Revista Arje Nacional N°3 by Centro Arje

Revista NO 3 / Diciembre 2014 • Grupo Arje

2014 el Año de las REFORMAS 1

I N D I C E revista n

3 / Diciembre 2014

EDITORIAL

ARTICULOS

El Cannabis en el mercado legal “Regulación, Producción y Distribución: Uruguay se enfrenta a la Legalización”

Javier Henríquez y Rodrigo López

La regulación legal del Cannabis en Uruguay Pedro Abarzúa y Tiare Bustamante

Aproximaciones al tema educacional en Chile, reforma, movimiento y comunicación / Matías Martínez Morales

La Reforma al Binominal en el contexto de las reformas políticas

Sebastián Massa Slimming - Ignacio Ruiz Sáez e Ignacio López Herrera

COLUMNAS

Un reconocimiento constitucional explícito de los pueblos originarios: un tema pendiente / José López

Año de reformas: ¿Al Estado lo que es del Estado? / Felipe Godoy Veas

La Revista Arje es una publicación anual del Centro de Investigación Universitario Arje conformado por estudiantes interesados en la investigación de las diferentes problemáticas de nuestra sociedad. El Centro busca incentivar en los jóvenes el desarrollo de la investigación social y que a través de ella los estudiantes universitarios se preocupen y tomen conciencia de los problemas que afectan nuestro entorno. Centro Investigación Arje, Santiago, Chile Los artículos publicados en esta revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la línea editorial de Revista ARJE.

EDITORIAL Nuestra revista nació con el ánimo de incentivar en los estudiantes universitarios el apego a la lectura y a la investigación, pero además con el objetivo de constituir un espacio para que pudieran expresar su opinión, sus ideas y ser partícipes de la realidad social. La Revista Arje ha podido desarrollarse gracias a la colaboración de quienes componen el Comité Editorial, y hasta ahora gracias a los Fondos Concursables de la Universidad Bernardo O’Higgins. Es, sin embargo, este número en especial el que ha significado un gran esfuerzo y un reto para quienes participamos activamente en su edición, principalmente porque los artículos dedicados al tema de la Marihuana en los que se revisa el proceso que dio paso a su legalización, cuando en diciembre de 2013 la Cámara de Senadores en Uruguay con 16 votos a favor y 13 en contra aprobaban el proyecto de Ley del Cannabis presentada por el partido político Frente Amplio, son el resultado de una investigación realizada in situ en la ciudad de Montevideo Uruguay. El viaje y la participación en el curso Cannabis Sativa un nuevo rubro productivo impartido por la Facultad de Posgrado y educación permanente FAGRO y la edición de este número fueron posibles gracias a los Fondos del Concurso de Proyectos de Desarrollo Institucional otorgados por el Ministerio de Educación al Grupo Arje. Con esta experiencia hemos dado un paso más en nuestro incansable trabajo por lograr posicionarnos como un importante referente de estudio, análisis y crítica de temas de interés social. Con esta experiencia, podremos plantearnos una nueva etapa de consolidación y nuevos horizontes que nos permitan generar nuevas formas de incentivo para nuestros estudiantes, para ello, es necesario que nos dotemos de una nueva estructura, nuevas personas y nuevos objetivos.

Gabriela Eugenia Flores Calvo

DIRECCIÓN DE LA REVISTA Gabriela E. Flores Calvo

COMITÉ EDITORIAL Nicolas Pinochet Escobar Gabriela E. Flores

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Jorge Bueno

IMPRESIÓN JM Impresor

El Cannabis en el Mercado Legal

“Regulación, Producción y Distribución: Uruguay se enfrenta a la Legalización” Por Javier Henríquez2 y Rodrigo López3

l 10 de Diciembre de 2013, en la Cámara de Senadores de Uruguay se dio un considerable paso en el avance social del país. Por 16 votos a favor y 13 en contra se aprobó el proyecto de ley de la legalización del Cannabis, presentada por el partido político “Frente Amplio”, para que en 10 días más a partir de la fecha indicada, la ley fuese promulgada por el Poder Ejecutivo. Durante el extenso debate parlamentario en el Senado, representantes del partido opositor, “Partido Colorado”, cuestionaron varios puntos del proyecto, argumentando principalmente que la “guerra de las drogas” se le escaparía de las manos al país. “Me parece que este no es el camino para combatir el narcotráfico”, enfatizó el senador colorado Pedro Bordaberry. La regulación de la marihuana fue planteada al gobierno por el Senador Roberto Conde, en su informe “En mayoría”, el cual entre otros acápites decía que “... la regulación de los mercados de drogas, como política alternativa a los esquemas prohibicionistas… ofrece herramientas a los Estados para ejercer prácticas de reducción de la oferta y la demanda más eficientes e integrales”. (Senador Roberto Conde en su “informe en mayoría”, discurso introductorio al debate del proyecto de ley sobre el Cannabis en el Senado, 10 de diciembre, 2013.) De todos modos no solo hubo señales positivas con el proyecto de ley, sino también partidarios políticos que no estuvieron de acuerdo con el proyecto enviado al senado, entre los cuales se encontraban los políticos Verónica Alonso, Ana Lía Piñeyrúa, Javier García Duchini, Eber Da Rosa y Jorge Larrañaga.

Al igual que estos políticos, luego de aprobado el proyecto, la oficina de la ONU contra la droga y el delito (UNODC) se manifestó en contra de Uruguay: “ha violado los tratados internacionales” al legalizar la producción, venta y consumo. Dijo también que el país “no ha tomado en cuenta la dimensión del impacto en la salud del uso de la droga”. La UNODC recordó que Uruguay es miembro de la Convención sobre Narcóticos desde 1961. “El órgano legislativo que ha apoyado leyes y acuerdos internacionales y un gobierno que es socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del estado de derecho decidió romper las provisiones legales acordadas universalmente” manifestó Raymond Yans, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

La documentación fue obtenida empíricamente en Uruguay. Se contó con la colaboración de los representantes de movimientos sociales como - Martín Collazo, Vocero de Pro-Derecho - Hernán Delgado, Vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU) - Sebastián Aguiar, Sociólogo de la Universidad de la República Hannah Hetzer, Representante estadounidense de Drug Policy Alliance, los que gentilmente nos recibieron. La investigación fue presencial y minuciosa a cargo del grupo de investigación conformado por estudiantes de Periodismo de la Universidad Bernardo O´Higgins en representación de la Revista Estudiantil ARJE y gracias a los fondos del Ministerio de Educación de Chile.

Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: Henríquezs.javier@gmail.com

Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: rodyn2993@gmail.com

Junto con este proyecto de ley, lo que plantea el gobierno de Uruguay es que la producción y venta de la marihuana tendrá un límite entre 4 a 6 tipos de plantas que serán comercializadas para tener un mayor control de su venta, y que este tipo de cannabis será manipulado desde su crecimiento para tener como principal objetivo disminuir la adicción de los consumidores en el país, a este nuevo tipo de cannabis se le denominó “Ultra Light”, la cual bajará los porcentajes de un 20% a un 5% de THC, que es el agente químico que provoca los efectos psicológicos de ésta. Las manipulaciones en el crecimiento de la marihuana son gracias a un largo trabajo y estudio desde que el cannabis llegó al continente.

Un poco de historia El Cannabis, producto obtenido de la resina, hojas e inflorescencia femenina de un tipo del cáñamo que produce efectos hipnóticos, conocido popularmente como marihuana, data de muchos siglos atrás, desde que los españoles en su afán de conquista en 1525, trajeron marihuana al Nuevo Mundo. Algunos fármacos durante esta era contenían marihuana, pero era un pequeño porcentaje comparado con el número que contenía opio o cocaína, lo que hacía presagiar que esta droga no era nociva y no representaba ni reflejaba un riesgo para las personas ya que solo se ocupaba con fines medicinales. Se utilizó como intoxicante entre los años 1830 hasta 1930, luego de esto la marihuana entró en la farmacología de los Estados Unidos, desde 1850 hasta 1942, y se prescribía para varias condiciones incluyendo dolores de parto, náusea y reumatismo. Fue en el año 1920 que la marihuana empezó a equipararse en el mercado a las drogas comentadas anteriormente. Algunos expertos en el tema mencionan que la prohibición produjo su auge. Su uso recreativo se restringió a músicos, artistas y generalmente a la gente del mundo del entretenimiento y espectáculo. Las canciones inspiradas en la planta se volvieron populares entre los músicos, específicamente en el mundo del jazz. Los clubes de marihuana aparecieron por todas las 4

