Perú: Boletín Informativo ORA PPM No.10

BOLETÍN INFORMATIVO

Oficina Regional Andina de Brot für die Welt

Año 4. N° 010.

NOVIEMBRE 2022 – MARZO 2023.

El análisis político, social y económico que se presenta en el boletín no refleja la opinión oficial de Brot für die Welt. Este se ha elaborado externamente en nombre de Brot für die Welt para contribuir a la discusión entre sus copartes y actores de la cooperación.

En esta edición revisamos los principales sucesos de la coyuntura política y social del país, que sigue inmersa en un escenario de incertidumbre, polarización y una „crisis permanente“ acrecentada tras el golpe de Estado fallido del ex presidente Pedro Castillo que llevó a Dina Boluarte a la presidencia, generándose una ola de protestas sociales contra el Ejecutivo y el Legislativo en varias regiones del país, que suscitaron acciones violentas y de represión militar con la consecuente muerte de civiles, miembros de las fuerzas del orden, bloqueos de carreteras, ataques a bienes públicos y privados que han agudizado la frágil economía del país y puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la violación de los derechos humanos. Por si fuera poco, a las crisis que vive el país se ha sumado una más, causada por los efectos del ciclón „Yaku“ , que ha generado altas temperaturas, lluvias intensas y desbordes de ríos, especialmente en la costa norte y central del país, que ha dejado miles de damnificados/as y múltiples daños en la infraestructura. Este fenómeno climatológico ha puesto nuevamente en el ojo de la tormenta el rol de la cuestionada Autoridad para la Reconstrucción con Cambios e ineficiencia del Gobierno en todos sus estamentos (nacional, regional y local), cuyo accionar frente a la gestión de desastres naturales sigue estando marcada por la corrupción e ineficiencia de sus funcionarios/as.

De otro lado, como parte del análisis de la coyuntura, presentamos un artículo elaborado por el Grupo Propuesta Ciudadana - GPC, que analiza la actual crisis política y social, y a 100 días del Gobierno de Dina Boluarte, plantea algunos desafíos para el quehacer de las ONG peruanas en medio de esta complicada coyuntura.

En nuestra sección referida a la igualdad de género, presentamos un artículo sobre una experiencia de fortalecimiento de capacidades en enfoque de género para las copartes de Brot für die Welt en Perú, cuya ejecución estuvo a cargo del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP

Finalmente, en la última sección del boletín, compartimos novedades de la Oficina Regional Andina (ORA) de Brot für die Welt.

COYUNTURA POLÍTICA-SOCIAL

PERÚ: EN MEDIO DE MÚLTIPLES CRISIS Y DE UN NUEVO „FENÓMENO DEL NIÑO“

Coyuntura política y social: golpe de Estado de Castillo, protestas sociales, represión militar y muertes

Ad portas de enfrentar su tercer pedido de vacancia y en medio de nuevas declaraciones de personajes muy cercanos de su entorno que lo vinculaban con situaciones de corrupción, el 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo, en una actitud condenable quebrantó el orden constitucional y a través de un mensaje a la Nación dio un golpe de Estado buscando instalar un Gobierno de excepción (al mismo estilo de Alberto Fujimori en 1992), aunque este duró menos de dos horas pues no tuvo el respaldo de las instituciones que hacen parte del sistema democrático del país ni de las Fuerzas Armadas. Castillo fue detenido en flagrancia mientras trataba de asilarse en la embajada de México y viene siendo investigado por el Poder Judicial, habiéndose dictado a la fecha 36 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión (por este se dictaron 18 meses de prisión preventiva) y por ser el presunto líder de una organización criminal y por delitos de corrupción en el marco de los casos „PetroPerú“ y en „los Ministe-

rios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento“ donde también se han incluido y solicitado 36 meses de prisión preventiva para sus ex ministros en dichas carteras, Juan Silva, quien sigue prófugo de la justicia y Geiner Alvarado, a quien recientemente se le varió la medida de comparecencia por prisión preventiva.

Cabe mencionar que los ministerios de Transportes y Vivienda son los que mayores presupuestos manejan y por lo que se viene conociendo, fueron el „botín“ en los 16 meses que duró la cuestionada gestión de Castillo como presidente.

Tras la intentona de golpe de Estado el Congreso declaró la vacancia de Castillo y dio paso a la sucesión presidencial de acuerdo a lo establecido en la Constitución, que recayó en la vicepresidenta de la República Dina Boluarte, quien tomó juramento la misma tarde del 7 de diciembre, anunciando inicialmente que completaría el mandato presidencial hasta julio de 2026, convirtiéndose además en la primera mujer en asumir este cargo en más de 200 años de historia republicana, aunque por lo acontecido a la fecha, con muchos cuestionamientos por sus decisiones y estilo de liderazgo.

La sucesión presidencial, ha sido traumática, pues luego de asumido el cargo por Boluarte se desataron una serie de protestas y marchas en varias regiones del país, especialmente en el ámbito sur andino, que exigían el cierre del Congreso, la renuncia de la nueva presidenta, el adelanto de elecciones generales y la liberación de Castillo, entre sus principales reclamos. Este último promovido por congresistas, ex ministros y personajes allegados al entorno de Castillo y Perú Libre que, aprovechando el descontento popular continuaron reforzando sus discursos de polarización y de victimización a la figura de Castillo. Narrativa que sobrepasó las fronteras del país y ha sido asumida por los presidentes de México y Colombia, quienes se han convertido en los principales defensores de Castillo en el ámbito internacional, y continúan afirmando que este fue víctima de un golpe de Estado por parte del Congreso y los grupos de poder del país y no reconocen a Boluarte como presidenta del Perú. Esta situación ha traído como consecuencia que el Perú retire a sus embajadores de México y Colombia, generando un clima de tensión entre países amigos y especialmente en el marco de la Alianza del Pacífico donde todos son miembros junto con Chile, y estos sesgos ideológicos-políticos vienen impidiendo que el Perú asuma la presidencia pro tempore de dicho espacio de integración regional.

