La Ciudad Sostenible

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LA CIUDAD SOSTENIBLE Dependencia ecológica y relaciones regionales.

Un estudio de caso en el área metropolitana de Medellín, Colombia Luis Carlos Agudelo Patiño Ingeniero Forestal Ph.D. / Profesor Asociado / Facultad de Arquitectura Escuela de Planeación Urbano-Regional / Universidad Nacional de Colombia / Sede Medellín

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FACULTAD DE ARQUITECTURA &4$6&-" %& 1-"/&"$*¦/ 63#"/0 3&(*0/"-

Rector General Moisés Wassermann Lerner Vicerrectora General Beatriz Sánchez Herrera Vicerrectora Académica Natalia Ruiz Rodgers Vicerrector sede Medellín Óscar Almario García Decano Facultad de Arquitectura Juan Carlos Ochoa Botero Vicedecano Juan David Chávez Giraldo Director de Bienestar Aurelio Arango Sierra Secretaria de Facultad Gloria Patricia Sánchez Aristizábal Director de Unidad de Investigación y Extensión Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruiz Área Curricular de Arquitectura y Urbanismo Ader Augusto García Cardona Directora Área Curricular de Artes Edith Arbeláez Jaramillo Área Curricular de Tecnología y Construcción Julio César Sánchez Henao

Comité Editorial Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruiz / Director Unidad de Investigación y Extensión Pedro Ignacio Torres Arismendi / Director Escuela de Arquitectura Marta Lucía Ramírez Uribe / Directora Escuela de Artes Román Botero Restrepo / Director Escuela de Construcción Édgar Arroyo Castro / Director Escuela de Medios de Representación María Cecilia Múnera López / Directora Escuela del Hábitat Análida de la Cruz Rincón Patiño / Directora Escuela de Planeación Urbano-Regional

Carátula Diseño: Carlos Eduardo López Piedrahíta Ilustración: Leidy Johana Correa, Arq. Diagramación: Isabel Sandoval Línea Investigaciones ISBN: 978-958-44-1077-1 Primera edición, 2010 Preparación editorial e impresión Editorial Universidad Nacional de Colombia Luis Ignacio Aguilar Zambrano, Director direditorial@unal.edu.co Bogotá, D.C., Colombia Tiraje: 500 ejemplares

Todas las imágenes (fotografías e ilustraciones) pertenecen al autor, excepto las imágenes que corresponden al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual ha autorizado su uso en esta publicación.

Director Escuela de Arquitectura Pedro Ignacio Torres Arismendi

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia Agudelo Patiño, Luis Carlos, 1968La ciudad sostenible : dependencia ecológica y relaciones regionales : un estudio de caso en el área metropolitana de Medellín, Colombia / Luis Carlos Agudelo Patiño.

– Medellín : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Arquitectura. 2010 198 p. : il. -- (Línea Investigaciones) ISBN : 978-958-44-1077-1

1.

Urbanismo 2. Huella ecológica 3. Sostenibilidad urbana 4. Ordenamiento territorial – Medellín – Antioquia – Colombia I. Tít. II. Serie CDD-21 711.40986126 / 2010

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Directora Escuela de Artes Marta Lucía Ramírez Uribe Director Escuela de Construcción Román Botero Restrepo Director Escuela de Medios de Representación Édgar Arroyo Castro Directora Escuela del Hábitat María Cecilia Múnera López

Material Educativo para ser divulgado con fines académicos.

El contenido total de esta publicación pertenece a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Todas sus partes pueden reproducirse, almacenarse o transmitirse de cualquier forma por todos los medios, sean estos electrónicos, químicos, ópticos, de grabación o de fotocopia, sin autorización por parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, reconociendo los créditos respectivos a la institución y al autor.

La Universidad no se pronuncia, ni expresa implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

Directora Escuela de Planeación Urbano-Regional Análida de la Cruz Rincón Patiño Asistente Administrativa Ana María Rodríguez Rangel Director Oficina de Comunicaciones Carlos Eduardo López Piedrahíta

Esta edición de Línea de Investigaciones es una publicación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín, Grupo de Investigación Dinámicas Urbano Regionales, Escuela de Planeación Urbano-Regional.

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Agradecimientos Deseo expresar mis más sinceros agradecimientos, por su decidida contribución a que este trabajo culminara, a las siguientes personas y entidades: Al profesor José Luis Miralles i García, tutor de la investigación que dio origen a este libro.

A la Universidad Politécnica de Valencia (España).

A la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, Escuela de Planeación Urbano-Regional.

Al profesor Peter Ch. Brand, de la Escuela de Planeación Urbano-Regional, especial animador del cumplimiento de esta tarea.

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Dedico A mis padres: acreedores excepcionales

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CONTENIDO

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PRÓLOGO

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RESUMEN

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ABSTRACT

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INTRODUCCIÓN

31 CAPÍTULO 1 CONSIDERACIONES TEÓRICAS

31 1.1 Desarrollo sostenible y sostenibilidad

31 1.1.1 Origen y evolución del concepto de desarrollo

sostenible (DS)

43 1.1.2 Desarrollo sostenible local

48 1.2 Sostenibilidad ecológica

54 1.3. Sostenibilidad urbana

57 1.3.1 Dos enfoques de la sostenibilidad urbana.

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63

64

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CAPÍTULO 2 Indicadores de Sostenibilidad. Estado del Arte 2. 1 Evolución del tema 2.1.1 Indicadores presión-estado-respuesta (P-E-R) 2.1.2 Indicadores de fuerza motriz-estado-respuesta (F-E-R).

2.1.3 Indicadores por temas y subtemas 2.1.4 Indicadores de modelo-flujo-calidad 2.1.5 Indicadores agregativos

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72 72

2.1.6 Indicadores agrupados por familias 2.1.7 Indicadores de espacio ecológico

79 capÍtulo 3 Área de estudio: Medellín y el Área Metropolitana

79 3.1 El valle geográfico del río Aburrá o Medellín

82 3.2 Población y economía: la sociedad metropolitana

de Medellín

87 CAPÍTULO 4 URBANIZACIÓN, RURALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA

88 4.1 Sinopsis de la geografía de Colombia

95 4.2 Urbanización y ruralización en Colombia

97 4.2.1 Densidad demográfica

102 4.3 Índices de población urbana (IPU) e índice de población

rural (IPR)

106 4.4 Ordenación territorial en Colombia

107 4.4.1 La LOOT o el destiempo entre la urgencia normativa

y la realidad social

108 a) Los territorios indígenas y las tierras de comunidades negras

109 b) El control político y militar estatal del territorio nacional

109 c) Nuevas formas de integración territorial: el ascenso

de las provincias y regiones

110 4.4.2 La Ley 388 y su aporte a la ordenación territorial

en Colombia

116 4.4.3 El aporte de los POT al desarrollo sostenible.

118 a) La definición y los tratamientos de las zonas de riesgo:

involucrando variables del medio físico-natural (amenazas)

y variables socioeconómicas y culturales (vulnerabilidad).

118 b) La definición y tratamientos de zonas de protección

y conservación de la naturaleza: tanto áreas nuevas como

aquellas señaladas por las CAR, por el Ministerio del Medio

Ambiente y por ONG.

119 c) La planificación del crecimiento urbano (residencial,

industrial y de servicios) a partir de la posibilidad de prestar

servicios públicos. Los abastecimientos de agua, de energía

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y de vertederos de desechos, como limitantes de la capacidad de acogida del territorio

123 CAPÍTULO 5 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN EL VALLE DE ABURRÁ

124 5.1 Indicadores de modelo-flujo y calidad (M-F-C)

124 5.1.1 Resultados de la Aplicación M-F-C

125 a) Indicadores metropolitanos de sostenibilidad urbana. M-F-C

144 5.2 Indicadores de dependencia ecológica

145 5.2.1 Cálculo de los indicadores de espacio ecológico.

150 a) Planetoide personal

152 b) Distribución social de la huella ecológica

154 c) Dependencia ecológica de los alimentos.

155 d) Madera y sumideros de carbono.

157 e) Dependencia ecológica del abastecimiento de agua

y energía eléctrica

160 f) Ecosistemas estratégicos: ¿Dónde “pisa” la huella ecológica?

162 Transporte y depuración de contaminantes líquidos

o en solución, domésticos e industriales.

162 Fijación de carbono y de gases de invernadero CO2 y CO

163 Regulación hidrológica

163 Seguridad alimentaria

164 Provisión de bellezas escénicas y paisajísticas como

oportunidades recreativas

167

167

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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES 6.1 Evaluación de la sostenibilidad ecológica 6.2 Indicadores de sostenibilidad y ordenación territorial 6.3 Ordenación territorial y sostenibilidad urbana en Colombia

BIBLIOGRAFÍA ÍNDICE ANALÍTICO ÍNDICE ONOMÁSTICO

183 191 194

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LISTA DE TABLAS

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42 Tabla 1.1 Resumen del Plan de Acción de Johannesburgo.

