Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Nicomedes Zuloaga (†) Leonor Filardo Enrique Ghersi Hugo Faría B. Giancarlo Ibárgüen S. Marcelo Loprete Prólogo Manuel Ayau Cordón Coeditores Hugo Faría B. Leonor Filardo

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

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Contendio Prólogo por Manuel Ayau Cordón ................................. 7 Introducción por Leonor Filardo ................................. 13 PARTE I CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD América Latina: Constitución, desarrollo político y económico.

Nicomedes Zuloaga y Leonor Filardo ................................. 29 Constitución y democracia. Nicomedes Zuloaga .................... 41 El poder ilegítimo. Nicomedes Zuloaga .............................. 43 El subdesarrollo. Nicomedes Zuloaga ................................. 55 La industrialización forzada en América Latina.

Nicomedes Zuloaga. ..................................................... 67 Venezuela, una sociedad rentista, producto del populismo constitucional. Leonor Filardo ......................................... 81 Del cómo reformar. Nicomedes Zuloaga ............................ 117 Reforma constitucional. Nicomedes Zuloaga ....................... 119

PARTE II EL MERCANTILISMO EN AMÉRICA LATINA Consecuencias jurídicas del mercantilismo. Enrique Ghersi ..... 139 La tiranía de las minorías. Hugo Faría B. .......................... 165 La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala.

Giancarlo Ibárgüen S. ................................................... 215 Derechos de propiedad, soja y ruptura de los contratos.

Las consecuencias indeseables de la actuación del Estado en la República Argentina. Marcelo Loprete ............................ 245

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Prólogo

No hay conflicto de visiones El estado de pobreza y la ausencia de paz y tranquilidad, tan persistentes en nuestra América Latina, eran la constante preocupación de nuestro querido amigo Nicomedes Zuloaga.

Compartíamos ambos el convencimiento de que la solución a los dos problemas era un verdadero régimen de derecho. También conveníamos en que tal objetivo es difícil de alcanzar en un continente agobiado por el positivismo jurídico y la economía mercantilista. Estas dos posturas heredadas de la colonización española y fortalecidas por la influencia del socialismo que con distintos nombres infestó más tarde las universidades del continente, desvió la formación de nuestros profesionales de la primacía del respeto a los derechos individuales para encandilarlos con un supuesto derecho colectivo o «social».

Con el postulado el interés general prevalece sobre el interés particular, se llegó a imponer en nuestros países la cultura del utilitarismo, que prácticamente anula nuestros derechos individuales con la excusa de anteponer a todo la consecución del interés general. Esto suena de pronto muy razonable y convincente, porque no se percibe que así interpretado ese postulado se convierte en la negación del derecho individual.

A ese postulado hay que agregarle: pero no sobre el derecho individual, porque es de primordial interés social que el derecho individual prevalezca. Si aduciendo interés general se justifica violar el derecho individual, simplemente no tendremos derechos,

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puesto que el derecho de una persona se deriva de la obligación que las demás tienen de respetarlo. El problema radica en la confusión de derechos con intereses.

América Latina parece no apreciar la advertencia atribuida a Benito Juárez quien, con toda razón, dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. A primera vista todos aceptamos la verdad de dicho acierto, pero el tema se complica cuando ahondamos en lo que es un régimen de derecho, porque lo que generalmente se tiene en mente es aquella situación en la que todos obedecen las leyes y reglamentos emitidos por la autoridad. Pero a esa situación le corresponde el nombre de régimen de legalidad y no el de régimen de derecho, pues con frecuencia las mismas leyes y reglamentos violan los derechos de las personas. El control de precios, los aranceles al comercio, los códigos (coercitivos) de trabajo y la redistribución coercitiva de la riqueza constituyen ejemplos recurrentes de derechos violados desde el propio marco de la legislación. Esas disposiciones legales no corresponden a un régimen de iguales derechos, pues privilegian a algunos al tiempo que discriminan a otros.

El problema nace del choque conceptual en las fuentes del derecho.

En la esquina del derecho natural tenemos a John Locke y a Hugo Grocio, y en otra esquina, por el lado del derecho positivo, a los utilitaristas Jeremy Bentham y John Stuart Mill.

Para los primeros, el derecho es natural, inherente al ser humano es inalienable, y ello puede justificarse tanto desde un punto de vista secular como religioso. Para los segundos, el derecho es concesión de autoridad, de quienes detentan el poder, quienes justifican sus disposiciones según consideran que beneficia al mayor número. Los primeros representan al individualismo, porque confieren a los derechos individuales la supremacía, considerando la sociedad el medio para lograr la felicidad de todos sus miembros y, en consecuencia, el bienestar social es la suma de los beneficios individuales de todos. Los segundos

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representan al colectivismo, pues consideran que la colectividad tiene supremacía sobre las personas, considerando a los individuos como simples medios para lograr el bienestar social.

Hoy ese choque conceptual no tiene razón de ser y debe desaparecer del cuadrilátero por varias razones. Primero, porque la experiencia del mundo ya ha demostrado lo que la buena teoría económica anticipó, que la prosperidad del mayor número se logra en una economía de mercado, es decir, del resultado del conjunto de intercambios libres y pacíficos de las personas en busca de su felicidad y su bienestar. Es evidente la armonía entre el respetuoso ejercicio del derecho individual y el bienestar general. Se puede apreciar todos los días cuando el Gobierno es eficaz para proteger los derechos individuales, pues el mercado consiste, precisamente, en el intercambio de derechos de propiedad de lo intercambiado. He ahí la íntima relación entre el ejercicio del derecho individual y el bienestar general. Y, sobre todo, la paz.

No tiene objeto ocuparnos de la justicia de libres intercambios de derechos de propiedad cuando el Gobierno, con el propósito de protegerlos, impide el robo, el fraude, la intimidación y la violencia, porque en esa economía de mercado los intercambios serán consentidos, voluntarios y pacíficos, solamente limitados por el respeto a los recíprocos derechos ajenos. En tales circunstancias es evidente que los participantes consideran que se benefician de cada intercambio y sólo ellos pueden conocer la magnitud de su beneficio, pues únicamente ellos conocen su costo de oportunidad, entendido como el beneficio del que prescinden cuando entregan algo a cambio. También es evidente que los que participan en un intercambio discrepan en cuanto a la valuación de lo intercambiado, pues precisamente el móvil del intercambio es el beneficio mutuo anticipado, consistente en entregar algo a lo cual se le asigna un valor menor que el valor asignado a lo que se ha de recibir. Un precio es objetivo, pero el valor es subjetivo, o cómo también se expresa: precio

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es lo que se paga y valor es lo que se recibe. Por eso no es posible emitir un juicio objetivo sobre lo que sería un intercambio justo.

Es importante resaltar un hecho generalmente ignorado. La ciencia económica nos enseña cómo el mecanismo de los precios que surge de libres intercambios de derechos de propiedad permite la asignación de los siempre escasos recursos, para satisfacer en forma económicamente óptima, los requerimientos prioritarios de la sociedad. Nunca nadie ha tenido éxito en sugerir un posible sistema sustitutivo de ese mecanismo de los precios. En el grado que totalitariamente se ha intentado sustituir los precios de mercado con la planificación económica estatal, en ese grado la economía ha fracasado y la sociedad se ha empobrecido. Las razones nos las explica la ciencia económica con el llamado «problema del cálculo económico» enunciado a principios del siglo pasado por Ludwig von Mises (mentor de Zuloaga). Generalmente ignorada, ésta teoría nos permite apreciar cómo la civilización no podría sobrevivir en ausencia de precios que reflejen la relativa escasez de los recursos, las prioridades y costos de oportunidad (al margen) de las personas y las condiciones cambiantes que existen en cada lugar y cada momento. El hecho es que como esa información no puede estar al alcance de nadie, pues existe sólo en forma dispersa y únicamente los actores mismos conocen su propio costo de oportunidad al margen, en ausencia de intercambios de propiedad privada no surgen los precios que toda sociedad civilizada requiere para sobrevivir. Podrá vivir con distorsión autoritaria de lo precios, pero en el grado en que se distorsione, en ese grado se empobrece o impide el progreso. La evidencia es abrumadora.

En pocas palabras, quiérase o no se quiera, el derecho a la propiedad privada es condición necesaria para sobrevivir y prosperar. Por ello es de primordial interés general respetar el derecho individual.

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No obstante las razones teóricas y la evidencia empírica que justifican la necesidad social de respetar el derecho de propiedad, persiste en el mundo una resistencia ideológica, en buena parte ocasionada por el desagrado que a muchos causa la desigual distribución de la riqueza. Pero se soslaya el hecho de que cuando se respeta el derecho de propiedad, la única manera de enriquecerse es compitiendo con otros para satisfacer mejor que ellos las necesidades y deseos de los demás. Todos sabemos perfectamente que compramos a quienes esperamos nos beneficien más; nadie compra con el propósito de beneficiar a quien le vende. Así resulta que, únicamente en el mercado, todos los que intentan enriquecerse compiten por enriquecer a los demás, porque no les queda otra alternativa, y serán los consumidores mismos quienes deciden quién se hace rico. ¿Acaso podría haber más armonía democrática y eficaz entre el interés general y particular?

Y por último, debemos reconocer que en el mercado, como los recursos en juego son propiedad privada, entra a funcionar el poderoso incentivo de no dilapidar recursos sociales, ya que las pérdidas corren por cuenta propia. Nuevamente, no hay conflicto entre el interés general y el particular.

Las consideraciones anteriores nos permiten apreciar que el beneficio del mayor número anhelado por los utilitaristas no se puede lograr de mejor manera que protegiendo el derecho de propiedad individual de los miembros de la sociedad. Es decir, el interés general prevalece sobre el interés particular pero no sobre el derecho individual, porque es de interés general que se respete el derecho individual. No hay conflicto entre las dos visiones.

La solución que Nicomedes proponía era la adopción, a través de una nueva Constitución, de un genuino régimen de derecho, para así lograr el doble objetivo: paz con prosperidad. Toda su vida luchó por ello, y aunque los eventos inmediatos de su

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patria no favorecen esos anhelos, no hay mal que dure cien años. Su labor ha contribuido significativamente a establecer los cimientos para la reconstrucción, y esa herencia es más fuerte gracias a la sabiduría y empeño de nuestro querido amigo, Nicomedes Zuloaga.

Manuel Ayau Cordón (*) Rector Emeritus Universidad Francisco Marroquín Guatemala

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Ingeniero guatemalteco, dedicado a empresas industriales. Interesado por las causas del subdesarrollo emprendió estudios en Economía y Derecho. Fundador del Centro de Estudios Económicos-Sociales y de la Universidad Francisco Marroquín, y rector de la misma durante los años de 1972 hasta 1988, ahora Rector Emeritus. Ha participado en el mundo académico internacional en calidad de miembro, director y presidente de la Sociedad Mont Pelerin; fiduciario de Foundation for Economic Education y director de Liberty Fund desde 1987. Es autor de varios libros y artículos publicados en prensa y revistas nacionales e internacionales.

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Introducción Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina nace de la inquietud de algunos latinoamericanos en analizar el origen del continuo subdesarrollo de nuestro continente, la profunda miseria, pobreza y marginalidad que persiste en pleno siglo XXI. Al remontarnos al origen y evolución económica de Latinoamérica observamos que su inicio coincide con civilizaciones milenarias, pero lamentablemente los países tomaron el camino contrario a aquellos que lograron un verdadero desarrollo institucional, político, económico y social que se tradujo en una gran prosperidad y generación de riqueza, que ha beneficiado a los ciudadanos del país.

Las tres grandes culturas mayas, incas y aztecas reflejan características similares al orden espontáneo inicial de los egipcios, chinos, indios, griegos, romanos y europeo en general, en cuanto a su estructura clasista de faraones, reyes, emperadores, nobles, ciudadanos y esclavos, donde la base del desarrollo económico estaba en el cultivo de la tierra, la artesanía, el comercio y el pago de tributos, a fin de que los jerarcas protegieran la seguridad del pueblo.

En la medida que avanza la civilización, desde la Grecia antigua se van conformando dos corrientes de pensamiento filosófico en cuanto a lo que debía ser un sistema de Gobierno, las cuales, con el tiempo, se fueron perfeccionando en su concepción: 1) un colectivismo, comandado por una tiranía absolutista y 2) una democracia, donde aun cuando se concibe la propiedad privada, prevalece el estatismo por la exaltación griega de la ciudad sobre los ciudadanos. El precursor del colectivismo que sirve de base para el desarrollo del socialismo-comunismo fue Platón, con dos de sus obras, La República y Las Leyes. Según el, el Gobierno debía estar formado por las élites, pero la obligación era vivir bajo el más estricto comunismo, donde se excluye la propiedad

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privada y todo debe ser poseído por la comunidad, incluso las mujeres y los niños. Por el contrario, en el caso de Aristóteles, alumno de Platón, en sus obras Política y Ética a su hijo Nicómaco, también deja plasmado su pensamiento sobre un ideal del comportamiento de los seres humanos, el funcionamiento de la ciudad o polis y del sistema de Gobierno. Era partidario del laissez-faire y de la propiedad privada con un sentido ético, atacando seriamente la filosofía platónica, pues consideraba que una sociedad colectivista conduciría a serios conflictos entre los ciudadanos, ya que cada uno se quejaría de que ha producido más que el otro y ha obtenido menos compensaciones. Por el contrario, su filosofía estimaba que tienden a generar productividad, crecimiento y prosperidad.

A los filósofos griegos siguieron los estoicos, que hacen una contribución fundamental a la formación del pensamiento occidental al establecer una corriente distinta al estatismo, basada en la ley natural, que no estaba centrada en la ciudad o polis sino en el individuo, en el ser humano racional y libre. Uno de sus grandes representantes fue Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), un estadista romano. En su obra De la República sistematiza la ley natural, que viene a constituir los principios universales del derecho romano y de Occidente. Es importante incluir su definición, procedente de su libro, para darnos cuenta de su vigencia: «Existe una verdadera ley, la recta razón, acorde con la propia naturaleza, conocida por todos los hombres, constante y eterna, que llama al orden mediante sus preceptos, que aparta del mal con sus prohibiciones. Los hombres buenos la cumplen, los malos la desobedecen. No habrá una ley en Roma y otra en Atenas. Ni el Senado, ni la gente pueden absolvernos de su cumplimiento. La misma ley inmutable y eterna une a todos los hombres de todos los tiempos. Y hay un único maestro y gobernante, Dios, el autor y promulgador de esta ley, que mueve a su cumplimiento y prohíbe su modificación, ni siquiera parte de ella. Quien no la obedezca se aparta de sí mismo, contradice su naturaleza y se inflige a si mismo las mayores penalidades».

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A la ley natural se une el derecho privado romano que desarrolló la idea del derecho de propiedad como absoluto, inalienable, así como las libertades del comercio y contratación. Estos principios universales constituyeron un compendio que ha sido la gran herencia a Occidente, incorporada en el Código de Teodosio (emperador en el año 434 d. C.), en Oriente, y promulgado en la década del 530 d. C. por el emperador Justiniano, en la filosofía de Tomas de Aquino y los escolásticos, especialmente los de la escuela de Salamanca, que a su vez lo incorporan al derecho canónico, a la teología cristiana, al derecho internacional y en el desarrollo de las bases teóricas de una economía de mercado1.

Las diferentes corrientes filosóficas marcan la historia de la humanidad en relación con la forma de Gobierno, por ello es importante ilustrar experiencias de diferentes épocas en cuanto a la aplicación de ambos pensamientos para ponderar cuál de los dos caminos ha resultado el más beneficioso para la humanidad.

Por ejemplo, en la época del Imperio romano su gran promotor fue uno de los emperadores buenos2, Marco Aurelio (121-180 d.

C.), el cual la aplicó y la dejó como legado en su obra Meditación.

Pero algunas veces el éxito trae como consecuencia la envidia y la ambición de confiscarlo o destruirlo a quienes lo poseen. Por ejemplo, en la Edad Media las ferias de Champaña en Francia constituían un emporio comercial internacional y alcanzaron su apogeo en el siglo XIII. Felipe IV el Hermoso, rey de Francia (1285-1314 d. C.), fomentó la nación-estado y la conquista de otros territorios. En ese período existía un relativo equilibrio entre la Iglesia y el Estado pero la Iglesia financieramente era más poderosa, con lo cual tanto los monarcas franceses como ingleses procedieron a gravar sus cuantiosos recursos. Con el fin de financiar sus guerras, estableció rígidos impuestos a las ferias, saqueándolas hasta destruirlas; gravó de una manera confiscatoria a grupos y organizaciones adineradas como la _____________________________ 1

Murray Rothbard. Historia del pensamiento económico. Volumen I. Cinco emperadores (Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio) de la dinastía antonina del Imperio romano (96/192), los consideraban buenos en virtud de la excelencia de sus gobiernos.

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Orden de los Templarios, los judíos, los italianos y flamencos.

Además de los gravámenes confiscatorios, Felipe el Hermoso recurrió a la devaluación para incrementar sus ingresos, lo cual generó una inflación secular. Las guerras se perpetuaron y duraron cien años (1337-1453). Ello trajo como consecuencia el empobrecimiento de la gente y terribles epidemias, entre ellas la peste negra, que ocasionaron la disminución de la población en un 35% y la destrucción de Europa. En su Historia del pensamiento económico, Rothbard señala que la principal causa de la devastación de Europa no fueron las guerras sino la tiranía, con la creación e imposición de los más variados impuestos, el incremento de los préstamos para complacer las aventuras reales y la inflación monetaria.

Algo parecido sucedió en las ciudades estados italianas. El dominio del Estado absolutista generó crisis política, económica y religiosa.

Con el surgimiento del Estado absoluto aparecieron las teorías absolutistas que sostenían la supremacía temporal sobre lo espiritual y la ley positiva del Estado sobre la ley natural. El primero y más influyente de estos autores fue Marsilio de Padua (1275-1343), rector de la universidad de París y a quien se le califica como el fundador del absolutismo en Occidente. Su teoría la viene a complementar Nicolás Machiavelli (1469-1527) autor El Príncipe, el cual según Bacon, fue el pionero de una ciencia política moderna, positiva, libre de valores: La virtud para Machiavelli era que el príncipe utilizara todos los medios posibles para mantenerse en el poder.

Para el siglo XVII los gobiernos absolutistas se habían propagado por toda Europa, pero un rey no podía gobernar por sí solo. Así se generaron todo tipo de alianzas entre éste y los nobles, terratenientes, mercaderes y comerciantes, lo que dio lugar al mercantilismo, o sea, al sistema político económico caracterizado por el otorgamiento de privilegios por parte del rey a los grupos de poder, y el cual se transformó en el capitalismo monopolista de estado. El economista Jacob Viner en su libro Estudios sobre la teoría del comercio internacional, afirma:

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En este sistema de Gobierno, las leyes y decretos eran fruto de intereses en conflicto con grados variables de honorabilidad. Cada grupo económico, social o religioso presionaba permanentemente por una legislación conforme a su interés específico (…) La corona concedía privilegios especiales, con amore, a sus favoritos, o de venderlos, o dejarse comprar otorgándolos a los mejores postores.

La corona española, comenzando por el reinado de Isabel la Católica (1474-1504), que es el periodo en el cual se hace la conquista de América, no sólo era absolutista y mercantilista, sino totalmente intolerante desde el punto de vista religioso, y en su reinado se instauró la inquisición, se expulsó a los judíos y se promovieron guerras con países protestantes como Inglaterra, pues uno de sus objetivos, además de conquistar nuevos territorios, era la conversión al catolicismo de todos los pueblos conquistados. Luego le siguieron otros reyes que profundizaron aún más el Estado absolutista-mercantilista. La situación llegó a tales excesos que en el reinado de Felipe II (1556-1598), en virtud de la inmensa deuda que le dejó su padre (Carlos I), no sólo excedió la concesión de privilegios, sino que cuadruplicó la carga fiscal sobre Castilla y las colonias de América, y devaluó la moneda, lo que generó una inflación brutal que, conjuntamente con la concesión de privilegios y la carga impositiva, ahogó a los productores menos amigos de reino y a los consumidores. En consecuencia, cada vez existían, menos negocios, mercaderes y empresarios que dejaban sus negocios o procuraban hacerse amigos del rey y adquirir un título nobiliario (que venía privilegiado con baja carga fiscal).

Esta situación se agrava en el reinado de Felipe III. En virtud del abuso absolutista-mercantilista de los reyes, uno de los miembros de la escuela de Salamanca, Juan de Mariana, publicó en 1599 su obra Del rey y de la intitución real, en la cual desarrolla la teoría del tirano. Mariana aclara: «Tirano es todo gobernante que viola las leyes, que impone tributos sin consentimiento del pueblo o que impide la asamblea de un parlamento democrático. El tirano típico sustrae la propiedad de los particulares y la saquea, impelido por vicios tan impropios de

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un rey como la avaricia, la crueldad y el fraude (...) Los tiranos intentan perjudicar y arruinar a todo el mundo, pero dirigen sus ataques en especial contra los hombres ricos y justos que viven en su reino, pues consideran el bien más sospechoso que el mal, temen como a nada esas mismas virtudes de las que carecen (…)

Los tiranos expulsan del reino a los mejores con la excusa de que ha de eliminarse a cualquiera que se destaque sobre el resto (…)

Dejan exhaustos al pueblo para que no pueda reunirse, exigiendo casi a diario nuevos tributos, devaluaciones, provocando subida de precios, disputas entre los ciudadanos y empalmando el fin de una guerra con el comienzo de otra (…) El tirano no puede menos de temer que aquellos a quienes aterroriza y esclaviza puedan intentar derrocarle (…) Por eso prohíbe que los ciudadanos puedan expresar sus quejas libremente».

Posteriormente, en 1609, Mariana publica su obra Monetae mutatione, donde denuncia a Felipe III por robar a la gente y obstaculizar el comercio mediante la devaluación en la acuñación de las monedas de cobre. Decía que la devaluación contribuye a la inflación crónica de precios que padecía España, y demostró que es un oneroso impuesto oculto que grava la propiedad privada de los súbditos y que según su teoría política, ningún rey tiene derecho a imponer impuestos sin consentimiento del pueblo, puesto que el poder político tiene su origen en el pueblo. El rey no tiene ningún derecho sobre la propiedad privada de sus súbditos ni puede apropiarse de su riqueza a voluntad o capricho, mucho menos engañando al pueblo haciéndole creer que lo hace para beneficiarlo, cuando su objetivo es la avidez de obtener fondos para sus propios caprichos, cuyo resultado final será la destrucción económica de los súbditos.

Desafortunadamente, a pesar de la gran influencia de la escuela de Salamanca en Europa e Inglaterra, que contribuyó a la formación de la escuela clásica, el sistema absolutista-mercantilista fue el legado de la Conquista para América Latina. Según el historiador Marshall Eaking3, incluso hasta Cristóbal Colón inició la conquista de América producto de un acuerdo totalmente

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mercantilista con la corona, mediante el cual habría intercambio de favores, entre ellos hasta de títulos nobiliarios.

El dominio español y portugués duró aproximadamente tres siglos.

Mientras esto sucedía, en 1607, como consecuencia de la inestabilidad religiosa que atravesaba Inglaterra, ocurren los primeros asentamientos ingleses en los Estados Unidos, en Jamestown, promovidos por la compañía de Virginia. Sin embargo, los de Massachusetts y Plymouth fueron realizados por aventuras individuales. Inicialmente establecieron propiedad comunal, pero debido al fracaso, Sir Thomas Dale, enviado por la corona en 1611, estableció la propiedad privada concediendo títulos de tierras que comenzaron por tres acres. Su decisión fue tan exitosa que muy pronto se expandió hasta el punto de que en Nueva Inglaterra todas las tierras llegaron a ser de propiedad privada4.

Asegurar los derechos de propiedad y tener bajos impuestos les permitía contar con libertades económicas, lo que trajo como consecuencia que su creatividad y espíritu empresarial se desarrollara a tal punto que las colonias florecieron extraordinariamente. Para el momento de la revolución, en 1776, las colonias habían crecido cien veces más que en 16305. Llegaron a ser productores de granos, arroz, algodón, trigo, maíz, tabaco, aceite de pescado; fabricantes de barcos; artesanos, manufacturaban ropa, calzado, utensilios, industrializaron la pesca y llegaron a ser grandes exportadores de todos sus productos.

Pero el éxito no deja esperar la envidia. El rey Jorge III de Inglaterra trató de imponer un gobierno tiránico absolutistamercantilista en los Estados Unidos, aumentando indiscriminadamente sus impuestos para satisfacer sus caprichos. La gran diferencia es que los líderes americanos revolucionarios habían sido educados para la libertad, de acuerdo con los clásicos. Así, utilizaron y reflexionaron sobre el pasado para iluminar el, presente. Thomas Jefferson, quien fue el redactor de la declaración para hacer ______________________________

Profesor asociado de historia de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, Tennessee.

Thomas J. Di Lorenzo. How Capitalism saved America.

5 Thomas J. Di Lorenzo cita a los historiadores Jeremy Atack y Peter Passell.

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legítima la independencia, denunció al rey de todas las atrocidades que pretendía imponer, condenando los impuestos, el proteccionismo y el mercantilismo. En uno de los párrafos más importantes reza: «Los principios que mantenemos son evidentes por sí mismos: todos los hombres fueron creados iguales; ellos fueron dotados por el Creador con derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad. Que para asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos de los Hombres, los cuales derivan sus Poderes legítimos del Consentimiento de los Gobernados».

Jefferson al comentar dichos principios dijo, no son originales sino que viene de autores como Aristóteles, Cicerón, Locke y de la tradición inglesa, que invocaba la ley natural. Por ejemplo, Sir William Blackstone (1723-1780), jurista inglés y profesor de Oxford, escribió un tratado histórico Comentarios sobre las leyes inglesas, publicado entre 1765 y 1769. Decía, al referirse a la ley natural: «ésta es coetánea con la humanidad y dictada por Dios mismo, es superior en obligaciones a todas las demás (…) las leyes humanas no tendrán validez si la contradicen». Esto quiere decir que hay una ley superior o principios universales de donde se derivan las demás leyes.

Igualmente, el profesor de los clásicos de la Universidad de Oklahoma, Rufus Fears6, dice: «Estados Unidos es el único país en el mundo cuya declaración de Independencia se hizo en base a principios, y la fundación de esos principios fue la ley natural».

Según Rufus, «la declaración de Independencia es una pieza magistral de retórica, del arte de la persuasión. En ella se invoca a Dios cinco veces, que es el autor de la ley natural». ¿Qué quiso decir Jefferson con el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad? La vida es dada y sólo puede ser quitada por Dios, la libertad es el poder que cada ser humano _______________________ 6

J. Rufus Fears, profesor de la Universidad de Oklahoma. A History of Freedom.

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tiene sobre sus acciones y sus derechos de disfrutar de su vida, según le plazca, de su trabajo e industria, siempre y cuando no dañe a la sociedad ni parte de ella, ni se inflija daño a sí mismo, y por búsqueda de la felicidad significa vivir una vida mediante la práctica de la excelencia en todos los aspectos de la vida.

Posteriormente, los fundadores consideraron que era necesario aprobar una Constitución, la cual fue inspirada en la Carta Magna inglesa de 1212, la misma constituye un acuerdo social entre los ciudadanos libres de un país, que la convierte en ley suprema de la nación, donde los ciudadanos son los que le otorgan al Gobierno la autoridad para que en su nombre les protejan sus derechos naturales. La función fundamental del Gobierno es la protección de estos derechos, mediante el estricto cumplimiento de la carta magna. Es así como en ella se estableció la organización administrativa del Gobierno, con funciones y limitaciones claramente definidas. Originalmente, la aprobada en 1788 comprendía un preámbulo y siete artículos, pero dejando claro que la misma era perfectible para adaptarla a los tiempos.

Dichos artículos sencillamente establecen la perfecta separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). A este respecto, un poder equilibra a otros poderes y otras esferas de competencia, para mantenerlo en su justo límite. Éste es el principio del estado de derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres, porque de ser así sería el Gobierno de la discrecionalidad. La Constitución americana tiene 219 años, y ha experimentado 27 enmiendas, perfeccionando la original, entre ellas la incorporación de los derechos de los ciudadanos, como la libertad de expresión, de prensa; derechos de reunión y religión; del debido proceso para tener un juicio imparcial; regulaciones de la relaciones entre los estados; otras relacionadas con la elección del presidente y el vicepresidente; limitación del periodo presidencial y del Congreso; la abolición de la esclavitud y el derecho al sufragio de afroamericanos y mujeres.

Los principios morales en los cuales se basó la independencia, la Constitución y la democracia limitada sirvieron de base para que los Estados Unidos se convirtiera a lo largo de su historia

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en la potencia mundial en lo político, civil y económico. Por supuesto que en el camino han tropezado con serios obstáculos y en ocasiones se han desviado de ciertos principios, como es la libertad económica, practicando el mercantilismo (éste ha sido y sigue siendo uno de sus grandes errores), pero en general, los Gobiernos han sido respetuosos de todos los demás principios y le han dado estricto cumplimiento a los preceptos constitucionales relacionados con los derechos políticos y civiles.

Como consecuencia de su éxito, la independencia de los Estados Unidos, así como su Constitución sirvieron de inspiración a otros países, entre ellos Francia, donde se suscitó una revolución, y los latinoamericanos. Sin embargo, en todos los casos las revoluciones terminaron en Gobiernos despóticos y tiránicos. En el caso latinoamericano, que es el que nos ocupa, cuando se revisa la historia de su independencia y de sus Constituciones, observa que los diferentes Gobiernos, desde su primera Constitución, se han dedicado a cambiarla de acuerdo con sus caprichos, pero fundamentalmente han incorporado derechos sociales que no se cumplen, pues el único objetivo ha sido poner una máscara populista para perpetuarse en el poder, con un paquete de promesas que sirven para engañar al pueblo, porque jamás se cumplirán. Uno se pregunta por qué los latinoamericanos en vez de aprender el ejemplo de otros países exitosos, la mayoría ha tomado el camino equivocado. En este sentido, es importante citar a Carlos Rangel, que en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario (1976), plantea el caldo de cultivo que encontró el comunismo-socialismo en América Latina: «El éxito de las ideas marxistas en América Latina se basan en el complejo de inferioridad de los latinoamericanos frente a los EEUU por su incapacidad de generar bienestar económico y estabilidad política en sus países a pesar de haber compartido el mismo tiempo histórico con los EEUU. El marxismo con sus teorías sobre el imperialismo como causa de la pobreza de los países explotados daba a los latinoamericanos una explicación satisfactoria de su manifiesta inferioridad, achacando su fracaso

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económico y su falta de estabilidad política al imperialismo norteamericano».

La diferencia entre las dos corrientes de pensamiento es obvia, una exitosa como la de los países anglosajones, y en especial la de los Estados Unidos, pero también de otros países que con el tiempo se han dado cuenta de las bondades que tiene seguir un sistema político con una democracia limitada, libertades civiles y económicas. El siglo XX fue testigo del estruendoso fracaso de las ideas marxistas, cuyas políticas condujeron a la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín en 1989, al cambio total hacia la instrumentación de una economía de mercado, como el caso de la China, que se dicen comunistas, pero lo que ha hecho es continuar con el nombre y ejecutar un sistema económico libre que le ha permitido beneficiar a la población reduciendo significativamente la pobreza. Pero en el caso de América Latina, a pesar del estruendoso fracaso del modelo marxista, leninista, algunos de nuestros países han continuado con el mismo discurso, que según Rangel es el producto de ese profundo complejo de inferioridad de algunos de nuestros líderes.

Ello conjuntamente con otros acontecimientos como la integración y consolidación de la Unión Monetaria Europea en el año 2000, la instrumentación de programas de cambio estructural que se suscitó en algunos países, la liberación del comercio mundial. Todo ello trajo como consecuencia procesos de profundas transformaciones, tanto en el campo político como económico, de aquellos Gobiernos que inteligentemente cambiaron la senda que los conduce al desarrollo. Ejemplo de ellos son los de Europa del Este, que formaban parte del bloque soviético, Irlanda, y otros países asiáticos diferentes a los llamados tigres tradicionales (Japón, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), entre ellos Tailandia, Malasia, India y Vietnam.

En cuanto a la evolución de los sistemas políticos, es bueno llamar la atención sobre la tendencia hacia la proliferación de la democracia. En este sentido, Freedom House7, una fundación

30

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

que se inició en 1950, publica anualmente un informe sobre 192 países y 14 territorios que mide el grado de democracia de los países tomando en consideración una serie de criterios que veremos más adelante. De acuerdo con los resultados del estudio, las democracias electorales en el mundo, desde 1987 hasta el año 2007, se han incrementando en 86%, al pasar de 66 países a 123.

En el caso de América Latina, según se puede apreciar en uno de los estudios de Freedom House, después de la guerra fría, su situación presentaba las siguientes características: insurgencias marxistas, a menudo empleando secuestros, asesinatos, terrorismo. Los gobiernos militares respondiendo con extrema brutalidad, utilizando escuadrones paramilitares. Después de finales de los ochenta proliferaron las democracias electorales, y de 35 países 25 fueron clasificadoscomo libres políticamente, 9 parcialmente libres y 1 no libres. Dichas democracias son relativamente nuevas, tal como se observa según las fechas de algunos de los países que iniciaron periodos democráticos: Argentina (1984-1985), Brasil (1985-1986), Chile (1990-1991), El Salvador (1997-1998), México (2000-2001), Panamá (1994-1995), Perú (2001-2002) y Uruguay (1985-1986). Entre los (9) países parcialmente libres se encuentran Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, y Haití y 1 no libre, Cuba.

A pesar de estos periodos de elecciones democráticas, Freedom House afirma que una de las cuestiones más graves que «persisten son una extendida pobreza, concentración de riqueza y por ende una gran desigualdad. El resultado es una pérdida en la fe en la democracia, el colapso de partidos tradicionales y el surgimiento de líderes populistas que critican a los Estados Unidos y a la economía de mercado. Así se observa un alarmante incremento en la violencia, el crimen, la corrupción y un fuerte deterioro del estado de derecho y de las instituciones que lo respaldan»8. _____________ 7 8

Casa de la Libertad.

Freedom House, Freedom in the Americas Today.

Introducción

31

Por ello, el progreso de la democracia en algunos de los países de América Latina da un paso adelante y tres atrás, con serios y múltiples obstáculos; ciclos de no libertad y de libertad relativa o parcial.

El aspecto económico es aún más dramático, porque apenas un solo país ha realizado reformas importantes, como es el caso de Chile, que ocupa la posición once entre los países libres del Índice de la Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal (WSJ). Esta situación tan precaria responde fundamentalmente a la combinación de sistemas políticos basados en democracia ilimitadas, con un mercantilismo exacerbado, que lo disfrazan de socialismopopulismo, ¡haciendo creer que van a reducir la pobreza y la desigualdad! Los pobres se han convertido en el símbolo de los políticos para justificar su estatismo e intervencionismo en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.

Igualmente, en lo económico, la economía de mercado representa el marco donde el ser humano desarrolla su creatividad, su espíritu emprendedor, su inventiva, su realización personal. Ambos, el sistema político y el sistema económico, así concebidos, constituyen el marco social para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, en un entorno de libertad y respeto a su dignidad humana. Consideramos fundamental el logro de esa trilogía de sistemas políticos, económicos y éticos descrita, para que América Latina alcance un acuerdo que garantice la pacífica convivencia de sus pueblos. Ello la conducirá a un desarrollo integral, tal como ha sucedido en muchas otras naciones: los Estados Unidos, los países europeos, algunos países de Asia.

Tenemos que aprender del éxito de ellos en vez de tener ese complejo de inferioridad frente a los Estados Unidos por esa falta de capacidad de desarrollar instituciones y de generar riqueza.

Nuestro propósito debe ser alcanzar niveles superiores de excelencia, aprovechando que la sociedad latinoamericana cuenta con un gran activo, el acervo de valores éticos universales, producto de su educación cristiana.

32

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Visto lo anterior, varios autores realizamos un trabajo que se incorpora en este libro para analizar con más detalles lo que resumidamente planteamos en esta introducción. El libro consta de dos secciones, la primera parte «Constitución y libertad», comprende 8 capítulos donde exploramos, de una forma detallada lo que ha sucedido en América Latina desde el punto de vista de sus diversas Constituciones, de su desarrollo político y económico, escrito por Nicomedes Zuloaga y Leonor Filardo; del capítulo 2 al 5 Nicomedes desarrolla diferentes aspectos del tema constitucional y su impacto político y económico; en el capítulo 6 hago un análisis desde el punto de vista económico y social de las dos últimas constituciones venezolanas (1961-1999) y cuáles han sido sus resultados; y en los dos últimos capítulos Nicomedes plantea cómo reformar y sugiere soluciones para una reforma constitucional. En la segunda parte varios autores escriben sobre temas más específicos relacionados con el mercantilismo y ejemplos más concretos. De Perú, Enrique Ghersi trata las «Consecuencias jurídicas del mercantilismo»; de Venezuela, Hugo Faría, «La tiranía de las minorías»; de Guatemala, Giancarlo Ibárgüen S. «La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala» y de Argentina Marcelo Loprete «Los derechos de propiedad, soja y ruptura de los contratos; las consecuencias indeseables de la actuación del Estado en la República Argentina».

Leonor FIlardo

(*)

______________________________

Economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Maestría en Comercio Internacional, Universidad de Surrey Londres, Inglaterra. Finalizó cursos y especializaciones del Ph.D en George Mason, Virginia, Estados Unidos. Fue vicepresidente de operaciones internacionales del Banco Central de Venezuela, directora ejecutiva del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es planificadora internacional independiente. Enseña un seminario de Economía Aplicada en la Universidad Monte Ávila, conjuntamente con otros profesores. (*)

33

PARTE I CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD

34

Constituci贸n, socialismo y mercantilismo en Am茅rica Latina

35

AMÉRICA LATINA: CONSTITUCIÓN, DESARROLLO POLÍTICO Y ECONÓMICO Nicomedes Zuloaga (*) y Leonor Filardo Este ensayo tiene como ámbito físico lo que hoy se llama Centro y Sur América, desde el río Bravo en la frontera norte de México hasta la Patagonia viendo el polo Sur. En ese espacio físico vivían en 2006 unos 522 millones de habitantes en una superficie de 19.951 km², dividida en varios países y dependencias. Nosotros tomaremos una muestra de estos países, lo suficientemente amplia como para demostrar nuestro diagnóstico y respaldar nuestra propuesta.

La idea es desarrollar un acuerdo que sentaría las bases para un sistema democrático de Gobierno limitado, bajo un Estado de derecho que permita la pacífica convivencia de sus habitantes y por lo tanto el máximo posible desarrollo de su bienestar. Para ello, es importante ubicarnos en el contexto histórico desde el punto de vista constitucional, institucional, político y económico de América Latina y contrastarlo con otras naciones que han tenido éxito en los diferentes temas que aquí se tocan. Sobre todo con miras hacia una integración futura de todos nuestros países, basados en los principios de una sociedad libre. Ello nos permitirá evaluar y contrastar cómo lograr el tránsito hacia un sistema político democrático limitado, la consolidación de las instituciones y la evolución económica en un entorno de paz, justicia y prosperidad. ____________________________________

Abogado con mención summa cum laude en la Universidad Central de Venezuela. Ensayista y articulista sobre temas económicos y políticos. Además de sus numerosas contribuciones a la prensa de circulación nacional, fue fundador, editor y director del diario La Verdad. Junto con el doctor Joaquín Sánchez-Covisa, promueve, funda y preside el Instituto Venezolano de Análisis Económico y Social, precursor de Cedice, que edita por muchos años la prestigiosa revista Orientación Económica, de circulación continental. Embajador de Venezuela en Argentina. El doctor Zuloaga desarrollo una intensa actividad profesional y empresarial dirigiendo el bufete de abogados que fundó su abuelo en 1887, y fue directivo importante de varias empresas privadas en Venezuela. Entre sus publicaciones están: El poder ilegítimo, Política en pretérito y la monografía de Cedice Estado de derecho y desarrollo económico. (*)

36

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Desde su independencia en el siglo XIX, los países de América Latina, aparte de su declaración de independencia, todos aprobaron una Constitución que ha sido reformada múltiples veces de acuerdo con los caprichos del gobernante de turno, de su entorno, de las tendencias de moda y de los grupos de interés. Se parte del principio que como es el acuerdo entre el Estado y la sociedad, el enfoque debe ser puramente legal y político. Por ello las constituciones son constructivistas, plagadas de intereses particulares y no de principios universales de normas de mera conducta, a partir de las cuales se debería desarrollar la cooperación social. Es decir, un orden que permita a los individuos que conforman la sociedad la utilización libre de todos sus conocimientos y su potencialidad. Ello daría lugar a lo que Hayek denomina la gran sociedad abierta, porque va a beneficiar a todos sus integrantes.

Para respaldar nuestra propuesta consideramos necesario hacer primero un levantamiento de los resultados políticos y económicos que arrojan la aplicación de las políticas públicas que involucran esas Constituciones. En cuanto a los sistemas políticos, el cuadro 1 muestra las calificaciones establecidas por Freedom House. Como indicamos en la introducción, es una fundación que se inició en 1950, que publica anualmente un informe basado en principios básicos de derechos políticos y libertades civiles procedentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los primeros permiten a la ciudadanía participar libremente en el proceso político, incluyendo el voto libre para diferentes elecciones que compiten para cargos públicos; en partidos políticos y organizaciones que tienen un impacto decisivo en las políticas públicas y responsabilidad de presentar cuentas al electorado. Las libertades civiles permiten la libertad de expresión y credo, derechos de asociación y organización, el cumplimiento con la ley y autonomía personal sin interferencia del Estado. Aunque sólo se refiere a las democracias electorales, se basa en el principio de que la libertad de todas las personas en el mundo se logra en sociedades que han alcanzado el desarrollo de una democracia limitada. Así, las calificaciones que asigna a cada país van del 1 al 7 en función de los criterios descritos. Del 1 al 2,5 a los países se

América Latina: Constitución, desarrollo político y económico

37

les considera libres, donde en su mayoría prevalece la democracia limitada. En estos países, los ciudadanos disfrutan de libertades políticas y civiles en un entorno de armonía y paz. Del 3 al 5, parcialmente libres. En estos países, dichas libertades están restringidas, en un ambiente de corrupción, débil o no cumplimiento de las leyes, falta de ética, enfrentamientos sociales y en algunos casos guerras civiles. Del 5,5 al 7 no libres. En estos países, el proceso político es totalmente restringido. De acuerdo con los resultados del estudio de 2007, las democracias electorales en el mundo, desde 1987 hasta 2006, se han incrementando en 86% al pasar de 66 países a 123 países.

Del análisis que se realiza sobre la democratización de América Latina se observa que la misma es relativamente reciente, con ciclos de no libertad; de libertad relativa o parcial, por periodos cortos; libres y con tendencias a revertirse. El proceso de democratización se generaliza en los años ochenta, cuando en algunos países caen los regímenes dictatoriales y opresores; en otros casos se inicia un camino de transición, difícil pero fecundo, hacia formas políticas más justas y de mayor participación.

Para el año 2006, de los 25 países que se consideran libres, 11 son latinoamericanos. De estos, en el paréntesis se observan las fechas a partir de la cuales inician su periodo democrático: Argentina (1984-1985), Brasil (1985-1986), Chile (1990-1991), Costa Rica (1973), El Salvador (1997-1998), México (2000-2001), Panamá (19941995), Perú (2001-2002) y Uruguay (1985-1986). Como se puede observar en el cuadro, existen 9 parcialmente libres, y uno no libre. En general, se observa que el país mejor posicionado es Chile, seguido de Costa Rica, Brasil y México, que han mejorado; pero Bolivia, Ecuador, Honduras y Guatemala han tenido ciclos que van de parcialmente libre a libre, y luego se han revertido de libres a parcialmente libres. En cambio, Colombia fue un país libre hasta 1989-1990, cuando se convirtió en un país parcialmente libre. Lo mismo le sucedió a Venezuela, que era considerada libre hasta 1992-1993, cuando se convirtió en parcialmente libre.

Nicaragua y Paraguay nunca han sido calificados como libres, sino

38

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

que han pasado de no libres a parcialmente libres. La conclusión del análisis político es que América Latina, a pesar de que inició un proceso democrático, debe establecer como objetivo primordial lograr una democracia limitada, porque si se compara con aquellos Cuadro 1: Clasificaciones de Freedom House 25 LIBRES

9 PARCIALMENTE LIBRES

NO LIBRES

1.0

3.0

7

Bahamas

Bolivia

Cuba

Barbados

Colombia

Canada

Ecuador

Chile

Honduras

Costa Rica

Nicaragua

Dominica

Paraguay

San Cristóbal y Nieves Santa Lucía Estados Unidos Uruguay 1.5

4.0

Belice

Venezuela

Grenada

Guatemala

Panamá San Vicente y las Granadinas 2.0 Antigua y Barbuda Argentina Brasil República Dominicana Surinam Trinidad y Tobago 2.5 El Salvador Guyana Jamaica México Perú

4.5 Haití

América Latina: Constitución, desarrollo político y económico

39

países anglosajones que la poseen, no hay duda de que sus sistemas políticos son los que les ha permitido ser exitosos en el desarrollo de sus instituciones, de su economía y, por ende, de sus ciudadanos.

El aspecto económico es aún más dramático, porque las Constituciones latinoamericanas están plagadas de corporativismo, de derechos económicos (protección a la familia, a los niños, a la educación, a tener una vivienda digna, a la salud, a la seguridad social y a todo lo que se les ocurra), que no se cumplen porque nadie cuantifica sus costos y la colectivización sólo lleva al empobrecimiento, a la desigualdad y a la ineficiencia.

Para medir el progreso de América Latina, partimos como parámetro de referencia del Índice de Libertad Económica que publica la Fundación Heritage y el WSJ anualmente sobre 157 países (cuadro 2), donde se califica las libertades económicas en función de varios factores que miden diferentes libertades y, por ende, políticas públicas (de establecer negocios, comercio internacional, fiscal, interferencia gubernamental, política monetaria, financiera, inversiones nacionales y extranjeras, salarios y precios, derechos de propiedad, regulaciones y mercado informal). La clasificación de cada una de ellas, para cada uno de los países, es hasta 100%, y con ello se le otorga una posición en el Índice: Cuadro 2: Distribución global de libertad económica Puntaje

Categoría

Cantidades de países

80-100

Libre

7

70-79.9

Mayormente libre

23

60-69.9

Moderadamente libre

48

50-59.9

Mayormente controlada

59

0-49.9

Reprimida

20

Los que obtienen las mayores calificaciones son los mejores y los que obtienen las menores son los peores. A continuación, el cuadro 3 presenta las clasificaciones del Índice, para toda América en el año 2007.

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

40

80

80

90

76

92,1

10

2

Canadá

78,7

0,0

96,1

78,2 83,9 61,8

80,6

60

70

90

84

82,7

11

3

Chile

78,3

-2,9

68,9

72,4 85,7 87,6

79,9

70

70

90

73

85,3

23

4

Trinidad y Tobago

71,4

-0,4

61,8

69,0 88,0 83,7

74,7

70

70

70

38

89,2

24

5

Bahamas

71,4

-1,2

80,0

28,8 98,3 89,9

77,3

40

70

80

70

80,0

76,5

50

60

90

69

80,0

76,7

70

70

50

42

79,2 79,0

28

6

Barbados

70,5

-4,7

90,0

47,0 78,3 64,4

29

7

El Salvador

70,3

-0,7

62,6

66,6 90,9 95,1

Libertad laboral

Libertad de inversión

83,8

Libertad frente a la corrupción

Libertad monetaria

76,6 79,4 67,5

Libertad financiera

Libertad frente al gasto gubernamental

94,5

Libertad fiscal

Libertad de comercio internacional

-0,4

Cambio desde 2006

82,0

Puntaje

Estado Unidos

País

1

Posición regional

4

Posición mundial

Libertad comercial

Derechos de propiedad

Cuadro 3: Puntaje de libertad económica de América en 2007

33

8

Uruguay

69,3

1,8

68,1

71,6 90,8 81,7

73,1

70

30

70

59

46

9

Jamaica

66,1

-1,6

78,3

60,4 83,4 67,4

70,9

80

60

50

36

74,1

47

10

Panamá

65,9

-1,3

75,1

66,2 88,7 86,8

85,8

70

60

30

35

61,2 66,0 65,4

49

11

México

65,8

1,2

82,1

72,6 88,1 77,2

77,0

50

60

50

35

51

12

Costa Rica

65,1

-2,3

63,5

72,4 88,6 92,3

67,1

70

40

50

42

56

13

Belice

63,7

-1,8

76,7

57,2 79,8 80,1

73,5

50

50

50

37

82,8

61

14

Nicaragua

62,7

-1,7

59,7

72,4 86,4 85,6

71,2

70

60

30

26

65,7

63

15

Perú

62,1

1,2

65,1

62,6 86,8 92,2

85,7

50

60

40

35

43,3

68

16

Guatemala

61,2

0,6

54,1

70,2 86,5 96,4

72,2

50

60

30

25

68,0

70

17

Brasil

60,9

-0,8

53,3

64,8 88,6 88,8

72,6

50

40

50

37

63,8

70,2

50

60

30

40

53,0

71,5

50

70

30

26

59,2

73

18

Colombia

60,5

-2,4

71,4

61,4 82,4 87,0

79

19

Honduras

60,3

0,7

56,6

69,2 87,8 82,9

90

20

Guyana

58,2

-1,4

57,0

57,0 78,5 66,1

74,0

50

60

40

25

74,1

95

21

Argentina

57,5

0,2

65,5

61,4 82,3 89,6

71,3

50

40

30

28

56,6

99

22

Paraguay

56,8

1,4

47,0

67,4 97,8 79,8

78,4

50

60

30

21

36,7

63,2

50

40

30

30

54,9

74,1

30

60

30

25

44,2

100

23

República Dominicana

56,7

0,1

57,6

63,8 86,5 91,5

108

24

Ecuador

55,3

-0,3

57,1

62,0 85,7 85,2

112

25

Bolivia

55,0

-4,1

62,3

69,2 93,2 74,3

70,9

30

60

30

25

35,0

133

26

Surinam

52,6

-0,6

42,0

55,0 76,3 65,3

69,1

30

30

50

32

75,9

135

27

Haití

52,2

2,4

37,6

74,2 85,3 95,2

62,0

30

40

10

18

70,2

57,6

20

40

30

23

48,0

65,8

10

10

10

38

20,0

144

28

Venezuela

47,7

2,6

48,8

56,2 83,7 69,5

156

29

Cuba

29,7

-2,5

10,0

60,2 62,8 10,0

Fuente: Tim Kane, Kim . Holmes y Mary Anastasia O'Grady, Índice de Libertad Económica 2007. (Washington D.C.: The Heritage Foundation y Dow Jones & Company, Inc. 2007 en www.heritage.org/index).

América Latina: Constitución, desarrollo político y económico

41

El único país clasificado como mayormente libre es Chile, con la posición 11, el resto es considerado moderadamente libre.

Ha habido países como El Salvador (29), Uruguay (33) y Panamá (47), México (49) y Perú (63), que tuvieron mejoras en los últimos años y cuentan con una clasificación relativamente aceptable; diez se consideran países mayormente controlados o reprimidos económicamente. Ha habido países que han retrocedido significativamente, como es el caso de Colombia y Venezuela, especialmente Venezuela, ya que Colombia ha estado adoptando algunas medidas que lo diferenciarán significativamente en el mediano plazo.

Adicionalmente a la evaluación de las libertades políticas y económicas, es importante comparar los países exitosos con Latinoamérica. Seleccionamos países de mayores ingresos de diversos continentes: la Unión Monetaria Europea, Hong Kong, Singapur, Australia, los Estados Unidos, Irlanda, Luxemburgo y Estonia, y 19 países de América Latina. La selección de los primeros se hizo tomando en consideración las mejores clasificaciones de las libertades económicas que asigna el Índice de la Libertad, publicado por la Fundación Heritage y el WSJ. Se presentan varios cuadros; el cuadro 4, con la población, superficie en km², ingreso per cápita, clasificación de las libertades políticas por Freedom House y libertades económicas por el Índice de la Libertad. El cuadro 5 es un complemento del anterior, porque lo más importante es medir la distribución del ingreso para ponderar si las políticas públicas ejecutadas por los países cumplen con la meta establecida. Se puede observar que los países más libres económicamente y parcialmente libres políticamente son los que poseen mayor ingreso per cápita del mundo, a pesar de que algunos de ellos son muy pequeños; cuentan con mejor distribución del ingreso, no existe pobreza como se conoce en otros países y el estándar de vida de los ciudadanos en cuanto a bienes materiales es el mejor del mundo.

En los pueblos de nuestra América Latina, que han sufrido y siguen sufriendo regímenes políticos que en mayor o menor grado se han envuelto en una retórica socialista combinada con

42

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Cuadro 4: Países de mayores ingresos de diversos continentes Habitantes (millones)

Superficie (km²)

Ingreso per cápita

Libertades Políticas[*]

2006 ($) Unión Monetaria Europea Hong Kong

494

4.632.318

29.345

Libre

7

1092

27.466

PL

Posición Índice del Libertad Económica 2007

1

Singapur

4

647

29.917

PL

2

Australia

20

7.713.000

38.961

Libre

3

Estados Unidos

300

9.629.091

44.190

Libre

4

Reino Unido

60

244.820

39.213

Libre

6

Irlanda

4

70.000

52.440

Libre

7

Luxemburgo

0,4

2.586

87.955

Libre

8

Estonia

1,4

45

Libre

12

Total América Latina

561,2

21.069.501

Argentina

12.203

3.485

39,9

2.766.890

5.458

Libre

95

Bolivia

9

1.098.581

1.125

PL

112

Brasil

190

8.514.877

5.117

Libre

70

Chile

16

756.950

8.864

Libre

11

Colombia

45

1.141.748

2.888

PL

73

Costa Rica

4

51.100

4.858

Libre

51

Cuba

11

110.860

Ecuador

13

283.520

No Libre

156

2.987

PL

108

Salvador

7

21.041

2.619

Libre

29

Guatemala

12

108.890

2.508

PL

68

Haití

8

27.750

528

No Libre

135

Honduras

7

112.492

1.213

PL

76

105

1.984.375

8.530

Libre

49

Nicaragua

5

129.494

908

PL

61

Panamá

3

78.200

5.211

Libre

47

México

Paraguay

6

406.752

1.483

PL

99

Perú

27

1.285.215

3.374

Libre

63

Uruguay

3

176.215

6.007

Libre

33

Venezuela

26

912.050

6.736

PL

144

Fuente: FMI. WEO 2006 cifras para el 2006. [*] Clasificación de Freedom House.

América Latina: Constitución, desarrollo político y económico

43

Cuadro 5: Distribución del Ingreso Fecha de la data Países de más altos ingresos Promedio

20% más bajo

5,8

Segundo 20%

Cuarto 20%

Quinto 20%

20% más alto

11

22,2

45,4

29,7

Hong Kong

1996

5,3

9,4

20,7

50,7

34,9

Singapur

1998

5

9,4

22

49

33

Irlanda

1996

7,1

11,8

22

43,3

27,6

Reino Unido

1999

6,1

11,4

22,5

44

28,5

Estonia

2000

6,1

12,1

22

44

28,5

Australia

1997

5,9

12

23,6

41,3

25,4

Estados Unidos

2000

5,4

10,7

22,4

45,8

29,9

3,3

7,5

19

55,12

41,6

América Latina Promedio Argentina

2001

3,1

7,2

21

56,4

38,9

Bolivia

1999

4

9,2

22,9

49,1

32

Brasil

2001

2,4

5,9

18,1

63,2

46,9

Chile

2000

3,3

6,6

17,4

62,2

47

Colombia

1999

2,7

6,6

18

61,8

46,5

Costa Rica

2000

4,2

8,9

21,7

51,5

34,8

Cuba

nd

Ecuador

1998

3,3

7,5

19,4

58

41,6

Salvador

2000

2,9

7,4

20,2

57,1

40,6

Guatemala

2000

2,6

5,9

17,6

64,1

48,3 42,2

Haití

nd

Honduras

1999

2,7

6,7

19,9

58,9

México

2000

3,1

7,2

19

59,1

43,1

Nicaragua

2001

5,6

9,8

21,1

49,3

33,8

Panamá

2000

2,4

6,5

19,6

60,3

43,3

Paraguay

2002

2,2

6,3

18,8

61,3

45,4

Perú

2000

2,9

8,3

14,1

53,2

37,2

Uruguay

2000

4,8

9,3

21,6

50,1

33,5

Venezuela

2003

4

8,8

13

21,4

52,8

Fuente: Banco Mundial. Reporte World Development Indicators, 2006.

44

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

un mercantilismo económico aberrante, han mantenido a esos pueblos, como quería Touré1, ¡Pobres!, pero no libres sino esclavos. En nombre de esa retórica de justicia social, América Latina ha aplicado y continúa aplicando políticas públicas totalmente opuestas a lo que significa conducir a un país al desarrollo económico, mucho menos a mejorar la distribución del ingreso y a reducir la pobreza, tal como lo promueven los derechos constitucionales y prometen los líderes políticos.

Si comparamos el promedio de ingreso per cápita de los países más exitosos con los países latinoamericanos, encontramos que el ingreso promedio de esos países es 13 veces mayor. En cuanto a la distribución del ingreso, se observa la pésima distribución y la gran concentración de riqueza de los países latinoamericanos.

Asimismo, el cuadro 6 incluye la evolución de la gente que vive con menos de 2 dólares diarios. Mientras los países de Asia del Este y el Pacífico disminuyeron la pobreza en 35%, en América Latina la tendencia es incrementar la pobreza y concentrar la riqueza cada vez en más de 30%. ¿Por qué en Latinoamérica el ingreso per cápita es muchísimo menor, la distribución del ingreso mucho peor que en los países exitosos y la pobreza tiende a incrementarse? Sencillamente por las políticas públicas que se ejecutan. El Índice de la Libertad califica diez políticas públicas fundamentales para lograr el crecimiento económico sostenido y la generación de riqueza.