En el contexto del inicio de las protestas y los bloqueos de carreteras el Gobierno declaró estado de emergencia en las regiones

del sur del país con alta conflictividad social, facultando la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para tomar el control del orden interno, decisión que ha tenido altísimos costos políticos y sociales (especialmente para Boluarte y el Ejecutivo a quienes gran parte de la ciudadanía responsabilizan de la situación), además de la pérdida de vidas cuyas familias exigen justicia y reparación.

En relación a las protestas sociales si bien la mayoría de ellas reflejaron un descontento ciudadano frente a la clase política y al accionar ineficiente del Estado en su conjunto, en especial frente a poblaciones vulnerables e históricamente postergadas, localizadas principalmente en el ámbito surandino Sin embargo, en varias de ellas se suscitaron acciones violentas y vandálicas contra bienes públicos como aeropuertos, comisarías, fiscalías, entre otras entidades del Estado, además de ataques a la propiedad privada, provocados por algunos grupos de personas radicales, con motivaciones ajenas al sentir popular. Según se ha conocido varios de estos grupos violentistas han estado integrados y financiados por la minería y tala ilegal, narcotráfico y algunas facciones de grupos terroristas que todavía subsisten y han adquirido otras fachadas.

Cabe señalar que en ese marco de conflictividad social cobró mayor fuerza el tema de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para formular una nueva constitución, que se sumó a la plataforma de reclamos ciudadanos frente al Gobierno y al

Congreso, asunto que generó más tensión y polarización entre la población y la clase política Más aún porque las protestas no tuvieron rostros visibles de quiénes eran las/os líderes de las mismas, asunto que dificultó el diálogo y negociación por parte del Ejecutivo y otras autoridades y que tuvo al país en zozobra por muchas semanas. En varias regiones del sur escasearon los alimentos, combustibles, agua, medicinas y demás bienes, además del funcionamiento limitado de servicios básicos que agravaron el malestar de la ciudadanía.

De otro lado, se debe destacar que en el marco de las protestas sociales se suscitaron lamentables y condenables actos de violencia y abuso de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y también por algunos grupos violentistas que cobraron la vida de 60 civiles (49 en enfrentamientos y 11 por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos) principalmente de la zona sur (Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco y Puno); y de 7 miembros de las fuerzas del orden (1 policía que fue calcinado en Puno y 6 militares que murieron ahogados); y además dejaron 1,335 personas heridas (972 civiles, 337 policías y 26 militares, información al 10/03/23), según Reporte de Crisis política y protesta social de la Defensoría del Pueblo (al 31/03/23, 17:00 horas).

Frente a esta situación de represión y criminalización de la protesta de parte de algunos sectores y medios de comunicación, con

muertos y heridos de por medio, catalogada por muchas voces como un contexto de violación de derechos humanos, se pronunciaron diferentes entidades internacionales como la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, quien acusó a las autoridades peruanas de actuar con un „marcado sesgo racista“, y las Naciones Unidas, que le ha solicitado al Ejecutivo investigue y responda, en el lapso de 60 días, por el uso excesivo de la fuerza y la muerte de manifestantes durante las protestas. El Gobierno anunció que otorgará 50,000 soles a cada deudo de los/as fallecidos/as y 25,000 soles a heridos de gravedad durante las protestas.

De otro lado se debe destacar, que ni las protestas, ni las lamentables muertes de peruanos/as parecen haber tocado las fibras de la actual clase política, especialmente de las y los congresistas, que durante esos sucesos y posterior a los mismos se han mostrado indolentes, distantes y al parecer „muy cómodos/as“ con la situación y no han hecho más que petardear los intentos por promover un adelanto de elecciones generales para el 2023, aspecto que para muchas voces expertas sería una salida frente a la crisis de legitimidad y representación que se vive actualmente. Si bien inicialmente desde el Ejecutivo se presentó al Congreso un proyecto de ley para llevar a cabo las elecciones en abril del 2024, y se obtuvieron los votos necesarios, que debían ratificarse en una segunda legislación a

inicios del 2023. Sin embargo, y con el número significativo de personas muertas en las protestas y las calles exigiendo un adelanto de elecciones, se promovió un nuevo pedido para que estas se lleven a cabo en octubre de 2023, asumiendo que se „sacrificarían“ las reformas mínimas que se consideraban necesarias para promover un nuevo proceso de elecciones generales, aspecto que increíblemente fue desestimado y a pesar de múltiples pedidos de reconsideración en el pleno del Congreso ha terminado siendo archivado, y a la fecha no existen visos de que el tema vaya a ser retomado. Con los diversos escándalos en que ha estado inmerso el Legislativo, asociados a gastos excesivos para las labores parlamentarias que resultan ofensivos para la ciudadanía, y sumado al tema de los desastres naturales por las lluvias y el ciclón Yaku, todo parece indicar que finalmente se terminarán quedando, junto a la presidenta Boluarte, hasta julio del 2026.

