblo que no se conforma e insiste en luchar por su liberación35 Así también lo describe la joven Daniela Peña Soto, hija de Sergio Peña Díaz36 al dar un discurso en el homenaje a Miguel Enríquez Espinoza el año 2004. Para ella, la cultura mirista, como un lente que se abre y se cierra para permitir observar la realidad social desde mejores ángulos, debe re-posicionarse a propósito del contexto epocal: Atrevámonos a reinventar las formas de organización política y de acción, abrámonos hacia nuevos temas; los de género, medio ambiente, nuevas formas y expresiones culturales de resistencia, sin perder de nuestra atención el hecho irrefutable que las clases sociales existen y luchan […] El mirismo es hoy una cultura, una forma de ser y estar en el mundo. No se trata de repetir lo del pasado por más trascendente que haya sido, sino de aportar con ese caudal a nuevas y mejores experiencias y procesos políticos revolucionarios. 37

4) El legado mirista en los jóvenes actuales: una aproximación a sus lecturas. a) El “Hombre Nuevo”: el ejemplo, la juventud y la militancia. Como se planteó, el MIR no pasó por alto las sistematizaciones que Ernesto Guevara edificó en torno al carácter ético y moral de los revolucionarios. De ese modo las actitudes que debían tener los 35. ����������������������������������������� Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Op.cit. 36. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Militante del MIR asesinado en dictadura junto a Lucía Vergara y Arturo Villavella, los tres, además, eran dirigentes de la organización. 37. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Palabras de Daniela Peña Soto en el Estadio Víctor Jara durante el homenaje a Miguel Enríquez. Disponibles en: http:// www.lashistoriasquepodemoscontar.cl/penasoto.htm#a

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal sujetos que escogían la militancia debían estar enmarcadas en valores y principios sólidos, como el altruismo y la entrega total y desinteresada a la práctica política “por los demás”. En ese sentido, un rasgo muy importante de la política mirista y de la recepción de su discurso por parte de los jóvenes acá estudiados está condicionado por la voluntad del sujeto revolucionario. Sin embargo, está categoría no es significada sola, en ella convergen al menos tres factores importantes que a su vez están íntimamente relacionados. Así, la forma en que ellos conciben su rol socio-político está relacionada con la forma en que entienden su propia posición como jóvenes y como militantes, significando la conjunción de estas dos categorías a propósito del ejemplo de heroicos líderes que hicieron de sus vidas un ejemplo de voluntad. En ese sentido, los actuales jóvenes revolucionarios se miran así mismo como continuadores de ese lugar, encarnando una ética ligada al sacrificio38. Para nuestros estudiados, la juventud es una etapa de la vida en donde se pueden disponer de las “mayores fuerzas” para lograr los cambios que tanto se anhelan. En ese sentido, todos, a excepción de “Peter”, conciben la juventud como un concepto que engloba la voluntad de poder “hacer cosas” y no dejarse arrastrar por diversos elementos que los detengan en la búsqueda de objetivos (como la perdida de la “vitalidad”)39. De la misma forma, la etapa de la juventud es un espacio que no conlleva responsabilidades de mayor tipo, como las de “formar una familia y de educar hijos”. De ese modo, entre las formas en que conciben la imagen de la juventud, está recurrentemente implícita la potencialidad de cambiar y la rebeldía ante las injusticias. Esta rebeldía, sin embargo, no es una característica que simplemente tenga que ver con lo “biológico-etario”. En ese sentido, Camilo define la rebeldía como un “elemento que cambia algo porque dentro de ello existe algo que lo obliga, no es simplemente “romper con lo establecido como se piensa”40. Es decir, una contradicción dialéctica en el seno de los problemas cotidianos. “Maximiliano” plantea, desde un prisma universitario, que la juventud es un espacio en donde el factor “tiempo” es importante. En esta etapa, los sujetos logran tener espacios temporales más holgados que les permiten desempeñarse en tareas poco comunes al imaginario que él define “adulto-céntrico”, como adquirir experiencia en distintas organizaciones, para trabajar políticamente, dedicando el mayor tiempo posible a la causa política común41.

38. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Jorge Castañeda señala que uno de los rasgos que tornará imperecedera la épica mítica del sacrificio del Che Guevara en Bolivia, es la imagen del revolucionario como un nuevo “Cristo”, la que quedará en la retina del mundo y de las futuras generaciones a partir de que se muestra a Guevara en un lecho de muerte, su rostro sereno, su torso limpio, su ropa arreglada y no necesariamente la imagen del Che Guevara capturado, andrajoso, furioso, que sólo fue conocido 30 años después. Ver Jorge Castañeda. “La vida en rojo…” Op. Cit, pp. 23-25. 39.  �“El ser joven, la verdad no tiene tanta relevancia personal para mí. Lo veo como una etapa, la cual sin lugar a dudas conlleva una gran efervescencia y entusiasmo, las cuales pueden ser canalizadas mediante el camino revolucionario. Sin embargo, no le atribuyo ningún estatus especial a mi condición de joven”. Entrevista a “Peter”, 23 años, ex - militante del MIR (fracción cercana al MIR-EGP) 4 de abril del 2014. 40. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Entrevista a “Camilo”, 24 años, ex- militante del Movimiento Universitario de Izquierda, perteneciente al MIR-Demetrio (MIR-Político), 1 de abril del 2014. 41. �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Entrevista a “Maximiliano”, 21 años, militante del Movimiento Popular Guachuneit, 30 de marzo del 2014.

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“Manuel” al igual que “Maximiliano” plantea que el “ser joven” permite tener un espacio de tiempo más amplio que el del resto del mundo adulto, en el cual se pueden desplegar “todas las energías” en las pasiones que los encienden. Sin embargo, “Manuel” esboza que esta imagen de la juventud no tiene por qué acabarse en “lo biológico”, es decir, en el paso hacia la adultez. En ese sentido, más que ser una categoría asociada a su propia edad, para él es entendida como una forma de mirar el mundo y de proyectar las distintas acciones sobre él. De igual modo, ser joven es también tener una posición de crítica y cuestionamiento constante, en sus palabras: “pa’ mi ser joven es desplegar todas las energías que uno tiene en todas las hueas que uno le gustan, es desplegarla en la militancia, o en lo que te gusta, es tener la oportunidad de vivir las pasiones también a concho […] jamás sentirse completamente cómodo en donde uno esta, siempre estar cuestionándose y mirando”42. Por otro lado, la militancia política y el “ser revolucionario” forman parte importante de la identidad política de cada uno de los entrevistados. En este sentido, la militancia en una organización significa sentir en la cotidianidad los cambios por los cuales los sujetos se unen a la agrupación. “Peter” afirma que apropósito de su militancia en el MIR, y en su brazo estudiantil, el MUI, a pesar de no provocar grandes transformaciones estructurales en la sociedad, “se percibía que íbamos en un andar constante a provocar aquellos cambios”43. La militancia política además permitía tener una visión más optimista del complejo panorama observado, bajo la encarnación de los problemas evidenciados, sintiéndose “más cerca de ellos”: “Además, [la militancia] provocaba una gran satisfacción personal, la cual se daba en un ambiente contradictorio de que por sobre la realidad de explotación y subordinación de los sectores populares, nosotros estábamos luchando día a día por transformar aquella realidad, por lo cual ésta última –la realidad-se hacía más vivible en un ambiente de militancia” 44. Es decir, la revolución no es, simplemente, una “experiencia histórica”, esto es, temporalmente lejana al presente inmediato, sino que se vive en la cotidianidad, se construye en ella, lo que de algún modo nos permite comprender la corporalización del discurso político y una especie de ritualización del mismo, en donde el propio elemento político habita entre la comunidad haciéndose carne. De un modo similar, Maximiliano vuelve la mirada sobre la militancia hacia su cotidianidad y a la acción política para transformar esa realidad en el diario vivir. En ese sentido, la militancia política –al igual que en el guevarismo sesentero- se transforma en un acto de amor que invita a la transformación: “Yo creo que es un acto de amor, ¿cachai? No es la huea hippie de amar por amar […] Si no que es un acto de amor, porque el amor te lleva a odiar cosas, ¿cachai? Te lleva a odiar la injusticia, te lleva a odiar la ignorancia, me lleva a odiar caleta de cosas”45. Alfredo es quien nos permite hacer un cruce interesante que nos da pistas acerca de la legitimidad que le brindan a “su rol” como jóvenes y militantes. Para él, ser militante y además ser joven es continuar por una senda consecuente con esos principios. Así plantea que la conjunción de ambas cate-

42. ������� Ibíd. 43. ����������������������������������������� Entrevista a Peter, 4 de abril del 2014. 44. �������� Ibíd. 45. ������ Ibíd.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal gorías es sinónimo de ser un “individuo excepcional” y, en esa lógica, significa encarnar la continuidad de una generación de revolucionarios que hicieron suyo el ímpetu de la juventud: “yo creo que siempre ser militante y ser joven es ser excepcional por decirlo de alguna manera, no ser especial si no ser excepcional, o sea, nosotros, los jóvenes militantes somos una minoría, aspiramos a ser una mayoría, […] el mirismo fue un movimiento siempre joven y para nosotros es un desafío ser joven y militante, y el desafío más fuerte es perpetuar los vínculos militantes46 En efecto, creemos que la forma en que comprenden la juventud y la militancia está asociada íntimamente a las figuras que rescatan de su filiación política. Acá toma un especial sentido lo que Mayari Castillo esboza teóricamente apropósito de sistematizaciones provenientes de Lechner: los “personajes identificadores”, aquellos que tienen una fuerza simbólica que permiten al sujeto reconocerse parte de una colectividad47. En ese sentido, las figuras de líderes emblemáticos del MIR representan también un espíritu de entrega sacrificial y de compromiso político. De ese modo, se encuentran una legitimidad teórico-histórica para sus acciones, convirtiéndose, mediante el rescate de identificadores, en los continuadores de un proyecto político de largo alcance. La imagen de Miguel Enríquez es la que más aparece en los relatos de nuestros entrevistados. En ese sentido, para “Manuel”, la trayectoria de Enríquez es congruente con su propia biografía. Esto apropósito de las condiciones socio-económicas favorables que Manuel posee por la status socio-económico de sus padres, Miguel Enríquez es un sinónimo de entrega al pueblo a pesar de las comodidades de las que él, también, gozó en su juventud. Así, bajo la figura de Enríquez no solo encuentra un argumento práctico de llevar a la cotidianidad el ser revolucionario, sino también un argumento simbólico de autoridad, paternalismo y continuidad. Para “Maximiliano”, el MIR es un ejemplo de valores que se deben tener cuando los sujetos asumen la militancia política. En uno tono de bastante sinceridad, él afirma “no conocer a cabalidad” el proyecto político final del MIR, sin embargo “lo que más rescat[a]” de la organización es su impronta cotidiana, sus prácticas políticas, como el compañerismo. Es decir, su lectura de la experiencia mirista es en clave actitudinal. De nuevo, la imagen de Miguel Enríquez se transforma en un catalizador de este espíritu: […] a mí lo que me gusta del MIR son las prácticas que tiene el MIR […] una vez leí sobre un enfrentamiento y eran dos estos locos y uno cayó en combate y el otro alcanzo a arrancar y Miguel Enríquez les dijo eso está bacán en la teoría, es mejor que caiga uno del Comité Central que los dos...dijo, está

46. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Entrevista a Alfredo, 19 años, actualmente es militante comunista libertario. Fue militante del Frente de Estudiantes Revolucionarios y del MIR (fracción cercana al MIR-EGP) por cuatro años, entrevista realizada el 7 de abril del 2014. 47. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Castillo define tres tipos de personajes: Los “identificadores” son los individuos o entidades que condensan en sí mismos el espíritu de determinada época y que representan los atributos y pertenencias que la comunidad considera deseables y que orientan su acción. Los “aliados”, son aquellos individuos o entidades que si bien no son percibidas como parte de la comunidad en sí, son identificados como aliados estables y leales y los “antagonistas”: como aquellos individuos o entidades que se consideran opuestos a la comunidad, que tienen atributos y pertenencias sociales distintas, cuya acción se opone u obstaculiza el logro de los objetivos de la comunidad. En: Castillo, “Ya no somos nosotros…”, Op.cit.

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bien, pero es de pésimo compañero, ¿cachai? Entonces como que esos valores más revolucionarios, son los que más me gustan del MIR, más que su propósito final que no lo conozco a cabalidad48

b)

La intelectualidad y la “voluntad de actuar”.

Otro aspecto importante que está íntimamente relacionado con la voluntad sacrificial de una militancia política, guarda relación con el valor que estos jóvenes le dan a la intelectualidad y a la formación político-teórica que está íntimamente relacionada con la acción práctica, es decir, una forma de mirar la militancia como un lugar en donde tienen conjunción la actividad política concreta con la formación teórica disciplinada. Sin duda, esta concepción hunde sus raíces en dos aspectos que son rescatados por los entrevistados. Por un lado, la categoría de “Hombre Nuevo”, ya señalada, y por otro, la imagen leninista del “profesional de la revolución”. En ese sentido, “Manuel”, a renglón seguido de lo planteado sobre la imagen heroica de Miguel Enríquez, continua señalando que otro de los aspectos fundamentales que rescata de la matriz mirista es lo que titula como “disciplina e intelectualidad”. De ese modo manifiesta que, a pesar de que a los revolucionarios de la época los hayan calificados de “extremistas” o “terroristas”, nadie podía decir que ellos no eran sujetos bien formados teóricamente. En sus palabras: “nadie podía decir que eran hueones, nadie podía decir que no eran hueones intelectuales, los grandes militantes del MIR, Nelson Gutiérrez, el “Bauchi”, Miguel, Luciano, y los no tan nombrados, a propósito de Concepción, como quizás el…creo que es… ¿Zorrilla? Pero no estoy seguro, o ¡Vitale poh!”49. En esa misma línea, “Manuel” continúa recordando que uno de los personajes que tuvo influencia en su formación política (un profesor de Historia de la ciudad de Concepción, historiador, además, del MIR), siempre le recordaba una frase señalada a él por el antiguo fundador del MIR, el historiador trotskista Luis Vitale: “tú, si vas a ser revolucionario, tienes que ser el mejor en lo que hagas, el mejor, no puedes ser un hueon mediocre’ […] claro uno después entiende que en realidad es ser el mejor en su práctica y en la responsabilidad que eso inquiere, o sea como dice Lenin, el partido tiene que estar compuesto por los mejores hombres del pueblo, ahora podríamos cambiarlo un poco y decir las mejores personas, pero los mejores, o sea la responsabilidad, el hecho de estar siempre ahí no ser un hueón mediocre con su práctica revolucionaria. Entonces yo creo que esos son los elementos que yo deslumbro en ese MIR, que a mí me marcan, yo creo, el tema de la disciplina y de la intelectualidad50. Alfredo, por su parte, considera que el MIR irrumpe en la escena nacional a propósito de la conjunción entre la lucha política insurreccional y la intelectualidad y que son esos elementos muy importantes respecto a la organización. En ese sentido, plantea que antes de haber abandonado la organización mirista en la que participó cuatro años, recuerda haber entrado por un imaginario político que atraía

48. ������������������������������������������������� Entrevista a “Maximiliano” 30 de marzo del 2014. 49. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Entrevista a “Manuel”, 19 años, militante de la Coordinadora Territorial Libertaria, ex miembro del Comité Blanca Rengifo, de orientación y cultura mirista, 30 de marzo del 2014. 50. �������� Ibíd.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal por esas cualidades. Es decir, una organización en donde se mezclaban ambos aspectos. Estos, sin embargo y como veremos más abajo, para la actualidad no tendrían vigencia: […] la posibilidad de juntar la lucha insurreccional con la lucha política y la lucha intelectual, yo creo que son características importantes que caracterizan a la matriz mirista y que hoy en día no tienen vigencia, pero que si fueron las características que lograron cautivar a una franja juvenil durante por lo menos tres décadas en el país, entre el 70´ y el 2000, por lo menos, entre el 65´ y el 95´ por decirlo de otra manera. Yo creo que eso ayudó mucho para la forma organizativa y lo interesante del proyecto también ayudan, o sea uno cree, confía, en una continuidad histórica, y en ese sentido es que uno se integra a un proyecto político como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria51. En un sentido similar, Peter sugiere que es en los personajes emblemáticos en donde se pueden encontrar la conjunción de los preceptos. Para él lo que más le llama la atención del “tridente del mirismo” (Enríquez, Cruz y Van Schouwen52) “es la total entrega, la coherencia y la consecuencia de sus actuares. Asimismo la perspicacia política y sus niveles intelectuales y lo espectacular de varias de sus acciones”53. Del mismo modo, “Maximiliano” nos plantea que los elementos fundamentales que él podría rescatar de la experiencia mirista es “la cercanía que tenían estos locos al ser intelectuales con el pueblo mismo”54. En una vereda colindante, la organización política también se transforma en un espacio en donde los jóvenes pueden desarrollarse de mejor forma como intelectuales y revolucionarios¸ a propósito de comprender la formación teórico-intelectual como un elemento central en la militancia política. En ese sentido, es en la organización en donde logran encontrar un espacio común donde educarse y auto-educarse. Maximiliano plantea que llegar a la militancia es una decisión que tomó porque en ella encontraba que se daba un espacio de aglutinación y colectividad para el aprendizaje político55.

c)

El Poder Popular.

Por otro lado, la matriz mirista también va a permear a nuestros entrevistados a propósito de las sistematizaciones en torno a la estrategia política y las categorías que estos usaron para darle sustento a sus planteamientos. En este sentido, la creación de un poder que fuese contra hegemónico al poder del Estado y que sentará las bases del socialismo, es un elemento constante en sus relatos. 51. ������������������������������������������� Entrevista a Alfredo, 7 de abril del 2014. 52. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Se trata de tres de los líderes más emblemáticos de la organización. Se hacen de casi la totalidad del Secretariado Nacional en 1969, al expulsar al sector viejo y mayoritariamente trotskista. Se caracterizan por su corta edad, la que al momento de la fundación del MIR no pasaba los 23 años. Pese a ello, su edad no debe entenderse como un cuestionamiento de sus capacidades políticas, su “presencia” en la edificación teórica de la organización es sin duda vital, aunque no es únicamente su gestión. Esto último se encuentra estudiado en la bibliografía citada en este artículo, particularmente en los trabajos de Paliariaki y Ortiz Figueroa. 53. ������������������������������������������ Entrevista a Peter, 4 de abril del 2014. 54. ������������������������������������������������� Entrevista a “Maximiliano” 30 de marzo del 2014. 55. ������� Ibíd.

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De esta forma, para “Manuel”, el Poder Popular es uno de los elementos más rescatable del MIR. De ese modo, afirma en que en la práctica política cotidiana que tiene junto a sus compañeros de organización intentan llevar a cabo distintas instancias en donde se logren articular formas de expresión que sean reflejo de la sociedad a la que se aspira. A propósito de eso plantea que “en la práctica política, yo creo que lo que se rescata del MIR es la idea de Poder Popular, la idea, y desarrollando un poco la idea de poder popular, cómo se configura el poder popular, como una configuración previa a lo que debería ser el socialismo. Yo creo que eso se rescata a propósito de lo que pasaba en Nueva La Habana por ejemplo”56 y afirma que es necesario crear un poder que sea capaz de disputar el poder hegemónico, para eso, en sus trabajos territoriales cotidianos han elaborado distintas estrategias políticas para cumplir con ese objetivo. Una de estas, por ejemplo, es la de un proyecto en la población La Bandera57. En este, si bien las iniciativas parten desde un prisma más relativo a lógicas anarquistas, “Manuel” termina planteando lo que se configura allí son espacios de construcción de Poder Popular, tomando sentido en la práctica lo anteriormente expuesto por él: No recuerdo el nombre técnico, el nombre preciso con el que se llamaba el proyecto, pero digamos que es establecer negocios solidarios por así decirlo, no es negocio la palabra, a propósito de eso había un proyecto que se llamaba “La conquista del pan”, donde ahí claramente está la parte anarquista eh, pero ese proyecto justamente era en como en cierta, como una, como se da esta idea de apoyo, a una vecina de ahí mismo, una compañera que había quedado cesante, entonces había un horno de barro por ahí alguien lo tenía, lo puso en su casa y ella compra harina compra... ahí hace pan y lo vende eh... lo vende para los vecinos y con eso logra vivir un buen tiempo, antes de volver a encontrar pega, eso yo creo que es los aspectos subjetivos del poder popular se trata de configurar un poco así ¿ya?58 Por su parte, Alfredo, coincidentemente con “Manuel”, también plantea que el Poder Popular es uno de los elementos más importantes que él rescata del MIR. En ese sentido, para él es esta organización, y no otra, la que dirige la discusión sobre un poder alternativo, sistematizando y socializando una estrategia para construir gérmenes de crecimiento de Poder Popular en nuestro país. En ese sentido, como nos plantean, las organizaciones herederas de una matriz mirista, como a las que él pertenece y perteneció, recogen las enseñanzas de la pretérita organización: […] pero yo creo que si tú me decí a mí, cuál es el legado más importante del MIR, creo que no son sus personajes, ni es su método organizativo, sino que es el legado ideológico, o sea aquí la elaboración política que se ha hecho en Chile la ha hecho el MIR, de hecho es así de simple, por ejemplo el discur-

56. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Entrevista a “Manuel” 30 de marzo del 2014. “Nueva La Habana” es una toma de terreno y posterior población de Santiago, en donde el MIR y sus militantes tuvieron una gran participación tanto en su fundación como organización, politización y posterior desarrollo. 57. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Emblemática población de la actual comuna de San Ramón, en Santiago. Nacida en 1969 a partir de una toma ilegal, fue, al igual que “Nueva La Habana”, comandada y organizada por una fuerte presencia mirista. En ese tiempo se llamó “Toma 26 de Enero”, en honor al día en que fue tomada. 58. ������� Ibíd.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal so del Poder Popular si bien existía aquí en Chile ya, lo de la dualidad de los poderes existía en Chile, quien lo patentó por decirlo de alguna manera, quien lo masifico, fue el MIR […]59

d)

“Aprender de los errores”

Sin embargo, pese a los elementos que antes se han señalado, los jóvenes no son reacios a criticar también a la organización de la cual se siente herederos. De ese modo, varias de las lecturas que realizan acerca de los elementos más importantes que desde la herencia mirista incorporan a su praxis política, son analizadas con detención, crítica y proyección. En ese sentido, son cuestionamientos que sin negar el carácter necesario e innovador de la política mirista en su contexto, y de las enseñanzas de esta organización para el acervo político actual, permiten a los nuevos revolucionarios “superar” algunas de las viejas prácticas que identifican como erróneas. Por ejemplo, para Pablo, la imagen de los “grandes” revolucionarios y el levantamiento de “próceres” de la revolución lejos de ser actual, es una práctica profundamente descontextualizada. Para él, la construcción del perfil de revolucionarios debe estar acotada al contexto epocal en que se vive. El “Hombre Nuevo” puede ser necesario, pero esta imagen debe ser leída desde el presente. En ese sentido plantea que: También me parece muy negativo el perfil sacrificial de la militancia, casi como superhombres que se pegan al pecho con una idea de hombre nuevo que no se ciñe a la realidad y que al final termina configurando un perfil militante sacrificial, angustioso y que se cae del cadalso a cada momento. Como que la gracia pasa más por construir perfiles de militantes más comunes y menos excepcionales, más cercanos al Alejandro Villalobos (el Micky) y más alejado del Miguel Enríquez.60. Por lo tanto, es posible afirmar que uno de los elementos que más signifiquen los jóvenes que acceden a la militancia política será la imagen del sacrificio enmarcada en un misticismo revolucionario, que hundiendo sus raíces en las conceptualizaciones sobre el Hombre Nuevo, encuentra sentido en el ejemplo de líderes políticos miristas61. Sin embargo lo anterior no se posiciona simplemente como un deber­-ser, también sirve como un elemento de crítica que permite superar algunas lógicas “mesiánicas” de la organización, para proyectarla con sentido actualizado. En ese sentido el argumento de Pablo nos permite comprender la complejidad del asunto, pues, no es que se rechace la imagen del revolucionario con una entrega total, si no la “sacralización” de este. El “ejemplo sin tacha” no daría 59. ������������������������������������������� Entrevista a Alfredo, 7 de abril del 2014 60. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Entrevista a “Pablo”, 24 años, militante del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), ex – miembro de una organización mirista territorial cercana al MIR-Demetrio (MIR-Político). Entrevista realizada el 31 de marzo del 2014. 61. ����������������������������������������������������������������������������������������� En otra parte de la entrevista, Manuel construye un relato heroico de Luciano Cruz: “ A ver los puntos esenciales que uno le entrega una significación quizás mas especial por así decirlo, para mi, en mi caso son dos cosas que ya he nombrado, primero que nada la visión del hombre nuevo y de guerrillero heroico que tiene los militantes del MIR, esa impronta y ese misticismo que no se los saca nadie, como te digo Luciano Cruz agarrándose con los pacos, cuando...porque yo leí todas esas cosa yo vi las fotos de Luciano Cruz, vi las fotos de Luciano Cruz arriba del guanaco, vi como el diario la Crónica del Concepción lo trataba de un terrorista un delincuente, de como el weon había raptado un paco y lo había dejado un par de días adentro de la universidad de conce, de que se yo digamos, de todas esas historias que se tejieron en torno a Luciano, digamos, y que yo las vi y eran reales, estaban en el diario quizás un poquito mas exageras pero ocurrieron, entonces, claro, Luciano era un weon que le daba cara a todo”. Entrevista a “Manuel” 30 de marzo del 2014.

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cuenta del espesor social real de la militancia actual, sino más bien de una imagen errada y falsificada de ella. La tarea, por lo tanto, es entender la militancia desde una perspectiva ligada a lo “real”, con aciertos y desaciertos. En esa línea, no es casualidad que en vez de la imagen de Miguel Enríquez, Pablo proponga la de Alejandro Villalobos62 como la del “militante ejemplar”. En un sentido similar, para Manuel algunas diferencias que se establecen con el MIR tienen que ver con el tipo de estructura que los define. De ese modo, nos plantea que no concuerdan con la idea verticalista de dirección que tenía el MIR, en donde, “en teoría existía un centralismo democrático, pero en la práctica se daban más ordenes de arriba que las que subían desde abajo”63. En esa línea plantea que: Ahora, diferencia en la práctica, la horizontalidad, nosotros no, si tenemos una especie de Secretario General como organización, como CTL, sí, pero [...] no es una Secretaría General que tome decisiones ni nada, sino que se le pone ese nombre […] por dar un o sea por hablar de secretario ¿ya? de alguien que finalmente está tomando actas, de alguien que finalmente está manteniendo relaciones con otro grupo, que alguien que esta constantemente respondiendo el mail, que alguien que está constantemente proponiendo cosa. Pero la horizontalidad es una práctica dentro de la organización, ¿ya? Y eso se diferencia del MIR y yo creo que es una gran diferencia64. Al respecto, Pablo continúa el argumento que inicia “Manuel”, pero va más allá. Para él, reproducir las lógicas orgánicas del MIR, como el verticalismo referenciado, es sinónimo de caer en una lógica en donde los “mandatos” se dan unidireccionalmente y no se permite la apertura de la organización como un espacio creador de conocimiento, tal y como más arriba lo habría señalado Maximiliano y Camilo al comprender el espacio militante y la orgánica política como una especie de escuela de formación. De ese modo, la crítica a un proyecto político sesentero se articula desde los apéndices orgánicos, pero no se cuestiona la matriz político-cultural de un proyecto histórico, como un modo de hacer: Siempre que leo a los y las miristas veo puras fórmulas. Creo que la recuperación que se hace del MIR es un anacronismo que no resiste la inteligencia y que introduce de contrabando un microfascismo, como los que se incuban en la militancia de la ACES y esos cabros que presos de búsqueda de certezas de corto alcance, hipotecan su desarrollo crítico-racional en lo que fue una organización y no se plantean el sentido que esa organización jugó en la historia: “el puede ser”. Incuban el sectarismo como práctica recurrente de hacer política (el “si no estás conmigo no trabajamos juntos”), incuban una mención súper mesianista de hacer la política como una lucha por una verdad que es incognoscible para las personas comunes y que sólo algunos militantes, bautizados en el mirismo, están habilitados para cognoscer. Es decir, pura política de control sobre el discurso para estabilizar una verdad y cerrar su sentido histórico, cortarle su potencial de masificación y de usos heterogéneos que 62. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Se trata de un dirigente mirista, poblador y electricista. A juicio de nuestro entrevistado, éste estaba caracterizado por practicar y defender acciones políticas y orgánicas de tipo horizontal y menos vertical, en relación a los “mandatos” verticales del MIR. 63. ������� Ibíd. 64. ������� Ibíd.

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Con todas las fuerzas de la historia. Identidades políticas y militancias en las lecturas de los jóvenes miristas bajo el Chile neoliberal permitan que otros y más otros diferentes lean la realidad desde una posición y no desde un discurso determinado65.

5) Palabras finales: los jóvenes miristas observan al Ángel de la Historia.      A través de los elementos históricos bosquejados y del análisis de la voz de los actores de esta nueva etapa en el derrotero político cultural de las identidades políticas juveniles en el Chile reciente, ¿es posible erigir algunos ejes reflexivos que permitan articular una aproximación tentativa para pensar y comprender la militancia (post)mirista en el Chile neoliberal? Sin duda, el trabajo acá presentado nos muestra solo una parcialidad de lo que nos hemos venido preguntando. En ese sentido, es necesario decir que –por motivos de extensión y objetivos del artículo- las entrevistas acá expuestas fueron seleccionadas cuidadosamente para no saturar el texto y con el criterio de observar aquellos nudos biográficos que se abrieran al pasado político de nuestro país desde sus protagonistas66.        Podemos afirmar que el estudio de los jóvenes militantes entrevistados nos permite comprender con mayor complejidad la proyección de culturas políticas del pasado y sus relaciones/tensiones en el presente. Así, la mutabilidad del tiempo histórico, las coyunturas político-sociales,la experiencia de los sujetos, etc., existe una matriz política mirista común en todos los entrevistados, a pesar de la derrota histórica del proyecto político del MIR, del paso hacia un nuevo período histórico, del recambio generacional y de las experiencias militantes, hoy en día sigue siendo urgente para una nueva generación de sujetos la existencia de un proyecto liberador experienciado y articulado en la trayectoria histórica. Es la posibilidad de la disputa por la reconstrucción del pasado, de la memoria política de la militancia y de la proyección de la experiencia histórica como testimonio de la lucha y de la voluntad de cambio y transformación política y social. No resulta casual que los protagonistas y autores del documento “De la historia a la Historia: retomamos las banderas del FER” piensen ir a la historia en términos de la Historia; es decir, piensen ir de la experiencia, como aquel campo confinado a perderse en la conservación (y petrificación) que, huyendo del presente desaparece y se extingue. Proponen lograr que las y los “nuevos miristas” puedan ir a la Historia, tal y como propone Benjamín en el Ángel de la historia67 que pretendiendo rescatar a los 65. �������������������������������������������� Entrevista a “Pablo”, 31 de marzo del 2014. 66. �Las entrevistas, como todas, nos abren a diferentes espacio de las narrativas experienciales. Ellas nos posibilitan articular otras nociones de las culturas políticas actuales, en relación a construcción propias de “su” presente (como temas propios del siglo XXI como el eco-sociaalismo, el feminismo o diversos movimientos contestarios de los últimos diez años). 67. �En la Tesis IX de Benjamim, que se refiere al Angelus Novus de Klee: “… Se ve en él un ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del Paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que lla-

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muertos del olvido clava su mirada hacia el pasado desde un lente que lo comprende como una única catástrofe, y visualiza el futuro como un espacio por (re)construir. De ese modo, fuera de analizar las razones de por qué uno u otro sujeto acá estudiado optó por otra una u otra corriente política (lo que ciertamente es una pregunta derivada de este trabajo), lo que nos permite entrever esta investigación es la permanencia de una cultura política y de un modus vivendi, que se reinterpreta pero no pierde sentido en cuanto a las herramientas que entrega. En esta línea, el relato de Alfredo nos permite aproximarnos a un cierre tentativo (más no a una conclusión). Para él, el legado político de la organización acá estudiada debe tomarse por su apéndice subjetivo, como un modo de ver el mundo, con el objetivo de posicionarse críticamente ante el panorama político y conservar algunos de los aspectos más importantes: “Yo siempre voy a recalcar mi opinión, que me parece que esta diáspora mirista que se ha generado es más negativa que positiva, raya particularmente en la ridiculez también. Y creo que lo importante a rescatar del MIR, no es su recreación, no es una obra teatral en donde nosotros recreemos los papeles históricos que se jugaron en ese momento, sino que es más bien, es un legado político, que es el legado político revolucionario más importante de Chile, pero que no debe ser rescatado de manera objetiva si no desde lo subjetivo, en ese sentido lo que debe ser rescatado son los aspectos ideológicos más importantes, como lo que conversábamos, aspirar siempre a ser los mejores revolucionarios, no abandonar la diversidad”68

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Algunas reflexiones sobre jóvenes, Privatizaciones. Rol del sindicalismo artes visuales y política Caso analizado: Foetra Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Alejandra María Wyngaard Facultad de Ciencia Política y RR.II. UNT U.N.R. pachabenedicto@gmail.com

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Alejandra María Wyngaard

Resumen

El presente artículo presenta algunas reflexiones sobre los jóvenes tucumanos, tomando como caso testigo a los alumnos de la Facultad de Artes de la UNT. Se analiza el interés en sus propias producciones, sus formas de participación e interacción y sus peleas por el espacio público. Esta situación les presenta una profunda problemática entre su práctica disciplinar generalmente individual y la participación política, que constituye un fenómeno esencialmente colectivo. Para esta investigación, se tomó el concepto de generaciones y desde allí, se realiza un breve recorrido histórico los años 60/70 a la actualidad. Es decir desde jóvenes totalmente incorporados en la actividad política y su negación al mercado, a otros que estuvieron formateados por la búsqueda de nuevas formas de expresión para soslayar la censura de la dictadura; sin dejar a los jóvenes de los noventa y la cultura licuada, con la mirada puesta en Buenos Aires o los grandes centros urbanos, a los actuales que no cuestionan la globalización sino que aceptan como un estar en el mundo. Hoy, atravesados por las nuevas tecnologías, están en un constante proceso de reposicionamiento y redirección de sus visiones artístico/estético/política. Se refleja en críticas sociopolíticas, en prácticas de impugnación y resistencia generalmente en la proliferación de salas alternativas y en procesos de autogesión. Pero también este largo y doloroso proceso ha permitido una resignificación de la producción artística, en tanto ha abandonado las definiciones del mercado para consolidar una noción del arte como producto social.

Palabras claves: Juventud – Arte - Política

Abstract

The following article raises some reflections on the young tucumanos, taking as test case students from the Faculty of Arts of the UNT. Here are taken into account their interest in their own productions, their ways of participation and interaction and their fights for the public space. This situation presents a deep problematic between the practice of their discipline usually individual and their political participation, which is an essentially a collective phenomenon. For this research we use the concept of generations and from there we take a brief historical journey from the 60s/70s to these days. Starting with the young people that are totally incorporated in political activities and their denial of the market, to others that where formatted by the search of new ways of expressions to overcome the censorship of a dictatorship, without leaving out the youngsters from the 90s and their diluted culture, or the actual ones that don’t question globalization but rather accept it as being in this world. Specifically looking at Buenos Aires and other big urban centers. Today ruled by new technologies, young artists are in a process of repositioning and redirecting their artistic/ethic/ political vision. This is being reflected in sociopolitical critics, resistance and impugnation practices generally giving way to the proliferation of alternative art galleries and the process of self management. But this painful process gave way to the resignification of the artistic production while abandoning the market definitions to consolidate the notion of art as a social product.

Keywords: Youth - Art - Politics Alejandra María Wyngaard, “Algunas reflexiones sobre jóvenes, artes visuales y política”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 42-55.

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Algunas reflexiones sobre jóvenes, artes visuales y política

Tucumán se ha caracterizado por ser un polo cultural en el noroeste argentino, lo que ha quedado reflejado en el desarrollo artístico que ha alcanzado la provincia. En gran medida, este desarrollo se encuentra vinculado a la fundación de la Universidad de Tucumán en 1914, primera universidad que se creó en la región. La puesta en marcha de esta Casa de Altos Estudios contribuyó a dar un impulso decisivo al desarrollo de las artes plásticas que se potenció en 1948, a partir de la creación Departamento de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. El Departamento de Artes constituye el antecedente inmediato de la Facultad de Artes que comenzó a funcionar en 1985 en el marco del proceso de reconstrucción democrática iniciado por el Presidente Alfonsín, que promovió la normalización de las universidades nacionales. La puesta en funcionamiento del Departamento de Artes permitió la configuración de la Licenciatura en Artes Plásticas que contaba y (cuenta actualmente) con tres orientaciones: pintura, grabado y escultura. La articulación de esta licenciatura le imprimió una impronta distintiva a la provincia, en tanto se convirtió, tempranamente, en un importante semillero de artistas visuales. A pesar de que transcurrieron casi cuarenta años desde la creación del Departamento de Artes hasta su conformación como Facultad, la Licenciatura en Artes Plásticas se fue consolidando como una carrera prestigiosa en el ámbito cultural tucumano. La presencia de “grandes maestros” como Luis Lobo de la Vega y Lino Enea Spilimbergo contribuyeron de manera decisiva al arraigo que está disciplina obtuvo en la provincia y en la región norte. En la actualidad, la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas, como así también la facultad, tiene características particulares. El diseño del plan de estudios contempla que los jóvenes, además de su formación teórica, deben realizar veinte horas de taller semanal. En consecuencia, los estudiantes transitan la institución cotidianamente y de manera intensa. De este modo, la Facultad es un polo de referencia y estructurante de la vida de los jóvenes que asisten a ella. A estas marcas identitarias propias debemos agregarle que la matrícula no revela los índices de masividad que tienen otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán, por lo que la relación alumno-docente se configura de manera distinta, destacándose sobre todo el acompañamiento y el seguimiento personalizado a los estudiantes durante toda la carrera. En el presente trabajo nos interesa investigar a esta “juventud…que va recuperando fragmentos, ecos y fantasmas de otras juventudes”1 “…en una provincia (Tucumán), que no tiene una economía floreciente, ni una vida política ordenada, sino todo lo contrario” (Figueroa, 2011, p. 126). Nos interesa fundamentalmente analizar su abordaje de lo político, su actitud crítica frente a la propia facultad y sus docentes, la universidad, las instituciones oficiales y su interés en el compromiso con la obra, su postura frente al mercado de arte y su relación con el medio cultural. Por la naturaleza de la disciplina, en general, la producción es individual y es a partir de esta realidad de donde nos surgen los siguientes interrogantes acerca de los jóvenes: ¿Realmente tienen inclinaciones hacia la política como modo de transformación de una sociedad?, ¿Cómo son sus formas de participación?, ¿Cómo es la pelea por el espacio público?, ¿Esta disputa se ve reflejada de alguna 1.  Myriam Krieger. (2012) “La invención de la juventud. Entre la muerte de las naciones y su resurrección”. En “Juventudes en la Argentina y América Latina”, CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina.

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manera en la producción actual? Para tratar de dar algunas respuestas posibles, consideramos necesario hacer un análisis comparativo con generaciones anteriores, específicamente con la de los años setenta/ochenta, donde la impronta de la neofiguración llevaba implícita, y muchas veces explícita, el mensaje político y también con la cultura líquida e individualista de los noventa. En este sentido, creemos relevante examinar el posicionamiento de los jóvenes frente a la reconstrucción del Estado y su reflejo en la producción actual.

Contextualizar el problema: La relación entre arte y política constituye un aspecto central para indagar los posicionamientos de los estudiantes de Artes Plásticas frente a diferentes procesos políticos. En este sentido pensar los puentes comunicantes entre una disciplina, que es fundamentalmente individual, y la participación política, que constituye un fenómeno esencialmente colectivo, puede arrojar luz sobre los grados de incidencia que el arte tiene sobre el quehacer político y la manera en el campo de la política impacta en el trabajo artístico. Asimismo, permite advertir las improntas identitarias de diferentes generaciones de “jóvenes” que se vincularon de manera diversa, tanto al arte como a la política, que desplegaron heterogéneas formas de acción y que conectaron ambas actividades con marcas propias de su tiempo.

Los años 60/70 Una de las transformaciones más importantes del mundo de posguerra fue la formación de una cultura juvenil (Hobsbawm, 1990). Fue un movimiento heterogéneo, que se expresó de diferentes maneras en Europa, Estados Unidos y América latina y que adquirió rasgos e itinerarios diversos, variedad y símbolos, según los contextos específicos de las distintas realidades nacionales. Sin embargo, estas expresiones juveniles: “el joven hippie pacifista, el joven guerrillero y el joven intelectual bohemio”2, que implicaron profundos cambios en los roles sociales y familiares establecidos, sobre todo en el hemisferio occidental, estuvieron influenciadas por fenómenos económicos y sociales comunes. El crecimiento económico de Europa Occidental y de EEUU, cuyo símbolo más importante, fue la consecución del pleno empleo, trajo aparejado la presencia de sociedades más homogéneas, inclusivas y consumidoras, no sólo de efectos industriales y alimenticios, sino también de productos culturales. En ese contexto se produjo una revolución cultural que adoptó distintos sentidos en las décadas de 1960/70. Los escenarios emblemáticos de la rebeldía juvenil y su influencia decisiva en las manifestaciones artísticas posteriores fueron entre otros: El Mayo Francés, el Otoño Caliente Italiano, la Primavera de Praga en Europa; la cultura Hippie de la costa californiana como respuesta a la guerra de Viet Nam y el Pop Art, en el este neoyorquino como crítica a la sociedad de consumo.

2.  Vera Carnovale. (2012): “La generación del setenta. Rebeldía, protesta y revolución”. En “Juventudes en la Argentina y América Latina”, CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina

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Se debe destacar que unos de los rasgos de esta revolución cultural es la aparición de la juventud como marca identitaria propia, que se reflejaba en los estilos de vestir, la música, códigos lingüísticos propios y que a la vez que se configura en el campo cultural traspasa al campo político con consignas pacifistas o acciones revolucionarias que entienden que la violencia viene a subsanar una falla de los partidos políticos y que persigue dar por tierra a las desigualdades sociales en los países denominados en vías de desarrollo. En este sentido la experiencia de la Revolución Cubana se constituye en referente insoslayable y en un modelo a seguir. La experiencia de este pequeño país, que dominado por el imperialismo norteamericano, podía transitar un camino independiente apelando a su decisión y a la insurgencia, resultó decisiva en la cultura política argentina. Este movimiento dejó profundas huellas en los países sudamericanos y especialmente en su juventud. El bloque de los años 60/70 estuvo marcado por la entrada de los guerrilleros vencedores de Sierra Maestra, el derrocamiento de Salvador Allende y una cascada de regímenes dictatoriales. La Revolución Cubana se transformó en una alternativa a imitar para amplios sectores políticos de América Latina que veían en el modelo socialista una posible solución a sus problemas cotidianos. Los jóvenes latinoamericanos se hicieron eco de la corriente mundial que cuestionaba el orden establecido y en varios países triunfaron partidos populares que intentaron llevar adelante amplios programas de reformas políticas y sociales. Como afirmó David Viñas: “Fueron años de calentura histórica donde una nueva voluntad revolucionaria movía a los hombres al socialismo” (Viñas, D. “Entrevista a David Vinas”. 2011, Marzo, www.rosa-blindada.info). Años de conflicto e ilusión, violencia y utopía que presentan sociedades crispadas, movilizadas y divididas en bandos irreconciliables signados por la ausencia de propuestas democráticas, en parte por su escasa valoración, cobraron visibilidad en el campo cultural a través de la radicalización de las tendencias modernizadoras, que impulsó el abandono de la práctica específica del intelectual y de los artistas que incursionan en el campo político. El concepto de generación “nos permite identificar no solo unas coincidencias temporales, sino unos vínculos sociales y culturales que trascienden –o le dan sentido a– estas coincidencias. La contemporaneidad que las generaciones viven los hace hijos e hijas de la situación sociopolítica que de alguna manera los marca”3 En la Argentina, la aparición de esta noción de “juventud”, irrumpe en los tiempos del Cordobazo. En ese momento preciso se comienza a hablar en clave de “jóvenes”, lo que se tradujo también en las diferentes expresiones partidarias como la JP, Franja Morada... Esta nueva definición es la que marca el final de los años sesenta y la década del setenta. La juventud aparece como un nuevo actor social diferenciado de los otros. Surgió entre los jóvenes un interés y simpatía por la literatura latinoamericana y su realismo mágico (García Márquez, Carpentier, Cortázar…), por figuras intelectuales como Sartre, Fanon, Lumumba, por los héroes cubanos que incorporaron a su ideario el repudio a toda potencia colonial. Un antiimperialismo furioso, que gravitó decididamente en la delimitación de problemáticas, en tanto se comienza a pensar en términos de liberación nacional y latinoamericana. Los caminos se bifurcaron y se abandonó la cosmovisión de la “civilización del amor” propiciada por el movimiento hippie vol3.  Diego Arias. En Foro Clase 1º Curso Juventudes en la Argentina y América Latina. Prof. Pablo Vomaro

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cándose con mayor decisión hacia la teoría del compromiso sartreano y abrazando el camino de la revolución política y social. En América Latina, los jóvenes no eran hijos de la abundancia, como en el primer mundo, y por lo tanto, la sublevación cultural no estuvo separada de otras formas de insurrección, muchas veces unidas a la violencia. Sostenían que era importante la alianza con los sectores populares, con la presencia indispensable de la clase obrera. Se veían representados en personajes libertarios de América Latina como el Che, Fidel Castro, Camilo Torres, Sandino que adoptaban la mítica figura del “guerrillero heroico”, en el que estaba presente la idea de “sacrificio en la muerte por la liberación de los pueblos”, “la muerte por la política del compromiso con la justicia social”, “la figura del joven revolucionario que traiciona a su clase para colocarse de lado de los desfavorecidos”. La violencia adquirió un estatuto central en la vida política de los jóvenes que se vio reflejada en la opción por la guerrilla (Montoneros, ERP, Tupamaros (Galleg, Eggers-Bras y Gil Lozano,2006) Este nuevo escenario, que implicó la irrupción de la juventud a la política, también marcó profundamente a los artistas. Ejemplo de ello es el colectivo de jóvenes artistas plásticos e intelectuales rosarinos y porteños (Juan Pablo Renzi, Graciela Carnevale, Margarita Paksa entre otros), comprometidos con la causa popular impulsan un proceso investigativo con una obra conceptual política que se exhibirá en las sedes “Central de los trabajadores argentinos” (Central anti verticalista y combativa que propiciaba los vínculos entre obreros y estudiantes) de Rosario y buenos Aires: “Tucumán Arde” (Longoni y Mestman, 2008) Esta referencia reflejaba el núcleo conceptual de este grupo: la realidad política necesitaba un arte colectivo, violento e interventivo que accionara sobre ella y denunciara la opresión, la miseria, la injusticia, la falsedad de los discursos oficiales. El mensaje debía ser claro y definido: Tucumán ardía gracias al “Operativo Tucumán” (que había cerrado 11 ingenios azucareros) (Pucci, 2007) y se propusieron poner el arte al servicio de la causa. Cabe acotar que esta muestra se realizó en las sedes de la CGT de los Argentinos en Rosario y en Buenos Aires. Eso demuestra el grado de alianza entre la juventud y el sindicalismo que ya se había cristalizado en el Cordobazo. Entre 1969 y 1975 se produjo una ola revueltas obrero-estudiantiles en diferentes puntos del país, que se iniciaron con el Cordobazo. Si bien en la universidad tucumana los diferentes centros de estudiantes y las agrupaciones políticas estaban proscriptas por el régimen golpista de 1966, el anuncio del cierre del comedor universitario fue el detonante de un malestar latente que estaba vinculado por una parte, a la crítica situación económica producto de la clausura de los ingenios, y por otra, a la falta participación política derivada de la intervención, que el gobierno de la Revolución Argentina, había promovido en las universidades nacionales. Los estudiantes se levantaron y organizaron ollas populares al tiempo que solicitaban la restitución de la autonomía universitaria, reclamaban el aumento de salario docente y no docente, criticaban la política económica y la situación de la provincia después de la instauración del “Operativo Tucumán” y exigían el levantamiento de todo tipo de censura. Cuando a estas protestas estudiantiles se le sumaron los obreros de la CGT, tanto el gobernador como el rector de la universidad debieron renunciar. El clima de agitación continuó no solo en la universidad sino en toda la provincia (Pucci, 2007). La feroz radicalización ideológica que se produjo al final de la década, influyó fuertemente en el discurso artístico tucumano. A través de la neofiguración, corriente impulsada por el maestro Ezequiel Linares (Profesor Titular del Taller A del Departamento de Artes de la UNT), propone no sólo la figu-

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ración sino “lo narrativo”: imágenes de la pobreza, de una América Latina explotada y sojuzgada, imágenes de desbordante disconformismo y deseos de utopía, aunque nebulosa, vaga e inorgánica en su imaginario. Es decir, la actitud militante se realizaba a través del arte y en los pocos casos que incursionaron en grupos guerrilleros se observa un abandono de la producción plástica por la actividad política4, en tanto se vislumbraba y fantaseaba con la revolución social. Pero es importante destacar que estos jóvenes plásticos e intelectuales vivían en centros urbanos y en su mayoría relacionados con la universidad; de manera que su identificación con “el pelador de caña” o “el obrero del ingenio” era más bien desde una perspectiva afectivo-ideológica que desde una real pertenencia de clase. Su compromiso con “la obra, con la producción, con su arte” y su negación a ingresar el mercado del arte también formaba parte de su ideario setentista, anti capitalista y anti imperialista. Por esa época, Tucumán estaba muy poco conectado al mundo: los libros y revista de la biblioteca del Departamento de Artes databan de la época de oro, es decir de los años cincuenta. Por lo tanto, la intervención de la universidad y la vigencia de la censura habían impactado directamente en la dotación bibliográfica que no reflejaba lo que se estaba produciendo en otras latitudes y mucho menos en América Latina. Según narran la joven de entonces: Romero, Kelly. (entrevista personal, 10 Septiembre de 2011), “Los compañeros esperábamos con ansias que alguien con medios económicos viajara y nos trajera catálogos, queríamos saber qué se estaba produciendo en el mundo, en Latinoamérica pero fundamentalmente en Cuba”. También los estudiantes realizaban pasantías rentadas por el Consejo Provincial de Difusión Cultural (CPDC) en el interior de la provincia impartiendo talleres con lo que estaban en contacto con las clases populares. La consigna era “trabajar en los sectores más carenciados llevando cultura al pueblo” (Wyngaard, 2011, p.52). Cabe mencionar también que aun cuando el Centro de Estudiantes del Departamento de Artes era contestatario y muy politizado, los jóvenes estudiantes aun gozaban de las últimas postrimerías del estado de bienestar. La universidad les proveía de todos los materiales para la producción plástica, lugares de exposición, comedor estudiantil, becas de perfeccionamiento a diferentes centros de las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, organización de salones con importantes premios; a la vez que disponían de los espacios públicos de la provincia, de la municipalidad y de la universidad para sus muestras.

Represión y censura: En marzo de 1976 comenzó la última y más sangrienta de nuestras dictaduras. Se instauró una represión nunca vista en la historia que incluía censura, secuestros, asesinados, torturas, centros clandestinos y desaparición de personas, especialmente jóvenes. Al tiempo que los militares imponían la Doctrina de la Seguridad Nacional, en el plano económico florecía la voluntad de mercado acentuándose el neoliberalismo ya implantado con Onganía. El mundo de la cultura también se disciplinó produciendo un cierre de la escena pública donde solo se oía una voz que instauraba un pensamiento único. El resultado final de este régimen de terror fue el silencio y la sociedad, en un acto de defensa

4.  Vera Carnovale. (2012): “La generación del setenta. Rebeldía, protesta y revolución”. En “Juventudes en la Argentina y América Latina”, CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina

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casi instintivo hizo de la autocensura un modo de supervivencia que se prolongó hasta muy adentrados los años de la democracia que sobrevendría en 1983. Tucumán fue una de las provincias más castigadas por la dictadura, debemos recordar que en los montes tucumanos se había asentado grupos guerrilleros pertenecientes al ERP, y el ejército había jurado exterminarlos. Se instaló el terror en todas sus formas. En la universidad se produjeron cesantías masivas de profesores, persecución y desaparición de alumnos, y una profunda limpieza de material bibliográfico. Se prohibieron los centros de estudiantes y, por lo tanto, cualquier forma de actividad política ya que el comedor estudiantil fue suprimido. El comedor constituía un espacio privilegiado de sociabilidad política, un punto de encuentro entre estudiantes y docentes, y representaba el compromiso del Estado en garantizar alimentos baratos para los alumnos. El cierre de los comedores tenían un fuerte impacto simbólico, que anunciaba el nuevo rumbo que iniciaba el gobierno militar: su falta de compromiso con la educación pública gratuita y laica y la supresión de cualquier espacio pública donde pudiera debatirse ideas y proyectos políticos. El Dpto. de Artes no fue la excepción. Las autoridades del régimen, llegaron al absurdo de tapar las estatuas desnudas con “faldas”, perseguir a los profesores por lo que decían o censurar a los alumnos que pintaban con mucha insistencia en color rojo. Un joven de entonces, Joaquin, E (entrevista personal, 24 de Septiembre de 2008) sostiene: “la censura era algo demencial…la sufríamos todos los compañeros. Uno colgaba una muestra y luego venía un señor que no entendía nada de arte y miraba fundamentalmente si no había desnudos….entonces fue surgiendo la autocensura: si querías exponer seleccionabas lo que no te traería problemas y los otros cuadros al ropero”. También se registraron casos de extraños personajes que quemaron una muestra en el foyer de un teatro y nunca se supo nada al respecto. Pero la virulencia de la censura llegó en los tardíos ochenta con la exposición “Registros” del Grupo Norte. La misma había sido aceptada por la dirección del Museo de Artes Plásticas de la provincia, pero fue rechazada por la superioridad militar. Los integrantes de este grupo eran Figueroa, Joaquin, Romero, Tomattis entre otros, que conformaban un colectivo etario entre 20 y 24 años, de artistas plásticos. Se trataba de una muestra-ambientación planteada en un espacio escenográfico que representaba distintos aspectos de la ciudad. Ellos, aun hoy, sostienen que “Había que decir las cosas sin nombrarlas, figurarlas, se va así aprendiendo el trasvestimiento” (Tomattis, Sergio. Entrevista personal 24 de Septiembre de 2011). Debemos reflexionar en este punto a cerca de, tal vez, la ingenuidad y la irreverencia de estos jóvenes de querer hacer una crítica sobre la ciudad, la política, la pobreza, la mixtura cultural de campo ciudad en un mercado con animales vivos… pero en el propio museo del régimen.

Ilusión democrática y neoliberalismo: Con la llegada de la democracia en 1983, la sociedad conoció un régimen político republicano y muy lentamente fue surgiendo una nueva convicción ciudadana, un nuevo aprecio por la ley y las formas institucionales. La recuperación de los derechos políticos, las libertades civiles y de expresión hizo que muchos movimientos culturales salieran a la luz. El abrir los ojos a las atrocidades de la dictadura, más la vivencia de ésta joven democracia recuperada después de tanta oscuridad, contribuyó a cimentar que la idea de la transformación social por una revolución violenta fuera perdiendo vigencia. En este

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sentido, hay una recuperación de la participación política por los canales “tradicionales”, es decir los partidos políticos. Los jóvenes de entonces se volcaron a la política, a los centros de estudiantes, a los partidos con el convencimiento de que este tipo de intervención constituía la salida a todos los problemas que enfrentaba la Argentina. Se conformó así la utópica ilusión que la democracia solucionaría todos los problemas, lo que desembocó en una nueva frustración. En el Departamento de Artes volvieron los profesores y alumnos cesanteados. Para los jóvenes plásticos lo más difícil fue desprenderse de la autocensura y volver a liberar sus modos de expresión. Entre tanto se hacía presente una nueva generación que no había conocido las luchas utópicas de la resistencia ni de la violencia, que tenía nuevos modos de ver el mundo y que se permitía expresarse más allá de los profesores. Se sentían huérfanos, pero incapaces de encontrar figuras paternas o modelos entre los maestros de la facultad. Su problema era otro: moverse en un mundo pautado por las nuevas tecnologías y “en un fuerte mundo atravesado por las tensiones entre los global y lo local”5. El arribo del neoliberalismo supuso un nuevo punto de inflexión en la actividad política y artística, en tanto que como corriente político-económica propugna la reducción de la intervención del Estado al mínimo. Hacia finales del milenio: “un discurso recorre Occidente. Ya no hay ideologías”. “En el discurso dominante se pueden distinguir cuatro grandes complejos ideológicos: El mito del progreso, la primacía de la técnica, el dogma de la comunicación y la religión de la época: el mercado. (Brune, Francois. 1998) Pero, si bien, “la globalización es entendida como proceso económico, tecnológico, social y cultural, significa que es un proceso constante de homogenización que se dirige hacia la uniformación de los productos y las formas de vida, pero así también como de heterogeneidad a causa de una serie incesante de fracturas y una vuelta al sujeto individual” (Power, Kevin. 2006). La Argentina de Menem rápidamente adoptó estos paradigmas. Con la devolución del poder de regulación al mercado a través de la ley de convertibilidad, la venta de empresas del estado, y la política farandulera, redujo en el corto plazo la inflación, pero, produjo un impacto negativo en los sectores asalariados, que se reflejó en la pérdida de puestos de trabajo y la negación de un futuro a los sectores juveniles. El resultado fue trágicamente perverso y desembocó en la crisis del 2001. Para estos jóvenes, su estar en el mundo, su problemática dejaba de lado el valor de la originalidad y del papel de la pintura en un mundo de comunicación de masas, su necesidad residía en romper con la pintura ideológica, con la plástica de mensajes políticos. Las argumentaciones políticas de los setenta, quedaban lejanas ante los nuevos discursos que se forjaban como la teoría feminista, la libre elección de opciones sexuales y la Otredad. Se volvían desafiando las miradas eurocéntricas de la historia del arte, para concentrarse sobre estos nuevos paradigmas desde una mirada globalizada. Hay en ellos un avanzar del auto retrato hacia una representación autoreferencial, el dejar de lado lo narrativo. El collage, el assemblaje y el fragmento van a constituir sus formas de representación. De este modo, se recupera una estética del individualismo, y se deja de lado formas de intervención colectivas. El no interesarse en el anclaje institucional, tan presente en las generaciones anteriores, y volver 5.  Myriam Kriger (2012): “Historia e identidad en el contexto de la globalización: Representaciones de jóvenes escolarizados sobre el territorio de su nación”. En “Juventudes en la Argentina y América Latina”., CAICYT CONICET (http://cursos. caicyt.gov.ar), Argentina

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la mirada a la Gran Capital “Buenos Aires”; es una de las notas distintivas de esta etapa. Se advierte, de esta manera, una necesidad imperiosa de estar presentes en las grandes ferias de arte de Buenos Aires, es decir, de incorporase al mercado de arte, al sistema del arte y la cultura del espectáculo.

Los jóvenes hoy: Con la crisis del 2001, el Estado, los jóvenes y la sociedad toda, implosionaron. Los jóvenes, fundamentalmente los más pequeños, en una franja etaria de 18 a 22 años de la facultad de artes, comenzaron un difícil y doloroso camino hacia la reconstrucción de su propia urdiembre social, puesto que, como dice Svampa, 2005 “El proceso de desregulación e individualización no sólo significó el declive y la fragmentación (política y social) de la ciudadanía, sino también la legitimación generalizada de los modelos de ciudadanía restringidos”6. Tal vez marcada por las crisis económicas en sus propias familias, la falta de salida laboral, la ausencia de becas de estudio, la muerte de jóvenes militantes (Kosteki y Santillán), las dificultades propias de la periferia en la incorporación en el mundo del arte, (la caída de los proyectos de los noventa por ejemplo Trama, Fundación Antorchas), la falta de aceptación en los círculos oficiales, la imposibilidad de exponer en salas prestigiosas, el no ser comprendidos por la mirada adultocéntrica de muchos profesores que solamente les hablan de los años setenta lleva a estos jóvenes a revertir su mirada. Por todo esto “la participación se da en distintos escenarios de la vida cotidiana de los/as jóvenes de acuerdo a su realidad, necesidades, las cuales son particulares de acuerdo al contexto social en el cual desarrollan sus actividades”7. Los Centros de Estudiantes perdieron su importancia como aglutinadores de grupos contestatarios, ellos incorporaron la vieja política, el problema de los intereses de los partidos políticos que aspiran a dirigir los centros y tener sus representantes en el Consejo Directivo de la facultad, por lo que siempre prestan especial atención a los estudiantes de los primeros años. En Tucumán, específicamente en la facultad de Artes, actúan grupos de Patria Libre, Franja Morada, la Cámpora, La Kolina, Partido Obrero, Libres del Sur, entre otros. En cambio los jóvenes dicen “sí a su vida en los talleres”. No se cuestionan la posmodernidad, ni la globalización. Al decir del profesor Kevin Power, “ellos son habitantes de la misma y no se lo cuestionan, sino simplemente la aceptan como un estar en el mundo” (curso de posgrado Arte y Globalización, 2008). Allí se generan diferentes tipos de acciones sociales como por ejemplo: se organizan en pequeños grupos cooperativos para la compra de materiales, ya que la universidad no los provee. Construyen e idean propuestas para realizar acciones culturales en la vía pública: ferias de arte o realización de murales (a veces acompañados por docentes y otras veces en procesos de autogestión). Es decir “visibilizan el conflicto del orden existente impugnándolo, resistiéndolo e incluso proponiendo otras opciones en estas nuevas esferas prácticas las desarrollan en sus vidas cotidianas” 8 6.  A. Ruiz Alvarez. (2012): “Jóvenes, historia, nación y periferia”. En “Juventudes en Argentina y América Latina”. CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina 7.  (Pablo Rodríguez. En Foro 1º Clase Op. Cit.) 8.  (Florencia Saintout. (2012): “Jóvenes; Nuevos modos de recrear la política” en “Juventudes en la Argentina y América Latina”., CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina.

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Una impronta fundamental es el surgimiento en los últimos años de salas alternativas, ya sea en casas semi derruidas de alguien que se las cede, sin llegar a ser “Okupas”, salas en las propias casas o bares donde cada proceso se auto gestiona en comunidad. Ellos organizan todo desde un punto de vista horizontal, asambleario, no sin conflictos grupales, y desde esa concepción, planean sus muestras, sus movidas culturales, su propaganda y difusión, sus contactos con grupos de otras partes de la provincia o de otra provincia para lo cual el uso de las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se revelan fundamentales ya que “no es posible para ellos pensar en un mundo sin estas tecnologías”9 Estas nuevas tecnologías, especialmente los nuevos modos de comunicación e información (Internet/Facebook/blogs/twitter), son procesos que comenzaron en los años ochenta y que permitieron la ampliación de sus marcos referenciales y teóricos. Esto se ve reflejado en una diversificación del los lenguajes plásticos, en donde se entrecruzan las nociones de pueblo, lo popular, territorio, nación, con lo privado y lo público, lo que va generando, lentamente, nuevos códigos de cultura. Este carácter asambleario y horizontal de la acción de los estudiantes no supone que los mismos sean ajenos a grupos políticos partidarios sino que expresa su propia forma de respuesta a esta sociedad. En este sentido, los jóvenes se encuentran inmersos en proceso que supone un reposicionamiento y una redirección de sus visiones políticas; tal vez menos utópicas pero sí más prácticas y específicas. De este modo, trabajan con una visión más amplia del concepto y lo vuelcan en su producción. Esta noción ampliada de lo conceptual se expresa en las temáticas que deciden abordar: cuestiones de género, problemas étnicos, temas ecológicos utilizando la ironía y la parodia. Este tipo de producción no tiene el rasgo militante de los setenta sino que se vuelca en espacios más intimistas pero siempre buscando provocación, e interactuando en redes humanas y virtuales. Su compromiso militante es ser críticos de la sociedad y llevar adelante prácticas de “impugnación y resistencia”10, en una franca recuperación de su compromiso con el arte, con la obra y como sujetos activos en el campo social que ayudan a mejorar/transformar su medio. Su territorialidad está presente “como un espacio socialmente construido, como una trama de relaciones sociales”11, que se consuma en el taller, en sus relaciones con los compañeros y se refleja en la producción, pero lo ejecutan desde el arte y desde su ciudad, de su territorio. De este modo, ya no se encuentra en ellos la mirada, tal vez más light, más leve, de los noventa donde la idea rectora la constituía la necesidad de integrarse a la sociedad del espectáculo, de manera tal que la vinculación con Buenos Aires resultaban fundamental si se quería emprender un derrotero exitoso. En algún sentido, se ha recuperado algunas formas de intervención cultural característica de las décadas de 1960 y 1970, en tanto muchos jóvenes han reorganizado, algunas veces con apoyo estatal, las viejas bibliotecas populares y allí organizan talleres y muestras en la periférica del gran San Miguel de Tucumán, con el propósito de acerca a los sectores populares al arte. Sin embargo, una diferencia notable con la generación de los 60 y los 70 es que su propuesta no supone una 9.  (Florencia Saintout. (2012): “Jóvenes; Nuevos modos de recrear la política” en “Juventudes en la Argentina y América Latina”., CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina. 10.  (Florencia Saintout. (2012): “Jóvenes; Nuevos modos de recrear la política” en “Juventudes en la Argentina y América Latina”., CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina. 11.  (Pablo Vommaro. (2012): “Aproximaciones a las relaciones entre juventudes, políticas y culturas en la Argentina y América Latina actuales: miradas desde las modalidades de participación política de los jóvenes en movimientos sociales” en “Juventudes en la Argentina y América Latina”., CAICYT CONICET (http://cursos.caicyt.gov.ar), Argentina

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de ruptura con las generaciones de los padres, a pesar de los cuestionamientos que puedan existir, no se registra un quiebre generacional tan marcado como sucedió en la décadas antes mencionadas. No obstante, este nuevo posicionamiento no implica una actitud de conformismo, sino un estar en el mundo y “hacer la historia” como lo dijo la presidente Cristina Kirchner. Tampoco les interesa el parricidio, “matar al maestro” tan presente en los 80/90 sino que arremeten con sus propuestas y las defienden como lo hacen con sus derechos. La producción artística de estos jóvenes se la podría englobar en una re escritura donde conviven una multiplicidad de textos: que van desde lo local a lo global, formas diferentes de expresión, posturas confrontativas con la historia del arte tradicional en un volverse sobre Latinoamérica, analizando y estudiando a sus críticos, y en una manera diferente de concebir el arte y lo político.

Conclusiones El análisis de las relaciones entre jóvenes, arte y política posibilita una mirada diferente acerca de las formas de intervención y de acción política, que conllevaron a nuevas conceptualizaciones de las producciones artísticas y que pusieron de manifiesto la relevancia y el rol del arte en la configuración de identidades sociales. En este sentido, destacamos que los procesos históricos por los que atravesó la Argentina, gravitaron (como no podía ser de otra manera) en las temáticas artísticas como así también en la forma que esas producciones eran introducidas en el campo social. De este modo, advertimos claramente, que la tensión entre lo individual, característica de las artes plásticas, y lo colectivo, requisito fundamental de toda actividad política, atravesó y aun atraviesa, los procesos políticos y culturales. Resulta fundamental destacar, que durante las década de 1960 y 1970, cuando la juventud se construyó como un actor social diferenciado, se produjo un cambio no sólo en las concepciones en torno a los mecanismos de acción política, sino también, en las modalidades de intervención cultural. En este sentido, mientras se percibía a los partidos políticos como estructuras obsoletas que no aseguraban la revolución social y la lucha armada aparecía como una alternativa más viable, las temáticas que abordaron los artistas también fueron mutando puesto que abrazaron las banderas de la lucha social y reclamaron el compromiso de todos aquellos que formaban parte del “campo cultural”. En consecuencia, el arte tenía un alto componente militante, que se expresó también, en la necesidad de construir puentes entre los sectores populares y el mundo del arte. Estos nexos asumieron formas de intervención colectiva, como lo refleja la muestra “Tucumán Arde”. Sin embargo, este proceso creativo y político se vio abruptamente interrumpido con el golpe militar de 1976. La puesta en marcha del terrorismo de estado y la censura provocaron un cambio en las formas de producción artística, que encontraron en la autocensura una forma vital de supervivencia. La opresión del régimen militar se expresó claramente en al imposibilidad de realizar muestras y exposiciones que tuvieran algún contenido de denuncia. La restauración democrática trajo aires renovados de optimismo que se manifestaron en un florecimiento de la actividad política en las universidades, donde lentamente se fueron reestructurando los centros de estudiantes, a la vez que se intentaba dar un sentido a las atrocidades cometidas por la

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Algunas reflexiones sobre jóvenes, artes visuales y política

última dictadura militar. A pesar de esta mirada esperanzadora, la caída del muro del Berlín y el anuncio del “fin de la historia”, que consolidaban a la economía capitalista como la única opción factible, sirvió de caldo de cultivo para el arraigo de la prédica neoliberal. El neoliberalismo, con su exaltación del mercado y del individualismo contribuyó a configurar una práctica artística que perseguía, por sobre todas la cosas, la inserción de los artistas, y más aun de los jóvenes, en el mercado del arte. Por su parte, los efectos de la globalización marcaron que la producción abandonara el carácter local y regional, poniendo el énfasis en la originalidad y buscara delimitar el lugar de las artes visuales en la sociedad de masas. La crisis del 2001, mostró de manera cruda y descarnada la desintegración del tejido social, después de una década de gobiernos neoliberales. Este desgarro lentamente fue reparándose a través acciones colectivas como los movimientos barriales, a la vez que el Estado recuperaba sus funciones como regulador de las relaciones sociales y de las políticas económicas. Los jóvenes, recuperaron esa práctica asamblearia que se instaló como una nueva concepción de hacer política. Este proceso trajo aparejado una nueva relación con el arte, que si bien tiene un marcado acento social, centra su mirada en las problemáticas de género, en la cuestión indígena y en los problemas vinculados a la ecología. Tampoco, se advierte una clara denuncia o crítica al mundo globalizado y a la sociedad de masas, aunque si recupera modalidades de intervención cultural-social, que supone el diseño de acciones colectivas, como la puesta en marcha de talleres en bibliotecas populares, en tanto estrategia que buscar dinamizar y resignificar espacios caros a los sectores populares. A la vez, y a diferencia de la generación de los 70, hay una reivindicación de la política partidaria, puesto que los jóvenes consideran que son esas estructuras los canales adecuados a través de los que se debe conducir el cambio social. En consecuencia, este proceso ha permitido una resignificación de la producción artística, en tanto ha abandonado las definiciones del mercado para consolidar una noción del arte como producto social.