66 Tabla 2.1 Indicadores de DS de México. Ejemplo del modelo P-E-R

69 Tabla 2.2 Marco de indicadores por tema

76 Tabla 2.3 Sistema de indicadores ambientales urbanos.

MMA (2000)

83 Tabla 3.1 Área y población de cada municipio del valle de Aburrá

84 Tabla 3.2 Índices de población urbana y población rural en el valle de Aburrá

85 Tabla 3.3 Distribución de los ingresos por estrato

90 Tabla 4.1 Evolución del porcentaje urbano entre 1964 y 1993

97 Tabla 4.2 Distribución de la población urbana del país capitales de Departamento

98 Tabla 4.3.a Evolución de la densidad de población por departamentos (1938 a 1993)

98 Tabla 4.3. b Primeras diez densidades entre 1939 y 1954

98 Tabla 4.3.c Primeras diez densidades entre 1964 y 1971

98 Tabla 4.3.d Primeras diez densidades entre 1985 y 1993 100 Tabla 4.4.a Evolución del porcentaje urbano en cada departamento (1965 a 1993) 100 Tabla 4.4. b Los diez mayores porcentajes urbanos entre 1965 y 1973 100 Tabla 4.4. c Los diez mayores porcentajes urbanos entre 1985 y 1993 102 Tabla 4.5 Evolución del IPU entre 1964 y 1993.

104 Tabla 4.6 IPR entre 1964 y 1993

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112 Tabla 4.7 124 Tabla 5.1

126 Tabla 5.2

127 Tabla 5.3 145 Tabla 5.4

147 Tabla 5.5

147 Tabla 5.6 148 Tabla 5.7

151 Tabla 5.8

153 Tabla 5.10 153 Tabla 5.11

153 Tabla 5.12

155 Tabla 5.13 155 Tabla 5.14

156 Tabla 5.15 159 Tabla 5.16

160 Tabla 5.17 165 Tabla 5.18

Ventajas y desventajas del proceso “celular” de OT Resumen de los indicadores aplicados en cada categoría Hoja metodológica propuesta para la aplicación de indicadores Comparación planetoide personal de cada estrato socioeconómico Comparación entre categorías de usos del suelo/mar en cinco estudios de huella ecológica Matriz de cálculo aplicada a la provincia de Málaga La huella ecológica de un canadiense promedio, en hectáreas por persona Planetoide personal de un aburraense de estrato 2 y capacidad de carga Local Planetoide personal ponderado Población (2003), ingresos (1997) y planetoide personal ajustado Huella ecológica ajustada y comparación de planetoide personal Planetoide personal para abastecimiento de alimentos Comparación entre componente de huella ecológica de alimentos de cuatro estudios de caso Volumen de emisiones de CO2 por tipo de actividad Características de los embalses que abastecen de agua e hidroenergía en el valle de Aburrá Resumen de los resultados Servicios ecosistémicos principales y ecosistemas estratégicos asociados

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LISTA DE FIGURAS

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47 Figura 1.1.a. Las “sostenibilidades” y la sostenibilidad integral

48 Figura 1.1.b. St = Secol+Ssocial+Secon

49 Figura 1.2 Curva de crecimiento logístico

50 Figura 1.3 Capacidad de carga K, rendimiento sostenido –P y ciclo extractivo (tn tn+1)

56 Figura 1.4 Esquema de sostenibilidades que convergen en la sostenibilidad urbana (SU)

56 Figura 1.5 Megatemas de sostenibilidad urbana

56 Figura 1.6 Los temas sociales urbanos en clave de sostenibilidad

57 Figura 1.7 La lógica centro periferia global, aplicada a la ciudad latinoamericana

58 Figura 1.8 El metabolismo de las ciudades

61 Figura 1.9 Ilustración de la ley del mínimo de Liebig. F1, F2 … factores diversos; FL: factor limitante

65 Figura 2.1 Marco ordenador

65 Figura 2.2 P.E.R.

73 Figura 2.3 Marco ordenador por familias IRDS. Chile

77 Figura 2.4 Estructura del SIAU (Minambiente, Colombia)

79 Figura 3.1.a Localización de Colombia en América

79 Figura 3.1.b Localización de Colombia en Suramérica

80 Figura 3.1.c Localización cordillerana del área de estudio

80 Figura 3.2 Red Urbana del Centro de Antioquia.

83 Figura 3.3 Área Urbana y Rural en el valle de Aburrá

83 Figura 3.4 Distribución de la población total por municipio

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83 Figura 3.5 Evolución de la talla demográfica de Medellín respecto al departamento

84 Figura 3.6 Distribución de la población urbana por municipio

84 Figura 3.7 Distribución porcentual de la población rural en el valle de Aburrá

85 Figura 3.8 Distribución de la población por estrato predominante en Medellín. (Plano base: Planeación Municipal Medellín

85 Figura 3.9 Distribución socioeconómica de la población en el valle de Aburrá (2003)

86 Figura 3.10 Ingresos anuales para una familia media de cada estrato socioeconómico

89 Figura 4.1.a Colombia

89 Figura 4.1.b El oso andino y la palma de cera, símbolos de la biodiversidad colombiana

89 Figura 4.2 Relieve Colombiano

90 Figura 4.3 Comportamiento general del porcentaje urbano en el país en el periodo 1938 a 1993

91 Figuras 4.4.a y b. Visión del clima

93 Figura 4.5 Regiones naturales y principales ríos de Colombia

94 Figura 4.6 Localización de grupos indígenas en Colombia

95 Figura 4.7 Organización urbano-regional en Colombia

96 Figura 4.8 Ilustración del modelo territorial actual en Colombia 125 Figura 5.1 Ejemplo de los libros de Excel, base de datos 126 Figura 5.2 Estructura general de las hojas de cálculo, base de datos 151 Figura 5.3 Distribución del planetoide personal por usos del suelo, considerando el consumo de alimentos de una persona de estrato 2 152 Figura 5.4 Distribución de la K local entre los usos del suelo 152 Figura 5.5 Distribución de los usos del suelo para el planetoide personal ponderado

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LISTA DE MAPAS

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99 Mapa 4.1

99 Mapa 4.2

99 Mapa 4.3

99 Mapa 4.4 101 Mapa 4.5

101 Mapa 4.6

101 Mapa 4.7

101 Mapa 4.8

103 Mapa 4.9 103 Mapa 4.10 103 Mapa 4.11 104 Mapa 4.12 105 Mapa 4.13 105 Mapa 4.14 105 Mapa 4.15 105 Mapa 4.16 154 Mapa 5.1

166 Mapa 5.2

Densidad por departamento en 1964 Densidad por departamento en 1973 Densidad por departamento en 1985 Densidad por departamento en 1993 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1964 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1973 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1985 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1993 IPU por departamento en 1964 IPU por departamento en 1973 IPU por departamento en 1985 IPU por departamento en 1993 IPR por departamento en 1964 IPR por departamento en 1973 IPR por departamento en 1985 IPR por departamento en 1993 Equivalencia de planetoide personal en diferentes países con la estratificación socioeconómica en Medellín Ecosistemas estratégicos para el valle de Aburrá: ecorregión urbana: 1. regulación hídrica, 2. depuración de efluentes líquidos, 3. sumidero de carbono, 4. seguridad alimentaria, 5. bellezas y singularidades estéticas y paisajísticas como oportunidades recreativas

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LISTA DE FOTOGRAFÍAS

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Fotografía 3.1 Visión de la topografía y la forma del valle Fotografías 3.2.a y b Urbanización en las vertientes oriental (izq.) y occidental (der.) del valle de Aburrá Fotografías 3.3.a y b. Aspectos de la urbanización de la porción central del valle de Aburrá en Medellín Fotografías 3.4.a y b Utilización del río al norte del valle Fotografía 3.5 Aspectos del patrón de ocupación del territorio: urbanización en el fondo del valle y las laderas y vegetación natural, cultivos y pastos hacia las cimas cordilleranas Fotografías 3.6.a, b, c, d, Contraste entre sectores urbanos en Medellín

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PRÓLOGO Estimado lector, no me resulta fácil prologar este texto. Se mezclan en mí los sentimientos del técnico y del científico satisfecho por un trabajo que considero de valor, y los sentimientos de la persona que tan solo quiere vivir y ayudar a que los demás, la gente de buena voluntad, pueda seguir viviendo en un mundo que debemos trasladar a las generaciones futuras, y me resulta muy difícil separar ambos sentires.

fuerza de utilizarse banalmente, dejan de tener sentido y significado. Sin embargo, el investigador consciente sabe que el reto de la sostenibilidad de cada lugar no es pueril, ni tampoco es el producto de elucubraciones más o menos teóricas. La sostenibilidad es un reto real que afecta a cada lugar del mundo, y es un reto global porque todos los lugares del mundo se encuentran afectados, en mayor o menor medida, por este reto.

