Informe de cierre primera plataforma de diálogo

INFORME DE CONSENSOS, PROPUESTAS Y DISENSOS DE LA PRIMERA

PLATAFORMA DE DIÁLOGO ANTICORRUPCIÓN EN EL SALVADOR 20 de marzo de 2018

I. ANTECEDENTES La iniciativa Plataformas de Diálogo Anticorrupción comenzó su trabajo preparatorio en septiembre de 2017, bajo la coordinación de las universidades Francisco Gavidia y Dr. José Matías Delgado, para generar un diálogo amplio y diverso en la sociedad salvadoreña, con el objetivo de construir las bases de un Acuerdo de País contra la Corrupción en El Salvador, con una visión de largo plazo.

A los dos meses de iniciado el trabajo, se constituyó el Comité Consultivo, para tener una instancia de orientación estratégica y apoyo a la iniciativa, a la cual concurrieron seis universidades privadas, y la Universidad de El Salvador. Luego se sumaron a la iniciativa las 13 instituciones de educación superior que conforman la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES, que asumieron el compromiso de contribuir y apoyar este esfuerzo de trascendencia para el país.

El 29 de noviembre de 2017 se realizó el lanzamiento público de esta iniciativa, con la presencia de más de 150 actores del ámbito político, sector público, organizaciones de la sociedad civil, sector privado productivo y de instituciones de educación superior.

Ese mismo día inició el trabajo de la primera Plataforma de Diálogo Anticorrupción, a fin de conocer los criterios básicos para el diálogo y la sostenibilidad de los acuerdos, mediante mesas de consulta. Estos foros han reunido a más de 75 miembros de organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento, periodistas, generadores de opinión, autoridades universitarias, gremios del sector privado, y miembros de los cinco partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 se sostuvieron 16 reuniones y tres conversatorios con un experto internacional. En la ejecución del trabajo de las mesas se ha propiciado un diálogo basado en metodologías para lograr de sus miembros una libre y respetuosa participación, en busca de ideas y propuestas innovadoras, que congreguen coincidencias y favorezcan un consenso en torno a ellas. El propósito fundamental de estas sesiones de trabajo ha sido mejorar el diálogo y fortalecer las coincidencias en un tema que usualmente genera división y oposición. La metodología y el proceso de diálogo han sido desarrollados con el apoyo de un equipo técnico de las dos universidades encargadas de la coordinación de esta iniciativa.

Este proceso de diálogo también ha sido acompañado de esfuerzos para difundir la iniciativa, sus objetivos y método de trabajo, ha sido cubierto con entrevistas en medios de comunicación escrita, radio y televisión. Además, las universidades encargadas de la coordinación de esta iniciativa, han creado en sus sitios web un vínculo especial de información, bajo el hashtag #YoMeSumo¹, para difundir los avances alcanzados. Adicionalmente, han construido un repositorio público con investigaciones, estudios, artículos de opinión e información relacionada con la transparencia y el combate de la corrupción, el cual está abierto a toda persona o institución interesada.

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http://www.ujmd.edu.sv/contenidoslideshow/53-proyecto-yo-me-sumo/2057-proyecto-transparencia

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II. RESULTADOS DE LAS MESAS DE DIÁLOGO Los resultados obtenidos del trabajo realizado por los diversos participantes en las mesas de diálogo muestran que: (i) en algunas áreas y conceptos generales hay un amplio consenso; (ii) que hay otras ideas y propuestas puntuales que fueron planteadas sólo en algunas mesas, las cuales son complementarias o de aplicación paralela, y que deben ser presentadas a las otras mesas de trabajo; y (iii) otras propuestas que tienen algún grado de disenso.

Los resultados de las mesas de diálogo, sus coincidencias y propuestas específicas, servirán de base para el trabajo a desarrollarse en la Segunda Plataforma de Diálogo, denominada Diálogo Democrático y Generación de Agendas Compartidas, destinada a identificar y consensuar los pilares de un acuerdo de país, alrededor de los cuales se construirán posteriormente las reformas, políticas y medidas específicas que debe contener un Acuerdo de País Anticorrupción.