Un aspecto que también se debe destacar es que las protestas y los bloqueos de carreteras y vías de acceso, sumado a los daños a la infraestructura provocados por algunos grupos violentistas, generaron pérdidas millonarias para la economía del país

(S/2,600 millones entre enero y febrero impactando especialmente a las economías regionales, según declaraciones del ministro de Economía y Finanzas), afectando las proyecciones de crecimiento para este año (recientemente el Banco Central de Reserva

– BCR redujo de 2.9% a 2.6% la proyección

para el 2023); y especialmente a la economía de las poblaciones más pobres y vulnerables, que no terminan de recuperarse tras la crisis económica y ola de desempleos generados tras la pandemia de la Covid-19. Esta situación puso en relieve otra problemática que suele generarse en situaciones de conflictividad social, y que contribuyó a polarizar más el país, y es el tema de la „colusión o choque de derechos“ entre peruanos/as (entre quienes optaban por su derecho a la protesta pacífica, y quienes deseaban trabajar y transitar/movilizarse libremente). Al respecto una reciente encuesta de Ipsos para Perú21 revela que el 71% de peruanos/as considera que los derechos al trabajo y al traslado/movilización son más importantes que el derecho a la protesta (24%). (Fuente: Encuesta Ipsos para Perú21, 31 de marzo de 2023).

Toda esta situación de protestas y crisis política no ha hecho más que desgastar la ya alicaída imagen del Ejecutivo y el Congreso, lo cual se refleja en las últimas encuestas de opinión que reportan altos niveles de desaprobación de ambos poderes. En el caso de Boluarte alcanza 76% de desaprobación y solo 17% de aprobación, en tanto que el premier Alberto Otárola alcanza 68% de desaprobación y 14% de aprobación, lo cual refleja el descontento ciudadano que a más de 100 días de gestión viene exigiendo cambios en el gabinete. En el caso del Congreso la desaprobación alcanza el 82% y solo 10% de aprobación, en tanto que su presidente, José Williams alcanza 62% de aprobación y

solo 16% de aprobación (Encuesta Ipsos para Perú21, 31 de marzo de 2023).

Cabe mencionar que al cierre de este boletín el Congreso ha dado cuenta de la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Boluarte por „permanente incapacidad moral“ al sindicarla como responsable por las muertes registradas en el marco de las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. Dicha moción ha sido presentada por un grupo de congresistas de izquierda y en la próxima sesión del pleno del Congreso se consultará la admisión de la misma Sin embargo, este no es el único tema que tiene a Boluarte en el centro de la noticia. Recientemente han salido a la luz declaraciones, audios y chats de personas que trabajaron con ella durante la campaña electoral y que la involucran en presuntos actos de financiamiento ilegal de su campaña y lavado de activos, razón por la cual la Fiscalía le ha abierto una investigación en la que también está implicado el ex presidente Castillo y Henry Shimabukuro, el empresario y „supuesto financista“ que hizo públicas estas denuncias, y es conocido también por haber sido parte del llamado „Gabinete en la sombra“ de Castillo.

La temporada de lluvias y el nefasto paso del ciclón „Yaku“: sin reconstrucción y sin cambios

A inicios de marzo y durante el período de lluvias se suscitó en las costas peruanas un fenómeno natural conocido como el ciclón

„Yaku“ , cuyo paso, sumado a los efectos por el cambio climático y la ineficiencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que desde el 2017 es muy poco lo que ha hecho en materia de prevención, generaron consecuencias lamentables para la población localizada en la costa norte y central del Perú. Así el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reporta las siguientes cifras registradas desde inicios del año por las constantes lluvias y tras el paso del ciclón Yaku:

- 71 personas fallecidas a causa de los desastres naturales.

- 5 personas desaparecidas por las inundaciones y caídas de huaicos.

- 112,828 personas afectadas y 18,043 damnificadas

- 2,525 viviendas destruidas, 4,489 inhabilitadas y 46,941 afectadas.

- Respecto a los colegios: 64 aulas destruidas, 1,016 afectadas y 278 inhabitables.

- 241 puentes afectados y 144 destruidos.

(Fuente: Canal N, al 27/03/23 a las 17:47).

Al cierre de este boletín el Gobierno ha decretado estado de emergencia de nivel 5 en las regiones Tumbes, Piura y Lambayeque frente a las lluvias extremas que se prevén hasta el mes de mayo. Además, se ha anunciado la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura que absorberá a la ARCC y que supuestamente corregirá las deficiencias de esta y la falta de previsión frente a los desastres naturales que cada vez afectan con mayor intensidad.

A CIEN DÍAS DEL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE, CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL Y PERSPECTIVAS PARA LAS ONG1

Las elecciones generales del 2021 se realizaron en medio de una profunda crisis de funcionamiento y representatividad de los partidos políticos que no permiten una representación democrática de calidad, en un contexto de aguda polarización y fragmentación de la sociedad peruana y de la clase política. Pedro Castillo (PC), hijo de campesinos, profesor rural, cajamarquino, sindicalista y con un discurso reivindicativo, recogió los votos de aquella fracción de la población que demanda un cambio profundo y le dio rostro, despertando expectativas de los sectores rurales y excluidos por décadas, esto sumado al apoyo de un amplio sector antifujimorista, le permitió salir airoso de la contienda. La derecha conservadora una vez más no supo perder, y apoyada por estudios de abogados limeños intentaron cambiar los resultados, alegando fraude que nunca pudieron demostrar, poniendo en evidencia el racismo y clasismo que aún subsiste en la sociedad peruana, que dificultan la construcción de una sociedad democrática e igualitaria.