Entre ellas están la libertad en comercio internacional, la presión tributaria sobre las personas naturales y empresas, la libertad de hacer negocios en un país, la libertad monetaria que toma en cuenta la capacidad de controlar la inflación, la protección a la propiedad privada, libertad de inversión, financiera, laboral, frente a la corrupción, frente al tamaño del Gobierno. Sólo analizaremos algunas de ellas. Al compararlas, podemos constatar que aquellos países con mayor crecimiento económico y una _____________________________

Sékou Touré, campeón de la miseria, presidente de la República Popular de Guinea, decía: «Nosotros preferimos la pobreza en la libertad a la riqueza en la esclavitud».

1

18

20

99

52

821

288

2,45

1,574

América Latina y el Caribe

Norte de África y Medio Oriente

Sur Asia

África del Sur del Sahara

Total

Excluyendo a China 1,747

2,478

355

911

53

115

15

731

1,028

1987

1,829

2,654

382

958

51

125

23

825

1,116

1990

Fuente: Indicadores de Desarrollo Económico del Banco Mundial publicados en 2006.

1,666

2,48

326

859

50

119

814

1,109

876

1,170

Asia del Este y el Pacífico

1984

China Asia central

1981

Región

1,961

2,764

410

1,005

52

136

81

803

1,079

1993

Cuadro 6: Gente que vive con menos de 2 dólares al día (millones)

2,024

2,674

447

1,029

61

117

98

650

922

1996

2,111

2,739

489

1,039

70

127

113

627

900

1999

2,142

2,735

516

1,064

70

128

93

594

864

2001

América Latina: Constitución, desarrollo político y económico 45

46

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

mejor distribución del ingreso son los que obtienen la mejor puntuación, hasta el 100% en cada una de sus políticas.

Las características más resaltantes de los países con mayor éxito son la protección a la propiedad privada, la libertad comercial, de hacer negocios, de invertir, de contar con un mercado de trabajo flexible sin leyes proteccionistas que impidan la libre contratación y una política monetaria que aunque en algunos casos es imperfecta, al menos ha logrado mantener controlada la tasa de inflación. Por el contrario, en América Latina, exceptuando el caso de Chile y Panamá, las calificaciones de los demás países es sumamente mediocre.

Por ejemplo, lo más importante, que es la propiedad privada, no tiene protección, ya que el promedio de calificaciones, excluyendo a Chile y a Panamá, es de 35,29%. Lo mismo sucede con la libertad comercial, laboral, de hacer negocios, monetaria, de hacer inversiones.

Con los resultados obtenidos tanto en el sistema político como económico, es obvio que si América Latina quiere contar con una verdadera democracia, contribuir a generar riqueza que reduzca la pobreza y mejore la distribución que la conduzca a un crecimiento y desarrollo económico sostenido, debe tomar el camino hacia la constitución de una sociedad libre.

Ahora sólo nos queda plasmar las bases para un acuerdo que garantice la pacífica convivencia de los pueblos de América Latina.

47

Algunas políticas públicas clasificadas por el Indice de Libertad Económica Libertad Comercial

Carga Impositiva

Regulaciones para establecer negocios

Libertad monetaria

Derechos de propiedad

Libertad en mercado de trabajo

77,17

84

90,57

85,22

90

81,77

Hong Kong

80

95

88,3

91,1

90

93,6

Singapur

80

93

94,6

89,5

90

99,3

Irlanda

76,6

81

92,8

85,1

90

60,4

Reino Unido

76,6

74,6

92,1

79,3

90

82,7

Estonia

76,6

89,7

80

83

90

51,2

Australia

73,8

75,4

91,7

84,8

90

93,1

76,6

79,4

94,5

83,8

90

92,1

67

86,43

58,39

72,79

40,83

57,36

Argentina

61,4

82,3

65,5

71,3

30

56,6

Bolivia

69,2

93,2

62,3

70,9

30

35

Brasil

64,8

88,6

53,3

72,6

50

63,8

Chile

72,4

85,7

68,9

79,9

90

75,3

Colombia

61,4

82,4

71,4

70,2

30

53

Costa Rica

72,4

88,6

63,5

67,1

50

65,4

Cuba

60,2

62,8

10

65,8

10

20

Países de más altos ingresos Promedio

Estados Unidos América Latina Promedio

Ecuador

62

85,7

57,1

74,1

30

44,2

Salvador

66,6

90,9

62,6

76,7

50

79,2

Guatemala

70,2

86,5

54,1

72,2

30

68

Haití

74,2

85,3

37,6

62

10

70,2

Honduras

69,2

87,8

56,6

71,5

30

59,2

México

72,6

88,1

82,1

77

50

66

Nicaragua

72,4

86,4

59,7

71,2

30

65,7

Panamá

66,2

88,7

75,1

85,8

85,8

61,2

Paraguay

67,4

97,8

47

78,4

30

36,7

Perú

62,6

86,8

65,1

85,7

40

43,3

Uruguay

71,6

90,8

68,1

73,1

70

79

Venezuela

56,2

83,7

48,8

57,6

30

48

48

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA* Nicomedes Zuloaga En el mundo moderno se llama Constitución a cualquier cosa.

Así, encontramos ese nombre aplicado a cuerpos de legislación de países con Gobiernos totalitarios como el de la Unión Soviética. Constitución no es hoy, ni de lejos, sinónimo de democracia. La propia palabra democracia ha sido a su vez adulterada con fines propagandísticos y especialmente mediante el aditivo de «popular», hasta el extremo de que los Gobiernos comunistas, ejemplos de las más férreas dictaduras que ha conocido la historia, se denominan a sí mismos «democracias populares».

Pero en el mundo occidental y civilizado la palabra democracia tiene un significado muy preciso. No es un término vacío que se llena simplemente con unas elecciones. Es un sistema contractual de Gobierno en el cual antes que nada se garantiza a la minoría un cuerpo de derechos que no podrá ser violado por la mayoría en el ejercicio del poder. Y son precisamente estas garantías las que son esenciales al sistema democrático y las que traen como consecuencia su característica diferencial con los otros sistemas de Gobierno, es decir, que es un sistema pacífico en el cual la minoría acepta pacíficamente el Gobierno de la mayoría hasta la oportunidad de las próximas elecciones.

En consecuencia, no podrán llamarse demócratas en el mundo civilizado sino a quienes conozcan y defiendan estos principios.

No podrán denominarse Constituciones democráticas sino a aquellos cuerpos de leyes que cumplan con esa función esencial de limitar el poder legislativo de la mayoría.

_______________________ *

Artículo publicado en el diario La Esfera el 23 de octubre de 1962.

49

EL PODER ILEGITIMO* Nicomedes Zuloaga La administración de justicia no es sino una parte, importante, pero sólo una parte, del Estado de derecho. Es cierto que sin administración de justicia no hay Estado de derecho, pero si no hubiera Estado de derecho regresaríamos al «antiguo régimen», donde el monarca hacía ley su voluntad y los individuos estaban relegados a la condición de súbditos. Sin Estado de derecho no hay libertad, no hay sociedad civilizada, no hay verdadera democracia, no puede haber verdadero desarrollo.

Lo que está enfermo en Venezuela es el Estado de derecho, y por eso antes de entrar al análisis de la administración de justicia es necesario analizar objetivamente dos condiciones fundamentales para la existencia de ese Estado de derecho: la legitimidad del poder y su representatividad.

Es sorprendente que hasta ahora nadie, en esta amplia discusión pública sobre el Estado de derecho, se haya atrevido a analizar estos dos atributos fundamentales de la democracia. La única explicación de esa ausencia de discusión es que su análisis puede parecer golpista, y por ese temor se ha soslayado su discusión.

Pero si no analizamos y reparamos las bases institucionales de la democracia, poca esperanza podemos tener de su supervivencia.

Bajo el antiguo régimen todo el poder lo ejercía el monarca. Los ciudadanos eran súbditos sometidos a la voluntad del ungido por Dios para gobernarlos. La Carta Magna de 1215, arrancada por el pueblo inglés a Juan Sin Tierra, y quizás el origen de la Confederación helvética con Guillermo Tell varios años después, marcan el inicio del fin de ese antiguo régimen y el advenimiento de la era moderna. _____________________________

Charla dictada ante los integrantes del Grupo Santa Lucía, en La Romana, República Dominicana, el 11 de octubre de 1990. *

50

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Debemos recordar que en los regímenes legítimos de la era moderna, el Estado de derecho descansa en la ficción de un contrato social mediante el cual el individuo cede sus derechos al Estado. Ante la imposibilidad de obtener la unanimidad en las decisiones comunes, aceptamos en ese contrato, implícitamente, el Gobierno por la mayoría y el mecanismo del sufragio para determinar pacíficamente a los administradores y legisladores, pero sometida esa decisión de la mayoría siempre al freno constitucional que señala los límites a la actuación de los poderes públicos. El sufragio es pues sólo un mecanismo; es, si queremos, hasta un mal necesario, pero es la única forma de tomar decisiones para la vida en común cuando es imposible obtener la unanimidad. Pero nunca el sufragio puede servir por sí solo para legitimar el poder. Por el contrario, ya sea la mayoría de 50+1% o de 100-1% siempre habrá una minoría en desacuerdo con la decisión, que la acepta únicamente por la existencia del contrato social. Como ejemplos baste recordar a dos déspotas elegidos por mayoría: Adolfo Hitler y Juan Domingo Perón.

Los límites más importantes a la voluntad de la mayoría son las llamadas garantías constitucionales, porque en todo contrato social el individuo se reserva su derecho a la vida, a la libertad y al fruto de su trabajo, es decir, a la propiedad.

Para que el triunfo de la mayoría dé legitimidad al ejercicio del poder es indispensable, por lo tanto, que tenga plena vigencia el freno constitucional. De lo contrario, la mayoría resultante de una votación estaría simplemente sustituyendo al monarca del «antiguo régimen» y haciendo de la minoría su súbdito obediente. Por ello es que la suspensión de esas garantías constitucionales sólo se acepta en el mundo civilizado por muy breves y excepcionales períodos de emergencia nacional, de guerras, de epidemias o de catástrofes naturales.

El sistema comicial no es pues la esencia de la democracia. La democracia no es como creen algunos el Gobierno por la mayoría.

El sufragio es simplemente un sistema o mecanismo para escoger

El poder ilegítimo

51

pacíficamente a los administradores y a los representantes del pueblo en el parlamento, ante la imposibilidad de escogerlos por unanimidad.

No obstante estas evidentes realidades, estamos acostumbrados a aceptar sin más análisis que el poder es legítimo cuando proviene del pueblo, y que por lo tanto el ejercicio del sufragio legitima el poder. En esta falacia nos acompaña lamentablemente el Gobierno de los Estados Unidos, que acepta sin más como legítimos en América Latina a los regímenes salidos de elecciones, sin analizar si el uso de ese mecanismo mayoritario ha servido para establecer regímenes despóticos que hacen uso ilegítimo del poder.

Ahora bien, desde el punto de vista formal puede sostenerse que en la Constitución nacional están previstas las garantías que sirven de freno a las mayorías venezolanas. El sufragio ejercido bajo la plena vigencia del régimen constitucional legitimaría a las autoridades elegidas para el ejercicio del poder.

Podríamos, es cierto, hacer un análisis profundo de los defectos que contiene la redacción del artículo 96 de la Constitución nacional de 1961 (que garantiza a los venezolanos el sagrado derecho a dedicarse a la actividad económica de su preferencia) a la luz de los principios democráticos del mundo civilizado, pero ello sería objeto de otro análisis (ver capítulo de Leonor Filardo, «Venezuela una sociedad rentista, producto del populismo constitucional»).

Baste decir ahora que las limitaciones a la libertad individual «por razones de interés social», las referencias a la usura y las regulaciones y reservas del artículo 97 de la Constitución dejan abierta la puerta para los más grandes abusos de la mayoría contra la libertad individual. Pero aunque parezca increíble así, incompleta como está escrita, esa garantía fundamental fue suspendida el mismo día en que se aprobó la Constitución de 1961.

Justo es reconocer que el decreto original de suspensión y restricción de las garantías constitucionales (No. 455 del 23 de enero de 1961), reconociendo la existencia de un reciente decreto

52

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

anterior del 28 de noviembre de 1960, alega como razones la emergencia verdadera que enfrentaba el Gobierno, amenazado entonces en su propia existencia por la subversión exportada por Fidel Castro, por un lado, y por el dictador dominicano por el otro. Lo que no tiene excusa es que en el acuerdo de restitución de garantías del Congreso Nacional de fecha 6 de abril de 1962, reconociendo que habían cesado las causas que motivaron la suspensión y restricción de las garantías constitucionales el año anterior, las restituye todas menos la libertad de comercio, alegando que «subsisten en el país graves circunstancias económicas» y que al hacerlo decrete su propia ilegitimidad, dejando a los venezolanos a merced de la voluntad tiránica de la mayoría. Es más, ese mismo día el propio Congreso de la República nombra una comisión para que redacte y presente en breve plazo un «proyecto de Ley Reglamentaria» de algunas garantías ciudadanas (que por cierto fue presentado y aprobado) como si el freno constitucional pudiera ser objeto de modificación por vía reglamentaria y precisamente por el propio cuerpo cuya actuación está encargado de frenar. Esa ilegitimidad fue aprobada por la totalidad del país político venezolano, porque no se alzó ni una sola voz en ese parlamento para protestar por esa conculcación de una parte tan importante de los derechos ciudadanos.

En la Venezuela de hoy, la minoría ha sido pues durante estas últimas tres décadas súbdito de la mayoría. Los venezolanos que han integrado la minoría han vivido bajo una verdadera tiranía despótica de la mayoría.

Podemos entonces llegar a una primera e indiscutible conclusión: el poder en Venezuela, ejercido sin freno constitucional, va a cumplir treinta años de ilegitimidad1 a pesar de los procesos de votación que han tenido lugar durante ese periodo. Y aunque nos damos poca cuenta, es precisamente esa ilegitimidad la _______________________________ 1

Para la fecha de publicación de este libro, tendríamos más de cuarenta años de ilegitimidad.

El poder ilegítimo

53

que sufrimos todos los venezolanos, y especialmente los empresarios venezolanos, empeñados en hacer marchar el motor de Venezuela dentro de un régimen legal de excepción, y por lo tanto ilegítimo, que nos agobia y que otorga al funcionario de turno, nombrado por la mayoría, el poder discrecional que está detrás de todas las venalidades y corrupciones.

Y esta ilegitimidad es mucho más gravosa para los que tienen pocos medios de fortuna. En efecto, viviendo en este ambiente de corrupción generalizada, los empresarios ricos tienen maneras de conseguir su padrino político que los proteja frente al abuso y el terrorismo judicial, pueden incluso pagarse costosos árbitros para sustituir jueces venales. Es siempre el venezolano común, el de pocos medios de fortuna, el empresario modesto, la víctima preferida e inerme del poder ilegítimo.

Un segundo atributo fundamental del Estado de derecho es la representatividad, esa que ostentan hoy los presidentes de la República que han sido elegidos en libres comicios, mediante campañas electorales en las cuales se han debatido públicamente sus cualidades y sus defectos. Pero en Venezuela una cosa ha sido la representatividad del jefe del poder ejecutivo desde 1959, y otra muy distinta la que dicen ostentar quienes fueron elegidos para llevar a cabo la labor parlamentaria, esto es, la redacción y aprobación de las leyes que han de regular la vida en común de los venezolanos. Es esta representatividad la que a su vez otorgaría legitimidad a la actuación parlamentaria.

Tiene el parlamento como límite efectivo de su poder el que éste le ha sido delegado por sus electores, esto es que el cuerpo legislativo no tiene más derechos que los que tenía individualmente, antes del pacto social, quien le ha otorgado su representación, siguiendo aquel principio de que nadie puede delegar el derecho que no tiene. Los integrantes de ese Parlamento tienen la ficción de representar la voluntad de una parte de los individuos que integran la nación determinada comúnmente por regiones

54

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

geográficas, y ostentan esa legítima representación porque esos candidatos han sido elegidos por esas regiones, previa campaña electoral donde se han debatido públicamente sus cualidades y sus defectos, y donde han pedido la representación de los electores con base en sus atributos personales de capacidad y honestidad que los harían acreedores de la confianza de los ciudadanos.

Esa representatividad personal es lo que diferencia a los verdaderos parlamentos de esas caricaturas que, en el ámbito nacional, fueron en el pasado los congresos de los dictadores venezolanos, y en el ámbito internacional son todavía los soviet designados a dedo por las autoridades del Partido Comunista de la Unión Soviética, o lo fueron los llamados parlamentos en la Europa ex comunista y algunos de las repúblicas africanas.

Ahora bien, gracias a la redacción de las leyes que rigen los comicios venezolanos, fruto de los acuerdos a los que han llegado los integrantes del país político, los procesos electorales han llevado al Congreso Nacional, durante los últimos treinta años, a personas que carecen de la más mínima representatividad. Personas escogidas en los cenáculos de las organizaciones partidistas e incluidas en unas «listas» de candidatos desvinculados de las regiones que dicen representar y hasta negociados con reyezuelos periodísticos u otros dueños de medios de comunicación, que se someten luego a la consideración de los electores mediante tarjeticas de colores. Sólo en diciembre de 1989 se intentó tímidamente el rescate de la representatividad democrática en la elección personal y directa de gobernadores y alcaldes, con el resultado de una abstención abrumadora, explicable por la conciencia ciudadana de la falta de representatividad en treinta años de engaño continuo.

Pues bien, lamentablemente tenemos que llegar a una segunda y preocupante conclusión, y ello es que durante estos últimos treinta años los parlamentos venezolanos han carecido de esa indispensable representatividad, que a su vez hubiera otorgado legitimidad a sus actuaciones.

El poder ilegítimo

55

Pasemos ahora a considerar el tema más apremiante de esta ausencia del Estado de derecho, esto es, la administración de justicia.

Aceptada la ficción de la delegación de los derechos individuales del pueblo en su legítimo representante, la primera actividad delegada en el parlamento debe ser la aprobación de leyes para regular la vida en sociedad, esencialmente para garantizar el debido proceso legal en la aplicación e interpretación de los contratos; para la solución de las diferencias entre los ciudadanos derivadas de la actividad contractual (desde el matrimonio hasta la venta y otras operaciones mercantiles) y para el castigo y represión de lo que la sociedad ha considerado como delitos, esto es, como actos contrarios a la posibilidad de la vida pacífica en común. En otras palabras, para hacer justicia.

Paralelamente a la aprobación de las leyes, el Estado está además en la obligación de proceder a la integración de un cuerpo de ciudadanos capaces, irreprochables por su trayectoria personal y por su independencia de presiones particulares, políticas o comerciales, es decir, de jueces idóneos, para aplicar gratuitamente las leyes, para dirimir las diferencias entre los ciudadanos y para velar por el cumplimiento de esas leyes, o sea, para impartir justicia. Es a esto a lo que llamamos poder judicial, en contraposición con el poder ejecutivo, para administrar la cosa común, y con el poder legislativo o parlamento, para hacer las leyes.

Digo que ese poder judicial debe estar integrado por personas irreprochables en su conducta, independientes de toda clase de presiones particulares, comerciales o políticas, y capaces desde el punto de vista profesional, porque su corrupción es el inicio de la disolución del tejido que sostiene unida a la sociedad.

Esto nos lleva al análisis de dos tipos de jueces: los jueces mercantiles y civiles por un lado, y los jueces penales o criminales por el otro.

56

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Importantísimos como son los jueces civiles y mercantiles para resolver los conflictos planteados en el campo de las actividades privadas de los individuos, su corrupción no es tan catastrófica como la de los jueces penales, porque los individuos, conscientes de la corrupción de ese poder judicial, pueden recurrir a la justicia privada (como efectivamente se está comenzando a hacer hoy en Venezuela) mediante el costoso pero posible compromiso arbitral, mientras que los ciudadanos víctimas de la corrupción de los jueces penales no tienen salida, están sometidos a un verdadero terrorismo judicial.

Tengo experiencia personal en la administración de la injusticia en Venezuela. El año pasado estuve preso en el retén de El Junquito por auto de detención dictado, entre otros empresarios, contra mí, por un juez nombrado a pesar de carecer de las condiciones legales objetivas para serlo. Había sido expulsado de las Fuerzas Armadas por un proceso iniciado como estrategia comunicacional de una organización política para tratar de tapar el escándalo del cobro de comisiones por la entrega de divisas preferenciales a través de Recadi. En ese proceso, además, se me congelaron mis bienes y fui objeto de los más variados vejámenes.

Ese proceso inicuo puso de manifiesto el año pasado lo que los venezolanos sabíamos desde hacía mucho tiempo: que la administración de justicia estaba podrida. Que en Venezuela no podía creerse en la imparcialidad de los jueces. Las respuestas de los venezolanos a la encuesta Datos desde 1977 hasta 1989 son elocuentes. En 1977, ocho años después de la politización de la justicia, sólo la tercera parte de los venezolanos confiaba en sus jueces. Quince años después sólo una sexta parte creía en la imparcialidad de los encargados de administrar justicia; para el año pasado sólo uno de cada nueve venezolanos creía en sus jueces. La administración de justicia en Venezuela está podrida y los venezolanos lo saben.

Ahora bien, para la selección de los jueces no tenemos más remedio que nombrarlos o elegirlos.

El poder ilegítimo

57

Si regresamos a los principios de la delegación de los derechos individuales y a la solución de las decisiones sociales por mayoría, un primer análisis nos lleva a la imposibilidad filosófica de escoger por mayoría a los jueces encargados de impartir justicia.

Pobre suerte la del miembro de la minoría cuyo destino esté en manos de un juez escogido por la mayoría, especialmente cuando su conflicto por resolver sea con un miembro de la mayoría. No obstante esta filosófica incongruencia, en los países más civilizados, especialmente en los anglosajones, se usa el sistema de la elección por mayoría para la selección de jueces en los escalafones inferiores, en el burgo, donde por su pequeña dimensión se conocen las cualidades y defectos de cada uno, porque a falta de esa forma sólo nos queda la designación por voluntad de quien ejerce el poder.

Un breve recuento histórico de la forma de selección de los jueces en Venezuela nos lleva a que durante nuestra historia independiente el nombramiento de los jueces se llevó a cabo por el poder ejecutivo hasta 1969. Para no remontarnos mucho, comenzando el siglo XX los jueces de Gómez los nombraba Gómez, pero con el asesoramiento de ilustres abogados como Pedro Manuel Arcaya o Pedro Rafael Tinoco. Conocida es la comunicación del dictador Juan Vicente Gómez a su primo Eustoquio, a la sazón presidente del estado Táchira, regañándole y oponiéndose a intervenir en un asunto judicial, y advirtiendo además la importancia de respetar la majestad y la independencia de los jueces. Los jueces de López Contreras y de Medina los nombraban los presidentes de estado, con el asesoramiento de ilustres y probos abogados como Luis Jerónimo Pietri, Tomás Liscano, Tulio Chiossone, Gustavo Herrera o Gustavo Manrique Pacanins. A los jueces de Pérez Jiménez los nombraba un hombre íntegro y capaz que se llama Luis Felipe Urbaneja. A los jueces de Betancourt y de Leoni se nombraban con el consejo prudente y sabio de distinguidos jurisconsultos, entre quienes podemos mencionar a Carlos Morales y Ambrosio Oropeza. En resumen, el nombramiento de los jueces, y por ende

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

la majestad del poder judicial venezolano, había sido respetado por el gobernante de turno, fuera dictador o demócrata.

En 1969 ganó las elecciones por estrechísimo margen Rafael Caldera, reteniendo el control del Congreso el partido Acción Democrática. Para desgracia nacional, los adecos no aceptaron continuar el sistema de nombramiento de los jueces mediante ternas que el presidente de la república presentaba a la Corte Suprema, y utilizaron su mayoría parlamentaria para politizar el nombramiento de los jueces, repartiendo los cargos entre las organizaciones políticas más o menos en proporción a sus votos. A pesar del veto natural que hizo Caldera ante la ley que lo despojaba de su poder y que creó el consejo de la Judicatura, y por ende la politización del poder judicial, finalmente todas las otras organizaciones políticas, incluyendo la propia del Dr. Caldera, aceptaron esta degradación del poder judicial y se limitaron a nombrar sus cuotas de jueces políticos.

Pasamos pues del nombramiento directo y responsable de los jueces por el jefe del poder ejecutivo, a la selección partidista de segundo o tercer grado. No importaba ya la calificación personal de honestidad y competencia. No se trataba de designar como jueces a personas capaces, irreprochables e independientes.

Por el contrario, se trataba de nombrar jueces que respondieran cabalmente a las directrices partidistas. La permanencia de los jueces en sus cargos dependía ahora de su desempeño en el servicio del partido. Si mala era la elección directa por mayoría, mucho peor resultaba la elección indirecta.

Para completar este panorama desolador, la libertad de expresión se ha transformado en Venezuela en un azote para el ciudadano común, ante la negativa de los jueces venales a aplicar las disposiciones sobre difamación e injuria del Código Penal. La libertad de expresión se ha convertido en libertinaje y el país político se ha transformado en adulante permanente de quienes pueden hacer o deshacer reputaciones ante la opinión pública,

El poder ilegítimo

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transformada en espectador atónito e impotente ante los abusos informativos. Ésta es, en apretado resumen, la crisis que enfrenta el Estado de derecho en Venezuela. Éstas son a grandes rasgos las más graves fallas de esa importante institución de la cual depende la vida misma de la democracia venezolana. ¿Qué podemos hacer?

Debemos iniciar de inmediato el rescate de las instituciones, y para ello: Tenemos que rescatar la legitimidad del poder mediante la restitución plena de los frenos constitucionales a la voluntad de la mayoría.

Tenemos que lograr la representatividad de los cuerpos colegiados, especialmente del Congreso Nacional, para que sus miembros sean representantes legítimos de la voluntad popular y sean legítimas las leyes que ellos aprueben.

Tenemos que rescatar la credibilidad en la administración de justicia, estableciendo una fórmula que garantice la independencia y capacidad de los jueces y la selección de los mejores para el desempeño de la magistratura judicial.

Tenemos, por último, que frenar ese ejercicio anárquico de la libertad de expresión aprobando una ley que garantice el uso de esa libertad sin lesionar la honra y la reputación de los venezolanos.

Y tenemos que hacer todo esto porque si no lo hacemos seguiremos transitando el camino de degradación de nuestras instituciones, que termina en el caos. Cuando los venezolanos nos demos cuenta de la irreversibilidad de ese proceso, habrá terminado la democracia.

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Constituci贸n, socialismo y mercantilismo en Am茅rica Latina

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EL SUBDESARROLLO* Nicomedes Zuloaga La existencia de países relativamente más subdesarrollados que otros ha sido conocida desde siempre, lo que no suscitaba ni sorpresa ni voluntad de intervención. Es sólo a partir del «Punto Cuarto» del discurso del presidente Harry S. Truman, en enero de 1949, que su existencia fue considerada como un problema para los Estados Unidos. Además, a partir de la denuncia que hizo el premio Nobel de la Paz, Lord John Boyd Orr, en 1969, de que dos tercios de la humanidad morían de hambre, los países desarrollados de Occidente se sumaron a los Estados Unidos en una gigantesca transferencia de fondos hacia el mundo subdesarrollado.

Cuarenta años después de ese discurso de Truman, Venezuela se considera a sí misma, y es considerada por el resto de las naciones, como parte del mundo subdesarrollado. Es más, últimamente incluso ingresamos de pleno derecho a ese club de países atrasados que se llaman «Los no alineados». Por eso es importante que en Venezuela se hable del subdesarrollo, sus causas y sus soluciones. ¿Qué es el subdesarrollo?

Según Gunnar Myrdal, sociólogo sueco de convicción socialista, podríamos definir las características comunes a todos los pueblos subdesarrollados como: «la falta de disciplina, de solidaridad, de organización, de productividad, de expectativas; incomprensión de los métodos administrativos, jurídicos y comerciales que se usan en los países que han sabido desarrollarse; corrupción habitual que se considera normal. Tradición de fraude, de concusión, de nepotismo, y un sistema económico caracterizado por un dirigismo de corte socialista donde las más pequeñas formalidades están gravadas por una ‘‘mordida’’». _______________________________

Charla dictada ante representantes de los organismos económicos y otras instituciones y personalidades importantes del quehacer zuliano, en Maracaibo, el 18 enero de 1990. Actualizada en octubre de 2006. *

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Lo que no es el subdesarrollo Debemos tener claro que el subdesarrollo no es necesariamente un problema estadístico. No tiene sentido hablar de ingreso per cápita o de producto interno bruto (PIB) para concluir que un país es desarrollado a partir de un nivel y subdesarrollado por debajo del mismo. Es una lamentable confusión considerar necesariamente el aumento en el ingreso per cápita de algún país como un paso hacia el desarrollo y su disminución como un retroceso, cuando lo importante es su distribución. Cuando aumenta el precio del petróleo, por ejemplo, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reciben un verdadero río de petrodólares que aumenta teóricamente el ingreso por habitante en forma vertiginosa, pero es evidente que esos países, analizados integralmente, no han dejado de ser subdesarrollados por esa circunstancia. La mayoría de los países petroleros, especialmente los once que conforman la OPEP, son países que reciben los mayores ingresos en dólares del mundo por concepto de exportaciones, pero lo que han generado es pobreza (Venezuela es un ejemplo contundente).

El aumento del ingreso por habitante de un país sí significa una mejora en la capacidad de consumo de su pueblo, pero no necesariamente ese aumento se traduce en un mayor nivel de desarrollo.

Las causas que no son El subdesarrollo no depende de los recursos naturales con los que el creador dotó a los diversos países del mundo. La situación geográfica, el acceso al mar u otras vías de comunicación natural, el clima, la naturaleza del suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna y la ecología han sido consideradas desde muy antiguo como influyentes factores en el carácter de los habitantes. Ya en el Corpus Hippocraticus, en un maravilloso librito intitulado Tratado sobre los aires, las aguas y los lugares, Hipócrates afirma y demuestra cómo la psicología de los pueblos depende de las condiciones físicas de su hábitat.

El subdesarrollo

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Pero la historia se ha encargado de desmentir esta teoría climática y geográfica del desarrollo. América Latina parecía tener desde tiempos antiguos (y tiene hoy) recursos naturales más grandes que los de la América del Norte. Mucha de su plata y su oro fue a decorar las iglesias y las capillas de las parroquias católicas de España y Portugal. Su clima, generalmente benigno, y las tierras fertilísimas de las mesetas mexicanas, del istmo centroamericano, del piedemonte andino y de la pampa argentina contrastan con lo que encontraron los primeros colonos europeos en Nueva Inglaterra: unas tierras pobres a las que había que arrancar algunas escasas cosechas; un invierno despiadado y un verano de calor abrumador. El desarrollo y la riqueza de la pequeña y árida Suiza y del rudo Japón, frente al atraso del rico Brasil y del México pleno de recursos naturales, son otros mentís históricos a la teoría climática y geográfica como causa del subdesarrollo.

El subdesarrollo tampoco tiene su causa en la raza o etnia de un país determinado. Hasta el final de la época colonial, el Génesis era base de las teorías que consideran que el subdesarrollo tiene como origen las diferencias raciales. Ustedes recordarán que, según el Génesis, cuando Noé tocó tierra firme lo celebró con la plantación de una vid, cosechó la uva, exprimió el vino y se emborrachó. Borracho y con el calor del vino cayó dormido, mostrando su desnudez. De sus tres hijos, Sem y Jafet lo cubrieron respetuosamente, mientras Cam hizo mofa de ellas.

Indignado el Señor, y para castigar a Cam, que iba a engendrar la raza negra, condenó a sus descendientes a transformarse en esclavos de sus hermanos y de su progenie hasta el fin de los tiempos.

Esta parábola bíblica fue explotada por el expansionismo euroamericano del siglo XIX para santificar, entre otras cosas, las conquistas coloniales. Una sutil jerarquía colocaba entonces a los anglosajones a la cabeza de las razas del mundo, seguidos de los germanos después de los latinos y después de los eslavos.

Las teorías de Darwin vinieron a dar una especie de base

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

científica a esta clasificación. En el África negra se les obligó a ser los esclavos, y porque los amarillos perdieron varias guerras se les consideraban razas inferiores. Pero en la medida que han tenido los incentivos apropiados, la raza negra se ha destacado exitosamente. Ello se observa en Estados Unidos, en algunos países de África, como Bostwana y Cabo Verde, que son países considerados los más libres económicamente de ese continente, conjuntamente con Sudáfrica. Los dos primeros, que son de la parte negra, superan al África blanca. Las conquistas económicas impresionantes de la raza amarilla (japonesa, china, coreana, singapurense), el triunfo de los exiliados cubanos (de nuestra raza latinoamericana) en el estado de Florida, y muchos otros ejemplos irrefutables, han echado por tierra la teoría racial como causa del subdesarrollo. Personalmente, cuando regresé a Venezuela después de haber sido embajador en Argentina, le dije al Presidente de la República que una cosa importante había aprendido en el sur: que no podíamos echarle la culpa a los negros por el subdesarrollo de América Latina, porque en Argentina no había negros.

Tenemos, por último, que examinar también la teoría que atribuye a la ética protestante el desarrollo y a la religión católica el subdesarrollo. Cierto es que las actitudes y los valores que predominaron entre los hugonotes de los siglos XVI y XVII fueron los mismos que engendraron «la riqueza de las naciones», pero no eran exclusivamente protestantes, y hemos visto regiones católicas, judaicas, budistas, sintoístas y confucianas manifestar las mismas actitudes y valores. Los factores que favorecieron y dieron una neta prioridad a Europa, en particular la «catolicidad», en el sentido de universalidad de la «caridad», que llevan a la responsabilidad activa hacia todos los seres humanos son características cristianas en general. Max Weber exageró evidentemente al establecer una relación directa entre la emergencia del capitalismo y la ética protestante. Las más recientes investigaciones históricas han establecido que fue la Escuela de Salamanca, en el siglo XV y XVI, la que fundó la escolástica hispana, a través de varias órdenes religiosas como

El subdesarrollo

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los dominicos, franciscanos y jesuitas, que con su sólida formación filosófica, teológica y científica, fundaron las bases de la economía de libre mercado de una manera sistemática.

Su influencia se propagó en el siglo XVII en todos los países de Europa y en Inglaterra, donde contribuyeron a la formación de los liberales ingleses. Es probable que mientras en Inglaterra se sentaron las bases de los principios de las libertades económicas y políticas, y eventualmente se produjo la revolución industrial, se convirtiera en el país líder en la generación de riqueza.

Como era protestante, es factible que se identificara al protestantismo con el capitalismo. La amalgama entre la ética protestante y el capitalismo se efectuó sólo más tarde por la llamada Kulturkampf de Bismarck, que oponía la germanidad a la latinidad, y por la filosofía nacionalista americana que dio como modelo moral la WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant, es decir blancos, anglosajones, protestantes). Al mismo tiempo, como en otros países de Europa, se propagaron las monarquías absolutistas, las cuales eran católicas, es factible que se identificara al catolicismo con la carencia de principios relacionados con la libertad económica. La realidad es que las religiones de raíces cristianas como el catolicismo, el judaísmo, el protestantismo, y otras contaban con principios similares, que en muchas ocasiones a través de la historia fueron desvirtuados y desviados por influencias filosóficas de moda.

Pero tenemos que reconocer que en esta absurda carrera de marxismo-tercermundismo, con contadas, valientes y valiosas excepciones, la Iglesia católica y sus obispos no han sido totalmente inocentes. «Somos las víctimas», dicen los obispos sudamericanos, como si no fueran ellos al menos corresponsables de siglos de hostilidad hacia el comercio, hacia los negocios, hacia la industria, y en general hacia todas las formas de enriquecimiento no agrícola e indispensable para salir de la pobreza; opuestos en sus cónclaves y declaraciones públicas a una economía moderna que no comprendían porque no querían comprenderla. Pero con la encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II, publicada en 1991 para celebrar los cien años de la

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

encíclica Rerum novarum, quedó claro en ambas que la Economía de mercado es el sistema de política económica basado en el respeto a la propiedad privada, lo cual permite que cada quien utilice su propiedad y su creatividad libremente, haciendo así posible el intercambio voluntario de bienes, la aparición del mercado y el intercambio indirecto.

Las causas que sí son Intentemos ahora analizar las causas que llevan a unos pueblos a vivir en la abundancia y a otros a vivir en la escasez.

En mi criterio, la primera causa fundamental del subdesarrollo ha sido el sistema económico adoptado por los pueblos subdesarrollados. Nada es más gráfico para ilustrar la mentalidad económica y política de ese mundo subdesarrollado que la frase de Sékou Touré, ese campeón de la miseria, presidente de la socialista República Popular de Guinea: «Nosotros preferimos la pobreza en la libertad a la riqueza en la esclavitud», lo que quería decir claramente a los jefes de estado actuales y potenciales del mundo subdesarrollado: Occidente les ofrece el desarrollo, pero con la inseguridad de la democracia; nosotros, los marxistas les daremos el medio para tomar y mantener el poder.

Y siguiendo esa directiva apocalíptica de Touré, casi toda el África negra independiente se transformó en una amalgama de paupérrimas repúblicas socialistas con hambrunas recurrentes y con una supervivencia de sus poblaciones dependiente únicamente de la ayuda internacional. Siguiendo esa retórica, sin decirlo muy claramente, los pueblos de nuestra América Latina han sufrido regímenes políticos que en mayor o menor grado se han envuelto en una retórica socialista tropicalizada o al menos en un intervencionismo y populismo económico aberrante que ha mantenido a esos pueblos, como quería Touré: ¡pobres!, pero no libres sino esclavos, en algunos casos de regímenes de fuerza parecidos, pero más salvajes que los de la Europa oriental. La única característica común de todo el mundo

El subdesarrollo

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subdesarrollado ha sido la ausencia de un sistema económico eficiente, guiado por una economía de mercado capaz de invertir eficientemente sus escasos recursos para alimentar a su población y desarrollar su economía; es decir, la ausencia total del llamado capitalismo, unida en casi todos los casos a una ausencia global de libertad personal y política.

Los acontecimientos de la Europa Oriental, con la destrucción de la cortina de hierro, han puesto de manifiesto que el sistema económico socialista no sólo ha sido capaz de mantener en la miseria y en la indigencia a cientos de millones de seres humanos en el mundo subdesarrollado, sino que logró incluso hacer subdesarrollados a pueblos que eran de desarrollo comparable al de las grandes naciones de la Europa Occidental. Vemos el ejemplo de Rumania, antes granero de Europa, que llegó a límites de miseria económica indescriptibles bajo un sistema político socialista, corrupto y esclavista, y que sólo ha sido capaz de cambiar con la aplicación de las políticas de países desarrollados capitalistas.

La segunda causa del desarrollo ha sido la explosión demográfica combinada con políticas populistas y sistemas económicos inadecuados. En 1800, cuando el Libertador tenía 17 años y la gran nación del norte tenía apenas catorce años de independencia, había aproximadamente 4 millones de habitantes europeos en los Estados Unidos, aproximadamente un millón de negros y otro millón de indios. La población de América del Sur para la misma época era tres veces más elevada, con más o menos 19 millones de habitantes. En 1940, casi siglo y medio después, las poblaciones de los Estados Unidos y de América Latina eran equivalentes, alrededor de 130 millones de habitantes. En 1977 la población de los Estados Unidos había logrado un nivel relativamente estable de 220 millones de habitantes, pero en América Latina había subido vertiginosamente a 342 millones de almas. En 2006, mientras la población de los Estados Unidos alcanza 300 millones de habitantes la de América Latina casi se duplicó. Este fenómeno de explosión demográfica en el mundo subdesarrollado se ha repetido paralelamente en África y en el

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Extremo Oriente. La primera causa de ese aumento desmedido de la población del mundo subdesarrollado fueron los avances de la medicina preventiva y curativa en el mundo colonial del siglo XIX. Sin la intervención de los colonizadores europeos, la mayor parte de la población de esas colonias continuaría hoy siendo diezmada por la viruela, la tuberculosis, la enfermedad del sueño, la malaria, la bilharzia y la lepra. El colonialismo europeo, con sus vacunas, sus hospitales y sus acueductos, logró una explosión demográfica gigantesca en el mundo colonial, donde la tasa de mortalidad se situó a niveles europeos, mientras la natalidad seguía su tasa natural. Esta labor sanitaria fue continuada en el siglo XX por la Organización Mundial de la Salud y sus predecesoras. Por otra parte, y durante las últimas tres décadas, la transferencia de recursos del mundo occidental al llamado Tercer Mundo, que ha alcanzado entre dádivas y préstamos que nunca se devolverán la astronómica cifra de 13 mil millones de millones de dólares, ha dado de comer a esos cientos de millones de seres y les ha permitido además mantener una tasa de reproducción que triplica la del mundo desarrollado, porque ese es el único proceso productivo que no requiere entrenamiento previo.

La combinación de políticas económicas inadecuadas, aunada a un crecimiento poblacional ilimitado, ha hecho que la productividad de esos nuevos habitantes del mundo subdesarrollado no haya corrido paralela a esa explosión demográfica. Así, vemos hoy cumplirse la teoría de Thomas Malthus en tantos países subdesarrollados cuya población es incapaz de producir lo necesario para alimentarse, y menos aún para alcanzar niveles aceptables de desarrollo. Nos encontramos pues ante la increíble paradoja de que la ayuda sanitaria y económica que el mundo desarrollado otorgó al llamado Tercer Mundo, a través del colonialismo o solidariamente a través de las organizaciones internacionales, de la Liga de las Naciones o de las Naciones Unidas, con todas sus buenas intenciones, ha producido una gigantesca explosión demográfica. Ello combinado con el más profundo populismo y mercantilismo, son las causas principales de la miseria que hoy agobia a esos pueblos.

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Por último, la causa fundamental del subdesarrollo debemos buscarla en esa mentalidad prelógica, que lleva, en África y algunos pueblos del Lejano Oriente, a considerar el infortunio, la enfermedad y la sequía, como castigos de seres maléficos y a considerar la abundancia, el éxito y la salud no como frutos del esfuerzo humano sino como resultado de prácticas mágicas invocadas exitosamente por los brujos todopoderosos, y en nuestros pueblos de América Latina y especialmente en Venezuela, a esperar todo del Estado, especie de brujo supremo que según las ofertas electorales debe ser capaz de dar a todos el bienestar a que tienen derecho.

Las soluciones al subdesarrollo La redistribución de la riqueza parece seguir siendo la solución invocada por todos los políticos latinoamericanos, que no se dan cuenta de que el desarrollo no es financiable, que los países de la OPEP siguen siendo subdesarrollados aunque naden en petrodólares, que la transferencia de los miles de millones de dólares del mundo occidental no ha logrado eliminar el subdesarrollo en estos últimos 27 años, y que la redistribución y la ayuda internacional sólo han producido una casta de burócratas que invierten la ayuda en gigantescos proyectos megalómanos, al tiempo que mendigan sus votos rasgándose las vestiduras ante la miseria de sus pueblos, mientras esconden sus lujos en cuentas numeradas de los países desarrollados.

Una solución evidente a mediano plazo es a través de la educación.

Existen en realidad pueblos subdesarrollados, como dice un cura amigo mío, porque existen hombres y mujeres subdesarrollados.

Educarlos es una forma segura de que entiendan las condiciones fundamentales del desarrollo y las apliquen para lograr mejorar sus condiciones de vida.

Pero hasta ahora hemos visto al subdesarrollo con una óptica algo distante. Veamos de cerca cuáles son las características del caso venezolano y las actuaciones de nuestros Gobiernos en las últimas décadas en relación con este problema.

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Desde el punto de vista político, el desarrollo se identifica con los derechos del hombre, esos mismos que dieron origen a la más estable democracia del mundo desarrollado, cuando se los arrancó el pueblo inglés a Juan Sin Tierra en la Carta Magna, en 1215. Los derechos del hombre y del ciudadano frente al monarca; los derechos del débil frente al fuerte; del ciudadano frente al Estado; de la minoría democrática frente a la mayoría en el poder.

No se requirió en la Inglaterra de Juan Sin Tierra, ni en la Suiza de Guillermo Tell, el establecimiento de una democracia formal para hacer realidad esos derechos; esos fueron regímenes políticos que evolucionaron muchos siglos después. Bastó con que el soberano los reconociera y respetara.

Pues bien, esos derechos fueron claramente establecidos en la Constitución venezolana de 1961. Pero quizás uno de los más importantes de entre ellos, el derecho a dedicarnos a la actividad económica de nuestra preferencia, se encuentra suspendido desde el mismo día en que se aprobó nuestra Constitución. Los políticos que escribieron nuestra ley fundamental no fueron capaces de ponerla totalmente en vigencia, y desde ese punto de vista escribimos el desarrollo en nuestra Constitución, pero lo borramos el mismo día. Y con base en esa suspensión de la garantía económica, hemos contemplado al mundo político venezolano llevar a cabo grandes y subdesarrolladas políticas económicas, casi todas conducentes al ambiente de corrupción administrativa general que nos envuelve y a la dilapidación de toda nuestra renta petrolera y cerca de 50 mil millones de dólares en préstamos nacionales e internacionales. Y con base en esa suspensión hemos sufrido un sistema económico intervencionista, populista, con retóricas socialistas, con excesivos proteccionismos industriales y con medidas de redistribución coactiva de la riqueza, que están reñidas con el verdadero desarrollo.

Otra de las características fundamentales del desarrollo democrático es la independencia de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La ausencia de esa separación es característica común de los regímenes políticos del mundo

El subdesarrollo

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subdesarrollado y de los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Las formas democráticas están escritas en todas las Constituciones del mundo subdesarrollado y en las de los países esclavos del mundo comunista. Hitler accedió al poder por el voto popular. Perón en Argentina obtuvo la más grande mayoría de voto popular que recuerda la historia de América Latina. No se trata pues de escribir Constituciones, ni de practicar el ejercicio del voto. El problema es mucho más profundo. Se trata de aplicar efectivamente las garantías y las libertades que se han escrito en esas constituciones.

El poder Legislativo se ha integrado en la Venezuela democrática eligiendo a los representantes populares mediante tarjetas de colores y listas preparadas en los cenáculos partidistas, lo que ha conducido a la elección de representantes que no representan a nadie, desvinculados la mayoría de las veces de las regiones que dicen representar y hasta negociados con reyezuelos periodísticos a cambio de apoyo electoral de sus medios de comunicación.

En cuanto al poder judicial en Venezuela, su independencia deja mucho que desear. Hasta 1969 la escogencia de los jueces la llevaba a cabo el presidente de la República mediante la presentación de ternas a la Corte Suprema. Los jueces estadales eran elegidos en su tiempo por las Asambleas Legislativas. La política tenía cierta influencia en el poder judicial, pero el nombramiento de un juez venal era responsabilidad de quien lo había propuesto, del propio presidente de la República, o en el ámbito más reducido de la entidad federal, de quien lo había propuesto ante la Asamblea Legislativa.

En 1969, fue elegido presidente de la República, por escaso margen, el Dr. Rafael Caldera, y la mayoría parlamentaria la conservó Acción Democrática. Y para evitar que fuera el presidente de la República quien designara a los jueces siguiendo el procedimiento de las ternas, anteriormente descrito, la mayoría parlamentaria creó el Consejo de la Judicatura para

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

llevar a cabo un vergonzoso reparto político de los cargos judiciales. Y allí terminó la poca o mucha independencia del poder judicial en Venezuela. Allí se sentaron las bases de esa vergüenza internacional que llamamos «terrorismo judicial», donde, con honrosas excepciones, los tribunales son sitios donde las partes acuden muchas veces no a buscar justicia sino a comprarla, donde los compadrazgos políticos influyen en las decisiones judiciales y donde estratégicamente se esconden corrupciones burocráticas con procesos inicuos al sector privado nacional.

No han sido, pues, proclives al desarrollo las medidas tomadas en los últimos tiempos por el mundo político venezolano. El único que trató de llevar a cabo una verdadera clarificación del proceso económico venezolano, semejante a la que llevó a cabo el Gobierno militar del general Pinochet y que ha llevado a la economía chilena a la cabeza de la América Latina, fue el presidente de la República Carlos Andrés Pérez. Desafortunadamente fracasó, porque Venezuela está enferma de un populismo que la ha llevado al camino de la servidumbre. A nosotros, los representantes del sector privado nacional, nos corresponde no sólo entender el proceso, sino fomentar una lucha que concrete esa clarificación económica, porque es la única salida y la única esperanza que tenemos, desde el punto de vista económico, para lograr un verdadero desarrollo.

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LA INDUSTRIALIZACIÓN FORZADA EN AMÉRICA LATINA* Nicomedes Zuloaga Es para mí muy placentero dirigirme a esta nutrida representación de los productores venezolanos. Porque me parece oportuno recordar a ustedes que consumidores somos todos, pero que productores no son sino aquellos que dedican sus esfuerzos diarios a producir ya sean bienes o servicios. A quienes producen bienes los llamamos industriales, a quienes producen servicios los llamamos comerciantes, pero desde el punto de vista económico no existe esa trajinada y a veces intencionalmente explotada dicotomía entre industriales y comerciantes. Todos los aquí presentes, industriales o comerciantes, somos productores de bienes o servicios, y en nuestra actividad descansa realmente el futuro nacional.

En aras de la brevedad voy a iniciar esta exposición refiriéndome al caso hipotético de sólo dos naciones; de sólo dos productos de la misma calidad y a la eficiencia relativa de un sólo factor de producción, la mano de obra, dejando expresamente fuera del ejemplo el costo de materias primas y otros insumos, la disponibilidad de capital y de financiamiento y el costo de los otros factores de producción.

El nombre de las naciones del ejemplo lo he tomado prestado de un trabajo de mi buen amigo Manuel Ayau, ex rector y fundador de la Universidad Francisco Marroquín en la ciudad de Guatemala, y reciente ex candidato a la vicepresidencia de ese país. Esas naciones de nuestro ejemplo se llamarán pués Japonia y Latinia. _________________________________

Exposición ante el Congreso de Venezuela de la Industria, el 10 de abril de 1991. (Los nombres y los ejemplos fueron tomados de escritos de Manuel F. Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala). *

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

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Los dos productos de nuestro ejemplo son receptores de radio y televisores, pero podrían ser autos y motocicletas y cualesquiera dos otros productos cuyo valor final esté afectado, fundamentalmente, por la eficiencia de la respectiva mano de obra.

JAPONIA

LATINIA

RADIO S

2 HH

4 HH

TELIVISORES

10HH

25 HH

D IF. 2 a 1 2,5 a 1

Japonia es en nuestro ejemplo un país cuya población es entrenada, disciplinada, respetuosa de sus mayores y de sus ancestros, competente y productiva. Los trabajadores de Japonia son capaces de armar un receptor de radio en dos (2) horas-hombre y un televisor en diez (10) horas-hombre.

Latinia, por su parte, tiene una población poco o mal entrenada, indisciplinada e incompetente, que requiere de cuatro (4) horashombre para armar un receptor de radio y de veinticinco (25) horas-hombre para armar un televisor.

La productividad inferior de la mano de obra de Latinia es evidente. A primera vista parece pues imposible que el comercio de receptores de radio y televisores pueda tener lugar entre esas dos naciones, ya que parece absurdo que Japonia vaya a negociar radios o televisores con Latinia, cuando ella puede producir ambas cosas más eficientemente.

Pero noten ustedes que la ineficiencia de Latinia no es igual en ambos casos. Cuando se trata de radios, es sólo de la mitad de Japonia (2 a 1); en cambio, cuando se trata de televisores, es de dos y medio a uno (2.5 a 1). Son los latinios de nuestro ejemplo menos ineficientes produciendo radios que televisores.

La industrialización forzada en América Latina

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Producción autárquica de 1.000 horas hombre JAPONIA

LATINIA

TOTAL

RADIOS (500 HH)

250

125

375

TELIVISORES (500 HH)

50

20

70

En condiciones de autarquía y trabajando 1.000 horas-hombre para producir ambos productos, Japonia invertiría 500 horashombre para producir 250 receptores de radio, y 500 horashombre para 50 televisores. Latinia, por su parte, invertiría 500 horas-hombre para producir 125 receptores de radio y 500 para producir 20 televisores. La producción sumada total de ambas naciones en condiciones de autarquía sería pués de 375 receptores de radio y 70 televisores.

Ambas naciones con especialización JAPONIA

LATINIA

TOTAL

AUT.

BENEFICIO

RADIOS

70

-0-

70

-70

-0-

TELIVISORES

150

250

400

-375

+25

Ahora bien, si Japonia se dedicara preferentemente a la producción de televisores, en donde es relativamente más eficiente, y Latinia a la producción de receptores de radio, donde es relativamente menos ineficiente, y si por ejemplo queremos producir los mismos 70 televisores de la producción autárquica, Japonia tendrá que invertir 700 horas para producir los 70 televisores, y además tendrá 300 horas adicionales disponibles para dedicarlas a la producción de radios, por lo que logrará producir 250 radios (1.000/4). Entonces tendremos una producción conjunta de 70 televisores más 400 receptores de radio, que como por arte de magia produce una ganancia neta de 25 receptores de radio con respecto a la producción autárquica.

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

El intercambio comercial produce pues un producto total mayor y por ende beneficio para ambas partes. Y esto ocurre entre las naciones de nuestro ejemplo porque la ineficiencia de Latinia no es igual en ambos casos. En los receptores de radio la ventaja comparativa de la mano de obra de Japonia es de 2 a 1, en los televisores es de 2.5 a 1. Entonces ambos países se beneficiarán con el comercio, si Japonia se dedica preferentemente a producir aquello para lo cual es relativamente más eficiente, y deja a Latinia la producción de aquello para lo cual es menos ineficiente.

Recalco que este es un ejemplo teórico y que estoy perfectamente consciente de que el comercio real entre naciones del mundo actual es mucho más complejo y está afectado no sólo por la ineficiencia o eficiencia relativa de varios factores de producción distintos de la mano de obra, sino también por factores monetarios, geográficos, climáticos y geológicos, y por la restricción provocada por disposiciones legales de todo tipo que tratan de modificar e incluso impedir el comercio internacional.

Tampoco explica este ejemplo la teoría de las ventajas competitivas que el ambiente nacional otorga a determinadas industrias, o a todas las de un país determinado, y que se refieren al clima de seguridad personal, a la existencia de un verdadero Estado de derecho, a la eficiencia de los servicios públicos, a la información estadística confiable, a las características especiales de una producción determinada, y a tantos otros factores que se requerirían muchas charlas como ésta para abordarla.

Lo que acabo de exponer es una simple vulgarización de la ley de las ventajas comparativas, o de los costos comparados, que expuso hace más de 150 años David Ricardo.

A esta ley se la ha llamado también la ley de la asociación, porque produce la asociación automática entre los hombres, pero yo creo que podría también llamársele ley del mercado.

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En efecto, la igualdad entre seres humanos es un mito. Es más, es una imposibilidad biológica entre seres que se reproducen sexualmente, por esa carrera random entre los millones de espermatozoides que compiten para la fecundación del óvulo.

No hay pues dos seres humanos iguales, es más, no puede haberlos. Algunos caracteres genéticos, es cierto, se trasladan por herencia de padres a hijos, pero las condiciones intelectuales, las capacidades manuales y lógicas, las facilidades para el cálculo teórico y matemático, la facilidad de expresión, comunicación y cooperación con otros seres humanos, el espíritu empresarial y tantos otros caracteres que conforman la personalidad, hacen de todos los hombres y mujeres del mundo especímenes únicos. Esa desigualdad innata entre los seres humanos hace que algunos sean más fuertes que otros, de mejor apariencia, unos más altos y otros más bajos, unos de ojos o de piel más claros y otros de ojos o de piel más oscura, pero no por ello unos son mejores que otros. Son simplemente diferentes. Y es por esta razón que las naciones que integran esos seres humanos son también diferentes, a veces unas son más «Japonias» para la manufactura de algo y otras veces son más «latinias» para la manufactura de otra cosa.

Durante milenios, en todo el globo, en las regiones conocidas y en las no descubiertas, y con muy contadas y limitadas excepciones en la historia, como en la Babilonia de Nabucodonosor o en la Roma de los Antoninos, la humanidad conoció una única forma de lograr la cooperación y la producción pacífica entre hombres y mujeres con capacidades marcadamente diferentes entre sí: el más fuerte sometió al más débil y lo hizo su esclavo para trabajar según sus capacidades. En una u otra forma la esclavitud a la que fue sometido el más débil fue el sistema de producción de bienes y servicios de toda la humanidad. Fue sólo a finales del siglo XVIII, hace apenas un poco más de 200 años, con la publicación de la Riqueza de las naciones, de Adam Smith, y el nacimiento oficial de la ciencia económica, que la humanidad realizó la existencia de esa ley de asociación que opera automáticamente produciendo,

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mediante el intercambio, la pacífica cooperación entre seres humanos de diferentes capacidades y habilidades, entre japonios y latinios de todo tipo, inteligencia, raza, estructura, religión o color, con beneficio para todos. Así nació el mercado, a través del intercambio, y así se inició esta era de progreso en que vivimos y en la cual la riqueza de unos, obtenida a través del mecanismo del mercado, es una riqueza económica y moralmente justa, ya que no se puede obtener sino mediante la producción de bienes y servicios destinados únicamente a la satisfacción de las necesidades más preciadas y sentidas por las grandes mayorías. Y se produce así simultáneamente el nacimiento de un verdadero comercio internacional, hasta ese momento casi inexistente, al darse cuenta las naciones del mundo del beneficio que se producía para todos con ese intercambio.

Cuando no se interviene el mercado y se permite el libre intercambio, la ley de los costos comparados produce automáticamente beneficio y prosperidad. Cuando se interviene el comercio entre los hombres y se impide y estorba el funcionamiento del mercado y se eliminan sus indicadores indispensables, que son los precios, se produce desintegración, malestar y pobreza, como la que se produjo en la Roma de Diocleciano con su edicto De maximus que terminó con la prosperidad y originó la desintegración del Imperio y dio origen al sistema de producción en unidades autárquicas encerradas tras los muros de esos lindos castillos medioevales.