En sus manos el lector tiene a la vez un instrumento técnico y una aportación a la esperanza. Es el fruto de un gran esfuerzo, y me enorgullece haber participado en él con mis sugerencias a su autor, quien nunca escatimó esfuerzos, y hoy esos esfuerzos tienen como fruto una excelente aportación al conocimiento y al desarrollo de instrumentos operativos concretos de urbanismo y ordenación del territorio para una real sostenibilidad territorial.

La investigación que se presenta en este libro aborda con rigor la cuestión de la sostenibilidad territorial. Desde su planteamiento conceptual hasta el desarrollo de técnicas e instrumentos operativos que permitan a la sociedad enfrentar de manera coherente los problemas, primer paso ineludible para resolverlos. En este proceso el autor no se ha limitado en sus esfuerzos: ha adquirido conocimiento, formación e información a su paso por el máster de Planificación Territorial, Medioambiental y Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia (España), y en las estancias y contactos que ha mantenido con los diversos investigadores de distintos países, que trabajan con mayor rigor la cuestión de la sostenibilidad territorial.

La sostenibilidad… esa extraña palabra que tanto se utiliza, aunque no siempre con el rigor científico y técnico que sería deseable. Todos somos conscientes de que, a veces, las palabras, a

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El autor comienza con una rigurosa aproximación al concepto de sostenibilidad y las distintas visiones del mismo. Esto permite la definición clara de conceptos básicos. Continúa con el estudio de los indicadores de sostenibilidad existentes y su análisis. Selecciona los de mayor valor significativo: indicadores de modelo flujo y calidad (M-F-C) y los indicadores de dependencia ecológica. Los aplica a Medellín y su área metropolitana como área de estudio elegida. Y finalmente llega a la identificación de los ecosistemas estratégicos y la ecorregión como elementos esenciales concretos para garantizar la sostenibilidad territorial, culminando así un proceso metodológico riguroso y operativo para una ordenación del territorio que garantice sostenibilidad desde el uso del territorio.

En este proceso, la aplicación de los indicadores de la huella ecológica y el método de aptitud territorial para la identificación objetiva y justificada de las áreas que ejercen esa función clave en el territorio como ecosistemas estratégicos genera un producto metodológico que nos permite conclusiones precisas y concretas para la consecución de la sostenibilidad territorial.

Es el resultado de la búsqueda sistemática de instrumentos y métodos útiles en el proceso de definición operativa de la sostenibilidad, y esto en un campo del conocimiento relativa-

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mente reciente, donde convive una gran diversidad de planteamientos, visiones y propuestas extraordinariamente heterogéneas y surgidas en realidades tan distintas como pueden ser la europea, la canadiense, la colombiana y la latinoamericana en general. Todo ha exigido un análisis sistemático para identificar los mejores indicadores adecuados a la realidad colombiana.

El trabajo de investigación desarrollado por el autor ha sido de gran magnitud, denso, y, a menudo, difícil por las distancias, los viajes, la toma de datos, la constrastación con otros autores…, pero es de esos esfuerzos que quedan plenamente justificados en su resultado. Culminó con la defensa, en junio de 2004, de la tesis doctoral desarrollada por el autor, Evaluación de la sostenibilidad ecológica del Área Metropolitana de Medellín (Colombia), y de dicho trabajo surge la presente publicación.

Sin duda será un referente de esfuerzo, coherencia, investigación e innovación, y espero que sirva para que más personas continúen por la senda dibujada en este trabajo que nunca será una senda de punto final.

José Luis Miralles i García Profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Valencia (España).

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RESUMEN El tema objeto del libro es el estudio de la sostenibilidad ecológica de un área metropolitana en Latinoamérica: el área metropolitana de Medellín, Colombia, que agrupa a diez municipios con diferente grado de conurbación, y en donde viven cerca de tres millones de personas, alrededor del 7,5% de la población total del país.

La investigación consistió en demostrar si una metrópoli moderna latinoamericana es sostenible ecológicamente o no, profundizando en la presunción de que su sostenibilidad depende tanto de su propio territorio como de un territorio tributario que le abastece de recursos y le libera de contaminantes, y cuya extensión se incrementa con el tamaño de la urbe. En tal sentido se establecieron las condiciones que permiten la sostenibilidad a partir de determinar la localización ecológica de la ciudad, es decir, cuáles son las relaciones de causalidad recíproca entre el funcionamiento de los sistemas urbanos y los ecosistemas que le dan soporte, bien en forma directa como espacio urbano, o bien indirectamente mediante el suministro de bienes y servicios ambientales: materiales, energía y vertederos de detritos.

El libro hace un aporte metodológico al estudio de la sostenibilidad de la ciudad latinoamericana de ámbitos metropolitanos a partir de un postulado básico: la sostenibilidad ecológica de la ciudad latinoamericana se vincula a variables de orden social (habitabilidad) y económico (productividad-competitividad), que son a la vez causa y efecto del deterioro ecológico y de la crisis de gobernabilidad que padecen estos centros urbanos.

Estas variables fueron identificadas y medidas a través de indicadores de sostenibilidad.

Para la evaluación de la sostenibilidad ecológica se utilizaron indicadores de consumo de recursos naturales y de producción de desechos, emparentados con la huella ecológica y el planetoide personal. También se aplicaron indicadores de modelo-flujo-calidad para conocer la situación ambiental de la ciudad, que resultaron útiles y posibles de adoptar en la región, dada la información que requieren y por la posibilidad de monitorear su evolución año tras año, aunque no permitieron concluir sobre la sostenibilidad más allá de ver temas críticos.

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Los indicadores de sostenibilidad ecológica se calcularon sobre la base del planetoide personal, cuyos valores se ponderaron de acuerdo con los niveles medios de ingresos de la población, que determinan, de menor a mayor ingreso, los seis estratos en que se divide la ciudad. Lo anterior permitió establecer las similitudes con los niveles medios de consumo de naturaleza de otras ciudades y naciones del mundo, expresados como planetoide personal.

La comparación de resultados de distribución social (por estratos) de la huella ecológica muestra “las ciudades” que conviven en el espacio metropolitano de Medellín. Las mayores corresponden a los más ricos, son del orden de 3,8 ha per cápita, y se aproximan a los promedios nacionales de Polonia e Italia. Los más pobres (estrato 1) muestran valores de planetoide personal similares a los resultados de Indonesia, y menores que los datos de Perú y Filipinas. También, el valor de huella ecológica para el estrato 2 que predomina en Colombia, coincide con los datos de Nigeria y con el promedio nacional del país.

En conjunto, la huella ecológica de la población y la economía metropolitana es de 54.596,237 km2, equivale a 47,40 veces el área del valle geográfico que es de 1.152 km2, o al 85,82% del área total del departamento de Antioquia, que tiene una exten-

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sión de 63.612 km2. Se acepta un planetoide personal de 2,316 ha como promedio ponderado, un valor cercano al promedio mundial.

Con estos datos se pudo concluir con certeza que la concentración metropolitana no es sostenible ecológicamente si se entiende el sistema ecológico de soporte restringido al valle geográfico. En conjunto, la dependencia ecológica es del 99,99%; la capacidad de carga del valle de Aburrá apenas alcanza a abastecer una parte mínima de los requerimientos alimentarios, una pequeña porción del consumo de agua y, asociado a esta, una porción reducida de los bosques de protección de las cuencas hidrográficas implicadas. Las coberturas boscosas actuales y las iniciativas de reforestación en marcha conseguirán aumentar la capacidad de carga del valle en el balance emisiones/coberturas, que por ahora tiene un déficit ecológico mayor al 98%.

En síntesis, la ciudad “importa” su sostenibilidad de una ecorregión que contiene a la propia ciudad y a los ecosistemas estratégicos; es allí donde “pisa” la huella ecológica. Para delimitar esta región tributaria, una vez medida la dependencia ecológica, se elaboró el listado de los servicios ecosistémicos y ecosistemas que los proveen, en principio las áreas desde las cuales se “importa” la sostenibilidad ecológica.

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ABSTRACT THE SUSTAINABLE CITY Ecological Dependence and Regional Relationships.

A Case of Study in the Medellín Metropolitan Area The topic of this book is the study of the ecological sustainability of a Latin American metropolis, specifically the metropolitan area of Medellín, Colombia, which is conformed by ten municipalities with different degrees of conurbation and approximately three million inhabitants, 7.5% of the country’s total population.

The research aim was to demonstrate whether a modern Latin American metropolis is ecologically sustainable or not. The notion of sustainability was related to both the directly occupied territory and the surrounding region which supplies the metropolis with natural resources and absorbs waste material, and whose extension is proportional to city size. The conditions of sustainability were explored on the basis of ecological location, or the relations of reciprocal causality between urban systems and their ecological support systems, either directly in the sense

of urban space or indirectly through the supply of environmental goods and services: materials, energy and waste absorption.