Inmediatamente después de conocidos los resultados electorales, este mismo sector de derecha conservadora, junto a la mayoría de grandes empresarios y poderosos medios de comunicación iniciaron una campaña de demolición, acompañada de intentos de vacancia e interpe-

lación de ministros, orquestada desde el Congreso; prácticamente, desde el primer día de gobierno de PC. De otro lado, la gestión de PC se caracterizó por su fragilidad, precariedad e improvisación, con más de 70 ministros rotando en los sectores en 16 meses de gestión y fuertes sospechas de corrupción de sus más cercanos asesores y familiares, varios de ellos prófugos hasta el día de hoy, más una larga lista de promesas no cumplidas en campaña, fueron elementos suficientes para una activa oposición. En este contexto, el 7 de diciembre último, PC decide dar un autogolpe de Estado, al estilo Fujimori (abril del 1992); suicidio político improvisado, irresponsable y rechazado por amplios sectores de la sociedad. El autogolpe duró dos horas, PC fue detenido, cumple prisión preventiva, afronta un proceso de investigación, un proceso judicial y con alta probabilidad de obtener una larga condena.

En este contexto, la vicepresidenta Dina Boluarte (DB) juramenta cumpliendo la sucesión constitucional y este 17 marzo cumplió 100 días de gobierno. Las principales características del régimen de DB, no son nada alentadoras para la democracia y la gobernabilidad del país. DB, elegida en la misma fórmula presidencial con PC, defensora del Plan de Gobierno, ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante 15 meses

1 Este artículo ha sido elaborado por Federico Tenorio Calderón, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Lima, marzo, 2023.

y escudera de PC, decide gobernar con una coalición de la derecha más conservadora representada en el Congreso y el apoyo de los empresarios, las fuerzas armadas y policiales y los grandes medios de comunicación; como diría Javier Torres este sería el primer caso de transfuguismo presidencial.

Este escenario de cogobierno con sectores que habían perdido las elecciones, provoca la movilización de las comunidades campesinas e indígenas, principalmente de las regiones del sur que habían desarrollado una fuerte identificación con PC (factor identitario) que, sin embargo, no decantaba en medidas efectivas y beneficios tangibles. Estas comunidades han levantado una agenda política con cinco pedidos específicos: i) renuncia de la presidenta DB, ii) adelanto de elecciones generales para el 2023, iii) disolución del Congreso, iv) consulta ciudadana para una asamblea constituyente y, v) liberación y reposición de PC; este último debe entenderse como un grito de aquellos que por primera vez se vieron representados por „uno de los suyos“ .

La respuesta de la coalición de gobierno ha sido represión indiscriminada, violación sistemática de los derechos humanos, restricciones para el desempeño de la labor periodística, denuncias de apología del terrorismo a quien apoye las marchas desde las redes sociales, propuesta para incrementar las penas por actos vandálicos en zonas declaradas en emergencia, acusación

de terroristas a las personas movilizadas y también a las personas que las apoyan. El saldo trágico hasta la fecha: 66 muertos en total, 48 por acción directa de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) y calificadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como ejecuciones extrajudiciales. Además, fallecieron 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos, 1 PNP, 6 soldados en Ilave-Puno y 1,237 heridos, según el informe de la Defensoría del Pueblo2

Las movilizaciones tienen un carácter identitario, campesino, comunero e indígena y su agenda es política. En el informe de Amnistía Internacional del 20233 se precisa que, desde el inicio de la crisis, el 80% de las muertes registradas han sucedido en los 8 departamentos con población mayoritariamente indígena. Amnistía Internacional también considera que no sólo se han cometido violaciones a los derechos humanos, sino claros crímenes de derecho internacional. Apunta a la criminalización de poblaciones indígenas históricamente marginadas, que han sido humilladas y perseguidas.

Finalmente, señala que, el Estado debería promover una tolerancia sobre el carácter disruptivo de la protesta y generar canales de diálogos y atender el descontento, no responder con violencia.

El informe de la CNDDHH sobre Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 20222023: profundizando desigualdades de género,

2 Los datos son de Defensoría del Pueblo: Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. 09 de marzo de 2023 ReporteDiario93202313horas.pdf (www.defensoria.gob.pe)

3 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/

señala que, en este contexto las mujeres enfrentan serias restricciones para el ejercicio y goce de sus derechos. Las fuerzas de seguridad no actúan en base a protocolos que responden a una ciudadanía diferenciada, sino desde el androcentrismo del ciudadano neutro. Bajo esta perspectiva, las mujeres son privadas de un conjunto de derechos. Las mujeres se vieron afectadas por formas diferenciadas de violencia, de naturaleza claramente sexual y cargada de estereotipos en cuanto a sus roles, y con el propósito de castigarlas, por estar participando en las manifestaciones públicas.

La crisis de derechos humanos genera una reducción de la agenda de derechos, donde lo acumulado y avanzado con anterioridad se reduce a la defensa de la vida y las libertades civiles y políticas4

DB ha señalado que Puno no es el Perú y dice que no comprende por qué la gente protesta y que estaría dispuesta a escuchar demandas sociales y de inversiones, y mientras ofrece bonos a las familias de los fallecidos y heridos. Ningún reconocimiento de su responsabilidad política y tampoco de parte de los ministros implicados. Los discursos de DB y el presidente del Consejo de Ministros son de desprestigio a la protesta, terruqueo (imputación a personas de ser terroristas sin evidencias) y autoritarismo. Algo así como, hablamos sólo si se trata de obras o programas sociales, pero de ninguna manera les

otorgan una agencia política, porque no los consideran iguales.