1. COINCIDENCIAS ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS E IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN Como resultados de las consultas y diálogo de las mesas de trabajo, se identificaron elementos descriptivos del problema de la corrupción que se manifiesta en El Salvador: 1.1 LA CORRUPCIÓN ES UN PROBLEMA CULTURAL DE PROFUNDAS RAÍCES Las mesas de diálogo han coincidido en que la corrupción en El Salvador es un problema cultural de profundas raíces, y que los agentes de la corrupción están en todos los niveles sociales, económicos, políticos, públicos y privados. Además, se advierte que en los espacios de poder y decisión se siente que existe arbitrariedad, corrupción e impunidad, tanto en autoridades, como en funcionarios y empleados públicos, lo cual también se manifiesta en personas naturales, empresas y empresarios, incluso en universidades y diversas instancias de la sociedad.

1.2 AUSENCIA DE UN CONOCIMIENTO CLARO DE LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER Durante los diálogos de las diversas mesas, en general se coincidió que una de las causas de la corrupción reside en que no existe un conocimiento claro sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo cual se conjuga con una actitud de permisividad que propicia espacios para que se diseñen o apliquen reglas basadas en principios o creencias personales, o en la mera discrecionalidad.

Esa situación se ve exacerbada en la medida que muchas personas, conociendo las leyes, las violan por no tener temor a ser sancionados. Esta falta de compromiso y de conciencia social está presente en amplios sectores y grupos de la sociedad, dándose espacios para que haya tolerancia social a la vulneración de las normas, a la corrupción y la impunidad, lo cual corroe y debilita los principios y valores de la sociedad e impone un alto costo económico y social a todos los habitantes, especialmente a los de menores recursos.

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1.3 DEBILIDAD Y AUSENCIA DE PRINCIPIOS MORALES Y CÍVICOS Otra causa que potencia la presencia de actos corruptos según las mesas de diálogo es la debilidad y, en muchos casos, la ausencia de principios y valores morales y cívicos en la población.

Lamentablemente, la familia salvadoreña, en una alta proporción, se encuentra fragmentada y fracturada, lo cual puede dificultar la socialización e internalización temprana de los principios y valores que debe tener y aplicar todo ser humano en su interacción social a través de toda su vida.

Por otra parte, se evidencia que, en muchos casos, los padres delegan en las escuelas la esencial misión de la educación en valores básicos para la vida. Ante esta situación, se plantea que el sistema educativo, desde su inicio hasta la educación superior, tome el papel protagónico en inculcar principios y valores desde la niñez hasta la juventud. Sin embargo, el sistema educativo salvadoreño no cuenta con los programas necesarios que garanticen el aprendizaje y ejercicio de los principios y valores fundamentales para la convivencia y la justicia. Más aún, se señala que la formación en las instituciones de educación superior y técnica aún carece de un enfoque efectivo para propiciar liderazgos éticos en las organizaciones.

Finalmente, también se manifestó que las empresas en diversas ocasiones también son parte del problema. Por un lado, debido a que no participan en la formación ética y legal de sus empleados de una manera decidida; tampoco han instaurado la práctica de desarrollar códigos de ética para las empresas o para los sectores productivos; y, por otro lado, porque son parte de la relación que hay entre el dinero y la política, y de la compra de voluntades en decisiones públicas.

1.4 INSUFICIENTE PARTICIPACIÓN Y ESCRUTINIO CIUDADANO EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

Los participantes en las mesas de diálogo consideran, en general, que existe una insuficiente participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que da espacios para que haya arbitrariedad en la gestión del Estado. La falta de apertura de espacios para la participación ciudadana no sólo afecta a los ciudadanos que no tienen posibilidad de ejercer un derecho, sino también al Estado, el cual deja de percibir insumos relevantes que podrían dotar de mayor eficacia a sus acciones.

Si bien se reconoce que los conceptos y el valor de la transparencia se han ido incorporando en la dinámica política, pública y privada, aún se percibe que hay un déficit de participación y escrutinio ciudadano sobre cómo se maneja el Estado y a quiénes genera beneficios. Sin embargo, se señala que aún hay una marcada falta de transparencia de funcionarios y entidades públicas, lo que causa frustración y desmotivación ciudadana ante los casos de corrupción que no presentan los avances judiciales esperados.