The book makes a methodological contribution to the study of the ecological sustainability of Latin American city at a metropolitan scale, by postulating that ecological sustainability is also dependent upon social (habitability) and economic (productivity-competitiveness) variables, which in turn are both cause and effect of ecological deterioration and the governability crisis which typically affect urban centers in Latin America. These variables were identified and incorporated into sustainability indicators.

The evaluation of ecological sustainability was undertaken using indicators of natural resource consumption and waste production, together with the measurement of the city’s eco23

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logical footprint and personal planetoid. Indicators of ModelFlow Quality where also constructed in order to describe the environmental situation of the city. These were useful additions to the overall analysis, were relatively easily adapted to the region given their manageable information requirements, and are flexible monitoring tools. However, they are useful in the sense of highlighting critical issues rather than allowing any firm conclusions to be drawn on sustainability.

Indicators of ecological sustainability were calculated on the basis of personal planetoid, whose values were calculated in accordance with the average income of each of the six socioeconomic groups into which the city is divided. On this basis, analyses were undertaken of the different ‘cities’ which share the same metropolitan space and comparison made with average nature consumption levels of other cities and countries.

In this sense, the wealthiest socioeconomic group (stratum 6) had an ecological footprint of 3.8 hectares per capita, similar to the average of Poland and Italy.

The poorest socioeconomic group (stratum 1) showed results similar to the average personal planetoid of Indonesia and inferior to that of countries such as Peru and the Philippines. The value of the ecological footprint for stratum 2, the most numerous socioeconomic group in Colombia, is the same as Nigeria and the Colombian national average taken together, the ecolo-

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gical footprint of the metropolitan population and economy is 54.596.237 km2, equivalent to 47.4 times the geographic area of the metropolis (1,152 km2) and 85.82% of the total area of the Department of Antioquia (63.61 km2). The weighted average personal planetoid of 2.316 is close to the world average.

On the basis of these data it may be concluded that metropolitan concentration is not ecologically sustainable if one considers the ecological support system in terms of the restricted area of the metropolitan valley itself, where ecological dependency is 99.99%. The carrying capacity of the Aburrá valley accounts for a miniscule part of food requirements, a small proportion of water consumption and, associated with this, a low percentage of woodlands for water systems protection. Actual woodlands and reforestation currently being carried out will improve only slightly the carrying capacity of the Aburrá valley in terms of the emissions/absorption balance which currently shows a deficit of 98%.

In synthesis, the city “imports” its sustainability from a much wider region and the strategic ecosystems it contains. It is there that the ecological footprint of Medellín is stamped. Once ecological dependency had been established, the delimitation of this region was made on the basis of ecosystem services and the ecosystems that provide them, thereby establishing the ‘import area’ of Medellín’s sustainability.

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INTRODUCCIÓN Persiste hoy en día una ambigüedad entre la planificación y la gestión en áreas urbanas y rurales, alimentada entre otras por una visión que, desde la planificación urbana clásica, ha separado estos dos espacios. Tal ambigüedad ha derivado en una cultura ciudadana que desconoce la realidad ecológica de su propio entorno, y aún más, la de las zonas rurales, gracias a las cuales es posible mantener ciertos estándares de bienestar en las urbes, al menos para una parte de la población.

Existe también una cierta ausencia de métodos y técnicas que permitan abordar la planificación conjunta de las ciudades y su entorno inmediato. En Colombia, los intentos recientes de la ordenación del territorio se han concretado, en los mejores casos, en planes de uso del suelo que consideran lo rural como una sola unidad, que termina en donde comienza el suelo urbano, sin dar paso a categorías intermedias que podrían describir mejor el fenómeno de expansión difusa de la urbanización.

Estas situaciones son comunes en los grandes centros urbanos latinoamericanos: el bienestar propio de la vida urbana moder-

na se concentra en sectores sociales que representan una minoría. La ocupación de suelo urbanizable y no urbanizable con construcciones espontáneas crea sectores urbanos en los que los problemas ambientales y sociales multiplican sus efectos sobre la salud y la seguridad de los habitantes, efectos que terminan extendiéndose por todo el espacio urbano y a todos los ciudadanos. La síntesis es un conjunto de ciudades en las que, además de la sostenibilidad ecológica, están comprometidas la gobernabilidad, la habitabilidad y la productividad de estas ciudades, resultado lógico ya que se espera que solo sociedades que alcanzan una cierta justicia distributiva pueden contar con territorios equilibrados, sostenibles.

En Colombia se verifican estas situaciones. También la gestión ambiental urbana, pese a haber incorporado recientemente temas sociales como la vivienda, mantiene en la legislación la separación clásica entre la gestión ambiental urbana y rural.

La Ley 99 de 1993, que en Colombia creó el Ministerio del Medio Ambiente y le dio vida a las Corporaciones Regionales, mantiene la separación urbano-rural, al diferenciar las entida25

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des responsables de la gestión ambiental urbana (autoridades ambientales urbanas) y rural (Corporaciones Autónomas Regionales) cuando se trata de ciudades con más de 100.000 habitantes, precisamente las que exhiben una mayor presión sobre los ecosistemas locales y una creciente dependencia de los entornos rurales vecinos.

El concepto central que rige este libro es la sostenibilidad urbana, analizada desde dos enfoques principales: uno que se ocupa de los problemas ambientales generados en la ciudad y los describe a través de indicadores de estado de los recursos naturales y probables efectos sobre la población, y otro que retoma los planteamientos del biorregionalismo para evaluar la dependencia ecológica de la metrópoli en estudio: su región tributaria, su huella ecológica y los ecosistemas estratégicos localizados en su área de influencia.

Lo anterior corresponde a dos perspectivas actuales del análisis ambiental urbano. La primera se materializa en lo que se denomina “buenas prácticas”, y está dirigida a resolver los problemas clásicos de la contaminación, la movilidad y el consumo, mediante un conjunto de medidas remediales que comprometen inversión pública y cambios de actitud de la población.

Las buenas prácticas se ocupan de los problemas ambientales urbanos ya convencionales en los centros urbanos del mundo y naturalmente en las grandes aglomeraciones urbanas de Latinoamérica. Este enfoque ha venido integrando temáticas como la vivienda, el empleo y la seguridad ciudadana.

La segunda perspectiva, más novedosa e integradora de las relaciones ciudad-región o ciudad-territorio, se fundamenta en los postulados del biorregionalismo: una corriente ecológica del análisis regional, encargada de describir el impacto que el funcionamiento urbano (metropolitano) tiene sobre un espacio determinado por las deseconomías locales que generan las demandas urbanas de bienes y servicios ambientales. A tales territorios se les conoce como ecorregiones. Este trabajo desarrolla y aplica el concepto de ecorregión urbana, y lo propone como un espacio en el cual se debe analizar la sostenibilidad ecológica urbana, en función de la región tributaria que organiza la ciudad.

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Otro de los conceptos guía del trabajo es el de sostenibilidad ecológica. Es indiscutible la ambigüedad propia del concepto de sostenibilidad, específicamente cuando se utiliza como sustantivo adjetivado por el “tipo” de sostenibilidad que se quiere considerar: ecológica, social, económica, etc. Como se demuestra más adelante, se utiliza la sostenibilidad ecológica como concepto principal, aceptando como premisa que para su evaluación deberían considerarse aspectos sociales y económicos, dotando la sostenibilidad de un carácter dialéctico que flexibiliza su aplicación.

Se parte de poner en el centro del análisis a los ecosistemas locales (urbanos-metropolitanos) y regionales, y de aceptar a la población como el principal agente receptor de las consecuencias del estado actual de esos ecosistemas. Respecto a este último aspecto, la población, el trabajo se ocupa cuidadosamente de evaluar las responsabilidades diferenciadas de acuerdo con la intensidad del consumo que, frente a los problemas ambientales urbanos y regionales, tienen diferentes sectores sociales urbanos, ampliando para ese propósito la aplicación del indicador huella ecológica.

Se habla aquí de sostenibilidad en el sentido ecológico del término, es decir, se prescinde en el análisis del concepto de desarrollo entendido como crecimiento económico, y por tanto no se aborda ampliamente el debate en torno al desarrollo sostenible. De acuerdo con Naredo (1997), sostenibilidad y desarrollo son conceptos que obedecen a niveles de abstracción y sistemas de razonamiento diferentes: el primero, ligado al mundo de las ideas de la economía convencional que equipara crecimiento económico y desarrollo, mientras que el segundo se preocupa por la perdurabilidad de los procesos físicos singulares y diversos, vinculado estrechamente a la ecología, que es según este mismo autor, una “economía de la naturaleza”.

Esta ambigüedad origina dos corrientes ideológicas frente a la sostenibilidad: la llamada sostenibilidad débil, de la economía convencional, y la llamada sostenibilidad fuerte de la ecología (Norton, 1992, citado por Naredo, 1998).