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir Privatizaciones. Rol del sindicalismo de las propuestas de gobierno Caso analizado: Foetra en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. Herwin Eduardo Cardona Quitián * U.N.R. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, Colombia jonasdorado@hotmail.com Marlon David González Sapuy ** UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, Colombia marlonsapuy@hotmail.com

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Resumen

La Región del Sumapaz es un territorio Colombiano con un amplio porcentaje de su población en el sector rural. Emergen diferentes dinámicas alrededor de las nuevas ruralidades y las distintas prácticas culturales urbanas relacionadas con la juventud, a las que la política pública hoy no ha logrado dar respuesta. El territorio se ha transformado en función de diferentes dinámicas como el turismo y la urbanización de áreas rurales que a su vez reconfiguran la condición juvenil. Los análisis realizados a las campañas de gobierno de los aspirantes a las alcaldías municipales para el periodo 2016-2019 dan cuenta de la falta de pertinencia y la desconexión con las realidades juveniles. El objetivo del presente trabajo fue realizar un estado de la cuestión frente a la situación de las políticas públicas de juventud en la región del Sumapaz a partir de la revisión de las propuestas de los diferentes candidatos a las alcaldías municipales. Posteriormente se realizó un análisis comparativo de las diferentes propuestas con las políticas de juventud Nacionales y territoriales. El trabajo de campo se realizó a partir de recorridos realizados por la región, en el marco de la Organización del primer foro Regional de juventudes Rurales y política pública, que tuvo lugar en abril de 2016. El trabajo permitió analizar la pertinencia de las propuestas de los aspirantes de las alcaldías en relación con las necesidades de los jóvenes Rurales, identificadas a lo largo de los recorridos. Palabras claves: Política Pública, Juventud, Ruralidad, Región

Abstract

Sumapaz is a Colombian region with a high percentage of rural population. New dynamics have arised in its population in contrast with the various cultural practices observed in the youth of urban setlements. However, public policies have not been able to address the issues arising from these new dynamics. The region has also been transformed by new dynamics such as tourism and urban development of rural areas, which in turn have had an impact on the young population. Studies conducted on public programs proposed by candidates to the office of the mayor of the various municipalities for the period of 2016-2019 show a lack of relevance and an evident disconnection with the actual youth needs. The purpose of this essay is to study the present status of these issues in relation to current public youth policies in the Sumapaz region based on programs proposed by candidates to the office of the mayor of the various municipalities. A subsequent analysis was done to compare the different proposals made by the candidates to the official national and local youth policies. The field work was conducted in the course of several field trips through the region prior to the First Forum of Rural Youth Groups, which took place in April of 2016. The work done analyzed the relevance of the various proposals made by the candidates in relation to the needs of the rural young population as they were identified during the field trips. Keywords: Public policy, youth, rural environments, region

Herwin Eduardo Cardona Quitián - Marlon David González Sapuy, “Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020)”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 56-82.

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) Introducción La región del Sumapaz (gráfica N°1) es un territorio Cundinamarqués ubicado sobre la vertiente suroccidental de la cordillera oriental Colombiana. La conforman 10 municipios (gráfica N°2): Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia.

(Gráfica N°1) Sumapaz – Cundinamarca – Colombia Fuente: Departamento administrativo de planeación

(Gráfica N°2): Provincia del Sumapaz Fuente: Gobernación de Cundinamarca

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En los últimos años la juventud ha tomado en Colombia una singular importancia en la agenda de política pública nacional, departamental y municipal con relación a los procesos de participación y construcción de programas destinados a esta población y al diseño de políticas públicas. Dicha mención es evidente en las rendiciones de cuenta de los mandatarios y entrega de informes sobre infancia, adolescencia y juventud que en diferentes latitudes y longitudes de nuestra geografía han sido presentados al final del periodo de gobierno (2012-2015). El presente trabajo centra su atención en los municipios que componen a la región del Sumapaz. Trabajos recientes como los de Piñeros R. (2014) han puesto su atención en las distintas configuraciones juveniles que han surgido en este territorio. Fenómenos ligados a la llamada nueva ruralidad, como efecto de prácticas turísticas y la urbanización de áreas rurales, así como la proximidad con el trazo de la vía Panamericana (Bogotá-Soacha-Fusagasugá…) en el caso del Sumapaz, que han influenciado los cambios sociodemográficos y han tenido implicaciones en la construcción de la juventud en la región. A raíz de estas configuraciones aparecen diversas problemáticas en las que está inmersa la población y a las que la política pública, en ocasiones, no logra responder. Existe una directa relación entre estos cambios en la ruralidad y la juventud, pues esta “se enviste en un vínculo con el trabajo como mano de obra rural y una serie de trabajos que yacen de los procesos de urbanización en la región” (Piñeros, R. 2014. p.11). Más allá de que su lugar se sedimente sobre lo rural, se genera una directa implicación en las dinámicas de la población que permite hablar entonces en el Sumapaz de: juventud rural, juventud urbana y juventud ruri-urbana, mostrando aquí una inseparable relación. El estudio comparativo referido a las propuestas sobre juventud de los candidatos para las alcaldías en la región del Sumapaz, hace parte del trabajo desarrollado en la línea: políticas públicas, infancias y juventudes del observatorio de infancia y juventud del Sumapaz que pertenece al centro de Investigación regional Orlando Fals Borda de la Universidad de Cundinamarca. Este trabajo surge como resultado y apuesta a partir de una de las necesidades que como región se evidenciaron alrededor del primer Foro regional de juventudes rurales y política pública. Durante los recorridos por la región se recolectó información sobre planes, proyectos, programas, y movimientos juveniles. El trabajo se organiza en tres apartados generales: inicialmente se habla sobre la política pública de juventud en Colombia y se trabaja alrededor del plan de acción de Colombia Joven y la ley Estatutaria 1622 del 2013. En este apartado se revisan las Políticas Públicas departamentales, entre otros documentos en los que se relacionan las temáticas generales que han sido incluidas en las políticas de juventud en Colombia y Cundinamarca. En el segundo apartado se aborda el tema de la ruralidad en Colombia haciendo especial énfasis en la región del Sumapaz. Por último se sitúan de manera tipológica las políticas que han resultado en función de características, rasgos y particularidades en los recorridos por los diferentes municipios a partir de los planes de campaña de los candidatos a las alcaldías municipales. La metodología de investigación consistió en los diferentes recorridos por los municipios del Sumapaz realizados por el Observatorio de Infancia y Juventud en el año 2015, especialmente durante el periodo de campaña a las alcaldías municipales. Allí se evidenciaron diferentes problemáticas que

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) aquejan la situación de esta población. Uno de los interrogantes que se formulan dentro de este trabajo es: ¿Las propuestas de campaña responden a las necesidades de contexto de los jóvenes1 en cada municipio? Luego de esto se realizó un análisis comparativo junto a la política pública de juventud diseñada desde la administración departamental y nacional. El objetivo de este trabajo es pues construir un análisis comparativo de las distintas tipologías que resultan de las propuestas de gobierno de los candidatos para alcaldías en el Sumapaz y su relación con las necesidades de la ruralidad en Colombia. 1

1.

Pensar la política pública

¿Qué es una política pública? ¿Por qué y cómo nace una política pública? ¿Quién la decidió? ¿Qué hacen el gobierno y la administración pública? ¿Cuáles son los impactos de una política pública? Son las preguntas con las que inicia la discusión André-Noel Roth Deubel (2002) sobre el análisis a las políticas públicas en su libro: Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. A partir de estas también iniciamos nuestra reflexión, pues el trabajo se proyecta responder de qué forma se piensan las políticas públicas para jóvenes en la región del Sumapaz, la manera en la que se están estructurando, además de los encuentros y desencuentros de estas frente a la población y las realidades de la región del Sumapaz en general y de los municipios que la componen particularmente. “El análisis de las políticas públicas consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar total o parcialmente la sociedad, así como sus resultados y efectos.” (Roth, A. 2002, p.28). Dentro del análisis propuesto surgen varios interrogantes alrededor de la forma en la que se están pensando y edificando, para la población joven, las políticas públicas y así, interrogar si cuestiones como lo rural han sido tenidas en cuenta. Asimismo las implicaciones que han traído las dinámicas acarreadas por la modernidad y urbanización de las áreas rurales (Piñeros, R. 2014). La juventud en los últimos años se ha involucrado y ha tomado una creciente importancia en la agenda de política Nacional. Consideramos en el marco del trabajo realizado desde el Observatorio de infancia y juventud del Sumapaz la importancia que tiene ver, valorar y aportar en el tema de política Pública, generando espacios de participación en el que las diferentes colectividades puedan aportar en su diseño y construcción. * Licenciado en Psicología y Pedagogía, Magister en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura, Doctorante en Psicoanálisis, Universidad de Antioquia. Docente Universidad Pedagógica Nacional, Director del Centro de Investigación Regional Orlando Fals Borda, Universidad de Cundinamarca. (Red CLACSO) Asesor del Observatorio de Infancia y Juventud del Sumapaz jonasdorado@hotmail.com ** Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca Colombia, miembro del grupo de investigación “Subjetividad, Educación y Cultura” del Centro de investigación Regional Orlando Fals Borda (Red CLACSO), líder del semillero: “Observatorio de infancia y juventud del Sumapaz.” marlonsapuy@ hotmail.com 1.  Para referirnos en cuestión de género, cualquier alusión a “los Jóvenes” se entenderá por igual tanto a las Jóvenes como a los Jóvenes.

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Vommaro (2015) habla de la importancia de las juventudes sobre todo en relación con los procesos políticos, ya que puede ser pensada a partir de cinco elementos: En primer lugar, la capacidad organizativa y de movilización que demuestran la mayoría de los colectivos juveniles. En segundo término, la gran visibilidad pública de sus acciones, escenificadas en el espacio público y amplificadas por los medios de comunicación sobre todo digitales y electrónicos. Tercero, la expansión de las Políticas Públicas de juventud, que desde hace dos décadas forman parte de la gran mayoría de los planes de gobierno y ocupan espacios en aumento en las estructuras estatales. En cuarto lugar, las renovadas formas de participación político y compromiso público que las grupalidades juveniles producen en sus prácticas cotidianas. Por último, los elementos anteriores generaron un interés mediático, político y académico cada vez mayor, que contribuyó a colocar a las juventudes en el centro de las agendas públicas.” (Vommaro, P. 2015, p. 12) El autor propone ver también a la juventud alrededor de dos principales rasgos que los caracterizan en la sociedad actual: diversidad y desigualdades (Vommaro, P. 2015, p. 13). Se hace necesario entonces ver desde esta óptica al joven en el Sumapaz, esto permitirá generar un nueva visión alrededor de la política; pues una de las inconsistencias que se evidencian frente al mapeo de política pública es el desconocimiento de la diversidad tanto de espacios, modos de producción política, experiencias estéticas y culturales, colectividades como nuevas prácticas deportivas, y visuales, que han emergido en las prácticas juveniles. Además, las desigualdades que se agudizan aún más en lo rural y frente a las cuáles parece tener poca incidencia la política pública de juventud. “Una política pública no existe naturalmente en la sociedad, sino que se trata a la vez de una construcción de un objeto de investigación. Esto implica dificultades para la identificación de sus contornos exactos” (Roth, A. 2002, p.28). La política pública involucra un conocimiento más cercano de las realidades juveniles que tienen lugar en cada municipio, y no solo esto, sino además que sean los jóvenes, a partir de los escenarios participativos y de diálogo, los que pongan a discusión la forma en la que ellos se piensan la política pública, así como los ejes o líneas base a partir de las cuales debe construirse. El diseño e implantación de las políticas públicas no debe ser una respuesta temporal a los compromisos clientelistas del gobierno, sino una garantía para que los ciudadanos puedan ejercer los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución. Lo contrario, la negociación privada de los recursos públicos, característica de los regímenes corporativistas, conduce a una fragmentación de la conciencia social lo que impide a los grupos y clases subordinadas desarrollar una perspectiva integral de la sociedad en su conjunto. (Sarmiento, L. 2000. p. 41) Se pueden entonces considerar cuatro elementos “que permiten identificar la existencia de una política pública: implicación del gobierno, precepción de los problemas, definiciones de objetivos y proceso” (Roth, A. 2002, p.27). A estas habría que agregarle: la participación activa de los jóvenes en el debate y la construcción de la polígica pública. Se puede decir entonces que dentro del análisis de las políticas públicas se tiene como objeto de estudio un conjunto de mecanismos erigidos a partir de:

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) a. Los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o necesarios, incluyendo el proceso de definición y de formación de estos, b. Los medios y acciones procesados, total o parcialmente, por una institución u organización Gubernamental, y c. Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias deseadas como las imprevistas. ” (Roth, A. 2002, p.27) Este trabajo parte del primer punto y se propone desde aquí transitar por los otros dos sin dejar de lado otras posibilidades, miradas de acción y puestas en marcha. Más allá de un ejercicio de observación y análisis en torno a la configuración tipológica de la política pública de juventud en el Sumapaz, se pretende incidir de la mano de los jóvenes y sus colectividades, tanto artísticas, políticas, deportivas, y culturales, en su construcción. Es necesario entonces emprender un camino de crítica, reflexión y construcción de políticas públicas que responda a las necesidades del contexto y de la población. “La tarea del análisis de políticas públicas consiste en proporcionar y facilitar la elaboración de diversos argumentos –que no pueden estar exentos de efectos retóricos– para apoyar la formación de la variedad de opiniones e intereses existentes en la sociedad, con la finalidad de mejorar la calidad de los debates políticos y de ampliar los espacios de participación y deliberación. En este sentido, el análisis de políticas públicas está siempre comprometido con la realidad social; de allí se desprende la importancia de facilitar la existencia del más amplio pluralismo posible” (Roth, A. 2007, págs. 64-65). Las complejidad de las políbicas públicas constituyen un problema a la hora de organizarlas y analizarlas (Roth, A. 2002, p.42). En el presente trabajo, se parte de la tipología de Lowi, expresada por Roth, que busca: “organizar las acciones públicas para facilitar su análisis y comparación nacional e internacional. Por lo general se tratan de encontrar los puntos comunes de las diferentes políticas en momentos o temas distintos” (Roth, A. 2002, p.42).

2.

Ruralidad: problemáticas y necesidades para pensar la política pública

La ruralidad en Colombia, además de padecer el abandono estatal, no ha sido correctamente delimitada en los estudios. Así lo demuestra el informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) en el que se afirma que Colombia aparece como predominantemente urbano (75% habitaría en cabeceras municipales). Esto se debe a que según los estudios estadísticos, quienes habitan en cabeceras municipales son considerados población urbana. De hecho, los informes estadísticos dividen la población en dos: cabeceras municipales (urbano) y resto (rural). La reconfiguración del territorio y las prácticas dan cuenta de la dificultad de continuar sosteniendo dicha diferencia entre lo urbano y lo rural. Lo que encontramos hoy es más bien una forma de interdependencia, cuando no de hibridación (al menos en términos culturales). Según el estudio del PNUD (2011); Colombia es en realidad predominantemente rural, pues el 75% de la población vive en municipios con vocación rural. Es decir, cuando se toma como muestra estadística no las cabeceras

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municipales, sino el municipio en su totalidad y su vocación, puede evidenciarse, que de los 1100 municipios en Colombia, el 94,4% de estos son predominantemente rurales. La pregunta obligada en este caso es ¿por qué si hay más ruralidad, al mismo tiempo existe menos presencia estatal en dichos territorios? El conflicto social y armado tiene su origen en la desigualdad del campo y la concentración de la tierra. Pero así como progresivamente se fue invisibilizando el conflicto social y armado, también se fueron invisibilizando las problemáticas rurales. En ese sentido, la juventud en el campo sufre una doble exclusión: por un lado por su origen campesino, por otro por su condición de jóvenes. Revisar las problemáticas y necesidades de la ruralidad en Colombia es fundamental para generar políticas públicas que atiendan dichas realidades. En el presente apartado ubicamos dichas necesidades en el contexto general colombiano, para transitar luego hacia las problemáticas del Sumapaz.

2.1.

La disputa por la Tierra y el control Geopolítico del Territorio

Dos asuntos se disputan en los contextos rurales en Colombia: la tierra, que se traduce en desigualdad social y sitúa la necesidad de una reforma agraria integral; y el control geoestratégico del territorio, en el que participan los diferentes actores armados y que ha tenido consecuencias en la población, como el desplazamiento, la violencia, el reclutamiento forzado, la cultura de la guerra, entre otras. A pesar de que se trata de dos ejes del conflicto social en Colombia, estas confluyen generando una doble violencia sobre la población rural. Estas dos situaciones se han mantenido a través del cacicazgo regional y de la imbricación de las clases políticas tradicionales con los actores armados y el narcotráfico. A esto se suma el abandono del Estado, que no implementa políticas públicas integrales que atiendan a las necesidades de la población rural, y, sobre todo, que generen dinámicas de participación que contribuyan a la consolidación de una cultura de la participación política de los campesinos y pobladores de las zonas rurales. Los efectos de los elementos descritos se traducen en una constante migración hacia la ciudad y en una pérdida de credibilidad en las instituciones y en la justicia; además de la renuncia a la participación política. En síntesis, “el modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales” (PNUD 2011 p.12). Según el informe del PNUD (2011), a partir del Índice de desarrollo humano pueden evidenciarse los niveles de vulnerabilidad rural: bajo índice de alfabetización, ausencia de programas institucionales, presencia del conflicto armado, hogares con jefatura femenina y con adultos mayores de 64 años así como niños menores de 5 años, conflictos ambientales, menores ingresos económicos. Así pues, a mayor ruralidad, mayor vulnerabilidad.

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) La ausencia del Estado en lo rural2, ha derivado en una mayor presencia de capital y en inseguridad social para sus habitantes, quienes a lo sumo pueden acceder a subsidios focalizados, frente a la ausencia de infraestructura y bienes públicos. A esto se suma el impacto que tiene dicho modelo sobre las mujeres, quienes son excluidas por su condición social (mujeres rurales) y por su condición de género. Lo que puede observarse, según el informe del PNUD (2011), es una precaria incorporación de la perspectiva de género en la política pública. Esta relación desproporcional entre Estado y Capital, deriva también en una desprotección ambiental que agudiza los conflictos socio-ambientales, generando fuertes impactos en los ecosistemas de páramo y bosques, así como en las cuencas hídricas. Frente a este panorama existe además un debilitamiento de la organización campesina y un privilegio de las formas tradicionales de concentración del poder político, que se traduce en cacicazgos transmitidos de generación en generación. Las consecuencias son el debilitamiento del reconocimiento del campesino como ciudadano de derechos. Esto se evidencia en las formas de remuneración de la mano de obra campesina, que son pagos a través del sistema de jornales y además de estar por debajo del salario mínimo, no cuenta con los servicios de protección social. Ante este panorama, las perspectivas de futuro de las familias campesinas son oscuras. Esto se observa en los altos flujos de migración, si no de todo el núcleo familiar, por lo menos de los más jóvenes, quienes migran a la ciudad en busca de mejores oportunidades.3 El informe del PNUD (2011) resalta la brecha que existe entre los objetivos del milenio (ODM) y el contexto de la ruralidad en Colombia. Al ubicar los 8 objetivos, vemos que Colombia está en deuda con todos: “(1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, (2) garantizar la educación básica universal, (3) promover la equidad de género, (4) reducir la mortalidad infantil, (5) mejorar la salud materna (6) combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades, (7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, (8) promover una asociación mundial para el desarrollo” (PNUD 2011 p.31). A pesar de que Colombia formuló el Compes 091 para alcanzar dichos objetivos en el 2015, el PNUD demuestra que al 2011, los 57 indicadores formulados muestran una relación inversa con los Objetivos del Milenio. Otro de los problemas de la ruralidad en Colombia tiene que ver con el uso del suelo. Lo que revela el informe del PNUD (2011) es que existe una subutilización de la tierra apta para el cultivo (PNUD 2011 p.37). Del total solo el 22,7% es utilizada para cultivos, mientras que de 21 millones de hectáreas aptas para la ganadería, son utilizadas 39,2 hectáreas. Casi el doble de lo que indica su vocación. Eso demuestra que existe una subutilización de las tierras aptas para el cultivo, dedicadas a la ganadería. 2.  Según el informe del PNUD (2011, p. 77) “la reducción del Estado en el sector rural se presentó de manera definitiva en la década de 2000, con el drástico ajuste institucional en el sector agropecuario en el primer gobierno de Álvaro Uribe, que reagrupó cuatro entidades en una, El Incoder. […] Tampoco se desarrolló una institucionalidad adecuada para atender campos de acción novedosos que, como la información, la innovación y las TIC, hacen parte sustancial de los procesos de transformación y modernización de la agricultura”. “La participación de los programas de desarrollo rural ha disminuido de un promedio de 46% entre 1990 y 1998, a 12% entre 2003 y 2010 (PNUD 2011, p. 79) 3.  En cuanto a los tipos de migración Piñeros R. (2014) ubica a partir de los datos recolectados, que la menor cantidad de varones en el rango 20-34 años se relacionaría con la educación, pero sobre todo por la importancia del trabajo masculino en diversas actividades económicas rurales y urbanas (jornaleo agrícola, construcción, comercio, servicios personales), la mayor autonomía que les es otorgada a los varones para salir de la parcela, y el apoyo económico familiar en forma de remesas de dinero

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A eso se suma la minería legal e ilegal, que genera una disputa entre actores armados, pobladores y compañías transnacionales por el territorio. La minería genera además de un fuerte impacto ambiental, efectos económicos en la moneda Colombiana, conflictos de uso del suelo, despojo, disminución del agua, así como impactos en las comunidades, quienes en ocasiones no son estimados en las consultas previas, o en otros casos, quedan divididas por los diferentes intereses. Uno de los impactos más fuertes sobre la tierra ha sido el monocultivo de palma y caña para la producción de biocombustibles; según el PNUD (2011) esto amenaza la seguridad alimentaria, además de que afecta la variedad agrícola. Esto se traduce en precarización de la mano de obra campesina, desbalances nutricionales, así como déficit en el abastecimiento de alimentos para las áreas urbanas. La disputa por la tierra, tanto para intereses económicos transnacionales, como para intereses geoestratégicos y mineros, deriva en un despojo exacerbado de los campesinos, además de los derechos de propiedad de la tierra que en la mayoría de los casos se realiza por vía de los actores armados. De hecho, la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia se profundizó con el auge del paramilitarismo, quienes luego de despojar a los pobladores vendieron de manera ilegal los predios a los terratenientes y las élites regionales vinculadas al poder político. Lo que propone el informe del PNUD (2011) es adoptar un enfoque de seguridad humana en el que sea posible proteger a la población amenazada, así como su patrimonio. Especialmente a los líderes de organizaciones sociales y rurales quienes son constantemente amenazados y asesinados. Uno de los grandes retos tiene que ver con que los grupos armados en articulación con las élites locales han ido poco a poco cooptando las instituciones y utilizando el erario público en función de sus intereses. Lo que demuestra el informe del PNUD (2011, p. 62) a partir del indicador de persistencia política, es que “el 94% de los municipios […] presenta algún nivel de persistencia política […] es decir, en las cuatro últimas elecciones de alcalde no hubo rotación o renovación de las élites políticas en el poder”. Justamente los municipios en donde hay mayor persistencia política tienen mayores niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas. Así, la concentración no es solo de la tierra sino además del poder político, y los canales de expresión alternativos para los campesinos son escasos, lo que se traduce en un déficit de representación política. En conclusión, el campesinado en Colombia se encuentra invisibilizado desde varios ángulos; por un lado, como lo demuestra en informe del PNUD (2011) no existe la categoría “campesino” en las encuestas de información oficial; por otro, tiene escaso acceso a la tierra y al crédito. Esto se traduce además en una gran dificultad para acceder a la tecnificación, al conocimiento y a la participación política. A esto se suma la inseguridad humana observable en la dificultad para acceder a los servicios de salud y a su exposición en el conflicto armado. Según el PNUD (2011) la inseguridad recae fundamentalmente sobre las mujeres, las minorías y los jóvenes. En últimas se trata de una desigualdad del hogar campesino, toda vez que este se encuentra constituido especialmente (50%) por mujeres e hijos menores de 18 años. Cabe resaltar además que el 65% de quienes están en situación de desplazamiento son menores de 25 años, lo que indica que el desplazamiento afecta particularmente a los jóvenes.

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) 2.2.

Situación de la Ruralidad en el Sumapaz

El Sumapaz tiene varias delimitaciones, desde las sociopolíticas (provincias) con criterios político-económicos (generalmente arbitrarios) hasta las histórico-culturales (región), cuyos elementos comunes descansan en su pasado cultural. Cómo región el Sumapaz comparte fundamentalmente su relación con el río Sumapaz, configurada por los campesinos y colonos. El Sumapaz es también una localidad de Bogotá (localidad 20) que delimita sobre todo las áreas de protección de las fuentes hídricas. En tal sentido, el Sumapaz es considerada una zona de reserva, debido al potencial hídrico y su ecosistema de páramo. Por esta misma razón el Sumapaz es una zona de disputa geopolítica, pues se han trazado proyectos de producción de energía hidroeléctrica, e incluso se han planeado exploraciones en busca de petróleo. Pero además, el Sumapaz es un territorio históricamente en disputa, dada su relación con el conflicto armado y su herencia gaitanista encabezada por Juan de la Cruz Varela, ícono de la revolución y la lucha campesina de la región, con quien se identifican los pobladores de la parte alta. Sumapaz es además una de las despensas de Bogotá, de hecho el territorio rural, con excepción del páramo, está especialmente destinado a la agricultura y en menor escala a la ganadería. Hasta el 2005 vivían 181.254 personas. Como lo señala Piñeros (2014) a principios del siglo XX la parte occidental del Sumapaz estaba dedicada al cultivo de café, identidad que se mantiene hasta hoy entre los campesinos de la región, quienes han ido retomando los cultivos de café a un ritmo lento en los últimos años4. La producción de huevos es uno de los fuertes de la región, podría decirse que Incubacol es una de las pocas empresas que ha ofrecido empleos formales en la región. Otra de las formas de ingreso, dado el predominio del minifundio, tiene que ver con la compañía en la que los campesinos se asocian con alguien que aporta el capital para establecer una sociedad en la que se comparte el riesgo pero también las ganancias. Como lo señala Piñeros (2014) en ocasiones esta alianza permite a los campesinos obtener apenas para la subsistencia de sus familias a través de cultivos de pan coger. Lo cierto es que progresivamente los campesinos han ido ingresando en lógicas de producción tecnificada permitiendo en algunos casos cierta participación en los mercados de alimentos, sobre todo transportados hacia Bogotá. Pero al mismo tiempo esto ha derivado en un aumento de la “diferenciación social, proletarización y desigualdad entre quienes tienen capital para invertir y aquellos que cuentan con tierra y mano de obra propia o familiar para sostenerse”. (Piñeros. R. 2014, p.16) El Sumapaz no ha sido ajeno a la desregulación estatal y el aumento de los flujos de mercado interesados en invertir en estas tierras; en este sentido, el campesinado se ha visto expuesto a una pauperización evidente en la pobreza rural, así como en su invisibilización en términos de participación como ciudadanos. Las consecuencias son similares a las de otros territorios: “migración intra-rural, y campo-ciudad, acumulación de tierras por parte de las burguesías locales y urbanas, y pluriactividad de las familias campesinas para garantizar su subsistencia” (Piñeros. R. 2014, p.15). En su mayoría el campesinado queda inserto en una lógica de reproducción de la desigualdad, logrando acomodarse a las condiciones impuestas a pesar de continuar sufriendo las contradicciones sociales que los opri4.  Hoy existe una experiencia en Tibacuy, que es financiada por el PNUD, y cuyo producto es exportado a Corea del Sur.

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men. Esto se observa por un lado en la producción de alimentos a escala agroindustrial y a nivel del consumo de mercancías y cultura; asunto más evidente en los más jóvenes. Dada la cercanía del Sumapaz con Bogotá y la expansión de la ciudad capital, la división rural-urbano se hace cada vez más difusa; esto se hace visible además en el consumo cultural de los jóvenes y en la apropiación de culturas urbanas evidentes en las diferentes prácticas de los jóvenes en la región. En este sentido, el Sumapaz se encuentra sufriendo un proceso de urbanización del territorio ligado a los procesos de globalización. Esto se puede ratificar en la proliferación de la oferta turística en la región, a la cual se vincula buena parte de la mano de obra, especialmente de los más jóvenes, quienes trabajan como meseros, vendedores, cuidadores de finca, jardineros, entre otras actividades. Desde luego a esto se suma el agenciamiento de las élites locales, quienes “han dado prioridad a la renta (…) del suelo urbano, en desmedro de la vocación agrícola y el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico” (Piñeros. R. 2014, p.17). La urbanización del campo ha generado entonces una suerte de expulsión de los campesinos quienes migran hacia la ciudad o las cabeceras municipales en busca de mejores oportunidades, lo que a su vez genera fuertes impactos en el territorio pues desagrariza el campo. Los que terminan vinculados a otro tipo de actividades quedan expuestos a la flexibilización y la precariedad, en marcos de desprotección social. Según la distribución del PIB para el 2007, la producción campesina aparece en tercer lugar luego de la industria manufacturera y el comercio, lo que da cuenta de la progresiva desagrarización y precarización de la mano de obra. Este panorama da lugar además a una diferenciación social que se evidencia en la segregación social de áreas especialmente turísticas, en las que el paisaje empieza a configurarse a partir de grandes quintas junto a fincas de campesinos pobres; con una delimitación socio-espacial que altera los tránsitos tradicionales y las formas de apropiación y significación del territorio. En este panorama el camino de los jóvenes está marcado la mayor parte de las veces por la migración hacia la ciudad. Según el estudio realizado por Piñeros (2014), en el Sumapaz se está produciendo una alteración del bono demográfico a través de “factores como la mortalidad o las migraciones juveniles y adultas (campo-ciudad, campo-campo); en los estudios revisitados se da importancia a las migraciones juveniles, justificadas en las siguientes motivaciones: trabajar y/o estudiar y huir del conflicto armado” (p.23). Lo cierto es que las expectativas de los jóvenes frente al estudio no se corresponden con la realidad. “La desigualdad en el acceso a la educación se observa en que apenas entre 40% y 60% de los jóvenes […] entre 15 y 19 años, estudia. En el siguiente grupo etario (20-24) apenas Fusagasugá se acerca al 30% de estudiantes, que claramente están vinculados con la oferta de educación superior que concentra, y para el grupo de 25-29 años menos del 10% estudia”. (Piñeros 2014, p.27). El investigador evidencia además una diferencia de género, pues aunque en el primer grupo etario las mujeres son las que más estudian, en los otros dos se observa un decrecimiento probablemente debido a la experiencia de la maternidad: pues entre los 20 y 24 años la mitad de las jóvenes ya han tenido al menos un hijo, y en el último grupo la maternidad es casi una generalidad. Sin embargo la familia ha venido

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) sufriendo alteraciones, pues por un lado se reproduce un patriarcado polígamo y por otro la individualización muestra la emergencia de otro tipo de uniones. Como puede evidenciarse, las problemáticas de la región del Sumapaz no están lejos de las evidenciadas a lo largo y ancho del territorio rural en Colombia y que afectan fundamentalmente a las mujeres, los jóvenes y las minorías. Las principales necesidades se derivan de las consecuencias de la ausencia estatal y del impacto del capital en el territorio. También se observan los efectos del conflicto armado y la pobreza estructural, así como la migración forzada o no de los jóvenes, la desigualdad de género y la precarización laboral.

2.3 Juventudes rurales en el Sumapaz: un acercamiento preliminar recorriendo la región El Observatorio de Infancia y Juventud del Sumapaz en su interés por realizar un estado de la cuestión de las realidades de los jóvenes en la región del Sumapaz, inició una serie de recorridos en el año 2015 con el objetivo de conocer los diferentes planes, programas y proyectos de los municipios destinados a atender las necesidades de dicha población, y de escuchar las voces de los jóvenes frente a sus necesidades y demandas. Los recorridos se realizaron en dos momentos. El primero se desplegó a los municipios de San Bernardo, Arbeláez, Icononzo, Pandi, Venecia y Cabrera. El segundo tuvo como ruta: Pasca, Granada, Silvania y Tibacuy. La metodología de trabajo consistía en aplicar entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos y jóvenes. Se realizaron registros de audio y fotografía, y al final de cada jornada se evaluaron y socializaron las experiencias. Lo que pudo observarse en los diferentes recorridos realizados, es que la principal oferta de planes proyectos y programas de las alcaldías municipales del Sumapaz se encuentra enfocada al deporte, el arte, la cultura y la salud. En el primer caso se despliegan programas de formación deportiva (en deportes convencionales), en el segundo se realizan cursos de formación artística en áreas como la pintura, el teatro y las danzas. En el tercero la oferta se concentra en programas de lectura de las bibliotecas, así como en centros interactivos. Por último en lo relacionado con la salud los planes están focalizados, por un lado hacia la población en condición de discapacidad, por otro a población infantil a través de programas nacionales como: “De cero a siempre”. Finalmente, en programas de prevención, fundamentalmente en lo relacionado con embarazo adolescente. La segunda parte del trabajo realizado a lo largo de las salidas consistía en dialogar con los y las jóvenes de la región. Para esto se diseñaron unas entrevistas semiestructuradas que indagaban fundamentalmente en los siguientes campos: •

Tiempo libre

Participación juvenil

Prácticas deportivas, artísticas y culturales

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Sitios de encuentro

Estas categorías fueron exploradas a través de entrevistas abiertas y registradas en diarios de campo. A continuación se presentan los principales hallazgos: 1. Las actividades musicales son quizá las de mayor acogida entre los jóvenes, después de las deportivas. Esto se debe fundamentalmente a que ambas se encuentran reforzadas por los dispositivos escolares. Otro campo de despliegue de las actividades culturales en los municipios, y de las cuáles participan los jóvenes tiene que ver con las ferias y fiestas. 2. Las escuelas deportivas son el programa de mayor participación de los jóvenes en la oferta institucional de los municipios. El ciclismo es uno de los deportes más practicados por los jóvenes, sobre todo en los corredores viales de la provincia. 3. Buena parte del tiempo en el que los jóvenes interactúan está relacionado con un tiempo no regulado. Se trata de actividades de ocio que puede evidenciarse en los diferentes municipios recorridos. Dentro de las actividades más comunes encontramos el internet, los videojuegos y los billares. También prácticas deportivas como el microfútbol y el skate, pero en escenarios desregulados y des-institucionalizados. Pudo evidenciarse en las entrevistas realizadas, que los jóvenes de la región dedican buena parte de su tiempo al consumo televisivo; cabe resaltar que esta respuesta fue más frecuente en las mujeres que en los hombres. 4. El parque constituye uno de los sitios más importantes de encuentro para los jóvenes, sin embargo, en varios casos existe una percepción de inseguridad en dichas zonas. 5. Existe una hibridación cultural evidente en las prácticas juveniles y las estéticas. Algunos de los jóvenes trabajan en la producción agrícola, pero mantienen estéticas urbanas; o, por lo menos, una hibridación entre ambas. En Venecia por ejemplo, encontramos un grupo de jóvenes Skate, que trabajan también recogiendo moras. En Pasca los jóvenes trabajan en diferentes actividades agrícolas. En Silvania algunos jóvenes trabajan en el Club de Golf. La hibridación puede observarse también en la apropiación que hacen de ciertas prácticas de las culturas urbanas (como el Hip Hop) y que se traduce en sus estéticas. 6. Otra de las prácticas frecuentes de los jóvenes es uso del Internet. Lo que pudo observarse durante el recorrido es que estos lugares, tanto a nivel público como privado tienen una gran acogida entre los jóvenes y los niños. Las experiencias analizadas dan cuenta de que los diferentes programas están focalizados a la población escolarizada. Una vez se sale del sistema escolar es más difícil mantenerse en ellos; es como si la condición juvenil en los contextos rurales estuviera determinada por la moratoria escolar. La mayoría de jóvenes que goza de alguno de los programas de la alcaldía lo hace mientras se encuentra vinculado al colegio.

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) Es importante señalar también, que los jóvenes de los municipios con mayor cercanía a Fusagasugá se vinculan a más actividades culturales y deportivas, dado que la oferta es mayor y que muchos de ellos estudian muy cerca a Fusagasugá. Tal es el caso de los municipios de Silvania y Pasca. En los recorridos pudo observarse también que existe un desconocimiento de los jóvenes sobre los planes, programas y proyectos de las alcaldías dirigidos a ellos. Este desconocimiento redunda en la baja participación de los jóvenes en grupos y organizaciones. Es además frecuente la afirmación de que existe falta de apoyo del municipio. También se manifiesta la necesidad de generar programas especializados para trabajar con población en condición de discapacidad. Una de las dificultades para atender dicha necesidad tiene que ver con la ausencia de un censo que caracterice esta población en la región.

3.

Las políticas públicas de juventud en Colombia; miradas y concertaciones

Las políticas públicas de juventud en Colombia se definen como el “Conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que identifica, comprende y aborda las realidades de los jóvenes”5 (Sarmiento, L. 2000. p. 2) es desde esta mirada con la que se habla y se ha tratado de abordar el tema de la política pública de juventud en Colombia; las instituciones a cargo de esta población han venido desarrollando, coordinando, pensado y postulando aunque de manera endeble, una serie de estrategias que han sido traducidas en políticas públicas principalmente, donde se intenta abogar para que en Colombia se les dé a los jóvenes el lugar en la agenda pública de carácter participativo que les corresponde. Las políticas públicas pretenden incidir en un tiempo-lugar determinado con condiciones de vida propia por parte de cada habitante, un contexto particular, dinámicas específicas de vida y producción política. Esto determina los alcances, apuestas, propósitos, intervenciones que en el tema de política pública se deben hacer para incidir de manera efectiva en la población. El objetivo ha de ser la revisión y comparación de las tipologías observadas en las propuestas de la última campaña para alcaldías; bajo este interés es menester conocer las temáticas por las que se ha pensado y que por ende han sido incluidas al momento de formular políticas públicas de juventud en Colombia. En los antecedentes, encontramos entre otros la instauración de lineamientos generales para formular la política pública por parte del Departamento Nacional de Planeación en 1988, el reconocimiento en la Constitución de 1991 a los jóvenes como sujetos de derechos y deberes, la Ley Nacional de Juventud 375 de 1997, el Decreto 089 del 2000 en donde se establecen los consejos de Juventud; en el año 2003 el Programa Presidencial de Colombia Joven tiene como tarea, según Ley 812 de 2003, crear una Política Pública Nacional de Juventud. (Sarmiento, L. 2000). Creación del Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte COLDEPORTES en 1968, creación de la Consejería Presidencial para la juventud, la mujer y la familia en 1990, creación del Viceministerio de la Juventud por Decreto 1953 de 1994. 5.  Presidencia de la República, Colombia joven. Presente y futuro de los Jóvenes, Diálogo Nacional. Bogotá, 2001. Pág.3. Citado por: Sarmiento Anzola Libardo. Política Pública de Juventud en Colombia: Logros, dificultades y perspectivas.

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Más adelante se diseñaría el nuevo estatuto de ciudadanía Juvenil, ley estatutaria 1622 del 2013 “por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones referidas a los jóvenes en Colombia”; para finales del 2015 el Senado aprueba el proyecto de ley que permite reglamentar los mecanismos de participación juvenil traducidos en consejos de juventud. En medio de una profunda reflexión acerca de las temáticas que han sido incluidas al momento de pensar la construcción de políticas públicas de juventud Sarmiento, L (2000). Ubica como ejes, después de encontrarlos iterativos en cada uno de los organismos internacionales que se exponen: la ONU, OIJ, CEPAL los siguientes: a.

educación

b.

el empleo

c.

el hambre y la pobreza

d.

la salud

e.

el medio ambiente

f.

las drogas

g.

la delincuencia

h.

la recreación

i.

el tema de género

j.

la ciudadanía

k.

participación

l.

TICS

m.

prevención de conflictos

n.

integración y cooperación regional

Por otra parte a nivel nacional se clasifican según políticas de juventud en los años de su constitución; desde esta perspectiva los ejes vitales en la política colombiana han sido: la participación, falta de oportunidades, equidad de género, educación, salud, iniciativas juveniles, consejos municipales de juventud, investigación, reconocimiento del joven como sujeto de derechos y deberes, juventud campesina y joven rural, ciudadanía, cultura y Derechos Humanos. Fue al programa presidencial, Colombia joven, al que en el año 2003 se le delegó una de las más importantes tareas en temas de política pública de juventud; su propuesta enmarca las bases para el plan decenal de juventud (2005-2015). Dentro de los fundamentos encontramos como enfoque de política el reconocimiento de los jóvenes cómo sujetos de derechos y personajes claves en la construcción de sociedad, pues en este marco etario (14-28) es donde se cimientan atributos y cualidades

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) que hacen de su participación indispensable en los retos que se plantean en el país, tal es el caso de la paz. (Colombia joven. 2004) Por otro lado se destacan como ejes estratégicos en este plan decenal los siguientes6 - Participación en la vida pública y en la consolidación de una cultura de la solidaridad y de la convivencia -

Acceso a bienes y servicios públicos

-

Ampliación de oportunidades sociales, económicas y culturales

Para la primera se entiende que solo al profundizar la democracia participativa de los jóvenes (y de todos los sectores poblacionales) se puede avanzar en temas de gestión frente a la comunidad; se promueve la organización autónoma y su participación también en organizaciones. Con la segunda se pretende incidir en las zonas en donde la inequidad es más expresiva: zonas rurales y mujer; se habla de propuestas de salud, seguridad social, violencia intrafamiliar, empleo, educación, juventud indígena y rural, jóvenes en situación de discapacidad entre otros. Para el tercer eje se piensa en la sociedad del conocimiento representativa del siglo XXI y los desafíos que este presenta para el país. Existe la necesidad de una educación de calidad como motor de desarrollo impulsado por la cultura en la producción y el consumo, así como el intercambio de expresiones culturales y artísticas en respeto a la diversidad, educación permanente y en igualdad de condiciones, enseñanza científica, condiciones laborales de emprendimiento con programas de capacitación, deporte y medio ambiente.

3.1.

Miradas y concertaciones en la política Departamental

Estas miradas y concertaciones no distan de las anteriores. Existe un especial interés sobre estas ya que con ellas nos acercamos a los municipios del Departamento de Cundinamarca a los que alude el presente trabajo. Ahora los ejes serán vistos desde el plan estratégico de desarrollo juvenil 2011– 2020 de la política pública de juventud de Cundinamarca (PPDJ) descritos en Ordenanza 20 del 2007 por la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaria de Desarrollo Social. La PPDJ se desarrolla en nueve líneas caracterizadas por derechos7: 1.

Derecho a la vida y a la convivencia pacífica en condiciones Justas

2.

Derecho a la educación y a su formación para el emprendimiento

3.

Reconocimiento de la salud integral

4.

Derecho al reconocimiento y al fomento de la identidad, diversidad y pluralidad regional

6.  Estos ejes estratégicos corresponden al Plan Decenal de Juventud (2005 - 2015); se enuncian los ejes y se describe para cada uno características y orientaciones importantes 7.  Se enuncian de las nueve líneas estratégicas las características principales o la categoría de derecho que la sustenta

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5.

Derecho al desarrollo, a la cultura del emprendimiento y empresarismo juvenil

6.

Derecho a gozar de un ambiente sano

7.

Derecho a la organización y participación de los jóvenes

8.

Derecho a la información y a la comunicación pública

9. Derecho a la protección, restauración de derechos de las comunidades étnicas y de jóvenes en situación de discapacidad “Los jóvenes del departamento, en general, registran una situación crítica en todas las líneas estratégicas de la PPDJ. Únicamente dos de las nueve líneas estratégicas tienden a presentar una situación positiva en el departamento”8 (PPDJ. Cundinamarca. p.39) estas son las que se relacionan con los numerales anteriormente expuestos 3 y 4. Con esto, los programas de atención a jóvenes más expresivos y de mayor postulación por parte de gobernantes son los relacionados con la salud, el deporte y la cultura. Se habla de la Educación y la participación como los ejes más problemáticos en el departamento (PPDJ. Cundinamarca 2007) acompañado este de problemas en sectores como el de emprendimiento y lo relacionado a lo laboral y al medio ambiente; sobre este eje ya ha hablado Piñeros, R. (2014), quien nos muestra como en el Sumapaz se ha generado debido a la industrialización, tecnificación de áreas rurales y demás procesos característicos de los últimos años “una mayor desigualdad socioespacial, vemos la expulsión de campesinos que ante la inminencia de la urbanización en el campo y las condiciones desfavorables para la labor agropecuaria, muchos migran hacia la ciudad (sea Bogotá o Fusagasugá) o buscan tierra en otros lugares, poniendo en entredicho la continuidad de su actividad productiva y desagrarizando el territorio.” (Piñeros, R. 2014. p.14)

3.2.

Propuestas sobre Juventud en el Sumapaz Cundinamarqués

La mayor parte de la población del Sumapaz se ubica en Fusagasugá (60%), y en Silvania el (10%) de la población. El (59%) de la población está ubicada en la cabecera municipal y en el sector rural el (41%). Para algunos municipios la población rural es mayor a la urbana, tenemos dentro de los datos proporcionados por el Incoder (2012) que dentro de la estructura de la población por edades es mayor el porcentaje (52%) de los ubicados entre los 0 y 29 años, ascendiendo en porcentaje desde los 5 hasta los 20 años (Incoder, 2010. Pág. 5-8). Los datos nos acercan a distintas miradas que hacen en este trabajo indispensable poner la atención en la Juventud (población con mayor porcentaje) y en el sector rural. De los diez municipios de la región se trabajan nueve, dejando ausente a Tibacuy debido a que la información no pudo ser consultada; se incluye el municipio de Icononzo del Departamento del Tolima 8.  Hace relación a un estudio realizado durante el año 2010 donde se exponen los resultados de la mesa de trabajo 2006 – 2007. Se muestran en el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil 2001 – 2020. Política Pública de Juventud de Cundinamarca con Ordenanza 20 de 2007

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) que se encuentra en medio de algunos municipios de la región del Sumapaz, pero que como región hace parte de la zona de estudio; de hecho su incorporación ha sido necesaria por el eje de vía que los traza y comunica. La información que se relaciona es obtenida de folletos de campaña de cada uno de las y los candidatos para la alcaldía, además de información encontrada vía internet en páginas de campaña. “El mapeo de las agencias estatales nos permite incorporar una lectura de la institucionalidad social, en tanto entramado que, afectado por el entorno político, condiciona la agenda de la cuestión social y las respuestas estatales (Repetto, 2013) así como dar cuenta de la finalidad que persiguen y del organismo que las impulsa.”9 (Vásquez, M. Vonmaro, P. Núñez, P. 2014) La distribución de candidatos por municipio se contempla así: San Bernardo 3, Cabrera 3, Pasca 2, Arbeláez 3, Pandi 4, Icononzo 5, Granada 5, Silvania 4, Venecia 3 y Fusagasugá 4. Desde las propuestas de campaña se ha elaborado una tipología de las propuestas de gobierno en el tema de juventud organizadas a raíz de características y particularidades; de esta forma se han identificado 13 directrices de política a partir de la incidencia en los indicadores de las propuestas que presentaron los candidatos a la comunidad:10 1) Políticas para el desarrollo e impulso del deporte y la recreación: refiere a los que tienen entre sus objetivos generar espacios recreativos en la comunidad, aumentar la oferta de programas deportivos para diferentes disciplinas en escuelas deportivas tanto en los cascos urbanos como en lo rural. 2) Políticas de reconocimiento y Género: enmarca aquella política que piensa en una distinción de género, abogando para que a la mujer se le dé el papel que le corresponde y sea ésta también participe de la constitución de una política de juventud pensada también desde y en la Mujer. 3) Políticas de promoción por la Educación: Enuncia aquellas acciones que quieren incidir directamente sobre el sistema educativo capacitando, dotando de materiales, adecuando la infraestructura; gestionando con instituciones de nivel técnico, tecnológico y profesional en diferentes áreas para el acceso de los jóvenes. Se habla de subsidios a los estudiantes que se desplazan de los municipios hasta Fusagasugá o Bogotá especialmente a las personas de los estratos 1 y 2. Estructuración de programas de crédito con instituciones como el ICETEX, gobernación y las mismas Universidades. 4) Políticas de seguridad y convivencia: hace referencia a aquellas instancias donde se hace seguimiento a los jóvenes sobre conductas que puedan afectarle directamente y a sus familias. 5) Política de gestiones en salud: habla de aquellas políticas de prevención ante el consumo de alucinógenos, se mencionan brigadas de salud sexual y reproductiva para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos a temprana edad y no deseados por parte de las jóvenes; además de proyectos para la recuperación emocional y atención psicosocial a jóvenes victimas de conflicto armado y de desplazamiento. 9.  Repetto, 2013 citado por Melina Vázquez, Pablo Vonmaro y Pedro Nuñez 10.  La tipología ha sido organizada desde las campañas que se pudieron trabajar, pues de algunas y algunos candidatos no se encontró propuestas. El presente balance es traducido en tipologías.

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6) Políticas de gestión cultural y artística: En estas se menciona lo relacionado al impulso de actividades comunitarias de carácter cultural y fortalecimiento de escuelas artísticas. Se piensa fortalecer e incitar a la conformación de grupos juveniles para aprovechar sus capacidades. Fortalecimiento de escuelas artísticas, de la casa de la cultura, construcción de semilleros artísticos, impulso para los planes de lectura y escritura. Apoyo a artistas locales y a expresiones culturales tendientes de cada lugar; además de llevar a la zona rural escuelas de formación y las actividades de recreación para jóvenes 7) Políticas de participación y Organización Juvenil: enmarca aquellas políticas que tienen como objetivos crear oficinas, plataformas, asambleas, comisiones, consejos de juventud en donde se permita generar espacios de liderazgo y participación activa para que los jóvenes sean actores estratégicos de desarrollo y liderazgo. 8) Políticas que persiguen la conformación y constitución de políticas públicas en los municipios: esta línea hace referencia para aquellas propuestas en donde la edificación de políticas específicas de Juventud es la prioridad; están enraizadas con perspectivas de género, proceso de paz y pos-conflicto. 9) Políticas enmarcadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICS: son aquellas que reconocen la importancia de la implementación de las nuevas tecnologías en los municipios y que sean estas para alcance de los jóvenes. 10) Políticas de emprendimiento juvenil: enuncia aquellas políticas en donde se piensa apoyar a los jóvenes en el acceso al trabajo digno, al acompañamiento de proyectos productivos y de emprendimiento de los jóvenes; acompañando a su vez los programas de orientación vocacional, capacitando a los jóvenes en las áreas de su interés y generar así empleo por medio de programas productivos. 11) Políticas de inclusión/ LGBTI: señala las políticas que pretenden incidir sobre los sectores pobres y vulnerados así como marginados y rechazados por sus identidades sexuales. 12) Políticas enmarcadas desde lo ambiental y rural: Son las políticas que pretender incidir en lo ambiental; teniendo al Sumapaz como una de las regiones preferidas por multinacionales en el tema hidrocarburos. Se pretende generar acciones de respeto, conciencia, acciones de reforestación, descontaminación; propuestas de capacitación para campesinos y jóvenes. 13) Políticas sobre justicia: Es la política que pretende generar e implementar un sistema de responsabilidad para jóvenes; persiguiendo alejar a esta población de la ilegalidad. Estas tipologías surgen como categorías emergentes de la lectura de los planes de gobierno. Es clave al momento de entender las preocupaciones existentes desde los mandatarios frente a la población juvenil de cada municipio que compone la región. De las 13 líneas estratégicas de política se evidencia la mayor incidencia en la Política para el desarrollo e impulso del deporte y la recreación; le sigue a esta con nueve municipios las políticas de promoción por la educación y la de gestión cultural y

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) artística. Con ocho municipios encontramos la política que piensa en la conformación y constitución de políticas públicas para la población juvenil. Disminuyendo la incidencia de líneas en municipios encontramos para seis de estos las políticas de gestiones en salud, para 5 municipios las que refieren a la participación y Organización juvenil; para tres de estos las de emprendimiento juvenil y las enmarcadas en el sector ambiental y rural. Dentro de los ejes más problemáticos encontramos con incidencia en los municipios de San Bernardo y Cabrera la política de inclusión / LGBTI y para los municipios de Pasca e Icononzo las políticas enmarcadas en la justicia. Por último las categorías más críticas son con tan solo un municipio de incidencia (Fusagasugá), encontramos la política de visibilización y género; y para el municipio de San Bernardo la política de seguridad y convivencia y la de tecnologías de la información y la comunicación TICS. Ya habiendo señalado la situación global enmarcada en las propuestas de los entonces candidatos para los municipios, ahora es necesario introducir la reflexión en relación a los candidatos ganadores y hoy alcaldes de cada uno de los municipios. En la tabla No. 1. se relaciona el municipio con el candidato elegido, el partido en el que se encuentra adscrito, así mismo si de este se tiene o no información sobre campaña.

Tabla No. 1: Candidatos ganadores y partido al cual pertenecen. Fuente propia N°

MUNICIPIO

PARTIDO

INFORMACIÓN

1

San Bernardo Libardo Morales Cabezas

NOMBRE

Coalición programática y política

Si

2

Cabrera

Orlando Romero  Ortiz

Partido polo Democrático Alternativo Si

Pasca

Carlos Gilberto Rodríguez  

Arbeláez

Jorge Alberto Godoy Lozano

Pandi 

Sandra Pulido Gutiérrez

Icononzo

Partido Alianza Social independiente Jorge Enrique García Orjuela   ASI No habla de Juventud

Granada

José David Alvarado Padilla  

Cambio Radical , Partido Conservador, Partido de la U Si

8

Silvania 

Jorge Enrique Sabogal Lara  

Coalición la U, Cambio Radical y MAIS Si

9

Venecia

Javier Orlando Villalba Torres

Partido Opción Ciudadana

Fusagasugá

Luis Antonio Sabogal

3

4 5 6

Partido Liberal Colombiano, en Muñoz Coalición con el partido Social de Unidad y Partido Cambio Si Si

Lorena Trabajando por un Desarrollo con Equidad y Confianza No encontrada

7

10

Partido Conservador Colombiano

Si

Cifuentes Partido Liberal Colombiano, Partido de la U, Cambio Radical, MAIS Si

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A continuación se relaciona en la tabla No. 2. Según municipio, las líneas estratégicas que los nuevos alcaldes y alcaldesas introdujeron en su propuesta de campaña:

CABRERA

PASCA

ARBELÁEZ

PANDI

ICONONZO

GRANADA

SILVANIA

VENECIA

FUSAGASUGÁ

INDICADOR DE PPJ / N° MUNICIPIO DEPORTE Y RECREACIÓN GÉNERO EDUCACIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SALUD PRÁCTICAS CULTURALES PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA PÚBLICA TICS EMPREDIMIENTO INCLUSIÓN/ LGBTI SECTOR AMBIENTAL Y RURAL JUSTICIA

SAN BERNARDO

Tabla No. 2. Indicadores de propuestas de juventud en campañas para alcaldías municipales en Sumapaz. (Refiere a los candidatos ganadores) Fuente propia

X X X X -

X X -

X X X -

X X X X -

-

-

X X X -

X X X X -

X X -

X X X X X X X -

Dentro de la distribución de líneas estratégicas por municipio en las propuestas de campaña que acompañan a los candidatos elegidos se encuentra entre las más enunciadas las políticas referentes al desarrollo e impulso del deporte y la recreación y las que persiguen la conformación y constitución de políticas públicas con un total de seis municipios por cada una. Con 5 municipios de incidencia las políticas que hablan de gestión cultural y artística y de promoción por la Educación. El índice disminuye notablemente, pues encontramos con tres municipios de incidencia quienes enmarcan en su propuesta la política de gestiones en salud; con valores más críticos la política de reconocimiento de Género enunciado solo en Fusagasugá y la de inclusión y LGBTI por el municipio de San Bernardo. Las políticas de seguridad y convivencia, las de tecnologías de la información y la comunicación, las de emprendimiento, las del sector ambiental y rural; y por último la de Justicia no son enunciadas para ningún municipio. Vale la pena mencionar que algunos enmarcaban a la juven-

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) tud como una categoría de trabajo específica en donde la mostraban como población vulnerable de la que es necesario acercarse para trabajar. En cuanto a otros no introducían en ninguna de sus categorías a la población Juvenil; por su parte solo hablan de niñez, adultez y tercera edad. Para enlazar este análisis más al contexto, es necesario introducir las reflexiones y conclusiones a las que se llegó después de la salida de campo11 por los municipios a los que se hace relación en este trabajo; donde se pretendía hacer un reconocimiento de la situación de juventud en cada municipio preguntando por programas, características, necesidades, problemáticas particulares de cada lugar. Dentro de los hallazgos evidenciados se encuentra un desconocimiento de las organizaciones juveniles y grupos juveniles por parte de la Administración Municipal. Se han adelantado programas y proyectos para incentivar y nutrir las escuelas de formación artística y deportiva tanto en lo urbano como en lo rural, pero estas no han sido comunicadas efectivamente a la comunidad pues hay jóvenes que desconocen lo que se brinda desde estas administraciones; además afirman que estos no diseñan actividades en las que puedan hacerse partícipes desde lo que saben y les gusta hacer. Las problemáticas que más aquejan a los jóvenes en estos municipios son las que están relacionadas con casos de violencia intrafamiliar, drogadicción, embarazos a temprana edad e intentos de suicidio; por otra parte la falta de aspiraciones y de proyectos de vida de los jóvenes que están ubicados en las zonas rurales principalmente. Para muchos jóvenes entre ellos los que ya han terminado el colegio las formas de pasar el tiempo libre es en lugares de reunión con amigos, donde suelen compartir distintas prácticas; para otros son los billares y sitios de venta de licor. Las TICS ha abierto para los jóvenes nuevos espacios dentro de los municipios, se han venido introduciendo en un ambiente distinto al que solían tener diariamente; algunos enuncian que aparte de poder conectarse con otras personas por medio de redes sociales han logrado desarrollar conocimientos sobre temas frente a los que se interesan y a los que tienen ahora la posibilidad de acceder. Existe una preocupación por parte de ellos en lo que se refiere a los proyectos hidroeléctricos y de intervención por parte de multinacionales en el territorio, este foco de atención es principalmente de los estudiantes Universitarios. Es necesario que se generen propuestas participativas para los Jóvenes en la consolidación de las líneas estratégicas de política antes enunciadas, su voz es el acierto de contexto que deben tener todas y cada una de estas políticas; es la voz de la vivencia, de quienes transitan las calles, quienes conocen su territorio y saben lo que falta y hace bien para ellos y los suyos. Es de ellos que deben servirse las administraciones locales para el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas; aún más cuando sabemos que como población estratégica, son los jóvenes quienes tienen propuestas, posiciones, saberes, conocimientos y experiencias que permiten realizar verdaderos cambios con proyección y pertinencia. 11.  La salida de campo fue organizada por el grupo: Observatorio de Infancia y juventud del Sumapaz de la Universidad de Cundinamarca en donde estudiantes y profesores durante cuatro días recorrieron los municipios de la región concentrando el trabajo en las instituciones encargadas de trabajar en temas de juventud. Pretendía recolectar información, realizar entrevistas piloto a personas a cargo de programas y a los mismos jóvenes de los municipios.

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4.

Juventud rural; reflexiones y aportes

Es todavía incipiente. “Tanto las políticas públicas como la investigación social en América Latina han demostrado escaso interés durante todo el siglo XX por la juventud rural” (Kessler, G. 2007, p.19) para nuestro caso el concepto de juventud se reconoce recientemente y se le otorga en sus inicios particularidades del desarrollo urbano industrial, característico en los países que transitaban en el proyecto moderno. (CEPAL. 1986, p.81) la juventud entonces era reconocida como urbana; el corte urbanocentrico12 estaba presente en estos estudios, “De hecho, tampoco ha habido hasta el presente una importante sinergia entre estos estudios y las políticas para la juventud rural. Como un intento para comenzar a revertir este desencuentro” (Kessler, G. 2007, p.19) “Se tendía a suponer que en las zonas rurales no tenía lugar la “moratoria social” característica de la juventud” (Kessler, G. 2007, p.19) pues los jóvenes han estado afectados por los tipos de desarrollo que han dado lugar para el campo, y que han resultado con la proletarización y la migración juvenil (Caputo, L. (s/fa)) como ha sido también característico para la región del Sumapaz. La importancia del presente trabajo yace en la necesidad de estudios y reflexiones enraizadas en y para la población juvenil, especialmente en lo que refiere al tema de la política pública; campo que ha sido poco trabajado aún más en el espacio del que se habla y del que como dice Durston13 existe la necesidad de una real compenetración en los contextos específicos para el diseño de estas políticas. “La participación política es uno de los campos en que se aprecia con mayor claridad que el concepto de juventud, aceptado y enaltecido en el plano teórico, carece de sentido cabal en la práctica.” (CEPAL. 1986, p.88) pues cada vez son más las políticas que se fundan y fundamentan de postulados invisibles, de pareceres, en donde no existe una verdadera reciprocidad de la propuesta con la realidad. Las políticas públicas en el Sumapaz se han pensado en razón de lo urbano y no de lo rural; ni mucho menos se han tenido en cuenta algunos fenómenos ligados con la llamada nueva ruralidad como lo son el turismo y la urbanización de áreas rurales (Piñeros, R. 2014, P.8) característicos de la Región. En el trabajo de Piñeros 2014 se muestran algunas tablas poblacionales, se evidencia que la población municipal total y regional aumentó tanto en las cabeceras como en las zonas rurales, la forma de las pirámides permite evidenciar que en el 2005 la población infantil y juvenil era mayor, ahora se muestra una perdida producto de factores como las migraciones juveniles y adultas (campo–ciudad o campo-campo). Esta migración, para el rango de 20-34 años se relaciona principalmente con la educación (acceso a educación superior en ciudades cercanas) y el trabajo masculino (ingreso al mercado del trabajo) en actividades económicas rurales y urbanas (Piñeros, R. 2014, P.23). Veamos que para este periodo electoral las líneas estratégicas de política pública de los candidatos electos inciden escasamente sobre estas causas de migración, además de aquellas donde no incide ningún municipio:

12.  Kessler utiliza el termino urbanocéntrico para referirse al hecho de que los estudios sobre juventud veían a esta como una cultura eminentemente urbana 13.  Citado por Gabriel Kessler en: juventud rural en américa latina. panorama de las investigaciones actuales

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020)

Grafica 1. Porcentaje de municipios con incidencia de propuestas por indicador (elaboración propia) Nos encontramos frente a varios vacíos en temas de políticas públicas: los porcentajes no superan a excepción de dos indicadores el 60%, los demás se encuentran entre el 50% y 30% para el caso de tres indicadores; los otros 8 indicadores restantes están por debajo del 20% teniendo a 5 de ellos en 0%. Lo más preocupante de esto, y remite directamente al asunto tratado es saber que en ninguno de los municipios se proyectan propuestas enraizadas hacia lo rural y el sector ambiental.

Consideraciones finales Pensar la ruralidad al momento de hablar de política pública de juventud, implica deliberar alrededor de las distintas trasformaciones tanto políticas, sociales, culturales, de movilidad y trayectorias que han acontecido no solo en el territorio, sino también para su población; debido a las dinámicas que ha acarreado la modernización del campo (efectos de la globalización en la ruralidad) y el conflicto armado (Caso Colombiano). Las miradas desiguales a partir de las cuales se han construido los relatos en torno a las juventudes, los han alejado de los escenarios de participación y deliberación; aún más cuando la política pública se piensa desde el centro y para jóvenes urbanos, así mismo; cuando las categorías de lo rural no son expuestas ni pensadas en ningún plan de gobierno. Las consideraciones alrededor de las políticas públicas hoy, deben desligarse de los marcos institucionales y estructurales a partir de los cuales se les ha pensado y por ende desde donde se han construido. Deben por tanto pensarse desde la periferia, y con los actores; urge escuchar a las juventudes desde sus propias voces tanto individuales como colectivas, para que sean ellos desde un conocimiento asertivo de las realidades quienes definan las líneas bases de políticas públicas que tendrán incidencia en su población. Verlos a la luz de sus diversidades y desigualdades posibilitará un

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auténtico reconocimiento donde los espacios de socialización aumenten; y su producción política, experiencias estéticas y culturales sean traducidas en oportunidades y den paso a la edificación de políticas que respondan en su diversidad. Los estudios muestran que Colombia está constituida y tiene en su mayor porcentaje características rurales, así mismo se evidencia para estos una menor presencia estatal. Esto permite referir a una de las problemáticas rurales que más aquejan como lo es las migraciones. A este punto referiríamos para el contexto colombiano: a mayor ruralidad, mayor vulnerabilidad. Los alcaldes y alcaldesas de los municipios han venido desarrollando proyectos para cobijar a la población juvenil especialmente escolarizada; la cultura y el deporte han sido los más sonados. Frente a esto se evidencia un desconocimiento de las nuevas modas culturales y deportivas que han venido cobijando a la juventud, además de un preocupante porcentaje de la población desescolarizada a la cual no se incluye. Esto deja en pie los retos y aciertos frente a los que se inician los nuevos alcaldes y alcaldesas; Colombia en General y los municipios del Sumapaz en particular, enfrentan para los próximos 4 años bastantes desafíos en temas de política pública de juventud. Ya han sido examinadas las líneas estratégicas a partir de las cuales se sustenta la mirada en la juventud; el reto ahora es incidir para que junto con los jóvenes y sus colectividades enmarquemos las líneas y las políticas que respondan a las necesidades de la región y generen ejes para la construcción de paz con justicia social en la Colombia rural; ombligo del conflicto armado y por lo mismo, blanco de especial atención frente a los diálogos de paz.

Bibliografía Caputo, L. (s/fa): “Jóvenes rurales, algunas intervenciones sociales, obstáculos y alternativas en la promoción de sus organizaciones”, CLACSO, Biblioteca Virtual. Colombia joven, 2004 En línea: http://www.colombiajoven.gov.co/ programa/Paginas/publicaciones. aspx Incoder, 2012 subgerencia de planificación e información Alvaro Francisco Uribe Calad, Caracterización Socio- demográfica del área de desarrollo rural de Sumapaz Kessler, G. (2007). Juventud rural en América Latina. Panorama de las investigaciones actuales. In: R. (. Bruniard, Educación, desarrollo rural y juventud: la educación de los jóvenes de provincias del NEA y NOA en la Argentina. Buenos Aires: UNESCO-IIEP-FIDA. Ley 375 de Julio, 1997 Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones. En línea: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85935_archivo_pdf.pdf Ley Estatutaria 1622 del 29 de Abril, 2013 Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones. En línea: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ Norma1.jsp?i=52971 Parra Sandoval, R. (2003). Ausencia de futuro. La juventud colombiana. Bogotá: Plaza & Janes.