ciudades principales. Estos establecimientos de marihuana eran tolerados por las autoridades porque la marihuana no era ilegal y los consumidores no daban evidencia de descontrolarse ni perturbar a la comunidad, por lo tanto, la marihuana no se consideraba una amenaza social. En el año 1960 la usaron y masificaron su consumo los estudiantes universitarios y los “hippies”, quienes la convirtieron en un símbolo de rebelión contra la autoridad, esto debido a que sus efectos en el cuerpo humano eran adictivos y generaban poco razonamiento y discernimiento en el actuar, lo que de alguna manera hacía pensar especialmente a los especialistas y autoridades que los efectos eran mucho más negativos que positivos. Todo esto se fue ampliando con consecuencias negativas para la persona que consumía o hacia uso de esta planta, creándose leyes y reglas estrictas para el usuario, como la Ley de Control de Sustancias de 1970, que clasificó a la marihuana junto con la heroína y el LSD como una droga de Nivel 1, o sea, que tiene el más alto potencial de abuso y ningún uso médico aceptado. El mayor país exportador de esta droga fue en primer lugar México, pero se acabó en el año 1975 debido a que el gobierno mexicano decidió erradicar la cosecha, de esta forma este lugar lo tomó Colombia, siendo una potencia y un potente mercado en Sudamérica, hasta estos días. En los EE.UU., cada vez se tomaban medidas más estrictas y fuertes, penalizando a los que poseían marihuana y al contrabando que se generaba en las fronteras del sur, lo que obligó a realizar cultivo doméstico antes de importar el suministro y dejar de alguna forma más calmada las aguas en términos de tráfico de marihuana, con un uso menguante y tranquilizador por casi una década. A principios de los 90 se volvió a tomar con fuerza el consumo de marihuana, pero esta vez por los adolescentes, que en muchos casos la han visto como una salida a los problemas de esta edad, ya que por los efectos de esta planta no sienten ni tampoco razonan lo que están viviendo. Desde entonces múltiples movimientos sociales y organizaciones han tratado de comprender y rehabilitar a los adictos por esta sustancia, pero el camino ha sido cada vez más difícil, pues el tráfico y narcotráfico cada día se multiplica a lo largo del mundo.

Las medidas que se han tomado referentes al tema son muchas y variadas, pero por más estrictas y castigadoras que sean no han sido efectivas, lo que ha llevado a buscar nuevas e inéditas alternativas, que en un momento jamás se pensaron, este paso lo dieron algunos países a partir del año 2000, pero siempre con sus debidas restricciones, ya que si bien despenalizaban el consumir esta droga, como es el caso de Suiza y Portugal, nunca se dictaminó una ley que la avalara, y es este el gran paso que quiere implementar un territorio que se encuentra al margen de las grandes potencias y difícil de encontrar en el mapa, esta nación de tan solo 3.5 millones de habitantes llamada Uruguay buscó una solución que fuera más allá de una sanción o una solución preventiva, en un proyecto de ley que se sostuviera por el apoyo gubernamental, el cual se inclinará por una medida legal ratificada por el Estado. Este proyecto terminó siendo la legalización de la marihuana.

El inicio de un cambio La legalización de la marihuana a creado un sinfín de debates en el mundo entero que van mucho más allá del simple hecho que la comercialización de ésta sea reconocida como legal en territorio uruguayo, pero esto va ligado a la sociedad de este país reflejada en una nueva generación que es más desprejuiciada que la anterior y mucho más que en la de otros países. Gracias a esta nueva mentalidad social que incentivó a Uruguay a generar este proyecto, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19.172 el 20 de diciembre del año 2013, donde el primer artículo de ésta se refiere a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del Cannabis y que también brindará el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas, con esto se toma en cuenta que el estado asumirá el control del cultivo, producción y venta a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA). Para los consumidores de Uruguay no existen los límites a la hora de sustraer referencias variadas en épocas, posturas o culturas que pueden lograr convivir sin atentar contra su propia integridad o seguridad y mucho menos ser un peligro para los demás solo por consumir una dosis de marihuana.

Esta nueva generación se debe alimentar de la prioridad y de la responsabilidad y no dejar a la palestra consecuencias futuras negativas como lo mocionaban los líderes de los movimientos que buscaban la legalización en dicho país. En referencia al apoyo político que tuvieron las diferentes organizaciones sociales en principal el partido político “Frente Amplio”, el vocero de la agrupación Pro Derecho Uruguay y uno de los principales redactores del proyecto de ley, Martín Collazo, señaló: “A principios de los 90 finales de los 80 en algunas academias se empieza a hablar sobre estos temas pero eran personas muy aisladas y a principios del año 2000 cuando ya aparecen actores de más renombre a hablar sobre el tema cuando el frente amplio llega al poder el 2005. Es apartir de este momento que comienza el proceso de acumulación con legisladores gente de la academia y aparecen juventudes políticas, organizaciones sociales a conversar a favor de la legalización y se fortalece el movimiento, y cuando arranca el gobierno de Mujica, con un nuevo impulso de algunos diputados del frente amplio del palacio, las organizaciones empiezan a trabajan con abogados legisladores y médicos, y todo empezó a crecer”. En el mismo contexto las percepciones en el país sudamericano no fueron todas positivas a la hora de promulgarse la Ley, especialmente las diferencias que tenían de parte del “Partido Colorado”, el cual en variadas ocasiones argumentó que legalizar la marihuana seria una puerta de entrada a las drogas más pesadas, a lo que el titulado de Sociología de la Universidad de la República de Uruguay aseveró: “La marihuana no es la puerta de entrada a drogas más duras lo vamos a demostrar con estudios científicos sino que es la puerta de salida, esto porque da buenos resultados en la inclusión de marihuana primera parte del tratamiento de usuarios problemáticos de esta drogas para controlar la ansiedad y para otras cosas y habrá una investigadora que realizara un estudio sobre eso, el 98% por ciento de los usuarios de marihuana no utiliza pasta base y el 85% no hace consumo de cocaína lo que si hay es personas que son usuarios de drogas y hacen uso de estas drogas en alguna etapa de su vida, pero en todo caso esos son porcentajes pequeños de la población pero no todos hacen uso de otras drogas, la oposición siempre tiene ese argumento”. La incógnita se instaló en cuanto a si un país de las dimen5

siones que representa tanto políticas como territorialmente Uruguay, podía estar adecuado al tipo de mercado que se podía generar con un proyecto como la despenalización y legalización de la marihuana, a lo que el vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU), Hernán Delgado ratificó: “Uruguay no estaba preparado para desarrollar un mercado de esta capacidad esto implica asesoramiento y ayuda internacional y de alguna forma incorporar lo mejor de otros modelos como los de colorado y Washington, la cuestión es que con fines de las políticas públicas era luchar con el narcotráfico y eso implico redactar la modificación de ley de los detalles puntuales, ya que desde diciembre que fue la aprobación de la Ley hasta abril y hasta ahora estamos en una etapa donde se está operativo el registro para los cultivadores, donde esta operativo para los clubes de la cannabis. Ya que en Uruguay hay cerca de 10 clubes de cannabis que ya están funcionado y hay más de 1200 cultivadores que ya están preinscritos y sigue aumentando la cifra lo que en resumidas cuentas es la parte más importante que se tiene que comprobar para que esto funcione”. De la misma manera tuvo palabras en lo que se refiere a los plazos establecidos para que la implementación de la Ley se haga netamente efectiva a lo que Delgado añadió: “Yo creo que los plazos establecidos hay que dividirlos en dos etapas lo que era con uso medicinal y lo otro que es con fines recreativos así que si bien se aprobó todo junto yo creo que la viabilidad y el éxito del proceso depende de que el uso medicinal es brindar y garantizar el derecho a las personas que la necesiten y en eso esta más legitimado, así como en Estados Unidos son 23 estados donde esta regularizado con fines terapéuticos en Uruguay se aprobó, pero en todos los países de Latinoamérica se está discutiendo el tema medicinal con practicas recreativas”. Dentro del proyecto de ley las críticas han ido incrementado en varios aspectos y atacan directamente a los puntos vulnerables de esta misma, desglosando un considerable descontento por parte de las personas que les importa por sobre todo su seguridad y la de sus seres queridos, dejando claro que debe mejorar el resguardo policial sobre la fiscalización de la venta del Cannabis, por esto el experto en ciencias sociales de la Universidad de la República en Uruguay, Sebastián Aguiar mencionó: “Veo va6