Para la ciudad latinoamericana en particular, sostenibilidad y desarrollo son aparentemente inseparables, gracias a que com-

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parten un punto de llegada: el crecimiento económico. Esta idea ampliamente aceptada es una reducción de un problema mucho más complejo que la perspectiva ecológica, en el análisis de la sostenibilidad, pretende abordar dialécticamente. Para eso, acoge los principios modernos de la ciencia ecológica que obligan a considerar al hombre: su economía, sus ciudades, sus relaciones sociales, el uso de los ecosistemas, como parte de la naturaleza.

Se apuesta en síntesis por la utilización de los principios y las leyes de la ecología para evaluar la sostenibilidad en dos ámbitos específicos: el de los ecosistemas (medio ambiente urbano) y el de las relaciones sociales (equidad metropolitana y regional). En esta medida, se discuten temas propios del concepto de desarrollo, sólo que desde la perspectiva del ecodesarrollo.

La aplicación de estos conceptos al área de estudio permite ver vacíos de conocimiento a los que este trabajo quiere aportar.

En primer lugar, no se ha estudiado integralmente, desde el enfoque sistémico, las relaciones urbano-rurales, por lo que no se considera la oferta ambiental actual del territorio sobre el cual se asienta la ciudad. Es por eso que lo rural, en el planeamiento, no pasa de ser un lugar a la espera de la urbanización, y pierde su real dimensión como sustento del bienestar urbano.

Por extensión de esta interpretación, puede afirmarse que no se cuenta con elementos teóricos e instrumentos para establecer el impacto de las concentraciones poblacionales sobre sitios aún muy alejados de las mismas, y tampoco directrices sobre las decisiones en materia de planificación y gestión ambiental urbana, más pertinentes.

Una consecuencia práctica de lo anterior es que, al menos en Colombia, poco se ha dicho sobre las consecuencias ecológicas y sociales que tendrá la creciente disolución de la red de ciudades que caracteriza la organización urbano-regional en Colombia, para dar paso a una macrocefalia que lidera Bogotá.

La pregunta por formular es la siguiente: ¿Cuál es el modelo de organización urbano-regional que conviene a las particularidades biogeográficas del país?

Naturalmente, responder a esta cuestión requerirá esfuerzos de toda una generación de investigadores y políticos. El apor-

te de este trabajo a esta pregunta se centra en establecer los impactos, conceptos y técnicas que ayuden a determinar la magnitud, el tamaño del espacio que una concentración metropolitana organiza, para evaluar su sostenibilidad ecológica.

Esta será, sin duda, una herramienta para plantear formas más equilibradas de organización regional en el país.

Otro tema que no se ha abordado científicamente en las ciudades colombianas es el conocimiento del estado de los ecosistemas sobre los que tiene lugar la ciudad y los procesos de urbanización, aunque se han hecho esfuerzos por monitorear la contaminación y otros temas de saneamiento ambiental y espacio público. No se cuenta con instrumentos técnicos (indicadores) que permitan establecer con certeza los efectos que tal estado de los ecosistemas tienen sobre la salud de la población actual y por extensión, la eficacia de la acción pública y privada en materia de control y prevención del daño ambiental. Este texto se limita en ese campo a explorar y probar un modelo de indicadores de desarrollo sostenible con un marco ordenador novedoso.

En síntesis, el libro gravita en torno al siguiente problema: la gestión ambiental urbana en Colombia no ha considerado la dependencia ecológica que tiene la ciudad de una región tributaria, más amplia que la urbe, que se ha planificado tradicionalmente con los instrumentos y las técnicas propias de la ordenación del territorio. Por tanto, si bien existen problemas ecológicos que tienen su origen en la ciudad, tampoco adecuadamente documentados, otro amplio conjunto de problemas ecológicos originados por la ciudad en el territorio no se han incorporado a la planificación ni a la gestión ambiental urbana.

Unos y otros problemas tienen especificidades en la ciudad latinoamericana, que necesitan ser dilucidadas al momento de analizar su sostenibilidad ecológica.

Es útil insistir en que el problema enunciado se aborda desde la perspectiva de la sostenibilidad ecológica, esencialmente diferenciada del desarrollo sostenible, porque centra su preocupación en el mantenimiento de los procesos ecológicos complejos, es decir, en su viabilidad física dadas unas condiciones sociales y económicas específicas, como indicador de desarro27

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llo, en sentido ético-ambiental (Serrés, 1991) no en sentido económico estrictamente.

miento costosos, contaminantes y crecientemente rechazados por las poblaciones afectadas”.

Lo anterior, porque pese a la extensión del discurso y las iniciativas mundiales vinculadas con la preocupación en torno a la sostenibilidad, el urbanismo se mantiene de cierto modo al margen: las iniciativas de ciudad sostenible y la emergencia de este nuevo paradigma urbano asoman tímidamente en la planificación urbana, y apenas se enuncian en la planificación urbano-regional.

Además de estos principios internacionales, que lógicamente tienen validez en las ciudades latinoamericanas de ámbitos metropolitanos, la investigación de la sostenibilidad ecológica allí debe ocuparse de aspectos específicos de la crisis social urbana, tan determinantes de la habitabilidad y del futuro de estas ciudades, como lo es la crisis ecológica de la contaminación en la ciudad europea.

Ha habido un mayor desarrollo de lo que se conoce como gestión ambiental urbana, consecuencia de los avances de la ecología urbana, atenta a proponer soluciones para los problemas ecológicos de la ciudad. Como consecuencia de lo anterior, se ha llegado a aceptar ampliamente una serie de principios para transitar hacia la ciudad sostenible (García, 2001):

En la perspectiva de la sostenibilidad fuerte, es importante establecer, delimitar y describir la localización ecológica de la ciudad, para vincular a la gestión ambiental nuevos ámbitos de planeamiento, como son los ecosistemas imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad en el tiempo, que es, sin lugar a dudas, el principal hábitat humano de la época. Ya se indicó que la magnitud del territorio del cual la ciudad importa su sostenibilidad, llamado aquí ecorregión, no se tiene en cuenta en los procesos de planificación y gestión, pero resulta imperativo considerarlo si se aspira a la sostenibilidad de la ciudad en el sentido ecológico del término, es decir, asegurar un flujo duradero de bienes y servicios ambientales que aumente la habitabilidad urbana.

ß

“El modelo de ciudad compacta y limitada en su expansión es más eficiente, desde el punto de vista medioambiental, que la dispersión suburbana”.

ß

“La relocalización de determinados procesos productivos básicos (agricultura, generación de energía, industria pesada, servicios comunitarios), es aconsejable”.

ß

“La conservación de los espacios ecológica o agrícolamente productivos que aún existen dentro de los límites urbanos o en su entorno inmediato resulta crucial”.

ß

“La rehabilitación del espacio construido y deteriorado es preferible a la urbanización de nuevos espacios”.

ß

“La pacificación de las calles y el fomento de la proximidad –en combinación con más transporte público y bicicletas– aparecen como la única alternativa viable a la congestión, la contaminación y el ruido producidos por la motorización privada”.

ß

“La minimización del volumen y toxicidad de los residuos (reducción, reutilización, recuperación, reciclaje), se impone lentamente como alternativa a los sistemas de trata-

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Como se dijo previamente, el avance del conocimiento alrededor de la ciudad como proyecto sostenible muestra vacíos de conocimiento en relación con los problemas ecológicos generados por la ciudad, hecho reconocido en el Informe Final del Grupo de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea, titulado “Ciudades europeas sostenibles” (1995), el cual, según Naredo (1997), señala que “el desafío de la sostenibilidad urbana apunta a resolver tanto los problemas experimentados en el seno de las ciudades, como los problemas causados por las ciudades”.

Estos vacíos se manifiestan, entre otros, en la ausencia de instrumentos conceptuales y analíticos para medir la sostenibilidad ecológica urbana: sus determinantes biofísicos y socioeconómicos, la denominación del espacio ecológico que la ciudad apropia y organiza, la caracterización de ecosistemas de los

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que dependen flujos de baja sustituibilidad, su identificación, comprobación y cálculo. De todo esto, interesa conocer lo específico a una ciudad latinoamericana. En torno a estos temas se ubican los aportes originales y novedosos del libro.

Es necesario reconocer que muchas de las cuestiones tratadas como problemas ambientales urbanos tienen una solución tecnológicamente aceptada y conocida. Sin embargo, algunas de estas soluciones constituyen remedios parciales, ya que si bien resuelven la manifestación local e inmediata de los efectos del problema en cuestión, a largo plazo no sólo no afectan las causas estructurales de tales problemas, sino que desencadenan desequilibrios irreversibles; son altamente ineficientes desde el punto de vista energético o exportan los problemas desde la localidad a otros territorios. ¿Cómo se expresan estos asuntos en una ciudad colombiana que sirve de ejemplo a muchas ciudades latinoamericanas?