Omar Coronel nos recuerda, que también hubo violencia organizada. La dureza de la represión y del discurso beligerante del Gobierno empoderó a liderazgos radicales en distintas partes del país5

Varios analistas, entre ellos Coronel, sostienen que las protestas continuarán seguramente de manera intermitente, con altos y bajos hasta que aparezca algún tipo de válvula de escape. Toda protesta tiene costos sociales y sobre todo económicos y poco a poco se percibe tensión y confrontaciones entre las comunidades rurales y poblaciones urbanas de las principales ciudades de los departamentos, especialmente en el sur andino y amazónico, por el incremento de los precios de los alimentos y la interrupción de las dinámicas económicas locales.

De otro lado, la falta de un activo político con un liderazgo claro, acentúa la gran heterogeneidad y fragmentación de actores detrás de las protestas, y la dispersión y espontaneidad de las movilizaciones no ayuda a establecer un comando unitario. Por el contrario, la desconfianza entre las organizaciones de comunidades no ha permitido establecer coordinaciones con las dirigencias de los partidos y gremios nacionales. Esto los debilita e, incluso, puede dificultar la canalización de una representación política en unas próximas elecciones.

4 Impactos en el contexto de la movilización ciudadana 2022-2023: profundizando desigualdades de género. Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las

mujeres. Coordinadora Nacional de Derechos HumanosCNDDHH. Jennie Dador Tozzini. Ma. Ysabel Cedano. 5 Omar Coronel, Revista Ideele N°308. Enero – Febrero 2023

Esta crisis social y política es el resultado de fracturas estructurales que deberíamos analizar con mayor profundidad. El aparato estatal ha sido y es incapaz de atender el cierre de brechas que históricamente persisten en las poblaciones, principalmente indígenas, rurales y de menores recursos.

El Covid-19 puso al descubierto la precariedad del Estado peruano, de la infraestructura y el servicio de salud y la falta de conectividad, principalmente en las zonas rurales para la educación, y puso en evidencia que la construcción de un Estado nacional en condiciones de brindar servicios de calidad a toda la población, es una tarea pendiente.

„Hay un sector de la sociedad limeña que ve al indígena, al sureño, al puneño, como ´el otro´, que no tiene capacidad de discernir ni hablar, que solo puede ser interpretado o al que se le puede imponer interpretaciones a pesar de que hace explícita su agencia política“ J. Ledgard.

El adelanto de elecciones no resolverá los problemas del país, pero abriría un espacio para el debate sobre reformas indispensables para la mejora de la democracia en el país y sobre todo en torno a los partidos políticos, que reproduce una pésima representación y constituye uno de los factores que genera esta crisis.

Y, sin embargo, se evidencia una cerrada oposición del Congreso a aprobar un adelanto de elecciones; rechazo que atraviesa prácticamente

todas las bancadas, y que esconde a duras penas, tras deleznables justificaciones políticas, la defensa de su estabilidad laboral y privilegios hasta el 2026.

Por otro lado, es importante señalar que las sociedades rurales experimentan procesos de profundos cambios: i) crecimiento de economías ilegales e informales en sus territorios, ii) pérdida de su población, especialmente joven6, iii) incremento del uso de telefonía celular, que les permite acceder a canales alternativos de información, iv) mayores accesos mercados e intercambio con las ciudades intermedias, entre otros.

El Congreso con una mayoría de derecha conservadora y con el 6% de aprobación según la última encuesta del IEP7, hace su parte. Desde julio del 2021 han aprobado leyes que constituyen verdaderas contra reformas como, por ejemplo, de la SUNEDU, que significa regresar a un sistema universitario sin regulación; la elección del Tribunal Constitucional (TC) con personajes de la misma tendencia conservadora que lo favorece con sus sentencias, y para que esto ocurra votaron conjuntamente sectores de derecha y la izquierda radical.

Y esta alianza entre Congreso y TC viene por más: quieren capturar la Defensoría del Pueblo y los órganos electorales para ponerlo a su servicio. Todo ello degrada la institucionalidad democrática y los contrapesos, esenciales para una democracia.

6 Según datos de los dos últimos censos nacionales del 2010 y el 2017: https://censo2017.inei.gob.pe/

7 https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/02/Informe-IEP-OP-Febrero-2023.-Informe-completo.pdf

Igualmente, entre el Ejecutivo y Congreso aprobaron normas que favorecen la informalidad o economías ilegales, como el reglamento de servicio temporal de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo, o la aprobación de la Ley para la ampliación hasta el 2024 del proceso de formalización minera, pese a la negativa del Ministerio del Ambiente (MINAM) y organizaciones de la sociedad civil.

Agendas para la sociedad peruana y las ONG en particular

Es posible buscar salidas institucionales a la crisis para lo cual planteamos los siguientes puntos de agenda:

Diálogo y negociaciones

Propiciar diálogos políticos, negociando, escuchando, tendiendo puentes y reconociendo la gravedad del descontento social. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden facilitar espacios de diálogo y escucha activa en las provincias y regiones.