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La baja capacidad

También, algunos participantes consideran que es altamente necesario el empoderamiento de la población, considerando que en El Salvador la mayoría de la gente desconoce a cabalidad los que son buenas prácticas de transparencia y honestidad. Para cerrar paso a esta situación, se considera que se debe hacer más hincapié en la enseñanza, no solo para los niños desde el inicio de la educación, sino para toda la población.

de castigo del Estado

salvadoreño

frente a los delitos que afectan a sus

La otra cara de la moneda muestra que hay un alto grado de temor a la represalia política, lo cual inhibe el ejercicio de los derechos ciudadanos, porque se percibe que hay un desbalance de poder entre ellos y el Estado, ante lo cual se sienten desprotegidos y desincentivados a denunciar actos de corrupción o participar en los asuntos públicos

ciudadanos y

ciudadanas, ha La baja aplicación de la ley es un factor que propicia la corrupción, lo cual está respaldado por alentado más y indicadores internacionales que muestran que en El Salvador hay un bajo nivel de imperio de la 1.5 LEYES INADECUADAS, INCOMPLETAS, CON BAJA EFICACIA

mayores actos de

ley, y la experiencia cotidiana deja en evidencia que quien puede burlarla lo hace, sea cual sea su nivel social, económico o político.

corrupción.

En las mesas de diálogo se tendió a destacar que otro factor que ha contribuido a facilitar la corrupción y la impunidad en el país reside en que muchas leyes son inadecuadas o que son incompletas. Más aún, se señaló que muchas de estas leyes no requieren una modificación, sino un nuevo diseño, porque las que existen simplemente no funcionan.

Por otro lado, más allá del desconocimiento de las leyes y su baja aplicación, en muchos casos la misma regulación y los procesos crean trampas premeditadas o aceptan prácticas jurídicas que terminan haciendo inútiles las leyes, transformándolas en letra muerta, y haciendo que la aplicación de la justicia se frustre, especialmente cuando impiden que instituciones de investigación y contraloría funcionen o cumplan el papel esperado. En otros casos, los participantes en los diálogos consideran que muchas leyes están hechas para generar vacíos, haciéndolas ineficaces en su función de proteger a los más débiles.

1.6 DEBILIDAD INSTITUCIONAL Y POLITIZACIÓN DE ENTIDADES DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y CASTIGO

En las mesas de diálogo se señaló reiteradamente la debilidad institucional y la politización de las entidades públicas de El Salvador, lo cual se convierte en un factor determinante de estímulo de la corrupción, porque no se teme a ser investigado ni a ser castigado, o porque se sabe que hay espacios para quedar impunes.

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Estas condiciones son factores de incapacidad de las entidades públicas para servir en función del bienestar del país, convirtiéndose en medios para lograr los intereses personales o políticos del funcionario de turno que se apropia corruptamente de ellos. Esta situación se exacerba por la opacidad del funcionamiento del Estado, lo cual impide que la ciudadanía y las entidades de control puedan advertir oportunamente los riesgos de corrupción, ejercer una contraloría y denuncia ciudadana de las malas prácticas.

También se observa que el sistema judicial no es independiente y que evidencia poco compromiso en la investigación y persecución de los delitos de corrupción, a lo cual se suma que las entidades de control como la Corte de Cuentas de la República, no cumplen cabalmente su función, restan importancia a la corrupción e incluso llegan a justificarla y por tanto no se garantiza la igualdad ante la ley.

Finalmente, la baja capacidad de castigo del Estado salvadoreño ante los numerosos casos de corrupción sin castigo, genera un incentivo para que otros violen la ley y defrauden al Estado, dando lugar a una errada, costosa y dañina cultura de impunidad que, de manera creciente, ha mantenido y reproducido la corrupción.

Ante esa situación, algunos participantes consideran que los funcionarios públicos, especialmente los de alto nivel como es el caso de ministros y diputados que, de ser encontrados culpables de haber cometido actos de corrupción, sean destituidos y no sean considerados candidatos en nombramientos de cargos públicos o reelecciones, de modo que sea esto una lección para los futuros aspirantes.