rios asuntos que se deben cambiar, es difícil que exista un buen control o fiscalización en la venta del cannabis, ya sea a la venta ilegal a extranjeros y a menores de edad que debería tener más resguardo policial, es difícil encontrar una buena seguridad en la venta y comercialización, pero la seguridad a las personas ya está, según lo dicho en uno de los artículos de la Ley (“proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico”, artículo 4). Para mí lo más frágil es lo que pueda pasar en cuanto al riesgo de opiniones en contra en el escenario político cuando ya esté implementada en el mercado, pero hasta el momento se encuentra por un buen camino”. Así, desde hace cinco meses, a la fecha todo ciudadano uruguayo o residente permanente en el país que desee cultivar marihuana en su casa puede acudir a una oficina de Correos y solicitar una licencia de productor para poder cultivar libre y legalmente hasta seis plantas de cannabis y cosechar hasta 480 gramos de marihuana al año para su consumo personal. También se permite crear clubes cannábicos, que pueden tener hasta 45 socios y disponer de hasta 99 plantas. Se han habilitado 63 puntos en las oficinas de Correos para inscribirse en un registro sin costo del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) para realizar la plantación, y con el único requisito de ser mayor de edad y tener residencia permanente en el país. La legalización de la marihuana en Uruguay, que más que legalización como tal se refiere a una regulación y control de la sustancia así como lo dice el organismo encargado de generar este proceso (IRCCA) y su distribución en conjunto con el Ministerio de Salud Pública el cual velará, emitirá licencias y asumirá el control de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana, lo que de alguna manera llevará a que el próximo año se implemente la segunda parte de la ley la cual sostiene la distribución en las farmacias lo que aún es una incógnita ya que no se ha desarrollado en ninguna parte del país y que tendrá con los ojos abiertos a gran parte del mundo, ya que de funcionar a cabalidad se podría decir que se abre una ventana para un pozo que no tenía fondo.

La regulación legal del Cannabis en Uruguay

“Un experimento nacional para enfrentar un problema mundial y combatir el narcotráfico”. Por Pedro Abarzúa2 y Tiare Bustamante3

a Ley 19.172 de Regulación del cannabis, que va destinada a fiscalizar la producción, distribución y venta de la marihuana busca en su integridad combatir el narcotráfico, mercado negro y garantizar seguridad a la población a través de controlar la calidad de la marihuana, difundir información sobre los riesgos que su consumo genera y garantizar su acceso para su uso terapéutico.

Pero ¿es esta ley una verdadera solución para disminuir la delincuencia y el narcotráfico? Ante esto, el Gobierno, Partidos políticos, Organizaciones pro-consumo, y Movimientos Sociales apoyan esta causa con un único fundamento, ganar la guerra contra el narcotráfico y reducir la delincuencia, buscando eliminar la contradicción de la legislación de drogas actual en Uruguay. Ya que hoy su consumo es legal, pero se penalizan las formas de acceso a ella, obligando a la gente a alimentar lo que hasta ahora se conoce como el mercado negro. De igual manera los que demuestran posturas contrarias a las posturas del estado, como lo son, La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito, (y sus siglas en inglés UNODC), demostraron los delitos registrados por las autoridades en relación al consumo personal y el tráfico de drogas que se estarían cometiendo con la promulgación de la nueva ley , y que fueron evaluados demostrando que el consumo de drogas en su aumento en el período 2003-2012, dio como resultado el acrecentamiento en el número de consumidores durante ese período, comprobando que en gran parte del mundo la gran mayoría de los delitos relacionados con el uso de drogas tiene que ver con el Cannabis. Por su parte las agrupaciones conformadas por la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU) y Uruguay por la Regulación Responsable de la Marihuana, que está

integrada por Colectivo Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, El Abrojo, IELSUR, MYSU, PIT-CNT, PRODERECHOS, REDES Amigos de la Tierra Uruguay y SERPAJ Uruguay, han realizado un listado de razones fundamentales que avalan la promulgación de ley sobre regulación de Cannabis. Entre ellas podemos encontrar: • La regulación de la marihuana se fundamenta en una serie de argumentos que involucran distintas áreas: seguridad pública, salud, recursos económicos, política de reducción de daños y riesgos, marco regulatorio y ajuste legislativo ante la inconsistencia de la Ley actual. • La marihuana tiene probados usos medicinales, y ya se ha comenzado a utilizar en tratamientos para abandonar el uso de pasta base. Con su regulación podremos estudiar estas posibilidades. • Hoy los niños pueden comprar marihuana fácilmente en el mercado negro. Mediante la regulación de la marihuana 1

La documentación obtenida fue realizada empíricamente en Uruguay. En la cual se contó con la colaboración de los representantes de movimientos sociales como - Martín Collazo, Vocero de Pro-Derecho - Hernán Delgado, Vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU) - Sebastián Aguiar, Sociólogo de la Universidad de la República - Hannah Hetzer, Representante estadounidense de Drug Policy Alliance, los que gentilmente nos recibieron. La investigación fue presencial y minuciosa a cargo del grupo de investigación a compuesto por los estudiantes de Periodismo de la Universidad Bernardo O´Higgins y el apoyo de la Revista Estudiantil ARJE y fondos del Ministerio de Educación de Chile.

Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: Pedro.abarzua.c@gmail.com

Estudiante de tercer año de periodismo Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: tiarebustamante27@gmail.com

será más difícil que se venda a menores, imponiendo sanciones a los que vendan drogas a menores de edad.

virtiendo así una tradición de respeto y cumplimiento de la normativa internacional.

• Regular la marihuana permitirá reducir la fuga de capitales de un negocio de 30.000.000 de dólares al año en Uruguay. En su lugar, la sociedad puede obtener valiosos recursos para educación, salud y tratamientos.

• Para poder competir con el mercado negro el gobierno deberá ofrecer un producto competitivo, es decir, de mejor calidad y más barato, y si eso ocurre determinará una extensión de la oferta que aumentará el consumo. Asimismo, la legalización disminuye la percepción del riesgo y esta estudiado que cuando eso ocurre también aumenta el consumo.

• En Uruguay el tabaco ha sido exitosamente controlado y regulado por el gobierno. Dicha regulación ha determinado un marcado descenso de su consumo entre jóvenes. Esto demuestra que se puede regular una sustancia potencialmente dañina con éxito. Podríamos tener un modelo de control para reducir el consumo de marihuana. De la misma manera, entes de oposición, que integran El Partido Nacional y El Partido Colorado no han querido quedarse atrás en demostrar su postura frente a la nueva legislación que regula la producción, distribución y venta, plasmando sus ideas en los siguientes puntos. • El dilema entre Prohibicionismo o Legalización que propone el Gobierno es falso. Si el paradigma para dar respuesta al problema toma por foco la demanda, la solución pasa por mayor prevención: educación, deporte, salud, sanidad, reducción de daños, familia y valores. La Legalización de la marihuana pertenece al paradigma de la “oferta” y por tanto no solucionará los problemas vinculados a la demanda. Lo más grave es que ni siquiera solucionará los problemas asociados a la oferta (violencia, delito, narcotráfico). • La legalización de la marihuana supone una confusión y degradación de valores, que desdibuja los límites y envía un mensaje equívoco a nuestros jóvenes. • Inconstitucionalidades. El art. 44 de la Constitución establece que “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”. No se comprende cómo la legalización de la marihuana se compadece con el deber de cuidar la salud de los ciudadanos por parte del Estado. • Se violan Tratados Internacionales. El Organismo Internacional de Control de Estupefacientes (OICS), de la ONU, ha manifestado su “preocupación” por el proyecto uruguayo, al considerar que violaría los tratados internacionales sobre control de drogas, ratificados por el país, re8