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Políticas públicas y juventud rural en el Sumapaz: un análisis a partir de las propuestas de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) Plan Decenal de Juventud 2005-2015 Política Nacional de Juventud. Colombia Joven. Presidencia de la República. En Línea: http://www.youthpolicy.org/national/Colombia_2005_National_Youth_Policy.pdf PPDJ. Cundinamarca ordenanza 20 de 2007, plan estratégico de desarrollo Juvenil 2011 – 2020. Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Desarrollo de Cundinamarca. Colombia Piñeros, R. 2014 Juventudes rurales en el Sumapaz Cundinamarqués. Trayectorias sociales y relatos de vida. Fusagasugá, Colombia. PNUD, 2011 Colombia Rural. Razones para la esperanza. Resumen ejecutivo Colombia. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo. Septiembre 2011. Bogotá, Colombia. Roth, A. 2007 Análisis de las políticas públicas: de la pertinencia de una perspectiva basada en el anarquismo epistemológico. www.revistas.unal.edu.co › Inicio › Vol. 2, Núm. 3 (2007) http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/17522/18379 Roth, A. 2002 Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora. Septiembre de 2002. Bogotá, Colombia Sarmiento, L. 2000 Política Pública de Juventud en Colombia; logros, dificultades y perspectivas. Colombia Vásquez, M. Vonmaro, P. Núñez, P. 2014 Juventudes, inclusión y participación: interpretaciones acerca de las Políticas Públicas de Juventud en la Argentina reciente (2007 – 2013) FLACSO/CONICET. Argentina Vommaro, P. 2015 Juventudes y políticas en la Argentina y América Latina. Tendencias, conflictos y desafíos.- 1ª ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: GEU Grupo editor Universitario, Abril 2015

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Del Código de Faltas al Código Privatizaciones. Rol del sindicalismo de Convivencia Ciudadana, algunas Caso analizado: Foetra diferencias a la luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Mariana Lerchundi FacultadJesica de Ciencia Política y RR.II. CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto U.N.R. marianalerchundi@gmail.com

Andrea Bonvillani Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba abonvillani@gmail.com

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Herwin Eduardo Quitián - Marlon David González Sapuy Mariana Jesica Cardona Lerchundi - Andrea Bonvillani

Resumen

En el presente artículo analizamos las principales diferencias entre el Código de Faltas y la normativa que lo reemplazó a partir de abril de 2016, el Código de Convivencia Ciudadana, en la Provincia de Córdoba (Argentina). El primero se propuso regular las infracciones para tender a una mejor convivencia de los cordobeses; pero en la práctica se constituyó en herramienta de segregación y exclusión, principalmente, de los jóvenes de sectores populares. En este marco nos preguntamos si el Código en vigencia es una continuidad de su antecesor, o por el contrario, los cambios introducidos suponen un real avance en la efectivización de derechos antes postergados. A los fines de comparar ambas leyes recurrimos al análisis de contenido y al análisis crítico del discurso de la letra de cada uno. Mientras que para analizar las principales demandas en materia contravencional, recogemos algunas de las expresadas en el espacio de protesta conocido como la Marcha de la Gorra, en sus ediciones 2014 y 2015, en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, a partir de una etnografía colectiva. Palabras claves: Marcha de la Gorra – jóvenes – Políticas de seguridad – Código de Faltas Código de Convivencia Ciudadana

Abstract

In this paper we analyze the main differences between the Faults Code and regulation that replaced it from April 2016, the Code Coexistence, in Cordoba (Argentina). The first proposed regulating offenses to tend to a better coexistence of Cordoba; but, when put into practice, it became a tool for exclusion and segregation of young people from popular sectors mainly. In this context we wonder whether the Code in effect is a continuation of its predecessor, or conversely, the changes represent a real advance in the effectuation of previously neglected rights. For the purposes of comparing the two laws we resort to content analysis and critical discourse analysis of the letter of each. While analyzing the main demands regarding misdemeanors, we collect some of those expressed in the space of protest known as the March of the Cap, in its editions 2014 and 2015 in the cities of Cordoba and Rio Cuarto, from collective ethnography. Keywords: March of Cap - young - Security Policies - Faults Code - Coexistence Code

Mariana Jesica Lerchundi - Andrea Bonvillani, “Del Código de Faltas al Código de Convivencia Ciudadana, algunas diferencias a la luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina)”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 83109.

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) 1. Introducción En el presente artículo analizamos las principales diferencias entre el Código de Convivencia Ciudadana (CCC) y su antecesor, el Código de Faltas (CDF), en la Provincia de Córdoba (Argentina)1. Nos interrogamos sobre los posibles avances y demandas incumplidas en materia contravencional, es decir en referencia a aquellas normas que sancionan conductas “menores”, no alcanzadas por el Código Penal argentino. Para ello no sólo recurrimos al análisis de contenido y al análisis crítico del discurso que permite comparar ambas leyes, sino que le sumamos diferentes registros recogidos en una etnografía colectiva sobre las Marchas de la Gorra de Córdoba y Río Cuarto, ediciones 2014 y 2015. Partimos del presupuesto que las modificaciones efectuadas sólo representan pequeños avances, algunos retrocesos y ciertos matices que no responden a las demandas realizadas en materia contravencional en estos años en nuestra Provincia. El análisis que exponemos ayudará a esclarecer si la hipótesis de trabajo es correcta o por el contrario los cambios producidos suponen la efectivización de derechos antes postergados. El CDF se propuso regular las infracciones para tender a una mejor convivencia de los cordobeses; pero en la práctica se constituyó en herramienta de segregación y exclusión, principalmente, de los jóvenes de sectores populares. En 2005 las detenciones por CDF en el territorio Provincial llegaban a 8968, mientras que en 20112 eran 73100; es decir, en 6 años hubo un crecimiento del 715% de detenidos por el sistema contravencional. El 70% afectó a jóvenes (Brocca et al, 2014), principalmente varones y pobres (Coria y Etchichuty, 2010). Esta situación se ve profundizada por las huellas que las detenciones dejan en cada sujeto y en ese sentido, no importa cuantitativamente cuántos sean los afectados, sino los cambios en las configuraciones subjetivas devenidas de la experiencia de detención (Lerchundi y Bonvillani, 2014). Lo anterior podría argumentarse gracias a una larga tradición en los estudios sobre las juventudes latinoamericanas que explican los estigmas y la criminalización respecto de amplios sectores juveniles, donde se favorece su marginalización (Chaves, 2005; Reguillo, 2013). Como así también los estudios críticos sobre políticas de seguridad que reconocen a este grupo como el chivo expiatorio de las estrategias gubernamentales de alto impacto (Plaza Schaefer y Morales, 2013; Rodríguez Alzueta, 2014). Medidas tomadas en base a simplificaciones teóricas y prejuicios sociales condescendientes a los medios de comunicación dominantes encargados de perpetuar el miedo y la necesidad de control. Como sostiene Spósito (2014) los medios producen y difunden un discurso, por tanto se convierten en formadores de opinión pública y “dadores de la verdad”. Sus discursos construyen noticias sobre (in)seguridad que abonan la legitimidad simbólica necesaria para emplear leyes represivas, a través de la generalización excesiva.

1.  Ley N° 10.326, aprobada el 2 de diciembre de 2015 y en vigencia desde el 1 de abril de 2016. Ley N° 8431, Texto Ordenado 2007 N° 9.444. 2.  Ya que no existen estadísticas oficiales recientes sobre la aplicación del CDF, los datos más actuales son de ese año.

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El CDF se ha aplicado discrecionalmente dada una serie de vacíos que recorren el texto de la norma. Los términos abiertos e imprecisos que definen las figuras contravencionales dan lugar a detenciones arbitrarias. En otras palabras, gracias a los artículos cargados de adjetivos se detiene a los ciudadanos sin que estos incurran en un acto ilícito, puesto que es el criterio policial el que evalúa y determina la potencialidad de peligrosidad de la situación. Al respecto, el artículo más representativo ha sido el de “merodeo”, que define como sujetos de una pena “a los que merodearen edificios o vehículos, establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales o mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos” (art. 98, CDF). Frente a este escenario diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, territoriales, espacios académicos e incluso estatales comenzaron a denunciar los abusos acaecidos en virtud de esta normativa. Se han dado estrategias variadas, siendo la más visible la Marcha de la Gorra: una forma de protesta social (Schuster, et al, 2006), que ocurre desde 2007, en Córdoba Capital, y se ha replicado en varias localidades de la Provincia. La demanda que articula la Marcha podría sintetizarse como la derogación del CDF, aunque registra otros reclamos convocantes.3 A continuación presentamos las estrategias metodológicas utilizadas, para luego presentar algunos aspectos de la Marcha de la Gorra que permitan comprender los reclamos vinculados a las normas contravencionales analizadas. Posteriormente, describimos el contexto de la sanción de la nueva normativa para en la sección siguiente analizar comparativamente el Código de Faltas y el Código de Convivencia Ciudadana, a partir de algunas demandas puestas en visibilidad por la mencionada Marcha. Finalmente, algunas reflexiones conducen al cierre del artículo.

2. Opciones metodológicas El análisis que sigue forma parte de un estudio concluido4 y surge de la necesidad de reflexión a partir de la sanción de la nueva norma, ya que la misma genera cambios en el escenario político e institucional en el que se despliega la acción colectiva investigada. El planteo metodológico, recoge los lineamientos generales de etnografía (Guber, 2013). Sin embargo, la situación objeto de estudio presenta un desafío de origen por cuanto las coordenadas espaciotemporales carecen de estabilidad y ponen en jaque a la etnografía en su sentido más tradicional. Dada la fugacidad e inestabilidad de la Marcha nos hemos inspirado en la propuesta de Borges (2004) sobre etnografía de eventos y constituimos nuestra experiencia investigativa en una etnografía colectiva de eventos (Bonvillani, 2013), que requiere del trabajo cooperativo y coordinado del equipo. Para poder reconstruir la riqueza y complejidad del evento-Marcha cada uno de los integrantes toma determinados registros (antes, durante y después de la movilización) que luego son compartidos para 3.  Para ampliar al respecto, puede consultarse Bonvillani (2015), en particular páginas 37 a 44. 4.  “La Marcha de la gorra como experiencia de subjetivación política de jóvenes de Córdoba (Argentina) (2014-2016)”, dirección Andrea Bonvillani, Universidad Nacional de Córdoba- Secretaría de Ciencia y Tecnología.

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sentido estricto o subliminal); d) sanciones punitivas (tipo, cantidad de días de arresto, redimibles a multas o no, etc.); e) sección, capítulo y libro del Código en la cual se encuentran, entre otras. Con la ayuda del programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti fuimos marcando dichas categorías previas, que luego fueron revisadas. Es decir, al terminar el análisis normativo contamos con tres clases de categorías: las previas, las emergentes y las que fueron reconfiguradas conforme a las necesidades de la propia tarea.

3. La Marcha de la Gorra Delinear qué es la Marcha de la Gorra nos devuelve a una polifonía casi inconmensurable, sobre todo por la numerosidad de su convocatoria.6 En principio hablamos de una forma de protesta social (Schuster, et al, 2006), que interpela la política de seguridad de la Provincia de Córdoba (Argentina), denuncia las discrecionalidades policiales y exige el cumplimiento de los derechos humanos básicos. Hablar de esta Marcha supone una mirada crítica sobre las normas contravencionales y las arbitrariedades de la institución policial en virtud de su aplicación. Como acción política, la Marcha representa un esfuerzo para generar consensos entre los diversos espacios sociales, estudiantiles, territoriales y partidarios que la componen. La Marcha se realiza desde 2007 en la Ciudad de Córdoba y desde 2009 en Río Cuarto, localidad ubicada al sur de la Provincia, cobrando mayor fuerza y pluralidad desde 2014. Esta provincialización de la Marcha se enmarca en un proceso de agudización de la política de seguridad de Córdoba, identificada con el segundo mandato del Gobernador provincial José Manuel de la Sota, a partir de 2003. En ese año comienzan a tomarse una serie de medidas que fueron transcendentales en esta materia: nuevas leyes de seguridad pública y privada, un convenio con el Manhattan Institute que significó mayor cantidad de policías y recursos para las fuerzas de control, la tolerancia cero como forma de disciplinamiento y la hiper-vigilancia sobre personas y espacios (Posadas, 2005). Lejos de ser espontáneo, el proceso de organización de la Marcha, comienza dos meses antes y trabaja diversos aspectos para que cada 20 de noviembre las calles del centro de las ciudades se vistan de lucha, de fiesta y de alegría transformadora. El trabajo colectivo y horizontal se coordina en varias comisiones encargadas de resolver diversos aspectos de la multitudinaria movilización. Desde cuestiones de logística (permiso de calles, cuidado de la marcha), exposiciones/intervenciones artísticoculturales hasta llegar al documento de la mesa/colectivo organizador. Luego de más de dos décadas de vigencia del CDF la Marcha de la Gorra pretende poner en visibilidad y enunciar temas silenciados e ignorados por la sociedad cordobesa, pero sobre todo, apela a cambiar una realidad perversa que profundiza la exclusión y vulnera derechos básicos de los jóvenes populares cordobeses. Lo hace, fundamentalmente, desde un repertorio lúdico y alegre. Pero no pierde de vista las tristezas y el dolor que representa la presencia de familias que han perdido hijos en manos de policías; mostrando abusos y complicidades de distintas instituciones. 6.  Las últimas dos ediciones de la Marcha (2014 y 2015) en Córdoba Capital convocaron aproximadamente 20.000 personas. (Fuentes: Sitio Web oficial de la Marcha de la Gorra, 24/11/2014 y 19/11/2015).

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5. Del Código de Faltas al Código de Convivencia Ciudadana: entre las demandas alojadas en la Marcha de la Gorra y la normativa contravencional En esta sección se analizan comparativamente el CDF y el CCC, a partir de un recorte de las principales figuras y situaciones que más afectan el ejercicio de ciudadanía de los jóvenes cordobeses y que se constituyen en las demandas que articula la Marcha, de acuerdo a lo que hemos recogido en la etnografía colectiva realizada. Además, esta movilización juvenil, recibe asesoramiento permanente de una red de profesionales y académicos que denuncian el CDF desde el enfoque de derechos humanos (Etchichury, 2007 y 2015; 7.  Para ampliar puede accederse a la versión taquigráfica de la audiencia día 11/diciembre/2014. 8.  La “Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba”, creada en 2011 (Brocca, et al, 2014). 9.  El Poder Legislativo cordobés se conforma por un único órgano ejercido por una Asamblea con representantes de todos los departamentos provinciales. 10.  Votaron a favor Unión por Córdoba (UPC), Unión Cívica Radical (UCR), Partido Socialista, Encuentro Vecinal Córdoba, Consenso Córdoba y Frente para la Victoria. Se expresaron en contra el Frente de Izquierda y los Trabajadores y MST-Nueva Izquierda, mientras que el Pro estuvo ausente (Prensa Legislatura, 2015).

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Juliano y Etchichury, 2009; Guiñazú, 2010; Crisafulli y León Barreto, 2011; Plaza Schaefer y Morales, 2013; Programa de Ética y Teoría Política UNC, 2015). En esta línea se destaca el criterio de supremacía constitucional para fundar diversos argumentos que ponen en disonancia los contenidos polémicos de ambos Códigos contravencionales con la ley superior, la Constitución Nacional. A partir de esta contextualización de la posición desde la cual producimos este artículo, cabe enfatizar que un análisis exhaustivo supera ampliamente las reflexiones que siguen.

Aspectos generales. Inconstitucionalidad y política de tolerancia cero

En las primeras reuniones del Colectivo Organizador de la Marcha de la Gorra en Río Cuarto, en 2014, las referencias al CDF tuvieron que ver con la realidad en los territorios y las problemáticas en torno a su aplicación. Continuo a ello se expusieron distintos aspectos que hacen a la vulneración de derechos e inconstitucionalidad de la norma, lo que llevó a problematizar si es conveniente la reforma de ciertos artículos o la derogación de la ley. Cuestionamientos más profundos se dirigieron a la necesidad de la existencia de cualquier código contravencional. Tópicos recurrentes cada vez que nuevos actores se incorporan al Colectivo Organizador, debates sin cerrar que exponen más dudas que cer-

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11.  Los jóvenes cordobeses son detenidos por su color de piel, por el sector social de pertenencia, por la indumentaria que eligen para vestir. Una de las figuras más aplicadas en razón de esos prejuicios ha sido la del “merodeo”, el cual se explicitó anteriormente. A esta práctica dirigida a los sectores populares se le ha sumado una nueva modalidad destinada a la persecución, detención y armado de causas a militantes estudiantiles y sociales que trascienden a las contravenciones e incluyen otros puntos de la política de seguridad. 12.  Fuente: Diario La Voz del Interior (02/1/2013).

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“De la mano de la Tolerancia Cero y con la excusa de contribuir a una sociedad, entre comillas: más segura, el verdugo del pueblo cordobés intensificó la aplicación del Código de Faltas” (Documento de cierre de la Novena Marcha, Córdoba, 2015). Ante la crítica sobre la inconstitucionalidad del Código de Faltas los legisladores generaron algunos matices. En las disposiciones generales (Libro I) tres de los primeros artículos son totalmente nuevos. El art. 1 CCC, llamado “Objetivo”, con sintagmas como “convivencia social” y “respeto al ejercicio de los derechos” pretende trazar una nueva impronta en la normativa y convertirla en una ley de protección. No obstante, como se verá en el avance del análisis aún no fueron modificados numerosos artículos que violan las garantías fundamentales, incluso se presentan pequeños cambios, pero mantienen la vulneración de derechos con la excusa de prevención del delito. En la misma línea, el art. 3 CCC (“Igualdad”) expresa que todos los sujetos “recibirán de la autoridad la misma protección y trato”, que no van a ejercerse “distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias de carácter discriminatorio”. Mientras que el art. 4 CCC (“Tolerancia”) reafirma “la convivencia ciudadana pacífica”, exige “la aceptación y el respeto por la diferencia y la diversidad”. Argentina ha renunciado a la diferencia en el trato desde el siglo XIX. Tal vez los legisladores reconocen la desigualdad en la aplicación del CDF -que siempre recae sobre los sectores populares, principalmente, los varones, jóvenes y pobres- y por ello vieron necesario explicitar en una ley Provincial un derecho consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional (CN). Hablar de igualdad y tolerancia incluye necesaria y fundamentalmente a los brazos ejecutores del Código. Estos artículos no alcanzan a poner límites significativos a la mano dura y a la tolerancia cero, encarnadas en prácticas policiales constantemente abusivas y lesivas de garantías básicas. Un cambio legal no será suficiente sin un cambio policial.13

Figuras contravencionales Edad de imputabilidad El CDF preveía dos situaciones respecto de las personas menores de 18 años. Por un lado, eran inimputables los niños, niñas y jóvenes menores de 16 años, pero se debían remitir los antecedentes al Tribunal de Menores correspondiente (art. 6, inc. 3 CDF). Juliano y Etchichury (2009) señalan que so pretexto de protección esto implicaría una forma solapada de discriminación anidada en el viejo paradigma tutelar. Por otro lado, el CDF establece imputabilidad para los niños, niñas y jóvenes entre 16 y 18 años y si bien no realiza especificidades para su juzgamiento, la Ley Provincial N° 9944 (art. 65, inc. e) señala que deberían ser juzgados por Juez Penal Juvenil. 13.  Para ampliar sobre este tema véase Sain (2004) y Brocca et al (2014).

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Provincial N° 9944 (art. 65, inc. e,). Esto resultaría un avance si se omite realmente todo tipo de sanción y detención irregular, cuando no ilegal, sobre las personas menores, tal viene ocurriendo hasta hoy. El mismo artículo dispone que cuando “el niño o niña careciera de adultos responsables, este organismo (SENAF) tratará de hacer cesar la conducta contravencional”. En este punto sobrevuela una duda ¿podrá la SENAF intervenir tan rápidamente como para “hacer cesar” la conducta contravencional en el mismo momento en el que ocurre? ¿Cuenta esta dependencia con capacidad operativa para hacerlo? Por último, tras el antecedente de detención a “Disposición de sus Padres”, es posible anticipar que el art. 10 del CCC podrá justificar la presencia de personas menores de 18 años de edad en cualquier dependencia policial.

Consumo de alcohol en el espacio público Este era un Artículo del CDF especialmente polémico, porque implicaba la desigualdad en el trato, basado en aspectos económicos. Para ser gráficos: si una cerveza era tomada en un bar no constituía falta, pero si esta misma práctica se realizaba a pocos metros, en el cordón de la vereda o en una plaza, la misma conducta se convertía en una contravención. Los testimonios de detenciones por aplicación de este artículo son bastos. Respecto de esta figura resulta difícil comprender cuál es el bien jurídico protegido: no es la salud pública, tampoco la tranquilidad pública. Por ello, Juliano y Ethichury (2009) afirman que en este caso estamos en presencia de un bien jurídico innominado e indeterminado.

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) Este artículo del CDF fue eliminado, mientras que el artículo de “Ebriedad o borrachera escandalosa” (art. 62 CDF) ahora se llamará “Ebriedad o intoxicación escandalosa” (art. 82 CCC). En este último artículo continúan los mismos errores de técnica jurídica que en su análogo del CDF. Como señalaba Etchichury (2007) sobre el CDF -crítica vigente para el CCC-, hay una contradicción porque sanciona a quien se encontrare escandalosamente en estado de ebriedad o intoxicación, pero también señala que “la autoridad policial adoptará las medidas necesarias o convenientes para el mejor resguardo de la integridad física de los afectados y para hacer cesar la infracción o evitar que se incurra en ella.” Por lo tanto, el artículo da la posibilidad que se imponga autoridad ante un sujeto en estado de ebriedad pero sin que éste genere un escándalo, se afecta así el art. 19 de la CN, dado que permite intervenir en una conducta que no está tipificada.

Nuevo artículo que sanciona el trabajo informal En el CCC se incorpora el art. 60, denominado “Cuidado de vehículos sin autorización legal”, el cual permite sancionar al trabajo informal que realizan los cuidadores de vehículos.17 Debido a que el artículo resulta solamente en la prohibición de una actividad que permite la supervivencia de muchas familias cordobesas, sin fijar por ejemplo la autoridad competente para habilitar la actividad, consideramos que estamos en presencia de una práctica jurídica de criminalización de la pobreza. Finalmente, el artículo se encuentra ubicado en el capítulo que lleva el nombre “Del respeto a la libertad”, lo cual sugiere que el legislador sólo ha pensado en la libertad de quien va a estacionar su auto sin tener en cuenta que, dadas las condiciones actuales del empleo, para muchas familias cordobesas este se constituye en el único ingreso posible.

Detención por negativa a identificarse Las organizaciones participantes de la Marcha indican que dentro de los artículos que más se han aplicado en la vida del CDF se encuentra el llamado “Negativa u omisión a identificarse. Informe falso”. En el art. 14 de la CN, y pactos internacionales, se garantiza el derecho a transitar libremente, que de nuevo se ve limitado al mantenerse este artículo en el actual CCC, el cual dispone sanción cuando las fuerzas de seguridad con “motivos razonables” soliciten “información suficiente que haga a su identidad” y los sujetos “omitieren hacerlo, se negaren a dar los informes necesarios o los dieren falsamente, sin causa justificada.” El artículo acarrea viejas críticas: la falta de precisión para delimitar lo que debería entenderse por motivos razonables o cuándo será suficiente la información provista por el presunto contraventor. La novedad que incorpora el nuevo Código supone la participación de dos testigos civiles para efectuar el procedimiento ¿será posible el cumplimiento de esta condición cuando son sobrados los casos de abuso policial y de causas con datos falsos o tergiversados? 17.  Cabe destacar que la discusión parlamentaria permitió agregar un párrafo que omite sanción cuando “la retribución sea efectuada de manera voluntaria por el propietario del vehículo” (art.60, CCC).

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De acuerdo a este artículo la policía podría irrumpir en una manifestación para detener a quienes no brinden los informes necesarios de identificación. Por ello, se estaría vulnerando el derecho de reunirse (art. 33 CN) y expresarse o peticionar a las autoridades (art. 14 CN). Asimismo, la aplicación espacial de este artículo resulta ilimitada: tanto en un “lugar público, abierto al público”, lo que aumenta más aún el riesgo de arbitrariedad (Etchichury, 2007). La amplitud de estas definiciones ha permitido extender su uso inconmensurablemente, siendo uno de los artículos que muchas veces se asocian al ejercicio de los abusos policiales, tanto en el CDF como en el actual CCC.

Merodeo

El registro etnográfico a través de fotos muestra que el repudio al “merodeo” ocupa un espacio central en la Marcha. Asimismo, se constata el enlace simbólico que se opera entre esta figura jurídica y la portación de rostro, apellido y lugar de residencia (Lerchundi y Bonvillani, 2015). Ante las denuncias de inconstitucionalidad del “merodeo en zona urbana y rural” (art. 98 CDF) el CCC responde del siguiente modo. Por un lado mantiene el “merodeo en zona rural” (art. 71 CCC) y, por otro, aparece la “conducta sospechosa” (art. 70 CCC). El merodeo rural, tal ocurría con el CDF, contiene una tipificación extremadamente imprecisa (lo que constituye una violación al art. 19 CN) donde se

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) continúa castigando la circulación presuntamente delictiva, en este caso en zona rural. La pregunta de siempre asoma en esta instancia ¿cuál será la diferencia para las fuerzas de seguridad entre un merodeador y un transeúnte? Además, el artículo viola el principio de inocencia (art. 8 Convención Americana de los Derechos Humanos) dado que el presunto contraventor debe justificar su presencia en el lugar. El artículo llamado “conducta sospechosa” avanza sobre la descripción de algunas conductas que merecen varias críticas. A saber: a) algunas de ellas están configuradas con numerosas adjetivaciones, por tanto, las imprecisiones persisten y con ellas las posibilidades de aplicación basadas en discrecionalidades de la policía; b) se superponen sanciones penales con contravencionales, como en los incisos a y b del art. 70 CCC.: inc. a “Escalando cercas, verjas, tapias o techos o mostrando signos de haberlo hecho o intentando hacerlo”; inc.. b ”Manipulando o violentando picaportes, cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas”. Los cuales podrían ser encuadrados en tentativa de robo o violación de domicilio. c) Dispone causas que no resultan razonables para una sanción, como es el caso del inciso c que considera causal de detención a quien porte “herramientas o elementos capaces de ser utilizados para violentar cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas.” Entonces, un cerrajero, por ejemplo, podrá ser detenido si el policía lo considera sospechoso. d) Finalmente, este artículo continúa con el menoscabo del derecho a transitar libremente, asegurado por la Constitución Nacional (art. 14) y consagrado en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12, inc. 1), tal ocurre con el inciso e. el cual dispone sanción para quien se encuentre “Persiguiendo de una manera persistente y ostensible a un transeúnte sin una razón atendible”. En definitiva, el artículo llamado “conducta sospechosa” continúa sin establecer concretamente cuál será la conducta sancionada, lo que habilita a los agentes policiales a interferir la libertad física de las personas de forma imprevisible. Aquí se viola la Convención Americana de los Derechos Humanos (art. 7, inc. 2) cuando señala expresamente que para privar a un sujeto de su libertad tienen que conocerse las causas fijadas de antemano (Programa de Ética y Teoría Política, 2015).

Reincidencia y antecedentes contravencionales En las reuniones del Colectivo Organizador de la Marcha de la Gorra en Río Cuarto resulta una constante escuchar relatos de las detenciones arbitrarias a los que son sometidos los jóvenes, a modo de círculo cerrado: “pasear” por la ciudad, ser detenido, generar antecedentes contravencionales por dos años y la consecuente imposibilidad de lograr un empleo de calidad. En ese marco, una participante del Colectivo que trabaja en la Municipalidad de Río Cuarto, sostuvo que: “Los antecedentes contravencionales sólo benefician a los poderes económicos y generan las condiciones para pagar jornadas de trabajo a menor costo, sin cumplir ningún tipo de derecho laboral”. (Daniela, Registro de las reuniones organizativas de la Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2014)

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En cuanto a la reincidencia se ha planteado que es un artículo al servicio de la discrecionalidad policial, que pone en crisis “el tradicional concepto de cosa juzgada” (Juliano y Etchichury, 2009, p. 98), lo cual está en sintonía con lo expresado en el proceso de organización de la Marcha “La reincidencia es injusta porque se vuelve a aplicar sanción cuando ya se cumplió la condena contravencional por una falta cometida” (Susana, Registro de las reuniones organizativas de la Marcha de la Gorra, Río Cuarto, 2014). De este modo, se abona la idea de la peligrosidad y se aplica selectivamente la norma contravencional sobre quienes ya cometieron la misma falta.18 A primera vista parece loable que sea la misma falta y no cualquier infracción del Código. Requisito que se vuelve nulo cuando los detenidos comentan los artículos que le fueron aplicados al momento de su aprehensión. Ahí vemos que son siempre los mismos: merodeo, conducción peligrosa, negativa a identificarse. Lo que nos permite aseverar que quien comete una contravención seguramente en alguna de las siguientes detenciones será pasible de recibir el artículo de reincidencia (art. 10, CDF y art. 15 CCC). De modo tal que “el condenado por una contravención que cometiere la misma infracción en el término de un (1) año a contar desde la condena” sufrirá un aumento de la pena correspondiente. Sobre la ambigüedad y vaguedad con que están redactados la mayoría de los artículos del CCC este elemento continuará permitiendo a la policía aplicar discrecionalmente la normativa contravencional y agravar las sanciones a ciertos sectores para excluirlos del paisaje urbano. Además, la reincidencia continúa quedando en disonancia con el registro de antecedentes contravencionales (art. 11, CDF y art. 16, CCC), el cual es de dos años. Lo que problematiza la posibilidad de alcanzar un empleo de calidad para quienes cometen una infracción, empujando a estos sujetos a la obligatoriedad de trabajos informales cuando no a la ilegalidad. Esta demanda histórica que ha sido omitida significa, en otras palabras, que si en el término de un año el ciudadano vuelve a realizar una falta ya cometida, se le aplica la reincidencia. Sin embargo, sus antecedentes quedarán registrados en la institución policial por el plazo de dos años. Sostenemos que este no es más que un instrumento de control social que a través de listados de contraventores posibilita continuar persiguiendo a los sujetos. En esta dirección, se debe tener en cuenta que no está prevista en la ley la destrucción de los antecedentes cuando hubieran caducado, pues el “registro y etiquetamiento de personales suele extralimitar (…) funciones [policiales], empleando los mismos para fines diferentes de los que originalmente fueron concebidos” (Juliano y Etchichury, 2009, p. 101).

18.  Para Juliano y Etchichury (2009) a través de la reincidencia se introduce de modo encubierto el “derecho penal de autor” que prioriza la forma de ser por sobre la conducta efectiva del agente.

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) Cuestiones relativas al procedimiento, penas y asistencia letrada Sobre el procedimiento contravencional En su artículo 114, el CDF disponía que las facultades de acusación y juzgamiento eran propias de la institución policial,19 lo cual ha merecido fuertes críticas de todas las organizaciones que activan la Marcha. En diversos registros etnográficos de las reuniones previas a la Marcha en Río Cuarto, encontramos situaciones que hacen evidente la falta de idoneidad de las fuerzas policiales para aplicar las penas. Tal es el caso de un joven a quien se le aplicó merodeo frente a su casa o conducción peligrosa, cuando trasladaba su moto sin encenderla, porque no tenía combustible. Incluso, situaciones de concurso de faltas cuya posibilidad real de acción simultánea era imposible como incurrir en escándalo público, negativa a identificarse y conducir peligrosamente un vehículo. De acuerdo al artículo 114 del CCC dejan de ser los comisarios y subcomisarios los responsables en materia de juzgamiento de las infracciones, disponiendo que las autoridades competentes para el juzgamiento de primera instancia sean los Ayudantes de Fiscal y Jueces de Paz Legos (art. 119 CCC). Esto parece un avance porque la policía deja de ser juez y parte. No obstante, los Ayudantes Fiscal -dependientes del Ministerio Público Fiscal20- no cuentan con competencia en materia de juzgamiento. Por lo tanto, y tal como ocurría en el CDF, se continuará violando la Constitución Nacional (art. 18) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7, inc. 5). Además, el agregado de esta función a los Ayudantes Fiscal, en caso de no ampliar su número, generará un exceso de tareas y quitará tiempo, que podría menoscabar la instrucción de investigaciones por la comisión de delitos. Teniendo en cuenta que el Ayudante Fiscal desarrolla sus actividades en la institución policial, su independencia también puede verse amenazada, con lo cual se puede tender a profundizar la policialización de la Justicia. El mismo art. 119 CCC dispone en su inc. b que los actuantes en la revisión judicial podrán ser: “jueces de faltas y -donde no los hubiere- los jueces de control o en su defecto los jueces letrados más próximos al lugar del hecho”. En el interior de la Provincia de Córdoba existen juzgados multifueros, por lo que un mismo juez entenderá en materia contravencional y recibirá los habeas corpus21, es decir, la herramienta idónea para cuestionar las detenciones (Programa de Ética y Teoría Política, 2015). El CCC mantiene un procedimiento en dos etapas. En la instancia administrativa, a cargo de los Ayudantes Fiscales, se impone pena de trabajo comunitario, multa o alguna de las penas accesorias (art. 19.  La creación de Juzgados de Faltas, contemplada en el CDF, nunca se concretó por razones presupuestarias. 20.  “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República” (art. 120 de la Constitución Nacional Argentina). 21.  El hábeas corpus es una institución jurídica, que encuentra su base en el art. 43 de la Constitución Nacional “Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”. Existen dos tipos: habéas corpus preventivo cuyo objetivo es evitar los arrestos y detenciones arbitrarias; y habeas corpus correctivo para alcanzar la libertad inmediata de un sujeto detenido.

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22 CCC). Pero cuando la sanción aplicable sea de arresto, “la autoridad de juzgamiento elevará de inmediato las actuaciones al juez competente conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 119 de este Código, poniendo el infractor a disposición de éste si aún permaneciere detenido” (art. 136 CCC). Lo cual implica que el Ayudante Fiscal, cuando considere que corresponde pena de arresto, deberá remitir el sumario (y al detenido, si aún está bajo detención preventiva). Etchichury (2015) sostiene que el mecanismo descripto es similar al que contenía el CDF, el cual preveía consulta al juez cuando la sanción aplicada por el comisario fuera superior a los 20 días de arresto o a las 60 unidades de multa (art. 119 CDF). Es decir, el CCC cambia la consulta al juez por una remisión al mismo juez y la limita a la pena de arresto. De esto modo, sólo en caso de que exista una detención se puede ver al juez, preservando el acceso a la justicia en caso de pena privativa de libertad. Además, el Juez puede dictar una condena más gravosa que la fijada en la instancia administrativa (art. 145 CCC), situación antes prohibida en el art. 122 del CDF. Podría tratarse de un retroceso respecto a la norma anterior, porque la medida tendería a desalentar la revisión judicial. En esa dirección también se ubica la extensión de los plazos para finalizar el sumario: mientras que el CDF disponía cuarenta y ocho (48) horas, el actual CCC determina cinco (5) días, evidenciando una clara demora en relación a fijar y documentar las actuaciones policiales.

Asistencia letrada en todo el proceso contravencional En nuestro trabajo de campo son sobrados los testimonios que hablan de procesos contravencionales con ausencia total de asistencia jurídica, en orden a la no obligatoriedad de abogado en el proceso. La situación se agrava cuando se pone en evidencia el desconocimiento del derecho que impartía el CDF a “proponer defensor de confianza o pedir que se le asigne uno de oficio”. Mónica y Soledad, militantes de derechos humanos, acompañan la solicitud de apertura a instancia judicial22 en los Tribunales de Río Cuarto. En más de cien presentaciones realizadas documentan cómo el derecho de defensa en juicio es vulnerado.23 Su voz, junto a datos difundidos por espacios académicos, fue fundamental al momento de incluir ese aspecto en el documento de cierre de la Marcha en Río Cuarto: “El 70% de los detenidos por Código de Faltas son menores de 35 años y el 95% no tuvo acceso a un abogado.” (Documento de cierre de la Marcha, Río Cuarto, 2014).

22.  Trámite vinculado a la Aceptación de condena. Solicitud de apertura de la instancia judicial: “se tendrán por aceptadas las condenas si los interesados no las rechazaren dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su notificación personal, o si ulteriormente y sin causa justificada, no comparecieren a la citación para el juicio o durante su trámite. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el imputado permaneciere detenido, cualquier persona podrá solicitar por escrito la apertura de la instancia judicial. En tal caso, el Juez competente, sin demora, procederá a hacer comparecer al imputado, y si éste ratificare la solicitud, ordenará el inmediato envío del sumario.” (art. 118 CDF). 23.  Se vulnera aquí el art. 18 Constitución Nacional, art. 40 de la Constitución Provincial, art. 8, inc. 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, art. 14, inc. 3 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos.

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) La posibilidad de designar defensor representaba -en los hechos- un mero formalismo carente de efectividad (Juliano y Etchichury, 2009), por cuanto era competencia del juez, quien podía hacerlo “cuando lo estime necesario para la celeridad y la defensa en el juicio”. El art. 20 del CCC incorpora el derecho a designar un abogado defensor de confianza del supuesto contraventor o, en caso de no contar con uno, que se le asigne un defensor oficial. Esto resulta un avance respecto del CDF. Sin embargo, resulta una demanda alojada en parte en el CCC. Como apunta Etchichury (2015) el artículo no explicita que desde el momento de la detención el presunto contraventor pueda contar con asistencia jurídica, sino que esto ocurrirá “al iniciarse el procedimiento”. Lo cual supone que la presencia del letrado recién se hace necesaria en la primera comparencia ante la autoridad competente, es decir, ante el Ayudante Fiscal o Juez de Paz Lego, según el lugar de que se trate (art. 137 CCC). Etchichury (2015) sugiere enumerar los pasos para comprender mejor el riesgo involucrado: Paso 1: Detención preventiva (art. 122 CCC) Paso 2: Confección del acta inicial, a cargo del agente policial (art. 130 CCC) Paso 3: Remisión inmediata del acta al Ayudante Fiscal o Juez de Paz Lego (art. 131 CCC) Paso 4: Recepción del sumario e inmediata citación del detenido (art. 135 CCC). En caso de proceder, presuntamente, la pena de arresto, remisión inmediata al Juez (art. 136 CCC) Paso 5: Comparencia del imputado ante el Ayudante Fiscal o Juez de Paz Lego (art. 137 CCC), o citación por el Juez en caso de revisión judicial (art. 144 CCC), en ambos casos con presencia del abogado defensor. Desde el punto de vista del derecho de defensa y de las garantías, los pasos 1 a 4 pueden desarrollarse sin defensor presente, salvo que el detenido lo solicite, tal ocurría en el CDF. A priori, los pasos se suceden “de inmediato”, sin embargo, entre los pasos 3 y 4 podría darse un punto de no inmediatez. Con ausencia de asistencia letrada y sin control judicial podrían producirse abusos a causa de la detención preventiva, tal como se analiza a continuación. Además, respecto del artículo que regulaba la “asistencia letrada” (art. 15 CDF), la redacción retrocede en un aspecto en particular: la nueva normativa elimina la sanción de nulidad del procedimiento, si se incumpliera lo establecido por el propio artículo (Programa de Ética y Teoría Política, 2015). Finalmente, dada la exorbitante cantidad de detenciones diarias que hoy ocurren en materia contravencional, sumado a que afecta a los sectores más pobres para los que contratar un abogado resulta privativa, será necesario que se nombren nuevos defensores oficiales. De lo contario, resultará una tarea imposible de asumir para el reducido número con el que cuenta la Provincia. A lo que se le suma además, que en el nuevo CCC la solicitud de apertura a instancia judicial ya no podrá ser presentada por un tercero, sino por sí o a través de un defensor (art. 143 CCC). Lo cual supone que la actividad pasará a estar en manos de letrados, volviéndose inminente la necesidad de designación de nuevos defensores estatales.

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Actuaciones de oficio y detenciones preventivas Una de las críticas al antiguo CDF era la posibilidad de actuar de oficio (art. 119 y 38) y efectuar detenciones preventivas (art. 123 CDF) que permitían a la policía detener a los sujetos sin orden judicial. Continúa la posibilidad de actuar de oficio (art. 125 CCC y art. 46 CCC) e incluso se amplían las prerrogativas policiales, dado que no sólo podrán iniciar acciones contravencionales en los casos de “Molestias a personas en sitios públicos” (art. 51 CCC), “Expresiones discriminatorias” (art. 102 CDF, art. 63 CCC); “Perjuicios a la propiedad pública o privada” (art. 96 CDF, art. 68 CCC); “Escándalos y molestias a terceros” (art. 53 CDF, art. 81 CCC). Ahora también podrá hacerlo para aplicar el art. 53 CCC: “Tocamientos indecorosos”. En cuanto a la detención preventiva (art. 122 CCC) se ha limitado a ocho horas desde el momento de la aprehensión, aunque prorrogables, con lo cual el límite podría ser un nuevo formulismo virtual inaplicable. La detención preventiva puede proceder en tres casos puntuales, a saber: “a). Cuando fuere sorprendido en flagrancia. b) Si tuviere objetos o presentare rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en la comisión de una contravención. c) Cuando se negare a manifestar o brindar la información suficiente que haga a su identidad, omitiere hacerlo, se negare a dar los informes necesarios o los diere falsamente, sin causa justificada. En todos los casos, bajo pena de nulidad, el procedimiento debe efectuarse con la participación de dos (2) testigos civiles de actuación.” ¿Se respetará el condicionante de los testigos civiles cuando una contravención sucediera en zonas periurbanas en horarios nocturnos, por ejemplo? En el último caso se evidencia una nueva inconsistencia o falta de exactitud en la técnica legislativa. La “Negativa u omisión a identificarse o Informe falso” es configurada como contravención en el art. 88 del CCC, mientras que aquí se comporta como una situación particular dentro de una falta, cuando el sujeto podría ser detenido preventivamente, contenida en el Libro III de procedimiento. Lo curioso es que ante el art. 88 CCC la sanción es de hasta tres días, mientras que en el art. 122 CCC es de hasta ocho horas, cuando se supone que en este último se encontraría en una situación más gravosa.

Sobre las penas En su art. 17, el CDF consignaba como penas principales la multa y el arresto y como sustitutivas: la asistencia a un curso educativo, el cumplimiento del tratamiento terapéutico, el trabajo comunitario, y la prohibición de concurrencia a determinados lugares. La vedette en la asignación de las penas ha sido siempre el arresto. Como consecuencia de su aplicación muchos jóvenes cordobeses de sectores populares han perdido sus trabajos o días de clases, además de producirse otros conflictos personales, familiares y comunitarios. El CDF permitía que cuando alguien había sido detenido, él mismo -o en caso que siguiera privado de su libertad- un tercero, dentro de las 48 horas de su notificación podía presentar ante el juez competente el pedido de apertura de la instancia judicial, es decir, recurrir la sentencia. Caso contrario la condena se tomaba como aceptada (art. 118 CDF).

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24.  El mismo día que fue publicado en el Boletín Oficial el Código de Convivencia Ciudadana (28/3/2016) el abogado Hugo Seleme presentó en el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba un pedido de declaración de inconstitucionalidad, vinculado a la crítica del art. 17 CCC. El fiscal se expidió a favor de la admisibilidad formal de la acción presentada.

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Además, la pena de arresto podrá ser redimible a multa (art. 37 CCC) y las penas de multas si no son pagas pueden ser convertidas en penas de arresto (art. 28 CDF, art. 30 CCC). Pese a las críticas por introducir desigualdad en el trato que recaían en el antiguo Código, en el CCC (art. 35) se suma que cuando fuera incumplido el trabajo comunitario, la sanción contravencional será convertida en pena de arresto. Esta desigualdad basada en la disponibilidad de recursos económicos dará por resultado que los jóvenes de sectores populares sigan ocupando las comisarías de toda la Provincia. La conversión de la multa en arresto viola el art. 77 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se explicita que nadie será detenido por deudas. Juliano y Etchichury (2009) explican que una multa que no se paga debería tomarse como crédito fiscal. Pues si esta regla se aplicara en todos los casos, aquel ciudadano cordobés que por ejemplo pagase fuera de término cualquier impuesto correría la misma suerte. En al art. 29 CCC (art. 27 CDF), “Multa”, se instituye que la “Unidad de Multa” tendrá “un valor en pesos equivalente al diez por ciento (10%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. Allí observamos que existe un cambio: de un monto fijo como lo hacía el CDF pasa a ser un monto variable, lo que en verdad no termina por resultar un avance. Si bien el artículo siguiente dispone “Facilidades de pago” (art. 28 CDF, art. 30 CCC), nada dice de reducir el monto para los infractores cuyos ingresos mensuales no resulten suficientes para pagar la multa asignada. El Código no sólo registra una intencionalidad claramente recaudatoria, sino que en ocasiones hasta confiscatoria, por cuanto la multa podría representar un porcentaje alto en relación con los ingresos del contraventor. Además, se comienza a contar el plazo desde que se notifica la pena asignada, por lo cual se afectan los principios de inocencia y cosa juzgada (Juliano y Etchichury, 2009). Se mantiene el “arresto de fin de semana” (art. 25 CDF, art. 35 CCC). Este modo de ejecutar la pena resulta inconsistente cuando no contradictorio para el sistema contravencional: se aplica pena de arresto -que es la sanción más grave-, pero que puede ser cumplida en tiempo de descanso. En el campo contravencional se corre el riesgo de que éste se constituya en un recurso más de criminalización y estigmatización de quienes cumplen esta pena, los que serán señalados socialmente con mayor facilidad. Además, y haciendo una lectura más profunda, podría ser reemplazada por el trabajo comunitario. En cuanto a la ejecución condicional de la condena (art. 22 CDF, art. 27 CCC), a pesar de introducir tibios cambios, se continuará permitiendo la condena en suspenso. En el campo del Derecho Penal resulta un avance para asignar penas flexibles y abiertas. Pero en nuestro sistema contravencional venía utilizándose de modo extorsivo por parte de la institución policial encargada de detener, acusa, juzgar y hacer cumplir la sanción asignada. Si la nueva forma de juzgamiento no genera cambios efectivos a favor de los detenidos la situación continuará existiendo. Más aún, dada la vaguedad que atraviesa al artículo cuando explica que esa decisión debe ser fundada “en la personalidad del condenado, su actitud posterior a la falta, la naturaleza del hecho y demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de ejecutar efectivamente la condena” (art. 27 CCC). Esos términos ayudan a que se mantenga la discrecionalidad, al momento de decidir el devenir de la condena.

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) Negación del derecho a hacer una llamada cuando la persona es detenida La incomunicación sólo podría tener lugar en el marco de un proceso penal y con autorización judicial. Sin embargo, este derecho era cercenado en el CDF. El art. 123 del CCC salda esta demanda, disponiendo que “En ningún caso procederá la incomunicación del presunto infractor bajo pena de nulidad del procedimiento”. Además, se le debe informar por escrito que tiene el derecho a hacer una llamada a un familiar para informar la situación (art. 133 CCC). Este artículo podría ser en respuesta a un fallo del día 16 de marzo de 2016, cuando el Tribunal Superior de Justifica de Córdoba diera lugar al recurso de casación interpuesto por los Dres. Gonzalo García Soriano y Enrique Fernando Novo, en su carácter de abogados defensores de Valdemar Puebla Cocco. Recurso presentado contra una sentencia dictada por el Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto. En el fallo del Tribunal Superior se lee “esta Sala ha establecido que la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, tiene su base en el art. 18 de la Constitución Nacional toda vez que, en forma implícita y explícita establece que “nadie puede ser condenado sin ser oído”. Este derecho a ser oído por un Tribunal competente, independiente e imparcial, en la sustanciación de cualquier acusación penal, como la que involucra una contravención” (Sala Penal, Tribunal Superior, Protocolo de Sentencias, Nº Resolución: 86, Año: 2016 Tomo: 3 Folio: 671-674).

6. Reflexiones de cierre En el presente artículo nos adentramos en la arquitectura jurídica del Código de Convivencia Ciudadana para explorar los posibles avances y demandas incumplidas en materia contravencional. Partiendo de los reclamos alojados en la Marcha de la Gorra respecto de la derogación del antiguo Código de Faltas, pretendimos establecer una comparación entre ambos. Para ello hicimos una presentación general sobre la problemática e inscribimos nuestra trayectoria investigativa en el campo etnográfico, triangulado ahora con otras estrategias metodológicas que nos permitieron responder algunos interrogantes respecto de los aportes de la nueva normativa. Los registros de las reuniones organizativas, los discursos públicos oficiales de la movilización, las fotografías y las entrevistas tomadas en la Marcha de la Gorra, junto a las críticas de juristas especializados, fueron el punto de partida para identificar las demandas más frecuentes y su recepción en la nueva ley. Por su parte, el análisis de contenido y el análisis crítico del discurso posibilitaron comparar diferentes aspectos del CDF y CCC. El trabajo analítico realizado permite concluir que la legislatura cordobesa ha dejado al costado la mayoría de las demandas, ya que solo ha generado pequeños cambios que aún quedan lejos de ser armónicos con la Constitución Nacional y los Tratados Internaciones sobre derechos humanos. Como es evidente, la demanda de derogación del Código de Faltas no fue receptada y tras el falso intento de generar un “nuevo” Código apenas cambió su nombre y fueron modificados algunos pun-

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tos. El CCC conserva igual estructura que su antecesor. Se divide en tres libros: el primero “Disposiciones generales”, el segundo de “De las infracciones y sus sanciones”, y el tercero de “De las normas de procedimiento en materia de infracciones”. Aunque incluyen ligeras modificaciones los libros I y III son similares al CDF, mientas que el libro II es el que mayores cambios tiene en cuanto a las infracciones incorporadas. Muchos artículos del CCC son apenas el desglose de otros existentes, incluso copia idéntica de contravenciones ya tipificadas. No se cumplió con la demanda de la reducción de tipos contravencionales, por el contrario: se multiplicaron, enfatizando en persecución hacia los jóvenes pobres que se ganan la vida en actividades informales. El proceso aún se lleva en sede policial, por cuanto es dudosa la posibilidad efectiva de cumplimiento de imparcialidad e impartialidad25 de la primera instancia de juzgamiento a cargo, en el mejor de los casos, de los Ayudantes Fiscales. Aún con los pequeños avances detallados, las figuras son imprecisas y abiertas. El CCC incorpora algunas instituciones más adecuadas que su antecesor y elimina unas pocas figuras, pero en su conjunto no impide ni siquiera limita la discrecionalidad policial. El cambio cosmético estuvo destinado a vestir de progresista una norma que a las claras queda distante de los imperativos constitucionales que fueron enunciados antes. En esta línea, se destaca el tratamiento que se le da a la figura del “Merodeo”, que sólo cambia de nombre por “Actitud sospechosa”, dejando sin atención el reclamo de ambigüedad que habilita el accionar policial discrecional y que, de acuerdo a los marcos referenciales de la Marcha de la Gorra, constituía el corazón estigmatizante del CDF. De este modo, el nuevo Código continuará sin límites legales claros, los cuales perpetúan una práctica policial discriminatoria y selectiva sobre ciertos sujetos sociales, generalmente jóvenes pobres. El cambio de nombre de la ley no acaba con las violaciones de derechos que representa. Lo que se pone de relieve aquí es la importancia de dar lugar al debate inacabado sobre la seguridad, telón de fondo de las diversas formas en las que se expone este dispositivo de poder que ayer llamamos Código de Faltas y hoy Código de Convivencia Ciudadana. La conflictividad múltiple no se soluciona con mecanismos represivos, con la discrecionalidad policial o leyes contravencionales antigarantistas. Es necesario sostener el debate entre los diversos sectores y actores sociales para salir del discurso monolítico impuesto por el gobierno Provincial, que ahora se afianza en la narrativa oficial que sostiene que el CCC viene a saldar las demandas históricas de la Marcha de la Gorra. La preocupación compartida por quienes estudiamos las políticas de seguridad cordobesa -cuya aplicación tiene como blancos privilegiados a los jóvenes de sectores populares que resultan objeto de persecución y violencia cotidiana- y nos organizamos para luchar por la vigencia de los Derechos Humanos, seguirá siendo canalizada a través de la visibilización e interpelación al Estado y a la sociedad en general. La Marcha de la Gorra, en tanto práctica de participación política juvenil que permite encarnar esta lucha por la juventud de Córdoba, se orienta en este sentido: seguir corriendo todos los días un poco más hacia delante la frontera de la desigualdad y la exclusión juvenil.

25.  Una de las garantías del Derecho procesal: el juez no ha de ser parte en el proceso en el que debe dictar sentencia.

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) 7. Referencias bibliográficas Blanco, M. “¿Autobiografía o autoetnografía?”. En: Desacatos, núm. 38, enero-abril, pp. 169-178, México. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n38/n38a12.pdf. 2012. Bonvillani, A. “Cuerpos en marcha: emocionalidad política en las formas festivas de protesta juvenil”, Nomadas, N° 39, Colombia. 2013. Bonvillani, A. Callejeando la alegría… y también el bajón. Etnografía colectiva de la Marcha de la Gorra. Córdoba: Encuentro Grupo Editor. 2015. Borges, A. Tempo de Brasilia, Relume-Dumara, Río de Janeiro. 2003. Brocca, M., Morales, S., Plaza, V. y Crisafulli, L. “Policía, seguridad y Código de Faltas”. En: Informe Provincia l 2013. Mirar Tras los Muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba (pp. 427- 480). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de Río Cuarto. 2014. Chaves, M. “Juventud negada y negativizada: Representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina contemporánea.” En: Revista Última Década. Nº 23. CIDPA. Chile, Valparaiso. 2005. Compagnucci, M. y Ballistreri, D. “Desenmascarando ‘protecciones’ irregulares”. En: ¿¡Cuánta Falta!? Código de Faltas, Control Social y Derechos Humanos. Coord..: Crisafulli, L. y León Barreto, I. INECIP, Córdoba. 2011. Coria, A. y Etchichury, H. Comentarios a partir de la respuesta a un pedido de informe legislativo, disponible en, https://docs.google.com/file/d/0ByXhGDVajtlROTFjZGVkZjQtZDIyNi00YTExLThjZmEtNTUxYT YwNGQxZTBi/edit?hl=en#, Córdoba, 2010. Crisafulli, L. y León Barreto I.¿¡Cuánta Falta!? Código de Faltas, Control Social y Derechos Humanos (pp. 17-22). Ed. INECIP, Córdoba. 2011. Etchichury, H. “Preso sin abogado, sentencia sin juez. El Código de Faltas de la Provincia de Córdoba”, Ponencia presentada en el Primer Congreso Argentino-Latinoamericano de Derechos Humanos: una Mirada desde la Universidad, Subsecretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Rosario. Disponible en: http://www.codigodefaltas.blogspot.com. 2007. Etchichury, H. (2015). Análisis preliminar del proyecto de Código de Convivencia Ciudadana. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/12/doctrina42520.pdf Guber, R. La etnografía: Método, campo y reflexividad, Siglo XXI Editores, Buenos Aires. 2013. Guiñazú, C. “Ley 8.431 (T.O. LEY 9.444) – Código de Faltas de la Provincia de Córdoba panorama descriptivo de sus normas de procedimiento.” Disponible en: http://new.pensamientopenal.com. ar/16072008/contravencional06.pdf. 2010. Juliano, M. y Etchichury, H. Código de faltas de la Provincia de Córdoba. Ley 8431 y modificatorias comentado. Lerner, Córdoba. 2009.

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Políticas públicas y juventud rural el Sumapaz:Ciudadana, un análisis aalgunas partir dediferencias las propuestas Del Código de Faltas al Código deenConvivencia a la de gobierno en las campañas a las alcaldías municipales (2016-2020) luz de la Marcha de la Gorra (Córdoba, Argentina) Sain, M. Política, Policía y Delito, la red Bonaerense. Capital Intelectual Editora, Buenos Aires. 2004. Shuster, F., Pérez, G., Pereyra, S., Armesto, M., Armelino, M., García, A., Natalucci, A., Vázquez, M., Zipcioglu, P. “Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003”, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 2006. Spósito, D. “Lineamientos teóricos de la construcción de la actualidad como un escenario inseguro”. En: Bisig, N. E., Jóvenes y seguridad: control social y estrategias punitivas de exclusión Código de Faltas Provincia de Córdoba. Córdoba. 2014. Van Dijk, T. “El análisis crítico del discurso”. En: Anthropos 186, septiembre-octubre, pp. 23-36, Barcelona. Disponible en: http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20 discurso.pdf. 1999. Wacquant, L. Las cárceles de la miseria. Manantial, Buenos Aires. 2004.

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Juventudes en movimiento. Privatizaciones. Rolluchas del sindicalismo Apuntes sobre las juveniles en Caso analizado: Foetraen Chile y Uruguay contextos electorales (2011-2014) Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Maite Cecilia Motter Política y RR.II. Facultad de Ciencia Facultad U.N.R. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR) maitemotter1@gmail.com Florencia Paz Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR) florencia_paz@hotmail.com

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Maite Cecilia Motter - Florencia Paz

Resumen

Los contextos políticos que envolvieron a las últimas elecciones presidenciales de Uruguay y Chile revistieron una particularidad histórica: movimientos juveniles irrumpen en el escenario político con demandas puntuales que los posiciona como actores claves y en disputa dentro de la contienda electoral. Dichas formas de movilización juvenil revisten características distintivas, amalgamando novedosas formas de manifestación social con elementos tradicionales del hacer político, situación que les permite lograr una armónica articulación con heterogéneos sectores de la sociedad civil. En base a una serie de apuntes de carácter exploratorio, nos abocamos a vislumbrar en los casos chileno y uruguayo las modalidades de interpelación política que asumen los jóvenes, en un contexto electoral. Con el objetivo de indagar sobre su(s) construcción(es) identitaria(s) y la compleja interacción con los partidos políticos tradicionales, en Chile analizaremos las movilizaciones en torno a la reforma del sistema educativo, mientras que en Uruguay examinaremos las protestas desatadas a partir de la consulta popular para bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años. Palabras claves: Chile, Uruguay, movimiento estudiantil, No a la baja, NOALABAJA, acción colectiva, partidos políticos, edad de imputabilidad.

Abstract

Political contexts that surrounded the last presidential elections in Uruguay and Chile had a historical peculiarity: youth movements burst onto the political scene with specific demands that positions them as key actors and in dispute within the electoral race. Such forms of youth mobilization have distinctive features, amalgamating novel forms of social expression with traditional political elements, a situation that allows them to achieve a harmonious coordination with heterogeneous sectors of the civil society. Based on a series of exploratory notes, we focus to discern in the Chilean and Uruguayan cases modalities of political interpellation that young people assume, in an electoral context. In order to investigate on their identity construction and their complex interaction with traditional political parties, in Chile we will analyze mobilizations around the reform of the education system, while in Uruguay we will examine the protests erupted after the popular consultation on lowering the age of criminal responsibility from 18 to 16 years. Keywords: Chile, Uruguay, student movement, not lowering the age, not to lower the age, NOALABAJA, collective action, political parties, age of criminal responsibility

Maite Cecilia Motter - Florencia Paz, “Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014)”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 110-133.

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) Introducción. El presente artículo se inscribe dentro un programa de investigación más amplio que aborda el estudio del ciclo electoral 2013-2015 en cuatro países del Cono Sur: Chile (2013), Brasil y Uruguay (2014) y Argentina (2015). Esencialmente, el objetivo del programa es comparar los procesos de configuración de los itinerarios de las democracias del Cono Sur en el siglo XXI, a partir de las interacciones entre los principales actores socio-políticos y los marcos institucionales en que éstas tienen lugar. Las elecciones presidenciales en cada país fueron tomadas como una puerta de entrada para intentar desentrañar el entramado histórico político que conforman los escenarios electorales. Por eso mismo, se interpreta a las elecciones desde el marco sociohistórico en el que las mismas tienen lugar, entendiéndolas como un proceso de interacción entre los principales actores y la reglas que configuran el juego democrático a lo largo de una temporalidad extendida.  En este marco, nuestro trabajo surge a partir del análisis de las pasadas elecciones chilenas y uruguayas, especialmente luego de realizar una serie de entrevistas y un observatorio de medios gráficos de ambos países durante los meses previos y posteriores a sus respectivas elecciones presidenciales. En base a este recorrido, podemos afirmar que dichas campañas electorales tuvieron ciertas características particulares y los contenidos programáticos de los candidatos incluyeron novedosos temas. En este conjunto variado de temáticas, en Chile consideramos que la reforma educativa adquiere un protagonismo central para el Estado y la sociedad chilena. Por su parte, en la sociedad uruguaya encontramos un fuerte debate sobre bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años. A partir de este hallazgo, nos preguntamos por los motivos de estas presencias abrumadoras en la agenda electoral. En la búsqueda de respuestas, en Chile nos encontramos con un movimiento estudiantil que se consolida en un contexto de crisis de representación mientras que en Uruguay estamos en presencia de movilizaciones juveniles que buscan dar respuesta a la iniciativa legislativa del senador Pedro Bordaberry, perteneciente al Partido Colorado, de bajar la edad de imputabilidad penal. Estas formas de movilización juvenil revisten características distintivas, amalgamando novedosas formas de manifestación social con elementos tradicionales del hacer político. En Chile podemos reconocer dos momentos claves de protagonismo de los jóvenes. Un primer momento, donde logran articular demandas que van más allá de lo meramente sectorial, tomando la calle y los espacios públicos y levantando la bandera de la reforma educativa y, un segundo momento, en donde un conjunto de militantes estudiantiles deciden formar parte del juego institucional, a partir de sumar sus candidaturas como parlamentarios, algunos de los cuales van a integrar “Nueva Mayoría”, coalición electoral que presentó a Michelle Bachelet como candidata a presidente. En Uruguay es fundamental destacar que las movilizaciones juveniles consiguieron re-instalar demandas de larga data pero renovadas en su discurso y en sus modos de representación. Se trató de un grupo de jóvenes que se articuló bajo una lógica de la acción colectiva y logró problematizar cuestiones concernientes a problemas de convivencia y seguridad pública, a partir de una iniciativa legislativa y de un posterior llamado plebiscitario para bajar la edad de imputabilidad penal de los jóvenes. De esta manera, se una articuló “movida joven” que, heterogénea en sus bases pero con una

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estrategia clara y puntual, se posicionó como un actor emergente en el marco de un proceso electoral próximo. A los fines de nuestra investigación, el objetivo del presente artículo será, a partir de la identificación de semejanzas y diferencias entre los casos estudiados, desentrañar las complejas y dinámicas modalidades de acción que las juventudes chilenas y uruguayas llevan adelante, en tanto sujeto político, y su vinculación con los procesos electorales. En ambos casos, se investigará sobre sus construcciones identitarias y la siempre compleja interacción con los partidos políticos tradicionales. Partimos de la premisa que si bien los casos estudiados reflejan un desgaste en el vínculo entre los movimientos sociales y los partidos políticos, reconfigurando demandas de la ciudadanía de larga data pero renovadas en sus discursos, reconocemos la existencia de estructuras partidarias en los mismos.

Cuestiones Previas. Debates teóricos en torno a las movilizaciones sociales y a la participación de la juventud en la política. En referencia a las perspectivas teóricas desde las que nos posicionamos para realizar este trabajo, consideramos necesario remitirnos a distintas perspectivas de conocimiento contemporáneas desarrolladas en relación al estudio de las complejas modalidades en que las juventudes latinoamericanas se vinculan con los procesos de movilización social. En este sentido, podemos advertir que los análisis en torno a las prácticas socioculturales y políticas de la juventud en América Latina se han extendido, en las últimas décadas, logrando resultados de comprensión científica para el estudio del “estado del arte” de estos actores. Se puede corroborar que a partir de los años noventa se plantea el carácter complejo de las juventudes, superando aquellos análisis que las caracterizaban como un grupo homogéneo -asumiendo que los jóvenes eran, fundamentalmente, los estudiantes- y desarrollando teorías que aborden a las “subjetividades” juveniles. Las mismas permiten interrogarse sobre la participación política de las nuevas generaciones y sobre la aparición de nuevas expresiones culturales, de manifestación artística, callejera, y de protesta, de las que éstas son protagonistas. Asimismo, estos estudios intentan poner en tensión la extendida percepción, representada por buena parte de la opinión pública y por algunos enfoques que analizan la participación joven en los procesos sociales, de asumir la existencia de una fuerte “apatía” juvenil que se traduce en la falta de interés de los jóvenes por la democracia. Estos análisis enfatizan en este rasgo como características de época, en contraste con los agitados años sesenta. Los principales postulados sobre los que se erigen son, por un lado, los escasos niveles de participación electoral de los jóvenes, y por el otro, su baja presencia en los partidos políticos y sindicatos, en las opiniones que brindan sobre la democracia en las encuestas de opinión pública, en la supuesta “rendición” de las nuevas generaciones en la vida privada, etc. De esta manera, la irrupción de nuevos movimientos juveniles en la escena pública, representados con un alto grado de politización en sus discursos, demandas y propuestas, abre nuevos debates en el

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) escenario académico y vuelve imperioso el estudio sobre estas dinámicas jóvenes que se presentaron en distintos países de Latinoamérica en la última década. Las investigaciones sobre este particular activismo juvenil denotado en nuevas formas de entender a la acción colectiva y a la participación política permiten problematizar, sobre la existencia de elementos novedosos en torno a las prácticas colectivas, políticas y culturales articuladas por estas juventudes. Fundamentalmente, permiten interrogarse sobre las condiciones de posibilidad y perdurabilidad que amalgaman estas nuevas maneras de manifestación joven y de resistencia social. En cuanto al análisis del carácter generacional que enmarca a estos procesos de movilización, consideramos necesario recurrir al abordaje teórico existente en la materia, específicamente, en los estudios sobre la juventud, como un objeto de estudio particular y complejo. Desde el pensamiento social contemporáneo, la noción de generación se desarrolló en tres momentos históricos que corresponden a tres marcos sociopolíticos precisos: en los años 20 -período entreguerras-, se formularon las bases filosóficas en torno a la noción de relieve generacional (sucesión y coexistencia generacional); durante los años 60 -la edad de la protesta-, se fundó una teoría entorno a la noción de vacío generacional (y conflicto generacional); y, a partir de la mitad de los años 90, con la aparición de la sociedad en red, surge una nueva teoría que revoluciona la noción de lapso generacional. Ello se corresponde con una situación en que los jóvenes son más expertos que la generación anterior en una innovación clave para la sociedad: la tecnología digital (Feixa y Leccardi, 2011: 13). En cuanto al abordaje teórico del concepto de generación, el mismo se puede enmarcar en términos sociológicos en los estudios de Karl Mannheim —considerado el fundador del enfoque moderno sobre el estudio de las generaciones—, utilizando como base para sus reflexiones los estudios sociológicos de A. Comte, con una óptica positivista, y los estudios históricorománticos de W. Dilthey (Feixa y Leccardi, 2011: 14). En los inicios de la sociología, Comte (1830-1857) sostenía que el ritmo de las generaciones se podía calcular simplemente midiendo el tiempo medio necesario para la sustitución de una generación —en la vida pública— por otra (treinta años, según el autor). En este sentido, consideraba que el progreso era el resultado del equilibrio entre los cambios producidos por las nuevas generaciones y la estabilidad mantenida por las generaciones anteriores. De esta manera, el término clave en la búsqueda de Comte por la objetividad histórica, es continuidad (Feixa y Leccardi, 2011: 15). La visión matemática y cuantitativa del tiempo generacional que marca la teoría de Comte fue cuestionada radicalmente por el enfoque históricoromántico, representado por W. Dilthey (1883-1989). Éste sostenía que las generaciones eran definibles en términos de relaciones de contemporaneidad y consistían en grupos de gente sujetos en sus años de mayor maleabilidad a influencias históricas (intelectuales, sociales, políticas) comunes. Por lo tanto, la formación de las generaciones se basaba en una temporalidad concreta constituida de acontecimientos y experiencias compartidas. En términos más generales, para Dilthey, las experiencias situadas históricamente determinan la pertenencia a una generación ya que constituyen la existencia humana (Feixa y Leccardi, 2011: 16).

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En cuanto al análisis de las generaciones presentado por K. Mannheim (1928-1952), se puede afirmar que el mismo representó un punto de inflexión en la historia sociológica del concepto. Este autor desarrolló su teoría de las generaciones en comparación con los amplios movimientos colectivos del principio del siglo veinte. Mannheim consideraba las generaciones como dimensiones analíticas útiles para el estudio, tanto de las dinámicas del cambio social (sin recurrir al concepto de clase y el concepto marxista de interés económico), como para los “estilos de pensamiento” y la actitud de la época (Feixa y Leccardi, 2011: 17). Al mismo tiempo, las generaciones podían considerarse el resultado de las discontinuidades históricas, y por tanto, del cambio. En otras palabras, lo que configura una generación no es compartir la fecha de nacimiento —la situación de la generación, que es algo “solamente potencial” (Mannheim, 1952) — sino esa parte del proceso histórico que los jóvenes de igual edad-clase comparten (la generación en sí). Hay dos componentes fundamentales en ese compartir de los cuales surge el vínculo generacional; por una parte, la presencia de acontecimientos que rompen la continuidad histórica y marcan un antes y un después en la vida colectiva; y por otra, el hecho de que estas discontinuidades sean experimentadas por miembros de un grupo de edad en un punto formativo en el que el proceso de socialización no ha concluido. A través del concepto de generación, los largos tiempos de la historia se sitúan en relación a los tiempos de la existencia humana y se entretejen con el cambio social (Feixa y Leccardi, 2011: 17). Consideramos pertinente abordar el fenómeno generacional en el que se circunscriben los casos de estudio presentados, desde la óptica de Karl Mannheim, matizando los elementos innovadores que articularon estos movimientos en sus particulares modos de representación y argumentación discursiva. Por otra parte, concebimos imprescindible un repaso por las teorías que interpretan la acción colectiva. Las ciencias sociales en la actualidad ofrecen, en rasgos generales, dos formas de interpretar la acción colectiva; por un lado, el enfoque de la movilización de recursos y, por otro lado, la perspectiva de los movimientos sociales. Estas perspectivas se constituyeron en los años sesenta y setenta del siglo XX en un contexto histórico de pleno auge de los Estados de Bienestar, donde la cuestión de la integración social no constituía un problema ni amenazaba al orden social, tal como se observó en las décadas posteriores. En ese momento, quienes protagonizaban las acciones contenciosas eran los sectores medios de la sociedad, no el proletariado o los obreros, e inscribían sus prácticas políticas en lo que se conoció como pacifismo, ecologismo, movimiento gay, igualdad de derechos, etc. Entonces, la cuestión a dilucidar era cómo explicar el descontento de un sector social sin necesidades económicas apremiantes y que constituía una parte nuclear del sistema social. Las acciones contenciosas ya no podrían ser explicadas tendiendo como única variable el desempeño del salario o las variaciones de los índices de ocupación, desocupación o subocupación. Los cambios en la estructura social no terminan de dar cuenta las razones por las que la gente se lanza a la calle a protestar (Iglesias, 2008: 2).