No se pretende discutir la necesidad de la aplicación de la tecnología a los procesos de saneamiento, recuperación y protección ambiental, que tanto ha costado incorporar a la gestión ambiental moderna. Lo que se hace en este trabajo es ampliar el marco analítico, recurriendo a leyes ecológicas como soporte teórico, y contando con el carácter dialéctico del conocimiento, como principio filosófico.

La investigación que dio origen a esta publicación partió de unas preguntas que ilustran la discusión presentada en los párrafos anteriores: ¿Es sostenible la ciudad moderna? ¿Cómo abordar esta pregunta en la ciudad latinoamericana? En otros términos, ¿la biosfera puede soportar las concentraciones actuales de población en ciudades, con los niveles de consumo, y las tasas y los volúmenes de generación de desechos tan ampliamente conocidos?

Sin embargo, ¿por qué preguntar a la ciudad por una cuestión crucial para toda la especie y todos los territorios en el planeta?

Una razón es que a comienzos de este siglo se ha estimado que por lo menos la mitad de la población vive en áreas urbanas, y esta tendencia parece no tener freno. También se ha demostrado que es en las ciudades donde se produce el mayor volumen de riqueza económica y cultural, la mayor cantidad

de consumo de materiales y energía y, por la misma razón, se generan ingentes volúmenes de detritos.

Es muy improbable que el ser humano, en alguna época cercana de la historia, alcance a construir refugios tan formidables como las ciudades. Es preciso por esto juzgar, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, cuáles son las relaciones de causalidad recíproca entre el funcionamiento de los sistemas urbanos y los ecosistemas que le dan soporte, bien en forma directa como espacio urbano, o bien indirectamente mediante el suministro de bienes y servicios ambientales: materiales, energía y vertederos de detritos. Es decir, sostenibilidad ecológica urbana.

En toda la argumentación traída subyace otra cuestión importante que a primera vista aparece como una contradicción, esta es que si, como se ha demostrado en diversos estudios que se describen más adelante, la “huella” de las ciudades abarca territorios en ocasiones más extensos que el propio país donde se localizan, los nuevos ámbitos para la gestión ambiental urbana estarían, en tales casos, localizados a distancias y en jurisdicciones inverosímiles.

En tal sentido se debe indicar que no se intenta proponer un modelo de planeamiento, por tanto no interesan esos extensos espacios más que como indicadores de sostenibilidad. Los ecosistemas realmente interesantes en la investigación son aquellos que proporcionan bienes y servicios de baja sustituibilidad local, es decir, flujos asociados con los valores de existencia de la naturaleza, junto con los problemas relativos a la distribución de la riqueza y el bienestar, generalmente eludidos por la economía convencional en su versión “global”.

El ámbito geográfico del libro se centra en el estudio de la sostenibilidad ecológica del área metropolitana de Medellín, Colombia, que agrupa a diez municipios con diferente grado de conurbación, y donde viven cerca de tres millones de personas, alrededor del 7,5% de la población total del país, a la fecha.

Se espera hacer un aporte metodológico al estudio de la sostenibilidad de la ciudad latinoamericana de ámbitos metropolitanos, a partir de un postulado básico: la sostenibilidad ecológica de la ciudad latinoamericana, se vincula a variables de orden 29

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social (habitabilidad) y económico (productividad-competitividad), que son a la vez causa y efecto del deterioro ecológico y de la crisis de gobernabilidad que padecen estos centros urbanos. También se profundiza en la presunción de que la sostenibilidad urbana depende tanto de su propio territorio, como de un territorio tributario que le abastece de recursos y le libera de contaminantes, y cuya extensión se incrementa con el tamaño de la urbe.

Se consideró que la evaluación de la sostenibilidad ecológica de la ciudad latinoamericana debe abordar variables que describan la crisis social: causa y efecto del deterioro ambiental y la oportunidad de que la gestión ambiental urbana también tenga en cuenta la dependencia ecológica que la ciudad tiene de un territorio extenso que le abastece y le libera de sus detritos. A partir de allí, la ordenación ambiental del territorio podría utilizar indicadores de sostenibilidad en la delimitación de nuevos ámbitos espaciales vinculados con la sostenibilidad ecológica de la ciudad y para la definición de estrategias que, con el ropaje de la sostenibilidad, se dirijan a mejorar las condiciones de habitabilidad de estas ciudades y a conseguir mayor equilibrio en la organización urbano-regional.

Este libro se organiza en seis capítulos y un anexo. El capítulo 1 contiene todo el soporte teórico del trabajo. El capítulo 2 describe el estado del arte de los indicadores de desarrollo sostenible y la evolución específica de los indicadores de sostenibilidad urbana, para llegar a una clasificación de acuerdo con el marco

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ordenador y el enfoque de sostenibilidad que asumen. De esta clasificación se toman dos modelos-tipo de indicadores que se aplican en el capítulo 5. El capítulo 3 presenta la localización del área de estudio y una sinopsis de aspectos geográficos. El capítulo 4 describe el proceso de urbanización en Colombia, a partir de una serie de cifras y mapas mediante los cuales se discute la afirmación generalizada de que Colombia es un país urbano; de este modo se explica y analiza el sesgo urbano que tiene la Ley de Desarrollo Territorial y las dificultades y los logros de su aplicación en el municipio colombiano, al igual que los retos que enfrenta una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que se discute actualmente. Las cifras y su evolución en el tiempo se integraron en un sistema de información geográfica que permitió la ilustración cartográfica de este capítulo.

El capítulo 5 resume la evaluación de la sostenibilidad ecológica del área de estudio, en dos partes: la primera, dedicada a los indicadores de sostenibilidad urbana, y la segunda, a los indicadores de sostenibilidad ecológica urbana. El capítulo 6 recoge de manera sintética una serie de conclusiones de la investigación que dio lugar al libro.

Adicionalmente se introdujo un índice detallado de gráficos (ilustraciones, fotografías y mapas).

El Anexo contiene la matriz de categorías de consumo y las bases de datos de los indicadores aplicados.

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ciudades, con especial atención a la ciudad latinoamericana y al área de estudio. El capítulo termina con una breve discusión de los dos enfoques considerados, para el estudio de la sostenibilidad urbana, en donde se muestran, entre otros elementos compartidos, al menos un subconjunto de indicadores común a estos dos discursos.

1.1 Desarrollo sostenible y sostenibilidad

CAPÍTULO 1 CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Este capítulo consta de tres acápites en los que se presentan y amplían dos conceptos centrales del trabajo: sostenibilidad ecológica y sostenibilidad urbana, así como un concepto preliminar de indicadores de sostenibilidad. Para llegar a definirlos con claridad, se parte de presentar una diferenciación entre desarrollo sostenible y sostenibilidad, esencial para subrayar lo que se aprecia como el retorno a las ideas ecológicas que están en la base del pensamiento ambiental moderno, pero que han sido sepultadas bajo el peso que en este ha ganado el pensamiento económico neoclásico en los últimos años, con la denominación de desarrollo sostenible.

El segundo acápite presenta las nociones ecológicas básicas que soportan la noción de sostenibilidad, para terminar presentando una definición de sostenibilidad ecológica que tiene como centro de gravedad el funcionamiento de los ecosistemas y como entorno analítico las relaciones económicas y sociales.

La tercera parte del capítulo da una interpretación de los enfoques y temas propios de la sostenibilidad urbana en las grandes

Ante la erosión semántica a que ha sido sometido el concepto “desarrollo sostenible” (DS), definido como la expresión máxima de la convivencia entre los objetivos de la conservación ambiental y el desarrollo (crecimiento) económico, en medio de un debate inacabado, se impone la necesidad de rescatar la sostenibilidad como concepto vinculado con la perpetuación del funcionamiento de los sistemas ecológicos complejos, que dan soporte a todas las formas de vida en el planeta. El propósito de este acápite es señalar diferencias y coincidencias entre el DS y la sostenibilidad.

1.1.1 Origen y evolución del concepto de desarrollo sostenible (DS) Conviene presentar en primer lugar el origen y la evolución del concepto de desarrollo sostenible, el tipo de estrategias globales propuestas por distintos organismos internacionales y plantear el debate teórico actual, a fin de exponer ideas propias al respecto e ir apuntando a lo anunciado como propósito del capítulo: clarificar el concepto de sostenibilidad ecológica, diferenciada del DS. Cronológicamente se ha revisado desde la conferencia de Estocolmo 72, hasta la reciente cumbre de Johannesburgo.

Existe consenso en torno al origen del concepto de DS. Se distinguen claramente dos fases en la evolución de la idea. En la primera, su uso se relaciona con el surgimiento de un movimiento social, producto de la comprensión –por parte de un sector de la sociedad de las naciones desarrolladas–, de los desequilibrios en la biosfera fruto del estilo de desarrollo y el ritmo de crecimiento de la economía, la población y el consu31

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mo humano. En la segunda fase, el DS se plantea como aspiración global y se inserta en el discurso y las políticas oficiales.