Movimientos Sociales y Organizaciones Los grandes propulsores de la legalización en Uruguay Los movimientos sociales en Uruguay comenzaron a ser incorporados en las demandas populares en los años ochenta con las juventudes políticas del Frente Amplio, éstas comenzaron a hablar de un cambio de la política de drogas en relación a la marihuana, mientras que en los noventa, con la derecha en el gobierno, no hubo una mayor relación ni cambios. En el plano actual desde el 2010, cuando el gobierno fue liderado por el partido Frente Amplio, a cargo de José Mujica, y con una mayoría en el parlamento provocó un escenario a favor, contando con el apoyo de los movimientos sociales que participaron activamente en la presentación de problemática que agobiaban a la gente. Según el vocero del movimiento social PRO DERECHO, Martín Collazo, defendiendo a los movimientos sociales asegura que estos son los verdaderos propulsores de la regulación del cannabis y no el presidente de la República “Mujica salió a la prensa, pero quien efectivamente trabajó para esto es la secretaría Nacional de Drogas, diputados, movimientos sociales, y la academia, pero Mujica no lo hizo, son sus funcionarios quienes trabajaron” aclaró Martín Collazo. La Representante estadounidense de Drug Policy Alliance, Organización No Gubernamental Internacional con base en Estados Unidos que promueve cambios en la política de drogas en América, Hannah Hetzer, resaltó: “felicito lo que está realizando Uruguay a nivel internacional por ser el primer país en regular integralmente el mercado de la marihuana, ya que el mundo está llegando a un consenso en cuanto a que la prohibición no está funcionando y busca alternativas” . Sebastián Aguiar, sociólogo de la Universidad de la República de Uruguay, es uno de los académicos que más ha participado por el proyecto, quien además asegura que “Todos los estudios científicos demuestran que la historia de la escala-

da en cuanto al paso a las drogas duras no tiene sustento, si bien pasa de que una persona quiere probar una droga y después más, no significa que les pase a todos, ya que siempre hubo acceso a este tipo de drogas y no con la legalización esto se va acrecentar. Este efecto se va a suprimir con la regulación de la marihuana” enfatizó el sociólogo. También, el dirigente del movimiento social PRO DERECHO, Martín Collazo informó sobre los temas que se vienen para los movimientos sociales en Uruguay “En primer lugar el movimiento social es consciente que tiene un rol que jugar en la consolidación de estas victorias la derecha conservadora sigue operando y quiere dar marcha atrás, por ejemplo con estas elecciones entra al parlamento de mano del partido nacional el primer pastor evangelista esto nunca había pasado en Uruguay y los conservadores están muy presente e intentan imponer su modo de vida a toda la sociedad entonces nosotros estamos acá para evitar que ese modo de vida monótono no se le imponga a toda la sociedad dejando que sea la gente quien elija como quiere vivir” además, otros puntos que están en la agenda de interés de los movimientos sociales según Collazo son “las políticas de seguridad, criminalización de la juventud, el abuso policial, sobre el machismo, la homofobia ya que siempre salen nuevas aristas y otros temas que comienzan a emerger como la situación ambiental y la discriminación con los inmigrantes en Uruguay”.

¿Por qué Uruguay si y Chile no? Una de las interrogantes más frecuentes en este último tiempo, ha sido la discusión en cada país sobre la legalización del Cannabis, esto no es la excepción en Chile, ya que lleva 50 años en discusión por diferentes sectores como movimientos sociales, entidades médicas, organizaciones de expertos, Parlamento, el Gobierno y la opinión pública, pero esto no ha servido como presión para legalizar la Cannabis en Chile.

Según el vocero de Pro-Derecho, Martín Collazo, quien comenta que Chile no es tan laico como Uruguay y es mucho más conservador y moral señalando que “Chile tiende a cambiar mucho más lento, me da la impresión que cuestiones de género en materia de diversidad de la familia donde no se toca mucho , también porque el funcionamiento de la policía es fuerte y no apoya este tipo de medidas opera en contra de aquello, los derechos de igual forma que gozan los ciudadanos en Chile están bastante restringidos, entonces por este tipo de cosas, Chile tiene que realizar un cambio cultural que creo que está ocurriendo y de ahí a pensar en propuestas como la que tomo Uruguay”. Por su parte, el sociólogo, Sebastián Aguiar, señaló que Uruguay tiene un antecedente a partir del siglo 20 de aprobar medidas de vanguardia en términos sociales “quizás el carácter pequeño de sociedad medianamente ilustrado de sus élites, las facilidades de características políticas y la influencia europea permanente que ha facilitado la toma de decisiones de Uruguay, bueno, esto puede ser una línea explicativa. En Chile también hubo una represión muy fuerte de décadas, la gente particularmente era muy temerosa. Hoy Chile ha cambiado mucho, si tú me preguntas entre los 3 países de Sudamérica en que se puede legalizar, yo te nombro a Chile”. El vocero de la Asociación de Estudios sobre el Cannabis de Uruguay (AECU), Hernán Delgado, enfatizó que “Uruguay al ser un país pequeño tiene mayor libertad y mayor posibilidad de poder acceder a los altos mandos del país, además el movimiento social viene pasando por procesos de engrandecimientos con las organizaciones ya sean de los diferentes ámbitos, y eso nos ha dado la posibilidad de poder estar en la palestra, además del hecho de tener a Mujica como presidente nos jugo a favor. Y eso es lo que no pasa en otros países, ya que no hay unidad con respecto a la problemática social, incluso las mismas organizaciones de consumo de drogas están peleadas entre ellas”.

Diferencias en materia de droga ¿QUÉ TIENE URUGUAY?

¿QUÉ NECESITA CHILE?

Apoyo del Ejecutivo

Apoyo del gobierno

Parlamento a favor

Movimientos sociales unidos

Cultura y apoyo social

Mayor cultura en temas de drogas

Modificar la despenalización de la Ley 20.000 que habla del uso del tráfico ilícito de estupefacientes

Poca Población

En Chile la Ley 20.000 es responsable de limitar el cultivo y consumo de drogas y estupefacientes, ésta sanciona a los que elaboren, produzcan, transformen, preparen o extraigan sustancias de este tipo, al igual que a quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a su elaboración. Las grandes diferencias respecto a la Ley 19.172 de Regulación del Cannabis de Uruguay con muchos países de América Latina se basan en la disponibilidad gubernamental, parlamentaria, social y cultural en relación a la legislación de Uruguay en materia de consumo y producción Cannabis, lo que hace más difícil que en países de Latinoamérica se legalice el uso y cultivo de marihuana, pero, en comparación con Chile que tiene un proyecto de ley con otro fondo, la ley de Uruguay va dirigido a que el Estado sea un ente regulador de toda la actividad relacionada con la marihuana, ya sea controlando y regulando producción y venta del Cannabis, mientras que el proyecto de ley que Chile espera se enfoca en eximir de responsabilidad penal a quienes porten o cultiven, esto hace que Chile, al contrario del estado uruguayo que regula y supervisa el consumo, de cierta manera se desliga de responsabilidad.

LEY DE REGULACIÓN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA El Proyecto de ley que ha cumplido un año desde su promulgación en Uruguay, sobre la regulación del consumo de la marihuana, se encuentra dando sus primeros pasos, esperando que en un tiempo adecuado la ley trabaje con el 100 por ciento de sus capacidades enfocándose en los tres ejes importante, fiscalización sobre: — La producción — Distribución — Venta Pero, ¿Uruguay está preparado para desarrollar un mercado de cultivo?, y eso implica la necesidad de asesoramiento y ayuda internacional en especial de los modelos de los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos, y que han regulado la Cannabis con diferentes métodos.

También está operativo el registro para los cultivadores para los club de Cannabis, en donde existen hoy 10 club de cannabis que ya están funcionando y 1200 cultivadores inscritos, claro que esta cifra sigue aumentando y durante estos últimos meses se está definiendo quienes serán los propietarios que van a plantar varias hectáreas donde se van a comercializar 10 toneladas de Cannabis en una primera etapa con acceso exclusivo a las farmacias, quienes se van a hacer cargo de la venta del producto. Esta ley se tiene que aplicar en dos grandes causas tanto para el uso medicinal como para el uso con fines recreativos, el primero, con fines medicinales, permite brindar y garantizar el derecho a las personas que necesiten y en ese sentido es mas legitimo a la mirada de la sociedad y en cuanto al uso recreativo, la ley cuenta con un monitoreo constante, paralelamente se crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que supervisará todo el proceso y será el organismo encargado de la regulación y generará informes para una evaluación permanente. Ante esta situación los movimientos sociales, el gobierno, organizaciones y académicos de Uruguay, están muy interesados en participar por esta causa, fortaleciendo la educación e informando de mejor manera como funciona la Ley. En definitiva, la regulación de Cannabis va evolucionado a medida de como se vayan realizando las cosas, es decir, si alcanzan los objetivos primarios o secundarios de esta ley, a corto o largo plazo, hay muchas organizaciones fiscalizadoras que están atentas a los cambios, esto se verá plasmado en unos años, ya que el inicio de esta implementación se comenzó a mediados del 2014, para entrar en su totalidad el 2015, en la cual los entes reguladores y la misma sociedad de Uruguay y el mundo esperan ver como avanza este experimento, en el que se podrá ver cómo se comportan los usuarios, como funciona el mercado regulado y como estará relacionado con la delincuencia, pero una de las mayores incógnitas que se espera responder en el avance de este experimento es si la ley de regulación es una verdadera solución para disminuir la delincuencia y el narcotráfico.