Y es esa misma ley la que hace que los hombres, si los dejan libres, no se dediquen a producir todo lo que necesitan dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad o dentro de un mismo pueblo. Sus eficiencias e ineficiencias relativas hacen pues que naturalmente, sin intervención de nadie, se produzca la especialización de tareas entre individuos y naciones diferentes, y es precisamente esa especialización y ese intercambio de bienes y servicios producidos lo que logra prosperidad para todos los participantes.

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Venezuela está viviendo hoy (1991) una hora crucial para los productores venezolanos. Durante más de treinta años las leyes y decretos que regulan la actividad económica venezolana han estado signados por la llamada sustitución de importaciones. La intervención del Estado en la actividad de los productores venezolanos ha estado dirigida en una u otra forma a evitar que al consumidor venezolano se le ofrezcan productos más baratos o mejores, o ambas cosas a la vez, y esa intervención ha estado escudada detrás de aquel famoso eslogan de un ministro de Fomento de Rómulo Betancourt: «Venezuela se industrializa o se muere».

Para lograr esa industrialización forzada se ha recurrido durante las últimas tres décadas, además de a la protección arancelaria, a toda suerte de medidas económicas coercitivas, la mayoría de ellas inconstitucionales, para lo cual la garantía de libertad económica prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional fue suspendida desde el mismo día en que se aprobó la Constitución de 1961.

Esta brutal intervención en el funcionamiento de las leyes del mercado durante más de tres décadas no ha sido un fenómeno exclusivamente venezolano. Casi toda América Latina siguió las refutadas pero políticamente convenientes, teorías de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, dirigida durante la mayor parte de ese periodo directa o indirectamente por uno de los hombres más influyentes y más nefastos que ha vivido en nuestro continente, el desaparecido economista argentino Raúl Prebish. Latinoamérica se embarcó entonces en un proceso de industrialización forzada e ineficiente que la ha convertido en basurero de la industria mundial.

Verdadera Latinia industrial en el mundo civilizado.

Este proceso de varias décadas de lo que se llamó «el culto a la chimenea» latinoamericana, ha tenido, para América Latina en general y para Venezuela en particular, consecuencias negativas de todo orden. Veamos algunas:

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1) La inversión industrial fue atraída a la región no por estudios serios sobre las ventajas comparativas o competitivas de un país determinado, sino por la mayor o menor capacidad legal de explotación de mercados cerrados a la competencia y a la calidad internacional. Las grandes empresas multinacionales norteamericanas, por ejemplo, en trance de declarar obsoleta de un plumazo toda su planta industrial ante el acoso de la competencia robotizada japonesa o europea, trasladó muchas veces a nuestros países su hardware y su sofware desactualizados, cuyo único destino posible era entonces el basurero industrial.

Por ejemplo, hasta por lo menos 1985 la empresa Ford seguía produciendo en la Argentina el Ford Falcon, descontinuado en los Estados Unidos dos décadas antes. Y muchos industriales latinoamericanos, nuevos o ya establecidos, cayeron también en la tentación, atraídos por los mercados cerrados y por los privilegios de cuotas y otras legislaciones restrictivas, de no renovar su planta industrial o de invertir su escaso capital adquiriendo, a un teórico «buen precio», equipos de producción y maquinarias ya obsoletas y destinadas, repito, al basurero industrial del mundo desarrollado. Durante estas tres décadas no existió proceso productivo para el cual no se instalara una fábrica en América Latina. Y el parque industrial de nuestro continente se fue formando con los desechos del mundo desarrollado, haciendo cada vez más difícil nuestra incorporación al comercio mundial.

2) Tras las barreras proteccionistas ya existían algunas empresas industriales más o menos eficientes, y se fueron instalando en cada ramo industrial varias nuevas empresas productoras, en muchos casos ineficientes si fueran medidas frente al mercado internacional. Pero sus respectivas ineficiencias no fueron iguales.

Al cabo de algunos años de protección, varias de ellas habían mantenido o logrado niveles de productividad comparables a los del resto del mundo. Hubieran incluso, esos industriales venezolanos, podido entonces prescindir de la muleta oficial y exportar y competir en calidad y precio con sus productos en el mercado mundial, como lo están haciendo hoy varios de ellos.

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Pero, indefectiblemente, el nivel de protección se otorgaba por el país político a una altura suficiente para que no sufrieran pérdidas los menos eficientes, y con ese alto nivel, los eficientes ganaban mucho dinero. El interés, pues, de mantener la protección fue unánime: para los productores más ineficientes, porque en ello les iba la vida misma; para los relativamente más eficientes, porque con ese gigantesco nivel de protección y ese mercado cautivo las utilidades eran mucho más que mejores, eran excelentes. Y esta situación fue además desnaturalizando progresivamente la verdadera función de los organismos gremiales de la industria, que presionados por sus miembros tanto eficientes como ineficientes, se fueron transformando paulatinamente en verdaderos mercaderes de la permanencia y hasta del incremento de las muletas oficiales.

3) En cuanto a la política monetaria, en casi todo el continente latinoamericano se practicó la inflación como sistema de protección adicional a la producción local ineficiente. Los tipos de cambio se fueron deteriorando a pedido de los industriales locales, para distanciarlos aún más de la realidad del mercado mundial en cuanto a calidad y precio. En los países líderes de este proceso de descomposición industrial, la inflación llegó a límites matemáticamente inconcebibles, que hacía recordar la desgraciada hiperinflación alemana de la primera postguerra.

La moneda local fue perdiendo valor y significado como medio de pago, y se fue dolarizando la economía paulatinamente en busca de un signo monetario que representara un valor estable.

En Buenos Aires de hace unos meses circulaban más billetes de dólares que en cualquier gran ciudad norteamericana.

4) En toda América Latina esta política trajo como consecuencia, además, la transformación de los precios del mercado en precios políticos. Ha habido, es cierto, una tendencia entre los líderes políticos latinoamericanos educados en las falacias socialistas a considerar el precio como una odiosa invención del sistema capitalista destinada a explotar a las mayorías empobrecidas.

La lamentable ignorancia económica de nuestros líderes no los

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deja ver que el precio no es ni capitalista ni socialista, que simplemente es neutro e indispensable. Es únicamente, como lo repetía a diario Gorbachov, un instrumento indispensable de cualquier política económica para optimizar la producción, es decir, para orientar la producción y las inversiones hacia aquellos rubros más deseados o más escasos en el intercambio comercial nacional e internacional. Pero los precios son únicamente precios cuando se forman en el libre intercambio de bienes y servicios en un mercado no intervenido, porque son la consecuencia de la apreciación de valor subjetiva de cada individuo. No son esa caricatura que usurpa su nombre y cuya fijación hace el mundo político de acuerdo con sus erradas o interesadas convicciones.

Con la desaparición de ese indicador indispensable de verdaderos precios, la inversión de nuestros escasos capitales fue derivando aún más hacia la irracionalidad económica y la corrupta conveniencia política.

5) Esta absurda política industrial trajo también como consecuencia que el beneficio empresarial se fuera desnaturalizando y perdiendo su soporte moral. No era ese beneficio ya el fruto de la producción de bienes y servicios mejores o más baratos, para satisfacer las necesidades más sentidas de la mayoría. Era cada vez más el fruto del favor recibido del amigo político y de la corrupción del funcionario que tenía a su disposición la discrecionalidad de decir que sí o que no, de otorgar o negar el permiso o la cuota, o la indebida protección. Y así, en forma casi inconsciente, el sector privado nacional se fue haciendo cómplice obligado en la explotación de las mayorías consumidoras y en este mar de corrupciones que ahoga hoy a Venezuela.

6) Y, por último, en materia agrícola no existió cultivo de las zonas templadas que no se practicara en las zonas tropicales de Latinoamérica, con cuantiosísimas inversiones en infraestructura y maquinarias, y con prescindencia total de la productividad.

El bajo rendimiento por hectárea, debido a factores climáticos y geográficos, no impidió que inescrupulosos e inveterados

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comerciantes del agro, ayudados por plumas alquiladas y bien financiadas, obtuvieran varias veces y para diferentes rubros protecciones para sus cultivos, a nivel del más ineficiente productor, obligando al consumidor venezolano a pagar varias veces el precio normal de sus alimentos para llenar los bolsillos insaciables de los menos ineficientes y más inescrupulosos cultivadores.

Poco ha importado que en las zonas templadas del mundo se cultiven el doble o más kilos por hectárea para que se haya protegido al agricultor latinoamericano con la falacia de la autosuficiencia alimentaria y la desintegración del comercio mundial, alegando los errores y los subsidios de erradas políticas foráneas como base de nuestros propios disparates. Las protecciones y las muletas oficiales no han tenido límite en estas tres últimas décadas. El otorgamiento de cuotas de importación de rubros agrícolas más baratos, circunstancialmente signadas por la producción nacional, ha deformado mediante la corrupción de funcionarios de todo nivel hasta las estadísticas mundiales de producción agrícola venezolana, inventando producciones inexistentes para vender así las cuotas que permitían la importación de cereales más baratos; y aún hoy leemos emocionados petitorios al Jefe del Estado carentes de toda base de racionalidad económica, para que en beneficio de sus propios bolsillos tuerza el rumbo y continuemos profundizando el disparate agrícola.

Ahora bien, a comienzos del segundo período constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez, reconociendo con gran valor político que Venezuela transitaba en materia industrial una verdadera «autopista a Buenos Aires», como acertadamente la llamó Uslar Pietri, anunció un plan de apertura económica destinado a incorporar la economía venezolana a la economía mundial. Dentro de ese plan, cierto es que no se ha atrevido todavía el país político venezolano a restituir el pleno goce de las garantías económicas a sus conciudadanos, pero sí ha comenzado a reducir progresivamente las protecciones

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arancelarias y a eliminar casi todas las inconstitucionales restricciones cuantitativas bajo las cuales se había desarrollado hasta ahora la industria nacional. Y ello bastó para que se levantara un verdadero coro de plumas, de voces y de imágenes alquiladas por algunos industriales de invernadero para criticar esas medidas de apertura económica y vaticinar el fin de la industria nacional si se le quitan las muletas oficiales. Y como demostración de que el fenómeno no fue sólo venezolano, nos visitó una nutrida representación oficial y empresarial colombiana con el doble objeto de presionar directamente al Gobierno para que regresara a la nefasta política industrial proteccionista, y para convencer a los industriales venezolanos de que estaban en trance de desaparecer si se eliminaban las muletas oficiales a la industria.

Los industriales fueron víctimas, pues, de una verdadera campaña orquestada para producirles un gigantesco complejo de inferioridad industrial. Según esa campaña no sólo nuestras máquinas son inferiores, sino nuestros gerentes son malos, nuestros auditores no auditan, nuestros creativos publicitarios no crean, nuestros supervisores no supervisan, nuestros trabajadores no trabajan. En otras palabras, seríamos un pueblo de latinios integrales nadando en petróleo. Y lamentablemente muchos de los industriales venezolanos ya han sido víctimas de esa campaña de desprestigio y descrédito, y comienzan a creer que la industria nacional no puede ni caminar, ni competir, ni exportar sin las muletas del Estado. Yo me he atrevido a hacer esta descarnada, sincera y creo oportuna evaluación del proceso industrial venezolano, por varias razones: Primero, porque este proceso absurdo de industrialización forzada no lo inventamos nosotros los industriales, y por lo tanto, no tenemos de qué avergonzarnos por haber aprovechado la protección o haber iniciado y gerenciado nuestras industrias protegidas en los últimos treinta años. Esa política fue diseñada y adelantada en el país político con fines a veces ideológicos, pero muchas veces proselitistas y financieros, y puso en la mesa de los industriales venezolanos un verdadero festín de

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Baltasar a costa del consumidor venezolano. Y los industriales honestos de Venezuela, se vieron enfrentados a la ineludible disyuntiva de concurrir y participar en el festín, o de retirarse de toda actividad industrial dejando el campo libre a esos corruptores industriales amigos del país político, para que sólo ellos disfrutaran del festín.

También porque no creo que la industria venezolana esté en trance de desaparecer por la incorporación del país al comercio mundial. Nuestros industriales son capaces de producir bienes comparables en precio y calidad con los importados, como lo están demostrando varias empresas con sus crecientes exportaciones; porque aun cuando nuestra industria no fuera todavía capaz de competir internacionalmente en precio y calidad, la producción nacional subsistirá por aplicación de la ley de costos comparados.

Pero, fundamentalmente, porque estoy seguro de que ustedes comparten conmigo la convicción de que Venezuela no podía seguir en ese camino de irracionalidad industrial que transformaba cada vez más nuestros beneficios en pagos vergonzantes, recibidos del padrino político, en vez de la justa y moral remuneración por el servicio prestado y porque estoy convencido de que los industriales venezolanos tienen que enfrentar valientemente el reto que significa adaptar sus procesos productivos al mercado internacional, aun aceptando los sacrificios económicos que eso significa.

Porque sólo así nuestros hijos y nuestros nietos podrán seguir siendo industriales venezolanos, quizás menos ricos, pero mucho más orgullosos, mucho más fuertes, mucho más democráticos y mucho más independientes de esa asquerosa corrupción que nos rodea, y que pretende, como en el famoso caso del Dr. Fausto, que sigamos vendiendo nuestra alma al diablo a cambio de unas cuantas monedas.

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VENEZUELA, UNA SOCIEDAD RENTISTA, PRODUCTO DEL POPULISMO CONSTITUCIONAL* Leonor Filardo(**) Mirando hacia atrás podemos apreciar la significación de los sucesos pasados y trazar las consecuencias que quedaron de su tránsito.

Friedrich Hayek1

Marco teórico Anne Krueguer, Tulok, Stiggler y Tollison, 2 entre otros, desarrollaron la teoría de los buscadores de renta (rent seekers), la cual distingue la renta normal de la renta monopólica. Ésta última es creada por los privilegios que otorga el Estado mediante restricciones a diferentes sectores económicos y sociales, como por ejemplo, el proteccionismo al comercio mediante barreras arancelarias y no arancelarias, y subsidios a las exportaciones; control de precios sobre los bienes y servicios; control de tasas de interés; subsidios a sectores ineficientes y control cambiario.

En lo social, promesas populista que comprenden todo tipo de asistencia. Esta teoría, de algún modo, no es otra cosa que el nombre moderno del mercantilismo.

___________________________________

Este ensayo es parte de un trabajo que la autora presentó en la Universidad George Mason, en 1995, en la cátedra de Economía Constitucional que dictaban James Buchanan y Víctor J. Vanberg. Por sugerencia de Nicomedes Zuloaga, visto su vigencia, lo actualizó para ser publicado en este libro. *

Friedrich Hayek. Camino de servidumbre. 1944. Hayek ganó el premio Nobel de Economía en 1974 por sus advertencias sobre las consecuencias nefastas del comunismo, socialismo, populismo, fascismo y nazismo.

1

Anne Krueguer. The Political Economy of the Rent Seeking Society. Robert D. Tollison Rent Seeking: A Survey. Stiggler George. The Theory of Economic Regulations. Tullock Gordon. Efficient Rent Seeking.

2

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La rentabilidad normal de un negocio es una de las principales características de un sistema de precios en un mercado sin regulaciones que genera valor genuino de producción en la economía, porque los recursos, a través de este sistema, son utilizados eficientemente. La renta monopólica creada artificialmente por el Gobierno, conjuntamente con el costo para hacer presión a los políticos a fin de que aprueben las protecciones a empresas ineficientes (lobbing for rent), se transforma en un peso muerto de producción, lo cual implica que los recursos se desvían del costo de oportunidad más eficiente, visto que el Gobierno concede privilegios a grupos de interés.

En Venezuela, la búsqueda de rentas monopólicas ha sido y es el resultado de un marco institucional construido sobre bases populistas, buscando el subterfugio del lado sensible y emocional de la ignorancia humana. Desde que se puso de moda el intervencionismo de Estado, Venezuela lo adoptó como una de las soluciones más viables para resolver los problemas de la población.

De esta manera, la gente de diferentes niveles, cada vez que surge un líder, realmente creen que el nuevo gobernante y el Gobierno que dirige están comprometidos con un manejo responsable y honesto de la economía, y que tiene las mejores intenciones de resolver todos los problemas económicos y sociales.

La realidad es que ello tiene su origen en los principios ideológicos constitucionales que establecen metas y aspiraciones sociales ilimitadas, las cuales encubren al mercantilismo.

Las constituciones de 1961 y 1999 El parlamento venezolano aprobó primero la Constitución de 1961, y mediante una constituyente se redactó una nueva Constitución, en 1999. En ambas, los principios fundamentales colocan a la democracia como el sistema de Gobierno que garantiza a los ciudadanos sus derechos, pero la realidad es que ha sido una democracia de las mayorías sin protección de las minorías. El preámbulo de la Constitución de 1999 recoge los principios y derecho generales, que son los mismos que los anteriores: «Un

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Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear».

El propósito de este trabajo es analizar los resultados de algunos aspectos constitucionales que han transformado a la población en una sociedad rentista, en el aspecto económico y de justicia social.

Seleccioné tres secciones de las dos constituciones: de los derechos sociales y de la familia (título I capítulo IV de la Constitución de 1961; y Título III capítulo V de la de 1999); de los derechos económicos, (Capítulo V de la Constitución de 1961; y título VI capítulo I de la de 1999) y de las regulaciones presupuestarias (título VIII capítulo I de la Constitución de 1961; y título capítulo II de la de 1999). Para ello comenzaré por describir el contenido de ambas constituciones en cada materia.

Derechos sociales. La Constitución de 1961 establecía que el Estado protegerá y cuidará de la familia, especialmente de las madres y de los niños. Para implementar esta protección, el Estado asegurará el desarrollo de los niños, de tal manera que crezcan en condiciones morales y materiales adecuadas (artículos 73 y 74). Al mismo tiempo, la Constitución indica que el estado proveerá ayuda a los padres para cumplir y compartir con ellos sus responsabilidades de alimentación y educación de los hijos hasta que sean jóvenes.

La Constitución prevé la protección de los niños contra el abandono, abuso y explotación (artículo 75). Igualmente, contempla que el estado provea a la población de viviendas, proteja la salud y la educación (artículos 73, 76 y 78). Todo el

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mundo tiene derecho al trabajo y el trabajo está protegido por una ley especial (artículos 84 y 85) que, a su vez, protege el salario mínimo, las prestaciones y regula el tiempo y los días que los empleados deben trabajar, así como sus vacaciones (artículos 86, 87 y 88). La Constitución promueve y protege a los sindicatos, a los líderes sindicales, el empleo y el derecho a la huelga (artículos 91 y 92), el sistema de seguridad social para proteger el desempleo, las enfermedades, la vejez, la muerte y cualquier otro riesgo social. Aquellos que no tengan medios económicos estarán asistidos por la seguridad social mientras se incorporan al sistema (artículo 94).

La Constitución de 1999 incluye en el título III, capítulo V de los derechos sociales y de la familia 22 artículos del 75 al 97, con idénticos derechos que la de 1961, con una redacción que profundiza aún más dichos derechos.

Derechos económicos La Constitución de 1961 establece el sistema económico basado en principios de una justicia social que aseguraría a la población una existencia digna. Para ello el Estado promovería el desarrollo económico a fin de generar riqueza, aumentar el ingreso y fortalecer las bases económicas del país. Aun cuando otorgaba libertad a los agentes económicos para desarrollar actividades de su preferencia, limitaba dichas actividades en la Constitución y en las leyes. Específicamente prohibía la usura, los aumentos de precios y abusos (artículos 95 y 96). Prohibía los monopolios, pero el Estado se reservaba el poder de otorgarlos por motivos de necesidad pública. Otorga al Estado el derecho de explotar industrias específicas (artículo 97).

Aun cuando protegía la iniciativa privada, le otorgaba al Estado el poder de regular, planificar y racionalizar la producción, distribución y consumo para alcanzar el desarrollo económico (artículo 98). El derecho a la propiedad privada se protege pero en función social de interés público. Así, se determina que la

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propiedad privada sería regulada para cumplir con las restricciones de la ley (artículos 98 y 99). En caso de que fuera necesario llevar a cabo expropiaciones, las mismas se realizarían con la compensación justa. En cuanto a la reforma de la tierra y por cuestiones de interés nacional, la compensación por expropiaciones pudieran ser diferidas, o se podrían cancelar parcialmente mediante la entrega de bonos de la República que se deben aceptar obligatoriamente (artículo 101). El latifundio o propiedad de grandes extensiones de tierra se consideraba en contra del interés social y por lo tanto lo prohibía y regulaba por una ley especial (artículo 105). El Estado se considera el único propietario de los recursos naturales; y por ello, el único al que se le otorgan derechos para explotarlos en beneficio de los venezolanos (artículo 106).

La Constitución de 1999 en el título VI, capítulo I, incluye 11 artículos con un contenido similar a los artículos descritos, la única diferencia es que en los dos últimos (308 y 309) establece la protección y promoción a «la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa, artesanía e industrias populares típicas de la Nación y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno».

Regulaciones presupuestarias Las regulaciones presupuestarias en la Constitución de 1961 eran bastante ambiguas, basadas en dos principios fundamentales: i) El gobierno tendría el poder de gravar para llevar a cabo la redistribución del ingreso (artículo 223). Esto se haría de acuerdo con la capacidad de pago individual y corporativo, sujeta a gravamen progresivo para proteger la economía nacional y el estándar de vida de los venezolanos; ii) gastos no presupuestados podían ser autorizados por el Congreso mediante créditos adicionales. El gabinete, las dos Cámaras y el Comité de Presupuesto debían aprobar tales requerimientos (artículo 227);

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iii) cada presupuesto incluiría las proporciones a ser distribuidas en cada estado (artículo 229); iv) al Gobierno no se le permitía obtener préstamos, excepto para actividades reproductivas y conveniencia nacional. Ello debía ser autorizado por leyes especiales, pues de lo contrario el Estado no reconocería el endeudamiento, exceptuando instituciones públicas sujetas a sus leyes respectivas (artículo 231).

En la Constitución de 1999 en el título VI, capítulo II Del Régimen Presupuestario, se incluyen 7 artículos similares pero con distinta redacción. La gran diferencia con la Constitución de 1961 es que se incluyen dos secciones más, una sobre el sistema monetario nacional y la coordinación de las políticas macroeconómicas, cada una con dos artículos.

En general, ambas constituciones otorgan al Estado y al Gobierno de turno un poder intervencionista ilimitado para manejar el país en todos los aspectos sociales y económicos, basado en principios de justicia social.

Aun cuando la democracia es la forma de Gobierno establecida, y la misma se convirtió en un tesoro mientras permitía, de una forma pacífica, los cambios de Gobierno cada cinco años, desde 1958 hasta 1998, el problema fundamental que nos condujo al camino de la servidumbre lo constituye el intervencionismo de Estado, el populismo extremo que disfraza al mercantilismo, contemplando en ambas constituciones. Como la democracia practicada es el gobierno de la mayoría, una vez que ha sido elegido, el presidente se siente un ser omnipotente. De esta manera, tanto el ejecutivo como el legislativo, poseen poderes ilimitados para decidir sobre el destino del país, la administración y redistribución de la riqueza venezolana, sin protección de las minorías. No obstante, como veremos más adelante, ello se realiza sin ningún criterio de eficiencia, lo único que priva es el interés personal de los gobernantes, el compadrazgo y clientelismo político. El Estado se convirtió en una institución de caridad arbitraria que despilfarra los recursos según el capricho del

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presidente y de quienes lo acompañan. Así el Congreso, y ahora la Asamblea Nacional, han adaptado las regulaciones presupuestarias para cumplir con estos propósitos. Por otra parte, dada la ambigüedad en establecer los límites del Estado y del sector privado, el Gobierno siempre termina siendo su socio, pero en este periodo (1998-2007), definitivamente es un imperativo ser socio del Estado. De esta manera, el poder político se fortalece mediante el otorgamiento de favores a todos los niveles de la actividad económica y social. En consecuencia, se ha desarrollado un mercado de favores públicos y privados, donde el grupo de interés que obtiene el mayor beneficio ha sido porque ha ofrecido la mayor cotización. Por supuesto que el mercado de favores es el mejor caldo de cultivo para generar la mayor corrupción.

Marco institucional El marco institucional venezolano en la época de la IV República era eminentemente mercantilista. Estaba integrado por diferentes gremios que representaban los intereses de diversos sectores: empresarios no financieros, sector financiero y los sindicatos. De acuerdo con su poder de negociación, cada grupo obtenía beneficios sustanciales a cambio de imponer elevados costos sobre los que no los obtenían. Esto es particularmente atractivo para los líderes políticos, porque los planes se efectúan de acuerdo con las aspiraciones sociales, cuya ambigüedad ayuda a engañar a la población, haciéndoles creer que las promesas son genuinas. Para los votantes resulta difícil reconocer los costos que se les impone a los grupos con mayor influencia sobre el Gobierno por la concesión de estos favores. En la V República estas instituciones fueron sustituidas por el poder omnímodo del Presidente, que es quien decide sobre el destino de los recursos del país. Como la raíz ideológica de los partidos o grupos políticos tiene sus orígenes socialistas, todas las campañas son similares: llenas de promesas populistas, de acabar con la pobreza mediante dadivas, una redistribución equitativa del ingreso y de la riqueza, empleo o seguro al desempleo, educación, seguridad social, vivienda...

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Antes de comenzar a analizar los resultados económicos y sociales de la aplicación de las políticas que amparan ambas constituciones, es importante poner en el contexto el pensamiento de Friedrich Hayek en su libro Ley, Legislación y Libertad(*), acerca del significado y evolución del término justicia social. Su aporte es tan valioso y oportuno para nuestro trabajo, que aun cuando el párrafo es largo su pensamiento es tan vigente que es importante transcribirlo: «La expresión ‘justicia social’ era un principio que se utilizaba para designar los esfuerzos organizados orientados a procurar respeto a las normas de recto comportamiento individual, pero hoy en día, se identifica con justicia distributiva. Ahora la ‘justicia social’ está orientada hacia la sociedad y como ésta no está en capacidad de actuar según plan específico alguno, la justicia social se convierte en la obligación de que sus miembros se organicen para distribuir una parte del producto global a individuos o a grupos específicos. Así surge la cuestión moral de que el ser humano quede sometido a un poder que intenta coordinar los esfuerzos de todos a fin de materializar un modelo que se considere justo. Entonces surge la cuestión relativa de cómo deben distribuirse los recursos disponibles para alcanzar la más cumplida satisfacción de las necesidades.

Desafortunadamente, dicho planteamiento no tiene respuesta alguna. Por el contrario, la cuestión a dilucidar es si moralmente es admisible que el ser humano quede sometido al poder coactivo exigido por un sistema en el que la participación individual en la riqueza pueda legítimamente ser calificada de justa o injusta. Es posible que se considere injusta la modalidad según la cual los ingresos son distribuidos a través del mercado, pero ello es posible sólo si fuese objeto de una decisión deliberada. La cuestión es que dicha distribución es fruto de un proceso cuyos efectos no fueron propiciados ni previstos por nadie cuando surgieron las respectivas instituciones. Perduraron porque permitían satisfacer mejor las expectativas vitales de la mayor parte de la población. _______________________ (*)

Edición en inglés, volumen 2, p. 79.

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El término de justicia social se ha convertido en uno de los más populares. El Estado utiliza esta expresión en infinito número de exigencias sin ningún soporte. No hay movimiento o figura política que no recurra gustoso al empleo del lema en la defensa de las medidas que propugna. Fue la expresión que inspiró al movimiento socialista. En algunos casos se establece como una cuestión de principio o de valor moral. Pero la realidad es que lo que se hace es tocar la fibra sensible de la población, especialmente de las masas ignorantes y hasta los más connotados intelectuales que no están dispuestos a reflexionar.

Ello ha traído como consecuencia que el pueblo engañado, en nombre de la justicia social, ha ido otorgando a nuestros gobernantes poderes que no pueden negarse a utilizar para satisfacer las aspiraciones de un número siempre creciente de intereses sectoriales que a su vez aprendieron a manipular esta fibra sensible para satisfacer intereses personales. La expresión ha contribuido notablemente a sembrar confusión en el pueblo y a nivel político a destruir los esquemas morales. Justicia social no es una expresión inocua o inocente de una buena predisposición hacia lo menos afortunados. Lo que realmente significa es una expresión fraudulenta encubridora de demanda de intereses cuya justificación no puede basarse en ningún otro principio porque si uno evalúa los resultados que se obtienen, a nivel mundial, como consecuencia de la aplicación de esas políticas, lo único que se observa es pobreza y miseria.

Para que el debate político llegue a ser verdaderamente honesto es fundamental que la gente reconozca que la expresión intelectualmente no tiene ningún significado real, que es sólo demagógica, utilizada por políticos y que reconocida su vacuidad los grandes pensadores deberían avergonzarse de utilizarla».

Cuando analizamos la evolución económica y social de los últimos cincuenta años, desde el punto de vista de los principios constitucionales, promesas políticas de la distribución material y de la justicia social, uno no puede sino coincidir con los planteamientos de Hayek, y llegar a una sola conclusión: que su

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manejo ha sido inmoral, en el sentido de haber generado la peor pobreza, la mayor delincuencia e inseguridad persona y la mayor corrupción.

Veamos los resultados de haber aplicado los supuestos derechos constitucionales en relación con la distribución del ingreso, el empleo, la seguridad social y la educación: A pesar de que Venezuela ha contado con una inmensa riqueza petrolera, de gas, de hierro, de acero, de aluminio y energía hidroeléctrica, sus índices de pobreza son verdaderamente alarmantes. Comparemos ingresos, gastos y resultados.

Solamente sumando los ingresos petroleros en los 49 años de democracia, se ha recibido un total de 594.914 millones de dólares4. Este monto lo podemos dividir en dos periodos, primero, desde que se inició la democracia en 1958 hasta 1997, diez gobiernos recibieron un total de 333.784 millardos de dólares.

Segundo, cuando se inicia el gobierno actual, desde 1998 hasta 2006, un solo gobierno ha recibido 477.071 millones de dólares.

Adicionalmente, entre el periodo 1973-1978 hasta el presente, los gobiernos han incurrido en fuertes deudas, tanto externas como internas. Por ejemplo, según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda publicadas en su página web, este saldo para 1997 era 27.259 millardos de dólares (30% del PIB). Desde esa fecha hasta el año 2006 la deuda total se incrementó en 55% para un total de 47.110 millones de dólares (39% del PIB).

Analicemos ahora los resultados del manejo de los ingresos petroleros y el endeudamiento, comenzando por los índices sociales, ya que hacia los sectores más pobres, que son los más numerosos, va dirigido el discurso populista. Para el momento que realicé el análisis de la Constitución de 1961, un estudio del Banco Mundial sobre la pobreza en Venezuela, indicaba que para 1989 60%5 de la población vivía en pobreza extrema y pobreza _____________________________ 4 5

Fuente: BCV, página web, cifras de balanza de pagos.

Fuente: World Bank Report on Poverty. Junio de 1991.

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critica6. El 30% de las familias más ricas recibían el 62% del ingreso y el 30% de las familias más pobres, el 8,7%.

Para analizar los resultados de la Constitución de 1999, obtuve la información de la página web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cual indica que durante el periodo, segundo semestre de 1998-2003, el número de hogares pobres pasó de 48% de la población a 55,1%, tal como se puede observar en el gráfico 1. Es decir, que después de 45 años de democracia, la mayor parte de la población continuaba siendo pobre. Cuando el Presidente se dio cuenta que las cifras del INE indicaban que la pobreza había aumentando, llamó la atención públicamente al presidente del instituto.

Posteriormente, las cifras fueron modificadas abruptamente. Ver gráfico 2, que fue el que se modificó en el año 2006.

Gráfico 1. Porcentaje de hogares pobres y pobres extremos 60 54 48 42 Pobres (%)

36

(%) 30 Pobres extremos (%)

24 18 12 6 0 2S 1997

1S 1998

2S 1998

1S 1999

2S 1999

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 Semestres

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2006.

En el año 2006 la pobreza en Venezuela había descendido en 62%, para ubicarse en 39,9%. ¿A quién engañan cuando la devaluación de la moneda desde 1983 es cercana a 100.000%, la tasa de criminalidad se ha incrementado significativamente, __________________________________

Pobreza extrema es cuando las familias no están en condiciones de satisfacer el mínimo de subsistencia por día, por persona. Pobreza crítica es cuando el ingreso familiar es inferior en poder adquisitivo a la adquisición de la cesta alimentaria.

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los cinturones de miseria rodean a las principales zonas urbanas, la guerrilla y los secuestros han aumentado en todo el país?

Gráfico 2. Porcentaje de hogares pobres y pobres extremos, 1.re semestre 1998-1.re semestre 2006

El INE, igualmente, indica que el 20% de la población más rica recibía en 1997 53,6% del ingreso y el 20% más pobre 4,1% del ingreso. Para el año 2003, el 20% de la población más rica recibió el 52,8% del ingreso y el 20% más pobre el 4% del ingreso.

Como se puede observar, desde 1998 hasta el año 2003 los índices se mantuvieron relativamente estables a pesar de la alharaca de que el Gobierno está dedicado a reducir la pobreza con una revolución socialista. Se supone que las ofertas populistas son para resolver los problemas económicos y sociales del país, sobre todo que se va a generar prosperidad y se va a reducir la pobreza. Lo que se ha creado es un nuevo grupo privilegiado llamado boliburguesía. ¿En qué se han gastado los recursos y cuáles son los resultados?

Los gobiernos supuestamente invierten en educación, salud, seguridad social, viviendas de interés social, infraestructura y subsidia y protege al comercio, a la agricultura, a la industria,

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a los préstamos, y a las divisas para importaciones, deudas y viajes. Veamos cuáles han sido los resultados de esta inversión, por ejemplo en educación. Desde 1995 no se publican cifras del gasto en términos del PIB y hasta esta fecha la estructura de los niveles de educación era una pirámide invertida, es decir, se gasta más en educación universitaria que en primaria y secundaria. Las cifras oficiales sólo indican el número de matriculados en los distintos niveles. El INE muestra que de los 15.019.981 venezolanos en edad escolar, sólo 54% están matriculados, pero no se indica cuántos finalizan ni su nivel de excelencia. De los 8.112.786 venezolanos matriculados, 35%, o sea, cerca de 3 millones, están en las misiones Robison I, II, Ribas y Sucre; 11% están en preescolar, 59% del primer grado al noveno, 6% en educación profesional y 13% en educación universitaria.

Esta pirámide invertida implica que mientras el número de estudiantes universitarios es el más bajo, su costo es el más elevado.

Aun cuando no se poseen cifras actualizadas, salvo las de 1995, para esta fecha comprendían el 93,20% del presupuesto de educación según las Naciones Unidas. Como no ha cambiado la tendencia, es de suponer que continúa el mismo patrón.

En este Gobierno se ha anunciado la ideologización de la educación. No importa la excelencia. Todo lo contrario; el ideario socialista es crear una sociedad igualmente mediocre. El ministro de Educación ha ordenado pasar a los que no alcanzaron las notas adecuadas para hacerlo, porque lo importante es que aprendan a leer y a escribir para aprender las ideologías marxistas, leninistas, castristas.

En relación con el tema de salud y seguridad social, es de todos conocido que los hospitales públicos están colapsados; el costo de mantenimiento es elevado y ahora son atendidos por supuestos médicos cubanos, de los cuales no se conoce su formación; la mala práctica causada por diagnósticos equivocados que causan muertes no se conoce; y si se publican, no se conoce a nadie que haya sido castigado. Por el contrario, el Gobierno le paga a Cuba millones de dólares por el servicio de los médicos cubanos.

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A consecuencia de los malos servicios médicos, cada día proliferan más los ambulatorios, los seguros individuales y las farmacias donde operan servicios médicos preventivos, a precios razonables que le permite a la población de más bajos recursos tener servicios médicos de mejor calidad. Pero ahora el Gobierno ha comenzado a atacar este tipo de servicios, regulando precios y amenazándolos con estatizarlos.

En cuanto a la seguridad social, el INE indica que del total de la población, 35,4%, o sea, 9.467.952 venezolanos son inactivos.

De este total, 6.973.562, el 74% se ha retirado o ha alcanzando la edad de retiro. Sin embargo, para 2004, solamente 757.679, el 11% de este total está recibiendo una pensión del Seguro Social, cuyo monto es el salario mínimo. Igual suerte corre la infraestructura y la vivienda. En un país petrolero, es verdaderamente vergonzoso que las carreteras, las calles, los puentes y el sistema de transporte estén colapsados. Ejemplos evidentes son los siguientes: tuvimos el deslave en 1998 y aún no se ha resuelto el problema, y cada vez que llueve tienen que cerrar las vías. La caída del viaducto que comunica al aeropuerto principal con la capital es otro ejemplo de falta de prevención y manejo negligente de los graves problemas que enfrenta el país. Éste fue reconstruido por la Copa de América.

La política de gasolina barata y préstamos subsidiados para la adquisición de vehículos por simple demagogia, y un sistema de transporte incoherente, han fomentado el uso desenfrenado de automóviles, autobuses, camionetas y motos, lo cual ha generado un exceso de uso de una infraestructura extremadamente frágil, amén del tráfico que cada vez más obliga a la población a pasar largas horas de su hogar a su sitio de trabajo, impidiendo un uso eficiente de su tiempo.

Subsidios y protección comercial e industrial La rentabilidad normal sólo es posible a través de una competencia legítima en el mercado. Pero cuando en aras del ideal nacionalista se protegen sectores ineficientes, se imponen

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vínculos ambiguos y complejos entre el sector público y privado, oscureciendo la relación. Así se crea una sociedad mercantilista donde prevalece un mercado de favores que sólo genera sobornos y profunda corrupción. Ello desacredita a las empresas y desestímula la inversión, excepto para los grupos de interés que mercadean la renta monopólica. Esto ha conducido a los gobiernos a responder con la ejecución de políticas fiscales, monetarias y cambiarias inflacionistas, que además se consagran en la Constitución de 1961 y en la Constitución de 1999, a pesar de que incorpora un capítulo II del régimen fiscal y monetario para imponer disciplina, el resultado es mucho peor de lo ocurrido con la de 1961. La única diferencia es que ahora se viola abiertamente la Constitución ante la completa indiferencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Vemos que el estatismo en la actividad económica se acentuó en 1973, cuando se nacionaliza la industria petrolera, se incrementa la inversión en las empresas básicas, se adquieren líneas de aviación, bancos, canales de televisión, hospitales, se crean institutos para fomentar el turismo, la vivienda, la pequeña y mediana industria y la agricultura. Los gobiernos que siguieron continuaron con estos planes ambiciosos, lo que dio lugar a una política fiscal extremadamente expansionista y a fuertes déficits que se han convertido en un problema estructural. A pesar de que la fuente principal de ingresos es la industria petrolera, no ha habido una política coherente que la preserve adecuada y eficientemente. Además de choques externos, producto de la evolución del mercado y de la economía global, la industria fue politizada, sometida a los caprichos del Gobierno de turno, convertida en un banco de desarrollo e instrumento de política exterior para comprar voluntades. En la actual coyuntura, para promover un proyecto socialista se ha despilfarrado la mayor fuente de ingresos que haya tenido el país en toda su historia, lo cual la conducirá a su eventual destrucción. Para justificar su nacionalización, los presidentes argumentan que el petróleo es de todos los venezolanos, pero la realidad es que se ha convertido en propiedad del presidente

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de turno que lo maneja a su antojo. La renta petrolera se ha malgastado y el gigantismo de Estado ha llevado a incrementar la presión tributaria sobre los agentes económicos privados y la población. Adicionalmente, la nacionalización del Banco Central de Venezuela en 1974, ha ido aplastando la disciplina monetaria hasta que en 1983 se comenzaron a utilizar las devaluaciones como financiamiento fiscal, porque el que posee el mayor ingreso de exportación es el Gobierno; al devaluar, obtiene más bolívares.

Adicionalmente, se inventó el subterfugio de que el Banco Central genera ganancias cambiarias para ser transferidas al fisco, cuando la realidad es que el Banco Central sólo debe ajustar su balance; las reservas internacionales son como los inventarios para las empresas: el costo de reposición es el precio que se debe aplicar.

Este subterfugio da lugar a la generación de dinero sin respaldo y a pérdidas patrimoniales del Banco. Este Gobierno decidió que las reservas internacionales deben tener un límite, y cuando el monto excede pues ese límite, lo transfiere a un instituto que creó para disponer de ese excedente como le plazca. De esta manera, la liquidez monetaria crece vertiginosamente y queda sin respaldo.

Paradójicamente, el ministro de Planificación, al publicarse las cifras de inflación de julio (2006), comentó: «la inflación es uno de esos diablos que nos están dando dolores de cabeza». Para esa fecha, la inflación acumulada (1999-2006) era de 170%, un promedio anual de 21,27%, muy inferior al incremento de la liquidez monetaria cuyo crecimiento acumulado ha sido de 296%, para un promedio anual de 37%. La cifra de inflación tiene que ser superior porque no es consistente con la expansión de la liquidez, no obstante que el Gobierno ha mantenido un tipo de cambio oficial para importaciones preferenciales y precios regulados. Este error de expandir la política fiscal y monetaria y después culpar de la inflación a los especuladores lo han cometido todos los gobiernos desde 1983 y luego andan buscando soluciones mágicas tratando de llevar a cabo reformas monetarias o cambiarias. La realidad es que no se ataca la raíz del problema, que es lograr la debida disciplina fiscal y monetaria, y por ello es imposible controlar el

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incremento de precios. Al mismo tiempo, los buscadores de renta, con mejor formación que el ciudadano común, siempre alertas al acontecer económico y vista esa relación de intercambio de favores con el Gobierno de turno, siempre obtienen los mayores beneficios.

Diferentes fuentes de renta monopólica 1) Por la vía de la política cambiaria. En 1983, después de que el Banco Central mantuviese un tipo de cambio fijo desde 1964, el Gobierno estableció un control con dos tipos de cambio, uno oficial y uno libre. Para el momento en que se ejecutó la medida, el cambio preferencial resultó en rentas monopólicas para importadores, deudores, estudiantes en el extranjero y viajeros. Ello benefició solamente a aquellos grupos que tienen acceso a la divisa. Para importar y para el pago de deuda, la renta monopólica otorgada fue de 45% del PIB, desde 1983 hasta 1990, equivalente a 141.455 millones7. A pesar de las distorsiones y la concentración de riqueza que genera, desde 1983 se han aplicado cuatro controles de cambio, devaluaciones sucesivas y cambios paralelos, una flotación del bolívar y un sistema de bandas.

Previo al inicio de la reforma comercial de 1989, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo oscilaba entre 180% - 200%. De esta manera, la renta monopólica entre 19871988 se estima en un monto aproximado de 10,5 millones de dólares. La historia se repite: actualmente, el diferencial entre el cambio oficial (Bs./$ 2.150)y permuta (4.090) es de 90,23% con mayores incentivos para generar rentas monopólicas.

Adicionalmente, si calculamos la devaluación acumulada desde 1983 hasta la fecha, ésta ha sido de 49.900%, si se toma el tipo de cambio oficial, y de 95.016 %, si se toma en cuenta el tipo de cambio permuta (Bs./$ 4.090 al 11/07/07). Pero de lo que no se dan cuenta ni los economistas, mucho menos los políticos, ______________________________ 7

Fuente: Banco Central de Venezuela e informes del FMI sobre Venezuela.

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es que estas frecuentes devaluaciones de montos astronómicos, sumados a los subsidios cruzados, generan una gran concentración de riqueza en unos pocos, mientras se empobrece a la mayor parte de la población, tal como lo demuestran las estadísticas del INE. 2) Otra fuente de renta monopólica es el proteccionismo comercial. Desde los años sesenta se inició una política que en ese momento estaba de moda, que consistía en la sustitución de importaciones por bienes producidos en el país. Los líderes políticos o no se dan cuenta o realmente les encanta el mercado de favores porque se sienten poderosos de controlar a los buscadores de renta. Pero en última instancia, a quien se perjudica es a los consumidores, a quienes se deja sin opciones, o con muy pocas, y a consumir bienes de mala calidad, producidos en el país y extremadamente caros. En 1989, cuando se inició por primera vez una reforma comercial, la estructura tarifaria comprendía 41 tasas de protección ad valórem entre 0 y 135%. Las manufacturas y agricultura tenían promedios simples de 36% y 37% respectivamente. Para los bienes de consumo las tarifas eran de 58%, alimentos procesados, 64%; bienes de capital, 27%; y bienes intermedios, 21%. Las tarifas no arancelarias para la agricultura eran de 96%; y más de 50% para los bienes manufacturados. Todas estas tarifas implican un gran beneficio para las empresas protegidas y un serio castigo para los consumidores, que no tienen opciones de seleccionar los mejores productos a los mejores precios, sino aquellos que proveen sectores ineficientes, simplemente por una cuestión ideológica o una conveniencia entre el político y los buscadores de rentas. Adicionalmente, para incentivar las exportaciones se daba un subsidio de 68% y préstamos blandos del banco de exportación.

La mayoría de estas restricciones y subsidios fueron eliminados en el periodo 1989-1992, pero con el Gobierno que se inició en 1994 se restableció nuevamente el proteccionismo y se intensificó aún más con el actual Gobierno, sólo que ahora se denomina desarrollo

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endógeno, que no es otra cosa que la sustitución de importaciones pero con otro nombre.

El proteccionismo al comercio supone que está orientado a fomentar un crecimiento del sector no petrolero y la devaluación del bolívar, a incrementar las exportaciones no petroleras. Por el contrario, el crecimiento promedio anual del sector no petrolero ha sido marginal, apenas de 3% para el periodo 19982006. Igualmente, mientras el bolívar se ha devaluado 231% utilizando el cambio oficial y 520% utilizando el cambio paralelo, en promedio anual, las exportaciones no petroleras sólo se incrementaron 60%. Estas distorsiones comerciales quedan reflejadas no sólo en la escasez diaria de productos de consumo alimenticio, de insumos para la construcción, de repuestos y otros productos, sino también en que el proteccionismo genera escasez general e incremento de precios. De la misma manera, queda reflejado en las clasificaciones de publicaciones internacionales. Por ejemplo, el reporte del World Economic Forum sobre competitividad 2006, de América Latina, donde se clasifica a 117 países, Venezuela ocupa el puesto 88 8.

Adicionalmente, en el Índice de las Libertades Económicas que publica la Fundación Heritage y el WSJ, Venezuela ocupa el lugar 144 de 157 países, y según el Índice de Transparencia Internacional, relacionado con la corrupción, Venezuela ocupa el lugar 138 de 167 países.

Igualmente, se supone que el control de cambio está orientado a frenar la fuga de capitales. Ésta, en promedio anual desde 1998, se incrementó en 225%, por la sencilla razón de que dadas las políticas confiscatorias del Gobierno, la gente que puede busca proteger el poder adquisitivo de sus ingresos y su capital.

De esta manera, las medidas proteccionistas, los controles y la devaluación son un fracaso que sólo dan lugar a distorsiones en la actividad económica, a un incremento de la pobreza y a ________________________________

Los primeros lugares lo ocupan Finlandia, Suecia, Dinamarca, Taiwán, Singapur, Noruega, Islandia, Suiza, Noruega, Australia y los Estados Unidos.

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una mayor concentración de riqueza, tal como lo prueban las cifras oficiales del INE. 3) En relación con la protección laboral y beneficios de seguridad social, en la IV República, los mismos estaban muy bien establecidos en la Constitución de 1961, a su vez respaldada por dos leyes aprobadas en 1974 y en 1989. Sin embargo, una cuestión es el derecho adquirido y otra que el Gobierno realmente responda. Pero los gobiernos no han respondido, porque para que un sistema de seguridad social funcione la primera condición que se requiere es que las políticas económicas estén encaminadas a generar crecimiento y prosperidad, que el mercado de capitales sea amplio, que se permita la diversificación de inversiones a nivel global, y que los rendimientos sean positivos y competitivos. Pero en Venezuela el mercado de capitales es prácticamente inexistente y la política de tasas de interés que han ejecutado los gobiernos ha sido negativa, encaminadas a subsidiar la agricultura, la industria y la construcción. Ello ha traído como consecuencia que los rendimientos de los fondos de pensiones sean negativos.

Como el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) no cumplía con su cometido, se aprobó otra ley, la del estatuto de los jubilados de los empleados públicos, con lo cual proliferaron los sistemas de pensiones y jubilaciones no contributivas en todas las instancias públicas, con profundas diferencias en los beneficios. Esto trajo como consecuencia que se incrementaran los pasivos laborales del estado con los trabajadores. En 1994, cuando se realizó una revisión a fondo se encontró que eran equivalentes a 14,5% del PIB, y en bolívares, a 1,370 millardos9.

Con el actual Gobierno, se aprobó la ley de orgánica del sistema de seguridad social en el año 2001 y se publicó en gaceta en 2002. En ella se hace universal la cobertura para las prestaciones de servicios de salud, vivienda y pensiones. La universalidad ______________________________________

Fuente: Venezuelan. Recent Economic Development. International Monetary Fund, febrero de 1995.

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consiste en dar una asistencia mínima de subsistencia pero, por ejemplo, en lo que se refiere al sistema de pensiones, se eliminan los sistemas especiales y la pensión universal según el artículo 65, que dice: «la pensión se calcula sobre una base contributiva de uno a diez salarios mínimos urbanos. La administración del fondo de pensiones de vejez corresponderá al Estado a través de la Tesorería de la Seguridad Social». Si el gobierno continua con políticas de no apertura, de excesivas regulaciones, de un mercado de capitales incipiente, de tasas de interés negativas, de una inflación acelerada y de una mala administración de los recursos, aun cuando haya definido su contribución en la ley para financiar estos sistemas, los mismos quedarán sin fondos muy rápidamente y el Gobierno tendrá nuevamente que hacer una verdadera reforma, como ha ocurrido todas las veces.

4) La otra renta monopólica fue generada por la crisis del sistema financiero que ocurrió en 1994. Entre la desconfianza política y económica, que generó el candidato y después presidente, el intervencionismo del Gobierno en la banca, las tasas de interés negativas, la falta de regulaciones, de supervisión adecuada y el abuso de algunos banqueros en incurrir en negocios particulares, el sistema financiero colapsó, y 18 bancos quebraron en 1994. Luego el Gobierno decidió arbitrariamente hacer una recuperación sin tomar en cuenta la situación de liquidez y solvencia de cada banco en particular. De esta manera, sólo en 1994 el Gobierno gastó10 19,60% del PIB, equivalente a Bs. 1.853 millardos en la recuperación de la banca, que al final no se recuperó y el dinero alimentó la salida de capitales. El cuadro 1, fuentes de rentas monopólicas, muestra ejemplos de transferencias gubernamentales a grupos de interés en diferentes periodos.

____________________________________ 10

Fuente: Venezuela. The Banking Crisis. International Monetary Fund, febrero de 1995.

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Cuadro 1. Fuentes de renta monopólicas 1983-1994 Procedencia de las rentas 1. Subsidios cambiarios para el pago de la deuda del sector privado desde 19831991

En bolívares, en términos del y de totales

PIB

Bs. 145,445 millones equivalentes a 45% del PIB

2. Subsidios cambiarios para el comercio Bs. 274.000 millones 1988-1989 3. Barreras arancelarias en 1989

58% para bienes de consumo, 58% para alimentos procesados, 64% para bienes de capital, 27% para bienes intermedios

4. Barreras no arancelarias en 1989

96% para la agricultura y 50% para la industria manufacturera

5. Pasivos laborales por concepto de pensiones para 1994

1.370,5 millones o 14,5% del PIB

6. Financiamiento de la crisis bancaria al 19,60% del PIB, equivalente a 1.853 final de 1994 millones

Consecuencias de una sociedad rentista. Impacto en el crecimiento económico, desempleo e inflación Toda esta red de subsidios, controles y regulaciones inadecuadas, así como la falta de transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el sector privado, genera despilfarro de los recursos de los venezolanos, concentración de riqueza, corrupción, pobreza y delincuencia, porque por una parte, se desvían los recursos de su uso más eficiente y por la otra se acentúa la desigualdad en la distribución del ingreso, generada por los propios gobiernos, solamente por una cuestión ideológica o de conveniencia personal, y los políticos no están dispuestos a reflexionar sobre sus consecuencias. Lo más grave de todo es que bajo la coraza del populismo y del bien común, se promueve legalmente la sociedad rentista.

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Resulta así sumamente difícil la ejecución de políticas económicas eficientes y coherentes, porque los grupos de interés no están dispuestos a ceder sus privilegios; como al mismo tiempo los gobiernos obtienen financiamiento de las campañas de estos grupos, también los políticos tratan de mantener sus privilegios. Ello explica por qué la economía venezolana está sometida a continuos choques, especialmente aquéllos inducidos por grupos políticos, oficiales gubernamentales, algunos empresarios y representantes del sector financiero, sindicatos y el pueblo desencantado por el incumplimiento de promesas.

Previo al inicio de la aplicación de políticas populistas que entronizan ambas constituciones, Venezuela crecía aceleradamente tanto en el sector petrolero como el no petrolero, la tasa de inflación era menor a 1% y la tasa de desempleo, aunque elevada, se mantuvo relativamente baja en comparación con otros periodos presidenciales. A pesar de los buenos resultados de los años cincuenta, la sociedad rentista tiene su inicio en este periodo, y se profundizó con los gobiernos populistas. Lo más grave de todo es que el magro crecimiento económico del país ha sido resultado de una expansión del gasto fiscal procedente del petróleo, porque lo que hacen los gobiernos es gastar la lotería petrolera, no invertirla, no sembrarla.

El cuadro 2 presenta el comportamiento de indicadores de crecimiento promedio del PIB total, petrolero y no petrolero, tasa de inflación y desempleo por periodos presidenciales 19501957, 1958-1997 y Gobierno actual 1998-2006.

Cada vez que comienza un nuevo periodo presidencial, se presenta un nuevo plan de gobierno que nunca se cumple, porque quien lo dirige es la sociedad rentista. Es así como cada nuevo gobernante, una vez que llega a la presidencia, establece como su objetivo fundamental instrumentar políticas para devolver favores, y el ciclo político se reinicia nuevamente. En este sentido es interesante citar un párrafo del libro Democracia y déficit, de James M. Buchanan y Richard E. Wagner, como una reflexión para

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Cuadro 2. Indicadores del crecimiento promedio del PIB, tasa de inflación y desempleo Periodos presidenciales 1950-1957 1958-1963 1964-1968 1969-1973 1974-1978 1979-1983 1984-1988 1989-1992 1993 1994-1997 1958-1997 1998-2006

PIB (%)

9,47 5,66 5,63 4,76 5,89 -1,24 2,94 3,97 -1 1,8 3,63 2,2

PIB petrolero % 8,23 2,74 2,18 -1,45 -7,07 -6,04 2,24 5,75 3,4 7,27 0,53 -1,5

PIB no petrolero % 9,02 5,49 8,39 7,68 7,78 -1,04 3,2 3,1 -2,1 -0,15 4,32 3,34

Tasa de inflación % 0,9 0,66 1,38 3,02 8,24 13,16 18,56 47,73 45,9 67,05 18,27 21,32

Tasa de desempleo % 7,59 12,67 8,49 5,81 6,1 9,32 10,97 9,22 6,7 10,69 9,16 14,44

Promedios estimados de las cifras oficiales publicadas en la página web del BCV.

los líderes políticos: «El día del juicio final puede ser pospuesto pero no eliminado, mientras más tiempo se posponga más aterrador será. (...) Intentar una política de pleno empleo es un engaño. El reajuste fiscal puede ser pospuesto, pero al final no puede prevenirse. La espiral de inflación-desempleo que resulta de estimular la demanda en el corto plazo, simplemente incrementará la disonancia entre las aspiraciones de la gente y las realidades. El resultado es el resquebrajamiento de las instituciones democráticas».

En efecto, en Venezuela se pensó que la democracia podía combinar el socialismo con la libertad, y no se dieron cuenta de que no solamente es imposible alcanzarlo, sino que se logra el efecto contrario: la destrucción de todas las libertades, tal como lo demuestra el actual autoritarismo de Estado, la concentración de poderes en el presidente, la falta de soluciones a los problemas políticos y económicos, la desilusión del pueblo al observar que cada día se restringen más las libertades, hay más crímenes, corrupción, pobreza e inseguridad en todo el país.

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La gente se pregunta cuál es el sistema político-económico ideal y cree que el problema es encontrar un líder con cualidades y principios morales, donde la honestidad es una condición fundamental. Por su parte, los partidos y movimientos políticos, por su raíz socialista y conveniencia de promover una sociedad rentista, eliminan toda posibilidad de instrumentar los fundamentos morales de una sociedad libre. El eslogan para desacreditarlo es el típico cliché marxista-leninista de la explotación del hombre por el hombre y los abusos del imperio.

Lo que no se dan cuenta es que hemos ejercido la democracia tomando un camino errado, llegando a creer que la democracia, el gobierno de las mayorías, ha de estar en las manos de personas razonables, prudentes y sabias, capaces de conducir un Gobierno en donde las minorías sean protegidas.

Manejo constitucional de la propiedad privada Como indiqué anteriormente, tanto la constitución de 1961 como la de 1999 establecen derechos económicos similares, por lo tanto, los resultados de su aplicación en distintos periodos tienen las mismas características, excepto que con la de 1999 se profundizó el aspecto ideológico. El capítulo VII de la Constitución de 1999 lo conforman varios artículos, donde fundamentalmente se indica que las personas tienen la libertad de dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia (artículo 112). Sin embargo, ese deseo de estatización que posee el Gobierno ha conducido a minimizar al sector privado, que es el que genera mayor número de empleos y donde existe la diversidad. Por ello, tanto la tasa de desempleo como la economía informal se han mantenido sumamente elevadas, motivo por el cual no es cierto que la fuerza de trabajo cuente con muchas opciones. De esta manera, el principio constitucional no se cumple.