1.7 PARTIDOS POLÍTICOS COMO PARTE DEL PROBLEMA

Un segmento de la sociedad claramente identificado por su relación directa o indirecta con el problema de la corrupción y la impunidad son los partidos políticos. Sus miembros y representantes están llamados a jugar un papel determinante, no solo en el correcto funcionamiento del sistema político salvadoreño, sino en la formulación de las leyes, normas, políticas y medidas que gobiernan la relación del Estado y las personas. Sin embargo, la ciudadanía percibe una realidad muy diferente.

El sector político es señalado recurrentemente como responsable de los actos de gran y pequeña corrupción en el país, sea directamente o a través de funcionarios y empleados. En otros casos, se le percibe como cómplice de los actos de corrupción, por no tomar las medidas pertinentes para combatirla y castigarla. A esto se suma que las prácticas internas de los partidos políticos –democracia interna, financiamiento– y sus procesos de toma de decisiones, en general, son obsoletos y opacos, por lo que se perciben como actores socialmente deslegitimados y fuente de corrupción en las entidades estatales, lo cual también tiende a estar asociado con el clientelismo político.

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2. CONSENSO SOBRE LA NECESIDAD DE ACTUAR DECIDIDAMENTE CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ante el problema y características de la corrupción, el diálogo sostenido en las diversas mesas de trabajo ha arrojado una gran coincidencia: la gravedad y extensión del fenómeno, pero además su posible proyección futura hace urgente y necesario actuar decididamente en su combate. Los indicadores internacionales y las experiencias de países indican que la corrupción es un fenómeno dinámico, que evoluciona y muta, reforzando las condiciones para su empeoramiento en caso que no se tomen acciones para detener este flagelo.

Pero este consenso indica además que el combate a la corrupción no debe circunscribirse a una cuestión judicial, sino que abarcar la mayor amplitud de medidas, de manera de enfrentar las causas de la corrupción y sus factores promotores. Las discusiones y múltiples propuestas iniciales indican que hay coincidencia general en superar las debilidades del país en la prevención, la detección y el castigo a la corrupción.

Debido a estas coincidencias, han surgido del diálogo importantes y múltiples vías de respuesta.

Estas primeras respuestas reflejan visiones comunes sobre la necesidad de cambio, pero no necesariamente coincidentes acerca de cómo afrontar específicamente este mal social. Para algunos participantes en las mesas de diálogo, las respuestas más importantes ante la corrupción que se manifiesta en El Salvador son las que se presentan a continuación: 2.1 CONDICIONES GENERALES

Los participantes en las mesas de diálogo consideran que la corrupción es un mal social que ha estado presente a través de la historia en el país y en el mundo. Además, señalan que ella está presente en el sector público y privado y se hace cada vez más evidente dada la debilidad institucional que tiene el país e incluso, en algunos casos, porque su estructura es inadecuada, dando pie a que no se logre aplicar el debido proceso y con esto, frustrando la aplicación de la ley, creando condiciones que facilitan la impunidad.

Además, se visualizó que la gente demanda castigos ejemplarizantes y depuración de las personas que sean condenadas, ya sean del sector público o el privado. Sin embargo, también se demanda que prevalezca la garantía constitucional de presunción de inocencia, y evitar situaciones que llevan a la “muerte social” antes que se dicte la sentencia final.

Ante las deficiencias que dan espacio a la corrupción y a la impunidad, se considera necesario hacer reformas constitucionales y a las leyes que persiguen y castigan la corrupción, así como fortalecer los tribunales y el sector judicial y legislar para que los actos de corrupción no prescriban, aunque hay disensos ante esta propuesta, todo lo cual, una vez consensuado, debe considerarse en el diseño de una política de Estado.

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También se planteó en algunas mesas que esta iniciativa tiene un desafío para no caer en un estudio o una propuesta más, como ya las han hecho distintas instituciones, y evitar resultados que sean “más de lo mismo” y que luego terminan durmiendo el sueño de los justos.

2.2 NECESIDAD DE UN ACUERDO DE PAÍS ANTICORRUPCIÓN

Una demanda central y consensuada resultante de las diversas mesas de diálogo es la de construir un acuerdo de país anticorrupción, para afrontar este mal que afecta a toda la sociedad de una u otra manera. Se considera que este Acuerdo de País debe concebirse como una posición común para enfrentar un problema de todos, constituir la base para el diseño de una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, que proporcione rumbo y guíe al país en el corto, mediano y largo plazo.