Defensa de los derechos humanos

Desde el estallido social, la mayor manifestación de la crisis es la violación de los derechos humanos, y las consecuencias dan cuenta de diferencias directas entre las víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza y la privación arbitraria de la libertad, según el informe de la CNDDHH. Por su lado la ONU, y organismos internacionales han lanzado alertas por violaciones a los derechos humanos en el Perú. Desde las OSC podemos multiplicar nuestras estrategias de defensa de los derechos humanos en sus distintos campos y matices.

Defensa de la democracia ante arremetida autoritaria

La autonomía e independencia de los poderes, la institucionalidad y su fortaleza cobran mayor relevancia en los contextos como el actual. La democracia corre el riesgo de ser capturada por una coalición de derecha conservadora, autoritaria, con fuertes restricciones a las libertades y una narrativa de orden que signifique la violación sistemática de los derechos humanos. En los momentos más aciagos para la democracia en la historia del Perú, la movilización de las OSC fue determinante para recuperarla, las alianzas estratégicas y la articulación con sectores democráticos, es un imperativo.

Justicia ante las violaciones de derechos humanos

La impunidad y la ausencia de sanción alienta a los violadores de los derechos humanos y generan mayor desconfianza en los sistemas de justicia. Corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial la responsabilidad de que prevalezca la ley. Desde la OSC podemos desarrollar acciones de lucha para preservar la independencia de organismos como la Defensoría del Pueblo y la exigencia de investigaciones independientes, el fortalecimiento del sistema de fiscales de derechos humanos, y sanción a los responsables.

Promoción de la participación y vigilancia ciudadana

Ante los retos actuales, la ética y la integridad en el desempeño de la función pública es esencial

para recuperar la confianza de la ciudadanía. Autoridades de los tres niveles de gobierno y demás entidades públicas, deben demostrar interés por la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Desde la OSC podemos promover la participación y vigilancia ciudadana, desarrollando capacidades de las y los lideres sociales y exigiendo mayores compromisos de las autoridades.

Empoderamiento de mujeres

Las mujeres y las niñas se ven afectadas por una desigualdad de género estructural, de clase y con un fuerte componente de racismo y discriminación interseccional, nos dice la CNDDHH. Desde las OSC, se vienen promoviendo programas de participación y empoderamiento de las mujeres en espacios de toma de decisiones políticas en espacios locales y regionales, además, de defensorías y lucha contra la violencia de género.

Participación política de los pueblos indígenas

Los sectores movilizados son esencialmente campesinos, comuneros e indígenas, y su participación política y representación en el Congreso es inexistente por los actuales mecanismos electorales. Desde las OSC, y conjuntamente con las organizaciones sociales de base, debemos promover una reforma constitucional que impulse distritos electorales indígenas, como existe en Colombia.

Promoción de la interculturalidad

Desde las OSC se puede incidir en políticas

públicas de interculturalidad a nivel regional y local. Como en Huancavelica, por ejemplo, en el pasado, desde el Gobierno Regional se promovió una ordenanza en la que las y los funcionarios de la región deberían hablar quechua, como requisito para cumplir la función pública.

Una tarea pendiente es el funcionamiento del Estado y la precaria prestación de los servicios en todo el territorio nacional. Este pendiente está fuertemente vinculado al proceso de descentralización que debe ser revisado para vincular a la realidad de las poblaciones con identidades definidas que ocupan los territorios. La descentralización fue planteada como la transferencia de competencias a unidades políticas administrativas departamentales y en una segunda etapa pasar a la conformación de regiones con unidades administrativas más amplias. Esto último fracasó tras una consulta ciudadana en el 2005.

Crecimiento productivo sostenible e inclusivo

Se requiere un desarrollo territorial que otorgue a las y los ciudadanas/os más poder, oportunidades económicas y más recursos que permita reducir la pobreza, desatar las potencialidades productivas de los territorios y desarrollar estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, garantizando la seguridad alimentaria.

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA REGIÓN ANDINA

EXPERIENCIA EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS EN GÉNERO CON COPARTES DE Brot für die Welt EN PERÚ8

La ejecución del Programa de Especialización en Género (PEG) tuvo estrecha relación con la „Política País Perú 2019-2023“ de Pan para el Mundo9 que se propone: las copartes han profundizado, internalizado y aplican sistemáticamente el enfoque de género a nivel institucional y en sus programas; con la política de género del CEDEP que promueve la reflexión y consolidación de la equidad e igualdad de género y con el interés de copartes de Pan para el Mundo en fortalecer competencias en género

Propósito del Programa de Especialización en Género (PEG)

El PEG se propuso fortalecer las capacidades institucionales y las competencias en género en los equipos de las copartes de Pan para el Mundo, en el Perú, para el impulso de procesos de transformación hacia el logro de igualdad de género.

Implementación de la propuesta

El Programa de especialización en Género se ejecutó en modalidad virtual, entre abril y diciembre del 2022. Contó con tres aliados: Pan para el Mundo, que apoyó el financiamiento del Programa; el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP –responsable del diseño y ejecución del Programa de especialización; y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), quien dio soporte en aspectos académicos, evaluativos y logísticos (plataforma virtual, control de asistencia, sistema de calificación, certificación, etc.).

Participaron 27 personas de 17 instituciones co partes de Pan para el Mundo que en conjunto abarcan, con la ejecución de distintas iniciativas, gran parte del territorio nacional. Participó también una coparte de Bolivia. Desagregando por sexo se tiene que 22 participantes fueron mujeres (81%) y 5 varones (19%). Todas y todos alcanzaron la certificación.

El Programa regular de especialización inició la formación de las y los participantes el 20 abril y término el 24 noviembre de 2022. Para el cumplimiento de objetivos se desarrollaron: una conferencia magistral de apertura, seis módulos con diversos temas en género y una conferencia magistral de cierre.