Se prohíben los monopolios (artículo 113) pero se reserva el poder al Estado de otorgarlos por motivos públicos. Al ejecutar este principio constitucional lo primero que da es lugar a la

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búsqueda de rentas, originando la proliferación de monopolios privados en manufacturas y servicios, conjuntamente con todas las leyes proteccionistas e intervencionistas que aprueban. Esta práctica encarece la vida de los consumidores, es decir, es uno de los factores determinantes de la pobreza. Al mismo tiempo, el Estado mantiene monopolios en la industria petrolera, las básicas, los medios de comunicación, y en el año 2006 todas las compañías que han sido y continuarán siendo objeto de estatización (electricidad, teléfonos, canales de televisión, educación, servicios médicos), la mayoría de los cuales son ineficientes y generan pérdidas. Por ejemplo, la industria petrolera, que se supone ser la más eficiente, reflejó en su estado de ganancias y pérdidas números en rojo de 2,1 millardos de dólares para junio de 200611, en virtud de que a la industria se le utiliza como banco de desarrollo para financiar viviendas, agricultura y asistencia social para financiar las misiones. Se prohíbe la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización (artículo 114). Sin embargo, esto es resultado del proteccionismo comercial y cambiario, del control de precios, mientras se expande la política fiscal y monetaria, con lo cual se genera escasez e inflación pero se cree que se está acaparando y que se está especulando.

Se garantiza el derecho de propiedad (artículo 115) y se prohíbe decretar la confiscación de bienes, que sólo se admite mediante sentencia firme por delitos cometidos (artículo 116). Sin embargo, se prohíbe la propiedad de latifundios, pero el mayor latifundista es el Estado. Con demagogia se llevan a cabo reformas agrarias sin entregar títulos de propiedad. De esta manera, los agricultores reciben la tierra pero no la pueden vender, enajenar u obtener préstamos. Asimismo, con el continuo proselitismo de que se va a confiscar la tierra para dárselas a los más necesitados, se induce a invasiones arbitrarias con el total consentimiento del Estado. _____________________ 11

El Nacional, 28 de agosto de 2006.

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De igual manera, en ocho años de Gobierno, las promesas de solventar los problemas de vivienda han quedado frustradas por fallas del propio Gobierno, no obstante que el estado es propietario de las principales tierras del país. Visto su fracaso en cumplir las promesas, se han dedicado a confiscar propiedades de edificios rentados, que sus respectivos dueños adquirieron para tener una inversión y una renta que les permita cubrir sus necesidades y eventualmente cubrir sus gastos de vejez; otros son de viudas cuyos esposos los dejaron igualmente con el mismo propósito. El 26 de agosto de 2006, el alcalde mayor habló de solicitudes de expropiación de una cifra de 1.000 edificios.

Posteriormente emitió un decreto para expropiar varios clubes de golf por cuestiones de interés público, para solucionar el problema de vivienda de la capital. En vista de que no cuentan con los recursos para expropiar, decidieron que lo que debían hacer es confiscar, es decir, sin pagar la justa compensación, pues según ellos los campos de golf son campos deportivos y no requieren compensación. Pero lo paradójico es que Caracas tiene a su disposición unas 6.000 hectáreas entre La Carlota y Fuerte Tiuna, comparado con las 185 hectáreas objeto de los cuatro lotes que pretenden expropiar. Además, siendo estas 6.000 hectáreas propiedad del Estado, se podría proceder de inmediato (saltándose todos los procesos legales). Esta decisión claramente viola de manera arbitraria el derecho constitucional de propiedad. No hay ninguna razón excepto la ideológica para que por ineficiencia del Gobierno de turno se dediquen a atropellar la propiedad privada, creando enfrentamientos y serios resentimientos entre la población.

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno (artículo 117). El cumplimiento de este principio constitucional sólo es posible si existe una economía de mercado y apertura comercial porque la competencia obliga a los empresarios a ofrecer los bienes de mejor calidad al mejor

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precio. Así el consumidor tendrá opciones y de acuerdo con sus preferencias personales podrá seleccionar los bienes que mejor se ajustan a su gusto y presupuesto. Con restricciones al comercio y controles de precio, al consumidor se le obliga a consumir bienes de baja calidad y caros. Por lo demás en las actuales circunstancias de mercado no es posible que se controle la calidad de los productos. Hay millones de ejemplos: latas de alimentos y bolsas de chuchería llenas de aire cuyo contenido es la décima parte de lo que debería ser. Con tantas regulaciones que ahogan la producción llega el momento que Venezuela enfrenta actualmente: escasez e inflación acelerada.

La otra prohibición es la usura. Sin embargo, no existe ningún argumento racional que explique la usura. Lo que sucede es que ello procede de la Grecia antigua, cuando surgió el dinero, y se creía que éste era estéril, tal como decía Aristóteles.

Argumento que fue mantenido durante siglos por todas las religiones cristianas casi como un dogma. Fueron los escolásticos, especialmente Conrad Summenhart (1465-1511), quien presentó un trabajo sistemático con argumentos racionales a favor del cobro de intereses basado en la ley natural12. Summenhart plantea: «El interés sobre un préstamo se convierte en el legítimo cobro por el uso perdido durante el periodo de duración del préstamo, porque además el prestamista nunca está a salvo del riesgo ya que soporta siempre el de la insolvencia del prestatario». Posteriormente, Martín Azpilcueta o Doctor Navarro13 (1493-1586) desarrolló la teoría de la tasa de interés basada en la teoría de las preferencias temporales de San Bernardino de Siena: «Un bien presente, como la moneda, valdrá más en el mercado que un bien futuro. Si en el mercado vale menos un bien futuro que un bien presente, entonces basta para automáticamente justificar el cobro de intereses sobre el dinero que permita mantener su poder adquisitivo».

______________________________ 12 13

Tratados sobre contratos, 1499.

Comentarios resolutorios de usura, 1556.

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Tal concepto se mantiene hasta nuestros días. De esta manera, con el subterfugio de la usura, el Gobierno promueve la fijación de tasas de interés, la cual se desvía de su nivel natural, conduciendo a tasas negativas para estimular sectores no productivos y no para incentivar el ahorro y la inversión genuina.

Ello lógicamente genera ciclos económicos artificiales de estancamiento con inflación y canaliza recursos hacia los usos menos eficientes.

Derechos de propiedad14 En una sociedad sin una clara delimitación de los derechos de propiedad, es sumamente difícil generar valor a la economía, productividad y crecimiento económico de una manera sostenida, tal como se observa en el análisis de la economía venezolana que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué significan los derechos de propiedad y por qué son fundamentales para generar crecimiento económico sostenido?

Cuando el trabajo, los bienes y servicios se intercambian en el mercado, se están intercambiando un conjunto de derechos de propiedad. Precisamente el valor de este derecho es lo que genera valor a cada transacción, las expectativas de la permanencia de la propiedad y la capacidad y el derecho de utilizarla o explotarla según sus deseos o conveniencias.

El uso de la propiedad puede tener dos efectos, producir externalidades negativas o dañar a terceros, y generar beneficios.

Es precisamente la claridad para delimitar la propiedad lo que determina las externalidades positivas. En otras palabras, el derecho de propiedad es lo que le permite al propietario de ese derecho interactuar en el intercambio que conduce al uso más eficiente de los recursos. De esta manera, la principal _____________________________ 14

La teoría de los derechos de propiedad la desarrollan Alchian, Armen, Demsetz y Coase.

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función del derecho de propiedad es guiar los incentivos para internalizar las externalidades negativas, crear eficiencia en la asignación de recursos y generar un superávit en la economía, porque cada individuo trata de maximizar su valor. Cada costo o beneficio es el resultado de una interacción social, y es lo que genera las externalidades. Cuando menos claros sean los derechos de propiedad, mayor serán los costos de transacción. La confiscación de la propiedad, especialmente por cuestiones ideológicas, y la prohibición de acuerdos contractuales en algunas áreas, niega el derecho de propiedad.

Como se puede observar, la ambigüedad y contradicciones del capítulo de la Constitución relacionado con los derechos económicos, y en particular en la definición de la propiedad privada, así como la interferencia y concentración del poder del Estado en toda la actividad económica, genera una asignación de recursos a los buscadores de renta más influyentes, no a lo más eficiente. De esta manera, el trabajo, la tierra, el capital son productivamente subutilizados y por ello los resultados económicos son tan pobres, tal como observamos en todo el análisis de la evolución del crecimiento, la inflación y el empleo de Venezuela, bajo el paraguas de las dos constituciones. Además, los recursos naturales son explotados para satisfacer la avidez fiscal y caprichos del gobernante de turno.

Después de evaluar varios aspectos de las dos constituciones desde el punto de vista de los resultados económicos y sociales, es claro que Venezuela necesita un nuevo orden constitucional.

El gran error es el poder ilimitado que le concede la Constitución al Estado, que le permite el abuso de poder de los gobernantes para cambiar leyes a su discreción y para satisfacer sus particulares intereses, suspendiendo y violando todos los derechos constitucionales, ejecutando las políticas más dañinas para la sociedad. Haber aprobado esos principios que establecen un Estado omnipotente para solventar todos los problemas del país, ha conducido a los gobernantes a cercenar todas las libertades,

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olvidando que todos los seres humanos hemos nacido con derechos inalienables que son la vida, la libertad y la propiedad, fundamentales para poder convivir en armonía y en paz.

A fin de tener un nuevo orden constitucional, los venezolanos debemos reflexionar sobre el daño que ocasiona el exceso de intervencionismo de Estado, el poder ilimitado de cambiar las leyes a la discreción del legislador para beneficiar a los grupos de interés y no al pueblo venezolano, la importancia de eliminar esa lista infinita de derechos sociales y económicos que no se cumplen ni se podrán cumplir, y que solamente lo que generan es coerción de la libertad y una pérdida gigantesca de recursos, ineficiencia, ciclos de estancamiento con inflación, pobreza y delincuencia.

Como dice Bernard H. Siegan15 «una Constitución que proteja tanto las libertades como los derechos declarativos es incoherente y muy difícil de interpretar».

Hacia un nuevo orden constitucional Venezuela se encuentra en una situación de agotamiento económico, político y social. El pueblo está atrapado en un estado de anarquía, un estado de agresión de todos contra todos, y lo peor es que para el año 2007, el presidente anunció una reforma constitucional, cuyo único objetivo es transformar a Venezuela en un país comunista y convertirse en un dictador. Tal como argumentaba Thomas Hobbes16: ante una situación de esta naturaleza, la vida de los individuos se convierte en solitaria, empobrecida y salvaje, porque los individuos sólo tienen derechos ambiguos o no tienen derechos. En este estado de la naturaleza, el Gobierno desvirtúa los recursos de usos productivos para depredar al pueblo. Así sólo los buscadores de renta crecen; entre estos, unos continúan manteniendo su posición, o surgen nuevos grupos, a costa del crecimiento económico y desarrollo de un pueblo. Por ello, Venezuela no puede desarrollarse, mucho menos _________________________________________

Reforma constitucional. Esbozando una Constitución para una República que emerge a la libertad.

16 Leviathan. Thomas Hobbes, 1651.

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resolver los problemas que afronta, a pesar de la inmensa riqueza natural que posee, porque la misma es y ha sido utilizada para profundizar la depredación del pueblo.

El séptimo presidente democrático trató de implantar un sistema de libre mercado con ciertas limitaciones, pero ganó la sociedad rentista. Para justificar sus atrocidades, los líderes le hacen creer al pueblo que la culpa de todos los males económicos y sociales es de los organismos multilaterales y del imperio. Sin embargo, los venezolanos tenemos que reflexionar y entender las diferencias que existen entre un Estado comunista-anárquico y uno que garantice las libertades, para establecer un marco institucional y legal que defina claramente el derecho de propiedad privada para que permita desarrollar un entorno de cooperación social basado en el entendimiento mutuo.

Persuadir a los políticos y al pueblo no es una tarea fácil, por ello era necesario demostrar con cifras y hechos la evolución económica y social, así como las contradicciones con los principios constitucionales, las leyes, el Estado de derecho y las políticas económicas gubernamentales. No hay duda de que todo ha resultado en un saqueo económico a la sociedad y su demostración debe ser suficientemente convincente para redefinir y establecer un nuevo orden constitucional.

Para la creación de los fundamentos de una economía prospera, es urgente definir claramente los derechos naturales individuales: la protección a la vida, a la libertad, a la propiedad privada adquirida sin violencia, robo o fraude. El contrato constitucional debe ser para proteger esos derechos y establecer claramente la separación de poderes. Su razón de ser es que el Gobierno esté sujeto a los límites que residen en los derechos naturales del pueblo, tomando en consideración que el Gobierno no es el árbitro de esos derechos, porque su fundamento está basado en la cooperación social de acuerdo mutuo, que en última instancia es la prueba de que una acción genera beneficios.

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Es esencial evaluar las diferencias entre el estado anárquico de Hobbes y un orden constitucional basado en los derechos individuales. La anarquía hobbesiana venezolana, tal como lo analizamos en detalle, es el producto de una filosofía constitucional errada que ha inducido a la ejecución de políticas económicas inconvenientes. Ello queda reflejado en las cifras de crecimiento económico, desempleo, inflación, pobreza y falta de educación adecuada. Todo ello en virtud de que se han canalizado los recursos hacia los buscadores de renta, lo cual ha generado pérdidas incalculables, agotamiento político, económico y social, así como una profunda desilusión del sistema democrático, tal como ha sido concebido: un Gobierno de las mayorías sin la debida protección de las minorías.

La otra alternativa es un orden constitucional donde se garanticen todas las libertades, se proteja a las minorías y en el cual la actividad económica sea organizada mediante principios legales de propiedad y contratos17. Aquí el acuerdo mutuo es indispensable para la interacción social. Para ver la superioridad de este orden constitucional, James Buchanan, Tullock18, Richard E. Wagner y James D. Gwartney19, ilustran sus beneficios con el modelo del dilema del prisionero, que representa una situación en la cual cada grupo selecciona una estrategia económica. En la primera, tanto el Gobierno como la gente son buscadores de renta, es decir, con su avidez financiera; se dedican a depredar a la población. En la otra existe una interacción social que está regulada por derechos de propiedad y contratos, claramente definidos y establecido.

El ejemplo para Venezuela se puede hacer o bien para el estamento institucional que existía en la IV República, es decir el Gobierno, el sector privado y los sindicatos, o el actual, donde el Gobierno es el que predomina en toda la actividad económica y queda un sector privado marginalizado. _______________________________________

Richard E. Wagner y James D. Gawrtney.

James Buchanam y Gordon Tullock. Calculus of Consent. 1965. James Buchanam. The Limits of Liberty, 1975.

19 Richard Wagner y James Gwartney. Public Choice and Constitutional Order.

17 18

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Cuadro 3. El modelo del prisionero.

Los individuos A (sindicatos); los individuos B (sector privado) Ingresos de A

Ingresos de B

Ingresos de A

Ingresos de B

Transacciones protegidas por los derechos de propiedad

100

100

120

30

Depredación

30

120

----

----

Ambos incurren en:

El cuadro 3, parte A, representa a los sindicatos que realizan dos tipos de transacciones y hacen sus intercambios protegidos por sus derechos de propiedad privada. En la otra como buscadores de renta o depredadores. El lado B muestra al sector privado con alternativas similares. Si el patrón económico es uno en el cual los derechos individuales están fuertemente protegidos por la ley, la prosperidad y la riqueza pueden ser generadas eficientemente.

En un entorno de mercado competitivo, de protección a la propiedad privada, de acuerdo mutuo, cooperación y respeto a la propiedad por todos los actores, cada grupo maximizará su utilidad. El ingreso será de 100 para cada grupo. Este número no significa que obtienen 100 c/u, sino que individualmente maximizan su renta y evitan gastar sus recursos en depredación.

Crean así un valor que incrementa la productividad, el crecimiento económico y el empleo. Así, los individuos usan sus derechos naturales para mejorar su bienestar, y el Gobierno constitucional es un Gobierno limitado, al cual sólo se le otorga un poder con funciones específicas y, fundamentalmente, se le obliga a proteger el cumplimiento de la ley de derechos de propiedad privada y de los contratos. Tal protección constituye las bases de la cooperación social basada en acuerdos mutuos, _______________________ 20

Ídem. Wagner y Gwartney.

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y éstos son la única prueba de una acción verdaderamente productiva, pues ambas partes salen beneficiadas20. Sólo bajo esta alternativa el crecimiento económico puede ser sostenido y la actividad económica fluirá en forma permanente, con una reasignación eficiente de los recursos económicos. En consecuencia, el proceso de mercado emerge de una manera natural y espontánea. En nuestra hipótesis, los trabajadores negociarán sus sueldos y salarios tomando en consideración sus cualidades individuales, excelencia, formación profesional, entrenamientos, habilidades, conocimiento y eficiencia. De igual manera, el sector privado negociará sus propiedades, como la tierra, bienes, tecnología y servicios, y se tomará en cuenta la calidad y el precio de los mismos.

Por el contrario, si el patrón económico que predomina es el de los buscadores de renta o depredadores, no se genera productividad ni aumento real del ingreso, porque se desvían los recursos en el pago de alcabalas o de sobornos. En este caso los ingresos para cada grupo, o son muy bajos, o pueden ser negativos. Por ejemplo, si cubrimos el periodo 1974-2003, donde la economía venezolana ha estado atrapada en ciclos continuos de estancamiento e inflación, este panel pudiera ser equivalente a varios periodos, que finalmente desembocan en 1998-2003, donde el crecimiento del PIB declinó 3%, la inflación alcanzo 24% y el desempleo 14,5%. Ello significa destrucción de la producción, erosión del poder adquisitivo, y elevado desempleo, lo cual ha causado serios daños al bienestar de la población. Aun cuando a partir de 2005 se observa un crecimiento del PIB, éste ha sido generado artificialmente por una expansión fiscal, combinado con una elevada tasa de inflación y una depreciación del tipo de cambio paralelo de 100%.

En las otras dos alternativas, cada grupo tiene la opción de depredar al otro grupo. Cada cuadro representa un extremo.

En el segundo, el grupo más influyente obtendrá el mayor ingreso, en este caso los sindicatos (IV República), o en la V República, el Gobierno y los boliburgueses, que son parte del Gobierno y

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que obtienen 120; pero el sector privado distinto a los boliburgueses es afectado seriamente porque solo gana 30. En el tercer cuadro el sector privado priviligiado es el grupo más influyente, con 120, mientras que los sindicatos o el Gobierno ganan 30. Finalmente, el cuarto cuadro muestra cómo incurrir en depredación finalmente termina en el colapso de toda la economía, donde la mayoría de la población pierde. Así, partiendo de este estado de anarquía hobbesiana, debería de haber la posibilidad de reflexionar seriamente para alcanzar el consenso y poder trabajar sobre un nuevo orden constitucional.

Venezuela todavía posee valores fundamentales, la mayoría cree en un Gobierno democrático, pero lo que merece la pena enfatizar es que el sistema democrático debe ser para proteger los derechos naturales individuales contra el abuso que hasta ahora han llevado a cabo los gobiernos. En la actual situación, de autoridad ilimitada, está claro que sólo se beneficia el Gobierno y los boliburgueses.

En las actuales circunstancias, los venezolanos deberíamos entender lo que es el verdadero concepto de una sociedad libre y de los derechos naturales individuales.

Una nueva Constitución no debe incluir derechos sociales, es decir aspiraciones y deberes para que el estado proteja la familia, el trabajo, la salud y la seguridad social. El trabajo y la familia son elecciones individuales. Igualmente, la salud, la educación y la seguridad social son responsabilidades individuales, pero si los ciudadanos deseamos entregarle al Estado tales responsabilidades, tendremos que analizar los pros y los contra, vista la experiencia tan desastrosa que se observa en los últimos 49 años. Por el contrario, una Constitución, aparte de definir la forma de Gobierno, sólo debe garantizar las libertades individuales y el derecho de propiedad. La tarea del Gobierno debe ser crear un marco legal, consistente con el nuevo orden constitucional, donde los individuos llevan a cabo exitosamente sus objetivos y la ley obliga y protege a todos por igual.

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DEL CÓMO REFORMAR* Nicomedes Zuloaga Bien parecida era la crisis de la IV República francesa en mayo de 1958 a la crisis que sufren las instituciones de la Venezuela de hoy.

En apretada síntesis podría resumirse esa crisis: Francia tenía un régimen parlamentario con un presidente casi decorativo y un primer ministro. Tenía un Congreso atomizado. Tenía un ejército derrotado en Indochina y enfrentado a una rebelión cruenta en Argelia. La descomposición política había llegado al extremo de que los partidos sustituyeran por alianzas circunstanciales al primer ministro casi una vez por semana. La corrupción política francesa había penetrado todos los niveles de la administración pública desde la Asamblea Nacional; donde se negociaban alianzas diarias a espaldas del interés nacional hasta el poder judicial politizado. Era una partidocracia podrida.

Un general de apellido Salan, comandante de las fuerzas militares francesas en Argelia, inició un golpe militar. Se comenzaron a constituir comités de salud publica a lo Robespierre para sustituir a las autoridades civiles. Hubo amenazas de ocupar militarmente a París. Los líderes políticos aceptaron el fin de su sistema podrido y acudieron casi unánimemente a entregarle el poder al general De Gaulle. Dos fueron las condiciones que puso el general para intervenir sin romper el hilo constitucional: que la propia Asamblea Nacional le otorgara poderes totales de emergencia y que luego se disolviera. Entre los poderes debería estar, mediante aprobación según la Constitución de dos tercios de los asambleístas, el de redactar una nueva Constitución que ______________________________ *

Artículo publicado en el diario El Universal el 19 de octubre de 1998.

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daría a Francia según sus propias palabras, «las instituciones que le darían, bajo una forma apropiada a los tiempos modernos, la estabilidad y la continuidad que le hacían falta desde hacía 169 años». Es decir, que le hacían falta desde tiempos de la Revolución Francesa.

La Asamblea le dio los poderes. De Gaulle detuvo con su prestigio el golpe militar. Llamó a Michel Debré, amigo personal, abogado y profesor constitucionalista de gran prestigio, quien —secundado por un joven equipo sacado del Consejo de Estado— elaboró el proyecto constitucional que está redactado conforme al proyecto presentado por el propio De Gaulle en Bayeux en 1946. Pidió la opinión al Consejo de Estado de 39 miembros y sometió el texto a un referéndum aprobatorio. Y así tuvo Francia la constitución actual que la ha gobernado en paz, con avatares políticos de todo tipo, por más de cuarenta años.

No pidió De Gaulle poderes para convocar una Asamblea constituyente que sólo repetiría las discusiones bizantinas y demagógicas que ya habían tenido lugar en los intentos reformistas de la disuelta Asamblea Nacional. Tomó el camino de una especie de convención constitucional mediante un cuerpo de su propia creación.

Ese fue el cómo francés. Un mentís histórico a las supuestas bondades institucionales nacidas de la violencia de la Revolución Francesa. Un mentís histórico a esa frase tan manoseada por nuestros políticos y que heredamos de aquella revolución de que la soberanía reside en el pueblo. La única participación popular en ese proceso fue la aprobación por referéndum de la Constitución gaullista.

No tenemos un hombre con el prestigio personal que tenía el general De Gaulle. No tenemos un golpe militar que nos presione.

Pero podemos darnos nuestro propio cómo sin caer en la tentación de un carnaval constituyente.

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REFORMA CONSTITUCIONAL* Nicomedes Zuloaga Estamos a comienzos del año 2003. Enfrentamos una crisis institucional que en realidad arrastramos desde hace siglo y medio.

No podemos hacernos la ilusión de que si salimos de Chávez se arreglarán las instituciones.

Recuerde el lector cómo eran las cosas antes de Chávez.

Vivíamos en una falsa democracia. Teníamos un poder judicial corrupto y politizado. La corrupción era mucho más amplia que la del poder judicial y alcanzaba todos los niveles del quehacer venezolano: desde las alturas del poder central hasta el último concejal. Nuestro Congreso estaba integrado por individuos escogidos primero a dedo por las cúpulas de las organizaciones políticas, y legitimados luego por nosotros en procesos donde votábamos pero no elegíamos. Los presidentes de la República eran escogidos según su personal capacidad de vendernos ilusiones; u odios y envidias como el mandatario actual. Pasábamos cada cinco años por los «movimientos» de una democracia formal para continuar igual en el periodo siguiente. ¿Cree usted sinceramente que sólo con la salida de Chávez vamos a corregir esas mentiras? ¿O vamos a regresar a lo mismo?

Hemos vivido y sufrido un proceso de falsa democracia y de falsa libertad sin solución de continuidad desde hace muchas décadas. Chávez no ha hecho ninguna revolución. Ha profundizado todos los vicios anteriores y ha magnificado a escalas siderales la corrupción. No ha cambiado en el fondo ninguna disposición constitucional que corrija o aminore los vicios _____________________________ *

Publicado el año 2003 en el libro 10 autores y 7 propuestas para rehacer a Venezuela, Cedice.

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de las anteriores. Sólo ha incluido en su Constitución Bolivariana disposiciones que le han facilitado centralizar y profundizar los errores y las mentiras.

Después de Chávez tenemos que hacer la verdadera revolución, la que nos ha hecho falta por lo menos desde mediados del siglo XIX. Tenemos que hacer ahora esa revolución para rescatar al menos la esencia del sistema democrático. Para tener jueces idóneos y respetados. Para derrotar la corrupción y para combatir el populismo electoral.

El problema que enfrentamos hoy los venezolanos es, pues, en el fondo, el mismo de toda América Latina: cómo elegir a los más capaces para gobernar, cómo tener un poder judicial confiable, cómo detener el vergonzoso proceso de corrupción y robo del dinero público y cómo avanzar en una verdadera democracia y, por lo tanto, en una ruta de progreso económico y de paz social.

Nuestro problema después de Chávez, aunque parezca imposible, es reconstruir entre todos a Venezuela. No pretendo cubrir todos los aspectos de esa urgente reconstrucción. No sería posible. Nos hemos limitado al desarrollo de los temas que a nuestro juicio son los más importantes, los más urgentes para lograr una reconstrucción.

Y a mí me ha correspondido comenzar por definir las reglas de la pacífica convivencia y de la democracia. Tenemos que volver a definir el marco institucional. Y esa definición tiene que comenzar por rescatar primero las reglas constitucionales del juego democrático. Ésas que, según dice la historia, José Gregorio Monagas decía que servían para todo. Y que hasta ahora efectivamente han servido para hacernos vivir desde entonces regímenes políticos de mentira integral.

Esas reglas son indispensables, repito, para convivir en paz y en democracia, y para mí son las siguientes:

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1. Definir claramente la esencia de la democracia; 2. Eliminar o disminuir al máximo la corrupción; 3. Tener buenos jueces, y 4. Derrotar el populismo.

1) Norberto Bobbio, el más citado de los filósofos contemporáneos, sostiene que la regla de la mayoría es la esencia de la democracia. No comparto ese criterio. Además, esta afirmación de Bobbio, que sería relativamente poco importante, es lamentablemente compartida por muchos políticos venezolanos y, más importante aún, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es evidente que con base en esa afirmación la política exterior norteamericana hacia nuestra América Latina es, y ha sido guiada durante muchas décadas, por el criterio de considerar como democracias a los Gobiernos latinoamericanos, tomando en cuenta únicamente su origen electoral.

En mi criterio, por el contrario, la esencia de la democracia no se encuentra en la regla de la mayoría, sino en la protección de la minoría.

No existe concepto más anticuado, equivocado y menos democrático que creer que la mayoría es soberana y que cuando «el soberano», el pueblo, es mayoría, es el depositario del poder originario. Y esta equivocación la han compartido casi todos nuestros constituyentes. Si analizamos el asunto correctamente, soberanos realmente eran los reyes y los zares y los incas y todos los gobernantes dictatoriales que conoce la historia.

Es cierto que todos somos iguales ante la ley, pero en realidad todos somos diferentes. No sólo en sexo, sino en aspecto físico y capacidades; unos somos altos y otros bajitos, unos gordos y otros flacos, unos más feos y otros menos. Unos inteligentes y otros menos, aun entre hermanos (aunque hereden algunas características y parecidos). Unos somos blancos y otros amarillos o negros. Unos conformes y otros rebeldes. Unos más capaces y

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laboriosos que otros. Unos más vivos que otros. Unos más jóvenes y otros más viejos. Y la convivencia pacífica y democrática para la vida en sociedad requiere necesariamente de la cooperación pacífica entre individuos que inevitablemente son marcadamente diferentes entre sí.

Aun cuando sea brevemente, vale la pena hacer énfasis en que la igualdad, no sólo entre seres humanos sino en este mundo en que vivimos, entre individuos de especies que se reproducen sexualmente, es sencillamente una imposibilidad biológica. En efecto, la combinación genética que trasmiten los padres a esos seres, y por lo tanto sus características de capacidad, personalidad y aspecto físico, son fruto de la combinación resultante de la competencia fecundadora del óvulo entre millones de espermatozoides, cada uno con carga genética distinta y, por lo tanto, la igualdad de los seres que resultan de esa combinación es imposible. Todos somos fruto de un «accidente de la noche»1.

Y esa desigualdad innata produce en el juego de la vida resultados muy disímiles en las respectivas capacidades, y por consiguiente en el bienestar material de los individuos.

Para mantener la indispensable cooperación pacífica entre esos seres diferentes, durante milenios la humanidad conoció una sola forma de lograrlo: el más fuerte o el más numeroso, que es prácticamente lo mismo, sometió al más débil y lo hizo trabajar para su provecho2. De este sistema de cooperación nacieron para la historia los reyes, los zares, los césares y los incas, los emperadores y otros gobernantes de ese sistema que genéricamente podríamos llamar el Antiguo Régimen. Y nacieron también los súbditos y los esclavos.

___________________________

Robert Ardrey. The Social Contract, Nueva York, Atheneum 1970. pp. 11 y 12.

Ludwig von Mises. Prólogo al libro de Louis Baudin, A Socialist Empire: The Incas of Peru. Edición en inglés. Princeton N.J. D. Van Nostrand Co., Inc. 1961. Orientación Económica Nº 3, 1962.

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Bajo el Antiguo Régimen todo el poder lo ejercía el monarca.

Los ciudadanos eran súbditos sometidos a la voluntad del ungido por Dios para gobernarlos. El monarca era dueño de vidas y haciendas. La famosa Carta Magna arrancada por el pueblo inglés a Juan Sin Tierra en 1215, marca el comienzo del fin de ese Antiguo Régimen y el inicio de la convivencia pacífica del Estado moderno y del sistema democrático, al menos en los países civilizados de Occidente. En este Estado moderno, la gobernabilidad y la cooperación social entre seres diferentes comienza a ser ahora posible, no ya por la sumisión a una autoridad superior, sino por la voluntad de los ciudadanos que se sienten protegidos frente a quien ejerce el poder, y se sienten protegidos a través de la existencia de unas garantías que les otorga el contrato social. La voluntad va sustituyendo a la fuerza como fuente de cohesión social. El más fuerte o el más numeroso (la mayoría) no somete ahora al más débil (a la minoría) con su fuerza, sino que lo convence con razones y con garantías para convivir en paz y trabajar juntos.

La cooperación social pacífica adquiere como base en el Estado moderno dos limitaciones importantes para la convivencia pacífica: 1) en el ámbito del derecho público y del ejercicio de la autoridad, la limitación del poder del Gobierno, que está limitado en su actuación por garantías individuales inviolables; y 2) en el ámbito del derecho privado, el que la vida en común de los ciudadanos esté regulada por un cuerpo de leyes que constituyan un verdadero Estado de derecho, que en el campo civil y mercantil ayude a resolver las diferencias contractuales, y en el campo criminal definan, impidan y castiguen aquellos actos considerados como incompatibles con esa vida pacífica en común.

De lo anterior se infiere que en la actuación de los poderes públicos los límites más importantes a la actuación de la mayoría, que se llaman garantías, son precisamente aquellas que no pueden estar sujetas a reglamentación o limitación por alguna ley aprobada por la mayoría.

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La existencia efectiva de garantías inviolables sí constituye la esencia y la base misma del contrato social y de la democracia y en ningún caso puede la mayoría, por muy mayoría que sea, reglamentar o limitar legalmente su ejercicio. La mayoría, así sea abrumadora, siempre encontrará en la sociedad una minoría que acepta pacíficamente a los gobernantes sólo si existen garantías inviolables. Las excepciones constitucionales que se establezcan a esas garantías basadas en lo que la ley diga, equivalen a dejarlas a la voluntad de la mayoría circunstancial que podría modificar la ley a su antojo.

Los venezolanos también tuvimos en una época disposiciones constitucionales de verdadera esencia democrática. Nuestra primera Constitución fue promulgada el 5 de julio de 1811, y en su artículo 199 decía así: «Para precaver toda trasgresión de los altos poderes que nos han sido confiados, declaramos que todas y cada una de las cosas constituidas en la anterior declaración de derechos, están exentas y fuera del alcance del Poder general ordinario del Gobierno, y que conteniendo o apoyándose sobre los indestructibles y sagrados principios de la naturaleza, toda ley contraria a ellas que se expida por la Legislatura federal, o por las provincias, será absolutamente nula y de ningún valor»3.

Estas disposiciones constitucionales venezolanas, muy similares, antecedieron en 42 años a la misma de la Constitución argentina de 1853, pero nuestra Constitución de 1811 tuvo muy poca vigencia en el tiempo. Terminó junto con la primera República. Esa disposición o alguna similar con tanta esencia democrática desapareció totalmente en las otras 25 Constituciones que hemos tenido desde entonces.

Como breve referencia histórica, la inclusión de ese texto fue obra de Francisco Xavier Ustáriz, redactor de esa Constitución, _________________ 3

Destacado del autor.

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según los estudiosos. Podríamos imaginar que fue encargado de esa labor por los otros constituyentistas de 1811, porque era uno de los pocos que leía y hablaba inglés y francés, y por ello había tenido oportunidad de leer e interpretar correctamente a los padres e inspiradores de la democracia y de la Constitución americana.

Pero hubo en América Latina, en casi dos siglos de vida independiente, una sola excepción de país que gozó durante casi un siglo de disposiciones constitucionales esenciales: Argentina.

Después de veinte años de la feroz dictadura de Rosas, desde 1853 hasta 1949, esto es hasta casi la mitad del siglo XX, y por un periodo de 96 años, ese bello país del sur gozó de un progreso económico continuo, con una envidiable convivencia pacífica de sus habitantes y con una alternabilidad republicana de sus gobiernos que la hicieron el destino preferido de quienes emigraban de una Europa convulsionada entonces por toda suerte de conflictos políticos, sociales o religiosos.

Y durante todo ese periodo Argentina tuvo la misma Constitución, la de 1853, que fue inspirada y casi redactada siguiendo las recomendaciones contenidas en un pequeño libro llamado Bases publicado un año antes, en 1852, por ese suramericano excepcional que se llamó Juan Bautista Alberdi4.

No sería históricamente correcto atribuir a la Constitución de Alberdi todo el mérito de ese siglo de progreso y de paz. La Argentina tuvo además la inmensa fortuna de contar, simultáneamente en ese período, con la presencia de otros ciudadanos ejemplares como Domingo Faustino Sarmiento, Bernardino Rivadavia y ______________________________________

Alberdi nació en San Miguel de Tucumán en 1810. Afiliado desde muy joven al Partido Liberal, en sus numerosos escritos analizó la estructura económica y social de su país, criticando la situación de atraso que había creado la colonización española y defendiendo la industrialización intensiva como única forma posible de progreso. Según Alberdi, la clase capaz de llevar a cabo esa industrialización, la burguesía, no existía entonces en Argentina, por lo que consideraba imprescindible la inmigración europea.

Alberdi fue durante algún tiempo figura central de la vida política argentina. En la década de 1850 desempeñó tareas diplomáticas en París, Madrid, Washington y Londres. Posteriormente se retiró de la actividad pública y se dedicó a escribir. Durante muchos años vivió en Chile y Europa. Murió en París en 1884.

4

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Bartolomé Mitre. Sarmiento merece una mención especial. Fue un tenaz opositor al tirano Rosas. Fue Ministro en Washington a mediados del siglo XIX y fue elegido presidente en ausencia trayendo consigo un bagaje de experiencias de lo que había visto y apreciado en los Estados Unidos. Su libro «Facundo» es la historia de uno de esos caudillos regionales que sufrió toda nuestra América y un verdadero tratado de sociología latinoamericana postindependencia.

Durante el peronismo Sarmiento fue la aversión preferida de los descamisados y montoneros que acabaron con su país, llamándolo traidor por identificarlo con las políticas de progreso y libertad que tanto admiró en los Estados Unidos y que pudo trasladar a Argentina.

Pero es la influencia de Alberdi la que nos interesa destacar ahora. Me parece importante llamar la atención del lector sobre una de las más importantes contribuciones de ese gran tucumano para proteger la esencia de la democracia, es decir, las garantías.

A continuación reproduzco el texto del mismo artículo en las Bases de Alberdi y en la Constitución argentina de 1853 para que el lector pueda apreciar la similitud: Bases de Alberdi «Las leyes reglan el uso de estas garantías de derecho público; pero el Congreso no podrá dar ley que con ocasión de reglamentar u organizar su ejercicio las disminuya, restrinja o adultere en su esencia».

Constitución argentina de 1853 «Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio».

Como puede apreciarse, tanto la Constitución argentina de 1853, como las Bases de Alberdi contenían prohibición expresa muy similar para que los legisladores no pudieran alterar los principios, garantías y derechos que fueron incluidos en la Constitución para

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protección de las minorías. Contenían pues la verdadera esencia de un régimen democrático.

Creo firmemente que la recuperación en nuestro texto constitucional de disposiciones similares a la de nuestra Constitución de 1811, o a la de Alberdi, es condición indispensable si realmente queremos tener de ahora en adelante unas verdaderas reglas del juego democrático.

En el origen de toda corrupción encontramos necesariamente la discrecionalidad. Abraham Lincoln decía que la democracia era el gobierno de las leyes en contraposición al gobierno de los hombres. Y Lincoln tenía razón. Un Gobierno es más democrático en la medida en que los ciudadanos estén más gobernados por las leyes y menos gobernados por los hombres.

El gobierno de los hombres es el gobierno de la discrecionalidad.

De las decisiones tomadas por la voluntad del funcionario.

El principio llamado de la legalidad es aquél según el cual los funcionarios no pueden hacer sino aquello que les está expresamente permitido por la ley, mientras los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Recordemos que las leyes son las normas que aseguran una convivencia pacífica entre personas marcadamente diferentes entre sí y son la base misma de la pacífica convivencia y de la libertad.

Nuestras Constituciones sí incluyen y han incluido ese principio de legalidad.

Pero no todos los funcionarios tienen definidas sus atribuciones por la Constitución y las leyes. Cuando una ley, reglamento u ordenanza otorga al funcionario la discreción en la decisión, cuando le otorga la facultad de otorgar o negar una petición, cuando le otorga la facultad de decir sí o no, le está entregando el instrumento más eficaz para la corrupción. La experiencia de estos últimos 44 años nos enseña, además, que cuando esa

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facultad discrecional se otorga por ley a la mayoría de un cuerpo colegiado lo que ocurre es un aumento en el precio de la corrupción.

Para un ciudadano común de los Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia, el triunfo electoral de uno u otro candidato no tiene mucha importancia para su vida diaria. El elegido tendrá que aplicar el mismo cuerpo de leyes y ordenanzas que su predecesor, donde, con muy contadas excepciones, estarán clara y minuciosamente definidas las atribuciones de los funcionarios públicos. Para un ciudadano corriente de África o de América Latina, por el contrario, el triunfo electoral de uno u otro candidato puede significar su riqueza o su ruina. El vencedor accederá al poder, esto es, a la mayoría que podrá reformar «democráticamente» las leyes cambiando a su antojo las reglas del juego y a instalar en los cargos públicos, unipersonales o colegiados (de jueces o de simples funcionarios) a sus partidarios con capacidad para que puedan vender sus decisiones al copartidario, al amigo o simplemente al mejor postor. Y ésta es quizás la más importante diferencia entre las verdaderas democracias de los países civilizados y las parodias que, con el mismo nombre, se practican en la mayoría de los países del Tercer Mundo.

La Constitución requiere una reforma urgente para introducir la expresa prohibición de hacer leyes, reglamentos u ordenanzas que no definan minuciosamente las facultades del funcionario y las condiciones que debe cumplir el ciudadano para obtener un permiso o una licencia. Y para declarar inconstitucionales las disposiciones legales que otorguen al funcionario público determinado, o a la mayoría de un cuerpo colegiado, la discrecionalidad en las decisiones.

Es importante señalar que el móvil de la corrupción no es siempre económico. La envidia y, más dulce aún para los perdedores, la consiguiente humillación de los triunfadores en el

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juego de la vida, es el sentimiento más profundamente enraizado en la mente humana desde tiempo inmemorial y que conduce a otro tipo de corrupción. Las envidias y las pasiones ideológicas que llevan al deseo de humillar al triunfador o a vengarse del enemigo ideológico o religioso han estado presentes en la mayor parte de las corrupciones no económicas ejecutadas por funcionarios judiciales o policiales que han ejercido el poder en el Tercer Mundo. El exterminio de los judíos por el nazismo; el asesinato de los kulaks por Stalin; los genocidios al estilo de Pol Pot en Camboya, o los paredones al estilo de Castro en Cuba son testigos históricos de este otro grave estilo de corrupción.

Pero para que existan funcionarios y jueces corruptos es necesario que existan corruptores. El ambiente nacional de corrupción no se corrige reformando únicamente nuestra legislación. Es una cuestión de educación y de moral ciudadana que se relaciona directamente con cuarenta años de corrupción burocrática y judicial.

Para tener buenos jueces Hay un grupo de funcionarios indispensables para una convivencia pacífica que tienen esa facultad discrecional a la que nos referimos antes por la propia naturaleza de sus cargos, aun cuando la ley nada diga y a quienes no se les puede cercenar ese derecho. Son los jueces. Las decisiones judiciales tienen necesariamente un alto componente discrecional. Los jueces de la jurisdicción penal deben pronunciar la culpabilidad o la inocencia según su propio criterio, aun cuando estén sometidos a las disposiciones del Código. Los jueces de la jurisdicción civil o mercantil deben declarar con o sin lugar la petición del demandante en gran medida según su propio criterio. Dada la naturaleza de estos funcionarios en todas partes del mundo, bajo todas las legislaciones, las decisiones judiciales están siempre sujetas a revisión. Las decisiones son apelables ante un juez superior. No es de extrañar entonces que sea precisamente en el poder judicial donde

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encontremos hoy y en los tiempos recientes la mayor parte de la corrupción que nos ha agobiado y nos agobia. Y por lo mismo, una verdadera reforma de este poder es tan urgente.

Yo me he preguntado muchas veces la razón por la cual los jueces norteamericanos son mejores que los de toda la Iberoamérica. Digo mejores dejando a salvo honrosas y hasta numerosas excepciones, y no por sus calificaciones profesionales sino por su credibilidad. Yo creo tener una respuesta. Son mejores los jueces norteamericanos porque su designación al norte del Río Grande no es fruto ni de una decisión irresponsablemente colegiada ni de una elección política, y por el contrario, sin excepción, al sur de ese río todos los jueces en una u otra forma han sido nombrados por cuerpos colegiados. Es evidente que cuando la responsabilidad se reparte desaparece. ¿Quién resulta responsable de la designación por el Congreso o la Asamblea de un vagabundo como juez del Tribunal Supremo? Nadie, porque lo nombró un cuerpo colegiado de más de casi 200 personas, y además ellas mismas elegidas por el pueblo.

Bajo la Constitución americana y como resultado del pacto federal existen jueces estatales y jueces federales (como existían en Venezuela hasta la Constitución de 1936). La creación de nuevos tribunales es allá facultad del Congreso, pero los jueces federales, aquellos encargados de juzgar los llamados delitos u ofensas federales, es decir, importantes, son nombrados por el presidente de los Estados Unidos bajo su propia responsabilidad, derivada de eso que los romanos llamaban la culpa in eligiendo. Es cierto que debe obtenerse además la aprobación del Senado, pero este filtro no releva al presidente de su responsabilidad personal en la escogencia.

Los jueces estatales difieren en su forma de nombramiento entre los diversos estados de la Unión Americana, porque su nombramiento o elección quedó reservada al poder estatal.

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En la mayoría de los estados, los jueces de las escalas inferiores, y únicamente los de esas escalas inferiores, son elegidos entre candidatos profesionalmente calificados, por el voto popular de los vecinos que los conocen personalmente en los pequeños Burgos y pueden por lo tanto estimar correctamente sus cualidades o defectos. Sería una locura elegir a los jueces superiores por votación universal que derivaría en una competencia de organizaciones políticas. Pobre suerte la de un miembro de la oposición política cuando el juez fuera elegido por la mayoría triunfante. En ningún caso, el nombramiento o escogencia de los jueces federales norteamericanos es fruto de una designación escondida tras una elección política o fruto de una irresponsabilidad colegiada.

Esta facultad presidencial para el nombramiento de todos los jueces federales hace recaer además sobre la persona del presidente, electo por los ciudadanos, una inmensa responsabilidad personal. El presidente de los Estados Unidos resulta personal, político y hasta legalmente responsable por esos nombramientos. Es posible que los miembros de su organización política traten de influir y en algunos casos efectivamente influyan en esos nombramientos, pero la permanencia de esos funcionarios en sus cargos, casi siempre muchos años después de que el presidente haya cesado en sus funciones, lo hacen temer por lo menos al juicio de la historia.

Los jueces nombrados por él pueden ser además removidos constitucionalmente por el Congreso, previo procedimiento público por actuaciones ilegales, corruptas o desdorosas. Y en el caso especial de los jueces de la Corte Suprema, por su importancia e inamovilidad, la requerida aprobación senatorial contribuye a un examen cuidadoso, público, político y a veces hasta injusto de la formación y méritos académicos, la experiencia y capacidad profesional y de las cualidades y defectos personales del escogido por el presidente para una posición tan importante y delicada. Así se nombran los jueces en el país más democrático del mundo.

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Una situación muy distinta existe en el nombramiento de los jueces al sur del Río Grande. A pesar de que casi todas nuestras constituciones siguen el formato de la Constitución norteamericana, lamentablemente bajo la ficción de que esos nombramientos o escogencias deben ser más «democráticos», en todos nuestros países los jueces son nombrados por cuerpos colegiados. Las indebidas influencias políticas, las componendas y corrupciones de todo tipo que conducen al nombramiento de jueces no idóneos se esconden, y se han escondido siempre en nuestro continente, tras el disfraz democrático del nombramiento colegiado y, por lo tanto, irresponsable.

Es urgente, pues, modificar sustancialmente todas las disposiciones de la Constitución para despolitizar el poder judicial y hacer del nombramiento de los jueces una actuación personal y responsable. Mi recomendación es dar esa facultad al presidente de la República, con o sin filtro parlamentario para los jueces de primera instancia y superiores, pero evitar a toda costa la escogencia por cuerpos colegiados irresponsables.

Y establecer la elección popular de los jueces a nivel de parroquia o municipio, dejando a un cuerpo técnico de la judicatura únicamente la forma de calificación profesional de esos candidatos.

Cuanto antes lo hagamos tendremos entonces un poder judicial integrado por ciudadanos capaces, irreprochables por su trayectoria personal y por su independencia de presiones particulares, políticas o comerciales, es decir, de jueces idóneos que gocen de la confianza de todos los venezolanos.

Para derrotar el populismo En un régimen democrático la soberanía popular se ejerce al través de los poderes públicos. En la Constitución deben definirse las facultades, atribuciones, limitaciones, duración y forma de integración de esos representantes populares.

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El poder ejecutivo, en los regímenes presidencialistas como el nuestro, es algo así como el gerente de la empresa. Es el que se ocupa de la gestión diaria, de la administración. Recibe un mandato revocable y se elige por votación popular directa y secreta periódicamente, y es la única oportunidad que tiene el pueblo de opinar sobre su gestión. Iguales consideraciones sirven para los gobernadores de entidades federales y para los alcaldes.

El poder legislativo está normalmente integrado, a nivel nacional, por un Congreso normalmente dividido en dos cámaras, y a nivel estatal o municipal por cuerpos deliberantes elegidos periódicamente por plazos normalmente más cortos. Su función principal es la redacción y discusión de leyes u ordenanzas de aplicación general.

Podríamos decir que esa representatividad en los cuerpos deliberantes es atributo esencial del Estado de derecho. Esa que ostentaron y ostentan hoy los presidentes de la República que han sido elegidos en comicios libres, mediante campañas electorales en las cuales se han debatido públicamente sus cualidades y sus defectos. Pero en Venezuela una cosa ha sido la representatividad del jefe del poder ejecutivo, al menos desde 1959, y de los gobernadores y alcaldes desde comienzos de la década de los años noventa, y otra muy distinta la que dicen ostentar quienes fueron elegidos para llevar a cabo la labor parlamentaria a todos los niveles, esto es la redacción y aprobación de las leyes u ordenanzas que han de regular la vida en común de los venezolanos.

Es esta representatividad la que a su vez otorgaría legitimidad a la actuación parlamentaria.

Tienen los parlamentos como límite efectivo de su poder el que éste le ha sido delegado por sus electores, esto es que el cuerpo legislativo no tiene más derechos que los que tenía individualmente, antes del pacto social, quien le ha otorgado su representación, siguiendo aquel principio de que nadie puede delegar el derecho que no tiene. Los integrantes de esos parlamentos tienen la ficción de representar la voluntad de una parte de los individuos que integran la nación determinada comúnmente por regiones

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geográficas. Y ostentan esa legítima representación porque esos candidatos deben haber sido elegidos por esas regiones, previa campaña electoral donde se han debatido públicamente sus cualidades y sus defectos y donde han pedido la representación de los electores con base en sus atributos personales de capacidad y honestidad, que los harían acreedores de la confianza de los ciudadanos.

Esa representatividad personal es lo que diferencia a los verdaderos parlamentos de esas caricaturas que, en el ámbito nacional, fueron en el pasado los congresos de los dictadores venezolanos, y en el ámbito internacional hasta la destrucción del muro de Berlín, los soviets designados a dedo por las autoridades del Partido Comunista de la Unión Soviética, o lo fueron los llamados parlamentos en la Europa ex comunista y algunos actuales de ciertas repúblicas africanas.

La Constitución actual, al establecer la forma en que se integrará la Asamblea Nacional dice textualmente: «(…) elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta».Cómo es posible que bajo esas claras disposiciones constitucionales no hayamos sido capaces de juzgar directamente las cualidades o defectos de los candidatos a representarnos en los cuerpos deliberantes como juzgamos cada cinco años las de los candidatos a presidente?

Elección directa sin uninominalidad es un concepto contradictorio y no son válidos los argumentos de que la representación proporcional de las minorías obliga a ese sistema. Esa representación no es indispensable. En Inglaterra, por ejemplo, cuna de la democracia no existe la representación proporcional de las minorías, y ello no menoscaba la condición democrática del régimen político británico.

Esto nos lleva necesariamente al análisis del sistema electoral.

Sería ocioso recordar a ustedes que la Constitución de 1961, que permitió ese sistema de elección por listas y colores decididas en cenáculos de las organizaciones partidistas, fue

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causa principal del descrédito que hizo posible la elección de Hugo Chávez. Sería menos ocioso recordarles que el ofrecimiento de Chávez de hacer elecciones uninominales en 1999 fue desvirtuado por los «quinos» y los votos acumulativos.

He dedicado bastante tiempo a estudiar algún sistema electoral que pueda eliminar o disminuir ese virus que infecta la política de Iberoamérica. El virus del populismo. Todas las campañas electorales en nuestros países tienen la misma infección populista. Los electores le hablan a una masa, que estiman será mayoritaria, vendiéndole ilusiones u odios, sin ideas concretas ni programas viables para resolver problemas, porque lamentablemente ése es hoy su mercado electoral.

En la época de Ustáriz y de Alberdi no había ese problema. El derecho a voto no se confundía con el de ciudadanía. La ciudadanía y el consiguiente derecho a votar se obtenían calificando por varias cualidades que hacían presumir en el elector verdadero interés en el futuro de las cosas públicas.

Ese sistema con el correr del tiempo desapareció bajo el mote algo despectivo del voto censitario.

En nuestro mundo de voto universal, donde se confunde el derecho a la nacionalidad con el derecho a la ciudadanía, no podemos ni siquiera proponer alguna calificación del elector.

La única que subsiste es la edad: los niños no votan. He estudiado también el voto múltiple que le daría más votos al mejor calificado, sistema que rigió en Inglaterra desde 1818 hasta 1948, y en Bélgica con muy buenos resultados desde 1893. Los votos adicionales podrían obtenerse por haber hecho el servicio militar; por haber logrado título universitario o técnico y así sucesivamente. Pero en nuestro ambiente político actual parece utópico.

He llegado a la conclusión de que la única calificación que hoy podría ser aceptable sería la del elegido, que no cura totalmente el populismo, pero que puede mejorar considerablemente la calidad de nuestros gobernantes.

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A título de ejemplos y para estimular la creatividad del auditorio me atrevo a proponer algunas calificaciones: Por ejemplo, podríamos hacer la elección presidencial solamente entre quienes hayan resultado electos en unas previas elecciones para gobernadores. Limitaríamos así la elección para escoger entre quienes ya han tenido un cierto filtro electoral.

La elección previa tendría la ventaja adicional de descargar parte de ese protagonismo, que según una reciente encuesta tiene en 6% la credibilidad pública de los líderes políticos.

También creo que podríamos calificar en alguna forma al elegido. Al cumplir los 18 años todos tendríamos un punto. Si hemos hecho el servicio militar, por ejemplo, tendríamos dos puntos. Si hubiéramos terminado el bachillerato tendríamos un punto adicional. Si fuéramos casados y padres o madres, sostén de la familia, tendríamos dos puntos adicionales. Y así sucesivamente según la calificación personal del aspirante y su verdadero interés en el futuro de la patria. Para ser candidato se requeriría tener acumulados un número determinado de puntos según la fórmula anterior, variable según el cuerpo de que se trate, mayor según la importancia del cuerpo a elegir. Lograríamos así unos cuerpos deliberantes integrados por venezolanos mucho más capaces que los que hemos tenido hasta ahora.

La reforma de la Constitución es pues indispensable también en este aspecto. Tanto la postulación como la elección tienen que ser realmente uninominales, personales y directas, sin intermediación necesaria de ninguna organización política, y los candidatos cumplir con calificaciones personales. Y la Constitución tendría que establecerlo taxativamente así.

Si se llevaran a cabo por lo menos estas reformas podríamos todos los venezolanos, sin distinción de clase, color, condición o preferencia política, convivir pacíficamente y progresar todos hacia una vida mejor.

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PARTE II EL MERCANTILISMO EN AMÉRICA LATINA

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Constituci贸n, socialismo y mercantilismo en Am茅rica Latina

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CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL MERCANTILISMO Enrique Ghersi (*) El presente artículo tiene por propósito sugerir, siguiendo a Ronald Coase y Douglas North —ambos ganadores del Premio Nobel de Economía— que la estructura institucional de un país no es indiferente al resultado económico del mismo y, por consiguiente, el carácter mercantilista de la economía peruana tiene relación directa con el subdesarrollo del país1.

Para el efecto, empezaremos con una breve reseña acerca de la economía mercantilista y concluiremos presentando como hipótesis de trabajo que determinadas características de nuestro sistema jurídico son sus consecuencias lógicas.

En términos generales la teoría económica sugiere que existen dos tipos de capitalismo. El capitalismo antidemocrático, donde la propiedad y la empresa privada son un privilegio, donde no existe competencia y, por consiguiente, los ciudadanos no tienen derechos sino concesiones graciosas de la autoridad estatal. En él, por cierto, no existe un Estado de derecho en el sentido de una ley que pueda limitar el poder. Este capitalismo antidemocrático recibe en la historia económica, el nombre de mercantilismo2.

__________________________________

Profesor de Derecho y Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Profesor Visitante de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte (Guayaquil). Profesor Visitante de la Escuela Superior de Administración de Empresas (Buenos Aires). Adjunct Scholar del Cato Institute (Washington). Miembro de la Mont Pelerin Society, de la Royal Economic Society (Londres) y de la American Law and Economics Associaton. Coautor de El otro sendero. Ex Diputado por Lima.

1 Ronald Coase. The Nature of the Firm, Económica (Nov. 1937), 306-405. The Problem of the Social Cost, Journal of Law and Economics, (1960), 3, 1-44.

2 Eli Heckscher. La época mercantilista. Historia de la organización y las ideas económicas desde el final de la Edad Media hasta la sociedad liberal. Fondo de Cultura Económica. México. 1993.

Primera reimpresión de la primera edición en español. (*)

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Frente al mercantilismo existe un tipo de capitalismo democrático, según el decir de Michael Novak3, en el que los individuos tienen derechos —por ejemplo la propiedad privada, o la empresa privada— y donde la competencia es una obligación social: se compite porque conviene a la sociedad que se compita.

Este capitalismo democrático generalmente es denominado por la historia económica como economía de mercado, y es una etapa de desarrollo posterior del Mercantilismo.

Así, por ejemplo, Max Weber dice: «Todo lo que existió antes del siglo XVIII fueron diversas clases de un capitalismo de tipo irracional». «El mercantilismo es la traslación del afán de lucro capitalista al seno de la política. El Estado procede como si estuviera única y exclusivamente integrado por empresarios capitalistas; la política exterior descansa en el principio de aventajar al adversario, comprándole lo más barato posible y vendiéndole lo más caro que se pueda. La finalidad más alta consiste en robustecer hacia el exterior el poderío del Estado (...) En el orden teórico este sistema se apoyó en el catecismo de la balanza comercial, la cual enseñaba que sobreviene el empobrecimiento de un país tan pronto como el valor de las importaciones supera al de la exportación; esta teoría se desarrolló en Inglaterra desde el siglo XVI (...)»4.