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) Es en este contexto donde el enfoque de la movilización de recursos y la perspectiva de los movimientos sociales, centraron sus análisis en quiénes son los sujetos que se movilizan, y en las razones de su movilización. Partiendo de las mismas preguntas, ambos enfoques, se abren a líneas de investigación teórica diferentes. Por un lado, la perspectiva de la movilización de recursos, que encuentra a sus principales exponentes en Olson (1992), Tilly (1990, 2000) y Tarrow (1998), enfatiza en que lo que impulsa a los que protestan es la posibilidad de movilizar un conjunto de recursos en determinados momentos históricos o coyunturas políticas. Así, la organización o la debilidad de los gobiernos pueden impulsar a personas comunes y corrientes a salir a la calle. De esta manera, Tilly y Tarrow, afirman que “la acción colectiva surge cuando se dan las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ellas” (Tarrow, 2004: 22). No todos los acontecimientos pueden ser considerados acciones colectivas. En este sentido, la acción colectiva tiene un carácter político, que viene dado por ser de naturaleza contenciosa. “La acción política colectiva (…) se convierte en contenciosa cuando es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas no aceptadas y que se conducen de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros o las autoridades” (Tarrow, 2004: 24). Por su parte, la perspectiva de los movimientos sociales encuentra sus principales referentes en Touraine y Melucci, entre otros, y centra su análisis en los aspectos culturales de la acción colectiva y en las dimensiones subjetivas de los que protagonizan la acción colectiva. Para Touraine (1995), un movimiento social es “la acción conflictiva de agentes de las clases sociales que luchan por el control del sistema de acción histórica” (Touraine, 1995: 239). En el planteo de Touraine, la constitución de un movimiento social interviene tres momentos: el de identidad, el de oposición y el de totalidad. Desde su concepción no se puede analizar un movimiento social fuera del campo de la historicidad en el que forman el cual refiere al modo en que un movimiento social se apropia del manejo de los modelos culturales que predominan en una sociedad históricamente determinada. El movimiento social existe cuando el conflicto se sitúa en el nivel del modelo cultural de la sociedad que se trate (Touraine, 1995: 249-252). Melucci (1999), en su libro “Acción colectiva, vida cotidiana y democracia”, reflexiona acerca de la importancia de considerar ambos enfoques teóricos al momento de analizar el accionar de los movimientos sociales. El autor sostiene que “los dos puntos de vista no son irreconciliables. (…)Los participantes en una acción colectiva no son motivados sólo por lo que llamaríamos una orientación “económica”, calculando costos y beneficios. Ellos también están buscando solidaridad e identidad (Pizzorno, 1983 y Melucci, 1982) que, a diferencia de otros bienes, no son mensurables y no pueden calcularse”. (Melucci, 1999: 37-40). Por su parte, Mc. Adam, Mc. Carthy y Zald en “Movimientos Sociales: Perspectivas comparadas”, luego de realizar un recorrido por la rica tradición académica tanto teórica como empírica sobre movimien-

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tos sociales, lograron discernir líneas maestras de una perspectiva sintética y comparada de los mismos, nucleados en tres conceptos claves generados a partir de “un consenso entre los expertos en movimientos sociales (…) a pesar de que se fueron configurando desde perspectivas muy diferentes y, en ocasiones, incluso antagónicas”. (Mc. Adam, Mc. Carthy y Zald, 1999: 23). Los autores se refieren a las definiciones de oportunidades políticas, estructuras de movilización y procesos enmarcadores. La noción de oportunidades políticas alude a la forma que adoptan los movimientos sociales en relación a la amplia gama de oportunidades y constricciones políticas propias de contexto nacional en que se inscriben (Mc. Adam, Mc. Carthy y Zald, 1999: 24) Este concepto nuclea los aportes teóricos del Tilly, Mc Adam, Tarrow, Kriesi, Kitschelt, Koopmans y Duyvendak. La idea de estructuras de movilización se centra en la dinámica organizacional de los movimientos, en aquellos canales colectivos tanto formales como informales a través de los cuales la sociedad puede movilizarse en la acción colectiva (Mc. Adam, Mc. Carthy y Zald, 1999: 24). En este caso, dicha noción hace referencia a los aportes de Mc Carthy y Zald, Tilly, Evans, Snow, Zurch y Ekland-Olson, Gould, Morrison y Mc Adam, entre otros. Por último, el concepto de procesos enmarcadores, caracteriza los “esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupo de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva” (Mc. Adam, Mc. Carthy y Zald, 1999: 27). Desde dicha variable se pretenden analizar elementos de la psicología social y culturales de cada movimiento social y nuclea los aportes de Snow, Goffman, Smelser, Turner, Killian, Brand, Inglehart, Melucci, Touraine, entre otros. Creemos importante evitar centrar nuestro análisis en una sola línea teórica para abordar la investigación. Por este motivo, partiendo de lo esbozado por Mc. Adam, Mc. Carthy y Zald, retomaremos los tres factores articuladores mencionados de la teoría sobre los movimientos sociales para analizar nuestros casos de estudio. En cuanto al abordaje teórico de la siempre compleja relación entre movimientos sociales y partidos políticos, Somuano Ventura (2007) analiza este vínculo cambiante en América Latina. Para la autora, lo “que ha favorecido la emergencia de nuevos movimientos sociales es sin duda la pérdida de legitimidad de algunas instituciones democráticas tales como los partidos políticos” (Somuano Ventura, 2007: 33). Y continúa, “es común que los movimientos sociales enfrenten la disyuntiva de quedarse como fuerza de oposición luchando por vías extra-institucionales manteniendo su autonomía, o competir por el poder vía los canales institucionales, sea en la alianza o como parte de un partido político” (Somuano Ventura, 2007: 41). Desde la perspectiva de Somuano Ventura, siguiendo a Hangan, existen cinco tipos de relaciones prácticas por las que pueden optar los movimientos sociales y los partidos políticos: articulación, permeabilidad, alianza, independencia, y transformación (Somuano Ventura, 2007: 41). 1. Articulación: Esta relación consiste en que las organizaciones de los movimientos sociales se agrupan alrededor del programa de un partido político y promueven las posiciones partidistas entre los seguidores potenciales a los que los partidos esperarían movilizar en busca de apoyo y de nuevos miembros. Aún cuando los partidos políticos controlan directamente a estas organizaciones, generalmente éstas ejercen alguna influencia independiente sobre el partido. Su éxito en la movilización

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) de masas obliga al partido a hacer más fuerte el compromiso hacia una causa particular. A cambio del acceso a ciertos cotos de poder en el partido y del apoyo institucional a su causa, se esperará que los activistas del movimiento sigan las líneas e instrucciones del partido. 2. Permeabilidad: En este caso, las organizaciones del movimiento social infiltran a los partidos para intentar orientarlos hacia su causa. Para tener posibilidades de éxito, esta estrategia presume que existe un apoyo considerable a las causas del movimiento dentro del partido político. 3. Alianza: En este caso las organizaciones de los movimientos sociales pueden negociar alianzas ad hoc con partidos o facciones de partidos que involucren la colaboración cercana en asuntos específicos, pero en las que tanto el partido como la organización retienen su propia estructura separada y libertad general de acción. Las coaliciones o alianzas implican que cada parte espera obtener beneficios específicos y concretos; éstas se disuelven si estas expectativas no se cumplen. La permeabilidad y la alianza son estrategias muy cercanas que en muchas ocasiones van juntas. De hecho, generalmente la primera constituye el primer paso de lo que después puede convertirse en alianza. 4. Independencia: En esta estrategia las organizaciones del movimiento actúan autónomamente de los partidos políticos, presionándolos a hacer concesiones que, de no hacerse, pueden representar la pérdida de votos potenciales de quienes apoyan el movimiento. 5. Transformación: En este caso los movimientos sociales se convierten en partidos políticos A los fines de nuestra investigación, utilizaremos dichas categorías como punta pié para el análisis de la vinculación entre los partidos políticos, ya sea de gobierno o no, y las movilizaciones juveniles.

Las movilizaciones estudiantiles chilenas: De la arena social a la arena política (2011-2013). En el año 2013 las postulaciones de ex dirigentes estudiantiles como candidatos a diputados nacionales generaron una serie de interrogantes al interior del movimiento estudiantil. Para comprender estos cuestionamientos creemos necesario remitirnos al año 2011 cuando dichos militantes lideraron el movimiento estudiantil. Desde nuestra perspectiva reconocemos dos momentos en el movimiento correspondiente al período 2011-2013: por un lado, un momento de fuerte presencia en la arena social, donde tomaron las calles, los espacios públicos y lograron una gran adhesión de la sociedad civil, y por otro, el momento del paso institucional cuando ciertos líderes estudiantiles decidieron postularse como candidatos a diputados nacionales. Creemos importante aclarar que no concebimos a la arena social e institucional como dos esferas escindidas y excluyentes sino que ambas formas parte de lugar dónde se da la lucha política.

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El año 2011 será recordado en Chile como aquel en el que el descontento y las movilizaciones sociales estallaron, tomando la calle y la agenda política del país. Las cifras a nivel nacional se estiman alrededor de 6.000 manifestaciones públicas y 2.000.000 de participantes durante el año. Estos fueron los niveles de movilización social más altos desde 1990. Si bien coexistieron otras manifestaciones con diversos reclamos y demandas, la movilización que logró articular las diferentes expresiones de descontento social fueron las de los estudiantes universitarios quienes marcharon por las calles exigiendo cambios en un sistema educacional que fue generado bajo la dictadura militar del Gral. Augusto Pinochet y adecuado al modelo de sociedad que se buscaba implantar: autoritario en lo político-cultural, y organizado en torno al mercado en el plano económico-social. A esta visión de sociedad correspondía un modelo educacional basado en el principio de libertad de empresa que permitió la competencia entre los establecimientos educacionales. Asimismo, la municipalización establecida a nivel escolar sin sus correspondientes recursos económicos, técnicos e institucionales buscó reducir la calidad de la educación pública a favor de la privada. A nivel de la educación superior, se generó una estructura que desfavoreció abiertamente a las universidades públicas, las que se vieron obligadas a recurrir en gran parte al autofinanciamiento, con lo que desnaturalizaron su misión. Por su parte, los estudiantes universitarios que no pueden costear sus estudios deben solicitar créditos estatales (si acuden a una universidad pública) o bancarios (si estudian en una universidad privada). El movimiento estudiantil universitario se constituye por federaciones de estudiantes de las universidades tradicionales, nucleadas en la Confederación de Estudiantes Chilenos (CONFECH) quienes, democráticamente, renuevan su dirigencia, año tras año. En 2011, las elecciones estudiantiles dejaron como resultados la presidencia a cargo de la juventud comunista, lideradas por Camila Vallejo, mientras que la vice-presidencia le correspondió a la agrupación Izquierda Autónoma. El desafío para ambas corrientes radicó en llevar adelante acciones de manera coordinada con el objetivo de fortalecer el movimiento. Según la información recabada, en momentos de alta exposición pública y movilización, las diferencias entre las agrupaciones fueron dejadas de lado, priorizando la identidad del movimiento1. Dicha unidad permitió sumar actores claves que colaboraron para fortalecer el movimiento: Colegio de Profesores, rectores universitarios, y gran parte de la sociedad civil chilena. Si bien el movimiento partió de la identidad común del ser estudiantes, lograron extenderla hacia el ser ciudadano y, dicha clave de extensión de su identidad, fue fundamental, también, para sumar otros actores (Moyano Barahona, 2012: 39-40). En el año 2011 las manifestaciones comenzaron a perfilar una característica novedosa para el movimiento estudiantil: la fiesta y el carnaval irrumpieron como fuerte vertiente creativa dentro de cada movilización, con performances, montajes, títeres, obras de teatro, etc., las cuales sucedieron una tras otra a través de la marcha. Una de las más destacadas ha sido el “Thriller por la Educación”, que reunió

1. Entrevista a Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, en el período 2011-2012, por el partido de Izquierda Autónoma.

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) a miles de estudiantes caracterizados al estilo y ritmo de la conocida coreografía de Michael Jackson (Urra Rossi, 2012: 31). Entre las características distintivas del movimiento estudiantil es interesante señalar el tipo de demandas que sus integrantes elevaron desde el inicio de sus acciones. No se limitaron a manifestar por cuestiones sectoriales o estructurales de la misma temática, trascendieron esa línea y centraron el debate en el modelo de desarrollo económico y social que sostiene al sistema educativo y la institucionalidad que lo ampara. Los estudiantes chilenos levantaron las banderas de la reforma educativa, reforma tributaria y reforma constitucional. Esto puede entenderse ya que experiencias previas arrojaron la existencia de un malestar acumulado por lo que en esta oportunidad decidieron trascender la demanda sectorial. Desde nuestra perspectiva, a radicalidad de las movilizaciones en 2011 se sustenta por lo menos en dos elementos fundamentales. Por un lado, siguiendo a Garretón, desde una perspectiva histórica, debemos valorar la particularidad que presenta el caso chileno frente a otras realidades latinoamericanas donde los movimientos sociales encarnan la fisura del vínculo entre lo político y lo social. Por otro lado, el contexto político de surgimiento: irrumpe en escena a un año de asumir la presidencia el primer gobierno democrático con representación ideológica de centro-derecha, comandado por Sebastián Piñera, considerado por los estudiantes como el gobierno que expresa a los sectores civiles que estuvieron en el poder durante el gobierno militar de Augusto Pinochet e idearon sus políticas de corte neoliberal2. La particularidad del caso chileno es de hecho, histórica. Desde los años treinta, la forma en que se expresó ese vínculo fue casi exclusivamente a través del sistema partidario. No existieron movimientos sociales estrictamente autónomos. La acción colectiva fue siempre el resultado de la imbricación entre estructuras partidarias y organización social. Luego de la recuperación del régimen democrático, el movimiento social o los movimientos sociales se encuentran por primera vez con que su instrumento de constitución, es decir, el sistema partidario de centro-izquierda (con la excepción del Partido Comunista), está en el gobierno. Y entonces, se encuentra un movimiento sin su instrumento. Por lo tanto, este es el inicio del debilitamiento de esta imbricación entre el sistema partidario y actores sociales. Es decir, la etapa de la transición a la democracia puede caracterizarse como el momento partidario de la acción colectiva, y la fase de la democratización por el paso de los partidos a la administración del gobierno, y la separación consiguiente de la lógica partidaria-gubernamental de la lógica movimentista (Garretón, 2011: 111-116). Luego de experiencia significada de la Revolución Pingüina3, donde estudiantes secundarios se movilizaron en 2006 con altos niveles de visibilidad en relación a un conjunto de demandas puntuales, la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos evidenció estos signos de malestar. 2.  Entrevista a Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, en el período 2011-2012, por el partido de Izquierda Autónoma. 3.  Para más información sobre la Revolución Pingüina, ver: Donoso, Sofía (2011) “Auge y caída del Movimiento Pingüino del año 2006”, en Estudios de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Internacional, Universidad de Oxford.

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En lo que respecta al contexto político de surgimiento, podemos decir que el vínculo entre el gobierno de Sebastián Piñera y el movimiento estudiantil fue tenso y dificultoso. Desde el poder ejecutivo fueron incapaces de encontrar una salida por las vías de la negociación al conflicto y optaron por estrategias de represión policial y de criminalización de la protesta social que acabaron socavando cualquier intento posible de diálogo político. Fueron jornadas de reprimendas inéditas en los últimos 20 años en Chile. El año 2013 presentó la posibilidad de darle primacía al juego en la arena político-institucional a partir de las elecciones que se llevaran a cabo dicho año donde se debía elegir el próximo presidente que gobernara por cuatro años y se renovaban 140 bancas del Parlamento. Fue así como ex dirigentes estudiantiles de 2011 tomaron la decisión de presentarse a las elecciones parlamentarias nacionales como candidatos de sus respectivos distritos. Si bien este año las movilizaciones continuaron ocupando las calles y los espacios públicos, y portaron un grado importante de visibilidad, no contaban con la masividad de años anteriores. En total fueron seis postulaciones. En algunos casos, recurrieron a un partido político tradicional mientras que, en otros, promovieron estrategias alternativas por fuera de ellos. En cuanto a los partidos tradicionales, el que demostró haber realizado un último intento de sumar a las fila de lo político partidario tradicional a los representantes de la arena social, es el Partido de la Concertación al momento de sumar a la coalición de Nueva Mayoría un partido que aún contaba con representantes en la arena social: el Partido Comunista. Las juventudes comunistas tuvieron una gran presencia movimiento estudiantil de 2011. Por su parte, otros ex militantes estudiantiles intentaron establecer estrategias para generar una gran articulación con todos los actores del movimiento de 2011 en vista a las elecciones de 2013. Sin embargo, en palabras de ellos, dicha maniobra fracasó ya que la Concertación fue capaz de neutralizarlo y desarticularlo al constituir Nueva Mayoría. Existieron otras candidaturas pero a través de la creación de partidos políticos nuevos. Del total de las postulaciones, cuatros ex dirigentes estudiantiles fueron elegidos como diputados nacionales de Chile. En tanto, el movimiento estudiantil de 2013 manifestó no sentirse identificados por los ex estudiantes que decidieron participar de las elecciones parlamentarias. Desde su posición, sostuvieron que la lucha del movimiento estudiantil debe ser en el espacio público, presionando a través de las movilizaciones. No se sienten incluidos en la política de partidos y continuaron impulsando demandas desde la arena social.

El Movimiento NOALABAJA en Uruguay, un amanecer de colibríes (2011-2014). El “Movimiento No a la Baja” fue una movilización de jóvenes que surge en Uruguay en abril de 2011 como respuesta a la iniciativa legislativa del senador Pedro Bordaberry, perteneciente al Partido Colorado, de bajar la edad de imputabilidad penal de los 18 a los 16 años. El mismo logró extenderse en todo el territorio nacional, emergiendo como un actor de presión social que, en medio de un contex-

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) to electoral próximo, logra instalar demandas de larga data pero renovadas en su discurso y en sus modos de representación. La aludida iniciativa legislativa se dirimió en un plebiscito popular celebrado conjuntamente con las Elecciones Nacionales, realizadas el domingo 26 de Octubre de 2014. Durante esta jornada un 58% de los ciudadanos uruguayos emitieron su desacuerdo con esta reforma constitucional votando por no bajar de edad de imputabilidad penal4. Para adentrarnos en el tema, es menester conocer algunos aspectos de la legislación uruguaya. El Código Procesal Penal vigente en todo el territorio nacional plantea una diferenciación en el tratamiento de la instrucción criminal entre adultos y menores. Los delitos juveniles encuentran un procedimiento regulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, -reformado en el año 2004, y nuevamente en el año 2013- en el que se postula que todos los jóvenes, a partir de sus 13 años, son penalmente responsables y les corresponde un tratamiento alternativo a la privación de la libertad5. Para ello, en Junio de 2011, se creó el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA)6, como la institución encargada de la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley7. En este contexto, durante el año 2011 surge la mencionada propuesta de reforma constitucional en el seno del Partido Colorado. La misma implicaba la modificación del Art. n° 43 de la Constitución Nacional para bajar la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años, mediante la cual, a partir de Diciembre de 2015 todos los adolescentes uruguayos desde sus 16 años recibirían el mismo tratamiento punitivo que reciben los adultos. Ante la imposibilidad de lograr esta reforma por la vía parlamentaria, el sector de “Vamos Uruguay”, perteneciente al Partido Colorado, propuso la realización de un plebiscito como instancia de verdadera expresión de la voluntad ciudadana. Esta iniciativa también fue apoyada por el candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou, representante del sector de “Unidad Nacional”, perteneciente al Partido Nacional. Finalmente, este pedido fue validado por la Corte Electoral Uruguaya, luego de juntar las 367.000 firmas correspondientes, durante el año 20128. El principal argumento que esgrimieron los defensores de esta propuesta era que los adolescentes en cuestión representaban un 8% del total de la población, siendo, los mismos, protagonistas del 17%

4.  Noticiero web: Minutouno, 27/10/2014. Nota disponible en sitio web: http://www.minutouno.com/notas/342250-uruguay-le-dijo-no-la-baja-la-edad-imputabilidad 5.  Fabiana Goyeneche, vocera del Movimiento No a la Baja, en el programa “Entrelíneas”, 21/07/2014. Canal 20 de la Televisión Uruguaya. Disponible en sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=COoWYz-Y-F4 6.  Ley Nacional Nº 18.771 de creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. 7.  Institución cuestionada tanto por los voceros de la Comisión No a la Baja como por los voceros de la Comisión Para Vivir en Paz, Yo Sí Voto, como un “centro de torturas”. Para más información y escucha de testimonios, visitar sitio web: https:// www.youtube.com/watch?v=COoWYz-Y-F4 Programa “Entrelíneas”, 21/07/2014. Canal 20 de la Televisión Uruguaya. 8. Programa “Somos Uruguay Televisión”, 05/08/2014. Disponible en sitio web: https://www.youtube.com/ watch?v=AjKKTvzQtnQ

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del total de los homicidios y del 45% de las rapiñas durante el año 20139. Asimismo expresaban “estamos ante un enorme problema de seguridad pública en el país y particularmente ante un fenomenal problema en el sector de la minoridad infractora, en el sector de la delincuencia juvenil, producto de una normativa, el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), que es absolutamente benigna10”. Por su parte, los medios masivos de comunicación también sentaban posición al respecto. En palabras de una ciudadana uruguaya, Elaine Gerber: “Los medios masivos de comunicación, en particular los informativos de los horarios centrales, venían hace tiempo “presumiendo” la presencia de “menores” en casi cada hecho violento y/o delictivo. La inseguridad empezaba a tener un nuevo nombre “menor”, y una nueva cara: la de un adolescente, en general varón, de un barrio pobre” (Astori, 2015: 11). En este contexto, se crea la Comisión No a la Baja el 1 de abril de 2011, en la sede del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), organismo coordinador de la Central de Trabajadores Uruguayos. La misma fue integrada en sus inicios por un pequeño grupo de estudiantes universitarios independientes que se sintieron movilizados por la preocupación social que les trasmitía la propuesta. Se trataba de aproximadamente 20 jóvenes de clase socio-económica media que intentaban insertar el debate sobre la seguridad entendida desde una perspectiva integral11. Se plantearon como principal objetivo presentar la discusión ciudadana acerca de lo que implicaba bajar la edad de imputabilidad penal, haciendo especial hincapié en sus costos sociales. La intención era poder responder reflexivamente al llamado plebiscitario de Octubre de 2014. Como una primera instancia de organización/acción comenzaron a informarse sobre el tratamiento jurídico que brindaría la reforma a los jóvenes, a indagar en los índices de criminalidad aportados por el Ministerio del Interior del Uruguay, a estudiar sobre la perspectiva de seguridad ciudadana aplicada en otros países, y sobre el tratamiento de la cuestión aportada por distintas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Desde su discurso, sostenían que la historia uruguaya pone de manifiesto que la penalización no es la solución a los problema de seguridad, por el contrario, afirmaban que juzgar a adolescentes como adultos pondría el énfasis en la cuestión punitiva evadiendo el núcleo problemático central de la cuestión que estaba representado por una dimensión social, compuesta por exclusión, desigualdad social, segregación espacial, fragmentación, distribución de la riqueza, etc12. Afirmaban que un incremento de las penas redundaría en un aumento del resentimiento social y ello contribuiría a potenciar los índices de criminalidad. Asimismo, explicaban que los delitos cometidos por adolescentes sólo 9.  Guzmán Ifrán, vocero de la Comisión Para Vivir en Paz, Yo Sí Voto, en el programa “Entrelíneas”, 21/07/2014. Canal 20 de la Televisión Uruguaya. Disponible en sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=COoWYz-Y-F4 10.  Felipe Schipani, vocero de la Comisión Para Vivir en Paz, Yo Sí Voto, en el sitio multimedia: “Espectador” en debate “En Perspectiva”, 22/09/2014. Disponible en sitio web: http://www.espectador.com/politica/300419/debate-en-perspectivalos-argumentos-a-favor-y-en-contra-de-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-penal-a-los-16-anos#1 11.  Entrevista a Francisco Astori, vocero de la Comisión No A la Baja. 12.  Entrevista a Federico Barreto, vocero de la Comisión No a la Baja.

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) representaban el 6% del total a nivel nacional, y, por lo tanto, esta política estaría dejando de lado una discusión sobre más del 90% de los delitos13. Otro de sus argumentos era que no se trataba simplemente de una cuestión cuantitativa, sino que esta propuesta legislativa representaba una estrategia que pretendía desviar las miradas de los problemas reales que atraviesan al sistema penal uruguayo, entre ellos, los centros de “rehabilitación” juvenil, que mantienen a los detenidos en situaciones que ponen en jaque a los derechos humanos14. Bajo esta óptica explicaban que también existen vacíos legales que posibilitan la reclusión de personas que no cuentan con sentencia durante períodos prolongados15. Progresivamente fueron logrando el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil tanto con organizaciones sociales, sindicales y barriales como con agrupaciones estudiantiles, partidos políticos y ciertos sectores eclesiásticos. Hacia el año 2014 llegaban a representar a más de 30 agrupaciones juveniles16. Dentro de estas organizaciones y sus referentes, revistieron de gran importancia los pronunciamientos del arzobispo de Montevideo, Mons. Daniel Sturla17, ya que su apoyo al No acercó a la reflexión a ciudadanos hasta entonces no interpelados. De esta manera, este numeroso movimiento heterogéneo con gran fuerza discursiva y argumentativa, bajo el lema de “NOALABAJA” y el símbolo de un colibrí18, hizo uso de los espacios públicos ocupándolos e interviniéndolos con exposiciones artísticas19 y culturales, proponiendo canales alternativos para el hacer político, logrando instalar un nuevo debate dentro de la agenda electoral. En cuanto a los apoyos recibidos por los partidos políticos, los mismos se hicieron manifiestos desde el año 2013 en adelante, una vez ya instalado el debate en la agenda social. En este sentido, el Frente Amplio manifestó su apoyo públicamente, sólo de manera discursiva, y a través del pronunciamiento de su candidato a presidente Tabaré Vázquez20. El Partido Nacional no sentó posición y se vio fragmentado en su nivel dirigencial. Esto fue así ya que su candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou se había manifestado a favor de la propuesta desde sus inicios pero se vio interpelado por su compa13.  Fabiana Goyeneche, vocera del Movimiento No a la Baja, en el programa “Entrelíneas”, 21/07/2014. Canal 20 de la Televisión Uruguaya. Disponible en sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=COoWYz-Y-F4 14.  Fabiana Goyeneche, vocera del Movimiento No a la Baja, en el programa “Entrelíneas”, 21/07/2014. Canal 20 de la Televisión Uruguaya. Disponible en sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=COoWYz-Y-F4 15.  Entrevista a Francisco Astori, vocero de la Comisión No a la Baja. 16.  Mapeo de organizaciones que integraron el No a la Baja. Disponible en sitio web: http://www.mapeosociedadcivil.uy/ organizaciones/comision-nacional-no-a-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-en-uruguay/ 17.  Noticiero web: El Reporte, 13/03/2014. Nota disponible en sitio web: http://www.elreporte.com.uy/arzobispo-sturlano-a-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad/ 18.  Logotipos disponibles en sitio web: http://noalabaja.uy/ 19.  Una de las manifestaciones artísticas más utilizadas fue la realización de “amaneceres amarillos”. Consistía en intervenir los espacios públicos, de la noche a la mañana, con telas y colibríes de cartón, como parte de una iniciativa de visibilización de la campaña por el No. 20.  Noticiero web: Notimérica.com, 26/08/2013. Nota disponible en sitio web: http://www.notimerica.com/politica/noticia-uruguay-expresidente-tabare-vazquez-contra-baja-edad-imputabilidad-20130826124650.html

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ñero de fórmula como vicepresidente, Jorge Larrañaga, quien representaba a la fracción de centroizquierda del Partido Nacional, y se había manifestado en contra de la baja de edad de imputabilidad a menores21. Ante esta situación y, en el marco de un contexto electoral, acordaron no manifestarse públicamente ni en contra ni a favor de la propuesta y dejar a sus votantes y militantes que decidan por ellos mismos22. En función de ello, algunos militantes del Partido Nacional se integraron a la movilización por el No y decidieron crear una comisión interna llamada “Blancos Éticos del Partido Nacional23”. La misma estaba integrada por parte del sector “Alianza Nacional” que lideraba Jorge Larrañaga y por algunos militantes del grupo de Luis Lacalle Pou24. “A los blancos nos suele apasionar la historia. Intentamos actuar en política con sentido histórico, siendo coherentes con los que estuvieron antes. El decidir militar activa y públicamente por una causa como la del No a la baja lo entendimos como una opción fiel al legado. Pero resultó ser también un llamado de atención a la dirigencia de cara a los desafíos actuales y futuros”, manifestaron militantes de este movimiento (Astori, 2015: 145). En cuanto al Partido Colorado, impulsor de la propuesta, sus dirigentes se pronunciaron públicamente a favor. Sin embargo, en su seno, los posicionamientos, aunque mayoritarios, no fueron unánimes. En este sentido, el candidato a intendente por Montevideo, Ney Castillo se manifestó en contra de la baja25. Asimismo, un grupo de jóvenes representantes del sector “Batllistas de Ley” que apoyó la precandidatura presidencial de José Amorín Batlle conformó el grupo “Batllistas por No a la Baja” y militaron en contra de la propuesta de reforma constitucional26. Por otro lado, y en palabras de Francisco Astori “a medida que se acercaba Octubre y el apoyo a No a la Baja crecía, les fue conviniendo no pronunciarse tanto dado que ya no era tan obvio el triunfo del plebiscito y terminaría siendo un riesgo político27”. Es importante destacar que la campaña por el No también logró consolidar una fuerte articulación hacia el interior del país con un gran potencial de movilización e incidencia pública. Durante el 2013 se fueron formando las primeras comisiones No a la Baja en algunos puntos del interior con jóvenes provenientes de distintos espacios sociales y de militancia. En este sentido, Zelmar Lucas explica que el movimiento logró una representación a nivel nacional de la siguiente manera: “Las comisiones se 21.  Diario: El Observador, 10/08/2011. Nota disponible en sitio web: http://www.elobservador.com.uy/larranaga-dio-12razones-no-firmar-la-baja-la-edad-imputabilidad-n207159 22.  Entrevista a Francisco Astori, vocero de la Comisión No a la Baja. 23.  Mapeo de organizaciones que integraron el No a la Baja. Disponible en sitio web: http://www.mapeosociedadcivil.uy/ organizaciones/comision-nacional-no-a-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-en-uruguay/ 24. Programa “Somos Uruguay Televisión”, 05/08/2014. Disponible en sitio web: https://www.youtube.com/ watch?v=AjKKTvzQtnQ 25.  Noticiero web: Cien180henta, 06/08/2014. Nota disponible en sitio web: http://www.180.com.uy/articulo/50186_NeyCastillo-esta-en-contra-de-la-baja 26.  Programa “Somos Uruguay Televisión”, 05/08/2014. Disponible en sitio web: https://www.youtube.com/ watch?v=AjKKTvzQtnQ 27.  Entrevista a Francisco Astori, vocero de la Comisión No a la Baja.

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) expandían por su territorio formando núcleos de debate y movilización. Durazno, Flores y Florida se nuclearon y realizaban coordinaciones frecuentes. En Colonia se formaron cerca de diez comisiones locales, el litoral también estaba conectado. Rivera se movió a sus afueras –o adentros-. Rocha se desplegó desde el Chuy a La Paloma. Tacuarembó se movilizó en la capital y en Paso de los Toros. Cerro Largo también generó hitos en su interior. La comisión de Minas buscó líderes de opinión en las localidades a lo largo de la Ruta 8. Y así Maldonado, Treinta y Tres, Río Negro, Soriano y cada rincón del país” (Astori, 2015: 17). A modo de cierre, teniendo en cuenta que Uruguay es un país poblacionalmente envejecido y culturalmente tradicionalista, y, considerando que esta movilización impactó a nivel nacional, se puede afirmar que los logros de esta juventud fueron múltiples. No sólo porque alcanzaron un resultado positivo en las urnas, cuando al inicio se lo consideraba muy difícil, sino que, además, instalaron un debate social y presentaron un canal alternativo del quehacer político, registrando un nuevo antecedente de organización joven en Uruguay. Con estas movilizaciones estos jóvenes también demostraron que no sólo reaccionan ante un hecho consumado como puede ser la pérdida de un derecho, o a raíz de una medida impartida por el Gobierno de turno, sino que también son capaces de proponer y cuestionar los temas de la agenda política y social ocupando las calles. De esta manera, estas juventudes lograron posicionarse como actores emergentes y claves dentro de un proceso político apremiado por un calendario electoral.

Diálogos entre movimientos: Algunas diferencias y semejanzas entre los casos de estudio. El objetivo de este apartado será acercarnos a la identificación de algunas semejanzas y diferencias de los casos estudiados en íntima relación con el marco teórico planteado, a partir de la descripción que llevamos a cabo en las secciones precedentes. Como primera instancia, y tratando de inscribirlos en la categoría de movimiento social, reconocemos que el caso chileno, con sus reivindicaciones y manifestaciones, logra configurarse bajo las características propias del mismo a diferencia del caso uruguayo. En base a los planteado por Touriane, en ambos procesos identificamos momentos semejantes en torno a su construcción identitaria, al reconocimiento de la existencia de un “otro”, un opositor, que fortalece la propia identidad del movimiento y recursos movilizados a través de la acción colectiva. Sin embargo, el caso chileno presenta una particularidad ya que es un movimiento social histórico, protagonizado por jóvenes que cobró especial relevancia en el gobierno de Sebastián Piñera. En el movimiento social de Chile encontramos el momento de “Totalidad” cuando los jóvenes logran desprenderse de la demanda coyuntural y sectorial para interpelar al sistema institucional, económico y social del país. Sin embargo, los jóvenes uruguayos irrumpieron en el escenario político a partir de movilizarse en torno una demanda bien delimitada y puntualizada contra una iniciativa legislativa del tradicional Partido Colorado. Lograron un alcance nacional e instalaron la reflexión en la sociedad sobre cuestiones de seguridad pública, pero no trascendieron sus postulados iniciales, es decir no lograron trascender el momento de opo-

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sición. Se trató de manifestaciones ligadas a procesos estructurales pero que han sido dinamizadas desde lógicas del corto plazo. Por estos motivos, creemos que el caso uruguayo se restringe a una “movida juvenil”, mientras que en Chile reconocemos características que se asimilan a las de un “movimiento social”. En cuanto al análisis de las características propias de cada caso, decidimos llevarlo a cabo a partir de las categorías propuestas por Mc. Adam, Mc. Carthy y Zald, es decir, “Oportunidades Políticas”, “Estructura de Movilización”, y “Procesos Enmarcadores”, ya que creemos engloban de buena manera las distintas propuestas teóricas en las que se investigan a los movimientos sociales o ciclos de protestas. Desde esta perspectiva, la acción colectiva adopta una forma u otra dependiendo de la amplia gama de oportunidades y constricciones políticas propias del contexto nacional en el que se inscriben. Por un lado, reconocemos que tanto en Chile como en Uruguay existió una estructura de oportunidad que les permitió desarrollarse. Un ejemplo de ello, podría ser, las situaciones económicas favorables que atravesaban ambos países. Las mismas actuaron de marco habilitante para que estos movimientos operen y crezcan internamente, centrando sus reflexiones sobre una “agenda de derechos” que los impulsó a movilizarse generando gran sinergia al interior de la organización de estas juventudes, por un lado, y, por el otro, a establecer coordinaciones intrapartidarias e interorganizacionales que les permitió potenciar la acción colectiva. Por otro lado, es importante tomar en cuenta cómo se estableció la interacción entre los casos estudiados y la política institucionalizada. En Chile, encontramos una tensión en la relación entre el movimiento social y los partidos políticos tradicionales que refleja los crecientes problemas de estos últimos para mantener su imbricación histórica con la ciudadanía. Esta nueva forma de vinculación que expresa el movimiento social de Chile en 2011 manifiesta transformaciones político-culturales en la sociedad. Sin embargo, los partidos políticos tradicionales han esgrimido distintas estrategias con el objetivo de volver a tejer las históricas formas de relacionarse con los actores de la arena social, fundamentalmente en el contexto electoral. A diferencia del caso chileno, en la sociedad uruguaya, históricamente, la coalición social precedió a la coalición política. Esto es así ya que antes de la constitución del Frente Amplio en 1971, existían organizaciones civiles con presencia política, y que actualmente continúan participando, como el PIT-CNT representando a los sindicatos, la Federación de Estudiantes Uruguayos representando a los estudiantes, o el movimiento cooperativista de vivienda representado en  la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)28. Con la consolidación del Frente Amplio se logra fortalecer este vínculo social y político ya que el mismo se configura como una articulación entre movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, que encuentra en el partido político un instrumento para representar los intereses de un sector ideológico de izquierda o de centro-izquierda que no se identificaba dentro de las lógicas reproducidas por los partidos tradicionales. Bajo este marco, se puede afirmar que estas juventudes plantean alternativas en la construcción social y logran constituirse en actores claves del proceso político. Esto es así en tanto que, las movilizaciones 28.  Entrevista a Fernando Errandonea. Sociólogo (Universidad de la República, Uruguay).

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) estudiantiles en Chile como las manifestaciones por el No a la Baja en Uruguay lograron instalar el debate sobre problemáticas propias de la agenda social, que en el marco de una contienda electoral no pudieron ser dejadas de lado por los candidatos y sus respectivos partidos políticos. Esta situación generó, por un lado, que los mismos se vieran forzados a entretejer distintas estrategias dentro de cada estructura de poder, y por el otro, que se vieran interpelados al interior de sus partidos creándose espacios de reconfiguración interna, lo cual repercutió en un reposicionamientos social de los planteos defendidos por los jóvenes que integraban los movimientos en estudio. Asimismo, no podemos dejar de reconocer la existencia de estructuras partidarias tradicionales en los casos estudiados. Para analizar el tipo de vinculación que los partidos políticos se dieron con las movilizaciones, retomamos las categorías de Somuano Ventura esbozadas anteriormente. En el caso chileno, analizaremos las estrategias establecidas en torno a las elecciones presidenciales y legislativas de 2013, lo que permitió reconocer la fragmentación del movimiento estudiantil de 2011. Por un lado, entre el Partido de la Concertación y las juventudes comunistas pertenecientes al movimiento estudiantil se estableció un tipo de relación de alianza ya que estas últimas se sumaron a las filas de la primera a través de su incorporación en la Nueva Mayoría, quien logró ampliar su base social. Dicha estrategia desató nuevas posiciones y reconfiguraciones en el escenario político ya que lograron sumar en la colación política a un partido político tradicional con fuerte presencia en la arena social. Además, con esta estrategia, la colación Nueva Mayoría sumó a sus filas a la dirigente símbolo del movimiento estudiantil, Camila Vallejo, quien decidió apoyar de manera orgánica la disposición de su partido político. Otros sectores de los dirigentes estudiantiles de 2011, decidieron establecer una vinculación independiente con los partidos políticos tradicionales y si bien también participaron de las elecciones legislativas de 2013, crearon partidos políticos nuevos. Estos fueron los casos de Giorgio Jackson (Partido Revolución Democrática), Gabriel Boric, Francisco Figueroa y Daniela López (los tres por el Partido Izquierda Autónoma). Por su parte en Uruguay los vínculos del movimiento con los partidos políticos fueron haciéndose cada vez más estrechos en relación con la cercanía a la jornada electoral, especialmente con el Frente Amplio y con un amplio sector del Partido Nacional, que si bien no manifestaba su acuerdo o desacuerdo públicamente, dentro de su estrategia política de campaña intentó esquivar los debates en torno a esta materia. En relación al Frente Amplio podemos decir que se estableció un vínculo de permeabilidad, mientras que con algunas facciones del Partido Nacional se estableció un vínculo de alianza. Por el contrario, los representantes del Partido Colorado acentuaron su posición por el Sí, creando en Julio de 2014 la Comisión Para Vivir en Paz, Yo Sí Voto29, que también estaba integrada mayormente por jóvenes, quienes eran los portavoces de la campaña. En este caso, reconocemos la existencia de un vínculo independiente entre las movilizaciones y el Partido Colorado. Incluso, estos últimos desarrollaron estrategias discursivas de confrontación política intentando instalar la desconfianza social hacia sus adversarios circunstanciales, también en términos de morales dicotómicas.

29.  Diario: El País, 17/07/2014. Nota disponible en sitio web: http://www.elpais.com.uy/informacion/se-lanzo-ayer-campana-bajar.html

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Estas vinculaciones partidarias generaron tensión hacia adentro de los movimientos juveniles. En relación al caso uruguayo, una de las principales voceras del movimiento, Dra. Fabiana Goyeneche, aceptó la propuesta del Frente Amplio para integrar el equipo de gobierno de su candidato a la intendencia de Montevideo en Mayo de 2015. Ante esta situación, muchos opositores al No a la Baja se manifestaron públicamente para denunciarla como una “oportunista” o como vocera de una “falsa independencia30”. Estas críticas se viralizaron por las distintas redes sociales y, rápidamente lograron un alto impacto social, instalando una imagen peyorativa de la misma, incluso dentro de ex-militantes por el No a la Baja. En contracara, otros sectores del movimiento percibieron que la decisión que tomó Fabiana fue la correcta dado que tradicionalmente en Uruguay, ocupar un cargo en el gobierno había estado vedado para los jóvenes, y que ella estuviese integrando la administración pública, les brindaba nuevas esperanzas a los militantes que entendían que los cambios sociales se inscriben dentro de la arena política31. Por su parte, en Chile, el movimiento estudiantil en 2013 continuó movilizado, tomando las calles y los espacios públicos ya que consideran que la lucha estudiantil debe jugarse siempre en el campo social. Las siguientes dirigencias de la Confederación de Estudiantes de Chile no estuvieron de acuerdo con los ex dirigentes estudiantiles que decidieron participar del sistema político-institucional a través de las elecciones. Manifestaron no sentirse identificados con ellos, priorizando su lucha por otros medios. A diferencia de este caso, en Uruguay la Comisión No a la baja formalmente dejó de funcionar una vez culminadas las elecciones. En un comienzo esta situación generó una gran desilusión al interior del movimiento, especialmente para aquellos jóvenes que encontraron en éste, su primera experiencia militante. Los mismos manifestaban que los debates que se habían brindado dentro de este espacio habían logrado un nivel de reflexión que les permitió ahondar sobre temáticas concernientes a la seguridad pública, lo cual les había permitido delinear una perspectiva para su análisis integral. Asimismo, aludían que representó una apertura de pensamiento para muchos de ellos, logrando asentar este ideal dentro del inconsciente colectivo para dar lugar a nuevos interrogantes sobre esta cuestión. En este sentido, Zelmar Lucas, uno de los integrantes del movimiento, expresaba “queda en el tintero seguir impulsando narrativas que promuevan un mundo más justo donde los derechos no se miden para nadie, se garantizan” (Astori, 2015: 20). Sin embargo, es importante destacar que la organización Proderechos, que integró la Comisión No a la Baja intentó replicar la exitosa experiencia uruguaya del movimiento en Brasil32, dado que en abril de 2015 se comenzó a discutir a nivel parlamentario la aplicación una medida similar tendiente a bajar la edad de imputabilidad penal de los menores. Y, si bien, esta organización viajó por decisión propia y no bajo la firma de la Comisión No a la Baja, esta motivación permitió que algunos ex-militantes uruguayos por el No pudiesen seguir vinculados a la temática –a pesar de que la iniciativa finalmente no haya prosperado en Brasil.

30.  Noticiero Web: La Posta, 30/01/2015. Nota disponible en sitio web: http://lapostanoticias.com.uy/nacionales/fabianagoyeneche-se-sumo-al-equipo-de-daniel-martinez/ 31.  Entrevista a Federico Barreto, vocero de la Comisión No a la Baja. 32. Diario: República, 09/04/2015. Nota disponible en sitio web: http://www.republica.com.uy/no-a-la-baja-enbrasil/510791/

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) Por otro lado, en cuanto a las estructuras de movilización, y a las estrategias de acción colectivas que llevaron adelante en cada caso, es importante destacar que en las últimas décadas los movimientos de jóvenes en América Latina han representado actores políticos emergentes que se han destacado por priorizar acciones creativa, distanciándose del perfil marcadamente contestatario, y acercándose más bien a un perfil propositivo. Tanto en Uruguay como en Chile, las manifestaciones descriptas presentaron la particularidad de instalar temas en la agenda política y social en contextos electorales, mediante repertorios contestatarios, basados en la cotidianidad, la horizontalidad, el arte y la cultura y el quehacer colectivo. Una cuestión importante a destacar es las oportunidades que presentaron para estos jóvenes las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En ambos casos, incorporaron la convocatoria a movilizaciones a través de internet, aprovechando los beneficios de la viralización. El movimiento social chileno y las movilizaciones juveniles uruguayas demostraron una fuerza sorprendente y una capacidad de interlocución importante con otros sectores. La acción colectiva no se cristaliza, necesariamente, en organizaciones formales, sin embargo, extraen su fuerza como motor de cambio, precisamente en las organizaciones que generan. Por otro lado, en ambos países se trató de juventudes movilizadas, integradas por fracciones sociales heterogéneas que logran madurar una lógica de acción colectiva. Es decir, su construcción identitaria permitió aunar los marcos de acción de estos diversos grupos, logrando una convivencia ideológica que trasciende los intereses sectoriales y, por lo tanto, los fortalece como actores políticos. Por ejemplo, en el caso chileno, los jóvenes alzaron las banderas de transformación social como un cambio deseable para las nuevas generaciones, buscando una experiencia democrática sustentada en una nueva institucionalidad. Por último, creemos importante destacar aquellas percepciones por medio de los cuáles estos jóvenes decidieron crear las acciones colectivas, es decir, los procesos enmarcadores que las contiene. En este punto, creemos importante hacer pié en el carácter generacional de los mismos, particularidad intrínseca a ambos casos. Retomando los estudios de Karl Mannheim, estas juventudes conjugan los dos elementos fundamentales intrínsecos en el vínculo generacional. Por un lado, la presencia de acontecimientos que rompen la continuidad histórica: se trata de ciudadanos que se reconocen y se identifican con las mismas vivencias y que construyen su base de significación y sus prácticas dentro de un mismo período, que en ambos casos trascurrió durante regímenes democráticos. Son jóvenes que nacieron y se convirtieron en actores durante la época democrática. En palabras de Camila Vallejos, líder del movimiento estudiantil chileno, “Somos la generación que perdió el miedo” (Ouviña, 2012: 18). Por otro lado, y siguiendo las palabras del autor, las generaciones pueden considerarse el resultado de las discontinuidades históricas, y por tanto, del cambio. En este sentido estas discontinuidades son son experimentadas por jóvenes, miembros de un grupo social con un marco de sentido común, para los cuales el proceso de socialización no ha concluido. Es decir, jóvenes apropiados de un mismo capital simbólico que les sirve de marco para reflexionar sobre la creación de nuevos modos de “ser, hacer, estar, decir y sentir”, proceso que es interpretado desde nuevas lógicas de colocación ante el mundo y

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que discute con los paradigmas imperantes. Se trata de ciudadanos que en su mayoría pertenecen a clases medias y que logran problematizar su contexto social para posicionarse como actores críticos, desarrollando una conciencia común y logrando posicionarse como una fuerza histórica coherente.

A modo de reflexión. A partir del análisis las complejas modalidades en que las juventudes de Chile y Uruguay lograron vincularse con los procesos de movilización social y con las acciones políticas y culturales, podemos afirmar que la irrupción de estos jóvenes en el escenario público abre el debate a pensar sobre particularidades que revisten estas movilizaciones, entendiendo que las mismas se emparentan con otras manifestaciones juveniles presentadas en distintos países de Latinoamérica en la última década. En este sentido, consideramos que estamos frente a juventudes que interpelan los modos vigentes del hacer político y dan cuenta de la necesidad de establecer nuevos mecanismos institucionales que incluyan la participación civil. Podemos advertir que estas juventudes generaron espacios articuladores de una nueva relación vincular entre los participantes que les permitió establecer un debate más horizontal, logrando una pluralidad de voces al interior, lo cual se tradujo en el planteo de nuevos interrogantes y de modos de acción. También se pudo evidenciar que han servido de marco habilitante para la redefinición de una conducción colectiva a partir de la cual han sabido entretejer distintas estrategias para construir alianzas con otros movimientos sociales y civiles (sindicales, campesinos, religiosos, etc.), logrando potenciar sus esfuerzos. A la luz del grado de empoderamiento que han demostrado estos jóvenes movilizados, podemos cuestionar fuertemente a aquellos posicionamientos sociales, configurados a partir de entender a la juventud bajo un cierto estado de “apatía” y de la falta de interés en la participación de procesos democráticos. Por el contrario, consideramos que las experiencias estudiadas en este artículo nos permiten advertir una juventud incidiendo protagónicamente en el desarrollo de los procesos políticos y sociales de sus respectivos países, profundizando los canales democráticos. Por otro lado, a partir del reconocimiento de la presencia de los partidos políticos en los casos estudiados, nos resulta imperioso preguntamos sobre el rol que juegan los mismos como canalizadores de las demandas sociales. En función de esto, ¿por qué estás juventudes eligen la presencia en los espacios públicos por sobre las vías tradicionales, es decir, a través de la institucionalidad de los partidos políticos? Y, en este mismo sentido, ¿hasta qué punto son efectivas las estrategias de fomento de la participación juvenil promovidas por los gobiernos nacionales? Desde esta perspectiva análisis consideramos que los desafíos serían, en tanto partidos políticos tradicionales, establecer nuevos mecanismos de participación que reconstruyan el vínculo erosionado con la ciudadanía. Y, en cuanto a los movimientos sociales, pertrechar estrategias para lograr la institucionalización del conflicto sin perder su condición misma de movimiento social.

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Juventudes en movimiento. Apuntes sobre las luchas juveniles en contextos electorales en Chile y Uruguay (2011 – 2014) Creemos significativo resaltar la importancia de abrir el debate sobre los vínculos entre las instituciones políticas y los movimientos de jóvenes, especialmente en lo que respecta a los canales en los que, estos últimos, asientan su lucha. Pensamos que no debe quedar restringida sólo al campo social sino que es fundamental encontrar un equilibro con la arena político-institucional ya que son parte de un todo imprescindible para lograr la transformación social. En palabras de la Secretaria ejecutiva de la CEPAL “el cambio estructural es el camino, la política el instrumento y la igualdad el objetivo de fondo33”. Por último, destacamos que la participación joven colectiva en la arena social y política, en cualquiera de sus formas, permite potenciar y defender el régimen democrático, generando mayor participación ciudadana y aportando valores reflexivos y humanos.

Bibliografía: •

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Entrevistas realizadas: •

Entrevista a Federico Barreto, vocero de la Comisión No a la Baja

Entrevista a Fernando Errandonea. Sociólogo (Universidad de la República, Uruguay).

Entrevista a Francisco Astori, vocero de la Comisión No a la Baja

• Entrevista a Francisco Figueroa , ex vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, en el período 20112012, por el partido de Izquierda Autónoma Sitios web consultados: Diario: El Observador: http://www.elobservador.com.uy/ Diario: El País: http://www.elpais.com.uy/ Diario: República: http://www.republica.com.uy/ Noticiero web: Cien180henta: http://www.180.com.uy/ Noticiero web: El Reporte: http://www.elreporte.com.uy/ Noticiero web: La Posta: http://lapostanoticias.com.uy/ Noticiero web: Minutouno: http://www.minutouno.com/ Noticiero web: Notimérica.com: http://www.notimerica.com/ Página oficial: ¡Yo Voto! Para vivir en paz: http://www.paravivirenpaz.uy/ Página oficial: NOALABAJA: http://noalabaja.uy/ Sitio Multimedia: http://www.espectador.com/

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¿Qué hacen los Gobiernos Privatizaciones. por los jóvenes?Rol del sindicalismo Caso analizado: Foetra sobre Discursos encontrados las políticas de juventudes en Argentina

Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Valeria Chorny Facultad de Ciencia Política y RR.II. en Políticas Sociales Urbanas (UNTREF) Lic. en Sociología (UBA), Maestranda U.N.R. valeriachorny@gmail.com Vilma Paura Mg. en Políticas Sociales (UBA), Coordinadora Académica y docente en la Esp. y Maestría en Políticas Sociales Urbanas (UNTREF) vilmapaura@gmail.com

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Valeria Chorny - Vilma Paura

Resumen

Como objeto de estudio de las ciencias sociales, las juventudes adquieren en la actualidad una relevancia indiscutida y esta centralidad se extiende al campo de las políticas públicas, tanto a nivel global, como regional y local. Estas políticas públicas no son neutrales en sus definiciones, sino que son fruto de una construcción ideológica situada histórica y socialmente. Y producen efectos diferenciados en las condiciones de vida de la población, según cuáles sean los supuestos ideológicos que las sustenten. Así, es posible identificar algunas definiciones hegemónicas –representaciones, discursos y valores reconocidos- sobre los jóvenes y sobre la juventud como etapa de la vida, en diferentes momentos, que moldean las formas de intervención mediante políticas públicas a ellos dirigidas, tanto si los “contemplan” como sujetos pasivos o en crisis o si se formulan considerando a los jóvenes como sujetos de derecho y actores con capacidad de interpelación. El presente artículo propone el reconocimiento y análisis de algunos de estos modos, a partir de las expresiones -vertidas a fines de 2014- de altos funcionarios responsables de las áreas de gobierno en tres jurisdicciones subnacionales: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe. Palabras claves: juventudes, políticas públicas, representaciones

Abstract

As a study of the social sciences, youths acquire today unquestioned relevance and this centrality extends to the field of public policies in global, regional and local levels. These public policies are not neutral in their definitions, but are the result of an ideological construction located historically and socially. And they produce different effects on the living conditions of the population, according to the ideological assumptions that support it. Thus, it is possible to identify some hegemonic definitions -representations, speeches and values- about youth and youth as a stage of life, at different times, that shape the forms of intervention through public policies addressed to them, whether the values “contemplate” them as passive or in crisis or if it is made considering young people as rights-holders and actors capable of interpellation. This article proposes the recognition and analysis of some of these modes, from the expressions held in late 2014 by senior officials responsible for the areas of youth in subnational government in three jurisdictions: the City of Buenos Aires, the Province Buenos Aires and the Province of Santa Fe. Keywords: youth, public policies, representations

Valeria Chorny - Vilma Paura, “¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 134-158.

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina Introducción El presente artículo surge de manera “casual” a partir de una nota encontrada en la web durante la realización de un relevamiento de información para un proyecto de investigación sobre las políticas dirigidas a los jóvenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión del PRO. En el proceso de búsqueda de información oficial y de entrevistas a los altos funcionarios del área de juventud en la CABA, nos encontramos con una nota en la página web “Futuro Posible”1 denominada “¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes?”. En esa nota, originada a partir de un documento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), denominado “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina2, se presenta una muy breve entrevista a los principales responsables de las áreas de Desarrollo Social de tres jurisdicciones de gobierno: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, “para saber qué planes y respuestas se brindan frente a las carencias y expectativas de los jóvenes en esos distritos”. Las preguntas que propone la nota son las siguientes:

“1) ¿Cuál cree que son las mayores vulnerabilidades de los jóvenes de su distrito? 2) ¿Cuáles son los logros de su gestión en políticas para la juventud? 3) ¿Cuáles son los principales alcances y la principal deuda respecto de los jóvenes de 15 a 29 años que no estudian, ni trabajan?”

Así, nos encontramos frente a un contenido de sumo interés que condensa, en pocas preguntas, la mirada de cada una de las gestiones sobre los jóvenes (un sintético diagnóstico) y sobre las políticas públicas que los abordan. Asimismo, concentra un interesante contraste, ya que presenta una selección de tres representantes de distintas propuestas políticas: el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, el peronismo de la Provincia de Buenos Aires y el socialismo de la Provincia de Santa Fe. La nota de referencia se instala en una preocupación contemporánea por las juventudes y las políticas a ellas dirigidas3. Como objeto de estudio de las ciencias sociales, las juventudes adquieren en la actualidad una relevancia indiscutida y esta centralidad se extiende al campo de las políticas públicas, tanto a nivel global, como regional y local. En primer lugar, la adolescencia y la juventud se reconocen como etapas clave en la vida de las personas. Al mismo tiempo, la definición de la juventud como 1. Futuro Posible es un portal con contenidos periodísticos sobre inclusión social, economía social, pobreza, emprendedorismo social, la responsabilidad social institucional y empresarial y el desarrollo social tanto de organismos públicos, estatales como privados. Para ver la nota completa: http://www.futuroposibletv.com.ar/que-hacen-los-gobiernos-porlos-jovenes/ 2. Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina”, Documento de Políticas Públicas/Recomendación N°137, Buenos Aires, CIPPEC, 2014. 3. Si bien a lo largo del texto podemos aludir a la “juventud” para simplificar la lectura, suscribimos a la idea de que no existe una “juventud” en singular sino “juventudes” en plural. Esta aclaración se torna necesaria en función de los debates que aún persisten en torno de la homogeneización del concepto, que esconde la diversidad de situaciones socioeconómicas, de trayectorias y de consumo diferencial de los y las jóvenes. Ver Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina”, Documento de Políticas Públicas/Recomendación N°137, Buenos Aires, CIPPEC, 2014.

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etapa de la vida ha sido vastamente problematizada, entre esquemas analíticos adultocéntricos que ven a los jóvenes como seres incompletos (etapa problema o período preparatorio) hasta otros que interpretan a los jóvenes como seres en relación, completos y complejos.4 Pero además, transformaciones actuales de las sociedades contemporáneas han instalado a los jóvenes en el centro de la escena, entre otros aspectos porque son en la mayor parte de los países occidentales el grupo más afectado por la desocupación y el empleo precario que caracteriza las formas actuales del capitalismo, pero también porque poseen mayor flexibilidad para incorporar conocimientos y realizar aportes innovadores a la sociedad5. Todo esto en un contexto en el que asistimos a la prolongación de la vida y a un consecuente incremento de los años que abarca la fase juvenil. En esta línea, aun partiendo de un acuerdo de que son los roles y las posiciones en la estructura social los que delimitan los ciclos vitales y no la edad en abstracto, y de que los jóvenes y sus experiencias de vida no constituyen un universo homogéneo, podemos identificar eventos dicotómicos que marcan su vida y su relación con otras etapas de las trayectorias vitales: la salida del sistema educativo, el ingreso al mercado de trabajo, el abandono del hogar de origen, la formación de pareja y el inicio de la fase reproductiva o tenencia del primer hijo.6 Estos eventos señalan momentos clave de las trayectorias de vida juveniles, que atraviesan los distintos sectores sociales, aunque de manera diversa y con resultados también disímiles. Frente a este reconocimiento, existe un importante consenso en las sociedades contemporáneas en considerar que, como sujetos de derechos, los jóvenes aspiran y demandan una mejor calidad de vida mientras lo son, así como acceder a condiciones que permitan realizar las mejores opciones de rutas para transitar la vida adulta7. Los modos en que estas consideraciones se articulan y traducen en decisiones de políticas públicas destinadas a los jóvenes se despliegan histórica y socialmente situadas, como resultado de representaciones y discursos que definen el universo de las juventudes y proyectos y entramados políticos determinados. El presente artículo propone el reconocimiento y análisis de algunos de estos modos, a partir de las expresiones -vertidas a fines de 2014- de altos funcionarios responsables de las áreas de gobierno en las tres jurisdicciones subnacionales mencionadas.

4. Mariana Chaves, “Investigaciones sobre juventudes en Argentina: Estado del Arte en ciencias sociales”, La Plata, IDAESDINAJU, 2006. Disponible en: http://www.comisionporlamemoria.org/investigacionyensenanza/pdf_biblioteca/InformeInvestigaciones-sobre-juventudes-en-Argentina.pdf 5. Dina Krauskopf, “Desafíos en la construcción e implementación de las políticas de juventud en América Latina”. En En el futuro ya no es como antes. Ser joven en América Latina, Buenos Aires, 2005, p. 2. 6. Cecilia Rossel y Fernando Filgueira: “Adolescencia y Juventud”, en SimoneCechini, Fernando Filgueira, Rodrigo Martínez y Cecilia Rossel (editores), Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización, Santiago: CEPAL, 2015. 7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. (LC/L.2180), Santiago de Chile, 2004; Dina Krauskopf, “Desafíos en la construcción e implementación de las políticas de juventud en América Latina”. En En el futuro ya no es como antes. Ser joven en América Latina, Buenos Aires, 2005; Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Respuestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador).

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina En la primera sección presentamos un repaso por los principales modelos teóricos desde los que se han analizado las políticas públicas dirigidas a los jóvenes. Luego proponemos un recorrido por algunos informes de organismos internacionales y nacionales que podrían identificarse como hitos de relativos consensos en la materia, en los cuales se presentan diagnósticos y propuestas para la implementación de políticas públicas para las juventudes que nos servirán como parámetro para analizar las expresiones públicas de los funcionarios. Finalmente, analizaremos las respuestas de los tres altos funcionarios a cada una de las preguntas señaladas previamente, realizando una comparación entre estas expresiones pero también con respecto a las recomendaciones de los organismos.

Juventudes y políticas públicas: diversidad de representaciones y de propuestas de acciones Frente a la visibilización de las diversidades de trayectorias, existen diversas políticas y programas que proponen como destinatarios principales a los jóvenes, más allá de las diferencias que puedan existir en la clasificación o los recortes de edad específicos de cada uno de ellos.8 Múltiples estudios de diversos organismos, instituciones e investigadores han abordado desde distintos prismas las problemáticas de las juventudes y las diversas iniciativas de política pública que se dirigen a ellos. En un esfuerzo por sistematizar y clasificar estos abordajes, algunos autores proponen modelos o tipos ideales, de los que intentamos dar cuenta y que son un punto de partida para nuestra reflexión. Según José Pérez Islas,9 las políticas destinadas a la juventud en América Latina en las últimas décadas, pueden clasificarse de acuerdo a cuatro modelos históricos. En primer lugar, surgido en los años cincuenta, el modelo de jóvenes integrados, a los que las políticas públicas interpelan en función de proveer opciones vinculadas a la educación y al tiempo libre, por ejemplo, con políticas de deporte, ocio y cultura, como la formación de clubes sociales y deportivos. En este momento histórico, no se problematiza la idea de que puedan existir jóvenes excluidos. Un segundo modelo, que se hizo fuerte durante las décadas de los sesenta y setenta, se relaciona con la idea del control social de los sectores juveniles movilizados, que habían comenzado a participar políticamente. Las políticas públicas que proponen apuntan al control de la sociabilidad juvenil y continúan siendo pensadas para los jóvenes como estudiantes y de clases medias.

8. Como se afirma en el documento de la CEPAL “La Juventud en Iberoamérica. Tendencias y Urgencias” (2004) hay mucha heterogeneidad entre los distintos países (y también hacia adentro en los distintos programas) sobre qué grupo etario se entiende por “jóvenes”. A su vez, en muchos casos, suele haber una superposición entre las categorías “adolescencia” y “juventudes” en las definiciones del sujeto joven. 9. José Pérez Islas, “Integrados, movilizados, excluidos. Políticas de juventud en América Latina”, en Carles Feixa, Fidel Molina y Carles Alsinet (Ed. Responsables), Movimientos juveniles en América Latina. Pachucos, malandros, punketas, Barcelona, Ariel, 2002.

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A partir de fines de los setenta y hasta fines de los años noventa, aparece un tercer modelo de abordaje de los jóvenes desde las políticas públicas, que se asocia a la implementación de políticas focalizadas, ya que se pone el énfasis en el “combate a la pobreza” y, relacionado con ello, en la prevención del delito: son los jóvenes peligrosos. De todos modos, como aclara Pérez Islas, en esta época, a excepción del caso mexicano, aún no existen instituciones de política juvenil como tal, sino que las políticas se implementan de manera focalizada pero la “población objetivo” no son específicamente los jóvenes. Por último, en la última década del siglo XX, las políticas públicas se acercan a los jóvenes en función de “garantizar” su inserción laboral. Es en esta época donde se expanden las políticas de capacitaciones breves, pensadas siempre desde los requerimientos del mercado. Se piensa a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo. Por su parte, Sergio Balardini10, apoyado en Saéz Marín, desplaza el eje de enunciación -de la clasificación de los jóvenes a las políticas hacia ellos dirigidas- y propone otra tipología, centrada en la relación entre su sujeto y sus propósitos. En primer término, las políticas para la juventud serían aquellas relacionadas con el paternalismo, proteccionismo y control social (centralidad de la familia y la escuela). Otro tipo son las políticas por la juventud vinculadas a la movilización, la potenciación del idealismo juvenil, etc. (glorificación de la juventud). En tercer lugar, las políticas con la juventud, que Balardini define como la opción más innovadora, atravesadas por las ideas de solidaridad y participación. Por último, el autor agrega a la tipología de Sáez Marín un cuarto modelo, el de las políticas desde la juventud, que se trata de las iniciativas diseñadas por los propios jóvenes. Otra de las clasificaciones ha sido retomada desde la CEPAL11, a partir de la clasificación propuesta por Dina Krauskopf12, según la cual se pueden establecer cuatro modelos principales de acuerdo a cómo se conciba a los jóvenes en relación con sus problemáticas y necesidades. Así, se definen cuatro tipos ideales sobre los jóvenes, que tendrán su correlato en determinadas acciones de política pública. El primero es el de la juventud como período preparatorio o etapa de transición. Este modelo define a la juventud a partir de la idea de crisis. Desde este abordaje, la juventud es considerada como un objeto pasivo, inseguro, no productivo e incompleto, asociado a las ideas de rebeldía y transgresión13, que debe atravesar este período para llegar a la meta, la adultez (subyace a esta interpretación una mirada fuertemente adultocéntrica). El paradigma de la transición aparece muy asociado al concepto de moratoria social, según el cual los jóvenes poseen un tiempo en el que pueden postergar sus

10. Sergio Balardini, “Políticas de juventud: Conceptos y la experiencia argentina”, Revista Última Década N° 10, Ediciones Cidpa, Valparaíso, 1999. 11.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. (LC/L.2180), Santiago de Chile, 2004. 12. Dina Krauskopf, “La construcción de políticas de juventud en Centroamérica”, Políticas públicas de juventud en América Latina: políticas nacionales, O. Dávila (ed.), Viña del Mar, Ediciones CIDPA, 2003. 13.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Mariana Chaves, “Juventud negada y negativizada: Representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina Contemporánea”, Revista Última Década Nº23, Ediciones Cidpa, Valparaíso, 2005.

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina obligaciones laborales y reproductivas, para dedicarse al estudio y/o al tiempo de ocio a partir de la recreación, las actividades culturales y deportivas, etc.14 En segundo lugar, la juventud como etapa problemática o riesgosa. Este modelo implica una visión negativa y restringida de la juventud, también considerada como un objeto. Como analiza Marina Medán15 en su tesis doctoral, se relaciona -casi linealmente- la falta de un proyecto de vida (legítimo para quienes lo conciben, asociado al estudio y al trabajo) con la propensión al delito y otro tipo de conductas que se denominan “de riesgo” en estos ámbitos: nocturnidad, consumo de alcohol y drogas, accidentes de tránsito, sexualidad no responsable, embarazos no buscados, violencia, deserción escolar, y otros. Las propuestas de intervención en este paradigma, apuntan a una responsabilización individual16. Además del acompañamiento o activación para la generación de proyectos de vida y también con el objeto de prevenir tales “conductas de riesgo”, estas concepciones proponen intervenciones que apuntan al fortalecimiento del capital social, los vínculos, las redes comunitarias, etc.17 El tercer modelo es el de la juventud como actor estratégico del desarrollo. En este enfoque se considera a la juventud como actor social (a diferencia de los anteriores en los que se la aborda como un objeto pasivo) y se otorga un valor central a la participación juvenil. La juventud es considerada como actor protagónico en la renovación permanente de las sociedades, particularmente en el contexto de la reestructuración socioeconómica y la globalización.18 Así, desde este punto de vista se sustentaron múltiples políticas en la etapa neoliberal, asociando esta concepción a propuestas de formación para contribuir al desarrollo, fortaleciendo las capacidades y potencialidades de los jóvenes, en tanto serían quienes pueden enfrentar más fácilmente las nuevas tecnologías y la dinámica de cambios permanentes, característicos de las sociedades actuales.19 De este modo, no obstante considerar a los jóvenes como sujetos, continúa presente una fuerte mirada desde lo individual, ya que el peso sigue estando en el sujeto juvenil en tanto responsable último del desarrollo. 14. Margulis, Mario y Urresti, Marcelo, “La juventud es más que una palabra” en Margulis, Mario (ed.) La juventud es más que una palabra, Buenos Aires, Biblos, en Margulis, Mario y Urresti, Marcelo, “La construcción social de la condición de juventud” en Laverde Toscano M. C. y otros (eds). Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Siglo del Hombre Editores, Santa Fe de Bogotá, 1996. Esta idea de “moratoria social” ha sido criticada por los autores y reemplazada por la de “moratoria vital”, en función de referir al tiempo por delante. La “moratoria social” responde a un provilegio de clase en el cual se dispone de “tiempo libre socialmente legitimado”. 15. Marina Medán, El gobierno de “la juventud en riesgo” y los programas de prevención social del delito en el AMBA: entre la seguridad y la inclusión - Tesis doctoral (inédita). Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, 2013. 16. Ob. cit.; Denis Merklen, “Las dinámicas contemporáneas de la individuación”, en Castel, R., Kessler, G., Merklen, D., Murard, M. Individuación, precariedad, inseguridad ¿desintitucionalización del presente?, Buenos Aires, Paidós, 2013; Vanina Van Raap, Educación, políticas sociales y acceso al mundo del trabajo: un estudio acerca de la desigualdad de oportunidades para los jóvenes en la Argentina, Tesis de Maestría, 2010. Disponible online. 17.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Oscar Dávila Leon y Carmen Gloria Honores, “Capital Social Juvenil y Evaluación Programática hacia Jóvenes”, Ultima década, vol.11, n.18, 2003, pp. 175-198. 18.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Mariana Chaves, “Juventud negada y negativizada: Representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina Contemporánea”, Revista Última Década Nº23, Ediciones Cidpa, Valparaíso, 2005. 19. Daniel Arroyo, “La política social y la inclusión de los jóvenes”, 2007. Disponible en www.inclusionsocial.org.