Un análisis reflexivo durante el desarrollo del Programa de especialización nos condujo a optar por un periodo adicional de asesoría con el objeto de acompañar a las y los participantes para que puedan elaborar sus herramientas para la trans-

8 Este artículo ha sido elaborado por Walter Valer Chacón, Director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación - CEDEP Lima, marzo, 2023

9 Para efectos de este artículo se está utilizando la denominación Pan para el Mundo para referirse a Brot für die Welt.

versalización del enfoque de género para su aplicación al interior de sus instituciones, sus programas o proyectos. El periodo de asesoría comprendió del 25 noviembre al 19 diciembre de 2022 en la que participaron 24 personas de 15 instituciones copartes de Pan para el Mundo.

El desarrollo del Programa regular fue un espacio enriquecedor de conocimientos y generador de nuevas ideas para las y los participantes. Las exposiciones de las y los conferencistas, panelistas, especialistas, docentes y asesores(as) condujeron a los y las participantes a la reflexión, profundización e internalización del enfoque de género.

El Programa también fue un espacio que permitió el recojo de saberes previos de las y los participantes, el avance institucional en la aplicación de herramientas de género, intercambio de pareceres sobre conceptos y enfoque de género, relato de experiencias institucionales en la transversalización de género, relato de vivencias de las y los profesionales con sus participantes en los proyectos, entre otros.

En el desarrollo del Programa regular se abordaron importantes temas con sesiones de cuatro horas cada una, de acuerdo al siguiente detalle:

▪ Módulo I: contexto y el enfoque de género. Se desarrollaron tres sesiones y dos paneles.

▪ Módulo II: marco normativo. Se cumplió con tres sesiones.

▪ Módulo III: género, poder y política. Se cumplió con tres sesiones.

▪ Módulo IV: género y masculinidad. Se cumplió con dos sesiones y un panel.

▪ Módulo V: violencia de género. Se cumplió con dos sesiones y un panel.

▪ Módulo VI: transversalidad del enfoque de género. Se cumplió con cinco sesiones y un panel.

El periodo de asesorías, adicional al Programa regular, permitió conocer más a detalle los avances institucionales en la aplicación de la igualdad y equidad de género. Este diagnóstico condujo a que las y los participantes elaboren alguna herramienta que pueda ser aplicadas en sus instituciones, sus programas o proyectos y contribuyan a la disminución de brechas de género.

Objetivos alcanzados con el PEG

El Programa regular de especialización en Género y el periodo adicional de asesoría permitió alcanzar los siguientes objetivos:

• Promover en las copartes de Pan para el Mundo una reflexión interna teóricapráctica dirigida a uniformizar el concepto de enfoque de género.

• Elaborar herramientas que permiten a las y los participantes poner en práctica

Conferencia magistral de apertura del PEG.

Fuente: Archivo CEDEP

la transversalización del enfoque de género en sus instituciones.

• Fomentar el intercambio de experiencias y aprendizajes para la incorporación y transversalización del enfoque de género.

• Acompañar a las copartes de Pan para el Mundo en la elaboración de herramientas para la aplicación de igualdad de género en sus instituciones, programas y/o proyectos.

Metodología de capacitación del PEG

Nuestra responsabilidad para impartir la capacitación grupal nos condujo a tener una especial atención en determinar los contenidos, cantidad y tiempos de las sesiones; a seleccionar ponentes, panelistas y asesores(as) imparciales con alto profesionalismo; a considerar las variadas experiencias de las instituciones; a facilitar el aprendizaje buscando no perder el interés de las y los asistentes. Y como capacitación adicional optamos por los refuerzos para quienes ingresaron tarde a sala o no pudieron asistir a la sesión.

La metodología durante las asesorías para la construcción de herramientas en transversalización de género consistió en la formulación de herramientas por institución y no por participante, debido a que algunas instituciones participaron con dos o tres representantes.

Sumado a lo manifestado, se trabajó con facilitadores(as) y panelistas especializados(as) en un tema específico y con una coordinadora del Programa permitiéndonos alcanzar los resultados esperados.

Se propició en todo momento la participación, la interacción de un/a participante con todo el grupo, el recojo de saberes para la construcción del conocimiento y su futura aplicación.

Participantes que culminaron el PEG y obtuvieron la certificación

La UARM, al inicio del Programa de especialización, indicó los criterios y sistema de calificación para participantes que deseen obtener su certificado a nombre de la UARM-PPM-CEDEP. Se consideró la aplicación de la calificación al desarrollo de cada módulo y se tuvo como criterios la asistencia al aula virtual, participación en clases virtuales, cumplimiento de tareas, trabajos intersesión y actividades determinadas según las y los docentes.

Fueron 27 las y los participantes que cumplieron satisfactoriamente los criterios señalados y lograron obtener su certificado de especialización en género.

Participantes en una de las varias sesiones del PEG.

Fuente: Archivo CEDEP

Tras culminación del Programa regular se inició el periodo adicional de acompañamiento o asesoría con la participación de 25 personas para la revisión, formulación, mejora de herramientas que contribuyan a la transversalización de género en

sus instituciones. En el siguiente enlace se puede verificar las y los participantes por institución que culminaron satisfactoriamente el Programa y fueron certificados/as: http://bit.ly/40EUIgt

Lecciones, aciertos y desafíos

✓ Entre nuestros aciertos para el desarrollo del Programa de especialización en Género está la alianza PPM-CEDEP-UARM que permitió darle continuidad al Programa de especialización, recurrir a prestigiosos(as) conferencistas, panelistas y asesores(as) en el tema de género, captar el interés de las y los participantes y concluir la especialización con carácter académico.