La historia económica del capitalismo es en realidad la historia de pasar de la economía mercantilista del capitalismo antidemocrático, a la economía de mercado, al capitalismo democrático. El elemento central que marca la diferencia institucional entre los dos sistemas es la existencia de un Estado de derecho.

Siguiendo a Max Weber, «para que la explotación económica capitalista proceda racionalmente, precisa confiar en que la justicia y la administración seguirán determinadas pautas. Ni en la época de la polis helénica, ni en los estados patrimoniales de Asia, ni en _____________________________________ 3 4

Michael Novak. El espíritu del capitalismo democrático. Ediciones Tres Tiempos. Buenos Aires. 1983.

Max Weber. Historia económica general. Fondo de Cultura Económica. México. 1997. p. 292.

Consecuencias jurídicas del mercantilismo

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los países occidentales hasta los Estuardos pudo garantizarse tal cosa. La arbitrariedad de la justicia, con su otorgamiento de mercedes, trajo constantes perturbaciones en los cálculos peculiares de la vida económica»5.

En efecto, la economía mercantilista estuvo sometida al arbitrio del poder, no a la estabilidad de las normas jurídicas. Se podría decir que regía una ley, pero divorciada de la realidad, al punto de que en lugar de Estado de derecho existía un Estado de legalidad.

Cuando la política y el poder gubernamental intervienen la economía se produce, lo que Adam Smith había señalado: «El comercio y las manufacturas pocas veces pueden florecer durante mucho tiempo en un estado que no disfrute de una ordenada administración de justicia, donde el pueblo no se sienta seguro de la posesión de sus propiedades, en el que el cumplimiento de los contratos no sea amparado por la ley y en el que su autoridad no se ocupe de forma permanente en obligar a que paguen sus deudas todas aquellas personas que se hallan en condiciones de hacerlo. En pocas palabras, el comercio y las manufacturas pocas veces pueden florecer en un Estado donde no haya cierto grado de confianza en la justicia del Gobierno»6.

El Estado de derecho sólo existe en la economía de mercado. Es un mecanismo por el cual el derecho limita el poder, creando una esfera en la que cada uno de los individuos goza de determinados derechos subjetivos que le permiten desenvolver su personalidad, desarrollar su actividad y disfrutar de los beneficios de su trabajo. Ésta es la concepción básica de la libertad bajo la ley, «la que limita la libertad de cada uno para garantizar la misma libertad de todos»7. ____________________________

Max Weber. Ob. Cit. p. 292.

Adam Smith. Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Barcelona, Oikos-Tau S.A. 1988. Tomo II, p. 937.

7 Friedrich A. Hayek. Nuevos estudios en filosofía, política, economía e historia de las ideas.

Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1981. p. 115.

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En la economía mercantilista no existe un Estado de derecho. Por cierto, se puede decir que en todas partes existe un derecho.

Nominalmente sí. Hay leyes, pero un Estado de legalidad no es un Estado de derecho.

Tal y como señala Hayek: «(...) el imperio de la ley presupone, desde luego, completa legalidad, pero sin que ello sea suficiente.

Si una ley concede al Gobierno poder ilimitado para actuar a su gusto y sazón, todas sus acciones serían legales, pero no encajarán ciertamente dentro del Estado de derecho. El Estado de derecho, por tanto, es también más que el constitucionalismo y requiere de legalidad, requiere que todas las leyes se conformen con ciertos principios»8.

El mercantilismo ha sido objeto de diatriba y reflexión desde el siglo XVIII. Perdices de Blas y Reeder explican que para los fisiócratas el mercantilismo fue un sistema regulador; para Adam Smith y la economía clásica, un sistema proteccionista; para la Escuela Histórica Alemana, un sistema de poder; para Hecksher y Viner, un enfrentamiento entre poder y riqueza; para Keynes, una forma de solucionar el desempleo; para Schumpeter, una etapa del capitalismo y para Ekelund y Tollison, un sistema de ventas por el cual se ofertan y demandan privilegios9.

En el mercantilismo hay un estado de legalidad porque formalmente existen leyes que son producidas por la autoridad estatal vigente o prevaleciente en determinado momento y son impuestas a través de la fuerza a la sociedad y a las personas que deben observarlas.

A diferencia del Estado de derecho, en el Estado de legalidad la ley no limita el poder, lo refleja. En el Estado de legalidad la ley es un instrumento de control social. Un instrumento de ______________________________________ 8 Friedrich A. Hayek. Los fundamentos de la libertad Unión Editorial. Madrid. Cuarta Edición.

1975. p. 286.

9 Cf. Perdices de Blas y John Reeder. El mercantilismo: política económica y Estado nacional.

Editorial Síntesis. Madrid.1998. pp. 11-12.

Consecuencias jurídicas del mercantilismo

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dominio. Un instrumento de regulación de la autoridad sobre el cuerpo social. La ley en el Estado de derecho, por el contrario, no es un instrumento de control social. Es un límite del poder. Es una clara ratificación de la esfera de acción del derecho individual frente a la prevaleciente actitud de los poderes estatales. Diferente a la existencia de un monopolio de la fuerza que es controlado por esa autoridad. Así, para Douglas North «las instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad, y por tanto, las instituciones políticas y económicas son las determinantes fundamentales del desempeño económico(...) Las instituciones son imposiciones creadas por los humanos, que estructuran y limitan sus interacciones. Se componen de imposiciones formales (por ejemplo, reglas, leyes, constituciones), informales (por ejemplo, normas de comportamiento, convenciones, códigos de conducta autoimpuestos) y sus respectivas características impositivas. En conjunto, definen la estructura de incentivos de las sociedades, y específicamente de las economías»10.

Para Ayn Rand, «el Gobierno debe ser aquel robot impersonal, donde las leyes sean lo único que mueve su poder11. En general, si examinamos la historia económica de Occidente, tenemos que la economía mercantilista tuvo un gran florecimiento en Europa durante el siglo XVI, XVII y buena parte del XVIII. Este florecimiento fue más o menos dispar. El libro del historiador sueco Eli Heckscher, llamado La época mercantilista, es un clásico en la historia económica. En él y en los trabajos del sociólogo alemán Werner Sombart 12 , su discípulo, la caracterización del mercantilismo está profusamente configurada. Se considera que su origen está en la Edad Media en los Países Bajos. De ahí el mercantilismo logra extenderse por toda Europa y tener un desarrollo desigual, muy vivo y ___________________________________________

Douglas North. Desempeño económico en el transcurso de los años. Discurso de aceptación del Premio Nobel de Ciencias Económicas, 9 de diciembre de 1993.

11 Ayn Rand. La naturaleza del gobierno. Cuadernos de Divulgación del Instituto de Economía de Libre Mercado. Lima. Perú. 1997.

12 Werner Sombart. El apogeo del capitalismo. México. Fondo de Cultura Económica. 1946.

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floreciente, hasta que entra en crisis en diferentes momentos y en diferentes países. Esta crisis esencialmente empieza a producirse a raíz de la Revolución Industrial y con desenlaces más o menos violentos, más o menos pacíficos, dependiendo del país en donde se produce.

Para Perdices de Blas y Reeder, en realidad no se trató de una escuela de pensamiento ni de una corriente ideológica, sino de una forma de Gobierno: algo así como la política económica de los nacientes estados nacionales europeos de entonces. Así, dicen ambos autores, «el poder interviene cada vez más en todos los aspectos de la vida económica, y lo hace a través de una legislación reguladora que intenta: «Mediar en el proceso de desarrollo económico, aumentando la riqueza y el poder de los que tenían posiciones políticas ejecutivas dentro del aparato del Estado (...) »Incrementar el caudal de ingresos (fiscales y nos fiscales) que fluye hacia el Estado desde todos los sectores de la economía nacional (e imperial) para sostener el creciente gasto público, generalmente de tipo militar y suntuario (tal es el caso, por ejemplo, de los Habsburgos en España o el de Luis XIV en Francia)»13.

La historia original del mercantilismo es fascinante, porque constituye la etapa inicial del desarrollo del capitalismo. Tiene para su época importantes avances y grandes contribuciones. Así, por entonces se dio nacimiento a las patentes14 en los Países Bajos, y en la Liga Hanseática a las modernas corporaciones. En el norte de Italia, por su parte, el mercantilismo dio nacimiento a la banca. Los renacentistas practicaban una política mercantilista. __________________________________ 13 Luis Perdices de Blas y John Reeder. El mercantilismo: política económica y Estado nacional.

Editorial Síntesis. Madrid. 1998.

14 Según Weber: «(...) la racionalización de la técnica y la economía con el fin de disminuir los precios en proporción a los costos, generó en el siglo XVII una búsqueda de inventos (...). En la etapa precapitalista las creaciones tipo Leonardo Da Vinci fueron empíricos y se dieron casualmente. En la Inglaterra de 1623 se da la primera Ley de Patentes Racional que limita la protección de los inventos a 14 años, y al pago de una prima al inventor por cualquier empresario. Un nuevo incentivo para la creación». Ob.Cit.p p. 264-265.

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Era el Estado el privilegiado por la actividad económica de la que ellos eran los actores principales, y de esa forma tenían un rendimiento, una participación significativa y creciente.

La era mercantilista floreció también en España a partir del siglo XVI. Ésta fue una potencia predominante en el mundo por entonces.

Curiosamente, en el siglo XVI España y los Países Bajos estaban reunidos en una sola corona, eso tiene mucho que ver con nuestra historia en la América indiana, porque es una parte que resaltamos poco en nuestros libros de historia.

En efecto, después de una larga lucha, una misma familia se instala tanto en Castilla como en Aragón, con Enrique II en la primera y Fernando Antequera en la segunda. «Se denomina Trastámaras a los miembros de una dinastía regia que llegó a ocupar, en los últimos siglos de la Edad Media, las coronas de Castilla y de Aragón. Primero se instalan en Castilla, en el año 1369; luego en Aragón, en 1412.

Los Trastámaras eran de origen bastardo (...)»15.

La opinión política entre ambos estados recién se genera a partir del matrimonio de los reyes católicos, y es sumamente curiosa. No se unen los Estados, sino en la persona de sus reyes, conservando cada entidad política sus leyes, fueros e instituciones separadamente. Es una única cabeza de diferentes reinos. De hecho, la corona española no existía; era la corona de Castilla y la de Aragón reunidas por una monarquía común.

No obstante ello, Fernando tuvo una función de gran preeminencia militar y administrativa sobre su esposa Isabel.

De hecho, se le considera un príncipe renacentista preocupado no sólo por las funciones tradicionales de la corona, sino por la política internacional. Las guerras en Italia y la propagación de su dinastía en el mundo occidental alcanzan una proyección admirable. Alvar Esquerra lo explica con claridad: «En Fernando recaen la potestad de administrar justicia y la responsabilidad __________________________________ 15

Julio Valdeón Barnique. Los Trastámaras. Temas de Hoy. Historia. Madrid. 2001. p. 11.

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de mantener las libertades eclesiástica y ciudadana; se requieren las firmas de ambos cónyuges para la concesión de mercados y privilegios o para los nombramientos de oficios. Fernando permanecía en Castilla a voluntad de Isabel y sus hijos no saldrían del territorio ni se harían campañas sin el permiso de Isabel»16.

Tales restricciones matrimoniales, sin embargo, no le impidieron a Fernando El Católico consolidar la propagación mundial de su familia. De hecho, «sus cinco hijos (un hijo y cuatro hijas) dan lugar a seis matrimonios importantes: dos con los herederos sucesivos de Portugal, dos con los herederos sucesivos del trono inglés, dos con la Casa de Borgoña»17.

El matrimonio más importante y relevante para nuestra historia fue, a no dudarlo, el de su hija Juana de Trastámara, luego tristemente célebre bajo el apelativo de «La Loca», y Felipe El Hermoso de Habsburgo. Bajo ellos, se produciría la reunión del imperio alemán, las ricas provincias flamencas, Aragón y sus posesiones italianas, y Castilla y sus posesiones americanas.

A la muerte de Isabel La Católica, Juana hereda Castilla. Su padre Fernando queda reducido a rey de Aragón. Su marido Felipe de Habsburgo quiere ejercer la corona castellana. Así, «El nuevo reinado empezaba sosegadamente. En Castilla no se conocía esa sensación desde hacía casi un siglo, por lo menos.

Juana es la reina. Felipe, el rey consorte. Fernando, en el caso de que Juana faltara a sus obligaciones, gobernador»18.

Carlos I hereda la corona de Castilla de su madre Juana La Loca, y hereda la corona de Aragón también de su madre Juana La Loca, que a su vez había heredado la corona de Castilla de Isabel de Castilla, y la corona de Aragón de Fernando de Aragón.

Sus padres, que a su turno eran primos hermanos, pero reyes __________________________ 16 17 18

Alfredo Alvar Esquerra. Isabel La Católica. Temas de hoy. Historia. Madrid. 2002. p. 126.

Fernand Braudel. Carlos V y Felipe II. Alianza Editorial. Historia. Madrid. 2000. p. 36.

Alfredo Alvar Esquerra. Ob.Cit. p. 258.

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independientes de la época. Carlos I hereda Flandes, en lo que hoy son los Países Bajos, de su padre Felipe El Hermoso; quien era conde de Flandes, como nieto de Carlos El Temerario. Pero Felipe El Hermoso era conde de Flandes, la región más rica de Europa en ese momento, porque su madre María, la Duquesa de Borgoña se lo hereda. Él era también hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo, que no tenía nada que ver con los holandeses. Felipe El Hermoso, conde de Flandes, es —como esposo de Juana La Loca— rey consorte de Castilla pero no de Aragón, pues a la fecha en que Isabel La Católica fallece, Fernando vive aún e inclusive sobrevive a su yerno Felipe.

Entonces Carlos I comienza a sumar por herencia diferentes titularidades sobre varios Estados que completa con la muerte de su abuelo Maximiliano de Austria, con el título imperial, que obtiene además en una subasta entre los electores contra Francisco I de Francia. Recordemos que, desde la Bula de Oro, la dignidad imperial se concedía por elección entre un conjunto de príncipes y obispos alemanes a quienes la historia pasó a denominar «electores». En la práctica este proceso se convirtió en una puja económica entre los candidatos para ver quién podría comprar más votos a su favor.

En el siglo XVI, en que España tuvo una presencia predominante en el mundo Europeo, la riqueza era entendida como la acumulación de metales. Según los mercantilistas, la riqueza está en el comercio exterior (en alentar la exportación y dificultar la importación); en impedir la salida de capitales (de metales), así como prohibir el lujo y alentar la industria local, dándole privilegios y protección19.

Siendo que la España de Carlos I era la más rica desde el punto de vista de la acumulación de los metales, habida cuenta de las minas de plata y oro del Perú y de México. España, teóricamente, era el país más rico sobre la faz de la tierra. No __________________________________ 19

Cf. Ludwig von Mises. La acción humana. Unión Editorial. Madrid. 1980. Cuarta Edición. pp.43-44.

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obstante, ocurrió algo completamente distinto, se produjo una gran inflación en España. Esto condujo, sobre todo en el Gobierno del hijo de Carlos I, Felipe II, a una crisis económica de gran envergadura, que fue seguida de un intenso debate intelectual y académico: no había explicación dentro de la doctrina mercantilista para la inflación porque, si como creían los mercantilistas, el valor era objetivo y la riqueza se medía por la cantidad de metales, por qué España, que tenía más metales que nunca en su historia, en lugar de ser rica era pobre20. Porque había una gran inflación, en una sociedad que además de las minas de plata de Bohemia, había recibido el inmenso aporte del Nuevo Mundo.

Curiosamente, fue un grupo intelectual de la Universidad de Salamanca, la Escuela Neoescolástica, la que contribuyó a esclarecer el problema. Esta escuela sostuvo por primera vez en la historia, y en primer lugar, que el valor no era objetivo sino subjetivo: el valor no era un atributo de la cosa, el valor era una atribución del agente económico que llevaba la cosa. Y en segundo lugar, sostuvo por primera vez la teoría cuantitativa de la moneda como una explicación al fenómeno de la inflación, asimilando la moneda a un bien más que se encuentra en el mercado, sosteniendo la tesis de que abundando monedas sin un incremento correlativo en la cantidad de bienes que se encuentran en una sociedad, el valor de la moneda, es decir, su capacidad adquisitiva, disminuía en lugar de incrementarse. De manera que el monetarismo no es un invento de Milton Friedman, sino de los neoescolásticos salmantinos en el siglo XVI 21.

En España la tradición mercantilista es, pues, de larga data.

Tuvo su cenit en el siglo XVII, cuando ya la decadencia se hacía notar, con lo que la historia económica ha venido a denominar arbitrismo.

_____________________________________

Cf. Friedrich A. Hayek. Desnacionalización del dinero. Unión Editorial S.A. Madrid. 1983.

Cf. Alejandro A. Chafuén. Economía y ética, raíces cristianas de la economía de libre mercado.

Madrid. Ediciones RIALP S.A. 1991.

20 21

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En efecto, los arbitristas españoles fueron un conjunto de autores cuya preocupación central fue la hacienda pública y la forma de incrementar los ingresos reales. En general, sus propuestas consistían en proponer la venta de privilegios reales a cambio del pago de sus deudas para el efecto, por parte de los particulares así beneficiados.

El nombre de arbitristas tiene un origen curioso, pues según la historiadora Margarita Cuartas, deriva del arbitrio real. En esa época, la corona requería importantes recursos económicos para solventar las guerras en Flandes. Como la corona no contaba necesariamente con el apoyo de las cortes castellanas ni aragonesas, buscó ganar recursos directamente con base en su autoridad: a la voluntad o arbitrio del rey. Luego, quienes se dedicaron al estudio de la hacienda pública o a buscar privilegios fueron rápidamente denominados como arbitristas. El término, sin embargo, rápidamente adquirió carácter despectivo. De seguro ser arbitrista significó algo así como ser experto en el favor real.

La literatura del Siglo de Oro reputó como delirantes y disparatados a los arbitristas, mientras que la tradición popular los asimiló con el privilegio y la corrupción.

Aun así, muchos destacados intelectuales de la época fueron arbitristas. González de Cellorigo, Fernández de Navarrete, Pedro de Valencia, Sancho de Moncada, Luis de Ortiz, Miguel Caxa de Leruela y Álvarez Osio y Redín son los más famosos.

En mi concepto, es a través de las arbitristas españoles que el mercantilismo se instala sólidamente en Latinoamérica. Hasta hoy, la concepción más difundida de hacienda pública de nuestros países es la de los arbitristas: cubrir el gasto público y el déficit de presupuesto con medidas fiscales extraordinarias, fruto del «arbitrio» de la autoridad. Pero la influencia arbitrista es todavía mayor, pues se expresa, además, en el argumento moral.

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Si a Luis de Ortiz o a González de Cellorigo les preocupó, al extremo, la decadencia de Castilla, a los modernos economistas hispanoamericanos les preocupa la decadencia de sus respectivos países. Por ejemplo, los embarga la idea de que el pasado precolombino fue mejor y que el final empieza cuando la conquista española sojuzga al continente. Derivaciones más modernas del mismo concepto —finalmente una traspolación mutatis mutandi del argumento arbitrista— son el indigenismo, el comunitarismo y el socialismo andino. Inclusive, está implícito en una frase tan famosa como la de Zavalita en Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa cuando se pregunta: «¿Cuándo se jodió el Perú?».

El mercantilismo fue una época de gran actividad económica y de profunda reflexión teórica, pero en ambos casos el mercantilismo europeo se caracteriza por ser un capitalismo no democrático ni participativo, es un capitalismo en el cual sólo pueden tener propiedad privada los nobles, los amigos de la autoridad. Sólo pueden hacer empresa aquellos a quienes el rey les da el privilegio. En España, en la época mercantilista, para hacer una empresa se necesitaba una carta real; en Inglaterra igualmente, la carta de privilegio. Sólo era posible hacer una empresa, hacer una corporación, una sociedad autorizada por patente específica de la corona en España.

Inglaterra, Francia, las repúblicas italianas, cualquier persona no podía hacer una empresa. Se requería un privilegio del Estado, expresamente extendido para hacerlo.

Algunos ejemplos lo prueban. La conquista de América fue un proceso llevado a cabo por la empresa privada. Pizarro, Cortez, Alvarado, fueron empresarios privados que pusieron su espada al servicio del rey, financiaron y levantaron fondos entre empresarios de América, sobre todo en Panamá y en Cuba, con España, y obtuvieron del rey una licencia llamada Capitulación que les permitió descubrir, conquistar y quedarse con una parte del beneficio, compartiéndolo con la corona.

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Incluso los Welser, banqueros alemanes que financiaron a Carlos I en su aventura imperial, participaron de la colonización de Venezuela. En su clásico estudio sobre el emperador, Karl Brandi dice: «Ya hemos dicho anteriormente que sus empresas, tanto políticas como guerreras, dependían considerablemente de los capitales alemanes, de los Frugger y los Welser. La banca de los Welser de Augsburgo se nos presenta entonces también como interesada por una conquista en alta escala, pues esta empresa exigía, naturalmente, importantes sumas expuestas a grandes riesgos, para cubrir los gastos de hombres, bienes y armamentos. Bien es verdad que de los socios de esta razón social ninguno pisó aquella tierra, pero, en parte por los Ehringer de Constanza, relacionados comercialmente con ellos, en parte por procuradores y encargados de su banca en Santo Domingo y en España, tuvo lugar la colonización, participando en ella otros alemanes emprendedores y colonizadores, incluso mujeres22.

Ello lleva al más importante proceso de conquista y colonización de la historia del mundo, es el proceso de conquista y colonización de América, que fue hecho por un mecanismo de empresa privada y concesión privada. Obviamente, no era una empresa democrática, no cualquiera lo podía hacer; pero algún determinado número de gente lo pudo hacer. Pero el rey se aburrió muy rápido: Felipe II le cortó la cabeza a la mayoría de los conquistadores, porque ese mecanismo de empresa privada y de empresario privado era más o menos independiente y no le gustaba. Por eso, de raíz se encargó de darle muerte a los principales líderes de los conquistadores, uno por uno. El único que sobrevivió fue Hernán Cortez porque renunció al poder, renunció a la autoridad y se regresó a España a vivir del dinero que consiguió. Los conquistadores de Sudamérica fueron todos ejecutados por el rey, directamente o indirectamente, pues algunos se pelearon entre ellos, pero ______________________________________

Karl Brandi. Carlos V. Fondo de Cultura Económica. Segunda edición en español. México D.F. 1993. p. 263.

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posteriormente fueron ejecutados. Hubo pues un proceso de centralización dirigido a establecer la autoridad de la corona.

«En las Indias entrevistas por Felipe II se mezclarían, a buen seguro, ambas imágenes: la del ensanchamiento de la fe, como la misión encomendada por Dios a la corona; y la del oro, como la recompensa divina a la monarquía católica»23.

Lo mismo sucede en Inglaterra, donde se lleva a cabo, por ejemplo, el proceso del descubrimiento de Norteamérica, exactamente igual que en Sudamérica. El rey inglés concede capitulaciones, patentes denominadas de esta forma en el derecho británico, para permitir el descubrimiento, la colonización y la explotación económica de determinadas áreas. En el caso inglés el asunto fue más complejo, porque las guerras de religión hicieron que algunas colonias fueran de una religión o de otra, según el rey fuera protestante o católico. Así, cuando los protestantes estaban en el poder en Inglaterra, los católicos fundan Maryland. La tierra de Mary, por cierto de la Virgen María, es fundada por los católicos, especialmente por el duque de York que fue posteriormente Jacobo II. Maryland le pertenecía al duque de York, era su hacienda privada.

Pero cuando estaban en el poder los católicos, son los protestantes los que huyen. Virginia, la tierra de la Reina Virgen, es fundada en honor a Isabel I, es una colonia protestante.

Posteriormente, en el tiempo de Cronwell los cuáqueros huyen y fundan, por ejemplo, Pennsylvania, que era propiedad de William Penn, un cuáquero multimillonario que la compró a la corona británica para que sus correligionarios, que estaban siendo perseguidos, puedieran huir e instalarse en una tierra de condición libre a diferencia de la autoritaria; pero todo a través de una negociación con la corona, previo pago de algún tipo de estipendio y la permanente cesión de impuestos a la autoridad. _________________________________________ 23 Manuel Fernández Alvarez. Felipe II y su tiempo. Espasa. Forum. Octava edición. Madrid. 1998. p. 792.

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Mancur Olson lo explica claramente: «La fundación de los Estados Unidos de América tomando como base trece ex colonias independientes, implicó la creación de una zona de libre comercio y movilidad social, y un desplazamiento en las instituciones que tomaban algunas de las decisiones del Gobierno»24.

La colonización de la India es semejante. La compañía de las Indias Occidentales y la compañía de las Indias Orientales tienen en la historia británica una gran presencia e importancia. Sir Walter Raleigh el fundador de la industria del tabaco, amante de la reina Isabel I y posteriormente ejecutado por ella misma, fue un gran empresario en su época. Se dedicó precisamente a este tipo de negocios. La economía mercantilista en ese entonces era un negocio con el Estado. El Estado da la autorización para desarrollar una idea y compartir con él el negocio. En realidad, el individuo no tiene derecho a nada. El Gobierno concede un privilegio a quien quiere.

El mercantilismo fue la primera etapa del desarrollo del capitalismo en Europa, que posteriormente, a raíz de la Revolución Industrial, evoluciona de tal forma que hace que la economía de mercado tenga predominancia. El sistema institucional se convierte en un Estado de derecho, en un proceso evolutivo que responde al progreso histórico de cada país. Aunque la historia tradicional ubicó el origen de la Revolución Industrial en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX, la historia económica contemporánea tiende a ubicarla un siglo antes en los Países Bajos.

En efecto, «las Provincias Unidas habían sido propiedad del duque de Borgoña hasta que fueron heredadas por el rey de España. Sus gobernantes, tanto de la casa de Borgoña como de Habsburgo, se opusieron activamente a la existencia de privilegios monopolistas en las ciudades textiles existentes, como Brujas o Gante. Si bien los gobernantes contaron con la oposición de estas ciudades, _________________________________

Mancur Olson. Auge y decadencia de las naciones. Ariel Economía. Barcelona. Primera edición.

1986.

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recibieron a cambio amplio apoyo de los nuevos centros del comercio y la industria que estaban naciendo como consecuencia de la recuperación del comercio internacional. La eficiencia de estas nuevas áreas se debía en gran parte a la ausencia de restricciones gremiales al comercio»25.

Pero en América Latina el mercantilismo, que evoluciona dramáticamente en Europa, nunca cambia. La economía mercantilista se mantiene porque en América Latina no existe un proceso de revolución industrial análogo al proceso de revolución industrial de Europa. Simplemente, la estructura mercantilista general creada durante los trescientos años de dominación española se mantiene como el poder económico predominante. En consecuencia, la hipótesis del presente artículo es que el carácter de la sociedad latinoamericana es el de ser una economía mercantilista26.

La economía mercantilista en América Latina se caracteriza esencialmente por los mismos rasgos descritos anteriormente.

Si leemos el libro de Heckscher que habla de Inglaterra, de Europa, de Francia, de las repúblicas italianas del norte de Italia, nos parece estar escuchando en realidad la historia de América Latina. Simplemente dos siglos después y cambiando los nombres y lugares, es la misma historia: el Estado que interviene en la economía. En esa época se utilizaba como pretexto la autoridad real, el discurso que se utiliza hoy día para justificar la economía mercantilista consiste en la justicia social, en algunos casos, un tipo de discurso socialista, cambiando lo que haya que cambiar, pero los argumentos son los mismos. Finalmente, la economía mercantilista se justifica en otra forma pero se sirve de los mismos instrumentos de poder que la economía tradicional27. __________________________________

Douglas North. Estructura y cambio en la historia económica. Alianza Universidad. Madrid. 1984. p.

175.

26 Cf. Hernando De Soto, en colaboración con Enrique Ghersi y Mario Ghibellini. El otro sendero.

Capítulos VI y VII. Octava edición. Instituto Libertad y Democracia. Ediciones Printer Colombiana Ltda. Bogotá. Colombia. 1986.

27 Friedrich A. Hayek. Derecho, legislación y libertad. Tres volúmenes. Unión Editorial. Madrid. 1976.

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¿Cuáles son los rasgos más importantes de la economía mercantilista latinoamericana? Durante la colonia, el Estado buscó el control social de la población utilizando el espacio geográfico. Algo que generalmente no se cuenta de la historia de dominación de la colonia española es que los españoles movieron geográficamente a la población indígena, no sólo la esclavizaron, no sólo la controlaron, sino que la reagruparon en torno a la Iglesia. La Iglesia fue el gran mecanismo de dominación española. Recuérdese que en trescientos años de dominación, en el Estado español en América Latina no hay casi ejército profesional. Las bandas de conquistadores desaparecen muy rápidamente en el siglo XVI. Hacia 1548 ya casi no quedan conquistadores armados porque el rey se ha encargado de cortarles la cabeza a todos. El pacificador La Gasca, enviado por el rey, fue un hombre muy eficiente que les hizo cortar la cabeza a todos los conquistadores que no aceptaban la voluntad del monarca. Pero en esos momentos, la política de control social no se hace en el ejército, no hay ejército español durante la Colonia.

Las formas de dominación fueron más sutiles. Felipe II, un gobernante renacentista y sofisticado a despecho de la leyenda negra, buscó ejercer el poder a través de una burocracia profesional fuertemente influenciada por las ideas de Bartolomé de las Casas. La filiación casista de la política indiana de Felipe II generalmente ha sido soslayada, hasta que los recientes estudios de Kamen han dejado en claro su influencia. Así dice el citado historiador: «Felipe escribió cartas a su favor a las autoridades y clero de la diócesis de Chiapas. Las Casas logró obtener el permiso del príncipe para cambiar el nombre del territorio en el que a la sazón dirigía uno de sus experimentos colonizadores, de Tuzulatlán a Vera Paz. El patrocinio de Felipe fue una ayuda clarísima para el fraile dominico en esta etapa crítica»28. ________________________________________ 28

Henry Kamen. Felipe de España. Siglo XXI de España Editores S.A. Madrid. p. 33. Sexta edición.

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El ejército español llega con la independencia. Lo que eran las milicias coloniales conformadas por criollos se convierten en ejércitos regulares. El ejército español que lucha en la independencia es un ejército de indios liderados por españoles, no era un ejército español. Hay una vieja historia que no se ha contado: en Ayacucho, donde se sella la independencia de Latinoamérica, había ejércitos de cuatro países liderados por criollos ex integrantes del ejército realista frente al ejército realista compuesto por indios liderados por oficiales liberales españoles. Lo curioso del ejército español en América es que los oficiales que en el siglo XIX luchan por la independencia son los grandes oficiales liberales españoles que luchan después por la reforma liberal en España. El movimiento de independencia fue un movimiento aparentemente conservador, esencialmente un movimiento antifrancés. La independencia en América Latina fue un gran movimiento reaccionario, realista, antifrancés, la lucha contra las ideas modernistas que los franceses habían llevado a España.

Pero en todo caso, en la colonia el control social a través del aislamiento de la población es utilizado de una manera muy eficiente. Los indios son divididos en corregimientos y reparticiones, bajo la autoridad de las reales audiencias. Esa estructura da lugar a las repúblicas. La república mantuvo en toda la América Latina la misma estructura de división espacial de la población, como una forma de control de la población. Así, cada nueva república se forma con base en la jurisdicción de una real audiencia. La de Caracas da lugar a Venezuela. La de Bogotá a Colombia. La de Quito, al Ecuador. La de Santiago, a Chile; la de Buenos Aires, a Argentina; la de Chuquisaca, a Bolivia; la de Asunción, Paraguay. Sólo Perú fue una excepción, pues con dos audiencias —Lima y Cuzco— sólo se dio origen a un nuevo estado independiente29.

___________________________________ 29

Cf. B. Bravo Lira. El Estado de derecho en la historia de Chile.

Consecuencias jurídicas del mercantilismo

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Ese esquema de estructura de poder basado en la división geográfica entra en crisis a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde, por distintas razones, el desarrollo de la red de carreteras en América Latina y la aparición de la radio provocaron el gran proceso de migraciones internas. La gente sale del campo y se va a la ciudad en un movimiento masivo que convierte en pocas décadas a sociedades rurales en sociedades urbanas. Por primera vez en la historia de Latinoamérica se pone fin a la distancia geográfica como un mecanismo de control político.

Otro principio básico de la sociedad mercantilista en la que vivimos es la utilización de la ley como un instrumento de control político. Óscar R. Benavides, presidente de Perú, decía, «para mis amigos todo, para mis enemigos la ley». Es una magnífica manera de presentar el concepto. En el sistema mercantilista, la ley es un instrumento para castigar a los enemigos. No es un mecanismo para controlar el crimen ni la injusticia. Es para premiar a los amigos. Pero para los enemigos, la ley se cumple. No importa si la ley dice cosas atroces o si la ley no se puede cumplir.

Hay una confusión en el concepto de ley, además de una ignorancia de lo que significa. Las autoridades creen que las leyes son gratis, que no cuestan, que uno puede utilizar la ley para su interés individual. Pero la ley es costosa en términos de tiempo e información. Si se requiere mucho tiempo e información para cumplir la ley, el resultado es que la ley se ignora. La ley sólo se cumple cuando los ciudadanos generalmente encargados de cumplirla la encuentran rentable o tienen algún beneficio de cumplirla. Si el costo de cumplir la ley excede los beneficios, entonces no esperen que nadie cumpla esa ley 30.

_________________________________ 30 Enrique Ghersi. El costo de la legalidad. En Estudios Públicos. N°30. Otoño 1988. Santiago de Chile.

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Pero la autoridad abusa de la ley. ¿Por qué? Porque la ley en el mercantilismo tiene un carácter contractual. La ley es una suerte de contrato y funciona de la siguiente manera: los miembros de la sociedad negocian con el Estado sobre determinado tema. Veamos un ejemplo, la gente de la actividad agrícola tiene un interés específico en el desarrollo de su sector, y negocia con el Estado un subsidio por el precio del arroz, de la carne y del azúcar. El Estado paga un precio mínimo por el kilo, el quintal, el racimo del producto. ¿Qué ha ocurrido? En realidad se ha establecido un contrato de un proceso redistributivo, en el cual un grupo de interés logra que la autoridad le conceda un favor a cambio de algo. En esta concertación de intereses, donde la ley se transforma en una especie de contrato, hay un intercambio de beneficios el grupo de interés obtiene lo que busca. ¿Qué obtiene la autoridad? Muchas cosas, desde la más rudimentaria, como por ejemplo dinero si se trata de un funcionario corrupto, a otras más sofisticadas como apoyo político, legitimidad, consenso, ayuda en otro proyecto que la autoridad desea realizar.

Sea cual fuere lo que se busque obtener, en un sistema mercantilista la legislación no responde al interés general sino al interés particular. Este fenómeno ha sido largamente estudiado por el gran economista francés Henri Lepage, quien dice que lamentablemente la tendencia mercantilista existe en todo proceso democrático, por el principio del costo difundido y el beneficio concentrado. Esto lo ha analizado muy bien la teoría de la opción pública31.

El principio del costo difundido y el beneficio concentrado es el siguiente: dado un determinado bien cuyo costo esté difundido en una cantidad indeterminada, y cuyo beneficio esté concentrado en un grupo reducido de personas, habrá una tendencia en esa sociedad a multiplicar ese beneficio. Esto __________________________________________ 31

Henri Lepage. Mañana, el capitalismo. Alianza Editorial. Madrid. 1979.

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significa que los grupos de interés tienen más posibilidades de triunfar que el resto de la sociedad, y de recibir un subsidio, porque el beneficio que obtienen es por definición mayor que el costo que individualmente tienen que pagar el resto de las personas. Mutatis mutandi, el porqué se establece en un país un precio de refugio es exactamente por la misma razón. Porque si suponemos que el precio de refugio significa que a cada uno de los peruanos le sacan de su bolsillo un sol al año que va a los productores de algodón, para cada productor de algodón el beneficio no será de un sol, probablemente será de miles.

Los grupos de beneficio concentrado tienen una productividad política mayor que los grupos del costo difundido, lo que significa que los privilegios tienen la tendencia a difundirse automáticamente en un sistema mercantilista. Porque al existir un beneficio concentrado, la productividad política de los grupos que se benefician potencialmente, de una norma de privilegio, tiene una capacidad de resistencia o una disposición mayor a luchar políticamente, que los grupos que deberán financiar tales privilegios.

Ello nos lleva a una multiplicación, por emulación, de los privilegios mercantilistas. En una sociedad mercantilista no son pocos los mercantilistas, todos son mercantilistas. Si el empresario o el agricultor consiguen un precio de refugio, el industrial pide un arancel alto, el sindicato un sueldo mínimo, la autoridad estatal pide más burocracia y así se multiplica indefinidamente la cuenta que se traslada a los ciudadanos, hasta que la dispersión hace infinanciable el sistema. El mercantilismo ha promovido el aumento automático de los tributos y la utilización de la ley como el mecanismo contractual en el cual la autoridad intercambia un favor a cambio del respaldo o del apoyo político posible de los recipientes de la prebenda económica, de los que somos potencialmente beneficiarios de ese beneficio.

El sistema mercantilista se caracteriza, además, porque progresivamente va perdiendo autoridad política por una crisis

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de legitimidad. El mercantilismo en general, ha tenido ese problema en todas partes donde se ha instaurado. En Inglaterra, el mercantilismo probablemente ha tenido una predominante presencia evolutiva. Si se examina la historia inglesa, la caída del mercantilismo se produce en ese país con una menor violencia que en otros países. El proceso fue esencialmente evolutivo.

El proceso en ese país, aunque con convulsiones —la revolución de Cromwell, por ejemplo, un siglo antes que la revolución francesa— ha sido un proceso menos violento que el francés. En Francia, la caída del mercantilismo fue un proceso violento de constantes revoluciones entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX. En Alemania y en Italia, el proceso de decadencia del mercantilismo va paralelo a la creación de las naciones-Estado, que también fue un proceso violento que termina en guerra mundial. En España el declive del mercantilismo es mucho más lento, mucho más complejo. Con la desaparición del imperio español la crisis del mercantilismo se hace más aguda, las primeras guerras civiles estallan a lo largo del siglo XIX. Posteriormente, con la instauración de la Segunda República, la gran guerra civil, un complejo proceso institucional que ha dado lugar a la España moderna, democrática, con una economía de mercado, favorecida por un ciclo económico32.

Este proceso ora violento, ora evolutivo, no se produce en América Latina. Se mantiene la estructura mercantilista hasta la aparición de la economía informal. Esta es la primera oportunidad en que masivamente en América Latina se desafía la estructura mercantilista. El hombre del campo venido a las ciudades latinoamericanas empieza a desafiar el viejo orden mercantilista, porque, en primer lugar, la distancia deja de ser un mecanismo de control social; y en segundo lugar, porque desobedece la ley. Esa ley mercantilista, contratada, —no contratada con ellos, sino por aquellos que tienen acceso al poder—. Esto propicia también que se cuestione la legitimidad política. Vienen las grandes crisis de los partidos políticos __________________________________________ 32

Cf. Dalmacio Negro. Liberalismo español. Unión Editorial. Madrid. 1980.

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tradicionales, la desaparición de las viejas estructuras políticas y la aparición, algunas veces desordenada, otras un poco ordenadas, de nuevas estructuras de poder, y la crisis del militarismo, que va aparejada con el gran desarrollo de la urbanización durante la década de los setenta.

Nos encontramos en una etapa singular, en un momento importante, porque lo que parece ser un problema para la economía formal, y vemos en nuestras ciudades una economía en la cual la gente trabaja en contra de la ley, desobedeciendo la autoridad administrativa, no pagando impuesto, sustrayéndose de la persecución de los tribunales, incumpliendo las leyes, a veces es un desafío activo, combatiente, a veces pasivo, a las viejas estructuras mercantilistas. Lo que ocurre es una masiva desobediencia civil a la sociedad mercantilista.

Los orígenes del fenómeno son complejos, pero inequívocos en toda Latinoamérica. North sugiere: «Las percepciones subjetivas de los autores no nada más están derivadas culturalmente, sino que son modificadas de continuo por la experiencia que se filtra por entre las construcciones mentales existentes (determinadas culturalmente). Por consiguiente, los cambios fundamentales en los precios relativos alterarán gradualmente las normas e ideologías, de modo que mientras más bajos sean los costos de información más rápidas serán las alteraciones»33.

Entonces, el fenómeno de la economía informal no es solamente una curiosidad académica, no es solamente un proceso económico, no solamente un complejo fenómeno social, sino que tiene también un profundo significado político. La informalidad es también un desafío al sistema político. Se impone como un reto a la forma de gobernar y administrar el Gobierno. Ya no es posible gobernar América Latina como se gobernó anteriormente. Ese viejo Estado __________________________________________ 33 Douglas North. Instituciones. Cambio institucional y desempeño económico. Fondo de Cultura Económica. México. Primera edición. pp. 176-177.

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

mercantilista en el cual uno podía negociar con el Gobierno pedazos de poder, ha entrado en crisis, tal vez en forma definitiva. Eso no significa que todavía no se haga. Claro que se hace, pero cada vez menos. Y cada vez más difícilmente, porque las personas están sistemáticamente insatisfechas con el mercantilismo. Si algo caracteriza a los latinoamericanos hoy es la insatisfacción con ese modelo. Aun en el rico Chile, que es el ejemplo de progreso y democracia gobernada por un partido socialista, con un carácter muy eficiente. La gran insatisfacción del chileno es igual a la insatisfacción del ecuatoriano, del peruano, del brasileño, por supuesto cada uno con sus características; cada uno se parece mucho, pero no son idénticos. Cada uno tiene sus dramatismos y sus características, pero esencialmente todos se encuentran altamente insatisfechos con sus gobiernos, con sus Estados y sus instituciones. Por eso emigran, y ¿adónde emigran? A un país extraño donde tienen que competir duramente, se sustraen, «votan con los pies» —protestan yéndose— la emigración como una forma de protesta es una de las características más dramáticas de la historia contemporánea.

Ciertamente no todos pueden emigrar. Lo hacen los más valientes y decididos. Los demás se quedan en su país. Por ello, si bien podría pensarse que la emigración baja la transición social en los países pobres, no es necesariamente cierto, por cuanto para quienes se quedan, no obstante, recibir la ayuda de los que partieron muchas veces acumula resentimiento mayor que puede ser caldo fértil para la radicalización política y aun la violencia.

Por ello, es difícil precisar el desarrollo futuro de los acontecimientos. América Latina podría permitir una relación ordenada y rápida de su estructura mercantilista para dar paso a una economía de mercado, participativa y democrática. Algunos de los pasos dados en la década pasada parecieron ir en esa dirección, pero la impresión general en el nuevo siglo es que podría desandarse el camino.

Consecuencias jurídicas del mercantilismo

169

Siendo un proceso esencialmente evolutivo, la transformación institucional será progresiva y espontánea. Nunca podrá responder a un plan deliberado ni creado por Gobierno alguno.

De hecho «el cálculo, la organización, la inversión y el intercambio no podrían realizarse a lo largo de períodos prolongados sin una serie de redes jurídicas estables. Tuvo particular transcendencia la gradual invención del derecho comercial. La distinción jurídica entre la sociedad comercial y la familia dio lugar a nuevas fórmulas de cálculo y de actividad económica. El derecho comercial otorgó poderes no sólo a las sociedades sin fines de lucro, sino a las organizadas con vista a él. Admitió una variedad infinita de asociaciones voluntarias y de formas de participación social.

Las distintas variantes de sociedades comerciales son los más claros agentes del capitalismo democrático»34.

La pregunta es si los pueblos empobrecidos de América Latina tendrán paciencia para esperar. Da la impresión que no. Con el desarrollo vertiginoso de las actividades informales queda claro que los pobres de nuestras ciudades no están dispuestos a seguir esperando. La llamada de alerta está dada.

________________________________________________ 34 M. Novak. El espíritu del capitalismo democrático. Ediciones Tres Tiempos. Buenos Aires.

1983. p. 45.

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Constituci贸n, socialismo y mercantilismo en Am茅rica Latina

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LA TIRANÍA DE LAS MINORÍAS Hugo Faría B. (*) El objeto de este ensayo es arrojar luces sobre algunos obstáculos que enfrentan países latinoamericanos, y Venezuela en particular, que impiden generar prosperidad material a sus ciudadanos. El análisis de estos problemas comunes pondrá de relieve las causas por las cuales es difícil cambiar las condiciones y se perpetúan las trampas de pobreza. Sin embargo, el análisis de las causas de las fuerzas inerciales del estatus permitirá esclarecer el camino sobre cursos de acción que insertarían a las economías de Latinoamérica en sendas de crecimiento alto y sostenido, capaces de erradicar la pobreza crítica en un plazo relativamente corto.

Este trabajo de investigación está organizado de la siguiente forma. En la sección I, titulada «Visiones del mundo», presento los contenidos básicos de tres escuelas de pensamiento que tienen fuertes implicaciones económicas. La sección II, titulada «Las poderosas fuerzas inerciales el estatus», estudia las diversas causas por las cuales existe tanta resistencia a cambiar el estatus aun en el caso de que las reglas existentes sean perversas en el sentido de no generar bienestar para la mayoría de la población.

La sección III, titulada «Soluciones posibles», sugiere acciones que se pueden tomar para inducir cambios. La IV sección refleja las conclusiones. _______________________________

Economista, 1973, UCAB, Ph.D en Finanzas Económicas 1988, University of South Carolina, EE.UU. Máster con honores en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, 2002. Ha sido docente en la Universidad de Chicago, Northeastern, la Universidad de Carolina del Sur, la Simón Bolívar y la UCAB. Actualmente es Profesor Titular de Economía en el IESA, profesor en la Universidad Monteávila y miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad. El profesor Faría ha realizado investigaciones en las áreas de crecimiento económico, comercio internacional, estructuras de capitales, teoría de la agencia, política monetaria e inflación. Es editor y coautor del libro Misión riqueza. Actualmente está trabajando temas como tamaño del gobierno, calidad y crecimiento, reglas complejas y corrupción, entre otros. (*)

172

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Visiones del mundo En este capítulo presento tres visiones relativas al problema económico, el mercantilismo, la planificación central y el humanismo ius naturalista. No pretendo que esta clasificación sea exhaustiva en el sentido de que abarque todas las posturas sobre el problema económico. No obstante, creo que las tres visiones antes citadas recogen en buena medida las diversas posturas que se adoptan en los medios de comunicación social y en trabajos de investigación. a) Mercantilismo y corporativismo El mercantilismo tuvo gran auge durante los siglos XVI y XVII, especialmente en Europa continental, particularmente en Francia y España durante la conformación de los Estados absolutistas. El mercantilismo se basaba en altos impuestos, prohibición de importaciones, subsidio a las exportaciones y creación de monopolios concedidos por la corona (Termes, 2004). De acuerdo con esta visión, se debe privilegiar a la empresa existente, y ello muchas veces implica sacrificar el bienestar de los ciudadanos para viabilizar a la empresa. En consecuencia, en lugar de la empresa servir eficientemente a la sociedad, la sociedad, es decir, los ciudadanos, debemos adaptarnos a los intereses de la empresa. ¿Tienen estas prácticas mercantilistas de hace más de cuatro siglos algo que ver con nuestra realidad? Veamos. En Venezuela está prohibida la importación de vehículos usados, los cuales por cierto serían los automóviles más baratos. Un ciudadano común no puede importar azúcar, maíz, sorgo y leche entre otros productos de primera necesidad, y que también resultarían ser los más baratos.

Si importamos un carro nuevo de los Estados Unidos tenemos que pagar un sobreprecio de un 35% en aranceles, y si es lujoso enfrentamos unos aranceles aun mayores, a pesar de lo subjetivo que es la noción del lujo. Si importamos calzados y vestidos, por ejemplo, de China, también debemos pagar un sobreprecio de

La tiranía de las minorías

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un 35%. Es más, según información aparecida en El Universal (07-12-2006), «los ministerios de Finanzas e Industrias Ligeras y Comercio emitieron una lista que modifica los aranceles a más de 200 códigos, entre los cuales destacan las joyas, algunas bebidas alcohólicas (como el güisqui, ginebra, vodka, vino espumoso, tequila y anís, entre otros), cigarros y tabaco, veleros, prendas de vestir y hasta las máquinas de afeitar, muebles, velas y papel higiénico, entre el extenso recuento de productos. La resolución tendrá una vigencia de un año que podrá ser prorrogable, según indica la misma».

En adición, los importadores deben cumplir con una serie de requisitos como certificados de producción nacional, complejos y a veces innecesarios permisos fitosanitarios, verificadoras de importación, disposiciones en materia de etiquetado, para no mencionar los trámites en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), organismo encargado de administrar el control de cambio para obtener dólares a tipo de cambio oficial.

Sumemos las leyes de Salvaguarda y Antidumping, que cuando son invocadas suelen ser manipuladas por los productores locales entorpeciendo la competencia y encareciéndole la vida al ciudadano común.

Los cuadros 1 y 2 presentan evidencia consistente con la existencia de numerosas prácticas mercantilistas en Latinoamérica, y particularmente en Venezuela, para el año 2004. Así, el arancel promedio en la muestra latinoamericana es 10,7%, muy superior (2,8%) al de la muestra de economías emergentes que incluye a ocho países de Europa Oriental, hasta hace poco satélites de la desmembrada Unión Soviética.

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

174

Cuadro 1. Barreras al comercio internacional en una muestra de países latinoamericanos Arancel promedio

Desviación estándar

Barreras no arancelarias

Promedio

Argentina

11,4

7,2

5,7

6,2

Bolivia

7,5

1,6

4,8

7,1

Brasil

13,1

7,2

5

6,4

Chile

4,9

0

7,9

8,4

Colombia

17,3

6,2

5,7

5,9

Costa Rica

5,7

7,5

5,1

7,4

Ecuador

11,5

6,3

5

6,6

Guatemala

5,1

7,7

5,3

6,5

Panamá

7,9

7,2

6,5

7,1

Perú

13,4

2,9

6,1

7,2

Uruguay

10,8

8

6

6,9

Venezuela

12,2

5,9

5,2

5,8

Promedio

10,7

6,27

5,69

6,8

Fuente: Economic Freedom of the World, 2006.

C uad ro 2. B arreras al com ercio en una m uestra d e econom ías em ergentes no latinoam ericanos Arancel p rom ed io

Desviación estánd ar

Barreras no arancelarias

Prom ed io

B ulgaria

10,2

11,3

6,7

7,4

Estonia

1,0

8,4

8,5

H ong Kong

0

0

8,6

9,5

Irlanda

1,8

4,9

8,2

8,6

Latvia

3,2

7,4

6,9

7,4

Lituania

1,2

8

7,3

7,6

Polonia

4,3

9,8

6,7

7

R epúb lica C heca

5,1

9,3

7,5

8,3

R epúb lica Eslovaca

0,2

22,1

8,0

8,4

Singap ur

0,0

0,0

9,0

9,3

Prom edio

2,7

8,09

7,73

8,2

Fuente: Econom ic Free dom of the W orld, 2006.

La tiranía de las minorías

175

El caso de Venezuela es un verdadero insulto a los venezolanos, quienes sufrimos un encarecimiento de la vida como resultado de las barreras al comercio internacional, a pesar de tener una fuerte entrada de dólares en virtud de las exportaciones petroleras1. Venezuela exhibe un arancel promedio de 12,2% superior al promedio latinoamericano, de 10,7%.

Para las economías emergentes la variabilidad de los aranceles, la desviación estándar medida en la tercera columna, es superior al de los países latinoamericanos. Sin embargo, este resultado está distorsionado por la alta variabilidad de la República Eslovaca, 22,1%, y la baja variabilidad de Chile, 0%; ambos podrían considerarse como outliers. Si el cálculo se efectúa sin estos países ambas muestras presentan una variabilidad similar. Vale la pena destacar nuevamente el caso venezolano, con una desviación estándar de 5,9%, inferior al promedio latinoamericano, lo cual sugiere que los aranceles no sólo son altos, sino que se concentran hacia la elevada media.

En una escala del 0 al 10, donde 10 es la máxima puntuación y representa el mayor nivel de libertad económica, la cuarta columna refleja las barreras al comercio no arancelarias. El promedio latinoamericano, 5,69, es inferior al de la muestra de economías emergente, 7,73, en más de dos puntos. La puntuación de Venezuela, 5,2, es inferior incluso al latinoamericano. De modo que en Venezuela no sólo hay barreras explícitas al comercio superior al de la región, sino que las barreras ocultas también son mayores al de la región.

La quinta columna, en una escala del 0 al 10, donde puntuaciones más altas indican más libertad económica, mide el nivel de libertad que tienen los ciudadanos para intercambiar con _____________________________________________

La violación de derechos de propiedad que implican las barreras al comercio internacional solamente podrían legitimarse si dichas barreras son adoptadas con el consentimiento de la población.

Es interesante observar que la decisión de proteger (encarecer la vida de los ciudadanos) a determinados sectores es adoptada coercitivamente por el poder ejecutivo, sin ni siquiera la aprobación del Congreso. Si fuese obligatorio una consulta popular sobre esta materia muy probablemente el entorpecimiento al comercio internacional sería muy inferior.

1

176

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

extranjeros. Esta columna sintetiza los diversos factores que determinan la libertad de intercambio internacional incluyendo flujos de capitales. Nuevamente el promedio de la muestra latinoamericana, 6,8, es inferior al de la muestra de economías emergentes no latinoamericanas, 8,2. El promedio venezolano es 5,8, un punto inferior al promedio de la región, según la muestra, que es de 6,8.

En consecuencia, el mercantilismo en Latinoamérica, y particularmente en Venezuela, tiene una gran vigencia. El problema del mercantilismo venezolano se agrava aún más si se toma en consideración el «proteccionismo cambiario», que viene dado por las múltiples devaluaciones del bolívar. Es decir, la devaluación del bolívar tiene un efecto muy similar al de los aranceles, al encarecer las importaciones. Un arancel, es un mecanismo de destrucción de competencia cuya consecuencia es el encarecimiento de la vida del ciudadano típicamente pobre, común. b) Planificación central De acuerdo con esta visión, el Estado es el actor central de la sociedad, motor del desarrollo, propietario de los llamados sectores estratégicos de la economía, y los ciudadanos deben sacrificar sus intereses por los objetivos que establezca el Gobierno porque privan los intereses colectivos sobre los individuales. En general, se considera que el Estado es benevolente y propicia con sus políticas el bienestar de la sociedad. Es decir, una concepción romántica del Gobierno contraria a la noción de que los políticos son seres humanos que procuran su interés personal, el cual no necesariamente está alineado con los intereses de quienes lo eligieron (Buchanan, 1999). Esta visión de planificación central tiene una raigambre socialista y keynesiana. ¿Muestra la economía venezolana atributos de planificación central socialista y keynesiana? En Venezuela, el Estado es dueño de las

La tiranía de las minorías

177

fuerzas productivas básicas de la economía», los denominados Commanding heights. Es decir, el Estado es dueño del petróleo, gas, hierro, carbón, subsuelo, empresas de agua y electricidad. demás, fija precios, tasas de interés, establece controles de cambio, determina cuotas crediticias a los bancos y es dueño de numerosas empresas. En 1959 se funda Cordiplan, un organismo de planificación económica que hoy se llama Ministerio de Planificación y Desarrollo. Es más, en las escuelas de Economía, Administración y Derecho las teorías macroeconómicas que más se enseñan son de inspiración keynesiana, donde se ve a la economía como un todo que se puede conducir al pleno empleo a través de políticas activistas fiscales, monetarias y cambiarias. c) Humanismo ius naturalista Esta visión se nutre de la llamada Escuela de Salamanca de los siglos XV y XVI, cuyo influjo llegó a John Locke partiendo de Suárez y pasando por Leonardo Lessio, Hugo Grocio y Lord Anthony Ashley Cooper, también conocido como el conde de Shaftesbury. Locke, el llamado padre del liberalismo político, tuvo a su vez un fuerte influjo sobre los autores de la revolución americana de 1776 (Termes, 2004).

De acuerdo con esta visión, los seres humanos nacemos dotados por el Creador con unos derechos naturales inalienables como son el derecho a la vida, a la libertad de expresión, libertad de culto religioso y derecho al uso, goce y disposición de la propiedad privada bien habida. Considerando que siempre habrá personas a las que les disgustará nuestra religión y por tanto pretenderán impedirnos su práctica, que desearán callarnos, matarnos y robarnos; los ciudadanos constituimos gobierno fundamentalmente para proteger nuestros derechos naturales y por ello le damos poderes coercitivos.

Observemos que los derechos naturales son de disfrute simultáneo, todos los podemos compartir al mismo tiempo. Es más, los derechos naturales son de naturaleza protectiva, protegen de

178

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

daños contra terceros. Los derechos protectivos se diferencian de los derechos intrusivos, como el derecho al trabajo y a la vivienda, en que para satisfacer los derechos intrusivos, es necesario obligar a otro ciudadano a proporcionar trabajo, y vivienda. Es más, el disfrute de los derechos intrusivos como es la posesión de la vivienda y del trabajo excluye a otros ciudadanos, a diferencia de los derechos naturales, que son de consumo simultáneo. En virtud de que los seres humanos no nacemos con la capacidad de obligar a otro ciudadano a darnos vivienda, trabajo, salud y educación, estos derechos intrusivos son espurios2.

Otra dificultad práctica, pero no menos importante, de los derechos intrusivos es la imposibilidad de satisfacer estos derechos en virtud de la ubicuidad de la escasez. Es decir, ningún Estado puede satisfacer plenamente las necesidades de trabajo, educación, vivienda y salud de la población porque se trata de bienes escasos. En consecuencia, cuando estos «derechos» son consagrados en la Constitución, tienen el serio inconveniente de violar el documento básico de la estructura legal del país.