La evolución del concepto que se describe en adelante corresponde principalmente a la segunda fase, es decir, a su adopción como discurso y política oficial; este hecho se remonta a principios de los años setenta del siglo pasado. Ya en la conferencia de Cocoyoc (México, 1974) aparece el término DS, retomado luego en el informe Estrategia mundial para la conservación, elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en 1980 (UICN, 1980, citado por Jiménez, 1997) así como en varios informes del Banco Mundial.

La aparición de una idea fuerza que integrara lo que debería ser una preocupación mundial por el deterioro de la biosfera se da como reacción a un movimiento social originado en la década de los sesenta, básicamente integrado por jóvenes de los países desarrollados económicamente, que a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de necesidades básicas, muestra insatisfacción frente a los valores de la sociedad de consumo capitalista a la que pertenecen (Miralles, 1997).

El debate y la crítica se expresan formalmente en 1970 con la constitución del Club de Roma, conformado por un grupo internacional de científicos, educadores, empresarios humanistas, etc., autodefinido como “Sociedad civil apolítica y no lucrativa” con sede en Ginebra (Suiza), con el objetivo de obtener un conocimiento racional global de las opciones de futuro que se plantean a la humanidad, en relación con la explotación de los recursos mundiales del planeta, para el mantenimiento de la vida humana con una determinada calidad (Palau, 1974, citado por Miralles, 1997).

El Club de Roma promovió la realización de una investigación, que más tarde se conocería como Informe Meadows, publicado en 1972. El influyente Informe Meadows (Meadows et ál., 1972, citado por Pearce et ál., 1995) adopta una destacada postura malthusiana, que implica que las políticas de protección del medio ambiente y la promoción de objetivos de crecimiento económico son incompatibles (Pearce et ál., 1995).

Meadows predijo que, de seguir con las tasas de disminución

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de los recursos naturales, existentes en aquel momento, se llegaría a una importante crisis por agotamiento de materias primas, hacia los años 2020 a 2030, que podía suponer el comienzo del declive de la sociedad humana a escala mundial, y una crisis total de un sistema económico basado, en última instancia, en la utilización intensiva de unos recursos que son limitados y, por tanto, agotables (Miralles, 1997) o, lo que es lo mismo, que los objetivos de crecimiento a largo plazo no son factibles.

Esta línea de pensamiento condujo a la apelación de economías de estado estacionario (crecimiento cero), que propone básicamente, como ideal, alcanzar un crecimiento nulo de la población mundial y orientar el crecimiento económico hacia una redistribución internacional de la renta, para disminuir las diferencias entre los “países pobres” y los “países ricos” (Pearce et ál., 1995). El Informe Meadows, si bien no enunció explícitamente el concepto de DS, sí sentó las bases para su formalización como política global, gracias al anuncio de la finitud de los recursos naturales.

El año de 1972 fue clave en el proceso evolutivo del concepto de DS: la expresión de un cambio de conciencia global frente al desarrollo y el medio ambiente. Además de la publicación del Informe Meadows, en ese mismo año tiene lugar en Estocolmo (Suecia), “la “Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano”, que destaca los problemas de la pobreza y el crecimiento de la población, y ensambla los retos ambientales y sociales, centrando su atención en los países desarrollo (Allende, 1995).

De hecho, el propio título de la Conferencia de Estocolmo tuvo que ser matizado por los países en desarrollo, insistiendo en la dimensión humana “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, aclarando que el medio ambiente no debía ser concebido en un sentido estrictamente físico-natural, sino que, “siendo una realidad sistémica que nace de la interacción entre el sistema natural y el sistema social, además del medio físico, hay que contar con el medio construido y el medio sociocultural donde los hombres desenvuelven su existencia” (Riechmann, 1995).

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Otro rasgo sobresaliente de la Conferencia de Estocolmo fue la resistencia de los países en desarrollo a aceptar como problemas ambientales aquellos propios de las economías opulentas, como la contaminación o la extinción de áreas prístinas o especies de plantas y animales, ninguno de ellos prioritario, comparado con la miseria, el hambre y la marginación. De modo que ganar la dimensión social del problema ambiental permitió que se incluyera la pobreza como causa de la crisis ambiental, y por tanto la redefinición, al menos teórica, de la crisis ambiental, ahora entendida también como una crisis de justicia social.

En Estocolmo se sentaron unas nuevas bases conceptuales para comprender la compleja relación entre medio ambiente y desarrollo (Jiménez, 1997). Se popularizó un conjunto de enunciados revolucionarios: la búsqueda del crecimiento económico no conduce necesariamente a un desarrollo perdurable ni a mayores metas de bienestar de la población. El capital natural, subestimado en el proceso de acumulación, se vuelve cada vez más escaso y está sujeto a límites físicos. Los problemas ambientales responden a características y realidades diferentes nacionales/locales, según el grado de desarrollo de los países.

Para el “tercer mundo”, la insuficiencia de desarrollo suponía el principal factor de degradación del medio ambiente.

En Estocolmo se acaba la etapa de la inocencia ambiental (décadas de los años cincuenta y sesenta) y se inicia la etapa de preocupación ambiental, abriendo paso a innumerables informes y reuniones internacionales que tienen como eje central la preservación del medio ambiente. El año 1972 es un momento de conclusión de los esfuerzos por comprender el impacto de la economía humana, en su forma más generalizada, sobre la biosfera y sobre la propia especie. Algunos de los informes más destacados se produjeron tras cada reunión mundial, en las décadas de los setenta y ochenta. Veamos algunas de ellas.

La Declaración de Mentor, suscrita entre 1971 y 1972 por más de tres mil científicos, llamó la atención respecto al deterioro ambiental, la disminución de los recursos naturales, la población, el consumo, el hambre, el hacinamiento y la guerra. Los científicos de Mentor propusieron “regular las innovaciones tecnológicas no probadas” que no fueran esenciales para la

supervivencia humana, además de otras medidas. programas y acuerdos para reducir la contaminación, el crecimiento de la población y el consumo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Otro informe destacado fue el Founex, suscrito en Founex (Suiza), tras una reunión celebrada allí del 4 al 12 de junio de 1971.

Este informe apuntaba que los principales problemas ambientales de los países en desarrollo, son básicamente diferentes a los de los países industrializados. Son principalmente problemas que tienen su raíz en la pobreza y en la propia falta de desarrollo de sus sociedades. En otras palabras, son problemas de pobreza rural y urbana.

Destaca así el énfasis en el “medio humano” que deben poner los países en desarrollo cuando interpretan sus problemas ambientales.

En Founex se propone clasificar los problemas ambientales en dos grandes grupos: los propios de la falta de desarrollo (pobreza) y los que surgen del propio proceso de desarrollo. Vaticinó el agravamiento de los ya entonces importantes problemas ambientales que enfrentaban las sociedades en desarrollo, que llevarían a las ciudades a más y más campesinos, y paralelamente promulgó que un mayor consumo no garantizaría el bienestar de las sociedades industrializadas. El esquema de análisis del informe tiene plena vigencia: consumo en el Norte, pobreza en el Sur, a la vez causas y efectos de la crisis de una sociedad que, como señalara recientemente Margalef, está a punto de morir de éxito (Margalef, 1996).

Otro aspecto por destacar del informe es su interés por las ciudades. En relación con las áreas urbanas, introdujo la noción de capacidad de carga urbana: “Con todo llega un momento en que se alcanza el límite de la capacidad de cualquier ciudad que se vea sometida a un rápido crecimiento demográfico”.

“Cada ciudad tiene sus propios límites de capacidad que van modificándose en el tiempo, pero una vez se traspasan estos límites, el deterioro aparece con gran rapidez”.

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La Declaración de Estocolmo, cuyos alcances se detallan más adelante, se produjo en el marco de la Conferencia Mundial Sobre Medio Ambiente, realizada en esta ciudad sueca entre el 5 y el 16 de junio de 1972. El cuarto punto de la Declaración retoma las dos cuestiones fundamentales del problema ambiental de la época: “en los países en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el subdesarrollo. En los países desarrollados los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico”. [sic].

idea protagonista fue el ecodesarrollo, y un planteamiento por destacar, el reconocimiento de que “existen límites exteriores de los recursos físicos del planeta”, es decir, que la naturaleza impone límites al consumo. Al respecto, en Cocoyoc, se aclaró que es necesario relacionar población y consumo si de evaluar el impacto de la población sobre los recursos naturales se trata: “Un niño norteamericano o europeo consume en promedio escandalosamente más que un indio o un africano; ello conduce a atribuir equivocadamente sólo al crecimiento demográfico del tercer mundo la presión sobre los recursos mundiales”.

