Mapa 23. Ilustración de la demanda de solicitudes de contratos mineros

Mapa 23. Ilustración de la demanda de solicitudes de contratos mineros

Como se puede ver en la ilustración anterior, el sector de mayor demanda de firma de contratos se encuentra en la parte baja del ANMIN. Al respecto es pertinente indicar que durante los últimos años la actividad minera en el cantón Achiquiri del municipio de Mapiri se incrementó debido a los precios del oro y la presencia del recurso en el área, los comunarios se organizaron en cooperativas y conformaron la Central Achiquiri afiliada a FERRECO como ente matriz, durante los últimos años a raíz de la ampliación del ANMIN Apolobamba y la zonificación existente, se vieron excluidos de poder realizar un aprovechamiento de sus recursos por estar un porcentaje de su superficie (y en otros casos toda su superficie) en zonas de protección estricta.

De acuerdo a lo que manifiestan los comunarios de Achiquiri, ellos nunca fueron consultados para formar parte del ANMIN Apolobamba y que en la actualidad afirman que son perjudicados en su desarrollo ya que no pueden realizar una explotación legal de sus recursos, principalmente auríferos; consultado sobre esta afirmación al SERNAP, manifiestan que la consulta fue realizada en el Municipio de Guanay, municipio del cual forma parte Achiquiri. En este sentido los comunarios de Achiquiri, desde hace dos años, a través de sus dirigentes, se encuentran realizando una demanda social por una rezonificación del área protegida en su jurisdicción, reivindicando hacer prevalecer su visión productiva local, con la apertura de caminos, construcción de puentes de comunicación, producción agrícola, industria maderera y principalmente actividad minera.

En lo referente a las cooperativas, FERRECO como ente matriz, viene realizando gestiones ante el SERNAP y autoridades de Gobierno para que su demanda sea escuchada, demanda centrada principalmente para que se les permita la firma de contratos mineros ante AJAM para operar legalmente sus concesiones mineras que actualmente se concentran en la zona de protección estricta y de amortiguación. Dichas concesiones según el catastro minero ya se encuentran a nombre de dichas cooperativas, quienes iniciaron trámites con COMIBOL mediante la anterior ley minera y en atención a la Ley transitoria 368 (que indica en su disposición transitoria primera lo siguiente: “A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario no se aplicarán los alcances de la normativa relacionada a delitos de avasallamiento de áreas mineras, explotación ilegal de recursos minerales, compra y venta ilegal de recursos minerales, a las personas que forman parte integrante de las cooperativas mineras, representantes de personas colectivas y personas naturales, que presentaron trámites de Contrato de Arrendamiento en área fiscal ante la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL). Las cooperativas iniciaron actividades, considerando que sus trámites continuarían hasta la firma de contratos, sin embargo, en la misma Ley (Disposiciones finales) se exceptúa la firma de contratos en áreas protegidas, por lo que hasta la fecha y por

encontrarse en áreas del ANMIN en las que la minería no es permitida, no cuentan con contratos mineros, sin embargo ya realizaron actividades como se mencionó anteriormente. Con la vigencia de la actual Ley Nº 535, los trámites aún se encuentran paralizados y los mineros esperan la reglamentación específica que emita el SERNAP en el marco del Reglamento de otorgación y extinción de derechos mineros y la rezonificación del ANMIN por la actividad minera real actual en la zona.

Por otra parte, un requisito para la firma de nuevos contratos mineros con la AJAM es la certificación de compatibilidad de usos (desde el mes de julio de 2010, el SERNAP viene participando en los procesos de contrato de arrendamiento, habiéndose establecido en coordinación con la COMIBOL la figura de “CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE USOS”. (Actividades Mineras en Áreas Protegidas de Interés Nacional - 2012) como instrumento de alerta temprana, que evita la otorgación de contratos mineros que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de protección del área). En muchos casos SERNAP ha recomendado el rechazo de firma de contrato y en otros casos se condiciona la firma de contrato a renuncia de cuadriculas mineras, criterio que se emite según la zonificación actual del ANMIN Apolobamba. Por lo indicado, actualmente muchos trámites se encuentran paralizados en la AJAM sin la correspondiente firma de contratos. Asi mismo, la compatibilidad de usos es una limitante para las cooperativas que posterior a la declaración y ampliación del ANMIN han obtenido autorizaciones y contratos mineros, ya que el SERNAP verifica la compatibilidad de la actividad con el uso permitido según la zonificación del ANMIN para emitir su criterio técnico de rechazo o aprobación para continuidad del trámite de obtención de Licencia ambiental ante el MMAyA. Dicha limitante se da en el marco de la Ley 535, artículo 220 que indica que los operadores mineros podrán realizar sus actividades mineras en áreas protegidas y forestales previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa específica y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área.