Los participantes en algunas de las mesas de diálogo consideran que este Acuerdo debe llevar al país a establecer una nueva manera de hacer las cosas, donde cada propuesta debe ser clara y precisa y considerarse como mandato ciudadano, construido a través de la suma de opiniones de diversos actores, así como de la creación de consensos, y la generación de compromisos reales, que superen la fragmentación de visiones.

Los participantes consideran que este Acuerdo de País está dirigido a todos los actores de nuestra sociedad. Por un lado, están quienes deben llevarlo a cabo y rendir cuentas de ello: las autoridades estatales y los partidos políticos, porque a ellos les corresponde tomar las decisiones de políticas públicas y legislativas, así como de asignar recursos para cumplir este mandato de la ciudadanía.

Por otro lado, está el sector privado productivo, que debe establecer normas, principios y sanciones para evitar ser parte de situaciones de corrupción. Además, se señala que debe adquirir un compromiso efectivo para contribuir a crear conocimiento sobre el significado e impacto de la corrupción y generar cultura anticorrupción y antifraude dentro de las empresas.

Finalmente, está la sociedad civil, a la cual se debe incentivar porque ella debe tomar un papel más activo de denuncia y contraloría social, así como de tutela en el cumplimiento de este Acuerdo de País. En este contexto, en diversas mesas se enfatizó el papel estratégico que debe tener la academia, tanto en la formación en ética y civismo, así como con sus aportes mediante investigaciones de la temática de la corrupción en El Salvador.

Entre los participantes se manifiesta consenso en que el Acuerdo debe incluir grandes reformas institucionales, políticas públicas y medidas que El Salvador necesita para:

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i) Mejorar las condiciones para el desarrollo de una sociedad con fundamentos éticos, más transparente y enfocada en el bien común; ii) Cambiar y fortalecer los mecanismos sociales, institucionales y políticos de prevención, detección y castigo a la corrupción; y iii) Generar una nueva cultura cívica y anticorrupción.

Estas reformas, políticas y medidas constituyen un mandato ciudadano que debe trascender los gobiernos, por ser la base de una política de Estado.

En este contexto, las diversas mesas de trabajo consideran que el Acuerdo debe contener demandas ciudadanas transformadoras y definidas con precisión, para evaluar resultados en el corto, mediano y largo plazo, y demandar al gobierno y a toda entidad pública rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Los participantes en las mesas de diálogo coinciden en que este esfuerzo exige construir un compromiso nacional que involucre a múltiples actores de la sociedad y que atraiga el interés de la comunidad internacional. Finalmente, hubo coincidencias en que el Acuerdo debe sustentarse en mecanismos democráticos, para facilitar y controlar que los partidos políticos y las autoridades públicas lo implementen, ejecuten y rindan cuenta.

2.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Los participantes señalaron que ante la debilidad institucional que tiene El Salvador es necesario reformarla y fortalecerla, así como evaluar la asignación de recursos y el impacto de su uso, e incluso, legislar para transformar los fundamentos jurídicos de algunas instituciones, lo cual debe incluir mecanismos que garanticen que los funcionarios contralores sean probos.

En este sentido, se demanda que haya independencia en las instituciones contraloras, y se elimine el clientelismo político, mediante una reforma judicial y política, para facilitar y proteger la denuncia, tener una efectiva persecución del delito, hasta llegar a la penalización de los casos de corrupción.

Los participantes coincidieron en la necesidad de depurar y exigir eficiencia al sector judicial, así como mejorar los procesos de selección de jueces, para que sean competentes. Coincidentemente, en los diálogos también se planteó la necesidad de tener una nueva ley de servicio público, para aumentar la transparencia de la gestión pública, con nuevos perfiles, requisitos y condiciones, para tener servidores de alta calidad, ética y deseos de luchar contra la corrupción y la falta de transparencia.

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2.4 POR UN CAMBIO DE CULTURA

Otra de las grandes coincidencias conceptuales en las mesas de diálogo reside en la necesidad de crear un cambio de cultura, donde se considera que la educación debe ser la mayor apuesta, dando apoyo a las familias –muchas de ellas fragmentadas– en la formación de futuros ciudadanos de bien.