Aproximaciones al tema educacional en Chile, reforma, movimiento y comunicación Por Matías Martínez Morales1

Resumen El presente artículo busca dar cuenta de una reflexión sobre las dinámicas sociales que han posicionado el tema educativo en la agenda política y social de nuestro país. A través de los movimientos estudiantil se generó un debate centrado en lo educativo desembocando en una reforma educacional en la actualidad. Se consideran las opiniones y las maneras de generar opinión en torno a la reforma y si desde una perspectiva histórica es un hito significativo para el devenir político de Chile.

a educación chilena ha estado desde el 2006 en la agenda, en los debates y se situó en la conversación cotidiana de los diferentes sectores y capas de la sociedad. La Revolución Pingüina generó una denuncia contra las condiciones de mercado existentes en la educación y la inequidad que provocan. Han presentado una demanda referida tanto a la importancia del rol regulador del Estado sobre aspectos privados de interés público (educación, salud), como hacia otorgar nuevamente valor a la política como herramienta mediante la cual la sociedad debate y define sus prioridades2. La apatía política de los jóvenes de los 90, los “no estoy ni ahí” contrasta con el actual compromiso de los estudiantes por lo social y lo público. El mito respecto de la falta de interés de la juventud en lo público, ha sido roto por las distintas movilizaciones estudiantiles que se han venido dando principalmente desde el 2001, con “el mochilazo”, la Revolución Pingüina y el movimiento estudiantil de secundarios y universitarios el 2011. Las condiciones mínimas de los colegios municipales presentes en sectores vulnerables convive con un plano de vida de los estudiantes que resulta critico. Estudiantes con padres con empleos temporales, un madresolterismo cre-

ciente, una expansiva y preocupante violencia domestica, tasas de femicidios, consumo y tráfico de drogas, delincuencia y la formación de una cultura de “choros de esquina. Las culturas contestatarias que se van configurando en los sectores sociales populares se autoeducan, pero no en el colegio, en la calle. Desde el otro lado, los profesores no se diferencian mucho de lo anterior, tienen contratos precarizados, evaluaciones periódicas que los acorralan, perfeccionamiento inexistente, estigmatización pública y una sobreexplotación asumida culturalmente3. Por esta y muchas más razones, la educación pública se encuentra en disputa en la actualidad, interpelada por una reforma educacional de parte de un gobierno centro y un modelo mercantil que socialmente se expresa en marchas y desinformación proveniente principalmente de sectores con intereses en los colegios subvencionados particulares. Pero antes de seguir, debemos señalar, ¿qué entendemos por educación pública? Tal como lo menciona Fernando Atria4, la educación pública va mas allá de un servicio entregado por el Estado, no debe centrarse en el proveedor sino, en el fin. La educación pública debe crear un ethos republicano que modifique las diferencias sociales existentes entre sujetos llamados vecinos, por la televisión y sujetos llamados pobla-

Egresado de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Universidad Bernardo O’Higgins. Actualmente tesista y en proceso de título. E-mail: matiasmartinezhistoria@ gmail.com

Beatriz Silva Pinochet, Las promesas de la modernidad puestas en juego, POLIS, N°31, 2012, p 5.

Gabriel Salazar, Dolencias históricas de la memoria ciudadana (Chile 1810-2010), ed. Universitaria, 2012, Santiago, p 150.

Fernando Atria, ¿Qué educación es “publica”, en: Cristian Bellei, Daniel Contreras, Juan Pablo Valenzuela (edit), Ecos de la revolución pingüina. Avances, debates y silencios en la reforma educacional, UNICEF, 2010, Chile, pp 154-160.

dores por la misma. La educación pública es la educación a la que todo ciudadano tiene derecho, el estándar de ella, es, el estándar del contenido de la ciudadanía. En defensa de una educación pública “gratuita” y de “calidad se ha levantado todo un debate político, social y televisivo que busca dar cuenta del impacto, los logros, fracasos y finalmente el apoyo a la misma. Producto de una desinformación que se explica por malos dispositivos de información provenientes del Estado y una educación cívica deplorable que imposibilita a gran parte de la población a entender de primeras las reformas, la tarea de explicar queda relegada a los medios de comunicación, siendo el principal, la televisión. En este sentido, los medios de comunicación se erigen con una autoridad cultural, pero lo relevante es que bajo ningún caso, es una estructura neutra. Los medios de comunicación legitiman o deslegitiman algo (la reforma educacional en este caso en particular), buscan generar realidades sociales donde antes no existían o el dar nuevas direcciones a tendencias ya presentes, de tal modo que la adopción de la nueva aptitud sea un modo de conducta socialmente aceptable y que la no adopción se represente como una desviación socialmente desaprobada5. En este sentido, la opinión o postura que las personas tomen sobre la reforma educacional está ligada, no condicionalmente pero si influyentemente, a lo que plantean los medios de comunicación y como lo hacen6. El presente artículo no busca generar una crítica para luego pasar a lo que se denominan “recomendaciones políticas”, no discute en particular ninguna de las iniciativas legales actualmente en curso ni busca dar argumentaciones a pasos a seguir. El propósito es posicionarse desde un punto reflexivo-critico, dando cuenta de una mirada a los acontecimientos y procesos que han ocurrido en el devenir político, pero por sobre todo, social y cultural. Desde una perspectiva histórica no existen posibilidades reales de analizar los procesos que se han ido desarrollando desde principalmente, el 2006. La proximidad del espacio temporal de estudio incluso no se clasifica en la historia reciente o historia del tiempo presente. De todas maneras, todos los análisis sociales deben ir acompañados de un conocimiento histórico que de cuenta de las estructuras a modificar y los cambios y reticencias sociales que se puedan establecer. En este sentido me parece particular 12

el tema de la presente revista, “tiempo de reformas”, periodo actual que esta cruzado principalmente, por la reforma educacional y la reforma tributaria. Nos hemos referido a la reforma educacional mas arriba, reflexionando sobre su impacto en el mundo social. La formulación del problema educacional provino como se mencionó anteriormente, de movimientos sociales articulados por estudiantes que pusieron en el tapete las condiciones de mercado de una educación de mala calidad. Lo complejo resulta que no existe un trayecto de integración desde el origen, eminentemente social hacia uno político deliberativo. La política tradicional7 no realizó una reforma con los principales actores del sistema educativo, a saber, estudiantes, profesores y apoderados. El hecho de que las políticas públicas se generen en salones privados donde los organismos sociales y los sujetos cotidianos no puedan participar tiene una data histórica y una perspectiva que cruza el desarrollo político chileno8. La política tradicional junto al sistema partidista ha generado tal como lo señala Sofía Correa9, una nula adhesión de parte de la ciudadanía. Por parte del mundo civil, se ha producido una doble deslegitimación, por una parte la del clientelismo y por otra, la de los partidos ideológicos. En la medida que los partidos no otorguen soluciones y beneficios al grupo electoral, es evidente que se ha ido generando un descontento y malestar hacia la clase política chilena, lo cual no ha estado nunca ausente en Chile10.

Stuart Hall, La cultura, los medios de comunicación y el “efecto ideológico, en James Curran y otros (comp, Sociedad y comunicación de masas. FCE, México, 1981, p 25.

Resulta digno de análisis la cantidad de marchas y manifestaciones que han surgido en contra de la reforma educacional, principalmente de parte de apoderados de colegios subvencionados. En este sentido hay un registro del 24 de Octubre del 2014 donde se toman las consideraciones sobre la reforma educacional, dando cuenta de una total desinformación y argumentos de poca profundidad. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=2hnRXiyh1Fw

Cuando señalo política tradicional me refiero al de los partidos y políticos profesionales.

Para profundizar en este tema: Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile tomo I, Estado, legitimidad, ciudadanía, LOM, 1999, Santiago.

Sofía Correa, Sistema político y movimiento partidario (19201990), Proposiciones, N°24, 1994, p 86-88.

Matías Martínez, Reflexiones sobre la participación ciudadana actual en Chile, Arje nacional, N°2 septiembre de 2013.