Otra observación importante que emana de esta visión de derecho natural es que las personas son anteriores al Gobierno y los poderes del Gobierno proceden de las personas; en consecuencia, los poderes gubernamentales son unos poderes delegados. Ello implica que el Gobierno no puede tener derecho alguno que no le haya sido conferido por las personas. Por lo tanto, así como una persona no puede obligar a otra a que le dé trabajo, el Gobierno tampoco lo puede hacer.

En la realidad los gobiernos «satisfacen» las necesidades de vivienda, educación y salud transfiriendo el fruto del trabajo de unos ciudadanos a otros a través del cobro de los impuestos. Si esta acción se ejecuta sin el consentimiento de la persona que ve mermada parte del fruto de su trabajo, es decir, parte de su ___________________________________

Es oportuno acotar la diferencia existente entre el derecho al trabajo y el derecho a la búsqueda de trabajo. El primero obliga a otra persona a darme trabajo, el segundo, es un derecho natural que todos podemos compartir como es el derecho a la búsqueda de la felicidad.

2

La tiranía de las minorías

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propiedad privada, se trata de un robo, una violación del derecho humano básico a la propiedad privada. La única diferencia con el atraco común es que se está utilizando al Gobierno como intermediario, y dándole visos de legalidad a la ilegitimidad. Por lo tanto, la legitimidad de las políticas de redistribución surge del consentimiento ciudadano al autorizar al Gobierno a cobrarle más impuestos. Este planteamiento es el que anima a la declaración de independencia y la Constitución de los Estados Unidos.

En síntesis, de acuerdo con la visión mercantilista, el actor central de la sociedad es la empresa. Según la visión de planificación central el actor central es el Gobierno. De acuerdo con el humanismo ius naturalista, el actor central es el ser humano.

II. Las poderosas fuerzas inerciales del estatus En esta sección intento aclarar por qué es tan difícil cambiar el estatus, es decir, las reglas del juego existente. Intento explicar por qué Latinoamérica se encuentra en una trampa de pobreza desde hace tiempo y por qué es difícil superarla.

Para ello es necesario comprender que todas las políticas económicas tienen costos y beneficios, es decir, engendran ganadores y perdedores.

Para ilustrar esta realidad examinemos los efectos de la devaluación del bolívar frente al dólar de los Estados Unidos. ¿Preguntémonos quién se beneficia y quién gana con la devaluación del bolívar ? En primer lugar el Gobierno, porque los dólares que PDVSA, la compañía petrolera del Estado, le entrega al Banco Central se convierten en más bolívares incrementando la capacidad de tributación de la compañía, permitiéndole al Gobierno gastar más. En segundo lugar, algunos empresarios y sus trabajadores, fundamentalmente en el sector industrial. En virtud de la devaluación, y como antes señalaba, se encarecen temporalmente las importaciones, lo que obliga

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

a los consumidores del país a adquirir los productos fabricados por estos industriales localizados en el país, y supuestamente se estimulan las exportaciones de los productos fabricados en el país3. Finalmente, los tenedores de dólares, en particular los venezolanos que han acumulado dólares y que en virtud de la devaluación ven cómo los activos del país se les abaratan así sea temporalmente.

Ahora que tenemos identificados a los ganadores principales de la devaluación, debemos preguntarnos: ¿quién pierde como consecuencia de la devaluación? La respuesta es el ciudadano de a pie, el soberano. La razón es muy sencilla, en virtud de la devaluación, el Gobierno le dice al ciudadano común «usted gana menos, el poder de compra internacional de su salario, el fruto de su trabajo ahora vale menos». Si tomamos en cuenta que el Gobierno no le pregunta a los ciudadanos si desean ganar menos, es decir, como el Gobierno depreda el esfuerzo ciudadano sin su consentimiento, la devaluación es un robo, y como tal constituye una violación de derechos humanos básicos.

Ahora bien, supongamos que el Gobierno decide adoptar una política de libertad monetaria mediante la cual circulan, por ejemplo, el dólar, el euro, la libra esterlina y el yen. Es más, extrememos este planteamiento y desaparezcamos el bolívar, de modo que no hay moneda local y por tanto del Gobierno venezolano no puede devaluar. ¿Preguntémonos quién pierde con este arreglo monetario? En primer lugar, el Gobierno, porque al no poder devaluar tendrá que cambiar su comportamiento y el cambio de comportamiento es costoso. Es más, el típico político venezolano no simpatiza con esta idea en parte porque pierde poder, y muchas personas ______________________________________________

Digo supuestamente porque el tipo de cambio nominal ha pasado de bolívares 4,30 frente al dólar en 1983 a bolívares 2.150 en 2007, y aun las exportaciones no petroleras siguen siendo escuálidas. ¿Será que es necesario devaluar aún más o será que ésta no es la vía para estimular al sector no petrolero?

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La tiranía de las minorías

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hacen política precisamente atraídas por el poder4. En segundo lugar, pierde el empresario ineficiente que para sobrevivir incita a la devaluación. Si la empresa cierra en este entorno de más competencia también pierden los trabajadores, que quedarían cesantes 5 y podría aumentar el desempleo.

Finalmente, pierden aquellos que se beneficiaban con la devaluación como consecuencia del abaratamiento transitorio de los activos del país. ¿Alguien gana con este arreglo institucional de libertad monetaria? El gran ganador es el ciudadano común. ¿Por qué?

Porque el fruto de su trabajo está protegido de la depredación de la devaluación. En otras palabras, el ciudadano común gana porque deja de perder cuando existe un mecanismo institucional protector de su esfuerzo, y ésta es la principal virtud y objetivo de la libertad monetaria.

Debo destacar que siempre hay ganadores y perdedores, beneficios y costos. Esta realidad es inevitable, y deseo volver a ilustrarla comparando los efectos sobre el bienestar de las políticas que entraban el comercio internacional y las de libre comercio. Así, de la prohibición de traer carros usados de los Estados Unidos viviendo uno en Venezuela, ¿quién se beneficia?

Fundamentalmente las empresas ensambladoras localizadas en el país, los productores de repuestos nacionales y sus trabajadores. ¿Quién se perjudica? El venezolano común que se ve obligado a comprar carros nacionales más caros o a importar un vehículo nuevo pagando un arancel no inferior a un 35%, si lo trae de los Estados Unidos.

Si por el contrario fuésemos a una política de libertad para importar carros usados y en general de cero aranceles, ¿quién pierde? Las plantas ensambladoras, las de repuestos y sus trabajadores. ¿Quién ___________________________________

Otra razón para no simpatizar es que probablemente a los empresarios que financian al político tampoco les gusta la idea.

5 Es importante acotar que no debemos asociar desempleo con moneda dura, porque si la devaluación fuese la solución al problema del desempleo en Venezuela deberíamos tener pleno empleo.

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

gana? La gran mayoría de los venezolanos, los consumidores, quienes se verían beneficiados de poder adquirir carros más baratos, lo cual en la práctica equivale a un aumento de sueldo.

Si esto es así, la pregunta inmediata es: ¿cuál es el criterio que debe informar a los personeros gubernamentales a la hora de diseñar políticas económicas? El criterio debería ser diseñar políticas públicas que beneficien a la mayoría de la población, a sabiendas de que siempre habrá perdedores, es decir, personas que al menos en el corto plazo se ven negativamente impactadas. La satisfacción de este criterio define en este trabajo las políticas idóneas. Por el contrario, las políticas que benefician a la minoría de la población y perjudican a la mayoría son conceptuadas en este ensayo como políticas perversas. En otras palabras, las políticas idóneas generan beneficios dispersos con costos concentrados. Las políticas perversas engendran beneficios concentrados con costos dispersos.

Este análisis conduce a la formulación de otra pregunta fundamental, ¿a qué se debe la existencia de tantas políticas perversas como son la inflación, la devaluación y las barreras al comercio internacional? Probablemente se debe a que los ganadores de las políticas perversas, típicamente una minoría, hacen todo lo que esté a su alcance para impedir los cambios.

Los perdedores, al contrario, son un grupo grande y por tanto les resulta más difícil organizarse para promover el tránsito hacia las políticas idóneas. Es decir, se impone la tiranía de las minorías que le dan gran impulso a las fuerzas inerciales del estatus.

Bienes públicos y acción colectiva Este tema tan importante para entender la realidad latinoamericana lo voy a profundizar acudiendo a la teoría de los bienes públicos y los problemas asociados de acción colectiva (Samuelson, 1954 y 1955; y Olson, 1977). Se define

La tiranía de las minorías

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un bien público como el bien que es no rival y no excluyente.

No rival significa que el bien puede ser objeto de consumo simultáneo por muchos consumidores y por tanto el consumo que haga un consumidor del bien no disminuye la cantidad del bien disponible para otros consumidores. Un ejemplo de un bien no rival son las ideas. Una vez que se produce una idea muchas personas la pueden consumir simultáneamente. En un proceso de producción, ensamblaje en línea, muchas empresas pueden simultáneamente usar (consumir) el mismo proceso de producción. Si el proceso de producción no está patentado, todas las empresas pueden acceder a la técnica de producción, es decir, no pueden ser excluidas. Las imágenes de televisión son no rivales y en principio no excluyentes. Sin embargo, la televisión por cable es excluyente. (Para una mayor clarificación ver el apéndice I).

El término acción colectiva se refiere a la capacidad de organizar y coordinar esfuerzos de personas con el objeto de producir un bien público. Un ejemplo de acción colectiva son las marchas de la oposición y las marchas del Gobierno en la ciudad de Caracas. Las marchas de la oposición pretenden generar el bien público «salimos de Chávez». Observemos, el bien «salimos de Chávez» se puede consumir simultáneamente, es no rival, y no se puede excluir de su consumo a ninguna persona venezolana o extranjera, es no excluyente. Las marchas del Gobierno son otro ejemplo de acción colectiva. Estas marchas desean seguir consumiendo el bien público de «Chávez presidente».

Los beneficios del comercio internacional, los beneficios de la libertad monetaria, los beneficios de un buen sistema judicial son bienes públicos, no rivales y no excluyentes. No obstante, ¿cuántas marchas hemos presenciados en el país porque no podemos traer carros usados de los Estados Unidos, o porque nos redujeron el sueldo primero con la inflación y luego con una devaluación, o porque el sistema judicial está corrompido?

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

En virtud de que no hay protestas, no hay acción colectiva, estos bienes públicos son producidos en una cantidad mínima, no óptima. Esta condición de producción inferior a la ideal se conoce en la literatura neoclásica como una «falla de mercado». ¿Cómo se explica la producción insuficiente de los bienes públicos antes mencionados? ¿Cómo se explica la falla del mercado? Por lo menos median tres factores interrelacionados. a) Capacidad para organizar eficientemente a los beneficiarios de políticas idóneas Los consumidores o beneficiarios del libre comercio o de la libertad monetaria son la inmensa mayoría de la población. Es sumamente complicado organizarlos y coordinarlos eficientemente. Es muy difícil la comunicación y la firma de contratos vinculantes entre este grupo difuso y heterogéneo de personas que los obligue a tomar determinadas acciones destinadas a la generación del bien público6. (Ver apéndice II para un enfoque más formal). b) El problema del polizonte (en inglés, free rider) Una característica del bien público es que una vez se haya producido todas las personas pueden disfrutar de él, hayan o no contribuido a su producción. Por ejemplo, cuando Leibniz y Newton descubren el cálculo infinitesimal todos disfrutamos de este invento, y la inmensa mayoría de sus beneficiarios no incurrimos en costo alguno para su producción7. Similarmente, muchas, personas no salieron a marchar para propiciar la renuncia de Chávez porque sabían que si como consecuencia de las marchas Chávez sale, disfrutan del bien sin haber incurrido en los costos que supone el tiempo invertido en la marcha, más posibles riesgos personales asociados a transitar las calles de Caracas. __________________________________

Técnicamente, los consumidores adolecen de los mismos problemas que los jugadores en el dilema del prisionero: dificultad para comunicarse entre sí y para firmar contratos vinculantes. (Ver apéndice II).

6

Por ello existe la patente en la investigación aplicada. La patente lo que procura es reducir el carácter no excluyente de las ideas, evitando durante cierto periodo el acceso a la idea de los imitadores, para así estimular los inventos.

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La tiranía de las minorías

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En otras palabras, yo no incurro en el costo de producción del bien porque espero que otros lo sufran, propiamente aspiro a un «viaje gratis», a un free ride. Como muchas personas razonan en forma similar, pocas o ninguna incurren en el costo, y por tanto no se produce el bien.

Otra forma de comprender la inacción colectiva por parte de los beneficiarios del bien público consiste en notar que si se produce el bien público todos lo disfrutamos por partes iguales, independientemente de si incurrí en el costo de producción o no. Es decir, las personas que sufrieron el costo de producción experimentan el mismo beneficio que aquellas que no lo incurrieron.

Estas razones contribuyen a explicar la ausencia de acción colectiva por parte de los consumidores, los beneficiarios, para generar libre comercio, dolarización, un sistema judicial independiente que administre justicia objetivamente. Es costoso organizar a los consumidores, hacer antesalas en los despachos ministeriales y pedirles a los medios de comunicación espacios para difundir estos planteamientos, con el agravante de que una vez producido el bien todos se benefician por partes iguales y no hay una compensación especial para los organizadores.

Dentro de este contexto, analicemos los incentivos del beneficiario de las políticas perversas como son barreras al comercio internacional, la devaluación o un sistema judicial corrupto que es manipulado por el ciudadano inescrupuloso. Este grupo de personas es relativamente pequeño, lo que facilita la comunicación, organización y coordinación de esfuerzos. Además, este grupo de personas disfruta de los beneficios en forma concentrada de las políticas perversas, mientras que sufriría en forma concentrada los costos de una política idónea. Por lo tanto, este grupo de personas enfrenta unos poderosos incentivos para la preservación del estatus, es decir, para la producción del bien público «beneficios de la protección o de la devaluación». La

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gran diferencia desde el punto de vista del bienestar, es que el bien público «beneficios de las políticas perversas» lo disfrutan unos pocos, mientras que el bien público «beneficios de políticas idóneas» lo disfruta la gran mayoría de las personas. c) Ignorancia racional de los consumidores La ignorancia racional consiste en que muchas personas permanecen ignorantes sobre el tema económico, porque los costos de informarse no compensan el beneficio. Si yo soy profesor de historia y vivo de esta actividad, ¿en qué me beneficia enterarme sobre el tema económico para así tener una concepción clara sobre las políticas idóneas? Adquirir información es costoso, así sea vía Internet; hay que buscarla e invertir tiempo en leerla.

Además, está el costo de oportunidad, el tiempo que invierto en leer y buscar lo puedo destinar a labores de mejoramiento profesional que redundan en más ingreso, o en esparcimiento familiar. Por otra parte, ¿cuál es el beneficio de estar informado?

Ciertamente tengo más cultura y mi voto será más compatible con los intereses de la mayoría de la población. Pero, como profesor de historia, ¿cuánto valoro mi cultura económica? ¿Con mi voto informado voy a cambiar el resultado electoral?

Como consecuencia de estas consideraciones de costos y beneficios personales, la mayoría de las personas permanecen racionalmente desinformadas sobre el tema económico en general, y sobre las políticas idóneas en particular. Esta ignorancia es aprovechada por las personas que se benefician de las políticas perversas, quienes ciertamente no son ignorantes sobre las prácticas y políticas que les proporcionan beneficios.

Es decir, existe una asimetría de la información entre los perjudicados por las políticas perversas y los beneficiarios. Estos últimos suelen ser personas más influyentes en el proceso político y en el contenido noticioso que se disemina en los medios de comunicación, contribuyendo a las fuerzas inerciales de un estatus empobrecedor mercantilista.

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Por ejemplo, yo no observo por parte de la mayoría de los presidentes de Conindustria (una asociación de propietarios y gerentes de empresas del sector industrial de Venezuela) argumentar en pro de la conveniencia de reducir el costo de hacer negocios en Venezuela, o eliminar los impedimentos al libre comercio o establecer una dolarización para acabar con la inflación y la devaluación del bolívar. La matriz de opinión es que la industria genera empleos productivos y debemos fortalecer el aparato industrial prácticamente a como dé lugar. La información diseminada en los medios de comunicación asume implícitamente que los intereses de la industria y la de los consumidores venezolanos son coincidentes. Lo que es bueno para la industria es bueno para los consumidores. (Ver apéndice III8).

La reducción del costo de hacer negocios es fundamental para viabilizar el aparato industrial. En este sentido hay que simplificar y flexibilizar las legislaciones tributarias y laborales, generar certidumbre jurídica, calidad de servicios públicos como agua, electricidad, y seguridad personal, además de eliminar la corrupción, que es un impuesto que debe pagar el empresario para obtener un permiso. Sin embargo, este tema aparentemente no es enfatizado con más intensidad porque al reducir el costo de hacer negocios se reducen las barreras de acceso de potenciales productores y aumenta la competencia.

Similarmente, para tener un aparato industrial vibrante y diversificado se requiere de libre comercio, para que ante la competencia externa el industrial sea eficiente y en caso de no poder competir se dedique a otra actividad que ofrezca al país ventajas comparadas. La dolarización, entendida como libertad monetaria, igualmente induciría al industrial a descubrir áreas en las que el país ofrece ventajas comparadas, porque no tendría el expediente de la devaluación como mecanismo de supervivencia. ________________________________________

En el apéndice III presento informes de prensa que reflejan la mentalidad mercantilista de periodistas, líderes empresariales y ministros de la economía. Aunque se trata de una muestra, ésta es representativa de sesgos mercantilistas sistemáticos en los medios de comunicación venezolanos.

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Sin embargo, ¿son estos los planteamientos que predominantemente se diseminan en los medios de comunicación? ¿Será que hay grupos de presión interesados en que la información sea pro empresa existente, sea a favor del mercantilismo y no pro bienestar de los consumidores?

En síntesis, el tamaño del grupo de los consumidores, el problema del free riding y la ignorancia racional en buena medida explican la inercia del statu quo y por tanto la producción insuficiente de bienes públicos que se dispersan sobre la gran mayoría de la población9. Existe otro factor que contribuye a la inercia del statu quo enraizado en la tiranía de las minorías, que es el contubernio entre la planificación central y el mercantilismo. Antes de analizar este problema, abordaré el tema de la tiranía de las mayorías versus la tiranía de las minorías conjuntamente con el principio de beneficiar a la mayoría de la población.

Una digresión importante Hayek (1960) señala que las sociedades diseñan instituciones para garantizar la libertad de sus integrantes, definida como la ausencia de coerción por parte del Gobierno. Hayek distingue dos mecanismos que le permiten al sistema judicial limitar el poder de los otros poderes gubernamentales. Primero, la existencia de un sistema judicial independiente que vele por el cumplimiento de las leyes sin la interferencia de la legislatura o del ejecutivo.

Segundo, revisión constitucional (constitutional review) que implica la elaboración de leyes e implementación de políticas que sean consistentes con la Constitución. De modo que el mecanismo de la revisión constitucional intenta limitar el poder de la legislatura y del ejecutivo garantizando que las leyes no contradigan la Constitución, que debería ser rígida y difícil de _________________________________________

Es importante señalar que esta «falla de mercado» es fundamentalmente una falla de Gobierno porque quien genera inflación, devalúa, establece las barreras al comercio es el Gobierno. En consecuencia, y contrario a la vision neoclásica, es la acción gubernamental la que destruye bienes públicos. Si el Gobierno se limitara a su función básica de proteger la propiedad privada habría una «producción óptima» de estos bienes públicos (Faría, 2008).

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enmendar. En consecuencia, el mecanismo de la revisión constitucional se utiliza para evitar la tiranía de las mayorías, enfatizado por Buchanan y Tullock (1962), y constituye un mecanismo protector de los derechos humanos y preservador de la democracia.

Nicomedes Zuloaga (1962, 2003) también se hace eco de esta noción de la tiranía de las mayorías. Así, refiriéndose a la democracia en el artículo publicado en La Esfera en 1962, señala: «Es un sistema contractual de Gobierno en el cual antes que nada se garantiza a la minoría un cuerpo de derechos que no podrá ser violado por la mayoría en el ejercicio del poder».

En 2003, en un capítulo titulado «El marco institucional» y aquí reproducido, escribe: «No existe concepto más anticuado, equivocado y menos democrático que creer que la mayoría es soberana y que cuando ‘‘el soberano’’, el pueblo, es mayoría, es depositario del poder originario. Y esta equivocación la han compartido casi todos nuestros constituyentes».

Mi ensayo, en contraste, se titula «La tiranía de las minorías», y enfatizo la necesidad de beneficiar a las mayorías. ¿Hay contradicción real o se trata de una paradoja?

En primer lugar, en el plano estrictamente económico es casi obvio que las políticas económicas deben diseñarse para beneficiar por lo menos a la mayoría de la población. No digo a toda la población, porque cuando hay implementación de nuevas políticas, siempre hay perdedores. ¿La protección de los derechos de las minorías evitando la tiranía de las mayorías es inconsistente con el planteamiento económico de beneficiar a las mayorías? Pienso que no es inconsistente y lo ilustro con un par de ejemplos.

Violación de derechos de propiedad física, por ejemplo, invasión de haciendas. Aquí se estaría desprotegiendo a la

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minoría porque típicamente los hacendados son una minoría.

Como consecuencia de la violación de los derechos de propiedad se mina la confianza en la economía, se destruye el espíritu empresarial y por tanto se ven afectadas la mayoría de las personas.

Otro ejemplo de las mayorías conculcando derechos de las minorías es la instrumentación de sistemas impositivos graduales. El mero hecho de gravar proporcionalmente más al que más gana es discriminatorio y viola el Estado de derecho, pero además el modelo impositivo gradual conduce por lo general a tasas impositivas altas que desincentivan el deseo de trabajar e invertir. ¿Quién sufre? Sin lugar a dudas todos, y muy en particular la mayoría. De modo que la protección de los derechos de las minorías es consistente con el bienestar de las mayorías.

Generalizando, la expresión de beneficiar a la mayoría debe entenderse en el contexto de haber ajustado dicho beneficio por las eficiencias estáticas y dinámicas. Me explico, cuando se disminuyen las barreras al comercio internacional se genera una eficiencia estática porque se le abarata la vida a la población. También se genera una eficiencia dinámica reforzadora de la estática, porque los recursos liberados por las empresas que quiebran son asignados a actividades donde la economía ofrece ventajas comparadas incrementando la productividad y el crecimiento económico. De modo que la liberación comercial induce a eficiencias estáticas y dinámicas que benefician a las mayorías.

Cuando se invade una hacienda se genera una eficiencia estática beneficiadora de la mayoría invasora. Sin embargo, el daño ocasionado a los incentivos es de tal magnitud que la ineficiencia dinámica termina abrumando el beneficio estático, y por tanto las mayorías sufren como consecuencia de la desprotección de las minorías.

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Cuando los hacendados son despojados de sus haciendas o cuando se elevan los impuestos a los que más ganan, la mayoría está conculcando los derechos de la minoría. Sin embargo, si los problemas de acción colectiva enfatizados por Olson (1977) son particularmente agudos con los grupos grandes, ¿son las mayorías las que imponen la tiranía? ¿Se organizan las mayorías para imponer su voluntad sobre las minorías? Yo más bien diría que típicamente es una minoría socialista y mercantilista la que manipula los mecanismos democráticos para conculcar los derechos de las mayorías.

En el caso de las invasiones de tierra en Venezuela, los invasores son soliviantados por el discurso incendiario presidencial, una minoría. En el caso de los impuestos son unos miembros de las legislaturas, una minoría, los que aprueban los mayores impuestos a las minorías más adineradas, típicamente en economías no mercantilistas, también más trabajadoras e ingeniosas.

En síntesis, cuando hablo de implementar políticas económicas que beneficien a las mayorías estoy empleando un lenguaje más popular porque ¿quién no desea beneficiar a la mayoría de la población? Y cuando hablo de la tiranía de las minorías estoy siendo más preciso en relación sobre quiénes son los verdaderos responsables de políticas perversas.

Contubernio entre socialismo y mercantilismo El socialismo y el mercantilismo tienen en común la destrucción del libre mercado, aunque por razones distintas. El socialismo por definición no acepta al mercado como un mecanismo eficiente para asignar los recursos escasos. El socialismo promueve la planificación central como instrumento de asignación. El mercantilismo también trata de destruir el mercado libre pero por razones utilitaristas, es decir, de conveniencia, porque lo que no desea es la competencia para que la empresa ineficiente sobreviva.

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El rechazo al libre mercado del socialismo y del mercantilismo explica la existencia y la continuidad de un conjunto de prácticas económicas. Por ejemplo, cuando el presidente de la República estigmatiza el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, algunos empresarios en el país aplauden la medida porque en virtud del rechazo a la firma del tratado los aranceles no bajarán y por tanto habrá menos competencia.

Cuando el presidente despotrica del capitalismo y del neoliberalismo salvaje, desde una óptica socialista igualmente algunos empresarios se sienten complacidos porque saben que en Venezuela no adoptaremos un modelo capitalista y por tanto no habrá competencia. Asimismo, la devaluación de la moneda le genera más recursos al Gobierno, y al mismo tiempo entorpece la competencia. La inflación es un flagelo que afecta muy en particular a los pobres, y el principal responsable y beneficiario de la misma es el Gobierno. Sin embargo, no vemos que en forma sistemática y consistente los líderes del sector industrial reclamen la necesidad de acabar con este mal.

Las complejidades legales tributarias, laborales, reguladoras suelen ser expresiones de visiones socialistas que pretenden cuadrar el círculo. Sin embargo, la empresa grande se ve beneficiada porque las empresas pequeñas y nacientes no podrán cumplir con disposiciones engorrosas, contribuyendo así a la menor existencia de competencia. Quizás esto explica la no insistencia ante el Gobierno de bajar el costo de hacer negocios por parte de muchos líderes empresariales. Es más, si deseamos tener una industria diversificada que aumente el bienestar de los consumidores, una condición fundamental es que enfrente un bajo costo de hacer negocios. Otra condición es dedicarnos a aquellas actividades en las cuales el país ofrece ventajas comparadas. ¿Será como es consecuencia de este contubernio que tantos intelectuales socialistas escriben en nuestros medios de comunicación impresos? La retórica socialista le hace mala

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propaganda al mercado entre la población, alimentando su ignorancia racional, y por tanto vemos con buenos ojos interferencias del Gobierno, sin darnos cuenta de que favorecen al empresario ineficiente establecido.

Otro factor de gran importancia que contribuye a la inercia del estatus en países petroleros en vías de desarrollo como Venezuela es la no clara separación entre el soberano y el poder económico. Es decir, la existencia de un Gobierno patrimonial.

El fundamento de la libertad La democracia parlamentaria surge en Inglaterra como consecuencia de un acuerdo coaseano10 entre la corona, por una parte, y los nobles y los ciudadanos por la otra, mediante el cual se le entregaban fondos al rey a cambio de protección de libertades básicas (Pipes, 1999; y Glaeser y Shleifer, 2002, 1208)11. Es decir, la corona necesitaba de los ciudadanos para sobrevivir, y éstos consentían en pagar impuestos siempre y cuando derechos fundamentales, en particular el de la propiedad, fuesen respetados.

Es importante observar que los ciudadanos eran los propietarios y detentaban el poder económico. La corona era propietaria en menor medida y detentaba el poder político. El que la corona dependiese económicamente de los ciudadanos creaba un equilibrio propiciador del surgimiento de la democracia, porque limitaba el poder real.

Los arreglos institucionales en Venezuela y otros países de la OPEP de índole socialista impiden el equilibrio natural entre Estado y ciudadanos, porque el gobierno es patrimonial. Es decir, la separación entre el soberano y el poder económico es prácticamente inexistente porque el Gobierno se independiza económicamente de los ciudadanos. Esta condición trae como ___________________________________ 10

Particularmente la firma de la Carta Magna en el 1215, Glaeser y Shleifer (2002).

Djanko, Glaeser, La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer (2003, 613) también conciben la adopción de la Constitución americana como un acuerdo coaseano.

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consecuencia un Leviatán incontrolable que explica en buena parte la precariedad democrática no sólo en Venezuela si no en todos los países de la OPEP. La fragilidad democrática observada en los países petroleros subdesarrollados es una manifestación más de la llamada «maldición de los recursos naturales» señalada entre otros por Sala-i-Martin y Subramanian (2003, 5). Creo que la maldición no es la existencia o no de petróleo, sino quién es el propietario de los recursos naturales, el Gobierno o los ciudadanos.

Si los impuestos que pagan las compañías petroleras fuesen repartidos por partes iguales entre todos los venezolanos mayores de 18 años, y las acciones de las compañías del Estado fuesen devueltas a los ciudadanos, tendríamos un arreglo institucional mediante el cual el Gobierno vive de los ciudadanos.

En otras palabras, el gobierno no tendría recursos propios, y para existir tendría que negociar con los ciudadanos el cobro de impuestos. Muy probablemente en este marco institucional los ciudadanos pagarían impuestos pero exigirían a cambio calidad de Gobierno, y sobre todo protección de los derechos humanos básicos.

Es más, es importante que los ciudadanos experimenten el costo del Gobierno para incentivarlos a exigir calidad de gobierno. En este sentido, los impuestos al gasto de tasa única son idóneos porque todos gastamos, luego todos pagamos impuestos y si nos subimos los impuestos todos nos los subimos e igualmente si los bajamos12.

Un serio problema asociado a la existencia de gobiernos patrimoniales-mercantilistas es la ausencia de autonomía de los empresarios del país para reclamar con legitimidad sus derechos. ___________________________________

Quizás uno de los impuestos más perversos es el impuesto sobre el ingreso corporativo, porque el costo del impuesto es en buena medida trasladado a los consumidores y éstos no se percatan de que cuando gastan están pagando los impuestos de la empresa. En consecuencia, el impuesto sobre la renta a las empresas anestesia el dolor que ocasiona el Gobierno.

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Me explico. En Venezuela los empresarios se quejan ante el Gobierno cuando sus derechos de propiedad son violados como consecuencia de las invasiones que sufren sus tierras, empresas y edificaciones. No obstante, el reclamo empresarial cae en oídos sordos porque el presidente sabe que dichos empresarios acumulan riqueza como consecuencia de prebendas mercantilistas otorgadas por el Gobierno, que a su vez violan la propiedad privada del ciudadano común al encarecerle el costo de la vida. En gobiernos patrimoniales, por lo tanto, el principio de la captura de Stigler (1971) es al revés, no es el regulador quien queda capturado por el empresario, es el Gobierno el que captura al empresario.

La existencia de instituciones socialistas y mercantilistas en gobiernos patrimoniales petroleros le imparten una fuerza mayor a la inercia del statu quo. No sólo porque el Gobierno compra voluntades, adormece conciencias y captura a los empresarios, sino porque el petróleo constituye un piso que impide la existencia de una crisis profundamente desestabilizadora capaz de sacudir el estatus y convencer a los ciudadanos de la necesidad de un cambio sustancial que conduzca al capitalismo.

En los gobiernos patrimoniales se pone de manifiesto con gran fuerza el principio desarrollado por Pipes (1999) de que «sin propiedad no hay libertad».

Ausencia de liderazgo empresarial El liderazgo empresarial es un factor clave para el progreso de una sociedad. Concretamente la labor de empresarios, cuyo interés personal está alineado con el interés de los consumidores, en el financiamiento de campañas electorales y presencia en los medios de comunicación es fundamental para promover políticas e instituciones inductoras de crecimiento económico. A continuación señalo varios ejemplos. De Long y Shleifer (1993) documentan el contraste en los casos de las ciudades europeas que florecieron y se estancaron entre los años 1050 y 1800. Las ciudades europeas que incrementaron su población fueron aquéllas donde el poder político residía en los mercaderes

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y burgueses, o donde el poder del príncipe era limitado constitucionalmente y había asambleas de representantes que le otorgaban vocería o vetos constitucionales a empresarios mercaderes o terratenientes. Al contrario, las ciudades que se estancaron fueron aquéllas gobernadas despóticamente donde la propiedad privada se veía seriamente menoscabada debido a las posibilidades encarcelamiento, ejecución o impuestos ruinosos confiscatorios.

Ejemplos de regiones comercialmente prósperas fueron la república de Holanda, Inglaterra constitucional y las ciudades Estados al norte de Italia antes del control autocrático ejercido por los Habsburgo. Casos de regiones que se empobrecieron fueron las ciudades al sur de Italia después de la conquista normanda, Francia durante el absolutismo del siglo XVIII y la España imperial que sufrió altas cargas impositivas durante los siglos XVI y XVII, establecidas por los reyes Habsburgo. Es importante observar que en los casos de ciudades prósperas directa o indirectamente estaban presentes grupos empresariales que promovían políticas protectoras de la propiedad privada.

Otro ejemplo más reciente en el que los empresarios eficientes lideran la implementación de políticas idóneas es el de la adopción y eventual abolición de las Leyes del Maíz (Corn Laws) en Inglaterra. En 1804 el Parlamento inglés, y a petición de los terratenientes, aprobó aranceles que gravaban el maíz importado con el objeto de preservar los beneficios de los agricultores. Después de un largo proceso político impulsado por los industriales ingleses, quienes temían un aumento de los salarios como consecuencia de los aranceles, en el año de 1845 los aranceles fueron eliminados. Obviamente, los consumidores ingleses se beneficiaron como consecuencia de la acción colectiva de los industriales cuyo interés personal estaba alineado con el de los consumidores ingleses.

Dados los problemas antes expuestos del tamaño del grupo de consumidores ingleses, free riding, e ignorancia racional, la

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acción colectiva de parte de dichos consumidores es muy limitada. Estos obstáculos son más fáciles de superar por parte de los industriales por constituir un grupo más pequeño y mucho más motivado por la posibilidad de poder apropiarse parte de los beneficios que deriva de su acción colectiva. Estas características contribuyen a explicar la acción colectiva ejercida por los empresarios industriales ingleses eficientes.

Ejemplos más recientes los vemos en la política económica norteamericana. Por un lado el presidente Bush aprueba unos aranceles extraordinarios que aumentan el precio del acero importado. El aumento de aranceles acontece a pesar de que la industria americana consume grandes cantidades de acero y el mayor precio del acero se tradujo en menos competitividad y menos fuentes de trabajo en la industria consumidora de acero. Por otro lado observamos al presidente Bush promoviendo un tratado de libre comercio para toda la América. ¿Cómo se explica este comportamiento esquizoide por parte del presidente? Muy probablemente se debe a la fuerte presión que ejercieron sobre el Gobierno los productores de acero que además se encuentran en Estados clave en medio de una elección de renovación parcial de los senadores y representantes del congreso norteamericano. En lo referente a la promoción de la firma del tratado de libre comercio, también existen intereses empresariales que con menos barreras arancelarias pueden exportar más. Lo interesante del segundo caso es que los intereses de los empresarios beneficiados por la capacidad de exportar más están alineados con los intereses de los consumidores latinoamericanos y norteamericanos, quienes en definitiva se benefician con precios menores. ¿Por qué observamos en los medios de comunicación estadounidenses un fuerte contraste entre las líneas editoriales del Wall Street Journal y el New York Times, o entre Fox

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News y CNN? Muy probablemente porque los dueños de estos medios y la base empresarial que los apoya tienen visiones distintas del mundo. Nuevamente, el espíritu empresarial anima e impulsa causas distintas y a veces contrapuestas. Lo interesante es que del debate abierto el público se informa a un costo relativamente bajo, y esto contribuye a superar la ignorancia racional, favoreciendo la adopción de políticas idóneas13.

Lamentablemente, en Venezuela este liderazgo empresarial deja mucho que desear y contribuye a la inercia del estatus. El movimiento del 12 de abril de 2002, que sacó a Chávez del poder por unas horas, estaba liderado por una figura asociada a unas empresas altamente protegidas por barreras al comercio internacional, y que en sus declaraciones públicas con frecuencia abogó por esquemas cambiarios con sesgo en pro de la devaluación, es decir, mercantilismo cambiario.

Otro ejemplo reciente es el de una televisora muy importante, la cual desde que Chávez ganó el referendo revocatorio decidió autocensurarse a pesar de la cuantiosa fortuna internacional y diversificada de los propietarios. La otra emisora más importante, con mucho más valentía, despliega una oposición crítica en el terreno de las libertades políticas y civiles. No obstante, el tema fundamental de las libertades económicas no es abordado en una forma constructiva, no sólo con críticas a las políticas perversas, sino sugiriendo soluciones idóneas.

No sólo esto, sino que en las mismas novelas del canal, vistas por muchos venezolanos que apoyan al presidente Chávez, se ha podido poner de una forma pedagógica y a la vez atractiva comercialmente el inmenso daño que ocasiona la inflación, devaluación, barreras al comercio internacional y las nefastas consecuencias que tiene la ausencia de competencia para el bienestar de la población. __________________________________________

Becker (1983 y 1985) modela la competencia entre grupos de presión por la obtención de determinadas políticas económicas.

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En un estado similar se encuentran nuestros medios de comunicación escritos. Observemos que la matriz de opinión ahí reflejada es en general mercantilista y/o socialista, lo cual no ayuda a superar los problemas de ignorancia racional que aquejan a la población. Ejemplos de esta información con sesgo mercantilista la presento en el apéndice III. III. Soluciones posibles El planteamiento central de este capítulo es que las políticas perversas tienden a perpetuarse porque aquellos que se benefician hacen todo lo posible para preservarlas, mientras que los que se perjudican constituyen una masa atomizada de personas que resulta muy difícil de organizar. Esta condición explica el título del artículo: «Tiranía de las minorías».

Es oportuno citar a Nicolás Maquiavelo, quien en El Príncipe había expresado un planteamiento similar: «No hay nada más difícil de emprender, más peligroso de conducir que asumir el liderazgo en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tiene como enemigo a todos aquellos que lo han hecho bien bajo las antiguas condiciones y tibios defensores en aquellos que lo harían bien bajo las nuevas.»

La pregunta básica es: ¿existe algún mecanismo que permita superar el estatus perverso que ahoga a la economía en una trampa de pobreza? Una respuesta satisfactoria a este problema es fundamental, porque en el fondo lo que estoy preguntando es cómo pasar de una sociedad buscadora de rentas (rent-seeking society) a una sociedad creadora de riqueza. Tullock (1967, 2002) argumenta que el progreso experimentado durante los dos últimos siglos, en contraste con el estancamiento de los siglos previos, se debe a la superación por parte de algunos países de su condición de buscadora de rentas14. ______________________________

Murphy, Shleifer y Vishny (1991 y 1993) modelan el proceso de búsqueda de renta y sus consecuencias adversas para el crecimiento económico. También presentan evidencia econométrica consistente con la hipótesis del rent seeking disminuyendo tasas de crecimiento económico.

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Como en buena parte se trata de un problema de inacción colectiva por parte de los consumidores para la generación de bienes públicos, como beneficios del libre comercio y de libertad monetaria, la solución clásica es liderazgo político y empresarial. Ejemplo de liderazgo político fue el del general Augusto Pinochet en Chile, o el de sir John Cowperthwaite en Hong Kong. Desde el punto de vista económico, ambos casos fueron exitosos, y mientras el segundo no implicó derramamiento de sangre, el primero ha sido acusado de violar derechos humanos.

En un entorno democrático el liderazgo empresarial podría jugar un papel fundamental como catalizador de cambios hacia la implementación de políticas idóneas. El planteamiento central es la existencia de empresarios que se beneficiarían con la implementación de políticas económicas consistentes con el bienestar de la mayoría de la población. En otras palabras, en Venezuela tenemos empresarios a quienes por su eficiencia y por su línea de negocios les conviene la existencia de una moneda dura, de bajos aranceles, impuestos simplificados, ligeras cargas reguladoras y flexibilidad de los mercados laborales. Es decir, el interés personal de estos empresarios está bastante bien alineado con el bienestar de la mayoría de la población. ¿En qué área de negocios se encuentran estos empresarios? Me atrevo a sugerir que en el sector construcción, banca y finanzas, comerciantes, importadores, sector servicios en general, como agencias de viaje y turismo; también algunos industriales y agricultores que se desempeñan en nichos especializados, como puede ser chocolate, mandarinas y nísperos entre otros.

Petróleo, por supuesto, pero este sector debe serle devuelto a la sociedad civil.

Sugiero la conveniencia de organizar a estos empresarios eficientes para que hagan cabildeo en los medios de comunicación y con los líderes políticos para la promoción de

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políticas idóneas. La presencia en los medios de comunicación es fundamental para que convenzan a los dueños de los medios sobre la necesidad de difundir las bondades de políticas económicas idóneas. Basados en los anuncios de publicidad generan un mecanismo de presión eficaz para que la información sea diseminada de forma pedagógica, para así superar la ignorancia racional de los consumidores.

IV. Conclusiones Este capítulo sugiere que el denominador común que afecta a Latinoamérica, particularmente a Venezuela, es la trampa de la pobreza inducida por el contubernio entre socialismo y mercantilismo. Ambas prácticas tienden a reforzarse mutuamente, y a pesar de las políticas perversas que engendran, le imparten una poderosa fuerza inercial al statu quo. La superación de esta trampa requiere liderazgo político y especialmente empresarial en un entorno democrático.

Veo muy difícil que la oposición venezolana sea capaz de ejercer el liderazgo necesario para enfrentar con éxito las políticas asociadas a la implantación del llamado socialismo del siglo XXI. Lograr convencer al ciudadano común de que sin Chávez su condición material va a mejorar supone aplicar políticas que redunden en más competencia para los empresarios y menor poder para los políticos. Para poder realizar este tipo de liderazgo se requiere de un tejido ético del que en buena medida carecemos.

Podría establecer un paralelismo histórico entre nuestra condición actual y la del pueblo elegido, el cual alcanzó su mayor esplendor durante el reino de Salomón simbolizado en la construcción de El Templo. No obstante, durante el reinado de Salomón comenzó a incubarse un fuerte deterioro ético del pueblo caracterizado por el materialismo, orgullo y por la traición a la fidelidad a Dios. A la muerte de Salomón aparecen profundas diferencias políticas, y sobre todo divisiones religiosas que los hacen olvidar la Alianza y se vuelven a los ídolos.

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En el año 721 a.C. el reino del norte, Samaria, cae ante la invasión asiria. El reino de Judá al sur sucumbe ante el poder de Caldea en el 586 y se produce la destrucción de El Templo con la caída de Jerusalén. Comienza la deportación a Babilonia, es decir, el destierro, el castigo por la infidelidad, por la bancarrota moral. Hacia el año 537 son liberados por Ciro y los israelitas, ahora llamados judíos, y comienzan de nuevo a instalarse en la tierra prometida e inician la reconstrucción de El Templo.

Parte del problema que enfrentamos, además del mencionado deterioro ético, es el inmenso poder económico que tiene el Gobierno, por ser el dueño de las actividades económicas más productivas (commanding heights) del país. Esta situación ha degenerado en una condición perversa mediante la cual los ciudadanos vivimos del Estado. En consecuencia, el Gobierno compra voluntades y gran parte de nuestro empresariado termina capturado por él.

Dada la ausencia de liderazgo empresarial, el inmenso poder económico de nuestro Gobierno patrimonial y los elevados precios del petróleo, no le debe resultar muy difícil a la administración actual continuar con el llamado proceso revolucionario bolivariano. Sin lugar a dudas, el experimento del socialismo del siglo XXI fracasará. El problema es cuándo vendrá la crisis, y dependiendo del momento en el tiempo en que sobrevenga la crisis dependerá el nivel de profundización de este ensayo de más socialismo y por tanto de más deterioro.

En síntesis, las numerosas políticas perversas que hemos implantado entre 1950 y 1998, y agravadas por la administración actual, reflejan nuestro deterioro ético, que también se ve representado en la incapacidad de la oposición para reaccionar tratando de convencer a la población de que podemos construir un país más justo y que genere más prosperidad con políticas idóneas. Esta condición de incapacidad de reacción efectiva,

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creo que permitirá al Gobierno profundizar el socialismo lo cual nos llevará a una gran crisis que propiciará una profunda escisión en el Gobierno. De esta fuerte división podría surgir un nuevo Gobierno quizás con una orientación más democrática, y dado el fracaso económico, una vez más del socialismo, podríamos enrumbarnos hacia una economía capitalista. Es decir, mi esperanza es que del destierro y la deportación que representa el Gobierno actual haya rectificación, o como decía Nicomedes Zuloaga, haya arrepentimiento y propósito de la enmienda.

Finalmente, el análisis sugiere que Chávez es la consecuencia de nuestros problemas representados en socialismo y mercantilismo15. La salida de Chávez es condición necesaria para tomar el rumbo de la economía de mercado, pero no es condición suficiente. Aunque la preocupación por la salida de Chávez es un problema digno de estudio, una línea de investigación más fructífera es cómo desmantelar el socialismo y el mercantilismo en Latinoamérica, para generar prosperidad material a nuestros ciudadanos y reducir las probabilidades de elegir líderes populistas.

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Ver Faría, «Hugo Chavez Against the Backdrop of Venezuelan Economic and Political History», para una explicación más detallada y documentada relativa a los factores que contribuyeron a gestar el advenimiento de la presidencia de Hugo Chávez. Este trabajo saldrá publicado en The Independent Review en marzo de 2008.

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Apéndice I A continuación presento un cuadro que puede arrojar luces sobre la relación entre bienes privados y bienes públicos.

Rival

No rival

Excluyente

No Excluyente

Pan

Tv por cable

Ballenas en el océano

Defensa nacional

El pan es un ejemplo de un bien rival, porque el pan que me como, otra persona no se lo puede comer. Además, es excluyente porque puedo impedir el acceso de otras personas al pan que tengo en mi cesta. Las ballenas en el océano es rival porque el consumo que hace una persona de ellas no la puede hacer otra. Es decir, la ballena no es objeto de consumo simultáneo. No obstante, en principio es difícil excluir a pescadores a las ballenas en el océano, lo que las hace no excluyentes. Esta característica de no excluyente, de impedir el acceso de pescadores, es lo que explica la posibilidad de su extinción, lo cual se aplica a la vida salvaje en general. Estos bienes son objeto de lo que se conoce como la tragedia de los comunes, que deriva su nombre de que antaño en las afueras de las ciudades había pastizales a los cuales acudían los aldeanos con su ganado. Éstos terminaban agotando el heno del pastizal común, de ahí el nombre de tragedia de los comunes. Es decir, no se podía racionalizar el acceso de los ganaderos de modo que se pudiese evitar la depredación del heno.

La televisión es no rival. Muchas personas pueden simultáneamente observar (consumir) un mismo programa de televisión. La televisión difundida por cable tiene además la particularidad de poder excluir a todas aquellas personas que no estén suscritas a la empresa proveedora del servicio. Lo que explica su carácter excluyente.

La defensa nacional es no rival y no excluyente. Una vez que entramos al territorio de los Estados Unidos, por ejemplo,

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todos consumimos simultáneamente la producción de defensa nacional y es imposible excluir de su consumo a cualquier persona localizada dentro del territorio americano.

Observemos que la dimensión rival o no rival es dicotómica.

Es decir, el bien o es rival o no lo es. En cambio, la dimensión excluyente o no es una variable más continua. Por ejemplo, las ideas una vez generadas son no rivales y no excluyentes, sin embargo, el sistema de patentes lo que intenta es disminuir el carácter no excluyente de las mismas evitando que otros se las copien y las consuman durante determinado tiempo.

Apéndice II El juego el dilema del prisionero consiste en que a dos sospechosos de un crimen se les coloca en cuartos separados y se les informa la siguiente estructura de incentivos a objeto de determinar culpabilidades. Si usted confiesa y el otro también, cada uno tiene una pena de tres años de cárcel. Si ambos no confiesan cada uno cumple una condena de un año.

Si usted confiesa y el otro no, usted sale libre y el no acusador cumple una condena de diez años. Por el contrario, si usted no confiesa y el otro sí confiesa, usted cumple diez de condena y el otro sale libre. Veamos la matriz de pagos y la solución de este juego.

C

Ju g a d o r 2 NC

C

3,3

0,1 0

NC

1 0,0

1,1

Ju g ad o r 1

En esta matriz de pagos el primer elemento corresponde a los años de cárcel del jugador 1, y el segundo elemento a los años de cárcel del jugador 2. Si el jugador 1 juega la estrategia C la mejor respuesta del jugador 2 es jugar C, porque jugando C sufre menos años de cárcel, tres en vez de diez. Si el jugador

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

1 juega la estrategia NC la mejor estrategia del jugador 2 es C porque jugando C sale libre contra un año de cárcel. De modo que independientemente de la estrategia del jugador 1, el jugador 2 siempre jugará C, es decir, confesará.

Veamos cómo reacciona el jugador 1 ante las estrategias del jugador 2. Si 2 juega C, 1 juega C, porque tres años de cárcel es menos que diez. Si 2 juega NC, 1 juega C, porque cero es menor que 1.

De modo que 1 siempre jugará C. Como ambos siempre jugarán C, la solución del juego es C, C con tres años de cárcel para cada uno. Observemos que este resultado es ineficiente porque la estrategia que minimiza los años de cárcel para ambos es NC, NC con un año de cárcel para cada uno.

Este resultado no ideal se debe a la incapacidad de comunicación de los sospechosos y la imposibilidad de establecer acuerdos vinculantes. Estos mismos obstáculos enfrentan los consumidores en el juego de las barreras al comercio internacional y es aprovechado por el dúo cómplice de Gobierno y empresarios ineficientes.

Apéndice III En este apéndice presento algunos reportes de la prensa escrita, concretamente de El Universal, periódico donde escribo y considero que es el más serio del país. Los reportes ponen de relieve la ubicua mentalidad mercantilista y socialista de Venezuela.

Destaco en las noticias que transcribo a continuación las siguientes tendencias. Primero, el sesgo de plantear los problemas desde la óptica del industrial, por lo general el análisis desde el punto de vista de los consumidores está ausente. Segundo, la tendencia a criticar el tipo de cambio fijo o anclaje cambiario. Tercero, los empleos productivos son los generados por la industria, de modo que mi labor de profesor no es muy productiva. Cuarto, un sesgo estigmatizador de las importaciones. Quinto, todo el análisis

La tiranía de las minorías

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se centra en la relación entre exportaciones e importaciones, es decir, la balanza comercial. La posibilidad de reformas de la economía que hagan atractivos los activos nacionales a los extranjeros, y por tanto acceder a dólares vía cuenta capital, nunca se menciona. También es importante resaltar que Venezuela prácticamente presenta superávits crónicos en la cuenta corriente. Sexto, énfasis en el verdadero problema, que es el alto costo de hacer negocios en Venezuela, y dedicarnos a aquellas áreas donde el país ofrezca ventajas comparadas, no es abordado con suficiente insistencia. La impresión que se genera es que las empresas existentes son las que los consumidores necesitamos, y debemos entonces los consumidores venezolanos incurrir en los costos que sean necesarios para la supervivencia de las empresas existentes.

Séptimo, no se realiza el énfasis necesario en reducir la inflación, para así evitar el bolívar «sobrevaluado» cuando se fija el tipo de cambio. El mensaje implícito es devaluar, lo cual genera más inflación por el incremento en la cantidad de moneda.

Víctor Salmerón, Diario El Universal Con tasas de interés históricamente bajas para solicitar crédito y un boom de consumo en expansión, la industria debería crecer a paso firme. No obstante, las estadísticas del Banco Central de Venezuela registran que el horno de la producción comienza a enfriarse.

En el primer trimestre de este año el volumen de la producción avanza 6,7% versus el mismo lapso del pasado año, mientras que entre el primer trimestre de 2005 y el mismo periodo de 2006, el salto llegó a ubicarse en 21,8%.

La industria es una pieza clave para generar empleo de calidad y superar la subordinación al vaivén de los precios del petróleo, y si bien no ha dejado de crecer, la desaceleración indica que hay piezas sueltas en el motor de la economía.

La pasada semana Conindustria realizó su congreso anual y 90% de los empresarios encuestados consideraron que el clima de inversión es negativo, por «inseguridad jurídica, los controles, incertidumbre política, nuevas cargas laborales y pérdida de competitividad frente a los importadores».

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Desde febrero de 2005 el tipo de cambio oficial se mantiene fijo y lo que se compra con 2.150 bolívares en el país es mucho menos de lo que se adquiere con un dólar en el extranjero, circunstancia que estimula las importaciones y disminuye la capacidad de competir de la industria nacional.

Las compras al exterior del primer trimestre suman 9 mil 108 millones de dólares, una magnitud que devoró tres cuartas partes del pastel de petrodólares y presionó a la baja las reservas internacionales.

En general, la maquinaria industrial produce al cierre de marzo 30% más que en 1997, principalmente por la expansión en productos de metal, caucho y plástico, mientras que el área textil se encuentra 23% por debajo; cueros y calzado registra una caída de 11% y vehículos un descenso de 17%.

El sector de alimentos y bebidas, donde la demanda se ha multiplicado por el incremento de salarios, becas y transferencias del Gobierno, aumenta la producción en el primer trimestre en 8,38% versus 19,5% en el mismo periodo de 2006.

Más dependientes Las exportaciones no asociadas al petróleo son otro termómetro de cómo marcha el desarrollo de la industria. El Banco Central indica que las ventas al exterior ascienden, al cierre de marzo, a 1.735 millones de dólares, que representan un desplome de 7% respecto a 2005.

Las exportaciones no petroleras se estancan, pero los demás países incrementan el envío de mercancía. Entre enero y marzo las ventas de Colombia a Venezuela suman 850 millones de dólares, con un alza de 64,6% respecto al mismo lapso de 2006; Argentina, con un despacho de 229 millones 800 mil dólares, factura 46,6% más, y Brasil, con exportaciones por el orden de 902 millones de dólares, eleva la cuenta en 27,8%.

En otra noticia, Víctor Salmerón, el periodista principal en el área económica, escribe: Las opciones para instrumentar cambios en la política cambiaria en medio de un control que comienza a perder eficacia, ya son conocidas por los venezolanos.

Una de las alternativas es recurrir a un sistema dual, tal y como hizo el gobierno de Jaime Lusinchi en 1984, es decir, mantener un tipo de cambio para las importaciones consideradas como esenciales y el pago de deuda externa, mientras que el resto de las transacciones de la economía se realizan a un tipo de cambio superior.

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Esta medida propició corrupción a gran escala y fracasó como escudo contra la inflación, que finalmente se desató por completo en 1987 elevándose a 40%.

La otra posibilidad es devaluar el tipo de cambio oficial, que en este momento se ubica en 2.150 bolívares por dólar.

Analistas consideran que esta medida serviría para frenar las importaciones y alentar a la golpeada industria nacional, pero inevitablemente se traduciría en mayor inflación y los alimentos registran un incremento de 31,1% en los últimos doce meses.

Sobre la mesa, el Gobierno tiene la opción de desechar las alternativas anteriores y actuar para que el dólar paralelo, que se encuentra sobre los 4 mil bolívares y marca a un sector importante de la economía, pierda altura.

Para esta meta dispone de la emisión de bonos en dólares pagaderos en bolívares.

Víctor Salmerón, Diario El Universal Desde febrero de 2005, la administración de Hugo Chávez mantiene estático el valor del dólar en 2.150 bolívares, con lo que la moneda estadounidense comienza ser percibida en el mercado como un artículo barato que impulsa las importaciones hasta niveles récord en los últimos nueve años.

Si bien los consumidores obtienen el beneficio de que pueden adquirir productos elaborados en el exterior a bajo costo, el precio a pagar es que la industria, la pieza clave para generar empleo productivo y diversificar la economía, marcha a un ritmo más lento que los sectores no expuestos a la competencia de las importaciones.

Las cifras del Banco Central de Venezuela registran que mientras la construcción crece 35% en el tercer trimestre, el comercio 18%, la banca 38,7% y las comunicaciones 21,1%, la industria manufacturera sólo se expande en 10,1%.

Incluso, la producción de prendas de vestir y teñido de pieles desciende en 4,19% entre agosto de este año y agosto de 2005, mientras que el calzado y el curtido de cueros retrocede en 1,26% en medio del boom del consumo.

«Hay tres políticas suicidas para cualquier progreso industrial: la sobrevaluación de la moneda para procurar bajar la inflación, el control de precios, que destruye la rentabilidad, y la falta de reglas claras para la

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inversión», dice José Guerra, ex gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central.

Analistas destacan que a pesar del anclaje del dólar, mientras la inflación en Venezuela acumula un salto de 13,4% en los primeros diez meses del año, en Estados Unidos y Colombia, dos de sus principales socios comerciales, registra un avance de 2,4 y 4%, lo que se traduce en que los empresarios de estos países tienen menos incremento de sus costos y pueden colocar productos en Caracas a un precio inferior al de la industria nacional.

Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones colombianas a Venezuela suman 1.842 millones de dólares, lo que representa un salto de 20% respecto al mismo periodo de 2005. ¿Qué ocurre con las exportaciones no tradicionales de Venezuela? De acuerdo con el INE, las ventas al exterior, excluyendo petróleo y hierro del sector público, registran un incremento estelar desde 3.144 millones de dólares en el segundo semestre de 2004 a 7.652 millones en el segundo semestre de 2005, para luego ubicarse en 7.525 millones en el primer semestre de este año.

No obstante, la unidad de análisis económico del Banco Mercantil explica en un trabajo reciente que «este comportamiento de las exportaciones no tradicionales ha estado fundamentalmente determinado por el fuerte incremento de los precios de los productos básicos no petroleros. En particular, los precios de los metales en el mercado internacional, productos cuyo peso dentro de las exportaciones no tradicionales venezolanas es muy significativo».

Para contrarrestar la pérdida de competitividad de la industria, el Gobierno ha puesto en marcha medidas de protección, como reservar para las pequeñas y medianas industrias, cooperativas y otras formas asociativas, la compra de 147 insumos sujetos a un contenido de valor agregado nacional mínimo, que varía según el producto entre 25 y 85%.

Además aprobó una sobretasa arancelaria de 15% que afecta a una lista de bienes considerados como de lujo o no prioritarios.

En los siguientes reportes se ve claramente la mentalidad mercantilista de los ministros entrevistados. El primero corresponde a unas declaraciones del ministro de Agricultura y Tierras Elías Jaua.