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Finalmente, se distingue el enfoque de la ciudadanía juvenil, en tanto perspectiva integral que prioriza la plenitud de derechos de los jóvenes para participar en políticas y programas de juventud20. En este paradigma, los jóvenes son considerados como sujetos de derechos y las políticas aparecen como garantes de su protección frente a los riesgos sociales como la exclusión y vulnerabilidad. Este modelo considera la desafiliación social como un fenómeno multicausal y propone políticas integrales.21 Estas clasificaciones permiten reconocer diferentes definiciones hegemónicas –representaciones, discursos y valores reconocidos- sobre los jóvenes y sobre la juventud como etapa de la vida, en diferentes momentos, que moldean las formas de intervención mediante políticas públicas a ellos dirigidas, tanto si los “contemplan” como sujetos pasivos o en crisis o si se formulan considerando a los jóvenes como sujetos de derecho y actores con capacidad de interpelación. En otras palabras, las políticas públicas no son neutrales en sus definiciones, sino que son fruto de una construcción ideológica situada histórica y socialmente. Y producen efectos diferenciados en las condiciones de vida de la población, según cuáles sean los supuestos ideológicos que las sustenten22.

Las recomendaciones de los organismos especializados En los últimos años los organismos internacionales y diferentes espacios nacionales de estudio de las políticas públicas produjeron informes sobre la situación de los jóvenes y las políticas para las juventudes. Los lineamientos y recomendaciones generados en estos foros influyen de diverso modo en los espacios de decisión de las políticas públicas. Algunos estudios23 han mostrado cómo desde los años 80 y en particular a partir de los años 90, los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo delinearon las formas de intervención de los estados en los países de América Latina. En el caso de la Argentina, esta incidencia, definida por el poder del financiamiento pero también por el peso performativo de esas recomendaciones, fue revisada críticamente a partir del nuevo milenio en las esferas de intervención social nacionales. Pero como señalan estos estudios, junto con las agencias de financiamiento, otros organismos incidieron en las agendas de políticas públicas de la región y se constituyeron en foros de debate y espacios de generación de recomendaciones, proyectos y políticas. Tanto la Comisión Económica para América Latina 20.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. (LC/L.2180), Santiago de Chile, 2004; Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Respuestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador). 21. Samantha Schmidt y Vanina Van Raap, “Entre décadas: el caso del proyecto joven y el programa incluir. ¿rupturas o continuidades en los principios orientadores?” en Salvia, Agustín (comp.), Jóvenes promesas, Trabajo, Educación y exclusión social de jóvenes pobres en la Argentina, Miño y Davila Editores, Buenos Aires, 2008, p. 122. 22. Ob. cit.; Claudia ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Danani, “La gestión de la política social: un intento de aportar a su problematización” en Chiara y Di Virgilio (comp.), Gestión de la política social. Conceptos y herramientas, Prometeo, Buenos Aires, 2009. 23. Rosalía Cortés, The Contemporary Social Policy Debate in Latin America, en Global Social Policy, 2008 1468-0181 vol. 8(1): 109–114, Carlos Barba Solano, Reducir la pobreza o construir ciudadanía social para todos. América Latina: regímenes de bienestar en transición al iniciar el siglo XXI , Universidad de Guadalajara, México, 2007.

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros organismos de las Naciones Unidas, desempeñaron un rol destacado en este sentido y particularmente en la consolidación de un paradigma de intervención signado por el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos en sus diversas dimensiones. Las reuniones cumbre de estas agencias, los informes y publicaciones periódicas, las convocatorias a expertos de las diversas áreas de intervención pública constituyeron espacios privilegiados de circulación de ideas, revisión de supuestos, discusión y producción de relativos consensos en torno a los diagnósticos y principales problemas de los países de la región. Al mismo tiempo, fronteras adentro de cada país, las comunidades académicas y de especialistas, los think tank y diversas fundaciones y ONG operaron en relativa sincronía con aquellas instituciones, configurando una densa trama de saberes, representaciones y propuestas de cara a las agendas públicas. En la Argentina, en los últimos quince años, estos organismos y foros funcionaron como espacios de formación y legitimación de políticas y programas desde la perspectiva de los derechos humanos, en referencia, entre otras cuestiones, a la situación de las juventudes y a las políticas a ellos dirigidas. Lorena Plesnicar24 sostiene que, en general, la posición de los organismos ha sido la de considerar a los jóvenes como pilares del desarrollo, basados “en el argumento de rescatar el capital humano juvenil para resolver problemas de desarrollo”. No obstante, en la última década algunos informes de estos organismos que podrían señalarse como hitos de relativos consensos en la materia se han distanciado de esta lectura al elaborar diagnósticos y propuestas para la implementación de políticas públicas para las juventudes. Sus lineamientos son tomados en este trabajo como parámetros a partir de los cuales analizar las expresiones públicas de los funcionarios. De acuerdo con el informe de la UNESCO “Politicas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la construcción de respuestas integradas”25 uno de los principales desafíos en la región es el de avanzar en enfoques integrados en contraposición con las políticas sectoriales desde las que hoy en día se abordan las problemáticas de los jóvenes: “El panorama regional muestra, entonces, una situación donde las políticas integrales de juventud son visibles en cierta medida en los discursos, al tiempo que las políticas sectoriales destinadas a la juventud son las que siguen operando realmente en la práctica. En este marco, resulta altamente preocupante que mientras en el primer caso los enfoques que predominan miran a las y los jóvenes como sujetos de derecho y/o actores estratégicos del desarrollo, desde las políticas sectoriales se mira a las nuevas generaciones como un simple grupo de riesgo, con todas las consecuencias que ello tiene en la dinámica efectiva de las políticas públicas de juventud”. 26 24. Lorena Natalia Plesnicar, “El discurso de la OIJ sobre la participación de la juventud en el desarrollo (1980-2000)”, RITA, N°4, 2010. 25. Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Respuestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador). 26. Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Res-

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Por otra parte, la UNESCO señala como un aspecto fundamental que los discursos y formulaciones de políticas públicas se acompañen efectivamente de una inversión de recursos adecuada, dado que si bien los documentos de política pública oficiales sostienen priorizar la inserción laboral, la participación ciudadana, etc., la realidad de los presupuestos continúa marcando una asignación mayoritaria de recursos a acciones destinadas a la educación y al tiempo libre. Es decir que, mientras que discursivamente se prioriza a los jóvenes excluidos, las políticas concretas se dirigen a los jóvenes integrados.27 Otra cara de esta tensión se presenta a partir de una definición que en los últimos años ha adquirido un gran protagonismo: la de los jóvenes denominados Ni-Ni (entendidos genéricamente como aquellos que “no estudian ni trabajan”). Si bien en las últimas décadas asistimos a un cambio de enfoque, a partir del cual se pasa de estar centrado en la tutela a una perspectiva en la que este grupo social se convierte en sujeto de derechos, la forma en la que se aborda esta cuestión continúa presentando a los jóvenes como un objeto. Tanto a nivel mediático como desde diversos ámbitos de gobierno28 se ha puesto en el centro del debate sobre la juventud a los Ni-Ni, considerándolos un riesgo y un problema29. En su informe “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina”30, CIPPEC coincide con la UNESCO en que esta mirada es acotada (a la que se suma la vinculación entre los jóvenes de sectores vulnerables y la tríada delito-inseguridad-narcotráfico) y fuertemente estigmatizadora. Las principales críticas que se realiza a esta postura son que considera a los jóvenes como un conjunto homogéneo, que no toma en cuenta que los jóvenes son especialmente vulnerables a la marginación del mercado laboral -siendo más afectados por la informalidad y la precariedad que por el desempleo-, la falta de perspectiva de género (no contempla a las jóvenes mujeres dedicadas al cuidado en el hogar) y la ausencia de consideración de cómo se da la transición a la vida adulta en el contexto actual31. Dar cuenta de esta heterogeneidad en la situación de los y las jóvenes resulta sumamente relevante para la formulación de políticas públicas, como recomienda Ernesto Rodríguez desde la UNESCO: “Definitivamente, las políticas públicas de juventud deben tener perspectiva de género (las perspectivas y expectativas de varones y mujeres jóvenes son totalmente distintas), pero también deben puestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador), p. 13. 27. Ob. cit., p. 17. 28. Ejemplo de esto es que una de las tres preguntas que realiza la nota que analizaremos a continuación alude a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo cual pone de manifiesto un supuesto arraigado en el sentido común. 29. Marina Medán, El gobierno de “la juventud en riesgo” y los programas de prevención social del delito en el AMBA: entre la seguridad y la inclusión - Tesis doctoral (inédita). Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, 2013, pp. 189-190. 30. Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina”, Documento de Políticas Públicas/Recomendación N°137, Buenos Aires, CIPPEC, 2014. 31. Ob. cit.

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina tener perspectiva generacional (las diferencias entre quienes tienen 15 a 19 años y quienes tienen entre 20 y 24, son notorias), y también perspectiva territorial (las diferencias entre jóvenes rurales y urbanos son abismales). En la misma línea, las políticas públicas de juventud deben contar con enfoques étnicos […] y asumir también que las y los jóvenes construyen identidades culturales y sexuales diferentes… ”. 32 Así, también deviene central incorporar para el análisis y la formulación de políticas otros hitos cruciales en la transición de los jóvenes a la vida adulta, además de la terminalidad educativa y el ingreso al mercado de trabajo, como la salida del hogar familiar de origen, la formación de una pareja y hogar propios y el nacimiento del primer hijo/a.33 Con respecto a la educación, en Argentina un gran porcentaje los jóvenes se encuentran en una situación de “déficit educativo”34. Tanto el riesgo de deserción escolar como la repitencia en el nivel secundario continúan siendo un problema; lo cual se ve agravado por los contextos de vulnerabilidad y pobreza que no permiten revertir fácilmente la situación. Algunas de las hipótesis sobre las causas de estos indicadores se vinculan con una crisis de institucionalización y fragmentación del sistema educativo, el deterioro en la calidad y la desconexión con el mercado de trabajo35. Es decir, las causas no son los jóvenes desde su individualidad, sino las estructuras e instituciones educativas y sociales que los expulsan. En cuanto al mercado de trabajo, las crisis económicas entre los años 90 y el inicio del nuevo milenio provocaron grandes deterioros del empleo en la región y, particularmente en los sectores urbanos del país.36. Según la OIT37, el desempleo y la informalidad o precariedad laboral afectan con mayor intensidad a los jóvenes, teniendo en cuenta que son éstos quienes buscan empleo por primera vez. Este organismo calcula que las tasas de desempleo juvenil son en promedio tres veces más elevadas que las de los adultos.

32. Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Respuestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador), p. 11. 33. Fernando Filgueira y Mieres, citado en Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina”, Documento de Políticas Públicas/Recomendación N°137, Buenos Aires, CIPPEC, 2014. 34. Ianina Tuñon y equipo, La infancia argentina sujeto de derecho. Progresos, desigualdades, y desafíos pendientes en el efectivo cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes: “Barómetro de la Deuda Social de la Infancia”, Serie del Bicentenario, Año II, Educa, Buenos Aires, 2012, p. 138. 35. Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina”, Documento de Políticas Públicas/Recomendación N°137, Buenos Aires, CIPPEC, 2014. 36. Juan Alberto Fuentes y Guillermo Miranda, “Informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe”. En informe semestral CEPAL-OIT, número 8, 2013. 37. Niall O’Higgins, “Desempleo juvenil y política de empleo: Una perspectiva global”, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de publicaciones, Madrid, 2001; OIT, “Trabajo decente y juventud en América Latina. Políticas para la acción”, Lima, OIT.D C15, 2013.

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La suma de estas características del sistema educativo y de las complejidades del mercado de trabajo38, impactan fuertemente en la reproducción de la situación de vulnerabilidad social de la que parten muchos de estos/as jóvenes, dando lugar a lo que algunos autores denominan “juvenilización” de la cuestión social39. En lo que respecta a la salida del hogar familiar y la conformación del hogar propio, resulta central la problemática del acceso a la vivienda: en Argentina los jóvenes se ven más afectados por problemáticas habitacionales que los adultos (como por ejemplo hacinamiento) y predomina el alquiler como alternativa de vivienda40. Finalmente, dentro de los temas más considerados por los organismos que trabajan con las políticas públicas dirigidas a los y las jóvenes aparece el denominado “embarazo adolescente”, generalmente asociado a múltiples cuestiones, en su mayoría de índole negativa, como ser el impacto en la salud, el abandono escolar, las dificultades de inserción en el mercado de trabajo o todas ellas en simultáneo. Es importante destacar que a pesar de que está muy extendido este posicionamiento estigmatizante, el tema tampoco está exento de debates en cuanto a las motivaciones o causas del desarrollo de una maternidad/paternidad tempranas así como en la relación con el eventual abandono de la escuela.41 Las consideraciones reseñadas, los debates y recomendaciones en circulación han dado lugar en la última década larga a dos movimientos: por un lado, el reemplazo del singular por el plural, como reconocimiento de la heterogeneidad del universo de los jóvenes base para diseñar políticas que contemplen esa diversidad de situaciones de vida. El segundo movimiento, la generación de leyes integrales destinadas a las juventudes, con distinto grado de avance entre los países de América Latina, como una respuesta a la diversidad de situaciones, necesidades, trayectorias y espacios del desarrollo de las vida de los jóvenes.

38.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. (LC/L.2180), Santiago de Chile, 2004; Ana Catalano, “Juventud, Ciudadanía y Riesgo”, Revista de Trabajo, Año 4, N°6, 2008; Roxana Maurizio, “Trayectorias laborales de los jovenes en Argentina: ¿Dificultades en el mercado de trabajo o carrera laboral ascendente?”, Serie 109, Macroeconomía del Desarrollo, División de Desarrollo Económico, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2011; Marina Medán, El gobierno de “la juventud en riesgo” y los programas de prevención social del delito en el AMBA: entre la seguridad y la inclusión - Tesis doctoral (inédita). Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, 2013. 39. Valeria LLobet, Sentidos de la exclusión social. Necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños, niñas y jóvenes, Buenos Aires, Biblos, 2013. 40. Fabián Repetto y Gala Díaz Langou, “Recomendaciones integrales de política pública para las juventudes en la Argentina”, Documento de Políticas Públicas/Recomendación N°137, Buenos Aires, CIPPEC, 2014. 41. Ob. Cit.; Ariel Adaszko, “Perspectivas socio-antropológicas sobre la adolescencia, la juventud y el embarazo” en Gogna, M. (comp.) Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas, CEDESUnicef, Buenos Aires, 2005. Disponible www.cedes.org.ar

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina ¿Qué dicen los funcionarios en Argentina? En Argentina aún no existe una Ley Nacional de Juventudes, si bien existen varios proyectos (e incluso uno llegó a obtener media sanción de la Cámara de Diputados en 2015). Esto hace que no haya una regulación en las políticas a nivel nacional. Cada jurisdicción tiene (con mayor o menor grado de desarrollo e institucionalidad) sus áreas de políticas para jóvenes que responde a sus posicionamientos ideológicos, los supuestos que construyen sobre los jóvenes y su situación y una concepción del Estado y las políticas públicas determinada. Las políticas destinadas a los y las adolescentes y jóvenes son parte del entramado general de políticas sociales y, por lo tanto, han sido objeto de las transformaciones de las acciones estatales y los cambios de paradigma de las últimas décadas en la región y en la Argentina en particular, que tiende hacia un enfoque de derechos. No obstante, al acceder a los discursos de los funcionarios de los distintos gobiernos, podemos encontrar las marcas de sus interpretaciones sobre los jóvenes, su relación con el resto de la sociedad y las políticas públicas que los deben contener.

El diagnóstico sobre los jóvenes La primera pregunta que debían responder los funcionarios era la que consultaba acerca de “las mayores vulnerabilidades de los jóvenes en su distrito”. Las tres respuestas marcan una absoluta heterogeneidad y puntos de partida para las distintas gestiones. En primer lugar Eduardo Aparicio, ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires señaló: “Estamos convencidos de que el estudio y el deporte son el camino para los jóvenes y lo fortalecimos en los barrios más necesitados. Desde el programa Soluciones YA!, en 2008, recorrimos con el gobernador Daniel Scioli los barrios más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Realizamos alrededor de 700 obras de gran impacto en esos barrios, donde se recuperaron unos 350 espacios públicos, más de 60 unidades sanitarias, cerca de 250 obras para la educación, el deporte y la integración comunitaria, como plazas, clubes, escuelas, Salones de Usos Múltiples, redes cloacales, de agua, pavimento, entre otros.” Si bien el funcionario no responde a la pregunta concreta, la relación que plantea es entre jóvenes en situación de vulnerabilidad y actividades recreativas y deportivas como posible “salida”. También se pone un fuerte énfasis en la necesidad de contar con espacios públicos que fomenten la inserción social y las actividades comunitarias. En este sentido, podemos inferir que para este funcionario de la provincia de Buenos Aires no hay una situación particular de los jóvenes sino que se trata de las condiciones de vida de las personas en general las que los determinan a vivir en ámbitos de mayor vulnerabilidad. De este modo, plantea como central la cuestión de la infraestructura y el acceso a los servicios básicos. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Stanley respondió lo siguiente:

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“En la Ciudad de Buenos Aires, se estima que el número de los denominados jóvenes NI-Ni es de 23.000. Estos jóvenes muchas veces son estigmatizados, como si se tratara simplemente de un problema de vagancia o falta de motivación colectiva. […] detrás de este fenómeno se revela un problema sociocultural muy profundo, que consiste en que muchos de estos jóvenes simplemente no perciben a la educación y al trabajo como herramientas de movilidad social ascendente. Como producto de las sucesivas crisis y de las consecuentes pérdidas de empleo, jóvenes de varias generaciones no vieron trabajar a sus padres. Tampoco tuvieron la oportunidad de comprobar que el esfuerzo que implica la escuela es recompensado por algo más que trabajos precarios. En consecuencia se produce una ausencia de expectativas de progreso y de horizontes de futuro. Por ello, debido a la complejidad del problema, pensamos que los programas de transferencias universales de ingresos –si bien son importantes- no son suficientes. Limitar la conceptualización de exclusión únicamente a la carencia de ingresos, llevaría a suponer que el crecimiento económico de un país es suficiente para resolver el problema [...] Una inclusión real implica un pertenecer, ser parte de la sociedad toda, del conjunto en igualdad de condiciones”. En primer lugar la ministra de Desarrollo Social de la CABA pone en el centro de la escena la problemática de los Ni-Ni como asunto central en materia de vulnerabilidad de los jóvenes, lo que, como señalamos, puede ser leído como una mirada sesgada sobre los jóvenes, considerándolos como un objeto y un todo homogéneo y estigmatizándolos. En suma, la propia argumentación que presenta Stanley alude a un “problema sociocultural muy profundo” a partir de que los jóvenes no visualizarían a la educación y al trabajo como factores de movilidad social ascendente, dado que muchos se criaron en hogares con dificultades de inserción laboral. Además de presentar a la educación y al trabajo como los únicos proyectos de vida legítimos y viables, esta postura se ubica en una mirada absolutamente individualista de los problemas sociales. Esta perspectiva no sólo subyace a la explicación sobre los jóvenes sino que revela una mirada sobre la sociedad toda y sus mecanismos de integración y funcionamiento. El problema de que los jóvenes no culminan sus estudios o logran insertarse en el mercado de trabajo sería su “falta de percepción” y no una dificultad estructural del sistema. No se mencionan las problemáticas de la escuela que por diversos motivos no logra retener a sus alumnos, sobre todo en el nivel secundario, ni del propio mercado de trabajo que plantea múltiples obstáculos a los jóvenes para acceder a empleos de calidad. De este modo, en el discurso de la funcionaria se desvanece el rol del Estado, que queda relegado meramente a una función de “asistencia” para que sean los propios jóvenes quienes sorteen las dificultades que les pone el sistema, en lugar de procurar que el Estado trabaje para que estas dificultades sean cada vez menores. Otro punto importante del análisis de la Ministra de la CABA está dado por las palabras “esfuerzo”, “recompensa” y “oportunidades”. Aquí también se desnuda una visión individualista de los problemas de los jóvenes que serían los propios responsables de salir de su situación de vulnerabilidad a través de su esfuerzo. De acuerdo con esta mirada meritocrática, el Estado debería garantizar la igualdad de oportunidades para que cada uno, en función del empeño que ponga en salir adelante, obtenga (o no) determinada recompensa. Desde este paradigma no se problematizan los puntos de partida

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina desiguales de las personas sino que se piensa desde una situación ideal en la que todos arranquen desde el mismo lugar y con las mismas herramientas. Francois Dubet42 afirma que existen dos grandes concepciones en la búsqueda de la Justicia Social: la igualdad de posiciones o lugares y la igualdad de oportunidades. Si bien en ambos casos la finalidad sería la reducción de las inequidades o desigualdades, poseen diferentes “espíritus”. La primera se vincula con el lugar que cada sujeto ocupa en la estructura social y se propone como meta que estas posiciones estén lo más cerca posible entre sí, en detrimento de la búsqueda de la movilidad social particular o individual. Por su parte, la segunda se basa en que cada sujeto pueda ocupar la mejor posición posible, en base a un principio meritocrático. Estas dos concepciones sobre la justicia social implican un determinado modelo de sociedad y, a su vez, devienen en distintos modelos de políticas sociales que tengan como horizonte la reducción de esas desigualdades, ya sea a través de la búsqueda de la igualdad (asociada al primer modelo) o de la equidad (asociada al segundo modelo). En este sentido, para el modelo de igualdad de oportunidades, las diferencias de posición no son las base de las desigualdades sociales, sino que se trata de “obstáculos que se oponen al desarrollo de una competencia equitativa”43 y donde no importa tanto la distancia socio-económica entre los individuos, sino que todos tengan lo básico para enfrentar la vida: “Una sociedad puede ser a la vez equitativa y desigual […] es posible que aumente la equidad sin que disminuyan las desigualdades, y al revés”44. El paradigma de la igualdad de oportunidades implica dotar a los sujetos de recursos para que cada uno mejore su posición y se “suba al caballo”, es decir que el peso de la responsabilidad de superar las desigualdades está puesto en los individuos.45 Estas posturas han sido centrales en la década del ´90, vinculadas a las nociones de “capacidades” y de “capital humano”46 que generaron, por ejemplo, muchas políticas de capacitaciones breves para intentar solucionar los problemas de desempleo. En esta concepción el eje es el individuo pobre, en lugar de la sociedad como un todo47 y se busca garantizar solamente lo “básico” que necesitan los individuos para la reproducción de su vida.48 Lo que para la igualdad de posiciones es la búsqueda de políticas sociales universales (que procuren “acortar” esas distancias de posiciones), para la igualdad de oportunidades son las políticas sociales 42.����������������� François Dubet, Repensar la Justicia Social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, pp. 11-12. 43. Ob. Cit., p. 12. 44. Manuel Garretón, “Igualdad, ciudadanía y actores en las políticas sociales”. Revista de Ciencias Sociales (CI), 1999. Citado en Claudia Danani, “La gestión de la política social: un intento de aportar a su problematización” en Chiara y Di Virgilio (comp.), Gestión de la política social. Conceptos y herramientas, Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 61. 45. Denis Merklen, “Las dinámicas contemporáneas de la individuación”, en Castel, R., Kessler, G., Merklen, D., Murard, M. Individuación, precariedad, inseguridad ¿desintitucionalización del presente?, Buenos Aires, Paidós, 2013. 46. Pierre Rosanvallon, La sociedad de iguales, Manantial, Buenos Aires, 2012, p. 325; Luis Reygadas, La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, Antrophos, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2008, p. 61. 47.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Analía Minteguiaga y René Ramirez, “¿Queremos vivir juntos? Entre la equidad y la igualdad”, Revista Ecuador Debate (Ecuador) Nº 70, 2007, p. 126. 48. Claudia Danani, “América Latina luego del mito del progreso neoliberal: las políticas sociales y el problema de la desigualdad”, Revista Ciencias Sociales (San Leopoldo, UNISINOS ) Nº 44, 2008.

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dirigidas y enfocadas en los riesgos y oportunidades particulares. En este paradigma de políticas “propobres”49, se habla de “merecimiento” y de responsabilidades y compromisos a cambio50. Se pasa de un contrato social global a contratos individuales. Nada se dice o cuestiona acerca de las desigualdades sociales de origen y el contexto que las produce, sino que las mismas se dan por sentado51 e incluso terminan por justificarse o consagrarse como “desigualdades legítimas”.52 Como afirma Reygadas,53 las propuestas de corte individualista no son malas per se, pero resultan insuficientes, dado que “las relaciones de poder, la trama institucional y las estructuras sociales que sostienen la desigualdad también tienen que ser transformadas para que crezcan y se desarrollen en todo su potencial las capacidades de quienes afrontan las mayores desventajas”. Por último, el tercero de los entrevistados, Julio Garibaldi, Coordinador del Gabinete Joven de la Provincia de Santa Fe54 presenta un diagnóstico bastante más complejo que los otros dos funcionarios. “En primer lugar es importante destacar que el territorio santafesino no es homogéneo e indiferenciado; está marcado por signos geográficos, económicos, sociales y culturales diversos […] los más de 800 mil jóvenes santafesinos, de las 5 regiones de la provincia, componen un caleisdoscopio de identidades que delatan diversas trayectorias de vida y entornos de socialización cuyas vulnerabilidades no escapan a la realidad argentina pero si adquieren formas diversas acordes a las particularidades de cada región”. Luego de estas consideraciones generales, el funcionario de Santa Fe señala las características propias de los distintos jóvenes de acuerdo a las regiones geográficas en las que se insertan: “Los jóvenes del norte provincial, de la Región 1 (Nodo Reconquista), muestran vulnerabilidades asociadas al bajo nivel de desarrollo de emprendimientos productivos locales, no solo en cuanto a la oferta disponible, sino también por la falta de capacitación laboral. Esto impacta en las trayectorias vitales juveniles limitando la emancipación y los proyectos de vida incidiendo fuertemente en el desarraigo forzando la migración a otros centros urbanos. La Región 2 (Nodo Rafaela) suma otras preocupaciones relacionadas con […] algunos derechos menos garantizados referidos a la ciudadanía y el diálogo remarcando la necesidad de espacios de participación y de encuentro entre las juventudes. En tanto en la Región 3 (Nodo Santa Fe) las preocupaciones principalmente giran en torno al primer trabajo y el acceso a la vivienda así como el apoyo a la creación de micro-emprendimientos juveniles. 49.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Analía Minteguiaga y René Ramirez, “¿Queremos vivir juntos? Entre la equidad y la igualdad”, Revista Ecuador Debate (Ecuador) Nº 70, 2007. 50.����������������� François Dubet, Repensar la Justicia Social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, p. 62. 51. Ob. Cit., p. 96. 52. Pierre Rosanvallon, La sociedad de iguales, Manantial, Buenos Aires, 2012, p. 313. 53. Luis Reygadas, La apropiación. Destejiendo las redes de la desigualdad, Antrophos, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2008, p. 61. 54. Aquí ya vemos una diferencia central entre las jurisdicciones. En Santa Fe hay un Gabinete Joven, mientras que en los otros dos casos los responsables de las políticas de juventudes son los ministros de Desarrollo Social.

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina […] Por su parte la Región 4 (Nodo Rosario) las principales vulnerabilidades se asocian a la deserción escolar y a la necesidad de favorecer el ingreso de los jóvenes al mundo laboral a través de un empleo decente. Sumado a esto existe la imperiosa necesidad de generación deespacios de participación para la convivencia pacífica y la reducción de la violencia intra e intergeneracional. Mientras que en el sur de la provincia, en la Región 5 (Nodo Venado Tuerto) las mayores problemáticas se relacionan con el acceso al mundo laboral, a continuar los estudios y acceder a la vivienda. También sobresale la escasa existencia de espacios de participación además de la presencia de ciertas prácticas discriminativas entre jóvenes y adultos.” La presentación del funcionario de Santa Fe -a diferencia de los dos anteriores- revela otra representación sobre los jóvenes que permite dar cuenta de las heterogeneidades que atraviesan a los jóvenes de la provincia a partir de la división en regiones que enfrentan problemáticas particulares. Como se señalaba en el informe de la UNESCO55, no es la misma realidad la de los jóvenes de ámbitos urbanos, que la de quienes habitan en contextos rurales. Y para una provincia como Santa Fe, resulta central poder establecer esta distinción (algo que desde ya no aplica para la Ciudad de Buenos Aires). Por otra parte, esta complejización permite presentar cuestiones diversas en lo que hace a la vulnerabilidad de los jóvenes, no circunscribiéndose únicamente a los problemas de educación y empleo, que suelen ser los más referidos por las políticas públicas. Aún en el caso del empleo, se alude al acceso al primer trabajo, pero también a la dificultad de conseguir empleos de calidad. Pero además, se mencionan el acceso a la vivienda y la discriminación por parte de algunos adultos. De este modo, la vulnerabilidad en este caso es entendida en un sentido más amplio y no solamente en términos socioeconómicos. Como presentamos al comienzo, las juventudes deben ser entendidas desde una mirada compleja, ya que se encuentran atravesadas por vulnerabilidades de distintos órdenes. Pero más allá de que este análisis resulte más complejo, un rasgo común a los tres funcionarios es la falta de una mirada con perspectiva de género ante las problemáticas que atraviesan los jóvenes. Incluso en el caso de Santa Fe, donde se tiene claramente una mirada más integral y que da cuenta de la heterogeneidad de los jóvenes en sus realidades y problemáticas, dejan vacío ese casillero.

Los “logros” de gestión Al ser consultados sobre los principales logros de su gestión con respecto al diagnóstico presentado en la primera pregunta, también nos encontramos con paradigmas diversos. El representante de la Provincia de Buenos Aires destaca como principal iniciativa el Programa Envión:

55. Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Respuestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador).

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“Brinda contención a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad […] Se les brinda herramientas para que puedan reinsertarse y finalizar la escuela, también generen sus propios contenidos a través de un oficio, en los talleres de arte, cocina, peluquería o carpintería, entre una gran cantidad de variantes, lo que les permite avanzar en el ámbito productivo”. Lo que busca el programa a través de estas iniciativas es tanto la formulación de proyectos de vida a partir de la terminalidad educativa como del aprendizaje de oficios. “También, desde esta política pública, se les da a los jóvenes la posibilidad de practicar deportes pregonando por la vida saludable y la importancia del trabajo en equipo. Con ENVION llegamos a cerca de 50 mil jóvenes que han estado en situación de vulnerabilidad y ahora tienen más instrumentos para progresar...”. Como gran parte de las iniciativas de política pública para los jóvenes, el Programa Envión se basa en la formulación de proyectos de vida, como motor para favorecer la inclusión social56. Las actividades propuestas por el programa para fomentar el desarrollo de un proyecto de vida legítimo y autónomo -desde la mirada de quienes formulan estas políticas- son deportivas, culturales y de capacitación en oficios. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se destaca una iniciativa similar, el Programa Adolescencia, que tiene una lógica parecida al Envión: talleres y actividades recreativas para adolescentes en situación de vunerabilidad con una ayuda económica prácticamente simbólica. “Uno de los ejes de nuestro trabajo consiste en el acompañamiento a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida. La problemática social requiere de programas específicos para armar sus sueños, lograr su terminalidad educativa y continuar capacitándose. Así, el Programa Adolescencia brinda más de 470 talleres para que los adolescentes realicen actividades deportivas, culturales y tecnológicas”. Como señala Valeria Llobet, “los objetivos centrales de la mayoría de los programas sociales, dirigidos a ellos se basan en el acompañamiento de los y las adolescentes para tal establecimiento de un proyecto vital – profesional, como paso previo a la inclusión social efectiva, en tanto expresión singular de una demanda social”57. En este sentido, se adjudica la responsabilidad de la inclusión a nivel individual, ya que “los cambios requeridos para la inclusión social de los sectores postergados parecen estar en manos de la propia población destinataria”58 (tanto en el caso del Envión como en el del Adolescencia, el rol de los programas se limita a “brindar herramientas”). Junto con este programa, la funcionaria de la CABA destaca otras dos iniciativas: 56. Para análisis sobre el Programa Envión ver trabajo de Marina Medán, El gobierno de “la juventud en riesgo” y los programas de prevención social del delito en el AMBA: entre la seguridad y la inclusión - Tesis doctoral (inédita). Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, 2013. 57. Cecilia Litichever, Gabriela Magistris y Florencia Gentile, “Hacia un mapeo de necesidades y sujetos beneficiarios en los programas sociales de inclusión social dirigidos a niños/as y adolescentes”, en Valeria Llobet, Sentidos de la exclusión social. Necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños, niñas y jóvenes, Buenos Aires, Biblos, 2013, capítulo 3. 58. Ob. Cit.

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina “Asimismo, en la Ciudad pusimos en marcha el Programa ´Estudiar es Trabajar´, por el cual se busca promover en los jóvenes la terminalidad educativa. Además, a través del Programa de ´Formación e Inclusión para el Trabajo´ brindamos becas de capacitación para una serie de cursos cortos dictados por instituciones de trayectoria en diferentes temáticas. Las capacitaciones tienen por objeto mejorar las oportunidades de inserción laboral. Por medio de un acompañamiento y abordaje integral buscamos volver a la lógica que hace fuertes a las sociedades: estudiar, trabajar y esforzarse sirve, la educación abre puertas”. Aquí nuevamente aparece la idea del esfuerzo individual y la educación como solución a los problemas de vulnerabilidad. Al respecto, es importante señalar que este tipo de propuestas se relacionan con diagnósticos que explican “los altos niveles de desempleo y subempleo juvenil por los bajos niveles de capacitación laboral y la escasa experiencia de trabajo en las nuevas generaciones”. Según señala la UNESCO59, estas iniciativas estuvieron muy presentes en la segunda mitad del siglo XX, a partir de programas de aprendizaje que se orientaban a brindar “capacitación y experiencia, mezclando el aula y la empresa”. Según este mismo informe, la sistematización de las evaluaciones realizadas hasta mediados de los años noventa “mostró que estos programas cumplieron un importante rol en la integración laboral de las nuevas generaciones, en el caso de las y los jóvenes integrados (que podían invertir cuatro años en su pasaje por estos programas y contaban con el contexto familiar y social adecuado para hacerlo) pero que ello no ocurrió con los jóvenes excluidos (que no reunían dichas condiciones). Asumiendo estas limitaciones, varios países procedieron a diseñar e implementar programas de capacitación laboral pensados sobre todo para jóvenes excluidos (más breves y articulando con necesidades de las empresas) que pese a tener mejores resultados, también mostraron limitaciones: se seleccionaba a los mejores entre los excluidos, mientras que los más afectados por la exclusión social seguían sin ser atendidos adecuadamente al tiempo que se insistía en la escasa sostenibilidad de estas experiencias”60. Finalmente, Stanley presenta otras acciones que realizan desde el Gobierno de la CABA con los jóvenes, sin entrar mucho en detalle: “Asimismo, trabajamos de manera transversal e integral, tanto en prevención, detección temprana y asistencia, frente a situaciones de consumo de substancias psicoactivas o situaciones de violencia”. Si bien no llega a desarrollarlo, por primera vez en su relato aparecen los conceptos de “transversalidad” e “integralidad” así como también la alusión a otro tipo de problemáticas que enfrentan los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires además de las mencionadas reiteradamente como la educación y el trabajo. Por último, la Provincia de Santa Fe destaca dos iniciativas de las cuales se desprenden otras tantas: la creación del Gabinete Joven, “que impulsa la construcción y generación de políticas públicas desde una nueva perspectiva, pensadas desde los jóvenes, pero que alcanzan al conjunto de la sociedad” y el plan 59. Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Respuestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador), p. 25. 60. Ob. Cit., p. 25.

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integral de juventudes “Plan Santa Fe Joven: una generación de cambios 2010-2015”. A diferencia de lo que plantean en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, aquí vemos por primera vez una propuesta de políticas “desde” los jóvenes tal como planteaba Sergio Balardini61 como aquellas más participativas y más lejanas del adultocentrismo. De las dos propuestas centrales referidas previamente, el gobierno provincial de Santa Fe destaca diversas acciones que se llevan adelante atendiendo al diagnóstico de situaciones heterogéneas de los jóvenes de Santa Fe. Por un lado, el Programa Ingenia, que apoya el desarrollo de proyectos socioculturales que tengan a los jóvenes como protagonistas. Su objetivo es promover la participación juvenil de grupos, colectivos y organizaciones de jóvenes, a través del financiamiento de sus ideas, iniciativas y proyectos. Por el otro, el Programa RAICES (Red de Arraigo, Inclusión y Cooperación En Santa Fe) el cual pretende promover el arraigo, la inclusión y la cooperación entre las/os jóvenes de pequeñas localidades que conforman un sector particularmente complejo y padecen con intensidad la exclusión y el desarraigo. Además, para enfrentar la problemática de la deserción escolar se lleva adelante el programa Vuelvo a Estudiar para aquellos jóvenes de la escuela secundaria que se encuentran en situación de vulnerabilidad escolar y abandonaron la escuela. El plan consiste en ir casa por casa “a golpear puertas y tocar timbres” para conversar con los jóvenes y conocer por qué abandonaron sus estudios. Se los invita a retomar la escolaridad y luego se los acompaña durante el proceso de reescolarización con tutores. Otras propuestas apuntan al acceso a los bienes culturales y el fomento del turismo joven, como el programa Pasaporte Joven (para descuentos y beneficios en productos, servicios turísticos y bienes culturales) o al deporte, la cultura y la convivencia, como las Olimpíadas Santafesinas. A su vez a través de Medio Boleto se facilita la movilidad y el arraigo de los jóvenes que se trasladan a otras localidades de la provincia “para continuar sus estudios y volver a casa seguido”. En relación con esta mirada “desde” los jóvenes, las políticas de Santa Fe se sitúan en un enfoque de la “ciudadanía juvenil”, en tanto perspectiva integral que prioriza la plenitud de derechos de los jóvenes para participar en políticas y programas de juventud62. En este paradigma, los jóvenes son considerados como sujetos de derechos y las políticas aparecen como garantes de su protección frente a los riesgos sociales como la exclusión y vulnerabilidad. Este modelo considera la desafiliación social como un fenómeno multicausal63 y propone políticas integrales en lugar de programas o propuestas fragmentadas (esto contrasta con los posicionamientos de la CABA y la Provincia de Buenos Aires, en donde los jóvenes son considerados más como objetos que como sujetos de derechos). 61. Sergio Balardini, “Políticas de juventud: Conceptos y la experiencia argentina”, Revista Última Década N° 10, Ediciones Cidpa, Valparaíso, 1999. 62.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. (LC/L.2180), Santiago de Chile, 2004; Ernesto Rodríguez, “Políticas de Juventud y Desarrollo Social en América Latina: Bases para la Construcción de Respuestas Integradas”, UNESCO, Documento de Trabajo VIII Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina 11 y 12 de julio de 2011, San Salvador (El Salvador). 63. Samantha Schmidt y Vanina Van Raap, “Entre décadas: el caso del proyecto joven y el programa incluir. ¿rupturas o continuidades en los principios orientadores?” en Salvia, Agustín (comp.), Jóvenes promesas, Trabajo, Educación y exclusión social de jóvenes pobres en la Argentina, Miño y Davila Editores, Buenos Aires, 2008, p. 122.

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¿Qué hacen los Gobiernos por los jóvenes? Discursos encontrados sobre las políticas de juventudes en Argentina Complementando lo dicho, otro aspecto novedoso de política social que introduce Santa Fe es la idea de tutores que no sólo acompañan a los jóvenes sino que aparecerían con un rol activo en el diagnóstico de sus problemas y en el apoyo a su integración. Estos tutores tienen la tarea de “ir a buscar” a los jóvenes, lo cual dista también del posicionamiento más tradicional que espera que sean los jóvenes quienes se “activen” y logren armar sus proyectos de vida.

La mirada sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan La tercera y última pregunta encierra ya en sí misma -a pesar de que el documento de CIPPEC que citan como origen de la entrevista lo critica- una aceptación del enfoque de la problemática de los Ni-Ni, al indagar sobre “los principales alcances y la principal deuda respecto de los jóvenes de 15 a 29 años que no estudian, ni trabajan”. De los tres funcionarios entrevistados el único que cuestiona esta mirada es el de Santa Fe, quien señala que “Desde el Gabinete Joven no adscribimos a la visión sesgada que asocia a los jóvenes de hoy con los denominados Ni-Ni”. En consonancia con esta mirada diversa sobre las juventudes, proponen que éstos, desde sus distintos lugares sean los protagonistas. La mirada de esta gestión claramente considera a los jóvenes como sujetos y no como objetos, tal como supone la visión de los Ni-Ni. Además de las políticas ya mencionadas, Garibaldi señala “que aún queda mucho por hacer y es por eso que se lleva actualmente adelante una ronda de consultas a distintos actores y referentes sociales para que realicen su aporte a la construcción de la Ley Provincial de Juventudes la cual será la primera de su tipo en el país y apunta a consolidar los derechos de los jóvenes santafesinos”. En cambio, como ya hemos visto en su diagnóstico, la Ciudad de Buenos Aires adscribe fuertemente a esta mirada e incluso la destaca como problemática central de este grupo etario: “Estamos convencidos de que debemos construir un mapa social con igualdad de oportunidades y para ello resulta fundamental el reingreso escolar, la finalidad educativa, las capacitaciones en oficios, las búsquedas laborales, etc. Sin lugar a dudas el principal desafío es lograr un entramado social más amplio, por el que los jóvenes, una vez terminado el proceso de aprendizaje puedan acceder al mercado laboral formal. Hoy, sumada a la situación económica-social del país, a los jóvenes les cuesta conseguir empleo debido a su escasa experiencia laboral, calificación y nivel de instrucción”. De las palabras de Stanley se desprenden varias cuestiones. En primer lugar, nuevamente la alusión a la “igualdad de oportunidades” que como ya explicáramos previamente implica una concepción de la sociedad que no cuestiona las desigualdades de los puntos de partida. Por otro lado, el planteo de un camino unívoco entre educación y trabajo, de manera homogénea para todos los jóvenes. Además, señala como causales de esta problemática “la situación económicasocial del país”, a la cual refiere sin profundizar y como si se tratara de una fuerza externa64 y la escasa 64. Si bien representa un gobierno local y el modelo económico depende del gobierno nacional, no hay registro de su rol activo y potencial como parte del Estado en la formulación de políticas más amplias.

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experiencia laboral, calificación y nivel de instrucción de los jóvenes. Esto último pone nuevamente en primer plano la responsabilización individual y la lógica del mérito. Finalmente, la Provincia de Buenos Aires si bien no profundiza demasiado, tampoco cuestiona el planteo. El ministro destaca como relevante para que “los chicos estudien y tengan la posibilidad de su primer empleo” la articulación con las familias, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Reflexiones finales Las representaciones y discursos de los responsables de áreas de política pública de juventudes presentadas en las páginas precedentes poseen un fuerte peso. Por un lado, porque dejan ver las marcas de sus posiciones ideológicas sobre los jóvenes y las políticas públicas en particular, pero también sobre la sociedad en general. Y en tanto se trata de altos responsables de los organismos identificados, puede seguirse que sus expresiones representan una síntesis de las representaciones y acciones a desarrollar en esos ámbitos de gobierno. Por otro lado, porque sabemos que las políticas públicas construyen y moldean a los sujetos destinatarios de sus intervenciones y producen determinados efectos en sus condiciones de vida65. Esto adquiere mayor relevancia si consideramos que se trata de respuestas que los funcionarios han dado por escrito, es decir que suponemos que no son improvisadas, sino que han sido armadas –por ellos o por sus asistentes- tras algún tipo de reflexión y conscientes de que sus palabras son públicas, de modo tal que esas ideas y discursos no sólo son las que definen el curso de las políticas a desarrollar por cada uno de estos gobiernos, sino que son el resultado de lo que estos funcionarios consideran que es decible. Podríamos concluir, en fin, que las respuestas dadas a las tres preguntas demuestran distintos posicionamientos acerca de los jóvenes, sus problemáticas y demandas y las respuestas que debería dar el Estado a tales cuestiones. Desde una mirada más relacionada a los jóvenes como objeto y problema en el caso de la CABA a una visión integral, participativa y en tanto sujeto de derechos en el caso de Santa Fe, pasando por una postura poco problematizada como la de la provincia de Buenos Aires. Y, como aprendizaje para la hechura de las políticas, resulta fundamental diseñar acciones integrales que atiendan a las juventudes, reconozcan sus diversidades y los momentos de ruptura que viven como críticos que definan cierto consenso en la forma de ver y hacer, más allá de las jurisdicciones. En este sentido, el escenario en la Argentina resulta preocupante, teniendo en cuenta que quien expresa una noción meritocrática y estigmatizadora de los jóvenes es justamente quien hoy ocupa el cargo de Ministra de Desarrollo Social de la Nación y, por lo tanto, la encargada de desarrollar e implementar políticas públicas para los jóvenes en todo el país. 65. Samantha Schmidt y Vanina Van Raap, “Entre décadas: el caso del proyecto joven y el programa incluir. ¿rupturas o continuidades en los principios orientadores?” en Salvia, Agustín (comp.), Jóvenes promesas, Trabajo, Educación y exclusión social de jóvenes pobres en la Argentina, Miño y Davila Editores, Buenos Aires, 2008;������������������������������������������ Claudia Danani, “La gestión de la política social: un intento de aportar a su problematización” en Chiara y Di Virgilio (comp.), Gestión de la política social. Conceptos y herramientas, Prometeo, Buenos Aires, 2009.

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Jóvenes en la agenda legislativa Privatizaciones. RolArgentina: del sindicalismo de 2012 y 2013 en Casojoven, analizado: Foetra escolar voto convivencia y centros de estudiantes. ¿Promoción Raúl Irigaray de los derechos de la juventud Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. oU.N.R. respuestas políticas a los reclamos? Estefanía Otero * UBA – FLACSO estefania_otero@hotmail.com

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Estefanía Otero

Resumen

En los años 2012 y 2013 el Congreso debatía algunos temas de la agenda pública sobre juventud que fijaba tres ejes centrales: la convivencia en la escuela secundaria; la creación y reconocimiento de los centros de estudiantes y el derecho de los/as jóvenes a votar. El producto de estos debates se materializó en tres leyes nacionales que marcaron el inicio de una serie de leyes provinciales de las mismas temáticas pero también fueron el corolario de normativas preexistentes. La pregunta que guiará el trabajo será si estas políticas tuvieron el propósito de consolidar en los jóvenes la figura de sujetos de derecho o si tuvieron la intención de responder a demandas de un sector particular. Para ello se considerará el contexto de esos años porque se produjeron manifestaciones de los jóvenes reclamando cambios en los planes de estudio, mejoras edilicias. Dicho contexto coincidió con las políticas impulsadas por el entonces partido gobernante que buscaba -en principio- promover la finalización de los estudios secundarios y la participación de los jóvenes en el espacio público. Y se analizarán las leyes nacionales, la relación con las normativas provinciales, mediante la utilización de algunas variables que permitirán establecer parámetros comunes en la legislación. Palabras claves: Juventud; Derechos; Voto joven; Centro de estudiantes; Convivencia Escolar

Abstract

Between 2012 and 2013 a debate took place in Congress regarding youth in the public agenda, around three main subjects: social coexistence in high school; establishment and recognition of students’ centers, and the right to vote. As a result, three national laws were issued giving foot to provincial legislation regarding these three subjects but also as corollary of preexisting regulations. The main question for this paper is if this policies were meant to consolidate youth as a subject of rights or if their main objective was to respond to the demands of a particular social sector. Context will be considered since those years saw youth demonstrations claiming for changes in school plans and improvements in school buildings. These demands coincided with policies endorsed by the governing party, which sook, basically to promote universal secondary education and youth involvement in public affairs. National laws will be analyzed along their relation to provincial regulation, through some variables that will enable to establish common parameters in legislation. Keywords: Youth; Rights; Junior Vote; Students´ Center; Social Coexistence Estefanía Otero, “Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos?”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 159-173.

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Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos? Presentación1 En los años 2012 y 2013 el Congreso argentino debatía algunos temas de la agenda pública sobre juventud fijando tres ejes centrales: la convivencia en la escuela secundaria; la creación y el reconocimiento de los centros de estudiantes de los niveles medio, terciario y superior y el derecho de los/ as jóvenes de 16 y 17 años de votar de manera no vinculante en elecciones nacionales para todos los cargos políticos. El resultado de ello dejó un saldo de tres normativas: en 2012 la ley del voto joven Nº 26.774 y en 2013 dos referidas a educación: la ley de promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas Nº 26.892 y la ley de los centros de estudiantes Nº 26.877. Estas leyes dieron inicio a una seguidilla de normativas provinciales de las mismas temáticas. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se pueden rastrear normativas de los mismos temas sancionadas mucho tiempo antes con decretos, resoluciones y/o leyes, según el caso. El hecho es que casi la totalidad de las 24 jurisdicciones del país presentan este conjunto de leyes que busca promover, regular y establecer tanto la participación política de la juventud en el espacio público y escolar como las formas de convivir y reducir los conflictos en las instituciones escolares. Ahora bien, no debería pasarse por alto lo siguiente, respecto de los derechos de la juventud, ¿estas leyes intentan promoverlos, regularlos o tienen ambos propósitos? Encontramos allí una tensión que se desarrollará en el análisis de las normativas. Sumado a ello, el contexto que provocó las discusiones parlamentarias estuvo caracterizado por un movimiento estudiantil fuertemente presente en el espacio público y educativo. Entre los años 2010 y 2015 muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y otras, como Córdoba estuvieron tomadas por los centros de estudiantes, agrupaciones partidarias y delegados/as estudiantiles por el reclamo de mejoras edilicias, acompañamiento en los paros docentes y reformas en los planes de estudios, entre otras demandas. Estas tomas no fueron menores porque repercutieron directamente en la opinión pública de la ciudadanía y de los medios de comunicación y el número de instituciones fue realmente importante, alcanzando en algunos momentos a 50 colegios. A causa de ello, el Ministerio de Educación porteño tuvo que sentarse a dialogar con los/as estudiantes y llegar a acuerdos que lograran el restablecimiento de la cursada. Ahora bien, ¿podríamos confirmar que esta situación, casi exclusiva de Buenos Aires, produjo reacciones en los legisladores/as a nivel nacional? ¿Están directamente relacionados los temas de las leyes con los reclamos estudiantiles? Para adelantarnos al análisis, el caso de la ley del voto joven fue una iniciativa del Gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández (2007-2015). El propósito se vinculaba con las elecciones nacionales de 2013 y un electorado latente de casi un millón de jóvenes en condiciones de votar. Finalmente, lo hicieron unos 500 mil. Pero también el argumento era el otorgamiento de más derechos para los jóve* Integrante Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes (EPOJU) IIGG, UBAIntegrante Núcleo de Estudios sobre la Escuela y los Vínculos Intergeneracionales, FLACSO. 

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nes, de hecho, éstos tuvieron una fuerte presencia (y algunos privilegios) durante los tres Gobiernos kirchneristas (entre los años 2003 y 2015). Por ejemplo, la organización político-juvenil “La Cámpora” logró intervenir en el Poder Ejecutivo y Legislativo y convocó a muchos actos masivos donde cientos de jóvenes asistieron y formaron parte. También se crearon agrupaciones estudiantiles homónimas que hasta presidieron centros de estudiantes. Fundamentalmente, durante el funeral de la sorpresiva muerte del ex Presidente Néstor Kirchner se observaron miles de jóvenes desfilando en la despedida. Para el caso de la ley del centro de estudiantes vale tener en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires las escuelas más tradicionales como las Normales y los preuniversitarios tienen una larga historia en referencia a presencia de jóvenes politizados en sus matrículas dados varios factores: tradición política, formación ciudadana, conciencia colectiva. Y estos establecimientos son los que generalmente comandan los momentos más efervescentes del movimiento estudiantil. Entonces, para estos casos la ley cuanto mucho tiene el rol de reconocer a los centros de estudiantes. Y en todo caso busca promoverlos en las escuelas donde hay centros de estudiantes con menos historia o aún en las escuelas donde aún no existe la organización estudiantil. Por lo tanto, la aplicación de la normativa no es uniforme para todos los casos. Es más, algunos autores postulan que en las escuelas menos tradicionales ya no son los centros de estudiantes los que priman como forma de organización sino que los estudiantes eligen otras metodologías como ser el cuerpo de delegados/as por curso (Núñez, 2013). Con este panorama concluimos que: la ley no es para todas las escuelas igual de relevante y el centro de estudiantes en sí mismo no es la única forma de organización estudiantil. En torno a la ley de convivencia escolar, el objetivo de la ley fue cumplir con lo establecido en la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 del año 2006 que en su artículo 123 establece que el Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones para que las escuelas definan sus códigos de convivencia; en su artículo 127 fija como deberes de los estudiantes la participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en respetar las normas de convivencia, lo mismo que en el artículo 129 respecto de los deberes de las familias. También el tema de la convivencia escolar está presente en las Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria aprobado por la Resolución Nº 93 del Consejo Federal de Educación del año 2009 que establece la necesidad de producir una normativa jurisdiccional sobre convivencia escolar (ya sea Resolución, Decreto o Ley) ajustada a los principales instrumentos legales a nivel internacional y nacional de mayor alcance. En el mismo año, la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución Nº 1.709 sobre Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC) modificando la Resolución Nº 1.593 del año 2002. Esta normativa incorpora la obligatoriedad de crear el Consejo Institucional de Convivencia (CIC) para asesorar a las autoridades educativas en la elaboración de los AIC. Con estos dos antecedentes de gran relevancia nos podemos preguntar: ¿La ley de convivencia del año 2013 fue producto de demandas estudiantiles o debía cumplir con normativas anteriores? La pregunta que guiará el trabajo será si estas políticas tuvieron el propósito de consolidar en los jóvenes la figura de sujetos de derechos o si tuvieron la intención de responder a demandas de un sector particular. En este sentido, se podría adelantar que si bien el contexto previo y durante 2010 a 2015 estuvo signado por manifestaciones estudiantiles que mantuvieron en vilo como mínimo a la

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Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos? comunidad educativa, también es cierto que en esas manifestaciones estaban presentes demandas de otro tenor y, por cierto, cada ley nacional tiene sus antecedentes y sus discursos exclusivos que no generan una línea directa con los reclamos estudiantiles. Ahora bien, si una ley vinculada a derechos políticos y educativos no busca empoderar a la ciudadanía, ¿qué busca? Para profundizar el análisis, en primer lugar se considerará el contexto de esos años que coincidió con las políticas para la juventud impulsadas por el entonces partido gobernante que buscaba -en principio- tanto promover la finalización de los estudios secundarios como la participación de los jóvenes en el espacio público. Y en segundo lugar, se analizarán las leyes nacionales, la relación con las normativas provinciales y sus antecedentes mediante la utilización de algunas variables que permitirán establecer parámetros comunes en la legislación.

Demandas, movilizaciones y tomas La explosión de la participación de la juventud en los asuntos educativos y políticos entre 2010 y 2015 a través de demandas, movilizaciones y tomas de escuelas tuvieron como eje central la defensa de la escuela pública. En ese lustro, el movimiento estudiantil secundario marcó su presencia en el escenario público para canalizar la reivindicación de la educación pública. Si bien el epicentro de las protestas fueron las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, también se constataron casos relevantes en la ciudad de Córdoba y en países como Chile, aunque de diferente tenor pero teniendo a los/as jóvenes estudiantes como protagonistas (Otero, 2014). Los movimientos estudiantiles secundarios y las agrupaciones juveniles de los partidos políticos han estado presentes en las agendas de los medios de comunicación y han protagonizado diversa manifestaciones, tanto al interior de las instituciones educativas como en las calles. Para el análisis de las leyes, vale considerar la problematicidad de los casos considerados, es decir, en qué contextos el Estado aplica las políticas públicas derivadas de las normativas. En nuestro estudio, el Estado es un actor relevante en la toma de decisión respecto del conflicto existente y en consecuencia acciona a través de la legislación (O´Donnell y Oszlak, 1981). Por lo tanto, consideramos que hasta este momento el Estado había tomado una posición favorable a redefinir su relación con la sociedad dentro de los marcos institucionales que fortalecieron su funcionamiento (Abal Medina y Cao, 2012). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las características generales fueron: la preponderancia de las escuelas con mayor tradición política en sus centros de estudiantes al frente del movimiento, la cuestión de la defensa de la educación pública como principal demanda, y el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales entre docentes y estudiantes favoreciendo “...la confluencia en una demanda común con los docentes, quienes en este caso [en 2010] realizaron medidas de acción en apoyo a los estudiantes y viceversa.” (Enrique, 2010). En cuanto a la política estudiantil, pueden constatarse diferentes formas de organización estudiantil; en primer lugar, se encuentran aquellas escuelas que cuentan con los tradicionales centros de estudiantes y jóvenes organizados en agrupaciones políti-

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cas; en segundo lugar, hay escuelas que nunca tuvieron centro de estudiantes ni jóvenes sumamente politizados como en el primer caso; en tercer lugar, las escuelas que marcan nuevas y novedosas formas de participación política respecto de la participación tradicional señalada en el primer caso como ser el cuerpo de delegados/as (Núñez, 2013). En los momentos de mayor efervescencia de la lucha estudiantil, son las escuelas con mayor historia en sus centros de estudiantes las que se ponen al frente del movimiento. Por ejemplo, las Escuelas Normales y los preuniversitarios fueron quienes cuestionaron algunas políticas llevadas adelante por el gobierno local entre 2010 y 2015. En Córdoba, en el año 2010 los estudiantes secundarios también decidieron tomar sus escuelas en mensaje de protesta (sin olvidar que la provincia de Córdoba es cuna de la Reforma de 1918). Estos acontecimientos inéditos para esa ciudad provocaron una ruptura política entre los estudiantes y los/ as dirigentes. El debate no se limitaba a la situación de escolaridad por la que estaban atravesando si no que se buscaba cuestionar de manera global las condiciones sectoriales, la discusión por la ley de educación provincial y hasta el valor por la democracia (Beltrán y Falconi, 2011). Y en otros países como Chile donde el movimiento estudiantil de escuelas secundarias tomó un fuerte protagonismo en el año 2006, los jóvenes demostraron otro encanto por la política y lo que significaba el involucramiento en asuntos públicos cuando en un país la desigualdad es amplia. Como resultado de ello, y sumando las movilizaciones estudiantiles de los universitarios en 2011, se constituye un nuevo actor colectivo que interpela los asuntos de relevancia para toda la sociedad, sin limitarse a las problemáticas y los conflictos propios del ámbito educativo (Aguilera Ruiz, 2011). Volviendo a la Ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2010 se realizó una reunión entre el ex ministro de educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, y representantes estudiantiles de 52 escuelas, nucleados en la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) de agrupaciones de izquierda aliadas hasta ese momento con las agrupaciones kirchneristas. La demanda principal estaba relacionada con problemas edilicios de los establecimientos educativos: baños, techos, ventilaciones, calefacciones, equipamientos, entre otros.2 Los mismos conflictos ocurrieron en el año 2011, teniendo a los centros de estudiantes de las Escuelas Normales como protagonistas.3 De hecho, en julio de ese año tres mil estudiantes realizaron una marcha organizada por la CUES exclamando en su Facebook mensajes como “Impresionante la marcha de hoy. Alrededor de 3.000 compañeros demostrando cómo se defiende la educación pública. La lucha sigue”. Ese mismo año el Gobierno de la Ciudad firmaba el Decreto Nº 330 que reglamentaba la Ley N° 137 de Centros de Estudiantes del año 1998 lo que generó rechazo de algunos sectores políticos de la juventud como del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) ya que el decreto contenía algunos aspectos rígidos como la fecha tope para la creación de Centros de Estudiantes y el período de mandato de los cargos electivos. Además, el Gobierno impuso una línea telefónica gratuita para quienes desearan denunciar acciones políticas dentro de las escuelas secundarias. Esta decisión, además de 2.  Rodríguez, C. (7 de septiembre de 2010) Tomas de escuelas con final abierto. Página 12. Recuperado de http://www. pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152729-2010-09-07.html 3. Semana de colegios tomados (5 de julio de 2011) Página 12. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/ sociedad/3-171522-2011-07-05.html

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Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos? haber sido fuertemente cuestionada por varios sectores, fue una clara respuesta al crecimiento de la militancia kirchnerista. Después de todo, la CUES se quiebra en tres sectores: el kirchnerismo crea la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y las organizaciones de izquierda conforman la Coordinadora de Estudiantes de Base “La brecha” (CEB) dependiente de la Corriente de Organizaciones de Base (COB) y las escuelas técnicas formaron la Asamblea de Técnicos Autoconvocados (ATA).4 Aquí encontramos un antecedente de la Ley nacional de centros de estudiantes y uno de los posicionamientos en contra de la misma por fijar ciertas regulaciones en la organización de los mismos por parte del Estado. En el año 2012 los estudiantes de 50 escuelas habían realizado tomas durante un mes a causa de reformas curriculares que se habían iniciado en las escuelas técnicas, debido a los intentos de aplicar la Nueva Escuela Secundaria (NES).5 En 2013 la situación se había repetido con la toma de las escuelas porteñas sumadas a las preuniversitarias; en estos casos el conflicto se había dado por los cambios curriculares que tanto el Ministerio de Educación de la Nación como el Gobierno porteño buscaban implementar y que los/as estudiantes rechazaban.6 En torno a este último punto, la NES fue producto de las resoluciones del Consejo Federal de Educación de 2008 y 2009 (Resoluciones Nº 47/2008, Nº 84/2009 y Nº 93/2009)7 que dieron un nuevo marco para la reforma de la escuela secundaria respecto de las orientaciones, los planes de estudios, la reducción de la carga horaria en la formación específica para favorecer la formación general, etc.8 Si bien cada provincia aplicó estos cambios de manera diversa, los conflictos en la Ciudad de Buenos Aires estuvieron presentes desde aquellos años hasta inclusive 2015 donde, durante un mes, estuvieron tomadas 14 escuelas. Esto provocó el retraso de la NES que empezó a aplicarse en 2014 y como puede verse el conflicto prosiguió. Así y todo, el Ministerio de Educación porteño inició la implementación de la NES en un total de 456 escuelas en 2014 con 42 escuelas voluntarias (17 privadas y 25 estatales) y con todas las técnicas (30 estatales y 17 privadas) y en 2015 se sumó el resto de los colegios.9

4.  Lopes, G.; Saeg, S. (13 de septiembre de 2012) Por centros de estudiantes en todos los colegios. PTS. Recuperado de http://pts.org.ar/Por-Centros-de-Estudiantes-en-todos-los-Colegios 5.  La toma de escuelas y la decadencia educativa (27 de septiembre de 2012) La Nación. Recuperado de http://www. lanacion.com.ar/1511973-la-toma-de-escuelas-y-la-decadencia-educativa 6.  Claves: por qué volvieron las tomas de escuelas (18 de septiembre de 2013) Clarín. Recuperado de http://www.clarin. com/sociedad/Claves-volvieron-tomas-escuelas_0_995300707.html 7.  La Resolución Nº 47 hace referencia a los “Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la educación secundaria y la educación superior”; la Resolución Nº 84 hace referencia a los “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria” y la Resolución Nº 93 hace referencia a las “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la secundaria obligatoria”. 8  Nueva Escuela Secundaria (NES) Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de http://www.buenosaires.gob. ar/educacion/escuelas/nueva-escuela-secundaria 9.  Blanco, D. Qué es la Nueva Escuela Secundaria a la que se oponen los chicos que toman los colegios (3 de junio de 2015) INFOBAE. Recuperado de http://www.infobae.com/2015/07/03/1738398-que-es-la-nueva-escuela-secundaria-la-que-seoponen-los-chicos-que-toman-los-colegios/

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Como puede verse el lustro de 2010 a 2015 estuvo teñido por estudiantes secundarios movilizados en defensa de una educación que contuviera mejoras edilicias, un freno a la NES, el respaldo docente frente a las demandas salariales, un rechazo a las normativas respecto de la regulación de la intervención política en los establecimientos (centros de estudiantes, denuncias telefónicas). Vale recordar que en aquellos años los Gobiernos nacional y porteño estaban fuertemente enfrentados y dicha confrontación era visualizada también en las agrupaciones estudiantiles, sobre todo las del espacio kirchnerista que apoyaba al Gobierno nacional y las del espacio de izquierda que se mantenían “neutrales”. Los espacios juveniles del partido de gobierno local no entraban en esa tensión por no presenciar los lugares de disputa política, ya que “la agrupación Jóvenes Pro tiene su origen en el contexto actual posterior a la crisis de 2001, por lo que más allá de reconocer en el triunfo electoral de Mauricio Macri para las elecciones de Jefe de Gobierno (...) en 2007 y (...) 2011 dos hitos claves en la conformación de la agrupación en la actualidad, resulta difícil rastrear otros hitos de la historia partidaria en esta agrupación” (Cozachcow, 2014: 7). Dada la coyuntura política del país, denominada “grieta” por los medios masivos de comunicación y que aquí denominaremos entre kirchneristas y no kirchneristas, se podrían cuestionar las intenciones de algunas de las leyes nacionales que analizaremos a continuación. En los tres casos, los autores/as de las normativas fueron diputados/as nacionales del partido de gobierno Frente para la Victoria y en ese sentido podría pensarse que por un lado, estas leyes buscaban fortalecer a los jóvenes como sujetos de derechos y por otro lado, se podría establecer que dado el contexto de efervescencia del movimiento estudiantil se aprovecharon las instancias del Congreso para manifestar el apoyo a la juventud y de esa manera “captar” a un electorado en potencia. De hecho, la ley del voto joven fue discutida en un recinto convulsionado por declaraciones de algunos legisladores y, finalmente, la oposición de aquel entonces terminó abandonando el lugar. A modo de anécdota del clima político, un diputado del Frente para la Victoria había acusado de “narcosocialista” a legisladores santafecinos en el marco del supuesto aumento de la presencia del narcotráfico en esa provincia. En 2013 había elecciones nacionales y es así como mientras el Gobierno nacional buscaba otorgar nuevos derechos y ampliar el electorado, la oposición argumentaba su desconfianza frente a los hechos.

Juventud, derechos e inclusión El marco jurídico nacional al que hacemos referencia en este artículo tiene a la juventud de 13 a 17 años como principal protagonista. La ley nacional del voto joven Nº 26.774 (que estableció el sufragio optativo para los/as jóvenes de 16 y 17 años) fue sancionada en el año 2012 y su autor fue el diputado Andrés Larroque y la ley de centros de estudiantes para establecimientos secundarios y terciarios Nº 26.877 (acá el espectro de jóvenes es más amplio y autoriza, reconoce y/o promueve la organización de los estudiantes en centros) fue promovida por la diputada chaqueña María Inés Pilatti Vergara en 2013; ambas fueron promulgadas de manera inmediata. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la ley del voto joven Nº 4.515 fue sancionada el año 2013 en sintonía con la nacional pero la de centros de estudiantes Nº 137 fue sancionada en el año 1998 y promulgada en 2011. Hoy por hoy, la mayoría de las provincias cuenta con estas leyes, habiendo promulgado las propias o adhiriendo a las nacionales.

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Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos? Además, en términos educativos en el año 2013 se sancionó la ley Nº 26.892 que establece los principios de la convivencia y mecanismos de prevención de violencia escolar en las escuelas secundarias y cuya autora fue Mara Brawer. Causalmente las tres leyes fueron promovidas por autores kirchneristas con fuerte respaldo político y con la promulgación inmediata de la ex Presidenta.