La movilización actual de profesores, las marchas de apoderados desinformados y el descontento generalizado de los estudiantes son solo síntomas de una tendencia chilena, acentuada con el modelo neoliberal de construir Estado sin la participación civil. Los actores sociales mencionados buscan recuperar su soberanía, a través de procesos asociativos, generan acción colectiva legitimadora. La unidad que les permite levantarse como una fuerza social de expresión pública y en ocasiones subversiva, interpela y fiscaliza a aquellos elencos representativos que administran el Estado vigente. Estos movimientos sociales buscan y proponen construir un sistema político donde la “gobernanza” y no la gobernabilidad sea el componente y pilar fundamental de la política cotidiana11. Desde una perspectiva histórica no podemos señalar que acontecimientos o procesos que ocurrieron en épocas anteriores vuelvan a ocurrir, como si el devenir histórico fuera cíclico. Lo que si podemos hacer y es totalmente legitimo es utilizar los elementos y conocimientos del pasado para generar un aprendizaje político desde el presente. En este sentido tal como lo menciona Marc Bloch, la historia guarda una relación fundamental entre presente y pasado, el segundo no se puede entender sin el primero y de manera viceversa el presente no tiene sentido sin un pasado12. Dejando claro lo anterior, vale la pena reflexionar sobre el supuesto tiempo de reformas que estamos viviendo, si en verdad son significativas y marcaran un hito en el trayecto político de nuestro país. Permítanme remontarme a la década del 60 y 70, a una etapa convulsionada o, como lo señalo Mario Góngora, el periodo de las planificaciones globales 13. Durante la época señalada y tal como lo mencionan los textos escolares vigentes el presente año se realizaron reformas estructurales 14. La realización de la reforma agraria, la cual cruza el periodo presidencial de Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende es uno de los planes fundamentales durante el periodo en cuestión, aunque, no es el único. Reformas en el ámbito educacional y habitacional, producto de las tomas de terreno principalmente y la integración de los sectores vulnerables tuvieron un fuerte impacto en la sociedad de esa época. Es claro que el Estado es totalmente diferente con el actual, un Estado desarrollista con un Estado Neoliberal, pero el país es el mismo. Sin lugar a dudas las reformas señaladas lograron en muchos casos cambiar

la vida cotidiana de los sectores sociales, principalmente los vulnerables y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que me interesa señalar es que, los programas políticos iban acompañados de programas que generaran autonomía en la ciudadanía a través de la Promoción Popular y el Poder Popular 15. Las reformas deben ser significativas para generar cambios reales en la ciudadanía y para ser evaluadas por generaciones futuras como procesos históricos de relevancia. Quizás, el realizar una comparación de épocas, sociedades y modelos de Estado diferentes sea una irresponsabilidad, pero permítanme serlo, permítanme recordar que es posible gestionar cambios significativos, es posible realizar modificaciones sustantivas para solucionar problemas sustantivos de la sociedad civil. Pongo en duda si este es un periodo de reformas, pongo en duda si será recordado y estudiado como una dinámica histórica especifica que guarde relación con cambios significativos. Los procesos de cambio deben ir acompañados de la sociedad civil y esta no debe ser excluida de las deliberaciones y discusiones. Para finalizar vuelvo a reiterar que no pretendo “aconsejar” al gobierno de turno a hacer esto o aquello. Considero que es necesario reflexionar sobre nuestro tiempo presente con un ojo en el pasado, con un ojo en los procesos pasados y de ellos, rescatar un aprendizaje político y social, una memoria social y colectiva. Los actores sociales y la sociedad civil en generar ha demostrado tener una memoria social viva y activa que carga con dos siglos de exclusión y que en cada coyuntura, sale a flote.

Gabriel Salazar, De la participación ciudadana: capital social constante y capital social variable, Proposiciones, N°28, 1998

Marc Bloch, Introducción a la historia, FCE, 2010, México.

Mario Gongora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Ed. Universitaria, Santiago, 1998, p 280.

Me refiero principalmente al texto de estudio de tercero medio entregado por el Ministerio, el cual es de editorial SM y participan, Sebastián Quintana Susarte, Sandra Castillo Soto, Nataly Pérez Cisternas, Cristina Moyano Barahona y Luis Thielemann Hernández.

Sofía Correa, Alfredo Jocelyn-Holt, Historia del siglo XX chileno, ed. Sudamericana, 2001, Santiago. Véase principalmente el capitulo X, pp 226-274.

La Reforma al Binominal en el contexto de las reformas políticas Por Sebastián Massa Slimming2, Ignacio Ruiz Sáez3 e Ignacio López Herrera4

RESUMEN

l presente artículo tiene por objetivo conocer el impacto que tiene el proyecto de ley sobre la reforma al sistema binominal. Para efectos metodológicos, se toma en consideración la última elección parlamentaria (2013) a fin de realizar una simulación en cuanto a la obtención de escaños, tal como sería con la reforma propuesta. En efecto, se busca dar cuenta de cómo funcionará y se manifestará la reforma en dicho sistema.

INTRODUCCIÓN Los sistemas electorales son una variable institucional clave a la hora de analizar el funcionamiento de una democracia liberal representativa (rule of law). Entendidos como una parte importante dentro del engranaje del sistema político, los sistemas electorales definen principalmente las relaciones de poder en la sociedad, sobre el cómo se sitúan las posiciones de los diversos actores y el modo en que estos se desenvuelven. Los debates sobre las reformas a los sistemas giran, por lo general, en torno a la forma en que se debe mantener un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, o mejor dicho, sobre un punto óptimo de la representación del electorado y la capacidad de gobernar sin mayores obstáculos en un ambiente político-institucional estable.

Dentro de ese contexto se analiza la reforma al sistema binominal propuesto por el actual Gobierno.

SISTEMA ELECTORAL Y SISTEMA DE PARTIDOS En uno de los libros clásicos de Dieter Nohlen (1999) se describe la “trilogía” compuesta por el sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos según sus características. Los dos primeros fundados en variables institucionales, según palabras de Douglass North (1990), con la capacidad de definir reglas del juego, que determinan un sistema como presidencial o parlamentario, y por otro lado, un sistema electoral proporcional o mayoritario. Mientras que el sistema de partidos se sitúa en una esfera diferente, más relacionada a variables histórico-sociales pero influenciadas, como variable dependiente, por factores institucionales. En esta misma línea, sistema electoral, definido como variable institucional se puede expresar como el “procedimiento de conversión de los votos en cargos ejecutivos y legislativos” (Nohlen, 1992: 1), es decir, se entiende tanto como un medio para la representación política como también un conjunto de reglas que determinan tipo de representación, tamaño de circunscripción, método de repartición de escaños, exigencias para candidaturas, entre otros. Fundamentalmente, la tipología más usada para hablar de distintos sistemas de partidos es la expuesta por

Licenciado en Ciencia Política, Universidad ARCIS. Diplomado América Latina, Desarrollo y Cultura: Desafíos de la Globalización, Universidad de Santiago. Mail de contacto: smassaslimming@gmail.com.

Administrador Público, Universidad de Chile. Mail de contacto: ieruiz@ug.uchile.cl.

Sociólogo, Universidad Diego Portales. Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, UDP. Mail de contacto: ignacio.lopezh@mail. udp.cl.

Giovanni Sartori (1976), que diferencia entre sistemas con un solo partido, bipartidistas, con pluralismo moderado y multipartidismo extremo. Por otro lado, el desarrollo teórico de Maurice Duverger (1951) ya matiza tempranamente la importancia de un bipartidismo para la estabilidad democrática, discusión retomada por autores como Scott Mainwaring (1993), que cuestiona la estabilidad democrática de regímenes presidenciales en combinación con sistemas multipartidistas. Mainwaring y Shugart (1997) refuerzan esta idea conectándola con la escasa capacidad de estos sistemas (multipartidistas) para generar incentivos que formen coaliciones ganadoras que posteriormente se transformen en coaliciones de gobierno estables. Lo señalado anteriormente supondría para Latinoamérica un cuidado especial al modificar los sistemas electorales, debido a las repercusiones que podría ocasionar en el sistema de partidos y la estabilidad política. Pero estudios como el de Daniel Chasquetti (2001) demuestran empíricamente, al menos de manera parcial, que parte de lo expuesto por Mainwaring y Shugart no tiene un asidero al observar la realidad local. Para el autor existen incentivos de tipo estructural e institucional (en sistemas presidencialistas con multipartidismo) para que los presidentes busquen apoyos legislativos, como reglas del juego claras para la relación entre el ejecutivo y legislativo, un buen grado de institucionalización de los partidos en la región y una polarización del sistema más bien baja, que permiten concluir que los sistemas de multipartidismo moderado están lejos ocasionar peligros reales para la estabilidad democrática. Es el caso del debate sobre el sistema binominal y la eventual reforma que se encuentra en tramitación.4

LOS EFECTOS DEL SISTEMA BINOMINAL En los análisis sobre los efectos de un sistema electoral, las principales variables que son tomadas en cuenta por la lite4

ratura especializada son: la distribución de las circunscripciones electorales, el tipo de votación, el n° de candidatos, la fórmula matemática, la efectividad de la representación y su nivel de legitimidad (Nohlen, 1995; 2006). Por otra parte, el cuadro general que ha sido diagnosticado por diferentes estudios, en cuanto al sistema binominal, sostiene que: 1)

Favorece a los partidos más grandes. Dada las barreras de entradas (umbral de votación por partido para mantenerse en las reglas del juego e inscripción de partidos según la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos), el tipo de votación y el n° de candidatos, los partidos más grandes tendrán mayor posibilidad de salir electos. En efecto, el sistema favorece la formación de determinados pactos, aunque no necesariamente su cooperación partidaria (FLACSO, 2006).