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Importaciones bajo control Jaua negó que la producción de rubros básicos como azúcar, café y leche, entre otros, se encuentre en descenso. «Estamos demostrando con hechos que en el país hay producción nacional y que todo el esfuerzo del Gobierno para reactivar la agroindustria comienza a tener resultados importantes».

En su opinión, lo que hay es un alza de la demanda y del consumo de alimentos, en momentos en que se observan «debilidades en la cadena de distribución y reposición». Agregó que se ha conversado con algunos mataderos para garantizar que se cumpla la regulación de precios en el caso de la carne de res.

Jaua fue enfático al afirmar que si la meta es incrementar la producción nacional, «este año no van a crecer las importaciones de alimentos. Los rubros que estamos importando, y que así ha sido históricamente, son la leche, la carne y el azúcar en periodo de lluvia».

Recordó que de enero a mediados de mayo de 2006 se produjeron 320 millones de litros de leche y este año se han generado 360 millones de litros. En el mismo lapso del año pasado se mataron 498 mil cabezas de ganado, lo que permitió importar sólo 10% del consumo del año y este año 550 mil. «Lo que pasa es que hay un incremento cada día mayor del consumo que nos obliga todavía a tener una cuota de importaciones».

Suhelis Tejero Puntes, Diario El Universal Comenzaron las restricciones a los bienes importados que el Gobierno Nacional considera «de lujo» o no prioritarios. A partir de ahora, no sólo se deberá solicitar un permiso para un grupo de productos por su ingreso al país, sino que además deberá pagarse una sobretasa arancelaria de 15%, según destacan resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial 38.577 que circuló ayer.

Los ministerios de Finanzas e Industrias Ligeras y Comercio emitieron una lista que modifica los aranceles a más de 200 códigos, entre los cuales destacan las joyas, algunas bebidas alcohólicas (como el güisqui, ginebra, vodka, vino espumoso, tequila y anís, entre otros), cigarros y tabaco, veleros, prendas de vestir y hasta las máquinas de afeitar, muebles, velas y papel higiénico, entre el extenso recuento de productos.

La resolución tendrá una vigencia de un año que podrá ser prorrogable, según indica la misma. Desde ayer las aduanas comenzaron a aplicar el incremento de la tasa.

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Importación certificada En otra resolución, esta vez firmada por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco), apareció una lista de bienes y sus partes utilizados en los procesos industriales y agrícolas, materias primas e insumos no producidos en el país, los cuales podrán recibir la autorización de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para la compra de dólares, sin necesidad de solicitar un certificado de no producción nacional al Milco.

La lista de bienes prioritarios está compuesta de productos e insumos para la industria de medicamentos y los sectores textil, industrial y agrícola, entre los más destacados.

«Las personas naturales y jurídicas que requieran importar materias primas, insumos y demás productos no incluidos en la lista (...) podrán elevar su solicitud debidamente motivada ante el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, el cual se pronunciará previa evaluación de las necesidades y requerimientos en materia de producción, mediante el correspondiente certificado», señala la resolución ministerial.

Además, señala que la lista de bienes prioritarios será revisada con una frecuencia no menor a un año.

Raquel Barreiro C. Diario El Universal Resulta una contradicción pensar en una economía basada en un modelo de desarrollo endógeno, en la cual las importaciones aumentan a «velocidad de crucero».

El Gobierno parece estar consciente de esta paradoja, y a lo largo de ocho años ha anunciado, en cuatro oportunidades, incluyendo la actual, un plan para la sustitución de importaciones.

Tales metas no se han alcanzado, y las cifras que maneja el Banco Central de Venezuela son contundentes. Desde 1999 hasta el tercer trimestre del presente año, las compras en el extranjero han aumentado 136%.

Restricción añeja Luisa Romero anunció en 2001, cuando ejercía el cargo de ministra de Producción y Comercio, que se procedería a controlar las importaciones en sectores como el agrícola, confección, calzado y automotor. En su momento, Romero explicó que no se estaba considerando «elevar los aranceles, pues esto repercutiría en los precios a nivel de consumidor y en la inflación».

Pero en el año 2001 las importaciones llegaron a 16.435 millones de dólares, 13% más que en el año 2000.

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Esta situación llevó a Víctor Álvarez, viceministro de Industria en agosto de 2002, a anunciar un nuevo plan para reducir importaciones por 3.087 millones de dólares en el largo plazo. Este proyecto entraría en vigencia en noviembre de ese año.

La intención era, una vez más, proteger la producción de bienes nacionales como textiles, químicos, papel, metales comunes, material eléctrico y de transporte. «Habíamos renunciado a elevar aranceles hasta 40% como lo permite la Organización Mundial de Comercio. Es un margen que podemos utilizar en bienes suntuarios, los sectores que consumen estos bienes no van a salir a la calle a protestar», refirió Álvarez.

Terminó el año 2003 y las importaciones no petroleras bajaron a 9.141 millones de dólares como efecto del paro económico, pero la previsión de que éstas aumentaran 20% en 2004, llevó al Gobierno a hacer un nuevo pronunciamiento.

Edmeé Betancourt, viceministra de Industria, anunció en septiembre de 2004 que el Gobierno había puesto en marcha un nuevo plan que daría resultado en tres años y reduciría en 10% el número de productos y materias primas extranjeras.

En 2005 las cifras oficiales no reflejaron éxitos en el plan, y las importaciones escalaron hasta 21.750 dólares. Por esto es que en abril de este año, la ministra de Industrias Ligeras y Comercio, María Cristina Iglesias, volvió a hablar del tema.

Afirmó que «no podemos importar ningún producto que se produzca suficientemente en Venezuela (...) Estamos pensando vincular las importaciones a las empresas que producen, sólo las que producen podrán importar».

Finalmente, la batería de medidas para proteger la producción nacional, anunciada por Iglesias, comenzó a ser aplicada este mes, aunque con algunas variaciones.

Por los momentos sólo se ha informado sobre la aplicación de una sobretasa arancelaria de 15% para 200 códigos de bienes que se consideran «no prioritarios».

Con esta decisión se intentará que las importaciones en 2007 crezcan a un ritmo menos acelerado que en este año, cuando, hasta el tercer trimestre, ya sumaban 20.562 millones de dólares, y algunos analistas estiman que superarán los 30.000 millones de dólares al cierre de 2006.

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Más barato si es extranjero El crecimiento incontrolable que han tenido los bienes extranjeros en la economía responde a un ciclo conocido por los venezolanos.

El aumento de los precios del petróleo trae consigo un diluvio de divisas que permite mantener fijo el valor del dólar, lo que hace más baratas las importaciones y éstas comienzan a crecer aceleradamente.

La explicación que da el Banco Central de Venezuela es diferente, pero no más alentadora. La limitada capacidad de la industria nacional para aumentar la producción y atender el alza en la demanda nacional, hace que se deba incurrir obligatoriamente a las importaciones.

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS AUMENTAN 16% EN CINCO MESES A pesar del dinero invertido la producción agrícola sigue estancada Víctor Salmerón, Diario El Universal Con la orden de bajar a tierra la oferta del desarrollo endógeno, María Cristina Iglesias, ministra de Industrias Ligeras y Comercio, afirmó el 25 de abril del pasado año que el gabinete económico se disponía a implementar «toda una batería de medidas, por mandato del presidente Hugo Chávez, que tienen que ver con la protección decidida de la industria nacional».

Inmediatamente agregó: «estoy haciendo un estudio rubro por rubro, detallado, lista tras lista, y comprobando además las cantidades que se producen en el país. Yo quiero decir que nuestra decisión es que si en Venezuela se produce para 50 y somos 100, los otros 50 los podemos importar, pero si producimos para 100 no podemos importar».

Transcurrido más de un año, donde la principal medida ha consistido en la exigencia de un certificado de «producción nacional insuficiente», en el rubro de alimentos el resultado es absolutamente contrario.

Estadísticas del Ministerio de Agricultura y Tierras registran que la producción vegetal de 2006 retrocede 7% respecto a 2005 y la memoria y cuenta que el Presidente entregó a la Asamblea precisa que la cosecha total se ubicó en 18 millones de toneladas, que sólo representan 75% del objetivo inicial.

A la vez, datos de Cadivi indican que entre enero y mayo de este año, las divisas autorizadas para la importación de alimentos suman 898,60 millones de dólares, que representan un incremento de 16% respecto al mismo lapso de 2006.

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Pero el aumento de la demanda, gracias al copioso gasto público en becas, salarios y transferencias, supera con creces la oferta de alimentos y el resultado es inflación galopante.

En los últimos doce meses, el costo de los alimentos, de acuerdo con el Banco Central, acumula un salto de 30,2%, las bebidas no alcohólicas de 19% y los restaurantes de 32%.

Las fallas de la estrategia para estimular al agro y brindar alimentos baratos a la población no obedece a falta de recursos. El Ejecutivo y la banca han desembolsado entre 2003 y 2006 más de 12,6 billones de bolívares, unos 5 mil 800 millones de dólares al tipo de cambio oficial, equivalentes a 23% de las reservas internacionales, para impulsar la producción y confeccionar una red de distribución a precios subsidiados.

La presentación que el Ministerio de Finanzas realizó a bancos extranjeros en noviembre de 2006 precisa que Mercal, la red de distribución de alimentos, ha recibido desde 2003, 3,05 billones; la Misión Zamora, que tiene el objetivo de «rescatar tierras ociosas», 1,1 billones; la Misión Vuelvan Caras, que «pretende un cambio en el modelo económico, modificando las relaciones de producción, con un enfoque al desarrollo endógeno», 1,5 billones, y la banca ha entregado, de forma obligatoria, 7 billones en créditos a tasa preferencial.

Analistas insisten en que el riesgo de invasión de fincas, el control de precios y la competencia de importaciones libres de impuesto inciden en la anemia del campo venezolano.

El aumento de las compras al exterior no es exclusivo del sector alimentos.

De hecho, en los primeros cinco meses del año, respecto al mismo lapso de 2006, la autorización de divisas para el área automotriz aumenta 66,4% y en el comercio el salto es de 46,4%.

Un punto importante es que desde febrero de 2005 la administración de Hugo Chávez mantiene estático el tipo de cambio oficial en 2.150 bolívares y el dólar ha pasado a ser uno de los artículos más baratos en el mercado venezolano.

Esta circunstancia, dicen empresarios, también alimenta a las importaciones y golpea a la industria nacional, incapaz de competir adecuadamente.

Sin embargo, el crecimiento de las compras al exterior podría estar tocando techo. En el primer trimestre, la factura a cancelar por las importaciones representó 75% del ingreso petrolero, una proporción que comienza a hacerse insostenible.

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El siguiente reportaje de Mariela León presenta declaraciones del presidente de Conindustria (asociación de dueños y gerentes de industrias) las cuales en un gobierno patrimonial no pueden ser muy críticas y además deja ver su mentalidad mercantilista.

Mariela León, Diario El Universal El sector industrial estima, en función de los resultados de los comicios presidenciales y a la propuesta de revisar la Constitución de 1999, que el nuevo año «se inicie con una nueva estrategia de participación abierta e inclusión en las discusiones».

Eduardo Gómez Sigala señaló al ofrecer un balance de la gestión oficial y su impacto en la actividad manufacturera local, que «el socialismo como tal no me perturba excesivamente mientras haya espacios para la iniciativa privada».

Comentó a título personal que no se atreve a hacer consideraciones sobre este esquema político «porque es muy genérico». Sin embargo, destacó que lo más importante de las imprecisiones existentes es que «se garantice la propiedad privada».

La definición de ese modelo, adicionó el vocero, «es un tema medular en el país y vamos a concentrar esfuerzos para eso. No creemos que haya una capacidad productiva exitosa y eficiente, si no hay una propiedad privada segura».

El industrial reiteró que el socialismo «opera en muchos países y se tiene respeto a la propiedad privada. No es incompatible una estrategia socialista con el respeto a la propiedad».

Entre las lecturas que resaltan del proceso electoral, Gómez Sigala refirió que «este es un país muy diversificado, donde todos los sectores deben ser tomados en cuenta», y cree que «hay una mayoría que considera que la propiedad privada es fundamental para el crecimiento del país; en todo caso, los otros modelos de propiedad pueden aplicarse en la medida en que sean voluntarios y alternativos, pero no como modelo único».

Productividad esperada El crecimiento del sector manufacturero se ubica por encima de 9% del PIB, por debajo de otras actividades de la economía, como la banca, comunicaciones, comercio y construcción. Esto significa, indicó, que «hay un espacio importante para la expansión de este sector».

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La industria espera que la discusión sobre la reforma constitucional sea abierta y también incluyente en lo que respecta a la estrategia productiva del país. «Ojalá 2007 sea el año de la productividad y que el crecimiento de la manufactura sea mucho mayor del que estamos viendo, es decir, en 20%. Esto no es tan fácil ni tan rápido. Se requieren muchas inversiones en maquinaria y equipos».

El riesgo mayor que se presenta, sostuvo, es el de las importaciones, que «reciben exoneraciones impositivas y arancelarias, favorecidas por la situación cambiaria y privilegiada con respecto a la producción nacional.

La intervención y el control existente hacen que se elimine la competencia, perjudicando al consumidor».

Más propaganda a favor de la industria ineficiente nacional.

La industria nacional vende el 11% de lo que se comercializa en el mercado Angie Contreras C., Diario El Universal Si de vestir se trata, los venezolanos se inclinan por comprar piezas que sean cómodas, frescas y, sobre todo, que estén a la moda. Es por ello que el blue jeans es la prenda más buscada por los consumidores y la más vendida por la industria nacional del vestido.

Cerca de 60% de las personas que compran jeans en el país son jóvenes de entre 12 y 30 años, mientras que el 40% restante agrupa a niños y adultos que han pasado los 30, según cifras institucionales.

En el mercado local se puede encontrar una amplia gama de modelos y colores en pantalones de jeans.

También se puede apreciar un amplio rango de marcas, de las cuales buena parte son copias de firmas originales.

Es ahí donde se evidencia uno de los flagelos que debilita la industria venezolana del vestido: la falsificación de marcas.

De acuerdo con cifras de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (Cavediv), en 2006, 40% de los 25 millones de jeans vendidos en el país, es decir, 6.520.000 pantalones, fueron falsificaciones de marcas.

El director ejecutivo de Cavediv, Everto Gamero, señaló que el número de falsificaciones en pantalones de jeans supera en 233,2% a la producción interna.

En 2006, la fabricación de jeans nacionales se ubicó en 2.795.000 piezas.

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El industrial señaló que en Venezuela operan más de cien fábricas clandestinas que se dedican a la falsificación de marcas. Precisó que estas plantas están ubicadas en la periferia de las principales ciudades del país y las fronteras.

Señala que los clientes fundamentales de las fábricas clandestinas son los vendedores informales, quienes posteriormente revenden esa mercancía en los cientos de mercados que hay en todo el territorio nacional.

Gamero explicó que la falsificación se produce en dos modalidades: cuando se copia idénticamente la marca es falsificación, mientras que las imitaciones se reconocen cuando se le cambia una letra o un signo distintivo asemejando la marca original.

«Esto es un engaño visual para el consumidor porque los vendedores meten gato por liebre ya que las marcas son muy parecidas. El comprador puede pensar que es una marca original y si no se da cuenta, lo que se lleva a su casa es una copia. Eso es una estafa y se repite con mucha frecuencia», comentó.

Sin levantar cabeza Pero no sólo la falsificación y copias de marcas debilitan la industria nacional.

Factores como la penetración de la importación legal y el contrabando también la dejan en desventaja.

En ese sentido, Gamero indicó que en 2006 ingresaron unos 5.936.469 pantalones de algodón por la vía legal, de los cuales 80% fueron blue jeans.

Durante el mismo periodo, por contrabando entraron unos 9.780.000 pantalones.

El contrabando y la piratería suman el 65% de lo que se comercializa, mientras que la industria nacional abarca sólo el 11% del mercado. El resto lo ocupan las importaciones legales.

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LA LIBERACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN GUATEMALA Giancarlo Ibárgüen S. (*)

Resumen La Ley General de Telecomunicaciones fue promulgada en Guatemala en 1996. Antes de esa fecha las bandas de radio eran propiedad del Estado, que también tenía autoridad para otorgar licencias, según el modelo de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. La licencia de espectro radioeléctrico era una autorización revocable, mediante la cual se autorizaba al titular a utilizar una banda de frecuencia específica de una manera determinada. Los riesgos implícitos en el esquema de licencias legales impidieron el desarrollo del sector inalámbrico en Guatemala. Con la desregulación de 1996 se privatizó el espectro radioeléctrico. Sus propietarios pueden arrendar, vender, dividir o consolidar sus títulos. Los resultados de la reforma han sido muy positivos, como se demuestra al comparar el crecimiento del sector de la telefonía móvil en Guatemala con el del resto de Latinoamérica.

(*)

Empresario y educador guatemalteco. Rector de la Universidad Francisco Marroquín. En Guatemala dirige el Centro Henry Hazlitt de la UFM y preside el Centro de Estudios Económico-Sociales. Forma parte de varios consejos de administración en empresas industriales, comerciales y de software. Obtuvo un B.S. en Ingeniería Electrónica, con honores, por la Texas A&M University. Preside el comité ejecutivo de la Association of Private Enterprise Education. Es directivo del Liberty Fund y de la Society for Philosophical Inquiry. Es miembro de la Mont Pelerin Society, de la Philadelphia Society, del Institute of Electrical and Electronics Engineers y del consejo asesor de la alianza por la educación de Microsoft, en Centroamérica y el Caribe. Ha sido columnista de prensa y sus publicaciones académicas han aparecido en Libertas y en Telecommunications Policy, entre otras.

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El más grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse en Estados y a ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad. (John Locke)1.

En la cláusula central de tal constitución se establecería que, excepción hecha de ciertas circunstancias anormales (. . .), el ciudadano sólo se vería obligado a hacer algo si así se especificara en alguna norma que, además de ser general, estuviera orientada a garantizar la inviolabilidad de las correspondientes esferas individuales. Sería también condición fundamental que el esquema normativo así establecido sólo pudiera ser modificado por esa asamblea que venimos denominando legislativa. A su vez, esta institución normalmente sólo estaría autorizada para actuar en la medida que, dando prueba de la rectitud de sus intenciones, se aviniese a establecer únicamente normas de carácter general, aplicables a un indeterminado número de casos futuros, y a renunciar a toda jurisdicción sobre cualquier concreta aplicación de las mismas. (Friedrich A. Hayek)2 .

Un enfoque de principios En 1996, cuando se liberó el espectro radioeléctrico en Guatemala, nuestra visión fue orientada por estos valores: libertad, derecho de propiedad y Estado de derecho. Pensamos que el valor consistente en la eficiencia económica también jugó un papel, aunque secundario, que nos ayudó a concretar más y mejor nuestro caso. Posiblemente habríamos elegido otra forma de enfoque promocional y habríamos visto simplificada nuestra labor, si hubiéramos conocido el trabajo pionero de Ronald Coase que, 36 años antes, publicó un artículo sobre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC según sus siglas en inglés), en el que sostuvo que no era necesario que el Gobierno asignara licencias de radio y televisión a los solicitantes3 . Según Coase, los procesos de mercado hacían lo mismo después de haber ________________________________ 1

Locke (1994).

2

Hayek (1976a).

3

Coase (1974). El trabajo original de Coase se publicó en Journal of Law and Economics, en 1959.

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definido primero los «derechos de propiedad de frecuencias», para luego «conceder el uso de la frecuencia al mejor postor»4.

Muchos economistas contemporáneos han construido sus teorías sobre este incipiente trabajo5. (¡Ello pone al descubierto nuestra ignorancia!).

En 1943, Félix Frankfurter, magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, emitió un dictamen en el que afirmó que la regulación era esencial para evitar el caos, «porque hay una limitación natural en cuanto al número de radiodifusoras que pueden operar sin interferir unas con otras»6. Coase respondió que el espectro radioeléctrico era igual que cualquier otro bien económico. El verdadero problema, según Coase, era que «no existían derechos de propiedad sobre estas frecuencias escasas». Y continúa: Si no existieran derechos de propiedad sobre la tierra y todo el mundo pudiera hacer uso del mismo terreno, habría una gran confusión, y el mecanismo de los precios no funcionaría, porque no habría ningún derecho de propiedad que se pudiera adquirir. Si una persona tiene derecho a utilizar un terreno para un cultivo, otra lo tiene sobre el mismo terreno para construir una casa, y una tercera lo tiene para botar la casa y dedicar el espacio a estacionamiento, la situación resultante se podría calificar de caos. Pero el mayor error sería culpar de esto a la iniciativa privada o al sistema competitivo. El sistema de iniciativa privada no funciona correctamente, si no se establecen los derechos de propiedad sobre los recursos, y, establecidos éstos, alguien que quiere hacer uso de un recurso necesita pagar al dueño del mismo para obtenerlo.

Así el caos desaparece. También el Gobierno, aun con el sistema legal que define los derechos de propiedad y ayuda a resolver las disputas, sería, por supuesto, necesario7.

______________________________ 4

Ídem.

5

Vea, por ejemplo, Hazlett (1998).

6

National Broadcasting Co. Inc. v. United States, 319 U.S. 190, 213 (1943).

7

Coase (1974).

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Coase continúa diciendo que el mercado resolvería también problemas causados por la interferencia entre señales de radio, lo mismo que lo hace con los relacionados con bienes inmuebles.

Sin embargo, el enfoque de principios tenía ciertas ventajas que no ofrecía el basado en razones de conveniencia. Para los que promovían la reforma guatemalteca, la defensa de la propiedad privada no era negociable y ningún argumento basado en la eficiencia cambiaría nuestro rumbo. Privatizar el espectro era lo correcto, porque la propiedad hace que, en el ámbito de los bienes materiales, las personas se responsabilicen de sus propias acciones. Estamos de acuerdo con Tom Bethell, que más tarde escribió: La mayor bendición de la propiedad privada (. . .) es que las personas se benefician de su propia diligencia y no reciben los efectos negativos de las acciones de los demás (. . .) Los laboriosos obtendrán los beneficios de sus esfuerzos; los perezosos, las consecuencias de su pereza; lo mismo sucede con los no previsores y con los disolutos. La propiedad privada institucionaliza la justicia8.

Algunos de nosotros creíamos que un propietario, fuera de un terreno o de una banda del espectro radioeléctrico, debería tener el derecho (correctamente entendido) de disponer en cualquier forma de la propiedad que legítimamente le pertenece, con tal de hacerlo sin violar los derechos de propiedad de los demás. Si no se tomaran en cuenta estos principios y no se actuara de acuerdo con los mismos, las injusticias deberían ser reparadas voluntariamente, mediante arbitraje privado o conciliación privada, o, de lo contrario, mediante la aplicación de la fuerza coercitiva permitida por el respectivo sistema legal.

Al principio, el enfoque de la reforma tenía que ver con restringir en términos generales el régimen del espectro radioeléctrico y los procedimientos de asignación. De hecho, los principios en los que la reforma del espectro pretendía ampararse eran las ___________________________ 8

Bethell (1999).

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reglas generales de buena conducta, o nomos, como Hayek solía denominarlas9. El principio de generalidad es conocido en la aplicación de la tradición en el derecho consuetudinario, o common law10. Sin embargo, no se parece a la ley civil de Guatemala, que en muchos casos es una ley de grupos e intereses especiales. La misma historia se repite en toda Latinoamérica11.

Frente a este panorama, una reforma hecha sobre la base de razonamientos de eficiencia caería rápidamente en el olvido.

Hay muchas lecciones que se pueden extraer de la reforma del espectro de telecomunicaciones en Guatemala, algunas de ellas probablemente no conocidas por el autor. Sin embargo, la lección que sobresale entre las demás es la importancia de crear políticas en función de principios, sin permitir la influencia de intereses especiales.

Entrometerse (legalmente) en el espectro radioeléctrico, un atavismo mercantilista En el artículo 121 de la Constitución de Guatemala, de 1985, se asigna el derecho de propiedad de las frecuencias de radio al Estado 12 . Los arquitectos de la Constitución estaban convencidos de que el espectro de radio, así como las masas de agua —subterráneas o no—, las costas, las riberas de ríos y lagos, el espacio aéreo, el subsuelo —incluidos los minerales que en él se encuentran—, el gas natural y el petróleo, eran bienes escasos por naturaleza y, por consiguiente, «estratégicos», según ellos13. Esta forma de pensar se concretó en un razonamiento mercantilista actualizado que sirvió de ______________________________________________ 9

Hayek (1973).

10

Hogue (1985).

Roberts y Araujo (1997). En cuanto a la historia del atolladero legal de Argentina, una imagen fiel para el resto de Latinoamérica, ver Bustamante (1988).

11

Las palabras exactas de la Constitución dicen: «son bienes del Estado: (…) h) Las frecuencias radioeléctricas».

12

La diferencia principal entre el petróleo del subsuelo de Texas y el de Guatemala es que en Guatemala se explota como respuesta a los derechos de propiedad del propietario, mientras en Texas se queda en el subsuelo a consecuencia de los trámites, una burocracia politizada, y la camisa de fuerza de la regulación.

13

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base para la nacionalización completa de tales recursos. Había ya precedentes en las constituciones anteriores, de acuerdo con los cuales se nacionalizaron asimismo recursos valiosos.

Antes de promulgarse la Ley General de Telecomunicaciones, en 1996, las ondas de radio pertenecían al Estado, que también tenía autoridad para otorgar licencias según el modelo de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC). Un despacho perdido en la compleja burocracia de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel)14, la empresa estatal de telefonía que se privatizó en 1997, fue administrado a distancia por un sector del Ejército que creaba zonas dentro del espectro y asignaba grandes bloques de ancho de banda para usos específicos, según el diseño de la Tabla de Asignaciones de Frecuencias de la FCC. El mismo despacho dividía después cada bloque en porciones más pequeñas y las asignaba a solicitantes de licencias individuales. Los extranjeros no podían solicitar licencias. Todos, desde los radioaficionados hasta los canales de televisión, tenían que tratar con este despacho. En general, el proceso para otorgarlas no era transparente, y muchas veces predominaba la corrupción. En la práctica —y legalmente también— las licencias resultaban gratis, si uno tenía de su lado a los oficiales de turno15. Sin embargo, la demanda de licencias superaba con mucho a la oferta. Entonces surgió un mercado ilegal en el que los sobornos, la informalidad y la venta de licencias no autorizadas nivelaron ambos extremos16. __________________________________________

La Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. Aún opera un primo lejano de esta entidad, con el mismo nombre, pero con potestad limitada sobre radio y televisión comercial. Actualmente administra la estación estatal de radio TGW, lleva un registro de radiolocutores, coordina las estaciones de radio y televisión para la transmisión de comunicados oficiales y simultáneos del Gobierno, y revisa el contenido de los medios.

14

Para obtener la licencia, el interesado debía pagar un precio insignificante en timbres (normalmente menos de 40 dólares), y un bono, a un precio razonable, como garantía.

15

Con un memo interno del Gobierno, que obra en los archivos del autor, se comprueba este caso. El memo está dirigido al ministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, está fechado el 24 de enero de 1991, y fue firmado por un oficial militar, encargado de la Oficina de Asesoría de Frecuencias y Asuntos Internacionales de Radio, del ministerio.

16

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La autorización de licencia de espectro era revocable, para que el titular de la misma hiciera uso de una banda de frecuencia específica de una manera determinada. En la licencia se especificaba lo que se podía usar o no en la prestación de un servicio concreto. Esto incluía la tecnología, la ubicación del equipo de transmisión, el tipo de antenas, entre otros requisitos.

La licencia no era transferible y generalmente vencía después de 2, 5, 10, 15, 20 ó 25 años. Puesto que la licencia dependía del consentimiento del Gobierno, podía ser revocada por él en cualquier momento.

Los riesgos del sistema legal de autorización de licencias, añadidos a la incertidumbre de las licencias extralegales, impidieron el desarrollo del sector inalámbrico en Guatemala.

El Gobierno controlaba el acceso a las licencias y las regulaba arbitrariamente. Las empresas invertían recursos para obtener privilegios especiales, mediante procesos políticos y conexiones. Estos privilegios se convertían en rentas que beneficiaban a todos los involucrados en proporciones diferentes17. De hecho, el esquema de licencias creó un sistema de captación de rentas ideal, con todo y las rutas legales y no legales, como control de acceso, ancho de banda inmovilizada, información privilegiada, sobornos y corrupción18. No se ha calculado el alcance de este sistema de captación de rentas en Guatemala, pero el daño a los consumidores fue mayor que el beneficio para las empresas o personas que obtuvieron las rentas19. __________________________________________

Luis René Pellecer (comunicación personal del 5 de noviembre de 2001), Gerente General de la empresa nacional de telefonía (1971-1975), dijo en una entrevista reciente con el autor que lo normal era que el trámite de la solicitud de una licencia tardara de cinco a diez años. La oposición de los operadores existentes era desenfrenada y efectiva. A comienzos de los años ochenta, el señor Pellecer presentó una solicitud para una licencia de radio FM. Después de un atraso de cinco años, preguntó por su solicitud y le informaron que tanto la solicitud como el expediente iniciado con ella habían sido comidos por las ratas, con otros documentos guardados en una oficina de TGW cerca de una prisión. Afortunadamente, tenía a la mano una copia completa de su expediente. Hoy es un exitoso empresario en este campo.

17

18

Para más información sobre sistemas de captación de rentas, ver Tullock (1989).

En comunicación personal del 28 de septiembre de 2001, Jorge Garrido, Gerente Técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT), dijo que «por muchos años Guatemala había tenido un sistema bastante subjetivo y caprichoso para asignar frecuencias. Individuos en posiciones de poder, o el empleado civil de la oficina encargada, eran los responsables de asignarlas».

19

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La situación antes de 1996 La empresa nacional de telefonía, Guatel, fue creada en 1971.

El decreto mediante el cual se creó Guatel de hecho dio lugar a la conformación de un monopolio en el sector de las telecomunicaciones20. Según el artículo 5 del mismo, se le concede a Guatel el derecho exclusivo de prestar servicios de telecomunicación «a través de los sistemas siguientes: teléfono, telefigura, radiodifusión y transmisión televisiva (. . .) y todos los de la misma naturaleza que se desarrollarán en el futuro»21. El Gobierno, por supuesto, permitía el desarrollo de los servicios incipientes de radiotransmisores y radiotransmisor-receptor. La industria de televisión por cable emergió intacta de esta ley, a través del mercado informal y el apoyo de las municipalidades, que recibían cuotas de tales empresas por el uso de las calles y los derechos de paso22.

Las limitadas alternativas privadas (i.e., radioteléfonos, servicios de localizador y radiotransmisor-receptor) satisfacían las necesidades más urgentes de la comunicación. Pero tales alternativas eran caras y pocas. Así es que, de manera muy efectiva, el monopolio legal de Guatel impidió el desarrollo del mercado de telecomunicaciones en el país. Durante 25 años de operaciones, Guatel instaló un total de 340.000 líneas, lo que significa una cobertura de menos del 3% de la población total23.

La demanda insatisfecha de líneas telefónicas se calculaba en un millón de suscriptores potenciales24. Guatel fue una empresa de lo más ineficiente. En 1996, el tiempo de espera promedio para obtener la conexión de una línea era casi de tres años, comparado _______________________________________ 20

Decreto 14-71 del Congreso de la República.

21

Énfasis del autor. Para un resumen crítico de la situación antes de 1996, ver Ibárgüen (1992).

En número de suscriptores, la industria naciente y competitiva de televisión por cable en Guatemala superó rápidamente a Guatel. De hecho, la industria de televisión por cable en nuestro país es un caso vivo que demuestra la superioridad del cable sin regularizaciones sobre el regularizado. Este caso apoya la conclusión a la que han llegado Hazlett and Spitzer (1997).

22

23

Cifras obtenidas de Telgua, S.A., por el autor (comunicación personal, junio de 2001).

24

Infraestructura para el tercer milenio (1999).

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con el promedio, ya considerado escandaloso, de 1,1 años en América Latina25. Ese mismo año, la red de Guatel manejaba nada más 56 líneas por empleado, en comparación con el promedio de 155 en toda Latinoamérica26. Además, estaban los subsidios cruzados. Llamadas internacionales caras (1,50 dólar por minuto) proveían los ingresos que no se obtenían por las llamadas locales baratas (0,67 dólares mensuales por 400 minutos)27.

Estas cifras no toman en cuenta la llamada más cara, que es la que no se puede hacer, porque no hay una línea disponible.

Eventualmente, los costos de oportunidad de la empresa estatal, así como el aparato regulador, llegaron a ser insoportables. Cobró fuerza la presión política en pro de una reforma radical, apoyada por la ola de privatización que surgió en toda Latinoamérica, los rápidos avances de la tecnología y una nueva generación de hombres políticos28.

La lógica de la reforma de desregulación del espectro radioeléctrico en 1996 ¿Por qué debería convertirse el espectro radioeléctrico en un producto de consumo? Richard Pipes, profesor de historia de la Universidad de Harvard, planteó básicamente la misma duda con respecto a la tierra en su interesante libro Property and Freedom.

________________________________________ 25 26

Banco Mundial, «Indicadores del Desarrollo Mundial 1998». Íbid.

Infraestructura para el tercer milenio (1999).

28 No sería exagerado afirmar que la privatización de Guatel podría haberse logrado cuatro años antes, si no hubiera sido el fallido autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías, que intentaba seguir los pasos del presidente Alberto Fujimori de Perú (Ver McCleary, 1999). La iniciativa para la privatización de Guatel se remonta a comienzos de los años sesenta, cuando Manuel F. Ayau, presidente-fundador del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) fue encargado de una comisión de privatización por el presidente Ydígoras. La iniciativa de privatización falló. Sin embargo, Manuel Ayau siguió escribiendo sobre el asunto y promoviendo la agenda para la privatización de Guatel.

27

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina En toda sociedad primitiva, y en la mayoría de sociedades no occidentales en general, la tierra no se consideraba un artículo de consumo y por lo tanto no era propiedad privada, la cual, por definición, incluye el derecho de disponer de ella (. . .) Entonces surge la pregunta: ¿en qué momento y por qué razón se convirtió la tierra en un producto de consumo? (. . .) La respuesta de más peso es económica.

La transformación de terrenos en propiedad tribal, familiar o individual ocurre, primero y principalmente, a consecuencia de presiones poblacionales, que exigen un método más racional para la explotación29.

Se puede aplicar la misma lógica al espectro radioeléctrico. La privatización de la tierra creó un mercado próspero y eficiente para negocios inmobiliarios, tanto urbanos como rurales. La transformación de las ondas de radio en derechos de propiedad privada supera la prueba de las tres des (i.e., deben ser definidos, defendibles y divisibles), y responde a la demanda creciente de usos alternos. La divisibilidad de los derechos de propiedad en el espectro hace que el mercado de telecomunicaciones sea más flexible, permitiendo la compra y explotación de parcelas de ancho de banda por parte de los que más los aprecian. Aquí entran las ya conocidas consideraciones que favorecen la propiedad privada en activos productivos: Al poner los medios de producción en manos de los que son capaces de utilizarlos de la manera más eficiente (en sentido lucrativo), se producen los siguientes resultados: se aumenta el producto social; se anima la experimentación, ya que, con distintas personas controlando los recursos, no existe una persona sola o un pequeño grupo a los que alguien, con una nueva idea, tiene que convencer antes de ver si funciona; los derechos de propiedad permiten a las personas decidir qué riesgos están dispuestos a asumir y a soportar, lo cual lleva a compensaciones de riesgo especializadas; la propiedad privada protege a futuras personas, porque se apartan algunos recursos para __________________________________________

Pipes (2000). Para un análisis empírico de la relación entre la tasa de crecimiento económico, el Estado de derecho y el derecho de propiedad seguro en algunos países, véase Barro (1997).

29

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mercados futuros; también proporciona fuentes de empleo alternas para personas no populares, que no están obligadas a convencer a un individuo o pequeño grupo de que les concedan empleo; etc.30.

La creación de los derechos de propiedad para utilizar el espectro radioeléctrico implica desmantelar la regulación de ancho de banda. Por lo tanto, el mercado de ondas de radio se desarrollará naturalmente, después de asignar los derechos de propiedad. El sistema de precios resultante asigna ondas de radio, de la misma manera que los precios de la tierra asignan bienes inmuebles. No se necesita una oficina central cuya función sea establecer zonas de ancho de banda para tecnologías y servicios específicos. Los propietarios existentes de los derechos sobre el espectro pueden vender, arrendar, subdividir o consolidar sus derechos sobre él.

Pueden asimismo usar tantas tecnologías como lo deseen y hacer cualquier cambio en el uso de su derecho, sujeto nada más a sus obligaciones contractuales y a las reglas generales de la buena conducta.

Los que insisten en una «dirección de conciencia» —y no pueden creer que algo que ha evolucionado sin diseño, y aun sin nuestra compresión, pueda resolver problemas que no pueden ser resueltos conscientemente— deberían recordar esto: el problema consiste precisamente en cómo extender nuestra utilización de recursos más allá del control de una sola mente; y por lo tanto, en cómo prescindir del control consciente y en cómo brindar incentivos para que los individuos hagan lo que desean, sin que nadie les tenga que decir qué hacer31. ___________________________________

Nozick (1974). Para contar con una obra más extensa sobre las interpretaciones equivocadas de la propiedad privada y sobre cómo la teoría económica la volvió a descubrir, véase Bethell (1999), citado en la nota 7 supra. En el capítulo «Why Isn’t the Whole World Developed?» (¿Por qué no se ha desarrollado el mundo entero?), p. 201, Bethell cita a Mancur Olson, que en 1991 escribió en un artículo no publicado: «Una economía de mercado próspera requiere, entre otras cosas, instituciones que aseguren los derechos individuales, derechos que garanticen que los individuos y las empresas creadas por ellos puedan progresar en sus intereses siendo lo más productivos posible y tomando parte en un intercambio mutuamente beneficioso. Los incentivos para ahorrar, invertir y producir dependen especialmente del derecho del individuo a tener activos negociables: el derecho de propiedad».

30

31

Hayek (1945).

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Arreglar (legalmente) el espectro radioeléctrico El sistema de asignación del espectro en Guatemala cambió notablemente con la Ley General de Telecomunicaciones, promulgada por el Congreso de la República en octubre de 199632.

Según ella, la asignación del espectro radioeléctrico evoluciona de abajo hacía arriba. Lo primero es la acción privada. Cualquier persona o empresa, nacional o extranjera, puede solicitar cualquier banda de espectro que no esté asignada en ese momento a otros usuarios. Cuando surgen conflictos debido a la interferencia de señales de bandas adyacentes y/o distorsiones de intermodulación, se anima a los involucrados a mediar entre ellos. Si la mediación privada fracasa, se ponen en vigor reglas específicas de parte de la entidad reguladora de telecomunicaciones33. Adicionalmente, el participante perjudicado puede demandar por daños y perjuicios en los tribunales ordinarios.

Desde la perspectiva de la teoría económica de los derechos de propiedad, el rasgo más notable de la reforma del espectro es la creación de títulos de usufructo, en lugar de restricciones constitucionales. Según el Código Civil de Guatemala, el usufructuario tiene el derecho a gozar de la propiedad de otro y a utilizarla de tal manera que ese uso y goce no destruya ni minimice la sustancia de la misma34. La ley de 1996 estipula que los Títulos de Usufructo de Frecuencias (TUF) pueden ser arrendados, vendidos, segmentados o consolidados por un periodo limitado (quince años).

De hecho, también se pueden usar los TUF como compensación equitativa, a cambio de una inversión. Igualmente se puede prorrogar el plazo del usufructo por otros quince años, mediante ___________________________________________

Más datos sobre el espíritu de la reforma de desregulación en Emord (1991), Gilder (1996), Keyworth II, Eisenach, Lenard y Colton (1995), Mueller (1991).

32

El profesor Thomas W. Hazlett tenía razón cuando señaló que las agencias regulatorias son susceptibles de captura (ver Hazlett, ob. cit.). Lo ideal sería que la aplicación de la ley estuviera exclusivamente en manos de los tribunales. Como una alternativa, la ley pudo haber tomado en cuenta alternativas exclusivamente privadas para resolver los conflictos (por ejemplo, arbitraje, mediación, cortes privadas). (Véase Benson, 1990).

33

Código Civil guatemalteco, Libro II. De los Bienes. De la propiedad y demás derechos reales. Título III. Usufructo, uso y habitación (arts. 703-744).

34

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una solicitud sencilla y sin ningún costo para el tenedor del título35.

Las ondas electromagnéticas son renovables indefinidamente y no se «destruyen ni se minimizan» después de usarse. Por lo tanto, para asuntos prácticos, los TUF son la solución más próxima al derecho de propiedad privada que permite la ley guatemalteca, en relación con el espectro radioeléctrico36. La regulación se limita a evitar la interferencia de otras emisiones y a velar por el uso exclusivo y pacífico de las bandas reservadas.

Físicamente, el TUF es un certificado emitido en papel de seguridad, en cuyo anverso se detallan las seis variables básicas que lo conforman: 1.

2.

3.

4.

Banda de frecuencia.

Horas de operación.

Máxima potencia transmitida.

Máxima potencia emitida en la frontera de frecuencias adyacentes.

5. Territorio geoFigureic.

6. Plazo de vigencia del derecho (comienzo y terminación).

En el reverso del TUF hay espacios para efectuar endosos, cuando el título se negocia en una transferencia de propiedad. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), entidad reguladora independiente, establecida por la ley de 1996, es la responsable del registro de los TUF. Esta base de datos computarizada, que surge de tal registro, está a disposición del público. Cualquier persona puede solicitar una copia del inventario de TUF37. ______________________________________

Aunque es práctico, este esquema para extender la vigencia del TUF implica ciertos riesgos (por ejemplo, una modificación de la ley en el futuro).

35

El TUF no es una licencia, sino un derecho. Una licencia le otorga al titular un permiso específico para hacer algo. Un derecho simplemente define los límites de los propietarios.

36

La cuota por acceder a la base de datos (disponible en formato Excel) es de 25 dólares. En una entrevista con el autor, Jorge Garrido, gerente técnico de la SIT, explicó: «La SIT trabaja con Developer, de Oracle. Un programa hecho especialmente para nosotros, llamado Esopo, lleva la cuenta del número de TUF asignados. La información se puede buscar por el rango de frecuencia, por el nombre del usuario o por otros ítems. Se documentan las imágenes de los TUF tanto por su anverso como por su reverso, donde se anotan los endosos».

(Comunicación personal del 28 de septiembre de 2001).

37

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El procedimiento de adjudicación estipulado en el artículo 61 de la ley es bastante sencillo y en la práctica ha sido implementado de la siguiente manera: 1) El interesado examina el uso del espectro, existente en el registro de la SIT. 2) El mismo interesado solicita a la SIT el derecho de usar una banda de frecuencia, según se especifica en el formulario de solicitud.

3) La SIT evalúa la solicitud, y manifiesta si se acepta la misma y se otorga la banda, si la solicitud está incompleta, o si se deniega el otorgamiento de la banda. Según la ley, la SIT tiene que responder a la solicitud en un plazo de tres días o menos. Entre las razones para denegar lo solicitado pueden estar la interferencia técnica y otras solicitudes de bandas reservadas o de radioaficionados.

Las bandas reservadas pueden ser utilizadas únicamente por el Gobierno38.

4) Si se otorga la banda, se publica la correspondiente resolución. Los interesados que se opongan al nuevo uso de la banda no deberán formular reclamaciones formales.

Las razones para oponerse se limitan a la interferencia técnica.

5) Las reclamaciones son asignadas rápidamente a través de un arbitraje vinculante. El proceso de asignación no debe exceder los diez días.

6) Cualquiera que esté interesado puede solicitar derechos de espacio ya solicitados por otros.

7) Si no se presenta ninguna solicitud adicional, el solicitante recibe, gratis y directamente, los derechos de uso de la banda correspondiente sin necesidad de subasta.

8) Si se presenta más de una solicitud, la SIT tiene la obligación de programar una subasta 35 días después de concluir el periodo de oposición. ________________________________

La ley estipula que en cualquier momento el Gobierno puede pedirle a la SIT que convierta bandas reservadas en bandas reguladas.

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Resultados después de cinco años Los resultados de la reforma han sido muy positivos, como se demostrará, al menos de una manera preliminar, con los datos siguientes. Desde 1996, la SIT ha emitido aproximadamente 5.000 TUF (gráfico 1). Hay más de 1.050 propietarios distintos de TUF. Las subastas han generado más de 100 millones de dólares en ingresos (gráfico 2). El 70% de estos fondos se ha utilizado para desarrollar servicios de telefonía rural.

El número relativo de endosos de TUF indica la evolución de un mercado secundario. Del total de TUF emitidos desde 1996, han sido endosados aproximadamente 26% (gráfico 3). Esto es solo un indicador parcial del mercado secundario, porque los derechos también pueden darse en arrendamiento. Es difícil encontrar cifras al respecto, porque esta actividad comercial no se reporta a la SIT. Un dato interesante en este sentido es que también se utilizan los TUF para garantizar el pago de préstamos39. El precio actual de mercado de un TUF de radio FM, con cobertura de la ciudad de Guatemala, está entre los 600.000 y los 750.000 dólares. También se puede arrendar por aproximadamente 4.000 dólares mensuales40.

Creemos que una de las razones de la vitalidad del mercado de TUF es que los problemas de interferencia han sido prácticamente insignificantes para todos los efectos. Según se informó, Telgua, la mayor propietaria privada del espectro, desde 1996 ha tenido un problema de interferencia. La interferencia se produjo con una de las estaciones de microondas de la empresa de telefonía. El problema se resolvió rápidamente cuando los oficiales de la empresa cayeron en la

__________________________________

En una entrevista con el autor, sostenida el 3 de octubre de 2001, José Toledo, ex superintendente de la SIT (1999-2000), dijo que tenía conocimiento de dos casos en que los TUF se utilizaron como garantía de pago ante dos bancos.

39

40

Ídem.

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cuenta de que Telgua no era dueña de la frecuencia de microondas que la empresa estaba utilizando41.

Los problemas de interferencia parecen concentrarse en el espectro comercial, tanto para AM como para FM. Nuevamente se impone la lógica de la ley, que crea incentivos para que los interesados resuelvan sus conflictos a través de la mediación42. Los operadores se monitorean a sí mismos, así como a sus vecinos, utilizando un equipo fácilmente disponible, como el IC-PCR100043, una pequeña unidad que convierte a una computadora en un receptor de comunicaciones mundiales, con capacidad de análisis de modulación. Si el operador encuentra señales de interferencia, se presenta el asunto ante la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, una asociación de radiodifusoras privada, que incluso estableció su propia oficina de arbitraje. Además, la Cámara misma adquirió un equipo sofisticado para monitorear las vías aéreas. Los problemas de interferencia que aún no se han resuelto tienen que ver con radiodifusoras privadas (las autonombradas «radios de la comunidad»), que la SIT y el Gobierno no son capaces de cerrar o no están dispuestos a ello44.

De 1996 al año 2000, el número total de líneas telefónicas se incrementó, según una tasa anual compuesta, en un 45%. El número de suscriptores de telefonía móvil aumentó de 64.197, a finales de 1997, a 935.488 al 30 de junio de 2001. El crecimiento compuesto anual para el sector móvil es de 95%45. Probablemente _________________________________

Comunicación personal, el 27 de octubre de 2001, con Eduardo Mayora A, abogado y asesor legal de Telgua, S.A. 41

Un incentivo importante es el poder discrecional limitado de la agencia reguladora. Mientras las empresas privadas se quejan frecuentemente de la impotencia de la SIT, el resultado, muy positivo por cierto, es que los riesgos de captura son reducidos (si no eliminados) y se «obliga» a los interesados a resolver sus problemas entre ellos mismos.

42

43

Hecho por ICOM Inc. de Japón.

Según comunicación personal del 6 de noviembre de 2001, Roberto Bocalletti, presidente de la Cámara de Radiodifusión, y Jorge Garrido, de la SIT, calculaban que hay aproximadamente cuatrocientas «estaciones de radio de la comunidad» operando en Guatemala.

44

Datos de la SIT Guatemala (comunicación personal, octubre de 2001), Pyramid Research (comunicación personal del 31 de octubre de 2001) y estimaciones del autor (2001).

45

La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala

237

estas tasas de crecimiento disminuirán en años futuros, a consecuencia de la ley de los grandes números. Sin embargo, las ganancias absolutas y relativas seguirán teniendo un aumento sin precedentes46 (gráfico 4).

El mercado de las telecomunicaciones se convirtió enseguida en muy competitivo. Telgua sigue ocupando una posición dominante, con un poco más de 60% de la participación en el mercado. Sin embargo, los demás operadores están invirtiendo decididamente, y el efecto de los competidores más pequeños en el margen se refleja en precios muy competitivos también, como veremos más adelante (gráfico 5). Los operadores de teléfonos móviles están invirtiendo con mucha fuerza. Una medida del crecimiento futuro, y por supuesto, de las mejorías en la calidad del servicio, es el número de sitios de celdas instaladas. Telefónica está a la cabeza de esta forma de inversión (gráfico 6).

El número de teléfonos móviles ya es mayor que el de líneas fijas. Las líneas fijas aumentaron de 4,1%, a finales de 1997, a aproximadamente 6,4%, a finales de 2001, lo que significa una tasa anual compuesta de crecimiento de 9%. Las suscripciones móviles han aumentado de 0,6% de la población total (a finales de 1997) a aproximadamente 9,5% (a finales de 2001), lo que implica una tasa anual compuesta de crecimiento, realmente impresionante, del 73,1% (gráfico 7).

Guatemala es un país muy joven: 44% de sus pobladores tienen quince años o menos. Una estadística más precisa consistiría en medir el aumento de la telefonía móvil en relación con la población laboral. Esta relación ha aumentado del 1,2% (a finales de 1997) a aproximadamente 17,9% (a finales de 2001)47. El gráfico 8 ilustra __________________________________________

En 1999 Telefónica introdujo llamadas entrantes gratis antes de firmar el acuerdo CPP con Telgua, que estaba pendiente. No sorprende que Telgua no participara en las negociaciones CPP con todos los operadores. Guatemala es uno de los pocos mercados con llamadas entrantes gratis que no tiene contratos CPP. 46

Datos de la SIT Guatemala, Pyramid Research, Population Reference Bureau y estimaciones del autor (2001).

47

238

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

este aumento, como un porcentaje de la población total, comparado con la población laboral, y como un porcentaje de la primera.

Para apreciar mejor los resultados de la reforma de las telecomunicaciones en Guatemala, hemos preparado los siguientes gráficos comparativos, que miden el desempeño del mercado guatemalteco en comparación con el promedio del mercado latinoamericano. Para formarnos una idea más clara, deberíamos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Guatemala es uno de los países más pobres de la región.

Según los cálculos de Population Reference Bureau para 1999, el ingreso nacional bruto de Guatemala, a la paridad del poder adquisitivo (PPA), era de 3.630 dólares, comparado con los 3.730 dólares de América del Sur. 2) Antes de 2001, la mayoría de los países de la región habían liberado a sus mercados de una u otra manera. Algunos escogieron mercados competitivos dirigidos, mientras otros, como Guatemala, escogieron mercados libres.

3) En 1998, el huracán Mitch causó daños severos en las economías centroamericanas. Además, en los últimos años los precios de los principales productos de exportación (i.e., café y azúcar) han sido los más bajos que se registran.

Pero, aun tomando en cuenta estos factores, el desempeño del mercado guatemalteco de las telecomunicaciones ha sido poco menos que espectacular. En el gráfico 9 se compara el desarrollo de la telefonía móvil en Guatemala con el de Latinoamérica. Hay que notar que el sector móvil ha crecido 1,5 veces más que el promedio latinoamericano: estamos hablando de una tasa anual compuesta del 71,7% en el primer caso y de un 46,8% en el segundo. La tasa anual de cancelación es más alta hoy en Guatemala que en el resto de la región (gráfico 10). Esto puede indicar que los clientes no están satisfechos con el servicio. Sin embargo, en promedio, los guatemaltecos pagan mucho menos que otros latinoamericanos (gráfico 11), mientras hablan más tiempo por teléfono (gráfico 12).

La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala

239

Apología en lugar de conclusión48 Las cifras hablan por sí mismas. Hasta los enemigos más apasionados de la liberación derivada de las reformas del mercado en 1996 reconocen los beneficios. Cuando uno visita algunas comunidades rurales, o el basurero de la zona 7, en la ciudad de Guatemala49, es frecuente ver a campesinos y a recolectores de basura utilizando un teléfono móvil.

Antes de que Guatemala privatizara el espectro radioeléctrico, lo que había era una jungla cercada por la camisa de fuerza de la reglamentación. Si «la propiedad privada está vinculada inseparablemente con la civilización»50, se puede agregar que el derecho de propiedad «civilizó» espontáneamente (y además «dotó de energía») al espectro. La reforma permitió que un país pobre comenzara a utilizar como se debe un recurso valioso que se desperdiciaba. Un sistema centralizado para asignar licencias relativas al espectro sólo es un esquema colectivista, que priva a las personas de la libertad de organizarse y desarrollar iniciativas empresariales inalámbricas, de una manera más creativa y eficiente. Como dice Peter Huber: «La telecomunicación es demasiado grande, demasiado heterogénea, demasiado turbulenta, demasiado caótica creativamente hablando, como para ser gobernada al por mayor, de arriba hacía abajo»51.

_________________________________

Sin duda, la reforma de de las asignaciones del espectro en Guatemala no fue perfecta. Los defectos de la reforma han brindado en el camino lecciones importantes: a) el cumplimiento de la ley debería haberse mantenido exclusivamente en manos de los tribunales existentes, para evitar la captura y el poder discrecional, innecesario, de la agencia reguladora; b) el número de bandas de frecuencia generado por la empresa estatal de telefonía, además de ser un bien inmobiliario de primera, ha sido excesivo; c) la vigencia del título de usufructo debería haber sido la máxima permitida por el Código Civil guatemalteco: hasta cincuenta años; d) mientras la Constitución de Guatemala permite la compensación, a precio de mercado, por la expropiación de derechos de propiedad, la propuesta de reforma debería haber incluido una cláusula de expropiación, posiblemente similar a la estipulación incluida en la reforma chilena del sistema de pensiones, hace veinte años. Según ésta, el Gobierno debería pagar al tenedor de la cuenta de jubilación que se expropia el valor actual del flujo de caja proyectado. (Véase Piñera, 1996).

48

49

El basurero municipal es administrado por recolectores de basura privados.

50

Mises (1998).

51

Huber (1997).

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

240

El mercantilismo ha sido objeto de diatriba y reflexión 52 desde Gráfico 1. La creación de mercados de espectro radioeléctrico el siglo XVIII. Perdices de Blas y Reader explican que para los TUF emitidos por la SIT fisiócratas el mercantilismo fue un sistema regulador; para Adam A fin de año, excepto para el 30 de junio de 2001 Smith y la economía clásica, un sistema proteccionista; para la 1.800 Escuela Histórica Alemana, un sistema de poder; para Hecksher y1.600Viner, un enfrentamiento entre poder y riqueza; para Keynes, una forma de solucionar el desempleo; para Schumpeter, una 1.400 etapa del capitalismo y para Ekelund y Tollison, un sistema de 1.200 ventas por el cual se ofertan y demandan privilegios. 9 1.000 800

600

400

200 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: SIT Guatemala.

_________________________________________

El punto máximo observado en 1999 sugiere que la agresividad del superintendente puede influir en la asignación de TUF. El Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) tuvo como política limitar la oferta del espectro radioeléctrico para elevar el precio de la empresa estatal de telefonía (Telgua), privatizada finalmente, en 1998, después de un intento fracasado diez meses antes. La primera subasta (fallida) se llevó a cabo el 16 de diciembre de 1997. Se recibió nada más una oferta, en este caso la de Telmex, 529 millones de dólares por el 95% de las acciones (el otro 5% estaba reservado para los empleados de Telgua). La empresa se vendió en una segunda subasta, el 1 de octubre 1998.

Luca, S.A., integrada por un grupo de empresarios nacionales y extranjeros, compró la empresa estatal en 720 millones de dólares. Lo irónico es que Telmex es ahora dueña de Luca, S.A. En 1999 llegó a la SIT un nuevo superintendente, José Toledo, que entendía el espíritu de la ley y abrió el espectro más agresivamente de lo que había estado en los tres años anteriores. En una comunicación personal con el autor, el señor Toledo indicó que figuras clave del partido gobernante ejercieron mucha presión para que detuviera las subastas, pero el presidente Arzú apoyó sus acciones (Véase también Ibárgüen, 1998).

52

241

La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala

Gráfico 2. Ingresos por subastas en millones de $ $75,97 $80

a fin de año excepto para 30 de junio de 2001

$70

$60 $50

$40

$22,10

$30

$20 $6,25

$4,70

$10

$0,21 $1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: SIT Guatemala.

Gráfico 3. Indicios del merc ado sec undario 600 total de endosos de TUF a fin de año, excepto para 30 de junio de 2001

500

400

300

200

100

0 1997

Fuente: SIT Guatemala.

1998

1999

2000

2001

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

242

Gráfico 4. La vida en Guatemala después de introducir la competencia Miles de líneas a fin de año 2.500

Línea de tendencia

2.000

1.500

1.00 0

Líneas totales (Fijas + M óviles + Satélites)

500

0 1997

1998

Fuente: SIT Guatemala, Telgua.

1999

2000

2001

La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala

243

Gráfico 6. Crecimiento futuro D istribuc ió n de sitio s de celdas en Guatem ala co m o % del to tal de s itio s de celdas, 30 de junio de 2001

Telef ó nica

2 9 ,9 %

2 8 ,7%

Serco m (Telg ua)

Co mcel

2 1,4 %

B ellso ut h

0%

19 ,9 %

5%

10 %

15%

20%

2 5%

30%

F uente: SIT Guatem ala, T elgua.