En la búsqueda de información, se ha podido identificar que el sector más movilizado para la obtención de certificación de compatibilidad de usos y la correspondiente adecuación ambiental es el perteneciente a la Central Achiquiri y Mapiri, cuyos afiliados manifiestan la voluntad para implementar actividades mineras responsables con el medio ambiente, entendiendo que sus actividades se encuentran en un área protegida, la cual hay que cuidar, restaurar y preservar.

Como antecedente, se tienen compromisos de parte de autoridades de gobierno para la consideración de sus solicitudes ya que Senadores, Diputados, Asambleístas, el SERNAP y otras instancias se han hecho presentes en la zona de Achuiquiri y conocen la realidad y existencia de actividad minera en la zona.

En conclusión, al momento existe una expectativa por parte de pobladores de Achiquiri (y otras zonas como Laji) para la rezonificación del ANMIN Apolobamba, ya que consideran que tienen derechos preconstituidos para hacer prevalecer su derecho para el aprovechamiento de sus recursos; al mismo tiempo manifiestan que realizaran esfuerzos para realizar un control ambiental y la promoción de una actividad minera responsable ambientalmente, además de estar predispuestos a realizar compromisos para realizar la adecuación ambiental en el marco de la Ley de Medio ambiente y sus reglamentos.

e) Incumplimiento a la normativa ambiental vigente

Respecto a la situación legal de la actividad en términos de cumplimiento de la normativa ambiental, según el cruce de información del número de concesiones mineras (263) y la cantidad de licencias ambientales (19), es evidente que la mayor parte de las operaciones mineras no cuentan con ningún tipo de licencia ambiental, que al menos le permitiría cierto nivel de formalidad, por lo tanto prácticamente la ausencia de medidas de adecuación, prevención, mitigación, restauración o compensación de los impactos es general en el ANMIN. Como consecuencia se generan impactos ambientales negativos que no son controlados, en muchos casos ni siquiera identificados por los mismos operadores mineros.

f) Generación de impactos ambientales negativos

Entre los impactos ambientales negativos que genera la actividad minera, se pueden mencionar:

 Alteración del paisaje.  Degradación del suelo.  Colmatación de sedimentos en los cauces de río.  Contaminación y deterioro de la calidad del agua superficial (ríos y lagos).  Afectación y pérdida de flora y fauna acuática.  Desplazamiento de fauna silvestre  Contaminación atmosférica por uso de maquinaria pesada, quema abierta de mercurio.  Contaminación acústica.  Contaminación de suelos por hidrocarburos.  Crecimiento de centros poblados sin planificación y con demandas de servicios básicos.  Incremento significativo de la contaminación, con desechos sólidos en zonas de actividad y centros poblados.  Erosión de suelos

g) Otros problemas

Entre otros problemas que se identifican, que se generan debido a la actividad minera en el ANMIN, se encuentran:

 Baja capacidad de fiscalización por parte del estado a las actividades mineras principalmente ilegales.  Nula presencia de los responsables de la gestión del área protegida (SERNAP) en la parte baja del

ANMIN y otras localidades con actividad minera, por ejemplo Chullina y Achiquiri.  Falta de coordinación institucional entre SERNAP y la AJAM. (Los mineros se informan que no podrán realizar actividad minera legal por encontrarse en zona donde la actividad no es permitida, después de iniciar el trámite, erogar gastos y crearse expectativa).  Incremento de la población en las comunidades vinculadas a la actividad minera por retorno de comunarios que migraron a la ciudad u otros centros urbanos y por migración de nuevos comunarios para trabajar en la mina.  Incremento de los costos de los bienes, servicios, insumos y de los artículos de primera necesidad, como mano de obra, transporte, alimentación, etc.  Conflictos de ocupación y uso del espacio entre los poseedores de derechos sobre la tierra (comunarios) y los poseedores de derechos mineros (adjudicatarios) sobrepuestos o, entre los ganaderos y los mineros por la afectación a los pastizales, fuentes de agua y bofedales.

2.2.8.11.Potencialidades de la minería en el ANMIN Apolobamba

El ANMIN Apolobamba se caracteriza por poseer inmensa riqueza en recursos naturales no renovables, específicamente minerales. Los yacimientos de diferentes minerales se encuentran casi en toda la región, donde en el pasado se han extraído el estaño, plata, antimonio, zinc, etc. Actualmente uno de los minerales que tiene singular importancia en la región es el oro, tanto por la rentabilidad que aun otorga, la inmensa riqueza de yacimientos con los que se cuenta así como por el impacto socioeconómico que está generado su explotación. En los pasados años, los precios de este metal han alcanzado los niveles más altos de los últimos tiempos, y su explotación ambientalmente aceptable sería un medio de mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad regional.