2) Polarización moderada. Uno de los efectos que se recalcan por parte de algunos es la conformación de dos grandes bloques que permiten establecer mayores niveles de eficacia gubernamental. De modo tal que el gobierno podrá llevar a cabo la implementación de su programa con mayor éxito en el poder legislativo. 3) No se favorece la competencia entre las mismas coaliciones. “Una forma de evidenciar la baja competencia que se registra entre compañeros de lista es revisar la diferencia entre los porcentajes de votos (en relación al total de votos válidos de la elección) obtenidos entre compañeros de lista” (PNUD, 2014:205) 4) Predictibilidad del resultado. Tanto los electores como los partidos conocen de antemano la posibilidad de que X candidato sea electo, debido al liderazgo personalista, la nominación estratégica -por el capital político que posee- o bien, porque el otro candidato de su misma lista no sea un gran contendor. 5)

“Gerrymandering”. El actual mapa electoral fue construido de tal modo que los partidos políticos

El sistema binominal rige la selección de los representantes al congreso. Para el senado se estableció 19 circunscripciones mientras que para la cámara de diputados se fijaron 60. Existe posibilidad de pactos electorales a nivel de circunscripción. Las listas contienen un máximo de dos candidatos. El elector tiene un voto para elegir el senado y otro para elegir la cámara de diputados. Vota por candidatos, de modo que la lista es cerrada, pero no bloqueada. Obtienen los dos escaños de cada circunscripción las dos listas más votadas (suma de votos personales), resultan elegidos dentro de cada lista los candidatos más votados. Si una de las listas consigue más del doble de los votos obtenidos por la lista que le sigue en número de votos, obtiene los dos escaños. (Nohlen, 1995:241-242).

se vean beneficiados (Pastor, 2004). La lógica del “Gerrymandering” va acompañado de lo que se conoce como “Electoral Engineering”. Es decir, el principio lógico de maximización de utilidad, intentando que el candidato de un partido X sea electo con el menor costo posible. 6)

“No doblaje”. La tendencia general de las elecciones en Chile refiere a que salga electo el candidato de la lista A y el candidato de la lista B, disminuyendo la posibilidad de un doblaje.

Tiende al aumento de barreras de entradas. Existe un consenso generalizado respecto a que el sistema binominal promueve un sesgo de género, lo cual se traduce en que Chile sea uno de los países con menor porcentaje de cuotas para el acceso al poder. A ello se suma que las posibilidades de los sectores históricamente excluidos se vean mermadas, no pudiendo participar (Valenzuela & Zúñiga, 2014).

Igualdad del voto. El efecto provocado por el mapa electoral es una distorsión del voto (malapportionment), entendida como la disparidad o disonancia entre la magnitud de la población y el número de escaños (Morales y Navia, 2014).

Baja alternancia en el poder. Desde el año 1989 hasta el 2013 la rotación en el poder ha sido baja debido a la predictibilidad del resultado. Esta última variable puede ser síntoma y expresión de una de las tantas causas existentes con respecto a los exiguos niveles de participación política electoral.

CAMBIOS PROPUESTOS AL BINOMINAL, EN UN CONTEXTO REFORMISTA Los cambios que supone la reforma al sistema electoral binominal, como bien señala el proyecto presentado en el congreso hace un par de meses, posee características esenciales, a saber, ser moderado e inclusivo. Dicha moderación hace referencia a la distribución variable en cada circunscripción y distrito que se modifique (Boletín N° 9326-07, Cámara de Diputados, 2014). La inclusión en tanto, hace alusión a cambios como: la fórmula N+1 para determinar los candidatos presentes en cada zona (correspondiente a una indicación aprobada en la votación en general en la cámara); ley de cuotas y los incentivos a los 16

partidos políticos para asegurar la permanencia de mujeres en la composición del Congreso; y también “la actualización, cada 10 años, de la asignación de los 155 diputados, de acuerdo a la población de cada distrito, según el último censo del INE” (Cádiz y Álvarez, 2014). La moderación con que se define la reforma ha dejado abierto el cuestionamiento y el debate sobre los reales alcances que tendría para los actores políticos y la incertidumbre sobre el futuro de los candidatos. Que un distrito o circunscripción tenga a disposición más cantidad escaños, ha sido una bandera de lucha, sobre todo en los representantes de las zonas extremas. Lo mismo ocurre con temas como la ley de cuotas en el caso de primarias; los subpactos o el costo monetario de la propuesta del Gobierno. En ese sentido, una reforma, para ser tratada de esa manera, debe contener cambios que procuren innovación, para así, en el mejor de los casos, provocar una mejora sustantiva en el hecho o evento por el que vela la ley. Es precisamente dicho punto el que sustenta el presente artículo y sus interrogantes, ¿sugiere la reforma electoral un cambio tal, que anule los efectos del actual sistema binominal? Entendiendo por ello, los mencionados en el punto 3. Al proyecto, que ya fue despachado por la Cámara de Diputados y aprobado por la Comisión de Constitución del Senado, sólo le resta comenzar su discusión en sala, lo que implicaría realizar negociaciones con las distintas facciones políticas para lograr un acuerdo amplio y poder aprobar la reforma sin inconvenientes que luego se conviertan en un dolor de cabeza para el oficialismo. El presente estudio es, en primera instancia exploratorio, porque busca aproximar a los alcances de la reforma electoral y vislumbrar el impacto de la misma en el sistema de partidos. En este sentido, el eje central es simular la composición del Congreso con la reforma; y a su vez el estudio es descriptivo, porque busca dar cuenta de cómo se estructurará el Congreso con las actuales fuerzas políticas del país, una vez en marcha la reforma al sistema binominal, que dicho sea de paso, busca reemplazar el actual modelo por uno proporcional moderado. En ese sentido, el presente estudio toma el caso de la última elección parlamentaria (2013), para realizar la simulación con las modificaciones de la reforma propuesta. Eso

sí, no considerando aspectos que se escapan al ejercicio propiamente tal, como la ley de cuotas o los subpactos que podrían entrar en vigencia (una vez discutido esos puntos en el Senado). Por lo que se podría afirmar que éste se atiene al ceteris paribus. Es decir, todo lo demás, a excepción de los escaños a llenar, se mantiene constante. En definitiva, la interrogante planteada refiere a cuál habría sido la conformación del Congreso en las últimas elecciones si se hubiese aplicado la reforma, considerando el mismo Método D’hondt y redistritaje expuesto en el proyecto de ley. Los resultados del ejercicio realizado, en primer lugar, demuestran que bajo este proyecto las listas que engloban a las coaliciones tradicionales (Nueva Mayoría y Alianza) tienen mayores probabilidades de conseguir candidatos electos, debido al caudal de votos que reciben en comparación a las listas de pactos o partidos más pequeñas (Pro + Liberales, Partido Humanista, PRI, Nueva Constitución para Chile). Esto ocurre debido a que la fórmula matemática, para calcular la cantidad de escaños que se asignan a cada lista, premia a la lista por sobre el candidato, provocando que las fuerzas políticas normalmente marginadas del Congreso lo sigan estando. El umbral de entrada al Congreso, por lo tanto, disminuye para las coaliciones tradicionales y, en desmedro de lo que se quiere conseguir con la reforma, el status quo varía de forma marginal para las listas de pactos o partidos más pequeños. Ello hace cuestionar la prevalencia del fenómeno de arrastre, que implica que una de las coaliciones tradicionales obtenga los mismos escaños que lograría sin reforma, más alguno adicional con menor votación que sus contrincantes con mayor votación. Según el ejercicio, el fenómeno ocurriría en los –nuevos- distritos N° 2 (Favoreciendo a Liendo de la Nueva Mayoría); N° 4 (Favoreciendo a Robles de la Nueva Mayoría); N° 5 (Favoreciendo a Insunza de la Nueva Mayoría en desmedro de Velásquez del PRI); N° 6 (Favoreciendo a Longton de la Alianza en vez de Cerda de la Nueva Mayoría) y N° 26 (Favoreciendo a Pineda de la Nueva Mayoría y no a Aburto del PRI, o a Valenzuela de Si tú quieres Chile cambia). La composición de la Cámara de Diputados en cuanto a porcentaje de escaños que ostentan las coaliciones o pactos, bajo este ejercicio, queda resumido en la siguiente tabla comparativa:

Binominal

Nueva Mayoría Alianza

Escaños % en el Congreso Reforma

STQCC*

55,8

40,8

0,8

2,5

Nueva Mayoría Alianza

Escaños % en el Congreso

Independientes

STQCC*

Independientes

56,1

40,0

1,9

* Pacto Si tú quieres, Chile Cambia Fuente: Elaboración Propia

Con el aumento de escaños en la Cámara de Diputados, los porcentajes por bancada tenderán a variar. Eso explica que todos los pactos sufran una variación marginal (menor a 1%) en cuanto a representación en la Cámara. Aumentarían su representación la Nueva Mayoría y “Si tú quieres, Chile cambia”; la Alianza y los Independientes bajarían. Los cambios más notorios en la composición de la Cámara se deben al escaño que entraría a utilizar Marisela Santibáñez, del PRO. También, asumiría Camilo Lagos del mismo partido (porque en este ejercicio la Nueva mayoría ganaría 5 escaños, pero sólo presentó 4 candidatos, quedando disponible un cupo). Con respecto a la composición del Senado, éste quedaría de la siguiente manera, teniendo en cuenta que para el ejercicio sólo se utilizó la información de senadores que se renovaron: Binominal

Nueva Mayoría

Escaños % en el Congreso

Alianza

Independientes

61,1

33,3

5,6

Reforma

Nueva Mayoría

Alianza

Independientes

Escaños

% en el Congreso

33,3

3,7

Fuente: Elaboración Propia

Comparando la cantidad de escaños ganados en forma proporcional con y sin la aplicación de la reforma, para medir las variaciones porcentuales en la composición del Senado, los resultados muestran que no hay una cambio relevante para las dos coaliciones más grandes, 17

exceptuando que la representación de Bianchi, el único independiente electo, se reduce un 2,1%, debido a que el aumento del total de escaños parciales del Senado (en el ejercicio a 27) beneficia a las coaliciones consolidadas, es decir, Nueva Mayoría y Alianza.

CONCLUSIÓN Se puede afirmar, a modo de conclusión, que la reforma al sistema electoral binominal tiende a replicar alguno de

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los efectos del actual sistema, a saber, favorecería a las coaliciones más grandes, en este caso la Alianza y la Nueva Mayoría (que saldría mejor posicionada), y la predictibilidad del voto, ya que según como está planteada la reforma, los incumbentes no sufrirían la perdida de sus escaños, y sólo afectaría a los que se enfrentasen a la elección por primera vez. Asimismo, existiría todavía, una baja alternancia en el poder, a no ser de que, con la introducción de subpactos, las coaliciones se reestructuren de forma diferente a la actual.

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C O L U M N A S

Un reconocimiento institucional explícito de los pueblos originarios: un tema pendiente Por José López1

Durante el transcurso del presente milenio se nos ha hecho un llamado a tomar conciencia, a reafirmar, ampliar y a difundir un compromiso con el fortalecimiento de toda protección constitucional que deben gozar los pueblos originarios y sus derechos esenciales. A raíz de lo anterior, han sido varios los intentos por incorporar el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos fundamentales en el texto de la actual Carta Fundamental, pero lamentablemente ninguno de ellos ha logrado el consenso necesario. Por otra parte, quiero apuntar que el tema “pendiente” es un reconocimiento explícito en la Constitución, puesto que la Carta Fundamental, como sabemos, por la vía del artículo 5 inciso segundo incorpora al Derecho doméstico el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que en materia de los pueblos originarios y sus derechos ha logrado un significativo avance. Ejemplo de lo anterior, es el Convenio N° 169 de la OIT que entró en vigencia el 15 de septiembre del año 2009.

ción de la identidad de cada uno de sus miembros, pues son parte fundamental de nuestra historia y cultura, y que en consecuencia, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por preservarlos. Además, en nuestro país no ha existido y no existe un reconocimiento de jerarquía constitucional de los pueblos originario como sucede en otros países latinoamericanos, es más, ninguna Carta Fundamental ha previsto siquiera la existencia de ellos. Por último, me atrevo a señalar que la necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es una exigencia de justicia correctiva – en el sentido de que hubo daños inmerecidos que es necesario reparar -, y de justicia política, y que radican en la obligación de asegurar su permanencia y continuidad en la vida nacional.

Ahora, ¿Cuál es la necesidad de que se reconozca expresamente a los pueblos originarios en la Constitución Política de la República? Me parece que la necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios radica en la obligación que tenemos como sociedad de asegurar la existencia y continuidad de estos pueblos y la forma-

Estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad de Talca. e-mail: joselopezuc@gmail.com

Año de Reformas: ¿Al Estado lo que es del Estado? Por Felipe Godoy Veas1 La cita del evangelio es conocida. Jesús, confrontado por los fariseos y maestros de la ley, es consultado acerca de que si los hebreos deben o no pagar los impuestos a Roma. El hijo de Dios, en una de sus alocuciones más recordadas, enseña una moneda y pide que le digan de quién es la cara forjada en ella. Los presentes indican que es la cara de César, y entonces, con una espontaneidad inesperada para una audiencia tan selecta, Cristo responde: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lo anterior nos ilustra acerca de cómo desde los tiempos bíblicos, los entendidos en el Derecho y la ley han buscado los rincones más inhóspitos de las normas vigentes para tratar de no darle tanto de lo suyo al César. Imaginemos por un momento que hoy, los estudios jurídicos más prestigiosos de la plaza, se acercan a Jesús para pedirle que evacúe un informe en derecho acerca de los alcances de la nueva reforma tributaria, junto con solicitar algunas recomendaciones para aprovechar los últimos años de existencia del FUT (fondo de utilidades tributarias), e incluso, una opinión consultiva acerca de nuevos lugares donde invertir el capital. Al parecer, la respuesta sencilla y directa dada hace dos mil años sigue siendo plenamente vigente, ya que es un llamado a la honestidad y legalidad al momento de pagar los tributos y todas las demás acciones complementarias a tal ejercicio. No obstante, es válido que nos planteemos ciertas preguntas al respecto, como por ejemplo ¿Quién es el César realmente? ¿Se ha pronunciado sobre el uso de los dineros fiscales? ¿Qué pasaría si no se utiliza lo recaudado para lo prometido por él? Las alegorías y comparaciones no resultan mayormente complejas, es claro que en la actualidad el César es el Estado, particularmente, su cara patrimonial visible: el Fisco. En un año caracterizado por anuncios de grandes

reformas, contemplamos de manera especial el desarrollo de ellas, y de cómo han ido menguando y transformando sus objetivos paulatinamente. Como muestra está la discusión planteada por la reforma tributaria, ya que en al comienzo, se alzó como un estandarte de combate para dar respuesta acerca de cómo se financiaría la propuesta de educación gratuita; paralelamente se presenta otra gran reforma que supondría un cambio sustancial en educación y carrera docente. Luego, tras las discusiones parlamentarias de rigor, no quedó muy claro en qué se ocuparían las nuevas recaudaciones obtenidas de la reforma tributaria, lo que (entendámoslo o no), trajo diversos matices a la discusión en educación. Al día de hoy lo único claro, es que en materia de tributos, bastaba con normar y fiscalizar de manera más eficiente las irregularidades cometidas con el FUT; y en educación, al parecer era más oportuno y eficaz comenzar la reforma desde las bases, y no desde el objeto final de la misma, esto es, dar dignidad, prestigio, y calidad a la carrera docente. En un año de reformas tan sustanciales, preguntarse si es válido o no dar al Estado lo que le corresponde, supone al igual que hace dos mil años, un compromiso con la honestidad. Donde podamos reflexionar acerca de las consecuencias de lo que actualmente estamos reformando, ya que realizar grandes cambios sin plantearse su impacto al largo plazo, sólo debilita las instituciones existentes, y asegura popularidad y continuidad al movimiento político de turno en el gobierno. Quizás entender a cabalidad esta situación, sea la más grande de todas las reformas que actualmente se discuten.

Estudiante de quinto año diurno de la carrera de Derecho, Universidad Bernardo O’Higgins. E-mail: felipe.magno@ gmail.com

Revista Agradecemos la colaboración y apoyo brindado para este número, al Ministerio de Educación, quien a través de sus fondos concursables ha financiado parte de la presente edición; a la Universidad Bernardo O’Higgins, por su apoyo durante el desarrollo del proyecto; y de manera especial, agradecer a todos los alumnos(as) que hacen existir esta revista con sus publicaciones.

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