Gráfico 7. Los móviles en Guatemala sí importan 0 ,15%

Fija Móvil

Satélite

43 ,0 8 %

56 ,76%

Co mo % del to tal de suscripto res de telefo nía, 30 de junio de 2001 Fuente: SIT Guatem ala, Telgua.

3 5%

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

244

Gráfico 8. Penetración móvil en Guatemala 2 0 ,0 %

C o m o % de la po blac ió n to tal

18 ,0 %

C o m o % de la po blac ió n labo ral

16 ,0 % 14 ,0 % 12 ,0 % 10 ,0 % 8 ,0 % 6 ,0 % 4 ,0 % 2 ,0 % 0 ,0 % 19 9 7

19 9 8

19 9 9

2000

2001

F uente: P yram id R es earc h, P o pulatio n R eferenc e B ureau.

Gráfico 9. Penetración móvil, comparativamente (c o m o % de la po blació n labo ral) Guatem ala Latino am érica

3 0 ,0 %

2 5,0 %

2 0 ,0 %

15,0 %

10 ,0 %

5,0 %

0 ,0 % 19 9 7

19 9 8

19 9 9

Fuent e: Pyramid Research, Po p ulat io n Ref erence B ureau.

2000

2001

245

La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala Gráfico 10. La cancelación del servicio con un proveedor, la contratación con otro 30,0%

T as a de c anc elac ió n anual, % 25,0%

20,0%

15,0%

Guatem ala

10,0%

Latino am éric a 5,0%

0,0% 1997

1998

1999

2000

2001

F uente: P yram id R es earc h.

Gráfico 11. A bajo, abajo, abajo I ngr es o pr omedio agr eg ado por s us c r ipc ión, $ / mes 8 0 ,0 0

70 ,0 0 Guat emala Lat ino américa

6 0 ,0 0

50 ,0 0

4 0 ,0 0

3 0 ,0 0

2 0 ,0 0

10 ,0 0

0 ,0 0 19 9 7

19 9 8

F uente: P yram id R es earc h.

19 9 9

2000

2001

2002

246

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Gráfico 12. Más competencia, más uso P ro medio mensual de minuto s de uso , Q3 2001 300

250

Guatemala Latino américa

200

150

100

50

0 Promedio mensual de minut os de uso de voz

Fuente: P yramid Research.

Prepago

Pospago

La liberación del espectro radioeléctrico en Guatemala

247

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250

Constituci贸n, socialismo y mercantilismo en Am茅rica Latina

251

DERECHOS DE PROPIEDAD, SOJA Y RUPTURA DE LOS CONTRATOS. LAS CONSECUENCIAS INDESEABLES DE LA ACTUACIÓN DEL ESTADO EN LA REPÚBLICA DE ARGENTINA Marcelo Loprete

(*)

1. Introducción: presentación de un problema común Mucho se ha hablado y escrito acerca del derecho de propiedad, de sus alcances, protección y consecuencias económicas de su respeto o violación.

Proporcionalmente, se ha hablado más aún acerca del tema en la literatura y los ambientes académicos en los que se defiende la libertad. Por ello, en este trabajo, que con sumo placer elaboro para la obra colectiva a la que se me invita a participar, sólo me limitaré a delinear aquellos aspectos ya conocidos por el lector que conllevan consecuencias prácticas.

La primera característica relevante del derecho de propiedad es que confiere a su titular la facultad de exclusión de terceros de la «cosa» de la que es dueño. La segunda característica es la posibilidad de enajenar a favor de terceros el derecho de propiedad o las facultades que éste confiere a su titular. Esta enajenación podrá ser total o parcial, e incluso onerosa o gratuita. __________________________________

PhD, Docente y asesor de empresas. Abogado de la Universidad de Buenos Aires, realizó su post grado en Bussines Administration en el Instituto de Altos Estudios Empresariales (Argentina).

Doctorado en Derecho de la Empresa en la Universidad de Navarra (España) y fue Post Doctoral Research de la University of Chicago y Senior Fellow del Institute for Human Studies (George Mason University, Virginia, EEUU). En la actualidad desarrolla actividades de docencia como Profesor de Economía en la Universidad Austral (Buenos Aires) junto al ejercicio activo de la profesión de abogado. Es socio a cargo del Corporate Department de Navarro Floria, Loprete & Asociados y se desempeña como Síndico de varias empresas del sector financiero, agropecuario y agroindustrial. (*)

252

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Si se respeta el derecho de propiedad y el ejercicio de las facultades que éste otorga, y ese ejercicio se da en el marco del respecto a las libertades individuales, podrá decirse que se negocian derechos dentro del marco de una economía de mercado, único sistema cuya eficiencia para asignar recursos escasos ha sido probada.

Pero, ¿cuándo puede decirse que efectivamente se respetan los derechos de propiedad y se está en una economía de mercado?; ¿basta leer un conjunto de normas jurídicas, de mayor o menor jerarquía vigentes formalmente en un país para decir que se respetan esos derechos?; ¿es posible extraer una conclusión válida a estas cuestiones sumando al análisis de los textos legales la jurisprudencia de ese país? Definitivamente no.

En los países de Latinoamérica en general, a lo largo de las últimas cinco décadas hemos vivido situaciones de facto y jure en las que, alternativamente, bajo distintos regímenes de los más variopintos colores y ropajes políticos, se han alternado situaciones concretas de respeto y violación de los derechos de propiedad, que no siempre han tenido correlato con los marcos legales generales y particulares.

La presente colaboración pretende analizar el caso concreto de la falta de respecto a la propiedad a pesar de su reconocimiento legal, en la República Argentina, en relación con las semillas transgénicas y los derechos de sus titulares.

Veremos cómo la Constitución Nacional y las Leyes Nacionales reconocen este derecho esencial de persona humana; pero el Poder Ejecutivo, a través del dictado de un Decreto Reglamentario y de una «Información de Prensa» de una Secretaría de Estado que fija las líneas de política a seguir por sus funcionarios, hace ilusorio el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, resumiremos esquemáticamente las consecuencias negativas de estas acciones del Estado, para las titulares de derecho

Derechos de propiedad en la República de Argentina

253

y para la economía en su conjunto, por efecto de las externalidades negativas que estas decisiones de Estado generan.

2. Derecho de propiedad y derecho de propiedad intelectual La Constitución de la nación Argentina, sancionada en 1853, tiene una estructura interna distinta a la de los Estados Unidos de Norteamérica; pero esta última, a través del texto originario y sus enmiendas, consagra en esencia los mismos derechos y garantías que la argentina.

En la República Argentina los derechos de rango constitucional tienen su recepción dentro la Carta Magna, en la parte primera, dividida en dos capítulos, uno primero, original, sancionado en 1853 con título «Declaraciones, Derechos y Garantías», y uno segundo, sancionado con la reforma constitucional de 1994, con título «Nuevos Derechos y Garantías».

El derecho de propiedad está consagrado en el capítulo primero, artículo 17, que textualmente dice: «La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie1».

Como se observa de la simple lectura de este texto, el legislador constituyente argentino, que por cierto no fue totalmente _________________________________________________

La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica consagra el derecho de propiedad, con igual filosofía, pero con menor amplitud y detalle que la de la República Argentina, en las enmiendas V y XIV. 1

254

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

original2 en la protección genérica del derecho de propiedad, sí lo fue para su tiempo, al referirse a la protección del «autor o inventor» y la protección de sus obras.

Se ve así que la invención y la creación intelectual tienen protección legal en la Argentina, desde el mismo momento de su nacimiento como país políticamente organizado bajo la forma de una república.

Por otra parte, en cumplimiento de la obligación constitucional de reglamentar el ejercicio de los derechos reconocidos, sin alterar su espíritu3, fueron dictadas a lo largo de tiempo en la República Argentina varias leyes que, en cada momento y de acuerdo con las necesidades concretas y aires políticos del momento, fueron adoptando un criterio u otro, en relación con la patentabilidad de ciertos procedimientos e invenciones. En la actualidad, la norma marco vigente es la ley 24.481, sancionada el 30 de marzo de 1995 y publicada en el Boletín Oficial (BO) el 20 de octubre del mismo año.

Es del caso, en esta instancia, plantearnos una cuestión cuasi filosófica: ¿deben protegerse las invenciones?; y, en caso de ser positiva la respuesta a esta cuestión, ¿con que fundamento y con que extensión?

La respuesta a ambas preguntas es simple y positiva: deben protegerse las creaciones e invenciones, en tanto resultado del quehacer de la persona humana, porque de otra manera no se incentiva la creación. Sólo el quehacer creativo, que conlleva la _________________________________________________

El texto de la Constitución sancionada en San Nicolás de los Arroyos, en 1853, tomó como modelo, casi literal, el propuesto como conclusión de la obra de Juan Bautista Alberdi, «Bases y puntos de partida para al organización política de la República Argentina». Alberdi, quien padeció el exilio durante el periodo de gobierno calificado comunmente como «tiranía de Juan Manuel de Rosas», abrevó en los ideales de libertad de los Estados Unidos y elaboró en el exilio, como colaboración para organizar las aún informes políticamente Provincias Unidas del Río de la Plata, esta obra, que a su vez en muchos casos registra, la Constitución y el Bill of Rights de los Estados Unidos.

2

El artículo 28 de la Constitución argentina dice textualmente: «Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio».

3

Derechos de propiedad en la República de Argentina

255

realización más plena del hombre, aumenta el bienestar general de la población. La naturaleza está dada, y sólo el hombre puede transformarla y modificarla, con su hacer voluntario, para mejorar las condiciones en las que vive sobre la faz de la tierra.

Habrá por tanto que proteger la creación, fruto del esfuerzo personal o colectivo del hombre, del mismo modo que se protegen todos los bienes que la persona posee, para que desee crear más.

La lógica es tan simple como la del mercado: si alguien se esfuerza y crea o inventa algo debe tener derecho a usufructuar su creación, dado que de otro modo no tendrá incentivos para seguir creando o inventando. Y el usufructo de esa creación se concretará, casualmente, como todo derecho de propiedad, en la facultad de excluir a otros del uso de su invención, o enajenar facultades y hasta el derecho a favor de terceros.

En síntesis, el sentido de la protección de los derechos del inventor o creador, que llamaremos derechos de propiedad intelectual (DPI), no es la protección legal en sí misma, sino la protección de los beneficios económicos potenciales que se otorga al titular y a la sociedad en su conjunto. Por ello, si la protección no genera beneficios, no cumple su fin4.

3. Derecho de propiedad intelectual y patentes. El problema de las patentabilidad de las especies vegetales en la República Argentina Las leyes locales de patentes de invención, respetan en casi todos los países desarrollados, estándares similares, establecido _____________________________________________

La profusa bibliografía económica sobre análisis económico de los derechos de propiedad intelectual ha coincidido en ciertas cuestiones centrales, en especial con los beneficios que genera su protección.

A modo de escueto resumen puntualizamos los siguientes: 1) los inventores capturan algo de de los beneficios de las inversiones realizadas. De otra manera, se generan free riders dentro del sistema; 2) las inversiones realizadas en invenciones son tan eficientes que los consumidores están dispuestos a pagar por su uso; 3) los sistemas de beneficios descentralizados creados por los DPI resultarán incluso preferidos por los consumidores respecto a los sistemas de subsidios directos centralizados; 4) los sistemas de derechos de propiedad tienen costos que sirven para identificar, definir y hacer cumplir los derechos en cuestión; y 5) los DPI, en países en que se respetan, son normas económicamente sensibles, ya que cualquier cuestión sobre ellos preocupa siempre a algún autor o inventor 4

256

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

por los TRIPS (ADPIC)5. Argentina los ratificó por Ley 24.425, sancionada el 7 de diciembre de 1994 y publicada en el BO el 5 de enero de 1995.

Hay acuerdo en la doctrina en que el derecho de patentes protege las invenciones que reúnan, a criterio de la oficina de patentes local, novedad, mérito inventivo y aplicación industrial; y se ha definido como «patente», el «haz de derechos, obligaciones y cargas a favor de su titular, globalmente destinados a otorgarle un ámbito de exclusividad a fin de que tenga la posibilidad de obtener utilidades en un contexto de limitación de la competencia de terceros»6.

Pero en Argentina se nos presenta un problema muy concreto respecto a la patentabilidad de ciertos productos e invenciones.

La Ley de Patentes vigente, que como ya se mencionó es la 24.481, del año 1995, norma emanada del Congreso de la Nación que presentaba los principios generales de patentabilidad de los sistemas jurídicos comparados. A poco más de un año de su dictado, el 20 de marzo de 1996, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), mediante el dictado del Decreto 260/1996, publicado en el BO el 22 del mismo mes y año, haciendo un uso, al menos cuestionable7, de la facultad reglamentaria que le compete, modifica la Ley 8. __________________________________ 5

Agreemet on Trade Related Aspects on Intellectual Property Issues.

Cf. Guillermo Cabanellas. Derecho de las Patentes de Invención; Editorial Heliasta. Buenos Aires.

Primera edición, 2001, T. II, p. 239.

6

Algunos autores hablan de una manifiesta «inconstitucionalidad». Destacamos las opiniones de Helena María Noir y Gustavo J. Schötz, del Centro de la Propiedad Intelectual, de la Universidad Austral, Buenos Aires.

7

Los considerandos del Decreto 260/1996 son por demás de claros y explicitan un conflicto de poderes entre el Congreso de la Nación y el poder ejecutivo nacional; dicen textualmente: «VISTO las Leyes Nº 24.481, 24.572 y 24.603 y los Decretos Nº 590 del 18 de octubre de 1995 y 3 del 3 enero de 1996, y CONSIDERANDO: Que en el debate previo a la sanción por el Congreso de la Nación del proyecto de Ley Nº 24.603, cuyo artículo 2 fuera observado por el poder ejecutivo nacional, los legisladores cuestionaron algunas disposiciones del Decreto Nº 590 del 18 de octubre de 1995, argumentando su presunto exceso reglamentario. Que la observación del Poder Ejecutivo Nacional tuvo como exclusivo propósito la preservación de las facultades reglamentarias que le confiere la CONSTITUCIÓN NACIONAL, sin perjuicio de la consideración y análisis particularizado de los argumentos vertidos en el citado debate. Que a tal efecto y luego del trabajo conjunto que llevaron a cabo funcionarios del poder ejecutivo nacional con legisladores representativos de ambas cámaras, se ha realizado un nuevo examen respecto al texto de una reglamentación de las leyes mencionadas en el Visto, que preservando plenamente las facultades presidenciales y respetando los compromisos...

8

Derechos de propiedad en la República de Argentina

257

En los hechos, mediante un decreto del PEN se modifican artículos de la Ley, incorporando criterios administrativo–registrales que el propio PEN había dictado con anterioridad9, y como consecuencia de este hecho se incorpora una prohibición expresa a la posibilidad de patentar una variedad vegetal. Dice textualmente el artículo 7, inciso 1b) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (LP): «Artículo 7 — No son patentables: (…) b) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.»

De esta manera, el resultado de una actividad creativa lícita, que puede beneficiar a quien la desarrolla y a toda la sociedad, queda excluida de la protección legal a las invenciones. No es éste, desde luego, el criterio que impera en otros países10.

Esta prohibición parece al menos absurda y arbitraria, dado el avance de la ciencia que permite, sin siquiera rozar cuestiones morales, modificar genéticamente plantas existentes en la naturaleza, en beneficio de la humanidad.

La manipulación genética vegetal «supone la transferencia de ‘‘nuevos genes’’provenientes de otros organismos, como bacterias, hongos, otras especies vegetales, animales, etc., todos los cuales no se encuentran naturalmente en las variedades __________________________________

...... internacionales asumidos por la República, responda a las inquietudes del Congreso de la Nación respecto del ejercicio de sus propias competencias. Que, por su parte, las sucesivas modificaciones legislativas y reglamentarias hacen aconsejable la aprobación de un nuevo texto ordenado de la Ley, así como un texto de su reglamentación que reemplace a partir de su publicación al Decreto Nº 590 del 18 de octubre de 1995. Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional y la Ley Nº 20.004».

8

El Decreto PEN 590/1995 establecía, entre otros temas, el procedimiento que debe seguirse para patentar una invención.

9

Ver la Directiva 98/44 CE del Parlamento Europeo (artículo 4, inciso 2), la Ley Alemana de Patentes y el Código de Propiedad Industrial de la República Federativa del Brasil, entre otras normas.

10

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

manipuladas. Descrito en forma extremadamente simple, esto requiere la preparación de una construcción genética que contenga el gen estructural que exprese la característica fenotípica que se desea conferir a la variedad, y las secuencias reguladoras necesarias para que el gen pueda ser activo en su nuevo hábitat»11.

Pero el resultado de esta actividad, como se ve, no es patentable en la República Argentina, no porque el legislador nacional lo haya resuelto así, sino porque el PEN lo estimó oportuno.

4. Especies vegetales y Ley de Semillas. Su registrabilidad.

Derechos e incentivos que genera El marco general dentro del cual se desarrolla la actividad de la industria de producción de simientes en la República Argentina está dado por La Ley 20.247, llamada Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (LS). Esta norma fue dictada por el PEN el 30 de marzo de 1973, durante un periodo de gobierno de facto12. Su legalidad, en razón de la convalidación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina unánime ha realizado de estas normas, ha quedado salvada.

Más allá de su tenor y estructura reglamentarista, el objetivo expreso de la LS, se detalla en su artículo 1, que textualmente dice: «La presente ley tiene por objeto promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas» (destacado del autor).

Es contradictorio por tanto, que la LP, norma posterior de alcance general, restrinja la registrabilidad de las creaciones fitogenéticas, ___________________________________________

Cf. Helena María Noir y Gustavo G. Schöetz. «Contratos de licencias de patentes sobre genes», en Innovación y propiedad intelectual (en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola), p. 342.

Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2006.

11

En forma ilustrativa la norma comienza con el siguiente texto: «En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5, del Estatuto de la Revolución Argentina, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: …».

12

Derechos de propiedad en la República de Argentina

259

sobre las que las que la LS, norma anterior y especial, reconoce la propiedad; pero es así.

A continuación, el artículo 2 de la LS define conceptos y dice: «A los efectos de esta ley se entiende por: a) ‘‘SEMILLA’’ o ‘‘SIMIENTE’’: toda estructura vegetal destinada a siembra o propagación. b) ‘‘CREACIÓN FITOGENÉTICA’’: el cultivar obtenido por descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.» Es manifiesto que la norma especial de mayor jerarquía (ley) reconocía, veintitrés años antes que la norma general de menor jerarquía (decreto), la posibilidad de obtener derechos de propiedad sobre el resultado del quehacer innovador en la manipulación de especies vegetales.

En igual sentido, con máxima claridad, la LS reconoce en su capítulo V la posibilidad de obtener derechos de propiedad sobre cultivares y los considera «bienes». Dicen los artículos 19 a 24, que por su claridad me permito transcribir textualmente en sus partes pertinentes: »Art. 19. — Créase, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, con el objeto de proteger el derecho de propiedad de los creadores o descubridores de nuevos cultivares. »Art. 20. — Podrán ser inscritas en el Registro creado por el artículo 19 y serán consideradas ‘‘Bienes’’ respecto de los cuales rige la presente ley, las creaciones fitogenéticas o cultivares que sean distinguibles de otros conocidos a la fecha de presentación de la solicitud de propiedad, y cuyos individuos posean características hereditarias suficientemente homogéneas y estables a través de generaciones sucesivas. La gestión pertinente deberá ser realizada por el creador o descubridor. »Art. 21. — La solicitud de propiedad del nuevo cultivar detallará las características exigidas en el artículo 20 y será acompañada con semillas y especímenes del mismo ( …).

260

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

»Art. 22. — El Título de Propiedad sobre un cultivar será otorgado por un periodo no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) años, según especie o grupo de especies, y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. En el Título de Propiedad figurarán las fechas de expedición y de caducidad. »Art. 23. — El Título de Propiedad sobre cultivares podrá ser transferido, debiendo para ello inscribirse la respectiva transferencia en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.

En caso contrario, la transferencia no será oponible a terceros (...). »Art. 24. — El derecho de propiedad de un cultivar pertenece a la persona que lo obtuvo. Salvo autorización expresa de ésta, las personas involucradas en los trabajos relativos a la creación fitogenética o descubrimiento del nuevo cultivar no tendrán derecho a la explotación del mismo a título particular.»

Los destacados me pertenecen, pero la elocuencia de los enunciados de la norma hace innecesario todo comentario.

Entonces bien, queda claro que en el marco de la LS se pueden registrar y asignarse derechos de propiedad a su titular, los cultivares (entendiendo por tal el resultado de la creación fitogenética).

Será titular de un cultivar quien lo obtiene como consecuencia de su quehacer innovativo y lo registra de conformidad a los procedimientos establecidos; a esta persona se la llama «obtentor»13.

Al obtentor se le asignan las siguientes facultades en relación con la variedad protegida, registrada a su nombre, como consecuencia del derecho de propiedad que sobre la misma se le concede:

_________________________________ 13

Cf. Art. 1, inc. d) del Decreto 2.183/1991, Reglamentario de la LS.

Derechos de propiedad en la República de Argentina

261

a) producción o reproducción; b) acondicionamiento con el propósito de propagación; c) oferta; d) venta o cualquier otra forma de puesta a disposición en el mercado; e) exportación; f) importación; g) publicidad, exhibición de muestras; h) canje, transacción y toda otra forma de comercialización; i) almacenamiento para cualquiera de los propósitos mencionados de a) a h); y j) toda otra entrega a cualquier título14.

Esta enunciación de facultades, por demás amplia, consagra un derecho de propiedad pleno sobre la variedad creada15.

Por tanto, el obtentor tiene derechos de propiedad sobre el cultivar que ha creado, por ejemplo manipulación genética, porque no existía en la naturaleza.

Dado el avance experimentado por la bioingeniería en los últimos treinta años, es posible, como la propia definición de manejo genético que transcribimos lo indica, realizar cruzamiento de distintas plantas, encimas, bacterias, etc.; y esta tecnología ha permitido entonces, que desde comienzo de la década de los noventa, se registrasen en Argentina una cantidad significativas de variedades de semillas, de distintas especies transgénicas.

En el caso que analizaremos en este trabajo, la autorización oficial para la comercialización de variedades de soja transgénicas, ___________________________ 14

Cf. Art. 41 del Decreto 2.183/1991.

Se entiende por «variedad» el «conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos y pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de esos caracteres por lo menos. Una variedad particular puede estar representada por varias plantas, una sola planta o varias partes de una planta, siempre que dicha parte o partes puedan ser usadas para la producción de plantas completas de la variedad»; cf. Art. 1, inc. c) del Decreto 2.183/1991.

15

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

establecida por este marco general, potenció de manera decisiva la actividad de investigación y desarrollo de variedades. Así, en la década indicada surgieron, se desarrollaron o se potenciaron, como emprendimientos nacionales o radicación en el país de corporaciones multinacionales, la gran mayoría de los semilleros, también llamados criaderos, que actualmente ofrecen semilla en el mercado nacional.

Como referencia para una somera cuantificación de la actividad de investigación y desarrollo que estas empresas realizaron en Argentina en los últimos tres lustros, téngase presente que en el año 2005 la oferta agregada de variedades comerciales de soja de todos los semilleros con actividad en el país registró un total de 64 variedades de origen nacional, frente a 53 con origen en los Estados Unidos de Norteamérica16.

5. Soja o «soya». Utilización e importancia El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia contiene una definición muy escueta del término soja: «(Del jap. shoyu).

1. f. Planta leguminosa procedente de Asia. 2. f. Fruto de esta planta, comestible y muy nutritivo17». _______________________________________________

Cf. Miguel Ángel Rapela. «Características de la propiedad varietal general y de las ofertas de semilla de trigo y soja en Argentina», en Innovación y propiedad intelectual (en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola), p. 57, Editorial Heliasta. Buenos Aires. 2006.

17 Cf. Diccionario de la Lengua Española, 21ª Edición, Madrid 1992, T. II, p. 1896. Mucho más completa, con los riesgos de falta de precisión y eventual tendencia ideológica que este medio disponible en Internet representa, es la definición de Wikipedia, que indica en julio de 2007, lo siguiente: «La soja o soya Glycine max) es una planta de la familia de las leguminosas fabáceas, cultivada por sus semillas, legumbres de alto valor proteico (cercano al 35%) utilizadas en alimentación y para la producción de aceite. Esta planta, es originaria de China, y su nombre viene del Japón, no obstante, se comercializa en todo el mundo, debido a sus múltiples usos. Es usada para una infinidad de productos que pueden reemplazar a otros de origen animal. La soja es utilizada también como alimento para animales, en forma de harina de soja, área en la que compite internacionalmente con la harina de pescado. Aunque con un notable diferencial inferior en su precio, la cotización internacional de la soja es paralela a la de la harina de pescado. Cuando escasea la soja, sube automáticamente el precio de la harina de pescado y viceversa. Su uso en la alimentación humana es sumamente importante. El alto valor proteico de la legumbre lo hace un excelente sustituto de la carne en las naciones pobres. De la soja se producen subproductos como la leche de soja y la carne de soja. Es uno de los principales alimentos en países orientales como China y Japón donde se obtienen distintos derivados como el aceite, la salsa de soja, los brotes de soja, el tôfu, nattô o miso. Del grano de soya se obtiene el poroto tausí que es el frijol de soya salado y fermentado, muy usado en platos chinos. El consumo de productos de soya ha sido relacionado a muchos beneficios de salud, y pueden proteger contra el cáncer de mama y el cáncer de próstata, también reduce los síntomas de la menopausia, disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca...

16

Derechos de propiedad en la República de Argentina

263

En razón de la brevedad que este trabajo requiere, no es posible que se extienda en consideraciones acerca de aspectos técnicos de este cultivo; pero es necesario puntualizar, al menos esquemáticamente, las razones por las cuales la soja se ha convertido en la última década en un grano cuyo cultivo y comercialización detentan una importancia estratégica, de relevancia mundial, muy especialmente para Sudamérica.

La soja tiene una importancia vital como alimento, dado su poder nutritivo, producto de los componentes proteínicos que posee, equiparables a los de la carne vacuna.

Es también un cultivo con altos contenidos oleicos, hecho que permite la extracción de aceites comestibles de calidad, bajo contenido de colesterol y alto grado de sustituibilidad con el aceite de oliva, maíz, uva y girasol.

Y lo que no es aún más novedoso, mediante la utilización de procesos mecánicos y químicos, de tecnología disponible a bajo costo, se logra la extracción de biocombustible, con grados de sustitución que rayan en los márgenes de indiferencia, con los combustibles fósiles destilados del petróleo18.

En relación con los países del mundo en los que se produce soja y la importancia relativa que los mismos tienen en el contexto mundial, baste la transcripción del cuadro 1, en el que se consignan los principales productores del mundo.

_______________________________________________ 17 .... y osteoporosis. Muchos de estos beneficios vienen de los isoflavones de soya. Aunque investigaciones de fuentes independientes, desaconseja su uso como sustituto de alimentos de origen animal (lácteos, carnes) en embarazadas, adolescentes y niños menores de cinco años y que algunos investigadores sostienen que la elevada proporción de fitoestrógenos en la soja puede acarrear problemas hormonales cuando se la usa en la alimentación humana, en particular en niños. Este efecto se produciría únicamente cuando la soja no es parte de una dieta equilibrada».

Es de destacar en este punto la importancia de los biocombustibles como fuente alternativa de energía, su carácter no contaminante, de recurso renovable y, según los precios relativos en cada mercado, su costo final altamente competitivo en relación con el de los combustibles fósiles.

18

264

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Cuadro 1. Principales productores de soja en 2005 (m illones de toneladas / años) Estados U nidos 82,8 Brasil 50,2 Argentina 38,3 China 16,9 India 6,0 Paraguay 3,5 Canadá 3,0 Bolivia 1,7 Total mundial 209,5 [19]

Nótese que, si bien primer productor mundial en términos absolutos son los Estados Unidos de Norteamérica, su producción representa el 39,52% del mundo, mientras que los cuatro países de Sudamérica que se incorporan en el cuadro 1 (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay), todos limítrofes y con regiones de producción integradas, en conjunto conforman el mayor conglomerado «sojero» del mundo, con el 44,72% de la producción mundial. Si se suma la producción de los Estados Unidos de Norteamérica y la de Canadá, en conjunto sólo representan el 40,95%. Queda palmariamente demostrado que, en el presente y, con las proyecciones actuales, para el resto de la década, el Cono Sur de Sudamérica es el centro mundial de producción de soja.

A esta lapidaria conclusión numérica debe sumarse un elemento cualitativo no menor al momento de la toma de decisiones de producción por parte del productor agropecuario: de los seis países analizados (los Estados Unidos, Argentina, Brasil Bolivia, Canadá y Paraguay): al menos los Estados Unidos de Norteamérica incentivan la producción de soja, pagando subsidios a sus farmers, mientras que en tres de los cuatro _________________________________ 19

FAO, estadística mundial 2005.

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países del Cono Sur (Brasil, Bolivia y Paraguay) la decisión de producir se toma sin interferencias públicas de este tipo y, en Argentina, la producción está penalizada, al momento de escribir este trabajo, por costos fiscales de aproximadamente el 27,5%20.

Más aún, se espera que en el corto plazo, en atención a la tendencia al alza de los precios de estos commodities en el mercado internacional de bienes transables y la necesidad de mayores ingresos por parte del Estado, se aumente la alícuota sobre el precio de venta que tributa su exportación, por sobre la ya desincentivadora actualmente vigente.

Aun así, la tendencia actual es al aumento de la implantación de soja en los cuatro países analizados del Cono Sur, desplazando a otros cultivos y a la ganadería, tanto en las llamadas «zonas núcleo» productivas, cuanto en las zonas productivas marginales. Este fenómeno tiene su justificación en varios hechos aleatorios que, por fuerza del destino, son coincidentes en el tiempo y han coadyuvado en conjunto la decisión económica individual del productor agropecuario en la primera década del siglo XXI, de continuar «haciendo soja», como se dice en el argot rural argentino.

Al momento de la toma de decisión económica que pondera el productor agropecuario, son hechos relevantes: a. b. c. d.

el precio a recibir por su producción; el precio relativo de otras producciones alternativas; los costos de producción en constante declinación; las distintas variedades de semillas de soja ofertadas;

___________________________________

El Código Aduanero de la República Argentina en su capítulo sexto, destinado a los derechos de exportación, artículo 724, indica que el «derecho de exportación» es el que «grava la exportación para consumo». Este tipo de tributo es esencialmente un desincentivo para la producción, tanto para el mercado local, cuanto para la exportación, en tanto el precio local de productos como la soja, llamado genéricamente commodities se determinará por el precio transable internacional, menos los impuestos a las exportaciones, que determinarán el ingreso real del productor y el precio de indeferencia entre la venta en el mercado local y la exportación.

20

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

que permiten una selección adecuada, ponderando en cada caso el suelo, el régimen anual de lluvias, las temperaturas y las plagas de cada lugar, entre otros factores; e. el aumento sostenido que se experimenta año a año, en los rindes de las variedades; y f. la posibilidad de incorporar a la producción de soja tierras marginales para otras producciones, con los consecuentes menores precios por hectárea incorporada.

De los referidos hechos, los tres últimos son consecuencia directa de la incorporación al mercado por oferta de los semilleros, de las variedades de soja transgénica.

Es por ello claro que el «boom sojero» que en el Cono Sur de América se ha producido, está sostenido en la actualidad y la tendencia indica que se mantendrá constante en el futuro inmediato, por la disponibilidad para el uso productivo de estas variedades transgénicas de semillas de soja.

Complementariamente, en el caso de Argentina, y dado que la producción está orientada esencialmente a la exportación, el cobro de derechos de exportación convierte a la soja, a título individual, en el bien cuya venta al exterior genera el mayor ingreso fiscal, en términos absolutos, al Estado. Véase al respecto el Informe Económico del Primer Trimestre del año 2007, del Ministerio de Economía y Producción. Es relevante acotar que el principal destino de las exportaciones de soja es China.

En el cuadro 2 se detallan los componentes del ingreso efectivo por tributos a Estado Nacional del primer trimestre del año 200721: ______________________________________

Cf. Informe Económico del Primer Trimestre del año 2007, del Ministerio de Economía y Producción, disponible en Internet en la página http//mecon.gov.ar.

21

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Derechos de propiedad en la República de Argentina

Cuadro 2: Ingresos del Estado por tributos de soja, año 2007 1º Trim.

2007

Concepto Total

1º Trim.

2006

Dif.

Var. %

46.925

36.214

10.711

29,6

27.981 13.409

22.417 9.438

5.564 3.971

24,8 42,1

Recursos aduaneros

5.526

4.167

1.359

32,6

Facilidades de pago sin asignar 2/

10

-183

94,9

9.749

30,4

Impuestos 1/ Seguidad Social

Recursos Tributarios

41.836

192 32.087

En cuanto a la composición de los ingresos por derechos de exportación, véase el gráfico122:

G r á f ic o 1 . I n g r e s o s p o r d e r e c h o s d e e x p lo ta c ió n d e s o j a , p r im e r t r i m e s tr e 2 0 0 7 G r a s a s y a c e it e s P r o d u c t o s d e la s

a n ima le s o v e g e t a le s

in d u s t r ia s

1 4 ,6 0 %

a lime n t a r ia s 2 0 ,5 0 %

O tros 1 8 ,7 0 % Pr oduc t os d e l r e in o v e g e t a l Pr oduc t os min e r a le s 2 3 ,6 0 %

______________________ 22

Ídem, p. 68.

2 2 ,6 0 %

268

Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Como conclusión del gráfico 1 surge que los ingresos por derechos de exportación no corresponden a exportaciones relacionadas con el sector agrícola el 42,3%. El 57,7% restante es eminentemente agrícola y, de dentro de este porcentaje, la soja representa un significativo porcentaje con tendencia al crecimiento23.

Puede concluirse entonces que, de entre los componentes de los actuales ingresos fiscales de Argentina, dada la estructura del sistema tributario vigente, la exportación de porotos de soja y sus derivados son un importante componente, tal vez determinante del superávit fiscal primario registrado. Esta circunstancia, a pesar de la inicial reacción negativa que el análisis de un tributo, y a mayor gravedad un tributo que desincentiva la producción genera, permite destacar una circunstancia más en el listado de factores que determinan la importancia estratégica de la soja que enfatizamos al comienzo de este apartado. ______________________

Por su parte, las exportaciones de petróleo cayeron en el periodo en 168 millones de dólares (32%) para quedar en los 355 millones de dólares, en tanto que las ventas al exterior de porotos de soja llegaron en los tres primeros meses del año a 123 millones de dólares, 149 millones (55%) menos que en enero-marzo de 2006. Las ventas de gasolina quedaron en este trimiestre en 187 millones, 64 millones de dólares (26%) menos que en el mismo periodo del año anterior.

23

Derechos de propiedad en la República de Argentina

269

6. Ley de Semillas, excepciones al pago de ID y contratos entre particulares Hechas las referencias necesarias al marco legal general dentro del cual se desarrollan las actividades de investigación y mejoramiento genético y multiplicación y comercialización de semillas en la República Argentina, y destacada la importancia que en el presente tiene el cultivo y exploración de la soja, se abordará el problema central de este trabajo: la ausencia de políticas públicas que respeten los derechos de propiedad reconocido por las leyes, y el incentivo por el Estado al incumplimiento de los contratos entre particulares.

Como ya se explicó anteriormente, la legislación argentina, con una dudosa legalidad, no permite que se patenten las variedades vegetales. Pero esta imposibilidad de patentamiento en el ámbito local no impide que los desarrollos genéticos extranjeros sean patentados en sus países de origen y por tanto queden amparados por sus respectivas leyes de patente.

Estados Unidos de Norteamérica es el principal productor de eventos biotecnológicos, en términos absolutos. Este dato no es casual y la conclusión evidente es que, en un país en el que está legalmente permitido patentar un gen o una variedad vegetal genéticamente modificada, y consecuentemente obtener los beneficios que la protección legal otorga al titular de la patente, se incentiva la inversión en investigación y desarrollo24.

________________________________________

Como dato referencial es importante tener en cuenta que el desarrollo de una variedad de soja que pueda eventualmente ser multiplicada y comercializada exitosamente requiere un proceso de I&D genético que implica del cruzamiento de aproximadamente 150.000 variedades, a lo largo de siete campañas agrícolas. Por necesidades comerciales los siete años calendarios que se necesitarían para poder sembrar, cosechar, cruzar y resembrar en siete oportunidades, la industria semillero los ha acortado a tres años y medio calendario, realizando estas actividades en «estación y contraestación» (se siembran y cosechan en países del hemisferio norte y sur, alternativamente, los cruces que se van realizando a lo largo del proceso).

24

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

Ahora bien, esos eventos tecnológicos en gran medida desarrollados en los Estados Unidos, como toda innovación del sector están destinados a aumentar la productividad, acortar los ciclos productivos, reducir los costos de producción e incorporar a la explotación tierras de áreas marginales en las que no era rentable producir soja anteriormente, como consecuencia de la incorporación de genes resistentes a plagas, sequía, humedad, etc. Como es lógico, en un entorno competitivo, con salarios del sector bajos en términos relativos y precios de los commodities altos, los productores agrícolas argentinos están deseosos de utilizar variedades de semillas de soja con estas características.

Por tanto, los 17 semilleros25 que ofertan sus semillas de soja en el mercado argentino26 están fuertemente condicionados a incorporar año a año variedades nuevas con genes con estas nuevas características en sus variedades de semilla fiscalizada.

Se entiende por «semilla fiscalizada», según la definición del artículo 10 de la LS; «aquella que, además de cumplir los requisitos exigidos para la simiente ‘‘identificada’’ y demostrado un buen comportamiento en ensayos aprobados oficialmente, está sometida a control oficial durante las etapas de su ciclo de producción. Dentro de esta clase se reconocen las ‘‘Categorías’’: ‘‘Original’’ (Básica o Fundación) y ‘‘Certificada’’ en distintos grados». Semilla fiscalizada es, en esencia, la única que pueden vender los semilleros, que por otra parte deben realizar y soportar los costos de la inversión en I&D, que sólo son amortizables a lo largo de la vida comercialmente útil de una variedad. __________________________________________

En la campaña agrícola 2004-2005 ofertaron en Argentina un total de 4.575.391 bolsas de semilla fiscalizada de 40 kg cada una, las siguientes empresas semilleros: ACA, AGD, Agriseed, Agro Estudio Pampeano, ALM, Areco Semillas, Don Mario, Ferias del Norte, Lealsem, Monsanto, Nidera, Pioneer, Relmó, Santa Rosa, Senium, SPS y Syngenta. (Datos INASE y ASA).

25

El precio unitario de la bolsa de semilla de soja fiscalizada, para la compaña 2007-2008 ronda los 21 dólares, lo que determina un volumen de mercado formal de aproximadamente 96.100.000 dólares. Téngase en cuenta que según estaciones del sector, sólo el 20% del la semilla utilizada en la campaña 2006-2007 fue semilla fiscalizada.

26

Derechos de propiedad en la República de Argentina

271

La vida comercialmente útil de una variedad, entendiendo por tal el periodo durante el cual ésta es demandada por los productores, se estima en la República Argentina en una duración promedio de aproximadamente cinco años, dada la aceleración en el ingreso de nuevas variedades al mercado, por efecto de las mismas inversiones en I&D que deben rentabilizarse.

Es necesario realizar en este punto una aclaración técnica: un productor puede utilizar en su actividad productiva, semilla fiscalizada o semilla no fiscalizada. Dicho en otros términos, el productor puede: a) comprar a un semillero semilla fiscalizada cada año; u b) obtener simientes de iguales características que las de una semilla fiscalizada sin pagar al semillero por ello.

En este segundo caso podrá cosechar al final de la campaña agrícola la producción de una bolsa de semilla fiscalizada, guardarla algunos meses y luego clasificarla y acondicionarla para su uso.

Si el productor «hace semilla» como resultado de su siembra de semilla fiscalizada de campañas anteriores, el mismo productor podrá, a la vez: a) hacer uso propio de esa semilla, o b) venderla a terceros, comercializándola sin marca de identificación, pero tal vez describiendo la variedad comercial de la cual se trata. En este segundo caso estamos ante el supuesto de la comisión de un delito sancionable, por venta de «bolsa blanca» (en el argot del sector), ésto es, semilla de variedades por las que no se paga al obtentor, pero que puede fácilmente ser identificada por sus características genéticas 27.

____________________________________

No es tema central de este trabajo el tratamiento de la problemática de la «bolsa blanca» en el mercado de semillas del Cono Sur de América, y por tanto no será tratado.

27

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Constitución, socialismo y mercantilismo en América Latina

En el caso de que el productor compre semilla fiscalizada, cada año pagará al semillero un precio por bolsa que incluirá los costos de producción y la compensación por la inversión en I&D realizada a lo largo de años, más las regalías que éste a su vez deba pagar a titulares de genes patentados en otros países, por cada evento tecnológico que incorpore en sus variedades.

En el caso de que haga uso propio, usufructuará con iguales resultados productivos el resultado de la I&D del obtentor, que requirió inversiones de suma cuantía. En los hechos, no estará pagando en las sucesivas campañas agrícolas las «regalías» por la utilización de una variedad que sólo adquirió en una oportunidad.

El supuesto es el mismo que el del usuario que adquiere una sola licencia de un software patentado y luego lo instala en varias computadoras.

Esta situación, que conlleva la ausencia de pago por el productor al semillero por la utilización de variedades adquiridas en campañas anteriores, tiene sustento legal y se denomina doctrinalmente «excepción del agricultor». Así, el artículo 27 de LS, segunda parte. dice textualmente: «No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien (…) reserva y siembra semilla para su propio uso. (destacado del autor).

Nótese entonces que el legislador de la LS primero reconoce la propiedad de los cultivares y la obligación del pago por el uso de semilla fiscalizada de los mismos a sus titulares, y luego exime del pago a la simple, llamemos «copia» de la variedad, por quien compró al menos una bolsa de variedad fiscalizada al titular de la variedad o un licenciado en alguna campaña anterior.

Debe destacarse que el legislador argentino no creó esta institución de la excepción del agricultor ex nihilo, sino que por el contrario, es común, a varios sistemas legales. Si se hace un análisis comparativo de los regímenes que contemplan la excepción del agricultor y la amplitud de facultades que

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conceden, se verá que la posición adoptada por Argentina es intermedia28.

Pero en éste, como en otros casos, el propio mercado y sus actores, interactuando libremente, han corregido las deficiencias del sistema legal. Esta afirmación es válida en tanto los semilleros obtentores, bajo el amparo de la misma LS y del mismo artículo 27 que establece la excepción del agricultor, han creado un sistema denominado de «regalías extendidas» (RREE). Veamos en qué consiste.

El texto completo del artículo 27 de la LS es el siguiente: «No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética» (destacado del autor); esto es, que puede mediar uso legal de cultivares mediando autorización del obtentor del mismo, a pesar de no haber comprado semilla fiscalizada. Esa autorización, que dará el obtentor, puede ser gratuita, o como en el caso que nos ocupa, onerosa.

Pero, ¿por qué podría el productor pedir autorización al propietario del cultivar para reservar el producido del mismo y _________________________________________

«Si se ordena la fuerza de la excepción de mayor a menor, los agricultores pueden: - reservar, usar y vender entre sí las semillas de uso propio; - reservar, usar y vender entre sí la semilla de uso propio, pero sin hacer uso del nombre comercial de la variedad; - reservar y usar la semilla de uso propio sin limitaciones, pero no pueden venderla; - reservar y usar la semilla de uso propio, sin limitaciones, pero no pueden intercambiarla con otros productores; - reservar y usar la semilla de uso propio pagando una compensación (royalty) al obtentor; - solo algunos agricultores (‘pequeños agricultores’) pueden reservar y usar la semilla de uso propio de ciertas variedades; - todos los agricultores tienen prohibido reservar y usar semilla de propio (ley de patentes) - no importa el régimen legal ni la fuerza de su aplicación: las tecnologías están protegidas por las GURT. Argentina, por medio de la comentada Ley 20.247 y sus sucesivos decretos reglamentarios, optó por la cuarta versión de la excepción del agricultor». Cf. Miguel Ángel Rapela. «Excepción y Derecho del Agricultor: orígenes y desarrollo»; en Innovación y propiedad intelectual (en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola), pp. 155-156, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2006.

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resembrarlo si puede hacerlo sin más, amparado en la excepción del agricultor? Sólo pedirá esta autorización en caso de que sea obligatorio. ¿Y cuándo será obligatorio que el productor pida autorización para hacer uso propio? Sólo cuando entre las partes, semillero y productor, éste último se hubiese obligado a hacerlo.

Así es que, bajo el sistema de RREE, cuando el productor compra una bolsa de semilla fiscalizada de una variedad sujeta al dicho régimen, celebra un contrato por el que, si bien puede hacer «uso propio», la facultad está limitada a la solicitud de autorización previa al propietario de dicha variedad y al pago del canon correspondiente por tal uso. A continuación se analiza dicho sistema.

7. Sistema de regalías extendidas. Su funcionamiento El obtentor de una variedad a cuyo nombre se registra, tiene un derecho de propiedad acotado fácticamente en el tiempo, a la primera campaña en que el productor tiene acceso a esa variedad. Si vendió semilla de esa variedad, y por tanto cobró un precio, la LS presupone que con ese ingreso se ha pagado el costo de producción de la bolsa comprada y un porcentaje del total invertido en I&D para generar la variedad, más una utilidad empresaria razonable.

Como comentamos ya, las importantes inversiones que es necesario realizar en ID por cada variedad que llega a ser comercializable, no se cubren con el precio de la bolsa vendida en la primera campaña comercial. Por el contrario, se necesitan años para amortizarlas.

Si el obtentor no obtiene el retorno de la inversión realizada más una razonable rentabilidad que compense el riesgo empresario, desde luego que no incurrirá en los costos de ID, ni comprará onerosas licencias a terceros para incorporar

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material genético que produzca mejoras en las variedades existentes. Pero eso es casualmente lo que el productor agropecuario no desea; él quiere, con un lógico criterio de maximización de utilidades, disponer de la mejor variedad de semilla, que casualmente será la última, o la que aún no se ha comercializado.

Ante esta disyuntiva de seguir produciendo con variedades genéticas ya superadas y sin pagar, amparándose en la excepción del agricultor, o disponer de nuevo material genético, pero pagando por él, tras un simple cálculo económico (sin contemplar las alternativas ilegales de obtención de semilla), el productor optará por pagar por la biotecnología que utiliza y obtener mayores y mejores resultados económicos.

A partir de este simple razonamiento económico, los obtentores pusieron en funcionamiento el sistema de las regalías extendidas, que tiene su sustento legal, como se indicó ya, en el mismo artículo 27 de la LS. En forma ordenada y sistémica, desde el año 2000 se viene aplicando este sistema que, según datos estadísticos, en el año 2005 incluía 102 variedades de semillas de soja, y era aceptado por 15.000 productores agrícolas en Argentina. Corresponde entonces que mencionemos, al menos somera y simplemente, la estructura legal de este sistema.

El sistema de RREE en semillas, que permite a un obtentor cobrar regalías (royalties) a lo largo de la vida comercialmente útil de una variedad, se estructura de la siguiente manera: • El obtentor, tras años de experimentación y cruzamiento, con altos grados de inversión en I&D, obtiene una variedad de semilla que entiende será comercializable y exitosa.

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• Obtiene, con la registración de la variedad, de conformidad con el sistema legal vigente, la titularidad del cultivar en cuestión.

• Antes de comenzar la comercialización de la nueva variedad, el obtentor realiza una oferta pública que se concreta con la publicación en varios medios de difusión masiva de las características de la nueva variedad (nombre, registro, características típicas, etc.), en la que incluye el contrato de regalías extendidas, indicando que, si se adquiere esa variedad de semilla, que está sujeta al régimen, se aceptará el contrato propuesto.

• El contrato de RREE expresa taxativamente que será obligación del productor denunciar campaña tras campaña, la reserva de semilla que haga para uso propio y, en el momento de la siembra de esa semilla que él mismo «hizo», pagar un canon en concepto de regalía.

Esta obligación de pago de regalía se extenderá para el productor por todo el periodo de vigencia del registro de titularidad de la variedad en cabeza del obtentor.

• Al momento de compra de semilla de la variedad sujeta al RREE queda perfeccionado entonces el contrato, por aceptación del productor de la oferta que realizó el obtentor, y por tanto, dado que el contrato de RREE establece expresamente que el productor renuncia a hacer uso de la excepción del agricultor en forma libre y gratuita, éste deberá cumplir las obligaciones que voluntariamente aceptó29.

_________________________________________

Para una explicación con mayor detalle Cf. María Celina Strubbia y Andrés Sánchez Herrero. «La cláusula de regalía extendida en el contrato de compraventa de semilla», en Innovación y propiedad intelectual (en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola). Editorial Heliasta. Buenos Aires.

2006. pp. 433 y ss.

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En síntesis, como se indicó precedentemente, mediante la celebración de un contrato entre particulares, en el que se establece una serie de obligaciones a cargo del productor agropecuario (que éste no estaría por imperio legal compelido a asumir, pero que libre y voluntariamente decide afrontar) que benefician al obtentor, éste se obliga a entregar semilla de soja de variedad de su titularidad sujetas al régimen de RREE, contra el compromiso de pago por el productor de regalías a lo largo del tiempo de vigencia del registro de la variedad, y por tanto se amplía el periodo durante el cual se amortizan las inversiones realizadas en I&D, mediante la percepción de ingresos que la ley no prevé.

Se demuestra entonces una vez más que, dejando a los actores económicos negociar con libertad, espontáneamente, se crean las instituciones jurídicas que convienen a ambas partes y maximizan sus intereses: donde la ley no establecía obligación alguna, las partes han celebrado un contrato por el que una de ellas se obliga a entregar un bien cuya creación le ha demandado importantes inversiones realizadas a lo largo de años, contra el compromiso de la otra parte de pagar por este bien el precio de adquisición al momento de la compra, más un canon por uso en cada oportunidad que se beneficie por el uso de los producidos que el bien genere. Ha prevalecido manifiestamente el orden espontáneo frente a la regulación pública.

8. El nefasto accionar del Estado Ha quedado demostrado que, cuando un negocio es interesante y los actores actúan con racionalidad económica en ausencia de presiones o rigideces de mercado impuestas por el Estado, el sistema se torna eficiente y se maximizan utilidades. Pero parece que esta verdad de Perogrullo, que debería ser tenida en cuenta por las autoridades públicas como faro que guíe su accionar público, es desconocida o, más grave aún, conocida pero menospreciada.

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El sistema de RREE establecido en la República Argentina, con conocimiento y aprobación de las autoridades públicas30 y ampliamente aceptado por los actores del sector agropecuario, ha recibido en los últimos dos años un ataque expreso y manifiesto por parte de los funcionarios de la actual administración política, que así lo han hecho saber de manera explícita.

El 20 de mayo de 2005, el INASE, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dio a conocer un breve documento que se rotula como «Información de prensa», con el título «El INASE no convalida el sistema de regalías extendidas». En el documento, entre otras manifestaciones del sentido que se da a las políticas públicas, se dice textualmente: «si bien la problemática derivada del ejercicio de derechos de propiedad de variedades vegetales entre dueños y usuarios (monto de regalías, alcance de contratos de licencia, condiciones de las autorizaciones, etc.) son de derecho privado, corresponde al Estado, en este caso al INASE, determinar los alcances de los artículos 27 de la Ley 20.247 y artículos 41 y 44 del Decreto 2183/ 91. Estos requisitos no pueden ser fijados, modificados o alterados por cualquier condición o interpretación que establezcan los obtentores para licenciar sus variedades».

Más adelante, el mismo comunicado de prensa indica que «si un agricultor cumplimenta los requisitos que prevén las normas legales, su situación se encuadra en la excepción del artículo 27 de la Ley 20.247 que contempla una excepción al derecho del obtentor.

Ello significa que no debe solicitar autorización al obtentor para disponer de la semilla obtenida dentro de este sistema, por lo _________________________________________

Baste referir en este punto parte del Dictamen de fecha 04 de mayo de 2005 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Semillas (organismo de aplicación de la LS), que indicaba que «este organismo estatal carece de facultades para controlar o revisar los sistemas jurídicos que implementen los obtentores con sus contrapartes. En particular, entiende que el INASE carece de poder para revisar los procedimientos por cobro de regalías que se utilicen y su compatibilidad con las legislación vigente, considerando que se trata de un asunto de competencia del Poder judicial».

El párrafo citado del dictamen, en esencia, reconoce que el sistema de RREE implica un contrato privado de carácter comercial, en el cual el Estado no puede intervenir y que sólo podrá ser cuestionado en instancia judicial, por vicios atinentes a los contratos entre particulares.

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que éste no podrá imponerle condiciones de ningún tipo y, por ende, tampoco el pago de regalías». Y finalmente el mismo comunicado concluye lo que sigue: «(…) el sistema de regalías extendidas quebranta el artículo que otorga la excepción al agricultor, ya que se exige al productor no sólo el pago de royalties por la semilla de ‘‘uso propio’’, sino también el cumplimiento de obligaciones como la presentación de declaraciones juradas sobre las cantidades de semilla sembradas y su origen».

El sentido de la política del Estado en este tema es claro y explícito. De los dichos y actos de los funcionarios se concluye que voluntariamente: • se niegan las realidades económicas; • se concreta una intervención pública en los contratos entre particulares; • se permite que libremente actúen rent seekers y free riders en un mercado del cual estaban ausentes hasta el momento; • se transfiere autoritariamente riqueza de un sector innovador que invierte para obtenerlas a un sector que, sin haber invertido, se beneficia con su uso; y, • finalmente, se desincentiva la invención en innovación tecnológica.

Y todo esto se justifica en la decisión populista de beneficiar a algunos actores del sistema, los productos agropecuarios, en detrimento de otros, los obtentores.

9. Consecuencias inevitables de las inadecuadas políticas públicas Por imperio del principio de escasez, nada es gratis y cada decisión conlleva costos de oportunidad.

Las autoridades del Gobierno de la República Argentina, a partir del año 2003 se han embarcado en una campaña que, si bien

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inicialmente puede entenderse motivada en fines populistas y electorales, implica un ataque directo contra el sistema capitalista, penalizando inversiones, conculcando derechos de particulares, en especial el DPI, y fomentando el quebrantamiento de los contratos privados.

Desde 2004 se manifiesta desde los ámbitos competentes del Gobierno que el régimen de la LS es «anticuado» y es necesario modificarlo. Con ese objetivo se han sucedido, a lo largo de estos años, reuniones sectoriales, reuniones con las autoridades públicas, proyectos de ley y, desde luego, un sinnúmero de declaraciones públicas. En todos los casos, las autoridades manifiestan que es su deseo que se concrete el más rápido y amplio respecto a la propiedad y a los derechos de las partes; pero simultáneamente se realizan actos de gobierno que expresamente desmienten esas manifestaciones.

Las consecuencias concretas no se hicieron esperar y, desde el año 2005 hasta el presente el mercado de semillas ha registrado turbulencias perniciosas. Concretamente, en la actualidad, los efectos que se observan son los siguientes: Los titulares de patentes sobre eventos genéticos registrados en otros país, han dejado de otorgar licencias para su utilización en Argentina. No sucede lo mismo con otros países de la región, por ejemplo Brasil, que recibe actualmente todos los nuevos eventos de los cuales los semilleros deseen obtener licencia.

• Se han dejado de pagar RREE por productores que habían aceptado libremente incorporarse al sistema.

• Han comenzado a disminuir las inversiones en ID en el sector.

• Se ha comenzado a registrar un envejecimiento en las variedades de semilla de soja que se comercializan y que los agricultores utilizan en su producción.

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La consecuencia final de todo lo señalado es la reducción de la competitividad del sector respecto a otros competidores mundiales y la reducción de la rentabilidad del agro.

10. Conclusión, tango y final La República Argentina ha oscilado, a lo largo de sus casi dos siglos de vida independiente, entre ser un país con una estructura económica esencialmente agro-exportadora, a tener procesos de incipiente industrialización sustitutiva de importaciones.

En la década de los años noventa, por imperio del quiebre del sistema anterior y cierto convencimiento de los gobernantes, el país experimentó un proceso de fuerte inversión productiva y actualización de su infraestructura de base, en un marco de defensa de la libertad de mercado, la propiedad privada y la búsqueda de eficiencia en todos los sectores. En este contexto se definieron las bases y se comenzó a construir el crecimiento del sector biotecnológico aplicado al agro, que permitió que Argentina sea en la actualidad usuario habitual de eventos genéticos de primera línea y país de punta en la producción de soja.

A estos hechos se suma una circunstancia fortuita de consecuencia favorables, pero que es inmanejable por ser sólo un dato de la realidad: el precio sostenido y en constante aumento de la soja en los mercados internacionales, que se registra desde hace más de un lustro. Pero a la suerte hay que ayudarla, y esto es casualmente lo que el Gobierno de Argentina no está haciendo.

Por tanto, a menos que se produzca un rápido y drástico cambio de rumbo en las medidas de política económica que impactan en el sector agropecuario y se retorne al respeto de los derechos de propiedad intelectual, profundizando en él, aún más, por modificación del marco legal descrito en este trabajo,

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que es el que rige en la actualidad, ni las condiciones geográficas, ni los precios internacionales, ni la demanda sostenida de soja evitarán la debacle del sistema. Las consecuencias alcanzarán a las empresas obtentoras que reducirán sus utilidades por falta de inversión, a los productores por disminución en la productividad y en las rentas obtenidas, y hasta al mismo Estado, por caída en la recaudación por derechos de exportación.

Es, en fin, un escenario en el que todos los actores pierden, y por tanto el país pierde.

Quiera el Señor iluminar la inteligencia de nuestros gobernantes, para que se prioricen la defensa de los derechos individuales y el respeto de la reglas del mercado, en lugar de declamar y ejecutar políticas públicas populistas de corto plazo, que benefician a un pequeño sector particular y perjudican a toda la sociedad en conjunto.