Los participantes consideran que la educación debe reorientarse, para generar una nueva cultura de ética y de responsabilidad social, la cual debe ser construida desde la parvularia hasta la educación superior, para fomentar y promover los valores en estudiantes y futuros profesionales, así como inculcar sus derechos, deberes y responsabilidades.

Algunos participantes en las mesas de diálogo consideran que un aspecto importante a considerar es que la juventud salvadoreña no muestra interés y carece de motivación para participar en acciones que conlleven a denunciar y hacer contraloría social para combatir la corrupción o señalar los casos de impunidad. Por esto, se plateó la necesidad de integrar más jóvenes en la siguiente plataforma.

Durante el diálogo, se consideró que la educación se debe ver más allá del contexto tradicional, porque esta función formadora también debe aplicar a todas las instancias gubernamentales y organismos sociales, para crear una cultura de lucha contra la corrupción y la impunidad.

En este sentido, se considera que, para penetrar efectivamente en la mente y conciencia de la gente, se requieren como complementos el apoyo en programas de prensa, radio y televisión, así como en redes sociales. En este contexto formativo y de campañas, se consideró como requisito fundamental involucrar a las iglesias, así como al sector privado productivo, para que tengan campañas de comunicación interna y contribuyan a difundir valores en las empresas.

5. CIUDADANÍA VIGILANTE (OBSERVATORIO)

Durante los diálogos, los participantes mostraron amplios consensos en la necesidad de contar con mecanismos de contraloría o vigilancia ciudadana, como un observatorio, para tutelar que los cambios y transformaciones planteados en el Acuerdo de País se materialicen. Por esto, se demanda como requisito que las reformas, políticas y medidas sean verificables, para que los ciudadanos les den seguimiento y puedan evaluar permanentemente tanto su cumplimiento, los debidos procesos y la sostenibilidad de ellas.

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Los participantes consideran que el mecanismo de vigilancia debe ser independiente de los partidos políticos, y se estima que puede haber diferentes observatorios, ya sea en manos de las universidades, centros de investigación, y academia en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no hay un consenso aún sobre cómo y dónde establecer el observatorio y en quién depositar esta responsabilidad de interés de país.

Los participantes tienen un sentir generalizado en que la importancia de los mecanismos de contraloría o vigilancia ciudadana reside en que ellos estimulan una mayor y más amplia participación, y contribuyen a educar, inculcar valores, y crear conciencia sobre los deberes ciudadanos en la lucha contra corrupción y a socializar sus aspectos fundamentales y los daños que causa este mal social.

Los participantes también consideran que la empresa privada debe asumir un compromiso de país y jugar un papel protagónico, utilizando programas en medios de comunicación y redes, para que se involucren a conciencia tanto al sector productivo como a la sociedad civil, en general.

2.6 CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD

De partida, los participantes en algunas mesas de diálogo señalaron que después de 26 años, El Salvador tiene un “Acuerdo de Paz fallido”, que evidencia que el modelo de la post guerra se ha agotado, por lo que ahora sólo se están administrando crisis.

Ante esta situación, los participantes consideran que se requiere un gran Acuerdo de País, para estructurar una nueva concepción del Estado, sustentada en una reingeniería que incluya incluso una reforma constitucional. En este contexto, se reiteró que para construir una nueva sociedad es necesario comenzar por revisar las leyes que rigen a los partidos políticos, porque en su devenir, ellos mantienen una concepción que data desde los años 70’s. La reforma de los partidos políticos se considera fundamental, porque de ellos dependerá el diseño de la nueva institucionalidad democrática que se requiere para generar liderazgo ético.

Los participantes en algunas de las mesas de diálogo también plantearon que el gran desafío de El Salvador está en pensar y desarrollar una refundación del país, para lograr el necesario avance significativo de modernización, estableciendo las bases para combatir la corrupción y eliminar la impunidad.

El sentir general en estas mesas es que para construir una nueva sociedad se debe crear una nueva cultura, sustentada en educación en valores y un compromiso de lucha contra la corrupción, lo cual requiere una nueva institucionalidad, que conlleve a una refundación del Estado.

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III. CONSENSOS SOBRE EL MÉTODO PARA DIALOGAR Los participantes en las mesas de trabajo han aceptado el desafío del diálogo, y han consensuado un método de diálogo informado que lleve a los diversos actores, en un proceso de tres etapas, a construir un Acuerdo de País Anticorrupción. Este acuerdo deberá ser concluido en un plazo de 10 meses.