Convencer con el voto En el año 2012 el Congreso nacional sancionó la Ley de Ciudadanía Argentina Nº 26.774 que introduce varias modificaciones a diferentes leyes, entre las que se encuentran la Ley de Ciudadanía Nº 346 y el Código Electoral Nacional, Ley Nº 19.945. De la primera se modifica su artículo 7º ampliando el goce de los derechos políticos a los ciudadanos desde los 16 años. Por su parte, en el Código Electoral queda determinado el electorado nacional por argentino nativo o por opción desde los 16 años. En este sentido, ambas modificaciones establecen el sufragio opcional para jóvenes de 16 y 17 años. La sanción de la ley había contado con 131 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención y 123 diputados/as ausentes en el debate parlamentario que, tal como mencionamos, había ocurrido mediante fuertes y acaloradas discusiones entre los diferentes bloques. Esta ley posibilitó que cerca de ochocientos mil jóvenes pudieran votar en las elecciones nacionales de 2013. Según los datos de la Cámara Nacional Electoral estuvieron habilitados para las elecciones unos 674.130 jóvenes y 367.024 finalmente emitieron su voto. En octubre el porcentaje de participación ascendió apenas por encima del punto porcentual para alcanzar el 54,44% del padrón joven, mientras que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el número había sido del 53,21%. Es decir, en la primera experiencia del voto joven, este electorado prácticamente no había influido de manera decisoria en el resultado de la elección. Las provincias con mayor cantidad de votantes fueron: Buenos Aires con 122.539, Córdoba con 30.676 y CABA con 20.375 jóvenes.10 La relevancia de la reforma de ley de ciudadanía radica no solamente en la ampliación del electorado nacional sino que también abre la posibilidad de pensar a los jóvenes como sujetos sociales. Teniendo en cuenta la concepción de juventud como sujeto de derecho en términos de las legislaciones sobre derechos humanos, políticos y sociales y dejando de lado la idea de minoridad o moratoria social para construir “una mirada y unas prácticas orientadas a la afirmación de los derechos vinculados con las condiciones básicas de existencia: la identidad, la educación, la salud…” (Kantor, 2008: 25 y 26) ahora podríamos agregar la política y la ciudadanía (Fuentes y Núñez, 2015). Esto no significa que la juventud entendida como sujeto sea homogénea en su totalidad, pero sí que presentaría ciertos rasgos comunes en aquellos jóvenes que forman parte del movimiento estudiantil y por ende se constituye en sujeto para sí, sobre todo en las instancias de luchas políticas: tomas de escuelas, movilizaciones, sentadas, paros, marchas, reivindicaciones respecto de la educación pública, entre otros. A nivel provincial, podemos identificar tres grupos en relación a su legislación sobre el voto joven. Un primer grupo lo constituyen aquellas provincias que se caracterizan por ser pioneras en establecer el 10.  Ibarreche, J. (23 de junio de 2015) Radiografía del voto joven en la Argentina. ámbito.com Recuperado de http://www. ambito.com/796094-radiografia-del-voto-joven-en-la-argentina

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voto joven dado que sus leyes fueron sancionadas muchos años antes de la nacional. Este es el caso de Chaco (Ley 4.169/1995) y la Ciudad de Córdoba (Carta Orgánica Municipal de 1995). El espíritu de estas normativas es el mismo de la ley nacional, por lo tanto, habilitan el sufragio opcional a jóvenes de 16 y 17 años de edad en elecciones nacionales y provinciales. Un segundo grupo de provincias se compone por aquellas que luego de la sanción de la ley nacional siguieron el mismo camino optando por dos senderos: adhiriendo a la misma o promulgando una ley propia. Esta última opción se concretó en 18 jurisdicciones: Buenos Aires (Ley Nº 14.456/2013), Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 4.515/2013), Catamarca (Ley Nº 5.4377/2015), Chubut (Ley Nº 12/ 2012), Entre Ríos (Ley Nº 10.356/2015), Formosa (Ley Nº 1.595/2013), Jujuy (Ley Nº 5.732/2012), La Rioja (Ley Nº 9.301/2012), La Pampa (Ley Nº 2.809/2014), Mendoza (Ley Nº 346/2013), Misiones (Ley Nº 6/2014), Neuquén (Ley Nº 2.831/2012), Río Negro (Ley Nº 4.840/2013), Salta (Decreto Nº 892/2013), San Juan (Ley Nº 1.268/2013), San Luis (Ley Nº 0839/2013), Santiago del Estero (Ley Nº 6.908/2013) y Tierra del Fuego (Ley Nº 914/2012). La provincia de Santa Cruz fue la única que optó por adherir a la ley nacional en el año 2013. Estas leyes que reformaron el electorado provincial fueron redactadas en sintonía con la ley nacional y, por ende, permiten el voto joven a nivel nacional y local. Por último, un tercer grupo compuesto por las provincias de Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Tucumán, aún no poseen ley propia y tampoco han adherido a la nacional. Sin embargo, mantienen fuertes debates internos en torno a la legislación incluso con intervenciones judiciales. Algunas posturas hacen referencia a la inconstitucionalidad de sancionar el voto joven por contradecir la constitución provincial.

Los centros de estudiantes y la política en las escuelas En 2013 también llega la política a la escuela desde la legislación nacional. La ley nacional de centros de estudiantes Nº 26.877 sancionada ese año tiene el propósito en su artículo 1 de reconocer a los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil en escuelas secundarias, institutos de educación superior e instituciones de modalidad de adultos incluyendo formación profesional de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social. Tiene por objetivos fomentar la democracia, la libre expresión, los derechos estudiantiles, la gestión de demandas, favorecer la educación de estudiantes. Particularmente, regula los estatutos estableciendo órganos de gobierno y cargos que lo componen, funciones, procedimientos para la elección por voto secreto, universal y obligatorio y renovación de autoridades, implementación de instancias de deliberación en la toma de decisiones, previsión de órganos de fiscalización y representación de minorías. Al igual que las modificaciones en la ley de ciudadanía, muchas provincias sancionaron sus propias normativas provinciales en torno a los centros de estudiantes de manera posterior a la ley nacional. Estas jurisdicciones fueron: Buenos Aires (Ley Nº 14.581/2013), Chubut (Ley Nº 107/2013), Entre Ríos (Ley Nº 10.215/2013), San Juan (Ley Nº 8.411/2013), Santa Fe (Ley Nº 13.392/2014) y Tierra del Fuego (Ley Nº 321/2013).

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Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos? Otro grupo de provincias contaban con leyes propias previamente a la sanción de la nacional: Neuquén (Ley Nº 1.723/1987), Salta (Ley Nº 6.616/1990), Río Negro (Ley Nº 2.812/1994), Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 137/1998), Chaco (Ley Nº 5.135/2002), Misiones (Ley Nº 139/2009), Córdoba (Res. Nº 124/2010), Santa Cruz (Res. Nº 3.043/2011), Corrientes (Ley Nº 6.120/2012), La Rioja (Ley Nº 9330/2012) y Mendoza (Ley Nº 8.469/2012). Por último, las provincias que aún no cuentan con dicha ley son: Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En este caso, el análisis debería considerar el caso de la ley pionera que fue la provincia de Neuquén sancionando la ley de centros de estudiantes en 1987. Esta ley estableció: “Reconócese en todo el ámbito provincial el derecho de los estudiantes a organizarse en centros estudiantiles”. Además, fijó las siguientes funciones: Organizar actividades culturales, deportivas, recreativas, sociales, y charlas debates de carácter político, gremial y científico que fomenten la preparación del educando para el ejercicio responsable de sus derechos cívicos. En términos normativos estableció que “Los centros de estudiantes no podrán identificarse con un determinado partido político o realizar proselitismo dentro del establecimiento, que conspire contra el pluralismo de ideas”. En general, estas leyes tienen características muy similares entre sí. Sin embargo, puede observarse que algunas de ellas promueven la creación de centros de estudiantes y reconocen los existentes, tal es el caso de la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Otras, en cambio, avanzan en la regulación de las funciones de los centros de estudiantes anexando en la ley el estatuto interno. Este es el caso de provincias de Córdoba y Santa Cruz; mientras que otras leyes promueven que cada centro de estudiantes dé su propia organización interna. Desde ya que toda norma regula un determinado comportamiento. Todas las leyes de centros de estudiantes mencionadas contribuyen a reconocer los ya existentes y a promover la creación en aquellas escuelas en las cuales los estudiantes no se hayan organizado. Las diferencias sutiles residen en algunos artículos que establecen regulaciones tales como la estructura interna, la convocatoria a elecciones, los principios, el período de duración de los cargos, entre otros aspectos. Como se vio más arriba, en la Ciudad de Buenos Aires el Decreto Nº 330 del año 2011 promulgó la ley que se había sancionado trece años antes cuando la Ciudad hacía poco se había dado su propia constitución. Aquí de nuevo los dilemas: por un lado, se apoya la iniciativa de otorgarles relevancia a los centros de estudiantes como espacios políticos de organización estudiantil pero por otro lado, ¿corresponde que desde una mirada adultocéntrica se establezcan parámetros de acción político-partidaria para los/as jóvenes?

Convivencia y conflicto en las escuelas En 2013 también se sanciona la Ley Nacional para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas Nº 26.892 la cual estableció las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los

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niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Podría interpretarse que la ley tuvo el objetivo de responder a las demandas de diferentes voces del sistema educativo en torno al incremento de situaciones de violencia en la escuela secundaria. En relación a la participación estudiantil, la norma promueve la conformación de espacios donde participen todos los actores escolares y hace especial hincapié en garantizar la participación de los estudiantes, atendiendo al nivel y la modalidad. Esta norma tiene un antecedente muy importante respecto de las formas de organizar las metodologías para abordar la convivencia en las escuelas. Por ejemplo, la Ley Nacional de Educación ya establecía la necesidad de legislar al respecto. Más tarde, la Resolución Nº 93 del año 2009 Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria del Consejo Federal de Educación (CFE) marcó los lineamientos generales para planificar de qué manera se trataría el tema en la escuela. De hecho, la ley no convoca solamente a la convivencia escolar sino también a de qué manera reducir los conflictos entre los actores de la comunidad escolar. Es por eso que fija tres ejes principales: la convivencia escolar, la conflictividad social y la asistencia técnica de equipos especializados en investigación de experiencias referidas a las temáticas. En cuanto a la convivencia busca “promover la elaboración y revisión de las normas sobre convivencia en las instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones educativas del país para todos los niveles y modalidades de la enseñanza”. Como antecedente, en la provincia de Buenos Aires en 2009 se dictó la Resolución Nº 1.709 sobre los Acuerdos Institucionales de Convivencia, que deberían aplicar todas las escuelas bonaerenses, independientemente de su modalidad. Esta Resolución estableció la creación del Consejo Institucional de Convivencia para asesorar a la dirección de las escuelas en la creación de dichos Acuerdos. Los mismos serían participativos, es decir, los/as estudiantes, docentes y directivos los establecerían de acuerdo a sus propios principios con el fin de mejorar los canales de convivencia escolar. A nivel jurisdiccional la situación es diversa. Las normas sancionadas de manera posterior a la nacional son en los casos de las provincias de Chubut (adhesión Ley nacional en 2014), Corrientes (Ley 6.212/2013), Mendoza (Res. 445/2013) y Misiones (Res. 632/2013). El resto de las provincias sancionaron o reglamentaron normativas en relación a la convivencia escolar varios años antes: Ciudad de Buenos Aires (Ley 223/1999), Jujuy (5.279/2001), Chaco (5.221/2003), Catamarca (5.189/2006), La Rioja (8.295/2008), provincia de Buenos Aires (Res. 1593/2002 reemplazada por Res. 1709/09), Santa Fe (Decreto 181/2009), Entre Ríos (Res. 1.692/2009), Córdoba (Res. 149/2010), Santa Cruz (Res. 788/2010), Formosa (Res. 3.262/2012), Neuquén (Res. 1172/2012) y San Luis (826/2012). Como puede observarse, no necesariamente en todos los casos se promulgaron leyes sino que los ministerios de educación provinciales tomaron la iniciativa mediante resoluciones como medida de gobierno así como también en algunos casos se decretaron políticas públicas en torno a la convivencia y el conflicto escolar. La metodología varía de acuerdo a cada proyecto: creación de programas, promoción de acuerdos colectivos, establecimiento de normativas propias para las escuelas, formación de espacios de diálogo. Esta ley nacional difiere de las del voto joven y los centros de estudiantes por tratarse de un tema de tipo “comunitario” donde se ponen en juego valores, acuerdos, reglas, principios entre todos los sectores que disputan espacio en una escuela. Porque tanto las autoridades, como los

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Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos? docentes y mismo los/as estudiantes no asisten a la escuela secundaria con total consenso y mismos intereses. También es notable que el establecimiento de la obligatoriedad de la escuela secundaria en 2006 promovió el ingreso de sectores sociales que nunca antes había asistido a la escuela, incluso siendo los primeros en su generación. Esto posibilitó transformaciones sociales en algunas matrículas de algunas escuelas modificando su radiografía histórica.

¿Derechos para la juventud o demandas saldadas? El conjunto de leyes analizadas podría interpretarse como la generación de políticas públicas a favor de la juventud para construir un nuevo sujeto social. Otra hipótesis sobre estas sanciones se podría vincular con que algunos espacios juveniles habían protagonizado fuertes movilizaciones en las escuelas secundarias en ciudades como Buenos Aires y Córdoba en los últimos cinco años en defensa de la educación pública, contra la reforma de los planes de estudio, por reclamos edilicios y en ese sentido se pretendió aminorar dichas demandas. Durante los últimos años crecieron las agrupaciones juveniles de los partidos políticos o al menos se produjo una mayor visibilidad por parte de las mismas en el espacio público. De una u otra manera, es claro que en este tiempo existió un intento de construir a la juventud como valor o causa pública (Vázquez, 2013). Esta expansión normativa del horizonte de derechos en la escuela no se traduce necesariamente en la cotidianeidad escolar, pero sí refiere a una escena novedosa en relación al lugar que tenía anteriormente (Núñez, 2013). En esa línea, puede señalarse también que las leyes pudieron ser parte de una demanda generalizada de la juventud hacia un Estado que hasta entonces no había legislado en ese sentido aún cuando no se trataba de demandas del movimiento estudiantil. Entendemos que se trata de un proceso político aún demasiado reciente como para extraer conclusiones definitivas. En la actualidad, el Estado argentino destina el 3,3% del PBI a las políticas públicas para jóvenes resultando así uno de los más altos de América Latina y en septiembre de 2015 el poder ejecutivo nacional había enviado un proyecto de ley para la promoción de las Juventudes con el fin de reglamentar ciertas políticas públicas y crear nuevos organismos (la Defensoría de la Juventud como órgano dependiente del Congreso Nacional, el cambio de subsecretaría a Secretaría de la Juventud, la actualización automática del Programa PROG.R.E.SAR11. Como se puede observar la escuela secundaria, la juventud y la política son tres temáticas que se encuentran presentes en las discusiones académicas y públicas.

Palabras finales 11. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.E.AR) fue creado durante el Gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández bajo el Decreto Nº 84 en el año 2014 con vigencia en la actualidad. Se trata de un subsidio que consiste en la entrega de una suma de dinero a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad inclusive, en situación de vulnerabilidad para favorecer su capacitación e inclusión laboral.

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En este artículo se pretendió relacionar el contexto de los años 2010 a 2015 respecto del movimiento estudiantil y las políticas llevadas adelante tanto por el Congreso como por el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Por una parte, los/as estudiantes secundarios marchaban de a miles y tomaban durante largas semanas las escuelas con el objetivo de defender la educación pública. Por otro lado, se sancionaban leyes nacionales que tenían como principales destinatarios a esos mismos jóvenes. A este panorama se le sumaba una juventud efervescente respecto de la politización de sus ideas acompañada, por referentes nacionales que buscaban continuamente su respaldo. Esta situación tan reciente en términos históricos no permite comprender de manera global y en perspectiva hacia dónde vamos pero, al menos, nos deja una tensión latente que se refiere a la pregunta inicial sobre si estas medidas políticas buscaban enaltecer a la juventud con más derechos o simplemente buscaban responder a demandas concretas. Pues bien, hasta el momento contamos con tres elementos. El primero hace referencia a las movilizaciones de los estudiantes, el segundo contiene a un conjunto de normas promovidas para la juventud y el tercero consiste en un gobierno nacional que respaldaba a ese sector de la sociedad y por demás enfrentado políticamente con el gobierno local a quienes los propios estudiantes se oponían. Vale aclarar que al interior del movimiento estudiantil existían fuertes disensos, que las confrontaciones entre ambos gobiernos iban más allá de la juventud misma y que la posición frente a las leyes también era sumamente diversos de acuerdo con quien uno tenía enfrente. Por lo tanto, el panorama de cada uno de estos elementos puede resultar un trabajo en sí mismo y podremos abrir muchas preguntas más. Por lo que aquí nos compete, en este espacio y tiempo, diremos entonces que las políticas destinadas a la juventud de los años 2012 y 2013 fueron producto de un gobierno nacional que promovió la participación política de la juventud, que pudo llevar adelante con facilidad la aprobación de los proyectos y que además contó con el respaldo de un sector importante de la militancia estudiantil. Esto coincidió con la situación particular de la Ciudad de Buenos Aires en un momento de enfrentamiento entre el movimiento estudiantil y docentes de las escuelas secundarias y el gobierno del partido político que aún hoy cumple su tercer mandato consecutivo.

Bibliografía Alejandro Cozachcow “Juventudes partidarias en la Argentina actual: la construcción de la categoría “juventud” en eventos de la Juventud Socialista y Jóvenes Pro” ISBN 9789877021219. XI Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Rosario, 2014. Débora Kantor Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Del Estate Editorial. 2008 Estefanía Otero “Participación estudiantil en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Un estudio de las experiencias políticas de jóvenes en agrupaciones partidarias en la actualidad” ISSN 2307-5643. II Jornadas Jóvenes Investigadores, FLACSO, Argentina. 2014

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Jóvenes en la agenda legislativa de 2012 y 2013 en Argentina: voto joven, convivencia escolar y centros de estudiantes. ¿Promoción de los derechos de la juventud o respuestas políticas a los reclamos? Guillermo O´Donnell y Oscar Oszlak “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación” en Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) Documento G. E. CLACSO Nº 4. 1981 Iara Enrique “Movilización estudiantil en la Ciudad de Buenos Aires: aportes para el análisis” en el boletín de Antropología y Educación, Nº 01, Universidad de Buenos Aires. 2010 Juan Manuel Abal Medina y Horario Cao Manual de la nueva administración pública argentina. Ariel. Buenos Aires. 2012 Mariana Beltrán y Octavio Falconi “La toma de escuelas secundarias en la ciudad de Córdoba: condiciones de escolarización, participación política estudiantil y ampliación del diálogo social” en la revista Propuesta Educativa N° 35, Año XX, Vol. 1. 2011, págs. 27 a 40 Melina Vázquez “En torno a la construcción de la juventud como causa pública durante el kirchnerismo: principios de adhesión, participación y reconocimiento” en la revista Argentina de Estudios de Juventud, Vol. 1, N° 7. 2013 Oscar Aguilera Ruiz “Acontecimientos y acción colectiva juvenil. El antes, durante y después de la rebelión de los estudiantes secundarios chilenos en el 2006” en la revista Propuesta Educativa N° 35, Año XX, Vol. 1. 2011, págs. 22 a 26 Pedro Núñez La política en la escuela. La Crujía Ediciones. Buenos Aires. 2013 Pedro Núñez y Sebastián Fuentes “Estudios sobre construcción de ciudadanía en la escuela secundaria argentina: tendencias y categorías en las investigaciones en la última década (2002-2012)” en la revista Espacios en Blanco Nº 25. 2015, págs. 351 a 372

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Experiencias y representaciones Privatizaciones. del sindicalismo de la violencia y Rol el conflicto Caso Foetra en lasanalizado: trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad Raúl Irigaray de Olavarría (2013-2015) Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. U.N.R.

Horacio Roberto Sabarots Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) Ciclo Básico Común (UBA) hsabarots@gmail.com

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Horacio Roberto Sabarots

Resumen

En el contexto de las transformaciones de las políticas públicas orientadas a niños y jóvenes en Argentina, se reflexiona en este artículo sobre las trayectorias institucionales de dos jóvenes; una mujer y un varón, quienes por distintos motivos de precarización - abandono o deficiencia del cuidado, conflictos familiares, consumos problemáticos y conflictos con la ley - fueron intervenidos por instituciones públicas ya sea supletorias en cuanto a cuidado, o especializadas en problemáticas de adicción o de castigo y penalización. En base a la técnica de la historia de vida se registraron mediante entrevistas en profundidad los relatos sobre sus experiencias vitales: la violencia institucional, los conflictos en el internado y los recursos en cuanto a capital social que les fue posible obtener en la búsqueda de una vida digna luego de traspasar los umbrales institucionales. Se busca comparar los casos y ver los comunes denominadores en cuanto a marcas, emocionales y en los cuerpos, que en cada trayectoria vital se “dejan ver” una vez superada la intervención institucional y reiniciada la vida “puertas afuera”. Este artículo es resultado de los trabajos de investigación desarrollados en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (UNCPBA) cuyo objetivo es indagar sobre los efectos que los cambios en la legislación sobre niñez y adolescencia, tendientes a un paradigma de restitución de derechos, generan en las prácticas institucionales y en las representaciones de los sujetos involucrados.

Palabras claves: Violencias – conflictos – juventudes - vulnerabilidad

Abstract

In the context of the transformations of public policies oriented to argentinian children and youth, we reflect on this article about the institutional trajectories of two young people; a woman and a man, who for various reasons of precariousness- neglect or failure of care, family conflicts, misuse and conflict with the law - were intervened by public institutions either in default care or specialized in treating with addiction problems or punishment and penalty. Their life stories were register through in-depth interviews technique,in which was posible to record stories about their life experiences: institutional violence, conflicts as institution internees and the resources, in terms of social capital, that they were able to obtain in their search for a dignified and worthy life after passing the institutional thresholds. The research seeks to compare cases and find the common denominators in terms of marks, emotional and physical , Contextualthat in every life story are “reveal” once overcome the institutional intervention and reinitiated life “outside doors”. This article is the result of the research work developed at the Faculty of Social Sciences of Olavarria (UNCPBA) which aims to investigate the effects that changes in childrens and adolescents legislation ,that aimed at a paradigm of restitution of rights , generates in the institutional practices and representations of the subjects involved in them.

Keywords: Violence - Conflicts - Youths - vulnerability

Horacio Roberto Sabarots, “Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015)”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 174-193.

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) Introducción Nuestro propósito en este trabajo es analizar a partir de los relatos de jóvenes tutelados en la ciudad de Olavarría, Argentina, los conflictos que los condujeron a distintos tipos de intervención ordenados por el poder judicial, las formas de violencia experimentadas en sus recorridos institucionales y los recursos de los que dispusieron, una vez dejada atrás la “vida institucional”, para la elaboración de vínculos necesarios para la inclusión social. Cabe aclarar que las violencias no se restringen solo a las experiencias intramuros, ni se limitan a aquellas que tienen una expresión material visible. También pueden ser devastadoras aquellas cotidianas y sustentadas en una mirada acusatoria y descalificadora, aquellas que se engloban en la llamada violencia simbólica. En ese contexto de análisis se busca también desnaturalizar el concepto de inseguridad instalado desde el sentido común hegemónico, a partir de estas historias de vida. Este trabajo se enmarca en las investigaciones desarrolladas por nuestro equipo dentro del proyecto titulado: “Voces juveniles en una ciudad media de la Provincia de Buenos Aires” en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría – UNICEN1. Los casos que abordaremos en este trabajo desenvuelven sus vidas institucionales en el período de transición legal en los años 2007-2008 desde el viejo paradigma de patronato al nuevo de Promoción y Protección Integral de Derechos en provincia de Buenos Aires. Se trata de jóvenes casi adultos quienes relatan sus experiencias de intervención institucional, manifestando diversos grados de conciencia de dicha transición, dejando ver no obstante en sus relatos el impacto en sus distintas trayectorias institucionales. De distinta manera el joven y la joven hablan desde una mirada presente (años 20132015) de sus experiencias pasadas recientes de intervención institucional, y situados en su condición actual de lucha por la inclusión socioeconómica y el reconocimiento en tanto personas. En un nivel mas general la situación de las juventudes vulnerables en el seno de sociedades en las que se ha instalado la sensación de inseguridad y la desconfianza como mecanismo dominante en las relaciones humanas, configura un panorama problemático que dificulta un desenvolvimiento que los constituya en tanto personas, debiendo lidiar cotidianamente para ser reconocidas como tales ante una mirada generalizada de sospecha, cuando no de rechazo y desprecio. En las sociedades actuales, las representaciones que tienden a vincular a las juventudes marginadas debido a su condición socioeconómica precaria con la inseguridad y el temor, aparecen al menos como ambiguas. Sentidos e interpretaciones contradictorias se argumentan desde posiciones político-ideológicas distintas que sitúan a ese colectivo como la expresión más acabada de las falta de protecciones o como la figura anti-social por excelencia. Efectivamente como demuestra Gabriel Kessler (2009) para el caso Argentino, el sentimiento de inseguridad se fue instalando gradualmente en las últimas décadas, siendo el año 2004 según encuestas citadas por el mencionado autor, cuando el delito se ubica como la principal causa de preocupación desplazando al desempleo. Desde la recuperación de la democracia en el año1983, etapa a partir de la cual se cuentan con datos fiables, el miedo a ser víctima del delito se fue extendiendo en los distin1.  Proyecto de investigación-producción desarrollado mediante un acuerdo entre el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NuRES) y la Agencia de noticias (ZUM) de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría – UNICEN, suscripto en abril del 2015 y dirigido por quien escribe.

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tos segmentos poblacionales: desde las mujeres y los adultos mayores a los varones adultos, y desde los grandes centros urbanos a las ciudades medias y pequeñas; entre ellas nuestro referente espacial que es la ciudad de Olavarría ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y si bien las situaciones de inseguridad vividas configuran hoy un abanico amplio, que en algunos casos ha movilizado a colectivos sociales: el llamado “gatillo fácil” (en relación al accionar policial) el crimen organizado vinculado al narcotráfico y la trata de personas, la violencia de género, los accidentes viales, la inseguridad en lugares públicos, etc., aparece nítido el foco de la figura amenazante: es el joven de barriadas pobres, desafiliado, que por una supuesta imprevisibilidad en su conducta genera más incertidumbre. Contrastando con épocas pasadas el autor nos advierte que: “…hoy no se teme a la masa como un cuerpo gigantesco, sino a individuos supuestamente anómicos y desocialisados” (Kessler, 2009: 80). En este sentido hay cierta coincidencia entre los estudiosos en que: “…predomina la visión de los jóvenes ni-ni (que no estudian ni trabajan), la cual los representa como personas sentadas en una esquina (de las zonas vulnerables de las grandes ciudades), tomando cerveza o fumando paco. En segundo lugar, y ligada con la primera, suele asociarse a la juventud (en particular en el caso de los sectores vulnerables) con la tríada delito, inseguridad y narcotráfico. Los recientes y aislados linchamientos públicos a jóvenes y adolescentes identificados como “pibes chorros” son un claro reflejo de lo presente que está este relato en nuestra sociedad” (Repetto y Díaz Langou, 2014: 1). Cambios significativos en términos estructurales desde los años 80s (la famosa “década perdida” en Latinoamérica) fueron el caldo de cultivo de mutaciones cuyos efectos en una sociedad cada vez más temerosa, experimentamos cotidianamente y también naturalizamos, en parte. En Argentina, el incremento del delito en general, y de la participación juvenil en particular, siguió un camino parejo al incremento de la desocupación y la pobreza, lo que ha instalado una idea generalizada de que el aumento de la victimización y la sensación de inseguridad obedecen al deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, proceso más notable en el período 1995-2002. Sin embargo, las raíces socio-culturales de la violencia y el delito en las sociedades actuales creemos que son más complejas y no son reducibles a una sola variable y al victimario joven. De hecho desde el año 2003 Argentina experimentó un proceso de recuperación del crecimiento económico y del mercado laboral hasta el presente que no se corresponde mecánicamente con una disminución del delito y sobre todo con una baja de la sensación de inseguridad. Prueba palpable es que en el año 2015 de elecciones generales en Argentina el tema de la inseguridad es recurrente en los discursos de los candidatos, lo que señala el alto nivel de preocupación que el tema suscita mayoritariamente. Ahora bien, para introducirnos en el tema específico de este artículo, partimos de la evidencia que la construcción de sentido hegemónica de la inseguridad hoy reforzada por los medios de comunicación, a saber aquella relacionada con ser víctima real o potencial de robo donde se pone en juego la integridad física, no es el tipo de inseguridad que sufren los jóvenes tutelados que configuran las referencias de nuestro trabajo de investigación. Con ello queremos enfatizar la heterogeneidad de situaciones, ya que los tipos de temores y las figuras amenazantes que experimenta cada colectivo depende del lugar que se ocupa en la sociedad. De este modo para los jóvenes de barrios pobres uno de los temores más generalizados es ser víctima de la violencia policial. Por ello cuando hablamos de

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) inseguridad actual debemos preguntarnos inicialmente de quiénes y de dónde, y a quiénes o a qué situaciones se teme, para contextualizar la cuestión. Como bien nos sugiere el antropólogo J. Gledhill a propósito de las políticas públicas de seguridad en Brasil: “…tenemos que tratar de ver a través del humo creado por la securitización de la pobreza” (Gledhill, 2013:52) quiere decir tratar de trascender un sentido común muy recargado mediáticamente que ve la inseguridad unidireccionalmente y causada por los pobres hacia el resto de la sociedad. A instalar esta visión ha colaborado la noción de “poblaciones de riesgo” (en barriadas precarias) como foco de la intervención de las nuevas políticas públicas preventivas de seguridad y de control de los sectores vulnerables (Castel, 2013).

Un contexto de transición del marco legal Luego de la última dictadura militar se han producido en Argentina sensibles avances en la legislación referida a niñez, adolescencia y juventud. La recuperación de la institucionalidad democrática fue la coyuntura que propició en la década de los 80s del pasado siglo, la producción de voces críticas desde la sociedad civil y sectores progresistas del ámbito judicial, hacia la vieja legalidad de Patronato de la Infancia fundamentada en la ley 10903 sancionada en el año 1919, y derogada el 28 de septiembre de 2005. “El eje de esas críticas era la asimilación de las causas penales y asistenciales a una misma línea de intervención que, configurando una institucionalidad jurídico administrativa originó ´el nacimiento de una cultura de judicialización de las políticas sociales supletoria´ (García Méndez, 1997 citado en Roigé, 2012) (…) Donde antes había ´riesgo moral y material´, se propone pensar en clave de `vulneración de derechos´. Este cambio paradigmático funda como correlato práctico, una nueva institucionalidad: se desjudicializan las causas asistenciales, por lo que de aquí en más las cuestiones referidas a la vulneración de derechos quedan en manos de los nuevos organismos creados para tal fin, y no ya exclusivamente del sistema judicial cuya competencia se re-define: en este nuevo paradigma cada estado debe hacerse cargo de poner en marcha un sistema de justicia especializado para menores de 18 años que cometan delitos. La figura del ´Juez de Menores´ queda sin efecto” (Sabarots, Salazar y Venzi, 2014: 4-5). No obstante, habrá que esperar recién hasta el año 2005 para que Argentina sancione la Ley Nacional 26061: Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y se derogue la Ley 10903 de Patronato de la Infancia. Ello ratifica la adhesión a la Convención Interamericana de los Derechos del Niño (1989) a la que Argentina había adherido en el año 1990, dándole un carácter constitucional en la Reforma de la Constitución Nacional del año 1994. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2007 entran en vigencia las leyes 13298, de Promoción y Protección Integral de Derechos y la 13634 en 2008, de Responsabilidad Penal Juvenil que crea el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Fuero de Familia. La principal innovación es la incorporación de los principios del debido proceso al fuero penal, con fiscales y defensores especializados en derecho de infancia. La puesta en vigencia de estas leyes implicó la construcción de un entramado institucional novedoso basado en el nuevo paradigma, lo cual no estuvo exento de tensiones y resistencias. Una lógica inercia burocrática y cultural se observa en cada territorio en la cotidianidad de las instituciones encargadas de gestionar

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las problemáticas específicas de cada niño, niña, adolescente y joven, con distinto tipo y grado de vulnerabilidad. Estos cambios en la legislación de la provincia de Buenos Aires tienen efectos concretos en los territorios específicos, y se evidencian en las trayectorias institucionales y en los relatos de los jóvenes, tal como veremos a continuación. En términos metodológicos, la información básica con las que contamos para el análisis presentado fue obtenida mediante sucesivas entrevistas en profundidad realizadas a cada uno de los jóvenes siguiendo la técnica de la historia de vida, de acuerdo a las estrategias teórico-metodológicas de Homero Saltalamacchia (1992). Procuramos crear una situación de entrevista de diálogo abierto y distendido, orientando la conversación hacia los temas o cuestiones relevantes para la investigación. En la mayoría de ellas participamos al menos dos miembros del equipo y en algunas se sumó otra persona del entorno del entrevistado, cuestión no buscada por parte nuestra. Siguiendo en parte los deseos de los entrevistados el lugar de los encuentros fueron alternativamente las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), el sitio de vivienda del entrevistado/a o algún espacio público acordado de la ciudad de Olavarría. La selección de los casos objeto de análisis fue de común acuerdo con una profesional de la salud que cuenta con una larga experiencia en la temática en Olavarría, y que posee vínculos de confianza y afecto con este perfil de jóvenes, derivado de su actividad profesional. Además, la mencionada es asesora de la Agencia de noticias para la niñez y la adolescencia ZUM de la Secretaría de Extensión de la FACSO, e integra nuestro equipo de trabajo. En el presente artículo por razones de espacio, nos limitamos a exponer dos casos de distinto género, pues dicha variable, resulta relevante para el tema tratado. Queremos aclarar que por las características particulares de cada historia, en Paula se hace más evidente y consciente la cuestión del cambio de paradigma legal, en tanto en Manuel se evidencia con mayor fuerza la violencia física sufrida, la irregularidad de la intervención y el estigma.

Situaciones “irregulares” e intervención del Estado El título de esta sección configura el modo judicial generalizado, por parte de los agentes estatales acreditados de intervención, de caratular como “anormalidad” y “desviación” situaciones evidentes de desprotección y vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, más allá que hoy está abierto el camino para construir otra mirada, en clave de vulneración de derechos y la obligación indelegable por parte del Estado de procurar su restitución. Nos centraremos aquí en los aspectos que los sujetos entrevistados perciben como situaciones violentas y conflictivas, teniendo claro como antropólogos que dichos conceptos configuran una construcción social e histórica. Como señala J. P. Matta: “Lo que es y lo que no es violento varía enormemente de un pueblo a otro lo que implica que en su dimensión empírica, las mismas situaciones pueden ser –y de hecho son- evaluadas de formas muy disímiles en función de las tradiciones en las que los actores han atravesado su socialización” (Matta, 2014;1).

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) Ello se verifica también al interior de las actuales sociedades complejas con fuertes desigualdades sociales y heterogeneidad cultural. En las ciencias sociales se ha asociado el concepto de violencia al de legitimidad, siendo la producción de Max Weber (1944) la que más influyó también en el campo de la Antropología. Se entiende la violencia concreta y/o simbólica como uso de la fuerza coercitiva inherente al orden de las sociedades humanas. La cuestión crítica entonces es delimitar cuando su ejercicio es legítimo y cuando no lo es, cuando un hecho merece o no la desaprobación moral por parte de un colectivo en una situación específica. En relación a la enorme inflación moral negativa que la violencia tiene en nuestras sociedades vale la pena la siguiente precaución: “…los investigadores de la “violencia” debemos hacer un doble esfuerzo: en primer lugar, por restituir a la “violencia” su justo lugar en la normalidad de lo cotidiano y lo habitual y, en segundo, para no olvidar tener en cuenta, a la hora del análisis, su papel positivo en el origen, sostén y refuerzo del lazo social, por más que todos nuestros reflejos intelectuales conspiren para que lo olvidemos” Garriga Zucal y Noel, 2009: 100-101). Recordemos que una de las maneras más generalizadas de definir el accionar del Estado es a través de la idea weberiana del monopolio y el uso legítima de la fuerza. Por oposición lógica se infiere que en toda sociedad habría de las otras violencias, las no legítimas, es decir cuando el ejercicio del poder no está autorizado por una determinada cultura política, principalmente desde la burocracia estatal en la que se delega dicho poder, cuestión que veremos en los casos analizados a continuación. Inicialmente los jóvenes elaboraron en las entrevistas un relato de orígenes conflictivos en su primera infancia y los atribuyeron a tres cuestiones fundamentales: problemas familiares ligados a la falta de cuidado y la violencia doméstica, la iniciación temprana en consumos de alcohol y drogas, y el desarrollo de prácticas tempranas de violencia y delito en la vía pública, que los sitúa en los márgenes de las instituciones socializadoras básicas. De este modo, las particulares trayectorias de cada una/o, más ligada a la primera causa señalada en el caso de la joven mujer y más ligadas a los siguientes factores señalados en el caso del joven varón, condujeron a distinta manera de intervención del Estado ante lo que considera una situación conflictiva en la que el entorno familiar no estaría en condiciones de hacerse cargo. Paula situó su nacimiento en la localidad de Temperley en el gran Buenos Aires y, siendo una beba de año y medio, fue ingresada junto con sus cinco hermanas a un hogar para niñas en Olavarría2. Permanecieron allí inicialmente cinco años y recordaba que durante su estancia en dicha institución su madre biológica no se desentendió: “Todo el tiempo que estuvimos en el hogar iba a visitarnos, al menos una vez al mes iba. Después desaparecía un par de meses, volvía. Pero, o sea, nunca dejó de vernos… No fue la gran madre pero bueno, al menos no nos abandonó. Dentro de todo, siempre estuvo” (Paula).

2.  Ciudad del centro bonaerense distante a unos 340 km. aproximadamente.

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Su madre sigue viviendo en la misma casa donde nació Paula, quien señaló la continuidad de condiciones de precariedad. Su padre es presentado como una figura ausente, a quien solo conoció siendo adulta, decía que: “Referentes masculinos así nunca tuve. Todas las personas del hogar son todas mujeres así que siempre...” (Paula). Las circunstancias específicas que llevaron a la internación de Paula y sus hermanas en el hogar de niñas de Olavarría no aparecen claras en el relato ya que era una beba, aunque se hace referencia a la intervención de la justicia y a un clima familiar-comunitario perjudicial para los niños, cuya influencia conducía fatalmente a un camino negativo: “Si nosotras hubiésemos ido con mi vieja cuando pudimos, iba a pasar lo mismo (en referencia a su hermano menor que se quedó con su madre y que según Paula no pudo remontar). Quieras o no, pasa, porque te lleva a eso. A dejar la escuela, y a tener una vida que no está buena” (Paula). Su experiencia relatada de retorno con su madre parece reafirmar lo dicho: “Pero bueno, nosotras nos fuimos del hogar, egresamos, vivimos cuatro años en Buenos Aires (Temperley) y fueron cuatro años que hicimos para atrás totalmente” (Paula). Allí estuvo con su madre hasta sus 10 años, momento en el que vuelve al hogar con una hermana y su hermano menor. Este retorno inducido por la denuncia de una hermana mayor por malos tratos por parte de la madre, fue justificado por Paula: “Además que en mi casa no estaba bueno tampoco para vivir, así que me quería volver. Pero bueno, no sé cómo pasó y volvimos” (Paula). Paula siguió viviendo allí hasta pasados sus 20 años, y relató que fue presionada de mala manera, al igual que otras compañeras que cumplieron los 18 años, a abandonar el hogar, dado que el subsidio del Estado es recibido por la institución hasta esa edad. Después…“vivían de prestado” como les decían algunas preceptoras. El caso de Manuel, con 22 años al momento de las entrevistas en 2013, se diferencia claramente de Paula en cuanto a su socialización primaria, ya que vivió gran parte de su niñez con sus familiares directos: madre y abuelos: “Me crie con mi vieja hasta los seis, me fui a vivir con mi abuela, después volví de vuelta con mi vieja como a los doce (…) y después me fui de vuelta con mi abuela y bueno después me llevaron a un instituto de menores y estuve tres años dando vueltas sin instituto” (Manuel). Su madre vivía en Loma Negra y su abuela en Olavarría, localidad y ciudad muy cercanas, respectivamente. Ese ida y vuelta de convivencia alternativa con su mamá y su abuela lo recuerda de forma contrastante: “(con su madre)…me escapaba de mi casa (risa)”, en oposición a: “No con mi abuela siempre buena relación, todo (Manuel). Luego a los 13 años tuvo una corta convivencia con su padre, quien dejó a su mamá cuando él tenía un año, que terminó mal: “Si estuve viviendo con él dos años, después no me traté más, me pelié y no me trate más (...) Nada, él quería que estudie, trabaje…yo estaba en una edad que quería jodé nomá” (Manuel).

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) En ese recorrido de niñez, es destacable la temprana intervención de la justicia cuando a los 6 años intercede para que Manuel deje su hogar materno en Loma Negra para ir a vivir con su abuela, a raíz de un incidente en la vía pública que lo tuvo como protagonista: “Porque tuve un problema allá en Loma Negra con una vecina que le pegué un piedrazo en la cabeza y ahí se metieron los juzgados de Azul… y me tuve que venir pacá yo” (…) “Si, iba caminando yo con mi hermana y mi hermana me dice: Tirale un piedrazo! Y agarre una piedra y le tiré” (Manuel). En ese período con su abuela en Olavarría comenzó la escuela, aunque no parece haber estado a gusto allí: “Náh, mal me iba, no iba a la escuela nomas, me rateaba” (Manuel). Después, cuando regresó con su mamá, retomó el nivel primario en otra escuela de Loma Negra, aunque su relato reitera sus “escapadas” de la institución. Relató Manuel que a los 14 años por una causa de robo, que él vincula a su consumo problemático desde niño, fue trasladado por primera vez a un centro de contención en la ciudad de Tandil, iniciando allí tempranamente su derrotero institucional. Esa instancia fue recordada por Manuel como un engaño y una mentira: “Ahí me re-chamuyaron a mí” (Manuel). Creemos necesario aclarar que en el caso de Manuel nos resultó muy dificultoso reconstruir cronológicamente su relato. Por una parte él mismo se excusaba diciendo que le costaba recordar con precisión y, por otra parte, también es cierto que en un período de tiempo relativamente corto lo trasladaron a diversas instituciones de “contención” y penales agravado con “fugas” reiteradas y vuelta a ser aprehendido. Por lo tanto el trabajo no pretende ser estricto en ese sentido sino más bien se centra en las improntas subjetivas de dichas experiencias que emergen de su relato.

Las marcas subjetivas de los conflictos y las violencias Como vemos en lo expuesto hasta aquí, son diversos los caminos recorridos por los jóvenes y complejas sus experiencias. Nos detendremos sobre todo en cómo son significados esos conflictos que pueden devenir en situaciones vividas de forma violenta. En principio, es posible establecer una diferencia de género3 en los relatos, teniendo en cuenta que los jóvenes entrevistados reproducen en parte los estereotipos masculino y femenino de los sectores populares de nuestras sociedades, más allá de las situaciones de vulnerabilidad expuestas, y la mayor exposición a ser víctimas de la violencia institucional. En el joven, a pesar de relatar experiencias de violencia física extremas sufridas, parte de ellas son asumidas en tanto constructoras de su condición masculina. Ello se afirma por la exposición de historias personales épicas en las que no necesariamente quedaba bien parado en la contienda con otros. Manuel contaba que: “Yo tuve un problema con un pibe ahí (se refiere a la primera institución de contención en la que estuvo en la ciudad de Tandil) y… una discusión, estábamos acostados y… se paró el loquito y nos estábamos descansando con un pibe de Bahía Blanca… estaba enojado ahí… se paró y me la puso. En el ojo, yo estaba 3. Según Lamas: “El género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base” (Lamas, 2007:1).

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acostado así, lo estábamos jodiendo al loco, el loco se tenía que ir de traslado y le decíamos que lo iban a mandar allá, a coso… al Alfaro y le iban a romper el ojete (…) Sí, me tuvieron que internar. Me dejó el… un nervio entre la córnea y un hue… no, un músculo. Estuve como… sí, como tres días internado” (Manuel). Estas experiencias son interpretadas por los actores como una violencia legitimada entre pares masculinos que es naturalizada en términos culturales (en la cita se ve que la peor ofensa que desata la agresión es poner en duda la condición masculina). También se relatan, principalmente por parte de Manuel, formas de violencia institucional y policial que claramente son significadas como no legítimas y que implican una relación asimétrica entre empleados-funcionarios del sistema judicial carcelario y los internos-presos sujetos de castigo. Él lo caracterizaba como una actitud permanente de “verdugueo” por parte del personal penitenciario. Para referenciar lo dicho, nos contaba: “Por ahí si te tomaba de punto algún coordinador iba y te escupía la comida y lo tenías que comer o no te la daba a horario o te levantaban más temprano de lo que tenías que levantar. Cuando ingresas te dan un papel así con las reglas de ahí. Te hacían limpiar y después te ensuciaban de vuelta y te hacían limpiar todo de vuelta, todas cosas así” (Manuel). Fuera de las instituciones por las que pasó, Manuel contó distintos episodios de conflicto y violencia con las fuerzas de seguridad en el espacio público, en Olavarría y en Bahía Blanca. Además refiere a un continuo acoso policial luego de ser señalado por la fuerza de policía por sus antecedentes. Este acoso policial que se vincula a la estigmatización en su pueblo va a ser muy importante en su recorrido post-institucional. En las entrevistas Manuel refiere que como consecuencia de su adicción temprana a la marihuana, a la cocaína y al alcohol, robaba sistemáticamente en Loma Negra para disponer de dinero. Por eso su causa es por robo y fuga reiterada. Siendo un pueblo pequeño en donde “todos se conocen”, dominando lo que en el campo antropológico se caracteriza como relaciones multiplex4 (Gluckman, 1966) se generó un movimiento colectivo en torno a la Sociedad de Fomento para expulsar y no permitir el ingreso al pueblo a Manuel y otros jóvenes en similar situación, con el apoyo de la policía local: “Claro, primero hicieron una (reunión de vecinos) que expulsaron a tres de los pibes que allá estaban conmigo y a mi bueno me llevaron al instituto. Y ahora la última vez hicieron una hace poco, pero yo ya no hacía nada” (Manuel). En una de las entrevistas, el amigo de Manuel5reafirma sus dichos y denuncia la actitud de algunos vecinos del pueblo: “Te cuento, allá en Loma Negra por ejemplo cuando él andaba así(quiere decir robando) la gente se reunió, entonces todos dijeron ahí en la Sociedad de Fomento: `ya sabemos quién es´, le decían al policía en la 4. Concepto que surge del análisis de sociedades de pequeña escala y refiere a enlaces de redes sociales que contienen más de un contenido, utilizando la metáfora de relaciones de trenzado múltiple o relaciones de muchas hebras. 5. Se trata de un señor bastante más grande que Manuel que estuvo presente en varias entrevistas.

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) reunión, pero nadie dijo: `bueno tiene problemas él, de adicciones`, nadie dijo eso, no ‘este roba tiene que ir preso de por vida o…`, y bueno entonces hacían esas reuniones y inclusive no querían que vaya a la villa él, los mismo milicos sabían que vos no tenías que entrar a la villa” (amigo de Manuel). Es sabido que el destierro, el exilio, la expulsión de la sociedad es de los castigos más temidos y crueles en la historia de la humanidad, ya que nuestra condición es ser sociales “por naturaleza”. En ese sentido M. Godelier (1989) advierte sobre la existencia de una ley, para todo individuo desde su nacimiento y cualquiera sea su género, esencial para la especie humana: “…la de que ésta no es solo una especie social, que los individuos no sólo viven en sociedad sino que además, para vivir, están obligados a producir sociedad” (Godelier, op.cit.:1156). La situación que referencia el amigo de Manuel trata de lo que al inicio de este artículo se señala como un imaginario muy instalado en la sociedad argentina acerca de los jóvenes marginados que en distintas circunstancias y escenarios ha producido fenómenos aislados de “linchamientos públicos”; en nuestro caso mediante la peor violencia simbólica que un colectivo puede ejercer sobre un individuo: la expulsión de la sociedad. No se trata solo de la violencia proveniente de las instituciones de “contención” y penales, cuyo origen puede atribuirse a un “otro estatal” más bien lejano, de la que Manuel fue víctima consciente. Sino también de esta otra condena proveniente de la sociedad en la que se crió que decide separarlo tal como aconseja la metáfora popular de la “manzana podrida”. Las palabras de su amigo, quien también es vecino de Loma Negra, tensionan la legitimidad de esa violencia colectiva y a la vez cuestionan la cultura política que la hace posible. En el caso de Paula, su relato muestra que si bien en el hogar de niñas se presentaban conflictos horizontales entre grupos (menciona “las sweetis” vs. “las explotadoras”) esas diputas no se dirimían centralmente en el terreno de la violencia física (tal como indica el estereotipo masculino) sino mas bien en términos de disputas en el terreno del liderazgo, la influencia y la dominación-sumisión en el dominio simbólico de las luchas de poder. Se trata también como lo visto en el caso de Manuel de relaciones entre pares internos/as, significadas como violencia legítima en una situación de encierro. Nuevamente en el caso de Paula se denuncian como situaciones moralmente reprobables a aquellas donde intervienen vínculos de relaciones asimétricas que asumen características especiales en las llamadas instituciones totales6 (Goffman, 1970). No obstante entre “el personal” Paula estableció diferencias significativas. En primer término, de quien era la Presidenta de la Asociación que está a cargo del Hogar en términos formales, dijo: “Pero es muy… figura nada más que para la fotito abrazando a las nenas, y eso es lo peor que puede haber” (Paula). Sostuvo que a pesar de transcurrir allí casi toda su vida, ellas (en referencia al grupo de mujeres que dirigen la Asociación) no saben ni su nombre. El no ser mirada, el no reconocimiento aparece en su relato como lo más doloroso y humillante. 6. Según el autor: “Se trata de un hibrido social, en parte comunidad residencial y en parte organización formal…En nuestra sociedad son los invernaderos en donde se transforma a las personas” (Goffman, 1970:21-25). Es el lugar de residencia y de trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un considerable período de tiempo comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente y que presentan un carácter binario por el hecho de enfrentar internos y personal con cuotas de poder desigual.

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Otro cargo clave en la institución señalado por Paula es la Directora operativa, ya que se trata de quien toma las decisiones fundamentales imprimiendo una orientación específica. Paula muestra haber transitado y reflexionado sobre un proceso de cambio institucional en el hogar, producto del cambio del paradigma legal antes mencionado. Ella lo expresa sobre todo en los estilos y orientaciones de la directora operativa de la institución, contrastando como era antes y ahora: (Antes) “…y G.N. era la directora, se quedaba a dormir ahí adentro. A esa sí que le tenías miedo. Capaz que estábamos con las patitas arriba, traa!, con la chancleta y picaba como la mierda eso. No, G.N. fue tremenda. Igual fueron otras épocas, el hogar estaba mucho mejor, había mucho más orden de lo que hay hoy. En nuestra época si nosotros llegábamos a faltar el respeto era un mes sin salir y tareas comunitarias encima. (Ahora) “O sea, no era como ahora. Las chicas ahora tienen toda la libertad del mundo que quisiéramos haber tenido nosotras” (Paula). (Antes) “No, nosotras pasábamos agachadas por la Dirección, pasábamos a gatas para que no nos vean. Como eran las puertas antiguas, altas, que tienen la madera así, y pasábamos agachadas. Si nos veían el grito ´¡Paula!´ y era para un reto” (Paula). (Ahora) “Con M.L fue otra cosa, hablábamos más, todo. Yo ahora con M.L. no, no... o sea, hay muchas cosas que me molestaron también. Pero antes era peor, reconozco que cambiaron mucho las cosas, algunas para bien otras para mal. Cuando entró M.L., ni bien entró nos dijo ´miren, si a ustedes les pasa algo conmigo pueden hablar, fíjense que ustedes tienen derechos´. M.L. nos vino con la parte de los derechos y un montón de cosas...” (Paula). A partir de sus palabras, se infiere que prevalecía en el pasado una estructura institucional jerárquica con claras normas cuya inobservancia suponía castigos para las niñas, no exento de algún “golpe correctivo”. La palabra de las internas en términos de reclamo de sus derechos estaba prácticamente vedada, tanto en la institución como en los juzgados. Si bien Paula valora la libertad con la que cuentan las chicas del Hogar ahora, su visión no es complaciente en el sentido que el nuevo paradigma cambió todo para bien, ya que recupera valores positivos del pasado; mas orden, disciplina y premios y castigos de acuerdo al comportamiento de cada quien. Manifiesta, tal vez, una visión nostálgica de un pasado valorado en el Hogar que subjetivamente fue construido como “su casa”, “su lugar”. La violencia legítima ejercida en el marco del paradigma anterior, que se acercaba a la sumisión autoritaria, pierde legitimidad con el nuevo paradigma democrático. Pero las conductas y las costumbres no cambian por decreto, es de esperar un período que podemos calificar de “incertidumbre normativa” en la que muchos actores no saben bien que hacer y es plausible un reacomodamiento lento hacia un nuevo arreglo entre la nueva normativa y las conductas de los actores involucrados, que siempre configura un equilibrio inestable. Para Paula la nueva gestión de la dirección fue un quiebre favorable pero no en todo sentido. Además, la apertura al diálogo y a la participación de las chicas generó nuevas demandas por parte de ellas y nuevos desafíos para la dirección. Decía Paula:

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) “Y nosotras tampoco sabíamos quién tomaba las decisiones porque le decíamos a M.L. ´¿y por qué le hicieron esto a coso?, por qué se la llevan, por qué la están empastillando y por qué está atada a una camilla?´ y no sabía qué decirnos. Y nosotros le reclamábamos muchas cosas ya, porque había cosas que a nosotras no nos gustaban, nosotras siendo las más grandes y las más viejas, había cosas que decíamos que no” (Paula). Al recuperar márgenes de libertad, se retoman elementos básicos de la condición humana como es la posibilidad de decir que no frente a situaciones que se evalúan inconvenientes o injustas. Creemos que el deseo institucional de que “las viejas” dejen el hogar, argumentando una racionalidad económica al cortarse el subsidio del Estado a los 18 años, también estaba motivado por causas no económicas, como esta falta de docilidad frente a las decisiones de la dirección. Paula diferencia en su relato otras categorías dentro del personal del hogar: las preceptoras y las psicólogas/trabajadoras sociales. A diferencia de “las damas” (forma irónica de referirse a quienes presiden la Asociación) las preceptoras son las que estaban todo el tiempo con ellas: “Y viven más con nosotros que en sus casas. Pero bueno, dentro de todo creo que las preceptoras, la reman” (Paula). En ese sentido no es casual que una preceptora hoy fuera de la institución fue “adoptada” por Paula como su madre, a quien se refería con ese rol. Esa relación también estuvo atravesada por violencia según Paula, pero justificada por ella en términos educativos y de imponer un respeto necesario. Desde el presente Paula parece recuperar positivamente ese vínculo que en otro momento fue vivido con disgusto y violencia: “Te está rompiendo las pelotas, te está cagando a pedos y te persigue, y te dice: ´anda a la escuela, anda a la escuela´, ´hacé esto, hacé lo otro´, es porque está…en cambio las demás personas...creo que es con la que peor me llevaba, discutía un montón, y es con la que hoy, es la única persona. Y nos juntamos, las chicas del Hogar, así, con ellas a cenar todas en el dpto., genial. Lo bueno es que seguimos teniendo contacto entre nosotras también (…) además estuvo siempre. Me enseñó a ir al baño, me enseñó todo. Hoy en día la veo, a la casa vos entras y está la foto mía, cuando jugaba al vóley” (Paula). No deja de ser paradójico que esta persona tan significativa en la vida de Paula, ya que según sus palabras se ocupó de su crianza, haya sido separada de la institución bajo la acusación de hechos puntuales de ejercicio de violencia indebida. Volvemos aquí al punto crítico del límite entre la violencia tolerable e intolerable, que como muestra el ejemplo, puede prestarse a discrepancias. También es posible que prácticas violentas otrora toleradas y hasta fomentadas, sean en tiempos recientes objeto de censura de acuerdo al cambio del paradigma legal. Otros actores significativos dentro del personal a los que se refiere Paula son aquellos que podemos llamar “expertos”: profesionales psicólogas y trabajadoras sociales quienes hacen el seguimiento, registro y “tratamiento” de las niñas que pasan por el Hogar. La vinculación con ellos es significada por Paula en términos de tensión y asimetría de poder en la que se definen cuestiones importantes de su vida pero desde un lugar de subordinación. Violencia simbólica legitimada por el poder que le otorga su condición profesional, pero a la vez fuertemente resistida de acuerdo a los relatos. Las entrevistas con los expertos constituyen para nuestros informantes (y no solo para el caso de Paula) instancias de

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negociación en las que se ponen en juego consecuencias más o menos coercitivas y posibilidades de acceso a determinados beneficios. Pero donde lo que prima en general es una suerte de desconfianza que se torna base del vínculo: “Eso que te dicen de que queda todo ahí, de que lo que contás es secreto, vamos…es mentira. La psicóloga manejaba nuestros papeles para el juzgado, se ponían a hacer cosas que iban para los juzgados, nosotras teníamos que hacer un comparendo y eso iba al juzgado. Ahí (dentro de la institución) no sirve una psicóloga. El espacio terapéutico tiene que ser afuera y realmente privado. Para resolver conflictos tampoco servía. Hacíamos reuniones donde nos hacía decirnos todo y después afuera nos matábamos. Nos parecía al pedo, no ayudaba a nadie” (Paula). Y también en otros contextos institucionales Manuel nos decía: “Ahí adentro aprendés a bancártela solo, sabes que no podes confiar en nadie, menos en los psicólogos que son los que hacen los informes para el juez” (Manuel). Los legajos elaborados por los expertos adquieren un significado central en tanto material base para la toma de decisiones del juez o de las instituciones tutelares que inciden directamente sobre la vida de las y los jóvenes. Sobre este tema los relatos de Paula ponen de manifiesto y transparentan relaciones de poder-subordinación naturalizadas por la cultura institucional. Un episodio disruptivo que relató sobre la sustracción o “apropiación” de sus legajos, abona lo dicho y muestra los mecanismos de control y resistencia al interior de la institución, focalizado en la violencia más sutil aunque más eficiente de “los expertos”: “Me lo saque (…) lo sacamos del hogar” (...) “Y lo genial de eso, es que vos los lees y están, tus análisis psicológicos, las entrevistas a mi mamá cuando éramos chicos, las entrevistas psicológicas a mi mamá y toda una cosa que es tu vida. O sea vos vas leyendo, `Año 1993… Yo entré en el 94, casi 95, todo´. Los médicos, cómo ingresamos, la manera cómo ingresamos, está todo ahí (…) te das cuenta de un montón de cosas también, que vos lo lees y te das cuenta, ´ah por esto era´, ´Ah, mira por lo que entramos´, nosotras nos dimos cuenta ahí que habíamos entrado por x causas” (Paula). La transgresión que les permitió el acceso a información vedada para ellas no supuso cuestionar su veracidad general, ya que cuenta con el aval y peso del saber experto. Su relato manifiesta un fuerte impacto en el momento de su lectura tanto en ella como en su hermana, por lo que es muy probable su impronta en la construcción de su subjetividad: “en ese momento te das cuenta de un montón de cosas” (Paula), lo que implica la incorporación del legajo a su propia identidad. No obstante, el hecho de haber consumado dicha “apropiación” de sus legajos implica una actitud de resistencia al orden institucional, cuestionando las relaciones de poder y el lugar que cada actor debe ocupa en esa estructura. Hay un reclamo parcialmente formulado de derecho a saber sobre sus propias historias y a la necesidad de ser escuchadas: “Además nosotros no entendíamos nada. Ni sabíamos que teníamos problemas para hablar, ni sabíamos que teníamos...nada. Y que mi hermana tenía un retraso, menor, obviamente, de crecimiento y un montón de cosas” (Paula).

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) “Tampoco teníamos eso de que ahora las chicas lo saben, entendés. Que vos vas al juzgado y podes hablar, decir lo que te pasa, si te pasa algo, si te tratan bien y podes hablar con toda la libertad del mundo, y creo que, está bueno, pero está bueno también que estén, porque no puede ir uno a una jueza y decir ´ah, no porque acá me pegan y esto, lo otro y eso´, si vos no estás ni ocho horas acá, ¿Qué sabes qué pasa acá dentro?” (Paula). Con mucha lucidez, Paula plantea las dificultades de impartir justicia desde los despachos judiciales, y la necesidad de “estar ahí” para saber lo que pasa. Tampoco parece sencilla la solución en la medida que se requiere como mínimo un confiable trabajo en equipo del ámbito judicial, con una formación especializada y financiamiento adecuado. Otra dimensión significativa para Paula es la relación con el afuera mientras vivió en el Hogar de niñas. Está presente continuamente sentir la discriminación y hasta el estigma, desde sus relatos de los pibes que les gritaban desde afuera que no tenían padres, hasta ser señaladas acusatoriamente en el contexto escolar como las culpables de situaciones de conflicto o robo; “siempre éramos `las chicas del Hogar´”. Violencia simbólica a diferencia de Manuel que suma la violencia física dentro y fuera de las instituciones. No obstante también veremos a continuación que ciertos vínculos con el afuera de Paula, producto de su participación en talleres de formación, le aportaron un capital social y afectivo reconocido por ella, y que pudo utilizar favorablemente.

Los recursos post-institucionales Veremos en este apartado algunos recursos fundamentales que emergen de las entrevistas, vinculando la singularidad de los casos analizados con problemáticas más generales de las juventudes vulnerables en su transición a la vida adulta, en la Argentina actual. Decíamos al comienzo que las entrevistas expresan tanto la mirada sobre su pasado institucional, como su presente de lucha por el reconocimiento como personas, con “una mochila” difícil de cargar que los ubica en una situación de desventaja relativa. Legisladoras de la provincia de Buenos Aires se han hecho eco de esta problemática proponiendo Proyectos de Ley en estado de debate parlamentario para extender la edad de protección de las instituciones a los 21 años, y generar herramientas para lo que denominan auto valimiento en esa etapa crítica del egreso de los chicos y chicas. En términos generales los recursos que los entrevistados reconocen no son identificados como provenientes de las instituciones como conjunto, sino más bien se expresa un relato de expulsión en el momento que la ley así lo prescribe. Decía Paula: “Prácticamente nos echaron a todas las últimas, D. y K. se fueron por su cuenta, agarraron sus cosas y se fueron. Plantaron bandera en la casa de ellas, que había una gente metida, sacaron a esa gente y se plantaron ellas. Con un colchón y una pavita eléctrica. En mi caso no, tuve un poquito más de aguante. No sé si fui más viva pero como que me la banqué. Yo les dije: ´no me voy a ir de acá si no tengo un laburo, de acá sin un laburo no me voy´ y ellas te decían ´acá no tenés más nada que hacer y te vas´, y ellas no te daban ningún apoyo. Yo todo el apoyo que recibí fue de afuera, en un tiempo me había puesto re mal, no con-

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seguía trabajo, me estaban echando y no conseguía laburo y me había puesto re mal (…) O sea, andaba tirando curriculums. Y te corrían, o sea, yo y mi hermana ya éramos viejas, teníamos 20 años (Paula). Más allá de los discursos bien intencionados que abogan por la reinserción de los/las jóvenes institucionalizados/as a la vida social como objetivo supremo de las intervenciones, en las operaciones cotidianas suele haber un desinterés marcado por el futuro de los jóvenes luego del egreso, dejándolos a su propia suerte. Tampoco es justo generalizar y sabemos de interesantes iniciativas institucionales de seguimiento y promoción laboral de jóvenes que han pasado por situaciones de (semi)encierro, aunque configuran experiencias aisladas. También es evidente el compromiso que a título individual asumen algunas personas que trabajan en dichas instituciones y que no abandonan a los jóvenes, aportándoles en términos bourdianos: capital social, cultural, afectivo, etc. Ese apoyo de afuera que encontró Paula lo vinculó a tres “referentes”, tal como ella las denominó, a quienes conoció fuera del hogar a propósito de la realización de talleres sobre sexualidad, consumos problemáticos, periodismo, etc.:“sí, yo tuve referentes muy fuertes como A., S. y C. que las conozco desde que tengo 14 años más o menos y empecé a hablar de todo” (Paula). “Las viejas”, como las llama afectuosamente, le brindaron un espacio de diálogo importante en su proceso de socialización adolescente. Específicamente una de ellas fue señalada por Paula como quien pudo escuchar su problemática de orientación sexual sin preconceptos morales. En el plano laboral Paula tuvo el asesoramiento de esos referentes para inscribirse en el Plan Jóvenes con Más y Mejor trabajo (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) mediante el cual obtuvo un empleo en un restaurante de Olavarría, en el marco de la precariedad que cualquier joven con poca calificación se inicia en el trabajo en la Argentina de hoy. El caso de Manuel es algo diferente en cuanto a los recursos durante su institucionalización y una vez en “libertad”, luego de cumplida su condena. Su trayectoria es indisociable del estigma que se manifestaba principalmente en relación con la institución policial y con los vecinos del pueblo en donde creció y volvió cada vez que se fugó. Cuando cumplió dieciocho años, regresó a su pueblo, sin embargo nos contaba: “Yo me tuve que ir de acá. Me tuve que ir al sur yo porque si me quedaba acá me iban a pegar un tiro en la cabeza los milicos. Me agarraron en la calle, me mataban a piñas, me llevaban a la comisaría, me largaban… como que si yo no hubiese estado. Yo llegaba todo roto, llegaba. Mi vieja me veía. “¿Qué pasó?” me dijo. “No, los milicos” le dije. “¿Cómo que los milicos?”. Me veían y me llevaban. Éramos diez chupando, a mí me llevaban nomás. Es más, no te llevaban a hacer precaria, ahí, en la salita… ¿viste que a vos te llevan, te meten preso y te tienen que llevar a la salita para ver que vos no estás con ningún golpe, y después vos salís también? Te tienen que llevar a la salita. Que te hace precario el médico, el médico… policial. Me han llevado pero si el médico éste está metido con los milicos, si es médico policial, es… Todo roto” (Manuel) En ese contexto social hostil, su relato se orienta mas a identificar los apoyos que lo ayudaron en relaciones afectivas de pareja y amistad, aunque sabemos indirectamente que también estuvieron presentes apoyos profesionales, en particular expertos de la salud.

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) Su historia encadena una sucesiva producción de vínculos de pareja, desde antes de su primera internación en una institución en la ciudad de Tandil, producto de la cual tuvo su primer hijo, hasta una última relación de pareja con la que tuvo una beba, luego de la sesión de entrevistas del presente Proyecto. En distintos momento de su vida manifestaba los beneficios que en contextos de encierro o afuera implicaban esos vínculos; tanto afectivos, de intercambio de favores, bienes y servicios, así como laborales. De hecho, su último noviazgo le supuso incorporase como trabajador en el emprendimiento familiar de producción de carbón, propiedad de su suegro en un pueblo cercano a Olavarría, aunque se trataba de una actividad discontinua. Otra referencia importante para Manuel fue un kiosco en Loma Negra. Allí encontró, cerca a la casa de sus abuelos donde vivía alternativamente, un espacio de encuentro con amigos que se interesaron por él. El amigo que lo acompañó a algunas entrevistas pertenece a ese grupo y contaba que lo apoyaron en lo que pudieron dándole algunas “changas” y comprendiendo su difícil situación de estigmatización en el pueblo. En su parquedad, Manuel expresaba claramente una preocupación reiterada sobre su dificultad para conseguir empleo, agravado tal vez por la responsabilidad de su reciente paternidad. La vida de Manuel tuvo un final trágico a finales del año 2014, como consecuencia de suicidio, consumado finalmente luego de varios intentos a lo largo de su vida. Sus relatos ligaban esos intentos con etapas muy críticas de sus consumos problemáticos, y manifestó durante la participación en nuestro trabajo, su deseo de dar a conocer los malos tratos que había sufrido injustamente siendo un menor de edad, “para que a otros pibes no les pase lo mismo que a él”. Este recorrido por dos historias de vida atravesadas por situaciones conflictivas y de violencia muestra también que no han estado exentas de sostenes y recursos, reconocidos y valorados por los mismos sujetos. No obstante las marcas subjetivas y, sobre todo la mirada y el accionar de “los otros” adquieren un valor condicionante en su lucha cotidiana por el reconocimiento. Y entre esos “otros” figura un actor fundamental que es el Estado, que en el despliegue heterogéneo de sus agentes y sus distintas agencias produce avances, continuidades y retrocesos en la política que involucra a las juventudes vulnerables. No siendo el único vector que influye en sus vidas, si es un factor indispensable en la posibilidad de plasmar en los hechos el camino hacia el nuevo paradigma legal y cultural para niñas, niños y adolescentes.