✓ Incluir en el Programa de especialización de Género una certificación emitida por una universidad despertó interés en el tema, incentivó la asistencia y el cumplimiento en las tareas asignadas. En el siguiente enlace puede verificarse el porcentaje de asistencia por participante: http://bit.ly/3lICV93

✓ Involucrar en el PEG a personal de instituciones copartes de Pan para el Mundo permitió contar con instituciones y personas participantes en cantidad superior a nuestras expectativas iniciales.

✓ El acompañamiento o asesoría para elaborar herramientas permite identificar el avance institucional en la aplicación del enfoque de género.

✓ Las y los acompañantes o asesores(as) se constituyen en verdaderos impulsores en

la formulación efectiva de herramientas de género.

✓ La carga de trabajo del y la participante, la débil conexión a internet en zonas rurales, y el entorno familiar con emergencia sanitaria se constituyen en factores limitantes en la obtención de resultados.

✓ Se avanza en el cierre de brechas de género, pero, sigue siendo un desafío superar la situación desventajosa de las mujeres.

NOVEDADES DE LA OFICINA REGIONAL ANDINA (ORA) DE Brot für die Welt

1. Nuevas integrantes en el equipo de la ORA

Tres nuevas personas se sumarán en los próximos meses al equipo de la Oficina Regional Andina de Brot für die Welt. Se trata de la nueva oficial de programas para Perú, la encargada regional para Bolivia y la cooperante para pueblos indígenas.

A continuación, compartimos información sobre el perfil y experiencia profesional de cada una.

▪ Jekion Segovia, es Máster en Estudios Europeos e Internacionales Avanzados (MAEIS), con sólidos conocimientos lingüísticos de alemán, español, inglés y francés; tiene experiencia en el entorno internacional y en la gestión de proyectos. Además, ya ha trabajado en la sede en Berlín para la organización DKH –Diaconía Ayuda en Emergencias. Empezará a laborar en la Oficina Regional Andina a finales de marzo como oficial de programas para el Perú.

▪ Sofia Bruni, ha estudiado ciencias políticas con enfoque a cooperación al desarrollo y desigualdad; tiene experiencia de varios años laborales en organizaciones de la cooperación internacional en el acompañamiento de proyectos. Empezará a inicios de abril con su inducción en

la sede en Berlín y trabajará como encargada regional para Bolivia en la ORA. A inicios de mayo empezará a laborar en la Oficina Regional en Lima.

▪ Dra. Sandy El Berr, tiene un doctorado en etnología y cuenta con amplia experiencia en el trabajo con pueblos indígenas, entre otros Ha sido cooperante en el Instituto de Defensa Legal (IDL) (2010-2016) para exigir y cumplir con los derechos indígenas en la Amazonía. A partir del mes de mayo trabajará como cooperante para Pueblos Indígenas en la Oficina Regional en Lima. En su nueva función estará a cargo de la capacitación y formación de copartes en la región de América del Sur que trabajan con comunidades indígenas y enriquecerá el trabajo de Brot für die Welt a nivel interno en esta línea temática.

2. Publicación „La crisis agroalimentariaenAméricaLatina“ Como parte del seguimiento a una de las actuales problemáticas que afecta al país y al mundo, como es la crisis agroalimentaria, y buscando aportar con información que resulte relevante para sus copartes, la ORA de Brot für die Welt encargó al Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES la elaboración del artículo „La crisis

agroalimentaria en América Latina“. Este material ha sido elaborado por Fernando Eguren y Miguel Pintado y se difundió a las copartes en enero de 2023. Ver publicación en: http://bit.ly/40IL1x0

3. Proceso GeCo: Talleres de capacitación sobre OEDI con Transversalización del Enfoque de Género en las organizaciones

En el marco del proceso de fortalecimiento de capacidades en la gestión estratégica y comunicación (Proceso GeCo) la Oficina Regional Andina de Brot für die Welt realizó en el mes de noviembre de 2022 dos capacitaciones en la temática de orientación hacia impactos institucionales con transversalización del enfoque de género en 9 organizaciones copartes seleccionadas de Perú y Bolivia.

avances y experiencias institucionales en estas temáticas.

Fuente:

Durante tres días las copartes revisaron y reflexionaron críticamente sobre el concepto de la orientación hacia efectos directos e impactos (OEDI) y el Enfoque de Género (EDG) a nivel institucional; conocieron y aplicaron instrumentos, metodologías y estrategias para la planificación y la medición de cambios bajo los enfoques de OEDI y género. Además, intercambiaron sus

Fuente:

Cabe mencionar que al cierre de este boletín se están llevando a cabo los talleres de cierre y evaluación del Proceso GeCo.

Fuentes consultadas

Diarios y Revistas:

Caretas, El Comercio, El Peruano, Gestión, La República, Perú 21.

Elaboración: Frank Pérez León.

Coordinación general: Adrián Oelschlegel.

Lima, 31 de marzo de 2023.

Oficina Regional Andina

Brot für die Welt

Jr. Buenaventura Aguirre 218 A, Barranco

Lima – Perú

Participantes del Taller en Perú

Archivo Proceso GeCo.

Participantes del Taller en Bolivia

Archivo Proceso GeCo.