Las tres etapas siguientes del diálogo son: 1. Una Segunda Plataforma que tendrá como objetivo identificar las agendas compartidas, para lo cual el trabajo se centrará en encontrar las coincidencias más importantes acerca de los pilares que conformaran este Acuerdo de País.

Para sustentar este trabajo, se contará con estudios nacionales e internacionales, apoyos académicos y la participación de expertos de otros países y organizaciones internacionales. De esta manera, los participantes en las mesas de diálogo tendrán apoyo técnico para proponer, debatir y desarrollar opciones informadas para fortalecer la institucionalidad, la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción. Estas opciones irán agrupándose para construir los pilares del Acuerdo de País.

2. Una Tercera Plataforma estará destinada a construir políticas, proyectos de ley y medidas específicas que deberán ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo. En esta etapa del trabajo, se multiplicará el número de mesas, dando espacio para convocar a un mayor y más diverso número de actores, incluyendo especialistas y académicos. De esta manera, se busca enriquecer y ampliar las propuestas mediante un método colaborativo alrededor de cada pilar de trabajo que se identifique, en las áreas de prevención, detección y sanción a la corrupción.

3. La Cuarta y última Plataforma, tendrá como finalidad consensuar el Acuerdo de País. Los participantes en este proceso de diálogo se enfocarán en elaborar un documento que sintetice los cambios y transformaciones que aspiran los salvadoreños, los cuales emanarán de una visión compartida y de interés de nación.

Con este Acuerdo de País, se espera construir una demanda ciudadana dirigida a los gobernantes y líderes del país, para que lleven adelante un esfuerzo permanente y de largo plazo para combatir el flagelo de la corrupción, rindiendo cuentas de la implementación y resultados del El documento final, también integrará todas las propuestas construidas colaborativamente en las plataformas anteriores.

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PARTICIPANTES DE MESA DE DIÁLOGO DE LA 1° PLATAFORMA ANTICORRUPCIÓN EN EL SALVADOR

Aparicio, Manuel Arene Guerra, Herman Alberto Argueta, Miguel Arias Alvaradom, Roger Armando Arroyo, Julio Betancourt, Raúl Cabezas, Tony Campos Morán, Saúl Castellanos, Moisés Castellanos, Rafael Castellón Murcia, Roberto Arístides Castillo, Narciso Castro, Carmina Castro, Javier Corado Figueroa, Humberto Cornejo Amaya, Norma Cristina Cortéz, Aldo De Ávila, Emilia De Barraza, Sandra De Lara, Ana María Escobar Castillo, Eduardo Salvador Flores, Fátima Fuentes, Gabriela Fuentes, Jiovanni García-Prieto, Emma Guevara de López, Teresa Heredia, Lorena Henríquez, Jorge Jiménez, Edgar Jiménez, Waldo

Larín López, Mónica Guadalupe Llanes Márquez, Tito Orlando López, Cristina Esmeralda Luna Meza, Osiris Martínez, Ana Guadalupe Martínez, Samadhy Mejía Coto, Jennifer Meléndez, William Membreño, Luis Méndez, Sergio Morales, Alessandra Moreno de araujo, Ana Marta Navarrete de Peraza, María Lilian Oliva, Andreu Polio, Everaldo Prudencio Gómez, Javier Adalberto Quintanilla Gómez, Nélson de Jesús Ramos, Diana Verónica Rubio, Roberto Ruíz Ramírez, Mario Antonio Safie Parada, Félix Garrid Serrano Crespín, Omar Arnulfo Siliézar, Denisse Sorto Campbell, José Enrique Trinidad, Karen Váldez Sánchez, Juan Carlos Validvieso, Julio Vaquerano Rivas, Donato Eugenio Velásquez Parker, Ricardo Ándres Velásquez, Eugenia Ventura, José Modesto Vidal, Juan Héctor Villalta, José Ramón.

Zepeda, Francisco

UNIVERSIDADES COORDINADORAS

UNIVERSIDADES DE CONSEJO CONSULTIVO

UNIVERSIDADES COMPROMETIDAS

La preparación de este Informe fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista y opiniones de este documento son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.