Conclusiones Lo presentado hasta aquí nos habilita para retomar algunas cuestiones generales planteadas al comienzo de este artículo y ponerlas en relación con el análisis de los casos construidos mediante los relatos de las dos historias de vida. En primer lugar la cuestión de la inseguridad y el miedo al delito como rasgos emergentes de nuestras sociedades tiene clara vinculación con las llamadas “poblaciones de riesgo”, y las políticas públicas desplegadas para su gestión y control. Ello implica entramados burocráticos y representaciones

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que entretejen complejamente políticas sociales y políticas de seguridad que apuntan a las familias precarias, y en especial a las y los jóvenes de los sectores populares, que como afirmamos inicialmente aparecen como la figura amenazante por excelencia (no la única) para los sectores sociales consolidados, y también en grado creciente para sectores medios que han logrado despegar de la pobreza. Ello ha creado en la Argentina luego de la crisis de 2001 un clima social y una construcción de sentido dominante poco amigable para los jóvenes vulnerables de aquellas familias precarias de donde provienen tanto Paula como Manuel. Esas condiciones domésticas no se restringen exclusivamente a la insuficiencia de ingresos monetarios sino a vínculos entre sus miembros signados por el abandono y/o el mal trato. Poniendo en tensión ese sentido común punitivo que prefiere el castigo y el encierro, y a la luz de los relatos de los jóvenes, podemos retomar esa idea de poner en evidencia a qué le tienen miedo estos jóvenes y cuales son para ellos los vectores de su inseguridad, pensando en que ello varía de acuerdo al lugar ocupado y atribuido en la sociedad. Inicialmente se manifiesta una clara diferencia en cuanto al género. El temor de Paula transita por el no reconocimiento, la humillación y la discriminación, sufridas en su propio “Hogar” y en instituciones externas como la escuela. Claramente se trata de violencia simbólica y en menor medida violencia física. Ello cambia para el caso de Manuel para quien poner en juego su masculinidad lo llevó a situaciones límites de violencia física. Todo ello está condicionado por una cultura de género en los sectores populares que en parte los predispone a cumplir su rol esperado. Las historias se distancian en la medida que Manuel sufrió una profunda estigmatización en su pueblo: configura para el sentido común dominante el arquetipo de “pibe chorro”: drogadicto, ladrón, violento, etc. que habilitaba separarlo de la sociedad con ayuda de la justicia y la policía. En su caso, hay una clara conciencia de la mala intervención en su largo recorrido institucional sintetizado por su amigo cuando dice: “Manuelito estuvo en lugares que no debía estar”. Paula tiene una representación distinta de la institución en la que se crió, como vimos hace un balance positivo: “me salvó”, sin ahorrarse resistencias y críticas de distinta índole. Se pone en discusión aquí un tema muy cuestionado y debatido acerca del valor de las instituciones que suplantan a la familia, y que abre un interrogante sobre el carácter irremplazable de los lazos familiares, en parte mistificados por nuestra cultura. Para terminar, es interesante retomar a qué le tienen miedo y cómo evalúan sus riesgos una vez fuera de las instituciones. En este punto hay una clara convergencia entre los dos casos; ambos saben que sin trabajo sus vidas afuera son casi inviables. Paula resistió todo lo que pudo en el Hogar con el argumento que “de aquí no me voy sin un laburo”. Manuel ya en libertad en Loma Negra les dijo a sus amigos que no quería seguir con la vida que había tenido y les pidió trabajo, solo le pudieron dar unas “changas”. Luego de ser padre, su preocupación era que no conseguía empleo y la dependencia de la familia de su pareja. Claramente para ellos, como para tantos otros jóvenes los vectores de la inseguridad pasan por dos dimensiones que se retroalimentan mutuamente: el no reconocimiento y la estigmatización (que lle-

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Experiencias y representaciones de la violencia y el conflicto en las trayectorias de jóvenes institucionalizados de la ciudad de Olavarría (2013-2015) ga a la violencia física en el espacio público en el caso de Manuel) por una parte, que a la vez dificulta la posibilidad de acceso a un empleo digno por otra, único camino para escapar a la exclusión social. Como vimos a lo largo del trabajo las condiciones estructurales y el clima cultural de época condicionan pero no determinan, crean límites variables para distintos casos, dentro de los cuales los sujetos hacen su juego con relativa autonomía. Contexto que no solo es un telón de fondo general sino que también puede ser texto de las tramas de sufrimiento y resistencia que los jóvenes relatan, y que pone al descubierto en toda su variabilidad y riqueza el acercamiento etnográfico.

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Sabarots, Horacio; Salazar, Mayra y Agustín Venzi “Transformaciones jurídico-culturales hacia la recuperación de derechos de las y los jóvenes. Una mirada desde las historias de vida en una ciudad media”, en: XI Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario, 23 al 26 de julio de 2014, pp. 1-24 Weber, Max Economía y Sociedad. Buenos Aires; Fondo de Cultura Económica, 1944, 1237 pp.

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Jóvenes, familias Privatizaciones. Rol del sindicalismo e instituciones tutelares: Caso analizado: controversias enFoetra torno a la categoría de responsabilidad Raúl Irigaray Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. U.N.R. Salazar * Mayra UNICEN-CONICET maynairsalazar@gmail.com

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Resumen

Este artículo propone una problematización sobre la dimensión moral de la relación institución-familia-joven en torno a la experiencia de la tutela estatal y las diversas sensibilidades morales que ésta activa. Para ello se parte de la presentación de una historia de vida que recorre la trayectoria institucional un joven1, ex residente de un Hogar Convivencial2 para adolescentes varones, a quien luego de un acontecimiento conflictivo la institución decide egresar tras una prolongada residencia. La situación suscitó una controversia centrada en la categoría de responsabilidad, entendida aquí como obligación por el cuidado y la protección de la persona menor de edad. Se recuperan los sentidos en tensión entre Francisco, su mamá y parte del equipo institucional sobre las competencias y límites que los actores se atribuyen a sí mismos y entre sí respecto de a quién y cómo corresponde la responsabilidad por el cuidado y la protección de los jóvenes en situación de tutela. Palabras claves: jóvenes tutelados - responsabilidad - controversia

Abstract

This article proposes a problematization on the moral dimension of the institution-family-young relationship regarding the experience of state tutelage and the diverse moral sensibilities activated by it. To that end, we present a life story recovering the institutional trajectory of a young, former resident of a Dwelling Home for adolescent boys, whom the institution decides to expel after a prolonged residence due to his involvement in a conflict. This situation sparked a controversy about the category of responsibility, understood here as the obligation to care and protect a minor. We recover the senses in tension between Francisco, his mother and part of the institucional team concerning the faculties and limits that the actors attribute to themselves and between each other regarding whom (and how) is responsible for caring and protecting young people at tutelage. Keywords: young at tutelage – responsibility – controversy

Mayra Salazar, “Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 194-216.

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad 1 - INTRODUCCION12 Contextualizando el problema: una investigación “a demanda” sobre la institucionalización como forma de intervención estatal. La problematización propuesta en este artículo se desprende de un proyecto de investigación-extensión “a demanda” surgido a fines de 2012 por inquietud de una legisladora provincial, integrante de la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y su asesora, una pediatra ex Directora Municipal de Niñez durante 2007-2008, periodo durante el cual se llevó adelante la reforma jurídico-administrativa en el campo de las políticas de niñez y adolescencia en la provincia de Bs As y también en el distrito en que se localiza este trabajo. Ambas proponen a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN realizar un trabajo de investigación orientado a la transferencia de resultados a la gestión pública, sobre el alcance de las transformaciones jurídicas sancionadas a mediados de la década de 2000 en materia de niñez y adolescencia en nuestro país y en la provincia de Bs.As., focalizando en la práctica de la institucionalización de niños, niñas y jóvenes como modalidad de intervención estatal que alcanza casi exclusivamente a un sector particular de la infancia y la adolescencia: aquél en situación de vulnerabilidad social. Con el patrocinio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Extensión formula un proyecto de investigación-extensión con el fin de verificar el alcance del proceso de reforma legal en el campo de las políticas de niñez y adolescencia a través de la producción de una historia de vida basada en la trayectoria institucional de otro joven: Manuel, con quien la médica conservaba un vínculo de confianza forjado durante su paso como funcionaria por la gestión pública. Se convoca a nuestro equipo3 para realizar las tareas de investigación con un encargo especial: que la producción tenga como formato un libro para un público amplio, destinado al uso como material formativo y de reflexión en diversos contextos educativos. Una vez convocados, propusimos redefinir algunas cuestiones de enfoque y metodología. En primer lugar, más que “corroborar” con la ley 13298 en la mano si las prácticas institucionales que emergen de los relatos experienciales de los jóvenes se acercan o alejan de los mandatos consagrados en el plexo normativo, planteamos la producción de un texto que recupere desde la perspectiva de los jóvenes la experiencia de la institucionalización como forma particular de gobierno de la infancia (Llobet, 2013) * Lic. en Comunicación Social. Núcleo Regional de Estudios Socioculturales. Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Becaria doctoral CONICET. Contacto: maynairsalazar@gmail.com 1. Este escrito se desprende del proyecto de investigación-extensión “Crecer fuera de casa: relatos sobre la institucionalización” cuyo objetivo es problematizar la institucionalización como modalidad de intervención estatal, desde la perspectiva de personas jóvenes que fueron objeto de esta medida, sea en su versión de medida de protección como de medida de sanción, en una ciudad de rango medio de la provincia de Buenos Aires. La investigación, abordada metodológicamente con el método biográfico, consta de tres historias de vida de jóvenes institucionalizados por causas “asistenciales” y “penales”. 2. Institución de gestión municipal de la ciudad de Olavarría con modalidad de Hogar Convivencial y que aloja a jóvenes varones de entre 11 y 18 años. 3. Esta investigación se inserta dentro del proyecto “Demandas, conflictos y gestiones en ámbitos sensibles. La producción social y cultural de la justicia y la seguridad en el espacio público. ”dirigido por el Dr. Horacio Sabarots.

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y como forma particular, para los jóvenes, de transitar la crianza en tanto experiencia, forjada al calor de las continuidades y discontinuidades entre experiencia práctica y reflexividad; entre la experiencia vivida y la experiencia percibida (Thompson, 1961). Si bien existe amplio consenso, en ámbitos académicos y político-institucionales, respecto de la matriz semántica que propone el paradigma de la Protección Integral, consideramos que el foco del análisis no debe centrarse en cuanto se distancian o acercan orden práctico y orden legal-institucional, sino en observar el ejercicio de la estatalidad desde el conjunto de estrategias de administración y regulación de diversas conflictividades en el gobierno de las poblaciones (Foucault, 2006). Estrategias que asumen distintas modalidades y sentidos de acuerdo al contexto y a la trama vincular que conforman los actores -protectivas, de control, de prevención, de reparación-. Es necesario observar también desde un perspectiva relacional cómo esos posicionamientos articulan conflictivamente y tensionan en la práctica, viejas y actuales categorías de clasificación e intervención, tradiciones político-institucionales de gestión y demandas de acción de diversos sectores sociales que sostienen racionalidades con frecuencia abiertamente opuestas al “interés superior del niño”4. En segundo lugar en base a nuestra experiencia de investigación antropológica y las lecturas sobre la técnica de la historia de vida (Saltalamacchia, 1992, Kornblit, 2004) sugerimos conformar un universo de análisis de al menos tres historias de ambos sexos, a fin de ganar en diversidad y comparatividad para enriquecer el análisis. La selección de las historias estuvo a cargo de la médica, quien conservaba vínculos de confianza con jóvenes de la ciudad desde sus épocas de funcionaria. Es así que acordamos trabajar, además de con la historia de Manuel, con la de Paula y la de Francisco.5 Es la historia de Francisco la que ocupará las siguientes páginas. En el apartado correspondiente a su biografía, se desarrolla el tipo de vínculo construido con la institución, caracterizado fundamentalmente por la gratitud de Francisco para con el Hogar, y por la “espectacularización de la soberanía” (Vianna de Resende, 2009) por parte de la institución para quien Francisco representaba una suer4.  A esto hay que agregar que el mismo enfoque de derechos y la formulación de la CIDN es resultante de disputas local y globalmente articuladas informadas por relaciones de poder con implicancias etnocéntricas y clausulas lo suficientemente amplias y difusas que permiten la vulneración de aquello que se pretende proteger, por lo que se hace preciso resituar históricamente la producción de este instrumento y desacralizar su estatuto. (Llobet, 2011; Barna, 2011) 5. Las otras dos historias son las de Manuel y Paula. Manuel tenía 23 años al momento en que comenzamos las entrevistas, a mediados de 2013. Su recorrido por el sistema tutelar comienza a los 6 años por motivos “de conducta” y continuará hasta su mayoría edad, casi siempre por causas menores. Su trayectoria institucional comienza en una Casa de Contención semiabierta, continúa con más de veinte ingresos en institutos correccionales de mediana y máxima seguridad y finaliza en el Hogar Convivencial para adolescentes varones que abordamos aquí. El principal motivo de su encierro eran las causas por “fuga” de los correccionales. Solían encontrarlo siempre en el mismo lugar: Loma Negra, el pueblo donde se crió y que hace cuatro años reunió a gran parte de sus vecinos y a autoridades policiales para pedir el “destierro” del joven acusándolo de ser una mala influencia para la juventud del pequeño pueblo. En su relato de vida abundan las referencias a hechos de violencia institucional, especialmente a la brutalidad policial, de la que registraba muchas cicatrices corporales. Luego de atravesar una seria crisis psicoemocional, debida en gran parte a la frustración por no poder encontrar un trabajo estable con el que sustentar a sus dos pequeños hijos, Manuel se suicidó en diciembre de 2014. Paula, de 21 años al momento de comienzo de la investigación, residió desde el año y medio de vida y hasta los 20 en un Hogar de Niñas, administrado por un grupo femenino de beneficencia, las “Damas Vicentinas”. Las entrevistas con Francisco comenzaron cuando todavía residía en el Hogar. Manuel y Paula en cambio, ya no residían en instituciones tutelares al momento de empezar la investigación.

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad te de caso emblemático de intervención exitosa. En vísperas de concretar la tercera entrevista con él, nos comunican telefónicamente desde el Hogar que: “Francisco se fue, lo está buscando la policía, desde el domingo a la noche que no está”. No se había ido solo, sino con Brenda, su novia de ese momento y Lucía, una amiga de ambos. Los tres se conocían del Centro de Día Municipal de Atención a las Adicciones al que concurrían diariamente. Luego de 7 días de ausencia6 Francisco concurre voluntariamente a una comisaría de una localidad del conurbano bonaerense donde estaba “parando” para poder volver a su ciudad. A las pocas horas, agentes policiales dan con el paradero de las otras dos jóvenes en otra localidad cercana. Ya de regreso, las autoridades del Hogar deciden poner fin a la relación tutelar: “A Francisco le dieron el alta, no está más acá”, fue la respuesta de una de las trabajadoras ante nuestro llamado telefónico diario para saber novedades sobre el paradero del joven. Por las conversaciones mantenidas con él antes de su partida, sabíamos que su problema de consumo condicionaba sus perspectivas de trabajo y autonomía, que carecía de referentes familiares o extrafamiliares, y ahora ya no contaba con el sostén económico y protectivo del Hogar. En esas circunstancias, comencé a hacerme preguntas con el objetivo de comprender ese “egreso” abrupto en las circunstancias descriptas. ¿Qué tipo de interacciones - negociaciones, resistencias, asunciones de autoridad y obediencia, cesiones e imposiciones - conformaron la trama relacional entre los actores que posibilitó un tipo particular de vínculo y que determinó un final repentino y en términos de ofuscación entre las partes? ¿Qué tipo de reclamos y demandas por expectativas incumplidas estaban en juego? Guiada por estos interrogantes, fui en busca de registros de campo y entrevistas hechas a actores clave con anterioridad para mi tesis de grado, y amplié la indagación con nuevas entrevistas y conversaciones con otros agentes estatales, con la madre de Francisco y con él mismo, en el contexto de su relato biográfico. Recupero entonces entrevistas en profundidad al coordinador del Hogar, a quien ejercía la Dirección de Programas de Niñez y Adolescencia – con un alto nivel de involucramiento en la gestión cotidiana del Hogar y un trato directo con los jóvenes -, a la psicóloga, a Francisco, y a su madre con el propósito de recomponer para su comprensión, una trama vincular en la que se insinúa como central el uso de la de categoría de responsabilidad por parte de los actores como una categoría que articula un lenguaje moral compuesto por un conjunto de perspectivas morales en tensión – con sentidos diferentes, opuestos y complementarios – mediante la cual los actores acusan, demandan y buscan legitimar su posición y sus acciones. La responsabilidad emerge como categoría dinámica y situacional que asume diversos sentidos en función de las circunstancias de enunciación y las valoraciones que los actores sostienen respecto de las prácticas de cuidado de las personas menores de edad en situación de tutela estatal. Además, se identificó que para las configuraciones morales de los agentes estatales cobra un alto grado de determinación el conjunto de definiciones y consideraciones en relación a “lo familiar”, especialmente en lo que se refiere a las familias de las que provienen los jóvenes con los cual trabajan, y a las implicancias en tanto agentes estatales del “trabajo” con ellas. Por último, la idea de responsabilidad se presenta también como categoría operativa que orienta las intervenciones al vehiculizar criterios morales de clasificación de prácticas legítimas y otras impugnables. 6. Por aquellos días, verano de 2014 se registraron en la ciudad un total de 8 jóvenes ausentados de su domicilio en un lapso no mayor a dos meses.

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2- PERSPECTIVA ANALITICA Este trabajo sigue líneas de reflexión teórica desarrolladas en una serie de investigaciones del campo de los estudios de infancia/adolescencia/juventud, de los estudios de políticas públicas/sociales, y de enfoques y desarrollos analíticos inscriptos en la interfase entre ambos. El abordaje concibe la acción de las agencias estatales en términos de posiciones e intervenciones situadas y en disputa, lo que no niega la posibilidad de identificar tendencias y modelos de gestión que expresen las formas en que se ejerce el poder desde el Estado, en el contexto de las características de cada período histórico, pero sí implica trabajar con una concepción de lo estatal –como expresión más apropiada para evitar reificaciones – en términos de complejidad, contradicción y de racionalidades heterogéneas que coexisten y disputan modos legítimos de intervención (Villalta, 2014; Llobet y Medán, 2015). Es decir, pensar la estatalidad como dinámica sociocultural compleja en la que el ejercicio del poder se articula - desde una asimetría de base - a distintas instancias y niveles en los que los actores encuentran márgenes de acción que se encogen o se estiran situacionalmente. En relación a la infancia y la juventud es frecuente encontrar referencias tanto en el sentido común “progresista” como en ámbitos académico-militantes, que, abonando perspectivas reproductivistas sobre el Estado, remitan mecánicamente el fundamento de las intervenciones a configuraciones ideológicas conservadoras cuyo efecto sería la reproducción de las condiciones de producción de lo social para perpetuar las desigualdades de clase, y la fijación de un statu quo que garantice que la niñez hoy tutelada y asistida sea mañana la población adulta pobre controlada. Es una mirada que, básicamente, concibe al Estado en términos reproduccionistas y de control social hacia determinados sectores. Sin negar que efectivamente pueden encontrarse en diversas agencias estatales prácticas que obstaculicen el ejercicio de los derechos y garantías y configuraciones morales que mantengan a niños y jóvenes pobres en el lugar de la sospecha y la amenaza con trabajadores que asuman y ejerzan su función bajo una perspectiva de control social, quedarnos con esta perspectiva para abordar modos de gobierno de distintas poblaciones, es analíticamente insuficiente. La transición del Paradigma de la Situación Irregular al de Protección Integral fue un proceso plagado de contradicciones y de conflictos (López A.L., 2013) que avanzó lentamente y de manera simultánea a la profundización de las desigualdades socioeconómicas, que afectan con especial crudeza a niños y jóvenes. Por lo que, adhiriendo en términos políticos a los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y a la legislación que los incorpora en nuestro país, coincido con Villalta (2010) cuando señala que el proceso de reforma legislativa instaló en ámbitos político-institucionales, académicos y militantes, un esquema dicotómico para comprender las formas de acción de los diferentes servicios y dispositivos jurídico – administrativos destinados a la atención de la infancia vulnerable. De un lado, el modelo de la Protección Integral, implicaría la desjudicialización de las causas asistenciales, la desinstitucionalización y la restitución, protección y exigibilidad de los derechos. De otro, el paradigma de la Situación Irregular es denunciado e impugnado por su impronta paternalista, tutelar y clasista y por promover prácticas estigmatizantes. Acaso el signo más emblemático y controvertido de este paradigma sea el término “menor”, que remitía a la incapacidad y a la nulidad jurídica como persona, instituyendo al mismo tiempo una figura legal y un actor social en clave negativizante. Siguiendo la reflexión de

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad Villalta (2010), este esquema de interpretación en clave maniquea que construye y opone “buenos” y “malos” “puede conllevar el riesgo de homogeneizar u opacar las características de las prácticas, los mecanismos y los procedimientos a través de los cuales la intervención sobre los sujetos ha tomado y toma forma”(2010:11-12). Para complementar este argumento, recupero a Vianna de Resende (2010) cuando señala la necesidad de no perder de vista que la condición de la minoridad es antes que nada, parte de una relación de dominación que implica no disponer de autonomía plena: “Significa en ese sentido ser objeto de una acción tutelar cuya legitimidad es extraída del compromiso moral de proteger a aquéllos que no pueden protegerse por sí mismos. La construcción de una nueva legislación para regular un tipo específico de menor – el que lo es en razón de la edad – aunque parta de otros paradigmas y representaciones no deshace ese principio (2010: 29) Otro aspecto que se presenta con fuerza en este campo de problemas lo constituye el conjunto de valoraciones y prácticas de los agentes respecto de la moral familiar o familiarista. Como afirma Villalta (2010) la intervención estatal sobre un sector de la infancia, no puede comprenderse disociada de la intervención sobre las familias de esos niños y niñas. Siguiendo a Remi Lenoir (2005) las discusiones públicas sobre la familia esa “ficción bien fundamentada” a decir de Bourdieu (1994), versan más sobre las correcciones que sobre el orden familiar en sí mismo, en función del mantenimiento del orden social. Con ese fin y con el recurso a diversas tecnologías jurídicas, las burocracias especializadas producen una serie de categorías taxonómicas para clasificar y desarrollar las diversas estrategias de intervención sobre los grupos familiares: “negligencias”; “irresponsabilidad”, “abandono”, “promiscuidad”, “falta de cuidados”, “inadaptación”, “sobreadaptación” resultan categorías que informan esquemas de percepción, interpretación y definición sobre la “realidad familiar” y que orientan prácticas de evaluación, diagnóstico y examen que darán cuerpo a legajos familiares en los que quedará registrada la historia de las familias, relatada en clave institucional. Ahora bien, como reflexionan Fonseca y Cardarello (2005) la enunciación de estas categorías que conforman universos morales mediante los cuales se valoran las formaciones familiares y se legitima el discurso y la práctica “experta” no se da sin conflicto. En numerosas ocasiones los agentes estatales deben lidiar con la falta de recursos para poder desarrollar estrategias de intervención tendientes a garantizar el relativo éxito de las mismas o a reparar las condiciones que están ocasionando la “vulneración de derechos”, situación que muchas veces se tensa con el principio de la institucionalización en última instancia. Llegado ese punto, se generan fuertes dilemas respecto de “qué hacer” con esas familias que incumplen con su rol de cuidadoras y proveedoras. Es frecuente observar que ante estos dilemas los agentes estatales producen interpretaciones y definiciones que posicionan a los grupos domésticos como principio explicativo (Llobet, 2010), moralizando las situaciones sociales. Como se verá aquí, estas cuestiones se presentan de manera polémica en los equipos de trabajo, suscitando diversos posicionamientos que dependen de variables como el rol que se cumpla en la institución, el saber experto que sostenga la formación, las creencias político-ideológicas, religiosas, etc. Es importante considerar que tanto la población que es destinataria directa de los dispositivos de la protección (Villalta, 2010) –niños/as, jóvenes y adolescentes – como sus familias no conforman un

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bloque que recepta pasivamente y es regulado sin conflicto por unas estrategias de intervención estatales funcionando a la manera althusseriana de “aparato de estado” que captura subjetividades y cuerpos incorporándolos de forma controlada. Como señalan Villalta y Ciordia (2009) siguiendo el planteo de Vianna de Resende (2002), más que una imposición de control y vigilancia, lo que se activa entre las familias, o los jóvenes como es nuestro caso y las instituciones son interacciones de tipo complementario que se combinan de manera asimétrica. Por último, se recuperan los desarrollos de Laura Santillán (2009) en una de sus producciones sobre antropología de la crianza, en ocasión de analizar la producción social de un “padre responsable” en barrios populares del Gran Buenos Aires. En su trabajo etnográfico Santillán observa que las formaciones discursivas con las que las familias enuncian sus prácticas de “responsabilidad parental” no se ciñen a unas pautas fijas y cerradas provenientes de su “cultura de origen”, sino que comparten con los sentidos dominantes valoraciones y ponderaciones respecto de lo que sería una “buena crianza” para un niño/a. E identifica que no se trata de meras instancias de aceptación o sumisión sociocultural sino que esos actos de enunciación son el resultado de procesos de interacción complejos con los distintos espacios socioeducativos formales y no formales, en los que las familias encuentran una diversidad de actores significativos de distintas procedencias para construir y legitimar su “responsabilidad parental” en contextos de desigualdad y pobreza. En esta presentación se observará por ejemplo, cómo una iglesia evangélica se torna un actor fundamental que coadyuva tanto a Francisco como su madre en la perfilación de “conductas de vida responsables”.

3 - LA HISTORIA DE FRANCISCO. LAS CARACTERISTICAS DEL VÍNCULO CON EL HOGAR Francisco ingresa como residente al Hogar Convivencial a la edad de 12 años. Es el primero de 5 hermanos por parte de padre y madre y tiene 3 hermanastras mayores por parte de su padre. Hasta los 6 años residió con su familia en un barrio de viviendas monoblock conocido popularmente como “la 108”; luego de ese periodo, el grupo familiar se traslada al barrio donde actualmente reside, un barrio construido por el Plan Federal de Viviendas que queda subsumido en los imaginarios locales a las representaciones estereotipadas y estigmatizantes de las que es objeto el barrio lindero, de mayor antigüedad, conocido como “barrio Escuela 8”. Ambos se caracterizan por el alto nivel de precariedad en que viven sus residentes, por carecer de buena parte de los servicios urbanos y por ser objeto de fuerte estigmatización social. Su padre biológico se fue de la casa que compartían cuando él tenía 7 años y su madre volvió a formar pareja con un hombre que la golpeaba y que golpeaba también a Francisco y sus hermanos. Esta situación estimuló que el joven transcurra cada vez mayores lapsos de tiempo en la calle, donde incluso dormía. Las confrontaciones entre bandas de jóvenes de ese y otros barrios y el consumo de drogas comprometían cada vez más su seguridad; las peleas con su padrastro y su madre se tornaban cada vez más violentas y frecuentes, y ya había comenzado a tener unas primeras experiencias de comisión de delitos menores y de conflicto con la policía, por lo que él mismo con casi 13 años solicita su ingreso al Hogar. En el por entonces reciente Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes ya conocían su situación y

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad se había intentado sin éxito realizar intervenciones con el CPA (Centro Provincial de las Adicciones) a partir del trabajo “en red” y de la territorialización de las políticas sociales, dos componentes muy presentes en las retóricas de los programas sociales, y que orientaron aquellas primeras acciones del Servicio Local. “En el servicio local había un grupo que juntaba a los pibes que se drogaban, que hacían bondi, todo. Los hacía pasar una tarde, una vez por semana los miércoles ir a comer un helado, jugar al futbol, y todo eso ¿viste? Y una vez estábamos en el Servicio Local y viene uno de los operadores de CPA y me dijo “¿Loco, querés empezar CPA?” Estuvimos hablando que me pasaba a mí, “¿Querés empezar?, yo te llevo” Y yo fui. Y... bah, me tuve que quedar directamente. Y ahí empecé mi tratamiento. Estuve dos años y medio y la verdad, no me sirvió de nada” (Francisco, E1) Luego de esa experiencia, Francisco solicita a los operadores del Servicio Local que trabajaban en su caso, ingresar voluntariamente al Hogar. El relato de su experiencia institucional allí es en términos positivos y revela una utilización estratégica del servicio: “Si o sea, yo me metí acá. Porque ya no aguantaba más la vida que tenía. Me quería matar mucha gente, o sea, tenía un par de broncas con mucha gente que me quería bajar. Sabía que me querían matar. No tenía muchas posibilidades. Y yo decidí que estaba muy mal, muy mal. Sabía que iba a terminar mal yo. Y fui a hablar con P., que siempre se preocupó por mí. Vine un fin de semana y me quedé a dormir. Y después bueno, me vine del todo para acá. A mí el Hogar me salvó de morir, yo tenía miedo de morirme” (…) porque me ayudaron en todo, lo que soy hoy en día se lo agradezco a ellos, nada que ver a lo que era. No sabés lo que era, re cachivache, y los chabones que me re cambiaron. Aprendí a hablar. Bah mi forma de hablar así de pibe de abajo, siempre hablé así, pero aprendí a pedir las cosas de otra manera, a comportarme. Todo me cambiaron, mi forma de ser, lo que era. Antes era maldito, bardeaba, no tenía respeto a nadie. No me importaba nada, si tenía que lastimar a uno no me importaba. Si tenía que lastimar a mi vieja la lastimaba. Casi le di una puñalada a mi viejo, cuando después de no sé cuantos años fue el chabón. Era yo solo nomás en el mundo. Y de a poco mirá, no me pinta para hacer maldades, no quiero hacer ninguna, no me gusta robar, no me cabe eso ya. Ni ganas, porque me gusta laburar y ganar la plata rompiéndome el lomo. Y maldito… no. O sea, soy una buena persona, cualquiera te lo puede decir. Lo único, bueno el problema de drogas nada más. Nada que ver lo que era antes. Antes era una porquería. Y ahora no. Ahora tengo respeto por la gente. La que me respeta, la respeto. (Francisco, E1) Estos pasajes de entrevista indican algunas dimensiones interesantes a señalar. En primer lugar, esta “transformación” de la conducta que Francisco atribuye a la internalización de las pautas de comportamiento establecidas como correctas por parte del Hogar, revelan en efecto un ejercicio del poder de disciplina de la institución que es concebido y justificado desde la perspectiva de los agentes estatales desde un conjunto de definiciones que articulan un perfil determinado de joven – y de joven varón y pobre -, ciertos cambios en el perfil de los jóvenes percibidos por los trabajadores en los últimos años, las condiciones y características del proceso de trabajo y valoraciones específicas respecto de la situación social y de las familias que se detallarán a continuación. Pero retomando el planteo, esa gratitud que Francisco siente hacia educadores y autoridades por haber sido su “salvación” de la muerte, indica, además de una forma de preservación frente al peligro, una vigorosa estrategia

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construcción de prestigio dentro de las cuales aprender a hablar7 y aprender a discernir moralidades legítimas de otras ilegítimas (“antes” era maldito, “ahora” es una buena persona) se tornaron centrales para negociar beneficios y posiciones en la institución. “Yo nunca hablaba. Yo porque ahora hablo no sé cómo, pero...antes no decía ni A. Siempre callado yo. Tímido no, o sea. No me gustaba hablar, pregúntale al coordinador, nunca hablaba con el de nada. No me gustaba hablar con nadie, con psicólogas con nadie. Porque además en el CPA era todo droga, que la droga esto, que la droga lo otro y yo más droga quería, recaía en mis pensamientos sobre droga todo el tiempo. Más vale háblame de mi familia. No quería hablar, y me porfiaban. “no” le digo, “no voy a hablar” y estuve un año en admisión. Hasta que hablé, tuve que empezar a hablar, a expresar mis sentimientos, porque sino me di cuenta que no pasaba más, que me la iba a pasar siempre en el mismo lugar. Y empecé a hablar, a pedir cosas, a hablar de lo que quería y ahí fue cuando corté con el CPA y me ingresaron acá, por problemas familiares, porque con droga acá no trabajan.(Francisco, entrevista 2) Es decir, hablar de una manera legítima, hablar de “los sentimientos” y aprender “a pedir cosas” constituyó un aprendizaje de negociación con el contexto normativo-institucional que le permitió construir un lugar de distinción respecto del resto de la matrícula, ya que frecuentemente oficiaba de “secretario” de los agentes responsables de la institución, entre otras asignaciones de tareas que lo ubicaban en un lugar de supremacía, de “mayor responsabilidad” en virtud de su buen comportamiento. Es necesario situar las reflexiones y comportamientos de Francisco en la estructura interaccional en que adquieren sentido para comprender cabalmente los términos en que se construyó el vínculo. Veamos con qué configuraciones de autoridad y de ejercicio del poder institucional tuvo que aprender a negociar. El Hogar Convivencial funciona en una casona vieja de un barrio de clase media de la ciudad, con una matrícula de alrededor de 12 varones de entre 12 y 18 años. El equipo se compone de un plantel de 4 operadores, un coordinador, el equipo psico-social y personal de limpieza y cocina. Así es definido el perfil de joven residente y la experiencia de parte del equipo sobre el trabajo cotidiano allí: “Hay que empezar como de cero, estructurarlos de vuelta, darles una estructura medianamente acorde a lo que ellos puedan adaptar (…) el desafío es que a partir de los 18 tiene que volver con su familia o tratar de armar una historia bien distinta a la que tenía cuando empezó acá. Si pudo desarrollar una autoestima bastante elevada y pudo modificar un montón de condiciones y conductas pueda manejarse solo, trabajar, o volver al seno familiar donde supuestamente si pudo apropiarse de lo que le ofrecemos acá, va a poder manejarse como lo hacía acá…bien. Eso es lo que cuesta. Lograr que en un par de años el chico pueda modificar actitudes, comportamientos, conductas que no son los que corresponde, que lo llevan a excluirse de la vida social. Y es más difícil todavía cuando no hay respaldo familiar. Hay chicos que son casi impenetrables, que es imposible el diálogo, hablar con ellos. Ttuvimos una crisis grande donde el proble7. Sobre la importancia atribuida por las diferentes propuestas y servicios estatales destinados a la población infantojuvenil, al acto de hablar o expresarse (para canalizar emociones, sentimientos, etc.) en el contexto de la intervención institucional, recomiendo la lectura del artículo “Este espacio es para que ustedes se expresen” de Gaitán, Magistris Llobet y Medán (2013). Allí, las autoras proponen pensar este énfasis en la expresividad por parte de los agentes estatales como una lucha por la legitimación de la intervención institucional.

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad ma fueron las incorporaciones que tuvimos que hacer: casos muy complicados, chicos muy pesados. A eso tenés que sumarle que no tenés el personal adecuado, yo siempre digo que tiene que crearse una carrera especial, tipo operador de hogares y centros de día, no alcanza con ser docentes. Lo que me cuesta que los operadores me plasmen, registren lo que pasa…porque vos después cuando pasan las cosas, y han pasado cosas graves acá, tenés como justificar allá arriba que necesitas hacer ajustes…venís avisando y hasta que no pasa, no se hace nada y encima cuando las cosas pasan te dicen: bueno quiero ver un acta donde conste lo que pasó. Y no la tenés. Hace rato vengo diciendo que para muchos casos que tenemos ahora, sobre todo este nuevo perfil de pibe más pesado, esos necesitan estar en un sistema cerrado, un régimen cerrado con límites y pautas muy claras, con un edificio acorde, que esté en otro lugar, en una quinta o algo así. Más que nada los que están complicados con el delito con consumo porque tienen un efecto negativo en el resto, tienen otra calle. Yo presenté un proyecto. Acá nos manejamos con un código de convivencia que los operadores tienen que hacer con ellos. Eso por supuesto hay que complementarlo con un sistema de sanciones que se aplica cuando se rompe el código” (Coord) Aquí las explicaciones apuntan a concebir la tarea institucional en términos de una re-socialización orientada a rectificar las conductas aprendidas en sus contextos de crianza familiar y que no se corresponden con formas legítimas de comportamiento. Para lo cual es imprescindible crear un orden de pautas y límites firmes y de valores institucionales orientados a que los jóvenes internalicen una moral ligada al esfuerzo, la observancia de las pautas, la responsabilidad y la gratitud, tal como expresaba otra informante, autoridad del área y con un alto nivel de involucramiento con la institución: Lo que veo esta cuestión de falta de hábitos total, falta de estudio, falta de esfuerzo, falta de límites total, de compromiso y responsabilidades. Meter estos pibes en el Hogar, con normas, pautas de organización ¡Lo que nos cuesta! Cuesta el esfuerzo mínimo. Ellos me dicen ‘quiero trabajar ’. Bueno, andá a hacer los canteros al parque, vení a ayudar acá al depósito de Desarrollo Social, donde lo que ellos se llevan - como todos prácticamente han tenido contacto con el consumo de drogas, la contraprestación siempre es por ropa, una bicicleta, una salida, cosas que administramos nosotros para que ellos no manejen la plata, pero suponete que sean $200.¡La exigencia por esos $200 cuando capaz que faltaron una semana por un dolor de garganta, cuando yo hace 15 días que estoy viniendo a trabajar con tos! Pero, esas cosas que uno mama de la casa, ¿no? (Dir.Prog. NyA) Los pibes buscan el límite, hasta los más bravos. A veces M o C ponen límites de una manera que hasta yo me asusto pero después está lo afectivo y funciona (…) Lo que hace muy mal son estos mensajes de falta de sanción para los que se mandan cagadas ¿Por qué entra y sale? Tiene que haber una sanción, no sé cuál es la sanción. Tiene que quedarse un mes en, no sé qué lugares existen ahora…el Lugones…se lo tiene que pasar, porque algo tiene que pasar, no sé qué pero algo tiene que pasar. No puede ser que roben un criquet de un auto, y drogados te partan la cabeza y a las dos horas se los devuelvan a los padres. ¿A qué padres se los devuelve? ¿Qué estamos haciendo? Si cometieron un delito tiene que haber una pena, no puede quedar impune sólo porque son menores. Los chicos que les va bien, tienen que tener oportunidades, los chicos que hace cagadas, tienen que tener su pena, su castigo. Y lo que es la sanción no está desde el Estado público. Ahí estamos mal, mal, mal.. No me podes mandar a un pibito que robó a hacer tareas a

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La Quinta8. No Puede. Tienen que estar en lugares más pautados, más cerrados que los tenga de alguna forma encerr…, o sea no digo tipo cárcel, pero sí con las pautas claras. Que acá no hay. El Hogar hoy no es para ellos. (Dir.Prog. NyA) Me preocupa más que la pobreza, la falta de oportunidades por eso es tan importante para nosotros trabajar con el autoestima hacerle creer que pueden ser lo que quieran, ¿te gusta la percusión? Podes ser un buen percusionista, darle la oportunidad de que crea que puede ser bueno en lo que se proponga. ¿Queres ser albañil? Bueno, esto puede ser pero con esfuerzo, las palabras esfuerzo y responsabilidad en esto me parece clave. Es así, ¿vos te queres comprar algo? Ganatelo, trabajá en el verano y cómpratelo. A mí me educaron con esos valores del esfuerzo y es lo que intento transmitirle a los pibes. Mi novio se esfuerza para un Honda Civic y yo me esfuerzo para un Fiat Uno, cada uno en lo suyo, y eso no debería generar resentimientos. Y esto de que sean agradecidos, que valoren. Bueno, vos estas en un Hogar, hay pibes que ni eso, que ya quisieran dormir en una cama, tener una ducha y un plato de comida todos los días, agradece y valorá que estas acá...esto es una oportunidad para vos, date cuenta: o la tomás o la dejás, porque tampoco me voy a romper la cabeza. No hay mal que por bien no venga. Tu mamá te expulsó? Bueno, a vos y a 20 más también, pero vos hoy estas acá. No tengo lugar para 20, tengo lugar para 12 y vos sos uno. (Dir. prog. NyA). Si bien extensas, las citas apuntadas tienen el objeto de reconstruir el sistema de valores y de moralidades que circulan como principios rectores y que son los que se considera deben regir la práctica institucional de servicios públicos orientados a la adolescencia. Hay que tener presente que estas entrevistas además, fueron realizadas en un contexto de reorganización institucional donde si bien ya hacía cuatro años que regía la nueva normativa que regula las intervenciones estatales con la niñez y la adolescencia, resultó – y resulta – dificultoso para los equipos que trabajan con adolescentes adecuarse en términos organizacionales y formativos para recibir a jóvenes sancionados con medidas alternativas por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, lo que en ocasiones genera tensiones entre las políticas sociales y las penales. Asimismo es difícil delinear nítidamente un perfil con categorías límpidas de motivo de ingreso, ya que la mayoría de los jóvenes residentes provienen de familias en situación de pobreza, han experimentado distintos tipos de violencias y han tenido o tienen a lo largo de sus trayectorias, experiencias más o menos problemáticas de consumo. Y muchos de ellos han incurrido en al menos mínimas, experiencias delictivas. La preocupación de los agentes, estriba más bien en la dificultad institucional de ingresar a jóvenes que presenten un comportamiento altamente violento. Más allá de estas consideraciones, las citas expuestas expresan posicionamientos y prácticas formuladas en nombre del cuidado: “Acá los chicos están cuidados, si vieras cómo los más bravos no dicen nada, pero nada cuando les decís que no…y eso es porque acá están cuidados” (Dir.Prog NyA). Algo similar pero a la vez distinto a lo que expresaba sentir Francisco: estar a salvo, protegido o “guardado” como suele decir. Es interesante observar que ambas perspectivas no coinciden del todo. Articulando la construcción de un vínculo afectivo, que efectivamente existió – y estimo que aún existe – para 8.  La Quinta era un Centro de Día que trabajaba con jóvenes de 13 a 18 años con dificultades “de conducta”. En 2014 se fusionó con el Centro de Día Municipal para las Adicciones y admite también en su matrícula a adolescentes mujeres.

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad Francisco, la “salvación” que representaba el Hogar era alejar la posibilidad de una muerte casi segura mientras que para el Hogar “cuidarlo” significó salvarlo del “abandono” de su familia, llevando adelante el dificultoso trabajo de reeducación moral, expresado primordialmente en la puesta de límites a conductas concebidas como moralmente ilegítimas. Así, entre ambas partes se forjó un vínculo sólido del cual el equipo del Hogar se enorgullecía y era enunciado como ejemplo para otros servicios, de cómo promover el “sentido de pertenencia” de un joven hacia una institución. Recuerdo más de una vez, antes de comenzar con este proyecto, a Francisco en la oficina de la Directora oficiando de “secretario” y a ésta mirándolo orgullosa. También cumplía tareas asignadas que implicaban niveles de responsabilidad que lo ubicaban por encima de sus compañeros otorgándole el estatuto de “líder” – “orientar” y “hablarle” a los más chicos - y gozaba de ciertos privilegios ganados con su conducta y lealtad – por lo general salidas sin acompañamiento-. Como relata otra informante: “Francisco fue el que mejor y más rápido se adaptó a las reglas. Después en la medida en que fue obteniendo más permisos y beneficios, también volvía religiosamente, cumplía perfecto” (Psicóloga) Ahora bien, en la medida en que ese vínculo se consolidaba, Francisco comenzó a ejercer con más fuerza su cuota de poder y a poner en práctica su capacidad de demanda: “Pero llegó un punto en que empezó a pedir cada vez más cosas. Por ejemplo, se le había conseguido que empiece a trabajar de albañil con el marido de la cocinera y el pedía remís para ir hasta la obra y que el Hogar se lo pague” (Psic.). Y esa relación, que se exhibía sino como perfecta, al menos como lo cercano a un ideal de vínculo institución-joven comenzó a tensarse primero y a resquebrajarse luego hasta terminar en el final que anticipamos, pero no sin generar discrepancias al interior del equipo: “La relación se empieza a tensar cuando el equipo empieza a pensar que había en Francisco una “doble intención”. Y vos sabés lo que es trabajar en equipo: bueno es cuando se empieza a descubrir que Francisco por ahí no es que había cambiado del todo sino que estaba asustado y que por eso se portaba tan bien, para poder estar “guardado” como decía él. El equipo se partió entre los que decíamos que efectivamente había cambios en él, sobre todo con el tema del consumo, porque hablar de otros cambios es más complicado, y estaban los que decían que el tipo la pasaba bomba de gira el fin de semana y en la semana venía a que lo cuidemos y le demos la comida calentita”. Y yo insistía en esto: esto es una casa de adolescentes. Teniendo en cuenta que queremos que esto sea una “casa” y no una “institución” y que trabajamos con adolescentes a los que les pasan un montón de cosas heavys, como las que le pasaron a él, estas cosas pasan. En general, el sentimiento del equipo fue de decepción, de una decepción muy fuerte con él” (Psic.) En nuestra primera entrevista, Francisco nos relata algo de este conflicto y expresa pesar por el punto al que había llegado la relación. Ya con 17 años y con el vínculo “muy desgastado” según palabras de la Trabajadora Social, Francisco avizoraba la posibilidad de que “lo egresen” del Hogar, por lo que pone en juego otra estrategia de negociación: blanquear su situación de consumo para obtener una suerte de prórroga de estadía. Y entonces dije ‘fue’ les cuento. Y les pedí ayuda. Siempre me drogué, pero con carpa, nunca llegué duro al Hogar, me rescataba antes, no daba caer así con todo lo que hacían por mí. Pero ahora no sé. Me dijeron que tengo que hacer tratamiento sí o sí y por eso estoy yendo al Centro de Adicciones. Corte que empecé

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a perder la confianza ahí. Antes no, le decía a C “me voy” y “andá” y no me decía nada. Pero ahora corte que me tienen en la mira. Es feo perder la confianza porque no podes hacer ninguna (…) La bardié y me siento mal. Porque yo no era así, me cuesta a mí entender que perdí la confianza entre ellos. Todavía hay un poquito de fe, que puedo recuperarme. Igual, te digo la verdad: ellos me tienen fe, sino no estaría acá”. (Francisco,E4) Lo que sigue, ya lo anticipamos. Francisco se ausenta sin aviso de la ciudad con su novia y su amiga: “empezó como una pavada de las chicas, queríamos ir al mar, a Mar del Plata, al mar” (Francisco) y eso determina tajantemente su egreso. Este episodio fue vivido con enojo por parte del equipo: “Ni me hables del tema, mirá. Estoy re caliente.” (Dir.Prog.NyA). A su regreso a la ciudad, Francisco relató que su intención más profunda era volver a vivir en el Hogar: “Es lo que le voy a decir a la Jueza. Yo se que estuve mal, pero me gustaría volver”. Si bien la determinación de su egreso fue rotunda, no fue tramitada de manera homogénea por todo el equipo de la institución: Ya había un desgaste fuerte y el egreso era inminente, porque ya era extendida esta sensación de que “el gordo nos re usa” en gran parte del equipo, pero este episodio precipitó todo y cuando desde arriba te dan un ultimátum es basta y es basta. No tuvimos posibilidad de pensar otro tipo de intervención. Y la verdad que fue muy abrupto, todos los chicos tienen su fiesta de egreso porque es re importante para cerrar la etapa, y él que fue como especial y que estuvo un montón de años, no la tuvo” (Psicóloga)

“LO FAMILIAR” COMO PRINCIPIO EXPLICATIVO EN LOS AGENTES ESTATALES. El uso de la categoría responsabilidad, aparece en gran parte de nuestros informantes ligado las consideraciones y valoraciones sobre la moral familiar (Lenoir, 2005), configurando lo que Valeria Llobet (2010) denomina “perspectiva familiarista” como componente de la gestión de las políticas sociales destinadas a la infancia vulnerable. Si bien el destinatario directo del espacio son los niños, la incorporación de las “familias” en los objetivos y actividades ha ido ganando cada vez mayor centralidad en las narrativas de las agencias especializadas en materia de niñez con propósitos manifiestos de “inclusión social”. El “trabajo con las familias” (Grinberg, 2014) es además un objetivo explícito establecido en la normativa que regula las políticas hacia el sector, expresado en la idea de corresponsabilidad: el mandato a que Estado, familias y comunidad trabajen en “red” desde un lugar de acompañamiento y fortalecimiento a los grupos familiares evitando intervenciones que impliquen la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes de sus núcleos domésticos siempre que se compruebe que tal vínculo no lesione la integridad física y moral de los niños. En el caso de la familia de Francisco, las intervenciones se circunscriben a su madre, puesto que hacía muchos años el joven no tenía vínculo con su padre y tampoco era demandada su figura. Las primeras intervenciones resultaron un desafío ya que fue una de las primeras “medidas de protección” que tomó el Servicio Local. “Al ser una medida de protección, porque Francisco ingresa con la nueva ley ya en vigencia, las primeras intervenciones tienen como objetivo hacer diagnósticos para ver qué recursos hay en las familias para que la medida cese y no se tenga que renovar sino es por una indicación fundamentada. Entonces se tienen muchas entrevistas y visitas con las familias. En el caso de Francisco fue casi imposible porque no había

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad en esta madre un interés, entonces no podías forzar la corresponsabilidad ahí donde te das cuenta que no está instalada la responsabilidad. Es fuerte decirlo pero dio muestras todo el tiempo de que su postura era: ‘tomen, hagan lo que quieran’, fueron contadas las veces que fue al Hogar, ni para firmar la planilla de autorización para que Francisco tenga salidas: había que ir en remís hasta la casa, y nunca pataleó porque Francisco no fuera un fin de semana, nunca lo demandó. Con informes que el Servicio Local mandó al Juzgado, se determinó en este caso que iba a estar mejor en el Hogar que en su casa” (Psic.) La opción fue entonces “enfocarnos en Francisco, en la idea de autovalimiento” (Psicóloga). Esta propuesta generó disputas en el equipo en las que se polemizaba en qué lugar ubicar a las familias en el vínculo que necesariamente hay que entablar con ellas: por un lado, el mandato institucional de tener que trabajar con ellas fortaleciendo y acompañando, por el otro lado, la creencia de parte del equipo en que las familias “tienen que asumir la responsabilidad” ya que como decía un operador: “con nosotros están un tiempo, son contados los que están muchos años, después tienen que volver y ahí…” (Operador), y por el otro las valoraciones morales de sospecha respecto de la capacidad de éstas familias para ejercer la parentalidad. En ese contexto y atendiendo a la edad de Francisco al considerar que no faltaba mucho para su egreso, es que el equipo psicosocial propone trabajar con el equipo en la idea de desvinculación: El ya venía haciendo un duelo inconsciente con esta madre, y fue fuerte proponer al equipo esta idea. Implica como preparar al pibe para que el rol materno se caiga y acompañar mucho con esta idea de autovalimiento: que aprenda a ser autosuficiente, generarle herramientas para que no dependa de los vaivenes de esa madre. Muchos decían que no les parecía, que la familia es la familia y que hay que insistir con esta mujer para que se ocupe. Otros decían que Francisco ya nos había elegido a nosotros como familia y que hacía rato que esa madre ya está como simbólicamente muerta, en su rol de madre” (Psic.) Respecto de las formas de intervención si bien hay consenso en la idea de corresponsabilidad incluida en la ley de Protección, hay una cierta añoranza respecto de las posibilidades que habilitaba la figura del Juez de Menores como figura coactiva y con poder de convocatoria: “Yo coincido con la ley y de hecho me formé así con la idea de trabajo fuerte con las familias, familias extendidas, pero la verdad es que le falta como acompañamiento, porque vos mandás un informe al Tribunal y estas tres meses porque antes hay que probar no sé cuántas instancias y además ahora la que manda a llamar a las familias es S, me entendés, la directora del Servicio Local, que hace buenas intervenciones y todo pero es S, no es el Juez, vos antes tenías como esa otra instancia para ajustar, ahora te quedás como desarmada, creo que ahí hace aguas, porque hay familias como éstas que necesitan una presencia de ley fuerte, marcada”.(Dir.prog.NyA) Se encuentra además, que “la familia” emerge en las representaciones de los actores, además de naturalizada -en sus formas y modos de funcionamiento tal como se constituyó en nuestras sociedades: familia nuclear, heterosexual y proveedora primordial de cuidados, afecto y sustento material en base a una división sexual del trabajo padre trabajador/madre cuidadora-, como principio explicativo (Llobet, 2010) de la conflictividad con la que los trabajadores deben lidiar y como límite a la propia intervención:

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Esto es lo característico: familias disgregadas y numerosas en donde el hábito laboral no pudo ser desarrollado entonces los pibes son la consecuencia de eso, es lo que aprendieron. Entonces las responsabilidades que tenemos todos en una casa de trabajar, levantarnos temprano para ir a trabajar, ellos no la tienen. No pueden sostener una tarea por cuenta propia. Y eso sale todo de la familia. La raíz de todos estos problemas es la familia. Las que han podido superar estos obstáculos, hoy tienen a sus hijos con ellos. Estas no, entonces tiene que intervenir un Juez, un Servicio Local para normalizar un poco la situación” (Coord)” Estos chicos son como la consecuencia del 2001. Donde de repente el padre de ir a trabajar todos los días está ahí en la casa y el gran quiebre son estas mamás que salen a trabajar. Y en ese contexto, lo peor es el abandono. El abandono de que los pibes hagan lo que quieran, el que no les caliente, esto de la falta de límites, la falta de responsabilidad de los padres. El límite no es fácil, te hace calentar, que postergues cosas. Pero el límite es amor. En el Hogar es así: si un pibe está en penitencia y no sale en toda la tarde, el educador se tiene que clavar con el pibe ahí, esto es una familia, esto es lo que debería ser una casa. Y será ‘no’ y será límite y penitencia hasta que aprenda que está en una institución con parámetros como cualquier familia. Y lo que yo veo es eso: las madres, la más simple, esa falta como de la evitación del stress familiar. Y ese es un límite a nuestro laburo porque después la mayoría vuelve a su casa” (Dir.prog. NyA) Esta caracterización de la función formulada en términos salvacionistas, resalta un componente de afectividad que sustantiviza el sentido de la puesta de límites. Y en el que la institución se posiciona frente a las familias como una especie de garantía moral que, desde una función pedagógica resocializadora garantiza buenas prácticas de cuidado y protección de los niños y donde lo que se intenta es reconstruir una ficción de lo familiar que contrarreste las formas y prácticas familiares consideradas abandónicas o no legítimas: “De alguna manera el coordinador tiene que encarnar la ley paterna, la autoridad y el rol materno claramente lo representa M, la cocinera, que es mucho más que una cocinera, es la que mima, la que se ocupa de que tengan lo que necesitan, la cómplice” (Psic.). En este contexto, las familias “que no responden” aparecen constituyendo un actor ideológico negativo que se opone al polo positivo representado por la institución.

LA RESPONSABILIDAD COMO CATEGORIA CONTROVERSIAL: DEMANDAS Y EXPECTATIVAS ENTRE LOS ACTORES Como sostiene Vianna de Resende (2010) en la legislación de infancia y adolescencia la categoría responsabilidad se torna central, conformando un lenguaje en el que los actores ligan de diversas formas lo legal y lo moral, toda vez que responsabilidad implica al mismo tiempo un control legal sobre la minoridad y un control moral en la formación del individuo. En la historia de Francisco aparecen tramadas una serie de posicionamientos y valoraciones en la que los actores buscan legitimar su posición, para lo cual formulan una serie de demandas y acusaciones en las que se ponen en juego unas representaciones específicas respecto de un ideal de orden institucional para el gobierno y la administración del bienestar y la protección infanto-juvenil. Si bien estas formulaciones surgen con fuerza con el repentino “egreso”, están presentes en las formas de vinculación entre los actores. Como dice la psicóloga:

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad Cuando fue lo del egreso, nos llenamos de preguntas porque decís: ¿está en una situación de peligro? Sí, nunca dejó de estarlo con relación a la calle. ¿Tiene sostén familiar? No. ¿Tiene trabajo? No. Está en una relación de noviazgo violenta, con mucho consumo, tiene 17 años o sea todavía está en edad de protección. Claramente si hubiera tenido 14 años creo que la responsabilidad del Hogar se hubiera asumido de otra manera y como sea se intenta de nuevo, pero ya tiene 17 y es como grande. Y creo que terminó pasando esto de que el hartazgo cegó un poco el principio del interés superior y pesó más el desgaste y la decepción, los sentimientos y hay que tener cuidado, porque no hay que perder de vista que los adultos que trabajamos acá, si bien es inevitable y hasta saludable involucrarse, no hay que perder la capacidad de objetivar y acá con eso no se pudo, había un involucramiento casi personal con la historia de Francisco y eso fue lo que terminó haciendo que todo termine así, o contribuyó mucho al menos. Y se dijo basta, que tenía que responsabilizarse o el o su madre, por las consecuencias de sus actos. (Psic) Es interesante observar el ejercicio de reflexividad de la profesional sobre el sentido de la decisión institucional del egreso vinculado a factores como la edad del joven y las emociones involucradas en las intervenciones por parte de los trabajadores. Estos componentes relativizaron la responsabilidad institucional del Hogar sobre Francisco y fueron determinantes al momento de poner fin a la relación tutelar. Ese final es además concebido como una forma de límite que obligaría a Francisco y/ o a su madre a “responsabilizarse” por sus actos. Esta responsabilización que implicaría hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones ya venía siendo trabajada de alguna forma por el equipo a modo de preparación práctica y moral a través de la idea de autovalimiento, presentada en el apartado anterior. Si bien esta noción puede entenderse como una forma de deslindar responsabilidades estatales o como una suerte de modalidad institucional de autoayuda que responsabiliza al individuo por su situación (Guemureman y Fridman, 2012), es concebida desde la perspectiva del equipo psicosocial como una estrategia de intervención tendiente a generar poder en Francisco, para tramitar el “abandono” de su madre primero, y el egreso institucional luego: (…) porque el tema era, quien se iba a hacer responsable por él cuando ya no estuviera en el Hogar, evidentemente esta madre tenía un montón de dificultades para eso y además generar autovalimiento es una forma de generar autonomía y para eso él tenía que aprender a asumir responsabilidades para con el mismo sobre todo, que cuando quería lo hacía bárbaro, eh! (Psicóloga) Por eso yo insistía mucho en lo del autovalimiento, porque si bien seguro que el primer tiempo la pasó feo, él desarrolló un montón de recursos, sobre todo la palabra. Generó una astucia que es la que perturbaba al equipo y que está buenísima, porque si no la aplica al mundo de la delincuencia, tiene chances de que le vaya bien. Cuando andaba bien era el mejor, ahora cuando la quería cagar, te la cagaba como un dios. (Psic.). En las conversaciones mantenidas con el joven luego de su vuelta a la ciudad reflexionó en términos de “abandono” la experiencia de egreso del Hogar, imputando al equipo un incumplimiento de su responsabilidad en términos legales: “Y yo decía, me están dejando re morir, porque además ellos no me buscaron y ellos tenían la obligación porque yo estaba bajo la responsabilidad de ellos, bajo juez. Y los que estuvieron a full buscándome fue mi

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mamá y la iglesia. Y ahora me dejan re tirado, yo reconozco que me equivoqué, pero así no ayudan a los pibes” (Francisco, E4) Por su parte, Paola, la madre de Francisco asume parcialmente la acusación institucional de no ser una “madre responsable” y elabora una idea de responsabilidad estratégica: P-De ir a las reuniones, de andar pa acá y pa allá como ellos querían, que ir a la psicóloga, que ir a las multifamiliares”. Que me rompí el culo por ellos, me lo rompí. Me habré equivocado, hay cosas que habré hecho mal, pero cuando él empezó a bardear, yo estaba sola con cuatro chicos más. Ellos pretendían que fuera a la psicóloga. Y yo no estaba loca, era pobre, estaba sola y con un muchachito complicado nomás. Yo no podía salir corriendo cada vez que este se mandaba alguna, ya lo salve muchas veces acá, allá tenían que ser responsables ellos, Esta bien, nunca dejó de ser hijo mío, pero si yo tenía que ir cada vez que querían acá se me desbandaba todo y que querían ¿Qué después termine con los cinco internados en vez de uno? Una vez fui porque querían hablar y yo pensé que era el Coordinador. Llegué y estaban todos alrededor de una mesa esperándome y queriéndome hacer hablar. Ni abrí la boca F- Nunca ibas y después la pagaba yo porque vos no hablabas. P- ¿¡Qué?!, ¿Para qué querían que hablara? Me llamaban cuando te mandabas alguna y yo ¿Que iba a hacer? ¿Te iba a retar? Para la bola que me dabas. Igual querían que hablara que contara como me sentía y eso. Si ellos consideraban que yo no era una madre responsable para tenerte no se para que querían mi opinión. Y después me decían que no firmaba la planilla. ¿Pa qué? Si a veces no teníamos ni pa’ comer acá, por lo menos él allá comía (vuelve a dirigir su exposición hacia mí) Y además, dos por tres cuando venía alguna bronca se armaba, con alguno de acá o conmigo y era pa cagadas. Él cuando anda bien es re bueno, pero cuando se droga…yo te conté Mayra por teléfono el año pasado ¿te acordás? que me robó las únicas zapatillas que yo tenía…y todo para comprar la droga…bueno, yo tenía que cuidar que esas cosas no las vean los más chicos. Paola asume la atribución de “irresponsabilidad” por parte del Hogar en función de no poder cumplir con determinados pedidos institucionales: asistencia a reuniones, firma de planillas. Pero impugna la acusación y la contesta en cuanto a sus posibilidades para llevar adelante la crianza, puesto que “se rompió el culo” y además estaba alerta por sus otros cuatro hijos menores para que no acaben institucionalizados. Aunque admite que cometió errores pareciera que su estrategia fue preferir quedar como “irresponsable” con uno de sus hijos pero ocuparse del cuidado del resto. De parte la institución, estas actitudes de indignación generan sentimientos de bronca: “Yo me re caliento cuando te patalean, o te piden que les pongas remís cuando los citás, o que mi hijo no es para acá. Si tu hijo está acá, es porque vos no cumpliste con tu responsabilidad, porque vos te corriste como madre. Y eso no tiene que ver con la pobreza, aunque no voy a negar que complica, tiene que ver con evitar el esfuerzo de poner límites y de estar, a eso llamo abandono, a esa falta de responsabilidad” (Dir.prog. NyA) En relación a estas consideraciones, en el apartado anterior describimos la ambigüedad que implica para el equipo pensar la idea de responsabilidad en relación a las familias y al propio trabajo. Como

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad decía uno de los operadores, “las familias tienen que asumir la responsabilidad (…) porque con nosotros los chicos están un tiempo y después vuelven”. Pero a su vez, la imposibilidad atribuida a las familias para cuidar a los niños, educar y poner límites a las conductas indebidas es al mismo tiempo causa de la institucionalización y límite profesional al momento de llevar adelante el ejercicio de la “corresponsabilidad” institución-familia. Es probable que esta ambigüedad responda a la heterogeneidad de racionalidades que confluyen en el equipo en función de las diversas trayectorias, formaciones, posiciones, etc y a la complejidad de las situaciones abordadas cotidianamente. Podría arriesgarse que una de las formas de salvar la ambigüedad institucional que genera pensar la idea de responsabilidad en relación a las familias y a la obligación profesional, es esa insistencia en la producción de autovalimiento en los jóvenes. Complejizando esta trama de vínculos, aparece en escena otro actor que se torna significativo tanto para Francisco como para su mamá en la regulación de las relaciones y en la configuración del sentido de la responsabilidad como “conducta de vida”: la iglesia. Una iglesia evangélica de un barrio popular de la ciudad a la que Francisco y su madre asisten y donde Francisco conoció a su reciente esposa, con quien espera su primera hija. Para ambos, la figura de dios y los pastores se presentan como personajes investidos de una autoridad moral con competencias, en el caso de Paola para intervenir en asuntos de crianza: en un almuerzo que compartí con ellos para celebrar el casamiento de Francisco, pude observar cómo la pastora por indicación de Paola, conducía a los niños más pequeños a una habitación para que “les de la palabra”. En un tono firme y elevado pero a la vez dulce, la pastora reprendía – desde mi perspectiva – a los niños y los instaba a obedecer. Al salir del cuarto, los niños miraban hacia abajo y la pastora tomándolos por el mentón les recordó: “dios es amor, es bueno, pero no se olviden que escucha y ve todo, así que a hacer caso”. A su vez, Paola reconoce en los pastores el acompañamiento que dice no haber tenido por parte del Hogar cuando Francisco se ausentó: Así como los viste estuvieron todo el tiempo. Ellos - el equipo del Hogar– no saben lo que es como madre no saber dónde está tu hijo. No me llamaban nunca, yo tenía que llamar. Y cuando lo encontraron, chau listo. Ahora sí, de repente me hice “responsable” y me dejaron sola con él. No sabes las que pasé con este cuando volvió, si estaba hecho cualquier cosa. Si no hubiera sido por los pastores, me hubiera enloquecido, no hubiera podido. (Paola) Por su parte Francisco explica: Yo a ser responsable aprendí en el Hogar, con un trabajo, ahora que voy a ser padre, yo voy a ser un padre responsable y estoy re agradecido. Pero a tener una vida de conducta responsable la tenés si abrís tu corazón a Jesús. Porque en el Hogar a mí me dejaron tirado, no guardo rencor en mi corazón solo agradecimiento, pero ellos me dejaron caer en mi peor momento, en cambio dios te protege siempre si vos lo sabes recibir. Yo ahora me estoy esforzando para un día ser pastor de la Iglesia y si no hubiera sido por lo que aprendí en el Hogar, no sé si podría, si me saldría hablar por ejemplo. No les tengo rencor”

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CONCLUSIONES Como vimos a lo largo de la presentación, la categoría responsabilidad se torna recurrente al momento de considerar prácticas legítimas para el ejercicio de la protección y la crianza de un niño. Se presenta como categoría que articula un lenguaje moral compuesto por un conjunto de perspectivas morales en tensión – con sentidos diferentes, opuestos y complementarios – mediante las cual los actores acusan, demandan, asumen y también buscan legitimar su posición y sus acciones, por lo que se revela como categoría dinámica y situacional que asume diversos sentidos en función de las circunstancias de enunciación y las valoraciones que los actores sostienen respecto de las prácticas de cuidado de las personas menores de edad en situación de tutela estatal. En ese entramado dinámico, se generan expectativas de cumplimiento de determinadas conductas entre los actores cuya no efectivización abre tensiones, decepciones e indignaciones que no obstante, no provoca el descarte de valoraciones positivas. Por un lado, en los actores estatales vemos que la responsabilidad está asociada primero y fundamentalmente a la capacidad de poner límites y de soportar el “stress” de la crianza y la vida familiar, pero también, en el contexto de la institucionalización al cumplimiento de diversos pedidos y requerimientos formulados a los grupos familiares. La falta de esta responsabilidad en la puesta de límites a los jóvenes por parte de las familias es concebida como uno de los principales problemas con los que lidiar, entendido como falta moral mediante la categoría de “abandono”. Esta noción fundamenta las intervenciones normalizadoras del Hogar y es al mismo tiempo percibida como límite al trabajo institucional condicionando la posibilidad de ejercicio de la “corresponsabilidad”. De allí, que una de las principales preocupaciones institucionales sea el desempeño de los operadores en tanto ‘adultos responsables’: “si vos tenés un educador que te falta por una tos, por un resfrío, porque se durmió y así, le estás dando al chico más de lo mismo” (Coord.). Identificamos una zona de ambigüedad al reflexionar sobre la idea de responsabilidad en relación a las familias y al propio trabajo. Si bien la legislación normativiza el trabajo con las familias a través de la idea de corresponsabilidad, hay efectivamente en parte del equipo una creencia en la necesidad de promover institucionalmente que las familias asuman responsabilidad en función del retorno casi seguro de los jóvenes al ámbito familiar luego del egreso. Pero al mismo tiempo, se experimenta como altamente conflictivo y dificultoso el vínculo con muchas de las familias en función justamente de su “falta de responsabilidad”, constituyendo un límite al propio desempeño laboral. Emergen entonces propuestas como la generación de autovalimiento para proveer a los jóvenes de recursos que les permitan responsabilizarse de y valerse por sí mismos. También se observó que uno de los objetivos del Hogar es formar individuos que puedan internalizar valores inculcados institucionalmente con el fin de rectificar conductas para que puedan armar una vida “bien distinta” a la que construyeron en sus familias en base a criterios morales como la responsabilidad, el mérito, el premio al esfuerzo, la gratitud por lo brindado, la observancia a las pautas. Estos objetivos orientan la creencia en la necesidad de establecer límites firmes y un sistema de premios y castigos para educar a estos adolescentes, en articulación con el desarrollo de fuertes afectividades con algunos trabajadores y con la construcción de una ficción de lo familiar con la figura “paterna” que encarna la autoridad del coordinador, y la figura “materna” de la cocinera.

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad Con respecto a Francisco, efectivamente “cumplió” con estas expectativas institucionales e hizo de ese cumplimiento una estrategia de negociación: para construir una posición de prestigio, para obtener el beneficio de las salidas sin acompañamiento adulto, para lograr una prórroga de estadía. Cuestiones que consolidaron un fuerte lazo de confianza y reciprocidad: el Hogar exhibía su “espectacularización de soberanía” (Vianna de Resende, 2009) y con Francisco y él construía una posición de prestigio. Por otro lado, el haber identificado el ingreso al Hogar en términos instrumentales como una posibilidad de evitar una muerte segura, no fue óbice para el desarrollo de distintas afectividades, para valorar su “transformación” como una especie de capital que le sirve para desenvolverse en otros ámbitos, como la Iglesia y para el reconocimiento de que “ser responsable” - por ejemplo con el trabajo o con su próxima paternidad - se lo debe al Hogar. Aunque ahora haya descubierto en la iglesia otro tipo de responsabilidad: como conducta de vida en términos de una observancia a las leyes de dios. Y donde encuentra la protección de la que quienes decían protegerlo, desistieron ya que estaba, “bajo juez”. Así experimenta el “egreso”: como un abandono en el cual el Hogar incumplió su “responsabilidad” por el cuidado de su persona. Igual pero al mismo tiempo distinto a cómo en la misma institución se atribuye a las familias la “irresponsabilidad”: como abandono, pero asociado a la falta de límites. El cuidado es asociado fuertemente por la institución a la capacidad poner límites a las conductas inadecuadas de los jóvenes. De ahí que el egreso haya sido considerado por el equipo del Hogar como la imposición de un límite motorizado por un fuerte sentimiento de decepción ante las expectativas de cambio incumplidas por Francisco. Y ante las sospechas de una especie de intencionalidad “maliciosa” de “uso” por parte de Francisco. No obstante, tanto estas conductas como los motivos del egreso, son interpretados de manera distinta por otra parte del equipo que se pregunta por la “protección” y el “interés superior” cuando las condiciones que originaron la institucionalización no se modificaron, y que considera una “astucia que esta buenísima” las estrategias llevadas adelante por Francisco. Por su parte Paola, asume parte del sentido de la irresponsabilidad atribuida por el Hogar – la falta a los pedidos institucionales – pero impugna la atribución de haber sido “una madre irresponsable” puesto que “se rompió el culo” por sus hijos y vimos cómo además, prefirió ser “irresponsable” por uno de sus hijos para ocuparse de los otros y ahuyentar la posibilidad de intervención estatal con los otros cuatro. También se vio cómo ante el egreso repentino, fortalecida y auxiliada por los pastores asume la devolución de la guarda para “hacerse responsable” por su hijo. La historia de Francisco evidencia el desarrollo de un conjunto de intervenciones que asume características particulares, por tratarse de un adolescente con quien sus tutores debieron ensayar formas de negociación permanente de la autoridad. Pero con quien, llegado el momento máximo de tensión, el equipo del Hogar decidió no tolerar más algunas conductas desafiantes resolviendo finalmente esa tensión mediante el ejercicio del poder de mando estatal, aun cuando la situación que originó la institucionalización por vía judicial, no hubiera cesado. Su trayectoria institucional, que cobra una relevancia central en el contexto de su trayectoria vital, encierra una paradoja que podemos recuperar a partir de los relatos de su experiencia vivida, e interpretar en el marco de las nociones de contradicción y complejidad que tomamos como referencia teórica para pensar la estatalidad: para Francisco, el Hogar pasó de ser un espacio que lo “salvó de morir” a constituirse finalmente en otro que lo dejó “re

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morir”, aunque tal percepción no anule la valoración positiva de diversas experiencias y aprendizajes que le permitieron desenvolverse en otros espacios de actividad y referencia.

BIBLIOGRAFIA Agustín Barna. “Los derechos del niño. Un campo en disputa”. En Boletín de Antropología y educación. Año 4- Nº5. Buenos Aires: FFyL-UBA, 2011. Págs. 21-25. Adriana Vianna de Resende. “Derechos, moralidades y desigualdades. Consideraciones acerca del proceso de guarda de niños.”. En Infancia, justicia y derechos humanos. Villalta, C. (Comp). Bernal, pcia de Bs.As: Universidad Nacional de Quilmes. 2010 Ana Cecilia Gaitán; Gabriela Magistris; Valeria Llobet y Marina Medán. “Este espacio es para que ustedes hablen”: reflexiones sobre la legitimación de la intervención en programas sociales destinados a jóvenes y adolescentes”. Ponencia presentada en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS 2013. Andrea Cardarello y Claudia Fonseca. “Derechos de los más o menos humanos”. En Tiscornia, Sofía y María Victoria Pita (eds.) Derechos humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires: Antropofagia, 2005. Págs. 9-69 Carla Villalta. “La administración de la infancia en debate. Entre tensiones y reconfiguraciones institucionales.”. Estudios en Antropología Social CAS-IDES. Vol. 1 (2).Recuperado de Scribd. 2010. Págs. 81-102 --------------2013. “Un campo de investigación. Las técnicas de gestión y los dispositivos jurídico-burocráticos destinados a la infancia pobre en la Argentina”. En Revista, Civitas. PUCRS. Vol. 13 (2). Porto Alegre, mayo - agosto 2013. Págs. 245-268 Carla Villalta y Carolina Ciordia. “En búsqueda de la preservación del orden familiar. Medidas judiciales y administrativas vinculadas a la “protección” de la niñez”. En Burocracias penales, administración institucional de conflictos y ciudadanía. Experiencia comparada entre Brasil y Argentina. Sofía Tiscornia, Roberto Kant de Lima y Lucía Eilbaum (organizadores). Buenos Aires: Antropofagia. 2009. Edward Palmer Thompson. La formación de la clase obrera en Inglaterra. Buenos Aires: Crítica, 1989 Homero Saltalamacchia. La Historia de Vida: reflexiones a partir de una experiencia de investigación. Puerto Rico: Ediciones CIJUP. 2014 Julieta Grinberg. “Los Suarez y las instituciones del sistema de protección de la infancia: Un análisis sobre las formas contemporáneas de gobierno de las familias en contextos de desigualdad y pobreza.” En Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 14, núm. 1. Colombia: Centro de

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Jóvenes, familias e instituciones tutelares: controversias en torno a la categoría de responsabilidad Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Universidad de Manizales, 2016. Págs 631-643 Laura Santillán. “Antropología de la crianza: la producción social de “un padre responsable” en barrios populares del Gran Buenos Aires”. Revista Etnográfica, vol. 13 (2). Año 2009. Michel Foucault. Seguridad, territorio, población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,2006. Pierre Bourdieu. “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”. En Revista Sociedad. Año 4, Nº 8 UBA. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales –UBA, 2016. Págs. 5-29 Remi Lenoir. “Genealogía de la moral familiar”. Revista Política y Sociedad. N°42. España, Universidad Complutense de Madrid. 2005 Silvia Guemureman y Denise Fridman.“Políticas públicas, políticas sociales y políticas de seguridad”. En Estudios sobre juventudes en Argentina III: de las construcciones discursivas sobre lo juvenil hacia los discursos de las y los jóvenes // AAVV. Raquel Borobia (coord.) General Roca: Publifadecs - Universidad Nacional del Comahue, 2014. Págs.229-244 Valeria Llobet. “Las políticas sociales para la infancia, la psicología y el problema del reconocimiento”. Revista de Investigaciones en Psicología. Año 14 (2). Facultad de Psicología, UBA. 2010 Valeria Llobet. “Las políticas para la infancia y el enfoque de derechos en América Latina: algunas reflexiones sobre su abordaje teórico”. Fractal: Revista de Psicología, Vol. 23, N° 3, Sept./Dic, 2011. Págs. 447-460. Valeria Llobet. Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes. Buenos Aires: Biblos, 2013 . Valeria Llobet y Marina Medán. “Políticas sociales y violencias hacia las y los niños y jóvenes en Argentina” En dossier Controversias y concurrencias Latinoamericana. Vol 7. N°11. Asociación Latinoamericana de Sociología, 2015.

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Todo queda en familia. Privatizaciones. Rol del de sindicalismo Juventudes y sistemas protección Caso social:analizado: El cuidadoFoetra como riesgo Raúl Irigaray Gimena * Cátedra de de León Administración Pública Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad Facultad de Ciencia Política y RR.II. yU.N.R. el Crecimiento (CIPPEC) gimenadeleon@yahoo.com José Florito ** (CIPPEC) – UDESA (Universidad de San Andrés) jflorito@cippec.org

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Resumen

A pesar de la ampliación en cobertura e inversión de los sistemas de protección social latinoamericanos, el cuidado no ha sido incluido como uno de los riesgos que comprometen el bienestar de la población. Este artículo argumenta que esto vulnera los derechos de las mujeres, particularmente de las jóvenes, en la medida en que les impide acceder al sistema educativo y al mercado laboral en condiciones de equidad. El período que va de los 15 a 29 años es clave porque allí se desarrollan habilidades y capacidades humanas críticas para garantizar umbrales de bienestar futuros. Incorporar al cuidado como riesgo y diseñar políticas públicas que permitan desfamiliarizar las necesidades de cuidado resulta fundamental para aprovechar la ventana de oportunidad que implica el bono demográfico e iniciar trayectorias hacia el desarrollo sustentable. El artículo presenta un primer abordaje conceptual sobre estado de bienestar, cuidados y juventudes, para luego focalizarse en la relación empírica de estas variables en el contexto argentino. Palabras claves: Protección Social - Riesgos sociales – Juventudes - Organización social del cuidado

Abstract

Despite the expansion in coverage and investment of Argentine social protection system, caregiving has not been included as one of the risks compromising the well-being of the population. This article argues that this exclusion endangers women’s rights, particularly young women’s, to the extent that it prevents them from accessing to education and the labor market on equal terms vis a vis their masculine counterparts. The period from 15 to 29 years old is critical insofar basic human capabilities are developed during it. The extent to which these are actually developed, conditions the future access to well-being’s thresholds. Incorporating care as a social risk and designing public policies to de-familiarize and de-commodify care needs is critical to seize the opportunity window that represents the demographic bonus. The article presents a first conceptual approach on the welfare state, caregiving and youths. Then, it offers data on the relationship between youth and caregiving provision in Argentina. Keywords: Social protection- Social risks – youths – Social organization of caregiving provision

Gimena de León - José Florito, “Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 217-241.

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo Introducción La juventud, en tanto etapa de transición entre la niñez y la adultez, es un momento de la vida donde se toman decisiones clave y se dan ciertos pasos de emancipación a través de los cuales los jóvenes1 asumen papeles relacionados con el mundo adulto. Comienzan a trabajar, deciden acerca de su continuidad educativa, forman hogares propios y comienzan su vida reproductiva. El momento cuando se produzcan estos eventos clave y la secuencia entre ellos determinará en gran medida la calidad de sus trayectorias futuras. Es por ello necesario que las políticas públicas contemplen medidas que contribuyan a la terminalidad educativa, la inserción laboral de calidad, el acceso a una vivienda digna y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes (Cecchini, Filgueira y Robles 2014), a fin de que puedan aprovechar la estructura de oportunidades que le ofrece la sociedad. Para eso, es fundamental desarrollar un sistema de protección social integral orientado a la distribución de riesgos y recursos producidos en el marco de la organización social. Asimismo, los jóvenes resultan de fundamental importancia para el país en la medida en que Argentina está todavía experimentando el bono demográfico, lo que significa que la proporción de población potencialmente activa (14 a 59 años) es mayor que la de personas dependientes (niños, adultos mayores y personas con discapacidades permanentes) (Banco Mundial 2015). Los cálculos apuntan a que esta ventana de oportunidad única se cerrará en aproximadamente 20 años, cuando la relación se revierta (Banco Mundial 2015). Sin embargo, el bono en sí no implica el aprovechamiento de su oportunidad, sino que es necesario que el Estado tome medidas concretas en aras del incremento del capital humano de la población activa para promover el desarrollo sostenible. La producción de bienestar en las sociedades es el resultado de la articulación de las acciones del Estado y las de otras tres esferas productoras de riesgos y oportunidades: las familias, el mercado y la comunidad. Esta articulación adopta diferentes características dependiendo de factores contextuales, y estas características, a su vez, impactan en la forma en que la sociedad genera y distribuye riesgos * Gimena de León es Coordinadora de la Iniciativa de Juventudes del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Ha sido Analista de Programa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. También se ha desempeñada como Asesora en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina. Es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y tiene un Master en Política y Planificación Social de la London School of Economics and Political Science (LSE). Contacto: gimenadeleon@yahoo.com. ** José Florito es Analista del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Es Profesor Tutor de las Carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés (UdeSA). Ha sido Investigador Invitado en el Observatorio Electoral Argentino (OEAR), iniciativa conjunta de CIPPEC, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Dirección Nacional Electoral. Es Licenciado en Ciencia Política por UdeSA y actualmente cursa la Maestría en Economía Aplicada en la Universidad Torcuato Di Tella. Contacto: jflorito@cippec.org. 1. El uso de un lenguaje que no discrimine por género es una de las preocupaciones de los autores. Sin embargo, dado que no hay acuerdo sobre la manera de hacerlo en castellano y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar el femenino y masculino en simultáneo para visibilizar la existencia de al menos estos dos géneros, se optó por emplear el genérico tradicional masculino. Los autores entiende que todas las menciones en genérico representan siempre a todos los géneros, salvo cuando se especifique lo contrario.

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sociales (Esping-Andersen 1990). Actualmente, los países latinoamericanos, Argentina incluida, avanzan en la integración de un modelo de bienestar que enfatiza la perspectiva de derechos y de ciclo de vida para enfrentar nuevos riesgos con una mayor inversión social, una cobertura más amplia y un diseño fiscal que apunta a la sustentabilidad (Cecchini y otros 2015). Sin embargo, esta trayectoria no ha sido unívoca ni está libre de desafíos. Los Estados cuentan con instrumentos de protección social diferenciales y llevan adelante agendas de prioridades heterogéneas, dependiendo de las temáticas más salientes que se manifiestan en las sociedades que los componen. Los riesgos sociales refieren a “recurrencias empíricas en las que es posible advertir situaciones de vulnerabilidad social ligadas a ciertas categorías de población definidas por algún criterio” (Filgueira, 2007: 11). Por lo tanto, cada subpoblación presenta estructuras de riesgos y oportunidades diferentes, dependiendo de factores como el sexo, la edad2, la situación socioeconómica, la inserción laboral, etc. A pesar de que el modelo de estado social incipiente ha ampliado la conceptualización de los riesgos a los que el Estado debería hacer frente con políticas sociales, la producción de cuidado sigue concentrada en la esfera privada y sigue siendo un asunto del cual las familias deben encargarse, incluso en el marco de la denominada “crisis” en la materia que experimenta la región (Rico, 2012; CEPAL, 2009) Las necesidades de cuidado siempre estuvieron presentes en los ordenamientos sociales, y su resolución adquirió distintas configuraciones. La satisfacción de la necesidad de ser cuidado es crítica para el bienestar y, por lo tanto, para el desarrollo social y económico (De León, 2014). Por cuidado se entiende el conjunto de “aquellas actividades y relaciones orientadas a alcanzar los requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, así como los marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales éstas son asignadas y llevadas a cabo” (Daly y Lewis, 2000). Históricamente, el cuidado ha sido una cuestión relegada a la esfera privada, siendo las familias las casi exclusivas proveedoras de este servicio. Además, al interior de la familia, la división sexual del trabajo hace que el cuidado recaiga exclusivamente en las mujeres. La incorporación en masse de las mujeres al mercado laboral no ha modificado el modo cómo el cuidado se organiza, recayendo este peso en la familias que tienen que desarrollar mecanismos “adaptativos” frente a una débil presencia estatal en el tema (Filgueira, 2011). En general, las de los deciles de mayores ingresos lo hacen a través de la contratación de servicios (formales e informales), mientras que las de deciles más bajos retiran la participación laboral de las mujeres o se incorporan precariamente en el mercado laboral, a través de trabajos de media jornada, a menudo en la economía informal (De León 2014). Estos mecanismos de adaptación suponen la existencia de brechas de género y de clase, en la medida en que el cuidado se familiariza o se mercantiliza. Este trabajo argumenta que la situación particular de los jóvenes como fase etaria en transición a la adultez y la incidencia de las responsabilidades de cuidado en sus trayectorias laborales y educativas 2. En Sociedad, Cultura y Personalidad. Su estructura y su dinámica, Sorokin se enfoca en los roles que las personas desempeñan en distintos momentos de su vida, y a las expectativas que la sociedad impone a través de la atribución de roles dependiendo de criterios etarios. Otros trabajo clásicos en los que se aborda esto desde una sociología de la edad es el de Parsons (1942), Cain (1964) y Clausen (1988). Este trabajo sigue el enfoque adoptado por Cecchini y otros (2015), que distingue, siguiendo a Riley, Johnson y Foner (1988) entre el análisis de ciclo de vida y el análisis de cohorte, decidiéndose por el primero.

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo amerita la generación de políticas de cuidado que neutralicen este riesgo para ellos. Sin embargo, el diseño de la protección social en Argentina no ha incorporado al “cuidado” como un riesgo que haya que proteger. La primera sección hace un relevamiento de la literatura sobre estado de bienestar y protección social en el contexto latinoamericano, y aborda conceptualmente la organización social del cuidado. La segunda sección discute los impactos de la organización actual del cuidado en los jóvenes, en el marco del enfoque de transiciones. Se proveen datos sobre la juventud y las responsabilidades de cuidado en Argentina, por un lado, y se revisan las políticas públicas que de alguna forma contribuyen a la atenuación de la crisis descripta. El diagnóstico programático refleja una insuficiencia de la acción del estado, caracterizada por la fragmentación y la falta de calidad de las intervenciones. Finalmente, una última sección concluye el trabajo.

Sección I Un abordaje a los estados de bienestar latinoamericanos Las sociedades distribuyen sus riesgos sociales en forma diferencial entre hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y adultos. Cada ordenamiento social tiene un modelo de distribución de estos riesgos, resultado de la conjunción de esferas productoras de riqueza, seguridad y oportunidades. Existe, entonces, una economía política de los problemas y riesgos sociales que asigna recursos de forma diferenciada según atributos propios y adquiridos de la población (Esping-Andersen 1999). Los individuos toman decisiones respecto de cómo utilizan sus activos de capital físico, humano y social. En la medida en que lo hacen, producen parámetros generales de oferta, demanda y precios, de arreglos familiares y de distribución territorial de la población. Estos parámetros condicionarán sus posibilidades futuras de aprovechar la estructura de oportunidades existente (Cecchini y otros 2015). Se pueden distinguir cuatro esferas básicas de producción y distribución de oportunidades y riesgos: los mercados, las familias, las comunidades y el Estado. Este útlimo se diferencia de los anteriores por su esencia centralizada. Sus funciones se pueden resumir en tres: la extracción de recursos de la comunidad, la distribución y asignación de recursos a la comunidad y la regulación de las acciones aceptables y no aceptables, así como la generacón de incentivos y desincentivos en las otras tres esferas (Tilly 1990). La articulación del Estado con las esferas del mercado, la familia y la comunidad constituye el régimen de bienestar (Esping-Andersen 1990). Los regímenes de bienestar son, entonces, la intersección entre una estructura de producción y distribución de riesgos y una arquitectura estatal de protección y redistribución de estos. Un elemento central para la el análisis de un estado de bienestar es evaluar la manera en que estos responden adecuadamente a la producción y distribución del riesgo social (Filgueira 1997). Los riesgos sociales no son manifestaciones aleatorias, sino recurrencias empíricas en la que es posible identificar situaciones diferenciadas de brechas y vulnerabilidad de incurrir en esos riesgos ligadas a categorías de poblaciones específicas (ser joven, ser mujer, ser afrodescendiente, etc.). En la mayoría de las sociedades latinoamericanas, la estructura de riesgos se repite, lo que lleva a la identificación de poblaciones sistemáticamente en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las sociedades

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varían en el grado en que producen y distribuyen niveles de riesgos sociales, como también en la medida en que generan dispositivos sociales para minimizar, moderar, compensar o tratar la efectiva concurrencia de los riesgos (Esping-Andersen 2002). Aquí el Estado juega su rol protagónico, debido al carácter vinculante de sus decisiones (Cecchini y otros 2015). Los instrumentos que utiliza en esta articulación entre mercado, familia y comunidad son lo que se llama protección social. La protección social no cubre todas las áreas de política social, sino que es uno de sus subcomponentes, siendo otros las políticas sectoriales (fundamentalmente relacionadas con salud y educación) y las políticas de promoción social (financiamiento y asistencia técnica para microemprendimientos, intermediación laboral, entre otras). La protección social es un objetivo fundamental para la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población, reconocidos en numerosos instrumentos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre ellos (Cecchini, Filgueira y Robles 2014). Se centra en tres ideas fundamentales: garantías de bienestar básicas, aseguramientos frente a riesgos derivados del contexto o del ciclo de vida y moderación o reparación de daños sociales derivados de la materialización de estos riesgos (CEPAL 2015). América Latina está experimentando, a partir del inicio del siglo XXI, un sinuoso camino de construcción de la ciudadanía social (Cecchini, Filgueira y Robles 2014). Esta trayectoria no ha estado libre de retrocesos y desafíos, pero el cuadro general apunta a un aumento de la inversión social, un incremento de las transferencias monetarias (especialmente para los adultos mayores y las familias con hijos), la ampliación de las diferentes formas de cobertura en la seguridad social y la salud, e importantes avances en cuanto a alcance y servicios en el ámbito educativo. Se suman, además, regulaciones y normas relacionadas con el empleo y la implementación de políticas laborales activas (Cecchini y otros 2015). La nueva matriz de la protección social latinoamericana supone un distanciamiento, más discursivo que real, de los modelos de Estado social que tuvieron auge en el subcontinente en etapas previas. Con diferentes denominaciones, se pueden distinguir tres grandes modelos de sistemas de protección social que tuvieron su correlato en las etapas del desarrollo argentino: el Estado social minimalista del período exportador primario, el Estado social contributista durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el estado social refractario de las décadas del ’80 y el ’90 (Filgueira 1997). Actualmente, se asiste a la germinación de un cuarto modelo, en donde la noción de derechos como fundamento de la política pública va adquiriendo fuerza y se abre una ventana de oportunidad para la incorporación de nuevos riesgos sociales aceptables de intervención estatal (Cecchini y otros 2015). El esfuerzo de los Estados latinoamericanos, Argentina incluida, por incrementar la cobertura de la protección social se manifiestan en al menos cinco elementos: a) aumento de las transferencias a los adultos mayores; b) incremento de las transferencias a las familias con hijos; c) acceso a servicios y aseguramiento de salud; d) cambios en la oferta y rangos de edad cubiertos por la educación; e) diversificación de los instrumentos de protección al trabajador (CEPAL 2015). Quedan, no obstante, discusiones sin saldar acerca de los límites entre lo contributivo y lo no contributivo, la focalización como instrumento de la universalidad y la exigibilidad de las garantías de los derechos sociales, económicos y culturales (Lo Vuolo 2010).

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo Un elemento central de este nuevo modelo de Estado social que gana momentum en América Latina es que parte, al menos discursivamente, de un enfoque de derechos. Este nace de la idea de que la sociedad está conformada por ciudadanos que se encuentran en condición de igualdad (CEPAL 2007). El pleno ejercicio de la ciudadanía requiere la realización no solo de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos y sociales (Hopenhayn 2006). Entonces, la lógica detrás de las garantías que buscan proteger a la población de la efectivización de los riesgos sociales a la que está expuesta es eminentemente igualitaria, en la medida en que los derechos económicos y sociales buscan reducir las brechas de desigualdad entre subconjuntos de personas (Cecchini y Rico 2015). En este marco, estar socialmente protegido es consecuencia de un derecho básico de pertenencia a la sociedad (CEPAL 2006). En consecuencia, los sistemas de protección social deben priorizar la atención de riesgos que vulneran sistemáticamente los derechos de poblaciones específicas, resultando en obstáculos para la consecución de una sociedad igualitaria. Sin embargo la estructura de riesgos no permanece intacta. En la medida en que las sociedades se transforman, cambian sustancialmente la distribución, tipo y cantidad de riesgo social y las formas de protección social deberían adaptarse a los mismos (Filgueira, 2007). Desde esta perspectiva, podría afirmarse que el cuidado se presenta como un nuevo riesgo social (de Leon, 2015). Los cambios demográficos vinculados al progresivo envejecimiento poblacional, sumado a la creciente participación femenina en el mercado de trabajo, la monoparentalidad y el aumento en los índices de divorcios hacen que la conformación de las familias actuales sea más heterogénea y que, como corolario, su posibilidad de afrontar los cuidados de niños/as y adultos mayores se vea disminuida. La organización social del cuidado actual está en “crisis” (CEPAL, 2009).

Las tareas de cuidado intensivas no remuneradas: un riesgo social El cuidado refiere a la gestión y generación de los bienes, servicios y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un ambiente propicio (Arriagada 2010). Existe consenso acerca de considerar al cuidado como un trabajo, en la medida en que implica el uso de tiempo, conocimientos, recursos y desgaste de energía, como también por el hecho de que genera valor para quienes se benefician de él y para la sociedad en su conjunto (Ravazi y Staab 2010). Las tareas de cuidado son imprescindibles para el sostenimiento de la sociedad, así como para la reproducción del sistema económico y social. En vistas a eso, la economía feminista acuñó el término de “economía del cuidado” para referirse a la relación entre la manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento del sistema económico (Rodríguez Enríquez 2013). El cuidado como actividad económica (incluso cuando no remunerada) se caracteriza por un fuerte componente relacional: los cuidados se brindan y se reciben. Todas las personas son autovalientes y dependientes a la vez, por más en que haya períodos de la vida en que prevalece la autosuficiencia y otros en los que predomina la dependencia (Lupica 2014)3. 3.  Algunas personas son “dependientes” en relación con actividades físicas o corporales cotidianas de supervivencia: no se pueden higienizar, alimentar, movilizar en la calle o en el hogar, entre otras acciones, sin contar con el apoyo de otra persona. Niños, adultos mayores, algunos enfermos o personas con discapacidades permanentes tienden a requerir más

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Las tareas de cuidado pueden ser realizadas por distintas personas y en distintos ámbitos. Pueden realizarse en la esfera doméstica, en el seno de la familia, pero también en las esferas del Estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. Los roles y responsabilidades de los distintos actores intervinientes se superponen e interconectan en la compleja organización social del cuidado. Este concepto refiere a la configuración que surge del cruce entre las instituciones y organizaciones que regulan y proveen servicios de cuidados a las personas y los modos como los hogares de distintos niveles socioeconómicos y sus miembros se benefician de ellos (Faur 2012). Las características que asume la organización del cuidado tienen consecuencias importantes en términos sociales y de género. Históricamente, las familias han sido las principales proveedoras de cuidado, arreglo que se mantiene en la actualidad. Dentro de los hogares, por otro lado, se observa una clara división de las tareas, recayendo sobre las mujeres el rol de cuidadoras de forma prácticamente exclusiva (Batthyány 2009). Esta situación se constata en todos los países de América Latina. El informe de salida de la única encuesta de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina arrojó que la proporción de mujeres que participan en tareas domésticas no remuneradas de las mujeres (que incluyen quehaceres domésticos, apoyo escolar de niños y adolescentes y cuidado de personas propiamente dicho) supera en más de 30 puntos porcentuales la de los hombres; a la vez, la cantidad de horas promedio por día que las mujeres dedican a este trabajo casi duplica la de los hombres. Gráfico 1 Argentina: Porcentaje de participación y cantidad de horas diarias promedio dedicadas a tareas de cuidado en sentido amplio, por sexo, total nacional

Fuente: Elaboración propia sobre resultados de INDEC (2013): Encuesta del uso del tiempo. cuidados que las personas en edad activa (14-59 años) (Lupica, 2014).

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo Que las familias, y dentro de ellas las mujeres, sean las proveedoras primordiales de cuidado implica que su provisión está sujeta a las capacidades y los recursos de quienes lo demandan y quienes lo proveen. En contextos en donde el Estado falla en proveer oferta de servicios, las desigualdades socioeconómicas de las familias segmentan el acceso a los servicios de cuidados que brinda el mercado y se exacerban las situaciones de vulnerabilidad entre aquellos hogares con menores recursos, generando un ciclo vicioso (Lupica 2014). Las familias, dependiendo de su poder adquisitivo, recurren a mecanismos adaptativos diferenciales. Quienes tienen mejores ingresos pueden disponer de un mayor acceso a cuidados mercantiles y de mayor calidad, mientras que las familias de menores ingresos deben recurrir al apoyo de otras mujeres o cuidadoras informales para la atención de sus familiares (Batthyány 2009). Estas diferencias no solo repercuten en la calidad de los cuidados que reciben quienes los requieren, sino en las posibilidades de las mujeres de mantenerse en el sistema educativo o incorporarse en el mercado laboral en condiciones de equidad. Esta situación, a su vez, no permite que contribuyan con ingresos propios al bienestar de su hogar. De esta forma, cuando las familias solo cuentan con las opciones de familiarizar o mercantilizar la provisión de cuidados, las de los deciles más bajos de ingresos, que no pueden afrontar el costo del sector privado sufren pobreza de tiempo que, a su vez, se traduce en pobreza económica (Antonopoulos, Masterson y Zacharias 2012). El modelo actual de organización social del cuidado, además de contribuir a la inequidad de género, es insostenible. Actualmente Argentina asiste a un escenario de desequilibrio entre la oferta y la demanda de cuidados, como producto de la mayor proporción de personas que los requieren y la menor cantidad de personas en condiciones de proveerlos. Esto es lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha denominado “crisis del cuidado” (CEPAL 2010c). Tres elementos en conjunción contribuyen a este fenómeno. En primer lugar, un contexto de envejecimiento poblacional marcado por el aumento de la esperanza de vida, que implica un incremento de los cuidados necesarios como de la complejidad de estos frente a enfermedades crónicas de larga duración que disminuyen la capacidad de autovalimento de los adultos mayores. En segundo lugar, una modificación de la cultura institucional de los servicios de salud, que priorizan la atención y recuperación en el entorno hogareño (Arriagada 2010). Finalmente, modificaciones en la estructura y dinámica laboral que limitan la disponibilidad de oferta de cuidados en el interior de los hogares: la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, la transición del esquema proveedor-cuidadora al de doble proveedor y el incremento de los hogares monoparentales (Lupica 2010). Si bien es cierto que los hombres han aumentado su participación en las tareas de cuidado no remuneradas, este incremento no ha sido tal como para suplir las demandas de estos servicios que la sociedad requiere. Los hombres cumplen un rol accesorio en forma de “colaboración”, sin asumir la misma responsabilidad de las mujeres en la gestión de las tareas hogareñas (Lupica 2013). A su vez, el Estado no ha sabido elaborar respuestas de política satisfactorias ante estas crisis, lo que conlleva a que las mujeres se vean obligadas, por el rol protagónico y exclusivo que la sociedad les impone como responsables de la reproducción social, a llevar adelante lo que se ha llamado “doble jornada”: al trabajo remunerado le sigue el trabajo en el hogar. La crisis del cuidado y las consecuencias que trae aparejadas para las mujeres, las personas que reciben cuidados y la sociedad en su conjunto llama a conceptualizar la necesidad del cuidado como un

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riesgo que el sistema de protección social debe distribuir mediante políticas públicas integrales basadas en un enfoque de derechos. En el contexto demográfico actual, el acceso a servicios de cuidado de calidad es indispensable para asegurar un bienestar mínimo, responsabilidad del estado social (Bertranou 2004). Es de crítica importancia que este reconocimiento considere al “cuidado” como un bien público que la sociedad toda requiere para su subsistencia. En el caso particular de los jóvenes, es necesario tener en cuenta cómo la sobrecarga de tareas de cuidado durante el período comprendido entre los 15 y los 29 años afecta no solo las posibilidades de bienestar presente, sino que compromete seriamente la estructura de oportunidades a lo largo de su vida. En esta edad, la culminación de la educación media y la inserción al mercado laboral, son críticos en el desarrollo del capital humano que permitirá la transición hacia la adultez a través de una trayectoria de inclusión o de exclusión. Esto, a su vez, tendrá un impacto fundamental en las posibilidades de cada Estado de aprovechar el bono demográfico e iniciar el tránsito hacia el desarrollo sostenible.

Sección II 2.1. Juventudes: etapa crítica, riesgos no abordados Los riesgos sociales que enfrenta un individuo dependen de atributos propios de diferentes identidades de las que participa y de la situación contextual en la que se encuentra. De esta forma, un hombre heterosexual de clase media y ascendencia europea no enfrenta la misma estructura de riesgos y oportunidades que una persona transgénero de ascendencia indígena y en situación de pobreza. Hay categorías que permiten agrupar distribuciones diferenciales de riesgos: la edad, el género, la situación socioeconómica, entre otras. La edad es una de las bases de la organización y la estratificación social (Sorokin 1996). Se ha enfatizado la relevancia de esta dimensión identitaria en la medida en que impacta fuertemente en el proceso de desarrollo de los individuos, al situarlos frente a distintos requerimientos, roles y desafíos (Cecchini, Filgueira y Robles 2014). El consenso acerca de la etapa crítica de la juventud en el desarrollo de un individuo es cada vez mayor. Las transformaciones físicas, sociales y psicológicas concentradas entre los 15 y 29 años estructuran trayectorias que condicionan las oportunidades y la posición relativa de las personas en la estructura social (Rossel y Filgueira 2015). La forma en que se asumen, y secuencian, los roles adultos en la vida de los adolescentes y jóvenes condiciona en buena medida el acceso a umbrales de bienestar en los años posteriores (Coleman 1974). Los procesos que transcurren durante esta etapa del ciclo vital no son de ninguna manera homogéneos: el “ser joven” está cruzado por múltiples dimensiones que contribuyen a su identidad, tales como la situación socioeconómica, las pautas de consumo, la sexualidad, entre otros. Por lo tanto, es más preciso hablar de juventudes (Margulis y Urresti 1998). Desde una perspectiva analítica, se producen en esta etapa al menos cuatro hitos fundamentales que marcan profundamente la transición hacia la vida adulta: la salida del sistema educativo; el ingreso al mercado laboral; la formación de un nuevo hogar distinto del familiar de origen y la tenencia del primer hijo (Rossel y Filgueira 2015). Estos hitos se dan en un contexto en el que la familia pierde peso

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo como principal espacio de riesgo y protección para dar lugar a la influencia del mercado y el Estado (Trucco y Ullmann 2015). La efectiva ocurrencia de estos hechos es clave, pero debe ser analizada en concurrencia con tres elementos: su temporalidad, su secuencia, y su calidad. Como señalan Rossel y Filgueira (2015): “El abandono temprano del sistema educativo, el embarazo en la adolescencia, el trabajo adolescente o la expulsión del hogar de origen en forma muy temprana son riesgos clave que es preciso evitar. Pero también lo son algunas secuencias: la procreación antes de la culminación de niveles educativos básicos y sin inserción laboral, el abandono del hogar de origen en situación de desafiliación institucional del mercado laboral y la educación, o el embarazo sin pareja son secuencias que incrementan la vulnerabilidad y los riesgos de cada evento y del bienestar presente y futuro. Finalmente, la calidad del evento también importa: ¿es el primer empleo precario o estable?, el fin del ciclo educativo ¿permite disponer de competencias básicas adecuadas o no?, el embarazo, ya sea temprano o no, ¿se produce en adecuadas condiciones de salud y bienestar de la mujer?” (Rossel y Filgueira 2015, p. 129). La distribución diferencial de riesgos supone, cuando no resuelta por el Estado, un obstáculo para la igualdad. La noción de igualdad que se funda en el enfoque de derechos va más allá de la distribución de los ingresos e incluye la igualación en la disponibilidad y el aprovechamiento de oportunidades (CEPAL 2007). La igualdad así entendida se expresa en el ejercicio pleno de la ciudadanía, la dignidad y el reconocimiento mutuo (Trucco y Ullmann 2015). El progreso hacia esa meta requiere, por lo tanto, de políticas que promuevan la autonomía de los sujetos e instrumenten la protección frente a los riesgos y vulnerabilidades (CEPAL 2006). Los jóvenes, como se mencionó antes, enfrentan riesgos particulares asociados a su edad. El hiato entre ámbito educativo y mercado laboral es un espacio en donde se manifiestan estos riesgos: la temporalidad, secuencia y calidad de esta transición es crítica en términos de acumulación de capital humano y aprovechamiento de oportunidades presentes y potencialidades futuras (De Hoyos, Rogers y Szkély 2016). Para tomar ventaja del bono demográfico que experimenta el país y asegurar la sostenibilidad del desarrollo en el largo plazo es fundamental contar con una población joven de mayor nivel educativo, aprendizajes pertinentes y capacidades de innovación y manejo de la sociedad del conocimiento (Trucco y Ullmann 2015). Sin embargo, el panorama actual no es enteramente prometedor: la evidencia sugiere que los enormes avances en términos de continuidad educativa no se han visto reflejados en una mejor incorporación en el mercado laboral ni en un aprovechamiento de las nuevas capacidades adquiridas por los jóvenes durante el transcurso de su formación formal (Soto, Trucco y Ullmann 2015). Esta situación se ve particularmente reflejada en los jóvenes que actualmente no están insertos en instituciones educativas ni laborales. Esta población, conocida popularmente como “Ninis”, representa el 19% de todos los jóvenes en Argentina (Trucco y Ullmann 2015).

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Tabla 1 América Latina y Argentina: Condición de actividad de jóvenes de 15 a 29 años, 2012 (en porcentajes) Lugar

Estudia y está empleado

Solo estudia

Solo está empleado

No estudia ni está empleado

Total

América Latina

10,5

26,5

40,9

22

100

Argentina

10,3

36,1

34,3

19,3

100

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de 18 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Venezuela).

El término “nini”, que significa que “ni estudia ni trabaja” es altamente peyorativo, además de acabadamente falso (Díaz Langou y Repetto 2014). Los jóvenes argentinos desvinculados de los principales ejes de inclusión social (escuela y trabajo) deben, además de sufrir la importante desventaja en términos presentes y futuros para no caer o salir de la pobreza, enfrentar la estigmatizante etiqueta de “nini”, que refuerza estereotipos que, a su vez, dificultan el acceso a estas dos esferas. El estigma se construye en torno a la idea de que los jóvenes en esta situación son una población en riesgo asociada a problemas como la vagancia, la delincuencia, el abuso de alcohol y las drogas (Trucco y Ullmann 2015). Este término esconde en realidad una situación harto heterogénea, y la visibilización de esa complejidad y heterogeneidad de situaciones es fundamental para avanzar en la identificación de los motivos de exclusión. No debe obviarse la casi exclusividad del género femenino en la provisión del cuidado en la población joven que no estudia ni trabaja. Estas tareas intensivas, no remuneradas, son el principal obstáculo para la inclusión educativa y en el mercado de trabajo remunerado de las jóvenes. Por otro lado, estos datos derriban el mito de que los jóvenes desafiliados de los sistemas educativos y del mercado de trabajo “no hacen nada”. En el caso de las mujeres cuidadoras, son las responsables de proveer de un servicio indispensable no solo a su familia o comunidad, sino a la sociedad en su conjunto. Como se mencionó antes, el sistema de producción entero descansa sobre el subsidio que las mujeres realizan a través de estas actividades a toda la sociedad, por las que no solo no reciben un salario, sino que también son causa de exclusión presente y futura. Las altas tasas de embarazo adolescente juegan un rol importante en las necesidades de cuidado. América Latina y el Caribe sigue siendo la región de mayor fecundidad adolescente del mundo, después de África Subsahariana (Rodríguez 2014). Sin embargo, las jóvenes no solo cuidan a sus hijos, sino que también son las responsables de proveer estos servicios a sus padres, los adultos mayores que comparten su hogar, sus hermanos menores, sobrinos, entre otros (Rico y Trucco 2014). La división sexual de las tareas se inicia en la primera adolescencia (a partir de los 12 años), y compromete la posibilidad futura de las jóvenes de lograr una terminalidad educativa de calidad e insertarse en el mercado de trabajo en condiciones decentes. Los períodos de inactividad y precariedad laboral, a su vez, envían señales negativas a potenciales empleadores futuros, de manera que se genera un círculo

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo vicioso en donde el único proyecto de vida que se les permite tener es el asociado a la maternidad y el cuidado (OIT 2010). La siguiente sección muestra datos de la situación en Argentina y las insuficientes respuestas de política.

2.2. Jóvenes y cuidados en Argentina: ¿Cuál es la situación? En Argentina hay 10.430.443 jóvenes entre 15 y 29 años, que representan aproximadamente el 26% de la población. La distribución por sexo es prácticamente equitativa, con una levísima preponderancia femenina (51,4% vs. 48,6%) (INDEC 2010). La principal herramienta de relevamiento de datos para caracterizar a las juventudes argentinas es la Encuesta Nacional de Jóvenes 2014 (ENJ), el primer estudio específico sobre la temática a nivel nacional que realizó el Sistema Estadístico Nacional. El objetivo general de la ENJ fue el de describir los principales comportamientos de los jóvenes residentes en centros urbanos de 2000 o más habitantes, enfocándose en su pasaje de la adolescencia a la adultez, a través del análisis de las transiciones, intereses y elecciones en diversos aspectos de la vida cotidiana (INDEC 2015). Su diseño muestral fue probabilístico y multietápico y se realizó de manera asociada a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) en el marco del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH). Si bien se utilizarán los datos de la ENJ para caracterizar la situación de los jóvenes relacionada con el cuidado en la actualidad, la Encuesta Permanente de Hogares permite apreciar su evolución histórica.

Gráfico 2 Evolución (2003-2014) del uso del tiempo de los jóvenes entre 15 y 29 años, grandes aglomerados urbanos, total país.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, II trimestre, 2003-2014.

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Como muestra el gráfico, la proporción de jóvenes que solo estudia aumentó en más de cuatro puntos porcentuales (del 29% al 33,3%), mientras que la proporción que solo trabaja disminuyó menos de un punto porcentual. El porcentaje de jóvenes que realiza ambas actividades y el de aquellos que no realizan ninguna pero buscan trabajo se mantuvo relativamente estable a lo largo de todo el período considerado. Sin embargo, la incidencia de quienes no estudian, no trabajan ni buscan trabajo aumentó: pasó de 12,9% a 15,9%. Este es un incremento bastante preocupante por dos motivos. Primero, porque la desafiliación de la escuela y del mercado de trabajo trae aparejadas graves consecuencias para el presente y el futuro. Segundo, porque el período considerado fue uno de relativa bonanza económica y de un incremento sostenido de la inversión social, lo que tendría que haber operado en la dirección contraria de la que muestran los números (Díaz Langou y Repetto 2014). En el gráfico 5 se observa que la mayor concentración del problema de los jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo está entre aquellos que tienen de 18 a 24 años, ascendiendo el guarismo a 17,4%.

Gráfico 3 Uso del tiempo de jóvenes por rango etario, grandes aglomerados urbanos, 2014.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, II trimestre 2014.

Existen marcadas brechas de género en el uso del tiempo de los jóvenes. Como señala la literatura y los datos para América Latina, la mayoría de los mal denominados “nini” son mujeres. La comparación entre el uso de tiempo de los varones y el de las mujeres permite observar gráficamente esa diferencia.

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo Gráfico 4 Uso del tiempo de jóvenes varones por rango etario. Grandes aglomerados urbanos. 2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, II trimestre 2014.

Gráfico 5 Uso del tiempo de jóvenes mujeres por rango etario. Grandes aglomerados urbanos. 2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, II trimestre 2014.

Mientras el 23,7% de las mujeres no está inserto en la esfera laboral ni en el sistema educativo, el guarismo equivalente para los hombres es de apenas el 8,7%. Esto implica que cerca del 72% de los jóvenes en esta situación son mujeres. A diferencia de la EPH, la ENAJ nos permite conocer qué actividades realizan los jóvenes que no estudian ni participan del mercado laboral. Con el propósito de analizar la convergencia de las actividades educativas, de trabajo remunerado y de cuidado, los informes de salida de la encuesta presentan diagramas de Sankey que permiten visualizar la composición de los diferentes grupos de jóvenes en relación con la realización de estas actividades. En la sección izquierda de los diagramas se presenta la distribución del grupo de jóvenes según si está o no en formación; en la sección central se incorpora

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la dimensión del trabajo, mostrando la convergencia de las actividades de formación con las laborales en términos de si los jóvenes forman parte de la fuerza de trabajo; finalmente, en la sección derecha se presenta la distribución de las actividades de cuidado de personas mayores y/o niños (INDEC 2015).

Gráfico 6 Convergencia de actividades de la población de 15 a 29 años. Localidades de 2000 habitantes. Total del país. 2014

Fuente: INDEC (2015): Encuesta Nacional de Jóvenes. Segundo informe de resultados. INDEC: Buenos Aires

El diagrama muestra ocho categorías en donde ubica a las personas. En cada una de ellas se encuentra una combinación única de las tres actividades consideradas (estudios, trabajo, cuidado)4. Los datos informan que el 11,5% de los jóvenes encuestados no estudiaban ni estaban insertos en el mercado laboral. De ese 11,5%, el 70% se dedicaba a tareas de cuidado. Por otro lado, solo 3,3% de todos los jóvenes de 15 a 29 años no trabaja, no estudia y no cuida. Es fundamental observar las diferencias de género en las configuraciones que adopta el uso del tiempo. 4. Los guarismos son diferentes del presentado antes en base a la Encuesta Permanente de Hogares. Esto se debe a que la EJN es representativa de todos los jóvenes que habiten en municipios de más de 2000 habitantes, mientras que la EPH solo considera grandes conglomerados urbanos. Esto puede implicar, entonces, que la vulnerabilidad asociada a no estar en las esferas laborales ni educativas tiene un perfil bastante urbano. 

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo Gráfico 7 Convergencia de actividades de los varones de 15 a 29 años. Localidades de 2000 habitantes y más. Total del país. 2014

Fuente: INDEC (2015): Encuesta Nacional de Jóvenes. Segundo informe de resultados. INDEC: Buenos Aires

Apenas el 3,9% de los jóvenes varones no está inserto en el mercado de trabajo (como trabajador o en búsqueda) ni en el sistema educativo. De ellos, solo el 20% se dedica a tareas de cuidado. Sin embargo, cuando se analizan las combinatorias de actividades de las mujeres, la situación es diametralmente opuesta. Gráfico 8 Convergencia de actividades de las mujeres de 15 a 29 años. Localidades de 2000 habitantes y más. Total del país. 2014

Fuente: INDEC (2015): Encuesta Nacional de Jóvenes. Segundo informe de resultados. INDEC: Buenos Aires

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El 19,4% de las jóvenes de 15 a 29 años no trabajan de forma remunerada ni están insertas en el sistema educativo. Esto implica una diferencia respecto de los hombres de 15,5 puntos porcentuales. A su vez, cuando se observa la prevalencia de actividades de cuidado dentro de ese grupo, el 81% manifestó realizarlas, frente al 20% de los varones de la misma categoría de convergencia de actividades. Por otro lado, un dato preocupante es que existe una brecha importante de género entre quienes dejaron de estudiar o trabajar por responsabilidades de cuidado.

Gráfico 9 Proporción de población joven que dejó de trabajar (total o parcialmente) por tareas de cuidado, por género.

Fuente: INDEC (2015): Encuesta Nacional de Jóvenes. Segundo informe de resultados. INDEC: Buenos Aires

A su vez, se observa que las tareas de cuidado aumentan a medida que progresa la edad. El grupo de población de 25 a 29 años es el que más tiempo dedica a tareas relacionadas con el cuidado.

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo Tabla 2 Jóvenes que cuidan niños y adultos mayores por grupos de edad y sexo. Localidades de 2000 habitantes y más. Total del país. 2014 Grupos de edad 15-19 20-24 25-29 15-29

Total 27,3 33,8 49 36,1

Mujeres 32,6 48,9 65,3 48,4

Varones 22,5 19,2 32,3 24,2

Fuente: INDEC (2015): Encuesta Nacional de Jóvenes. Segundo informe de resultados. INDEC: Buenos Aires

Finalmente, es también necesario recalcar que las actividades de cuidado tienen una incidencia mayor entre los jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos. El 44% de jóvenes que viven en hogares con ingresos bajos realiza actividades de cuidado, comparado con un 26% de jóvenes que viven en hogares del primer quintil. La mayor diferencia se da en el grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja ni busca trabajo: en los del estrato de menor ingreso, el 13% cuida, mientras que en los del quintil más alto este porcentaje apenas asciende a 3% (INDEC 2015).

2.3. Cuidados y políticas públicas: tiempo, dinero y servicios Las políticas públicas intervienen en la configuración de las relaciones de género. Existe un gran acervo de literatura que ha analizado la forma en que las políticas sociales inciden en las políticas de cuidado, exacerbando o atenuando inequidades de género preexistentes en torno a la distribución de las responsabilidades de cuidado. Por su parte, existe un amplio consenso en torno a cómo deben organizarse las políticas que brinden solución a las necesidades de cuidado, sintetizándolas en medidas que garanticen a las familias tiempo, dinero y servicios para cuidar (Ellingaester, 1999 citado en Pautassi, 2007). En relación con las políticas de tiempo para cuidar, el principal instrumento de política que existe en Argentina es el de licencias por maternidad, paternidad y familiares. Se observa una gran heterogeneidad entre los diferentes regímenes, dependiendo de factores geográficos y sectoriales (Aulicino, y otros 2013). La Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) establece 90 días por licencia de maternidad y 2 días de licencia por paternidad, por debajo de los estándares internacionales instaurados por la Organización Internacional del Trabajo en la Recomendación N° 183. El sector público nacional tiene su propio convenio, que eleva a 100 los días de licencia por maternidad y a 5 los de paternidad. A esto se suma el régimen de empleo público de cada provincia, que muestran gran variación en la duración y la promoción de la coparentalidad del cuidado. Hay que tener en cuenta, además, que estas licencias solo cubren al trabajador formal, lo que es un punto relevante para los jóvenes en la medida en que la incidencia de la informalidad en esta subpoblación ronda el 60%, mientras que llega al 34% para la población general (Díaz Langou y Florito 2016). Por otro lado, la desproporción de cantidad de días

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asignados a la madre en relación con los asignados al padre contribuye a perpetuar estereotipos de género que recluyen a la mujer a un rol exclusivo de cuidadora (Aulicino, y otros 2013). En cuanto a las transferencias de ingresos que apoyen la seguridad económica, parte de la literatura ubica a las asignaciones monetarias previstas en los sistemas contributivos (asignaciones familiares, asignación por embarazo, jubilaciones y pensiones, entre otros) y las asignaciones previstas en los sistemas no contributivos (como la Asignación Universal por Hijo). Si bien estos instrumentos constituyen un aporte del Estado que permite alivianar el costo económico que las familias destinan al cuidado, se ha resaltado que no constituyen verdaderos sostenimientos del cuidado (Esquivel, 2011). Por un lado, por los montos estipulados, ya que suponen dinero para consumir una canasta de bienes y servicios mínimos que no incluyen al cuidado. Y, por otro lado, porque constituyen medidas generadas para alivianar la situación de pobreza de los hogares. Además, desde la igualdad de género, estos mecanismos siguen reforzando la idea de que el cuidado es una responsabilidad femenina y han contribuido a aumentar la carga de trabajo no remunerado para las mujeres que deben hacerse cargo del cumplimiento de las corresponsabilidades (Pautassi y Zibechi, 2010; Martínez Franzoni, 2011). Las transferencias que sostienen el cuidado pueden ser de dos tipos; prestaciones monetarias para la contratación de servicios u otras prestaciones que faciliten el acceso a servicios (Salvador, 2015), ó remuneración al tiempo dedicado al cuidado de quienes lo ejercen. Esta última modalidad, siguiendo a Battyhany (2015), opera como un reconocimiento a las personas, generalmente mujeres, que no están en el mercado de trabajo por estar dedicadas a cuidar y que esa tarea de cuidado debe darles acceso a una remuneración o a derechos sociales. Estas medidas presentan fortalezas y debilidades. Entre las primeras está la idea de que perpetúan la desigualdad, ya que tienden a ser asignaciones muy bajas; pudiendo asimismo contribuir a desincentivar el ingreso al mercado laboral con los efectos negativos que esto trae aparejado en la posibilidad de salir de la pobreza para esos hogares; en este sentido, constituye un instrumento con efectos negativos para la equidad de género (Daly, 2003). Pero, por otra parte, no deja de ser un reconocimiento a una labor de facto que realizan las mujeres, y podrían constituirse en un elemento que posibilite la independencia económica de las mismas. Finalmente, en cuanto a los servicios de cuidados, estos tienen una gran potencialidad en términos de conciliación entre responsabilidades reproductivas y productivas, posibilitando una mayor inserción laboral de las mujeres y ofreciendo mayor equidad en términos de género, en la medida en que apuntala la desfamiliarización. Lamentablemente, la cobertura y la calidad de los servicios de cuidado para los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños son insuficientes (CIPPEC-OITPNUD-UNICEF 2015); (Lupica 2014). Si bien el sistema educativo suple la función en el caso de los niños, la etapa que va desde los cero a los 3 años es crítica en términos de las necesidades de cuidado irresueltas y el uso consiguiente de mecanismos adaptativos como la precariedad laboral o la mercantilización (que, a su vez, traslada el riesgo de la mujer de ingresos medios y altos que contrata a la mujer de ingresos bajos que es contratada). En resumidas cuentas, las respuestas del Estado a los desafíos de la crisis del cuidado que enfrenta Argentina no son suficientes. En primer lugar, porque son fragmentadas. Las políticas de tiempo, servicios y dinero muestran altas dosis de desarticulación y segmentación, contribuyendo a la des-

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Todo queda en familia. Juventudes y sistemas de protección social: El cuidado como riesgo igualdad en el acceso de soluciones a las necesidades de cuidado. En segundo lugar, porque no están pensadas desde una agenda de género, sino desde por lo menos tres agendas diferentes: las políticas de tiempo, fundamentalmente las licencias, fueron diseñadas como derechos del trabajador formal y con el fin originario de proteger a la madre y al recién nacido, no como política de conciliación o cuidado. Los servicios de cuidado buscan fundamentalmente la protección de quienes requieren cuidados: niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Las transferencias monetarias, como se señaló, no son auténticas transferencias de recursos para afrontar el costo del cuidado, sino instrumentos de reducción de la pobreza. La falta de una perspectiva de género y de una integralidad ordenadora del sistema hace que este sea ineficiente y no supla las necesidades de cuidado de los jóvenes y, dados los datos mencionados, fundamentalmente de las jóvenes. Esta situación se agrava cuando, además, los hogares que requieren cuidados con mayor intensidad están en una situación de vulneración económica que impide la contratación de servicios y, por ende, carga todo el trabajo no remunerado sobre la mujer, generando así un círculo vicioso caracterizado por la pobreza de tiempo y la pobreza de ingresos.

Sección III Conclusiones Este trabajo argumentó que la fase tarea de la juventud es central en el desarrollo de las personas porque es allí donde se delinean las principales rutas de inclusión o exclusión en la sociedad. Y que existe un “riesgo” clave para los jóvenes, y particularmente las jóvenes, vinculado con el impacto que tienen las responsabilidades de cuidado en sus posibilidades de desarrollo personal e inclusión social. Esta situación que incide directamente en sus posibilidades de estudio o trabajo –principales esferas de inclusión social, se agrava ante la ausencia de políticas que contribuyan a alivianar la carga que le cuidado supone para las familias. Los datos muestran que, a pesar de los grandes avances en términos de reducción de la pobreza e inclusión educativa operados en los últimos años, quedan desafíos pendientes relacionados con la verdadera integración social de las juventudes y el desarrollo de su capital humano. Como se evidenció, los jóvenes tienen mayores problemas en ingresar al mercado laboral, participan más de la economía informal y tienen mayores tasas de rotación. Desde 2003 a 2014, la proporción de jóvenes que no están insertos en el mercado laboral ha aumentado, y un análisis de su composición revela que la enorme mayoría son mujeres que se dedican de forma intensiva a tareas de cuidado. Esto las previene de incorporarse plenamente al ámbito educativo y laboral, minando su probabilidad futura de gozar de umbrales mínimos de bienestar. Esto a su vez repercute en el desarrollo de su capital humano y en la posibilidad de que Argentina aproveche la situación demográfica favorable que experimentará hasta 2035 (Banco Mundial 2015). En efecto, el país. Una manera de invertir en los jóvenes el reconocimiento de los diferentes factores que inciden en sus posibilidades de integración social. En ese marco, reconocer que las responsabilidades de cuidado obstaculizan el desarrollo de la potencialidad de la juventud es un paso central. Actualmente, sin embargo, la oferta de políticas de tiempo, servicios y dinero es insuficiente, fragmentada, segmentada y de calidad heterogénea. Esto impacta fundamental-

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mente en las mujeres jóvenes de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, reforzando mecanismos adaptativos que contribuyen a la pobreza de ingresos y de tiempo. Entre los factores que contribuyen a esta deuda pendiente hay algunos elementos estructurales y otros institucionales que deberán ser derribados para poder avanzar en la incorporación del cuidado como riesgo. Entre los factores estructurales se puede mencionar la naturalización del rol de la familia como proveedora de cuidados, y dentro de ella, la división sexual del trabajo que responsabiliza a la mujer como responsable casi exclusiva de las funciones reproductivas de la sociedad (Faur 2012). Esto tiene que ver con patrones familiares hoy en retroceso, con la conceptualización del cuidado como actividad en sí misma grata que no requiere remuneración, y con la naturaleza relacional de este, que dificulta su concepción como un trabajo que se debe distribuir socialmente. Estas concepciones permearon el diseño de los sistemas de protección social en el país, impidiendo que el cuidado sea abordado como un bien público que debe estar a cargo del Estado. La oportunidad que brinda la vigencia del bono demográfico en Argentina es única. Es hoy el momento para avanzar en políticas que inviertan en los jóvenes y tomen especialmente en cuenta a quienes tienen responsabilidades de cuidado, dado que este hecho cercena sus posibilidades de participación plena en la sociedad. Para que esto sea aprovechado, no obstante, es necesario que el Estado invierta en ellos.

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A 10 años de la Ley de Educación técnico profesional en Argentina: ¿Los egresados de escuelas técnicas se insertan mejor en el mercado Raúl Irigaray de trabajo?* Cátedra de Administración Pública Facultad de Ciencia Política y RR.II. U.N.R. Mariana Lucía Sosa** PREJET CIS-IDES/CONICET marianalucs@gmail.com

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Mariana Lucía Sosa

Resumen

La recuperación económica posterior a 2003 dio lugar al incremento de la ocupación y a significativas mejoras en los indicadores económicos y sociales. Paralelamente, reformas en el sistema educativo promovieron la formación e inserción laboral de jóvenes en actividades técnicas. El presente trabajo tiene como objetivo analizar algunos indicadores vinculados a la inserción laboral y educativa de jóvenes egresados de escuelas de educación técnica y comparar su inserción con la de jóvenes del mismo tramo de edad egresados del nivel secundario (considerando todas las modalidades) en la Argentina. Para ello se utilizarán datos del año 2013 de la Encuesta de Seguimiento de Egresados1 realizada por el INET2 y de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC3. Palabras claves: educación técnica - inserción laboral - jóvenes – escuela secundaria

Abstract

The economic recovery after the crisis of the early 2000s led to significant improvements in economic indicators and the rise in employment. Simultaneously, recent reforms in the education system promoted the training and employment of young people in technical activities, which meant changing the course of the measures taken during the 1990s. This paper aims to analyze the main indicators related to the employment of young graduates of technical education schools and compare them with the insertion of young graduates of the same age range of the secondary level (considering all kinds) in Argentina. For this, we will use data of the Survey of graduates on technical education carried out by the INET in 2013 and data from the Permanent Household Survey carried out by the INDEC of the same year. Comparing the two groups allows to know whether there are differences between secondary school graduates of technical education and graduates from other schools regarding to employment and educational rates insertion. The aim is to analyze if they have different rates of employment and unemployment and if there are differences in the quality of jobs they can access, whether or not to continue studying, etc. Keywords: technical education - labor insertion - youth – secondary school

Mariana Lucía Sosa, “A 10 años de la Ley de Educación técnico profesional en Argentina: ¿Los egresados de escuelas técnicas se insertan mejor en el mercado de trabajo?”. Cuadernos del Ciesal. Año 13, número 15, enero-diciembre 2016, pp. 242-258.

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A 10 años de la Ley de Educación técnico profesional en Argentina: ¿Los egresados de escuelas técnicas se insertan mejor en el mercado de trabajo? Introducción 123 La revitalización económica posterior a la crisis de principios de la década de 2000 dio lugar al incremento de la ocupación general. Paralelamente, las reformas recientes en el sistema educativo promovieron la formación e inserción laboral de jóvenes en actividades técnicas, modificando el rumbo planteado durante la década de 1990. El objetivo del trabajo es analizar y comparar aspectos de la inserción laboral y continuidad educativa de los egresados de escuelas medias de educación técnico-profesional (en adelante ETP) y de quienes egresan de las otras modalidades del nivel secundario, para conocer si existen diferencias entre ellos, si poseen distintas tasas de ocupación y de desocupación, si hay diferencias en la calidad de los empleos a los que acceden, si siguen o no estudiando, etc. A tal fin, se utilizarán datos de la Encuesta de Seguimiento de Egresados realizada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)4 en el año 2013 y datos de la Encuesta Permanente de Hogares (en adelante EPH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del mismo año, considerando a los jóvenes del mismo tramo de edad con nivel secundario completo (de todas las modalidades) en Argentina.

Cambios y continuidades en relación a la década de 1990 El contexto macroeconómico de la posconvertibilidad en la Argentina tuvo como antecedente inmediato al proceso neoliberal de la década de 1990. En dicho periodo, enmarcado en la tendencia mundial orientada por el fin del predominio del “Consenso Keynesiano” y el inicio del denominado “Consenso de Washington”, se implementaron políticas * El presente trabajo forma parte de los resultados preliminares de una investigación en curso que se inscribe en el Proyecto PICT 2012-0091 titulado “Los mundos de la inserción laboral juvenil: alcances y límites de las políticas públicas y dispositivos de apoyo a la inserción socio-laboral de los jóvenes”. ** Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestranda en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios (IDAES) de la Universidad Nacional General San Martín (UNSAM). Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Becaria Doctoral de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) en CIS/IDES-CONICET. E-mail: marianalucs@gmail.com 1.  Desde el año 2008 se encuentra en funcionamiento el Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Graduados de la Educación Técnico Profesional (SEGETP) con el propósito de realizar estudios sobre las trayectorias educativas e inserción ocupacional de los estudiantes y graduados de las escuelas secundarias técnicas. Hasta la fecha se ha realizado un censo en 2009 y dos encuestas de seguimiento en 2011 y 2013 respectivamente. (Fuente: INET) 2. Instituto Nacional de Educación Tecnológica. 3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 4.  Desde el año 2008 se encuentra en funcionamiento el Sistema de Seguimiento de Estudiantes y Graduados de la Educación Técnico Profesional (SEGETP) con el propósito de realizar estudios sobre las trayectorias educativas e inserción ocupacional de los estudiantes y graduados de las escuelas secundarias técnicas. Hasta la fecha se ha realizado un censo en 2009 y dos encuestas de seguimiento en 2011 y 2013 respectivamente. (Fuente: INET)

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económicas que consolidaron el proceso de desindustrialización iniciado durante la última Dictadura Militar en 1976 (Basualdo, 2003; Lindenboim, 2010; CENDA, 2010; Azpiazu y Schorr, 2010:9). Los principales ejes de este modelo fueron la apertura, la liberalización y desregulación económica, la privatización de empresas estatales, el déficit comercial y el endeudamiento externo, etc (CENDA, 2010). Dicho proceso dio lugar a una transformación sustancial de la sociedad argentina, en la que crecieron las ganancias financieras por sobre las productivas, se concentró el poder económico y se llevó a cabo un ajuste estructural al mismo tiempo que se debilitaban las capacidades del Estado (Nochteff, 1999; Basualdo, 2003; Azpiazu y Schorr, 2010:4). El proceso neoliberal implicó una transferencia masiva de ingresos desde el sector trabajador hacia el capital, así como una creciente concentración del poder económico (Notcheff, 1999; Basualdo, 2003, CENDA, 2010; Schorr, 2013). En el ámbito laboral, la desregulación del mercado de trabajo modificó la estructura y funcionamiento del régimen de empleo. Este proceso se articuló a través de la reforma de las relaciones individuales y colectivas de trabajo5, favoreciendo la mercantilización de la mano de obra y la erosión del estatus relativamente protegido de los asalariados, a la vez que socavó el sistema de protección y asistencia social (Novick, 2010: 166), marcando una tendencia hacia la precarización e informalización (Novick et.al., 2009; Novick, 2010: 167; Torrado, 2010). En el mismo período se reformó el sistema previsional6, dando lugar a un modelo mixto de jubilaciones y pensiones: público y privado. Disminuyeron las contribuciones patronales destinadas a financiar los costos del despido y programas sociales a la vez que se fomentaron nuevas modalidades de contratación precaria7 (Torrado, 2010). Entre las principales consecuencias sociales y laborales de las políticas instrumentadas en este periodo se imponen: el significativo deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, una marcada tendencia hacia una distribución regresiva del ingreso, la baja del salario real y disminución de la participación del salario en el producto, el incremento en los índices de desempleo, subempleo, informalidad y precariedad laboral, así como de pobreza e indigencia marcando el agravamiento de la 5.  “La reforma de las relaciones individuales de empleo se realizó, esquemáticamente, vía tres líneas de acción destinadas a instalar un proceso de «deslaboralización» de la relación de trabajo. (Palomino y Trajtemberg, 2007) Se operó sobre el tipo de contratación, las asignaciones familiares y el régimen de accidentes de trabajo”. (Novick et.al., 2009: 262) 6. “La reforma previsional implicó la creación de un modelo mixto de jubilaciones y pensiones asentado en dos pilares: el sistema previsional tradicional basado en el régimen público de reparto; y un sistema de ahorro a cargo de entidades privadas basado en un régimen de capitalización individual compuesto por distintas modalidades de financiamiento y con libertad de opción entre las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). El régimen público de reparto quedó bajo la égida de la Administración Nacional de Seguridad Social, con financiamiento proveniente de las contribuciones patronales y de los aportes de trabajadores autónomos, así como de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios; y sufrió cambios con relación al régimen previsional público anterior, particularmente en materia de prestaciones”. (Novick et.al., 2009: 265). 7.  Tales como contratos a tiempo parcial; contratos de aprendizaje y pasantías; períodos de prueba; límites a la duración de la jornada de trabajo; deterioro de la inspección de las condiciones de trabajo; descentralización de las negociaciones colectivas; etc. (Torrado, 2010: 51)

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A 10 años de la Ley de Educación técnico profesional en Argentina: ¿Los egresados de escuelas técnicas se insertan mejor en el mercado de trabajo? vulnerabilidad social de amplios sectores de la población (CENDA, 2010; Lindenboim, 2010; Torrado, 2010). El agotamiento del modelo neoliberal se vio cristalizado en el estallido de la crisis de diciembre de 2001, la cual terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa. Luego de la crisis y la salida vía devaluación, desde el año 2003, la economía comenzó a manifestar cambios en algunas tendencias. Se registró un sostenido crecimiento del producto bruto interno (PBI), descendió la tasa de desocupación, se produjo una recuperación del salario y tuvo lugar la reactivación de algunas ramas orientadas al mercado interno dando lugar a un acotado proceso de industrialización sustitutiva8 (CENDA, 2008; CENDA, 2010; Azpiazu y Schorr, 2010:9, 25-27; Schorr, 2013). En el sector público se registraron superávits así como crecimiento en los niveles de gasto y prestaciones sociales (CENDA, 2010: 11). Dichos progresos en los indicadores sociales, económicos y de empleo generaron mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores respecto al periodo anterior (Beccaria et al; 2005: 236), pero a partir de 2007-2008 el crecimiento económico se desaceleró y el modelo basado en el “dólar alto” comenzó a mostrar sus limitaciones (CENDA, 2010; Schorr, 2013). Respecto al cambio en las tendencias de los primeros años del periodo se señala que, a pesar de haberse registrado un crecimiento en la economía y un acotado crecimiento industrial tras la salida del régimen de convertibilidad (Beccaria et al; 2005), no se ha modificado estructuralmente el perfil productivo ni las características de la inserción del país en el mercado mundial. También se advierte que el acentuado proceso de concentración y extranjerización de la economía argentina que se verificó durante la década de 1990, se profundizó y consolidó en la década del 2000, y a esto vinculan el proceso inflacionario9 (Torrado, 2010: 273; Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011; Schorr, 2013). En relación al mercado de trabajo, a partir de 2003 comenzó una etapa que se caracterizó por un elevado incremento en la tasa de ocupación (la desocupación disminuyó a menos de la mitad). También hubo mejoras relativas en torno a la calidad del empleo y a la distribución del ingreso (CENDA, 2010: 180).

8.  “en la posconvertibilidad se experimentó en la Argentina un proceso de reindustrialización acotado cuantitativa y cualitativamente, que se asoció a la expansión, a ritmos muy disímiles, de casi todas las actividades que integran el entramado manufacturero, con crecientes niveles de inserción en los mercados internacionales (…). Sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que teniendo como sustentos básicos al “dólar alto” y la relativamente barata fuerza de trabajo (dado que casi no hubo políticas activas de fomento a las actividades fabriles), no se verificó un cambio estructural en la industria doméstica, es decir, no se avanzó en la redefinición del perfil de especialización productiva resultante de largos años de políticas neoliberales”. (Azpiazu y Schorr, 2010:9) 9. Los autores señalan la relevancia de los procesos de concentración y extranjerización de la economía en la formación de precios en mercados oligopólicos como una de las causas principales de la inflación.

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Entre los cambios más significativos del periodo se destacan la recuperación de las negociaciones colectivas10 por parte de los trabajadores y la re-estatización del sistema de jubilaciones y pensiones11. El análisis de la evolución de los indicadores de empleo muestra que entre 2002 y 2014 se crearon alrededor de tres millones de puestos de trabajo registrados, la tasa de desempleo descendió a niveles menores al 10% y, de a poco, los trabajadores fueron recuperando algunas herramientas de negociación. No obstante, a partir de 2008, en coincidencia con la tendencia registrada en el conjunto de la economía y en el marco de la crisis económica internacional, tuvo lugar una marcada desaceleración en la creación de empleo. Para el mismo periodo, los indicadores laborales juveniles revelaron algunas mejoras. Sin embargo, a pesar de que las tasas de desempleo e informalidad laboral juvenil descendieron en los últimos años, aún persiste el lugar deteriorado del empleo joven frente al empleo de adultos (Jacinto y Chitarroni, 2010; Miranda, 2008; Salvia, 2008). Actualmente cerca de la mitad de los jóvenes asalariados son informales y el desempleo juvenil triplica al desempleo de adultos, constituyendo así a los jóvenes como una población vulnerable (Ver Gráficos Nro. 1 y 2).