El numeral 5 realza el carácter antropocéntrico de la Declaración de Estocolmo. El principio 9 contiene la interpretación que los países en desarrollo hacen de los problemas ambientales e insiste en la necesidad de la cooperación para el desarrollo. En tal sentido reclama: “...desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse”. Una de las recomendaciones más destacadas de esta Declaración es la creación de un programa mundial de ayuda al desarrollo, lo que más tarde se constituiría en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. La Declaración de Estocolmo no hizo referencias específicas a los problemas ambientales urbanos.

En el decenio de los años setenta debe destacarse también, por su trascendencia y vigencia, la Carta de Belgrado sobre educación ambiental, suscrita en octubre de 1975. La década de los ochenta se abre con la muy reconocida Estrategia Mundial para la Conservación que, naturalmente, se orientó al aprovechamiento perdurable de los recursos ecológicos. El objetivo “c” se refiere al “aprovechamiento sostenido de las especies y los ecosistemas”. Los otros dos objetivos “a, b” también se orientan a la sostenibilidad ecológica; se ocupan de los procesos ecológicos y la biodiversidad.

Aunque sin duda la más destacada, la de Estocolmo, no fue la única reunión que produjera una histórica declaración de conclusiones, principios y recomendaciones en relación con la necesaria (impracticable para algunos) convivencia entre los objetivos del desarrollo, entendido como crecimiento económico, y la necesaria conservación de los recursos naturales. Dos años después de Estocolmo, en octubre de 1974, tuvo lugar en el hotel Cocoyoc de la ciudad de Cuernavaca, en México, una reunión promovida por Naciones Unidas.

La Declaración de Cocoyoc abogó también a favor de que la corriente de recursos internacionales hacia los países del tercer mundo se incrementara lo máximo posible. Responsabilizó al PNUMA de la promoción de estrategias y proyectos de desarrollo socioeconómico a escala local y regional. En esta reunión, la

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No se puede cerrar el decenio sin destacar un concepto predecesor del DS. Antes de este, la idea fuerza la constituyó el llamado ecodesarrollo. Parece que lo formuló por primera vez Maurice Strong, el director ejecutivo del PNUMA, en la primera reunión del consejo de administración de este programa, celebrada en junio de 1973. Además del PNUMA, la elaboración y difusión internacional del concepto correspondieron, entre otros, al francés Ignacy Sanchs (Riechmann, 1995). Según Sanchs, se trataría de un desarrollo caracterizado por: a) Sus objetivos sociales, intentando realizar “una civilización del ser, basada en el reparto equitativo del tener (...)” b) “Aceptación voluntaria de las limitaciones ecológicas, basada en un principio de solidaridad intergeneracional que completa el de solidaridad sincrónica, subyacente al desarrollo social”, y

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c) “La búsqueda de la eficacia económica que conserva toda su importancia pese a su carácter instrumental” (Sanchs, 1991, citado por Riechmann, 1995).

En síntesis, se apunta a un desarrollo socialmente justo, ecológicamente compatible y económicamente viable.

El Informe Brandt cierra los años setenta y abre un nuevo decenio recavando sobre los postulados de justicia social para el bienestar de la biosfera, tan reiterativos antes. En la misma línea de Estocolmo 72, el Informe Brandt, en 1980, propone una transferencia masiva de recursos a los países del tercer mundo, para asegurar su incorporación al “mundo desarrollado” (Allende, 1995). Así se cierra una época de importantes avances conceptuales, con el ecodesarrollo como el concepto clave del decenio, y se inicia el decenio de los ochenta insistiendo en llevar a la práctica las propuestas de Estocolmo.

En esa década se programan numerosas reuniones promovidas por Naciones Unidas. La Resolución 8/81 de la 21º sesión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, acogió en noviembre de 1981, en Roma, la Carta Mundial de los Suelos. Esto para ilustrar la sectorización de los intereses de conservación que desde entonces se ocupan de la biodiversidad, los bosques lluviosos, los arrecifes de coral, los glaciares y otros recursos críticos, como tarea de entes gubernamentales y ONG en todo el planeta.

En esta década, se realizaron reuniones con el propósito de evaluar los resultados tras diez años de la Declaración de Estocolmo. En abril de 1982, se promulgó la Declaración de Bogotá, poco antes de la muy conocida reunión oficial de evaluación celebrada en Nairobi en mayo de ese mismo año.

En Nairobi se pretendió emular la de algún modo exitosa reu­ nión de Estocolmo. Después de una muy pesimista evaluación de los resultados prácticos, se concluyó que el plan de acción aprobado en Estocolmo tuvo muy pobres repercusiones en el decenio. La declaración de Nairobi ratificó la necesidad de avivar los compromisos éticos de cooperación Norte-Sur y destaca la importancia del PNUMA y del Fondo para el Medio Ambiente como valiosos instrumentos para ese propósito.

A diferencia de Estocolmo, en Nairobi se reconoce, breve pero explícitamente, como un problema ambiental la presión que ejerce sobre el medio ambiente la creciente concentración de población en las ciudades (numeral 3).

Así como en 1972, la conmemoración de 1982 fue una buena ocasión para agitar la preocupación global por los problemas ambientales, ya más afianzada científica y políticamente. Una de las consecuencias más destacadas de este nuevo movimiento global a favor de la superación de la crisis ecológica –aunque como se ha sostenido su importancia fue menor que la de Estocolmo– fue la suscripción en octubre de 1982 de la Carta Mundial de la Naturaleza. Con un énfasis marcadamente ecológico (biofísico), esta Carta destaca la importancia de la participación social en las determinaciones ambientales locales.

Dos años más tarde, esta vez en Medellín, tuvo lugar una reu­ nión latinoamericana dedicada a analizar “la dimensión ecológica en la planificación”, tras reconocer que “...la industrialización y urbanización del continente latinoamericano” exigía una reflexión regional como las efectuadas en Estocolmo y Nairobi.

La Declaración de Medellín insiste en el ecodesarrollo (seguramente por su operatividad local-regional). De hecho afirma que es este “el nuevo nombre del progreso y la paz”.

En resumen, el hito del 72 significó el principio del debate medio ambiente-desarrollo, buscando la compatibilidad de ambos conceptos y de las respectivas estrategias de preservación y transformación productiva. Desde esta nueva perspectiva, la incorporación de la dimensión ambiental a los modelos de desarrollo aportó nuevos elementos por considerar, tanto para los países industrializados como para los “países en desarrollo”.

(Jiménez, 1997). Pese a esto, lo que hay que sustentar, conservar, mantener –que claramente no es el desarrollo tal y como se conoce–, seguía sepultado bajo el peso del crecimiento económico como aspiración global. Como se ha mostrado, estas ideas perduraron otro decenio más, eso si se acepta que en Río 92 hubo un importante cambio cualitativo.

La segunda fase de evolución del concepto de DS, en la que este gana estatus de política oficial con carácter global, se concreta 35

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como tal en la década de los ochenta, después de dos décadas de pioneras aportaciones, para tratar de compatibilizar, por lo menos en el plano teórico, el desarrollo con la protección del medio ambiente.

A continuación se presenta la aparición formal del DS como política global; luego se pasa a revisar los acontecimientos del decenio de los noventa, para desembocar finalmente en la reciente reunión de Johannesburgo. Antes es necesario indicar algunos debates que se suscitaron en el pensamiento económico en los años setenta y ochenta. La nueva forma de ver la relación desarrollo-medio ambiente impactó, desde luego, el pensamiento económico. Hacia 1970, una mayoría de economistas seguía sosteniendo que el crecimiento económico –tan factible como deseable– no tenía por qué agotar las existencias de recursos naturales o reducir la calidad de vida global; abogaban sí por un sistema de precios que funcionara de forma diferente. Básicamente sostenían que el cambio tecnológico contrarrestaría el agotamiento de los recursos no renovables, al tiempo que provocaría una extracción cada vez menor de los mismos, para los cuales surgirían sustitutos (Pearce et ál., 1995).

Otra corriente de economistas alimentó el argumento anticrecimiento. En esta línea se destacan los trabajos de Scitovsky (1976), Hirsch (1977) y Boskin (1979), citados por Pearce et ál. (1995), quienes analizaron los costos ambientales de vivir en una sociedad en crecimiento: la paradoja de easterlin, esto es, no hay una correlación estrecha entre la abundancia material y la felicidad humana; el concepto de los bienes de posición de Hirsch, que sostiene que el disfrute de una serie de bienes está necesariamente limitado a un pequeño grupo de grandes ingresos, aunque se produzca la ilusión de que todos los segmentos sociales podrían alguna vez alcanzar tal consumo, el análisis de la economía triste de Scitovsky, también insistiendo en que las necesidades humanas van más allá de la afluencia material. Versiones modernas de estos planteamientos son el desarrollo a escala humana (Max-Neef, 1996) y el desarrollo humano sostenible (CNUMAD, 1992).

Esta primera disidencia entre economistas defensores de crecimiento económico y bienestar humano como sinónimos, y

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quienes reclamaran una nueva escala de valores para juzgar una y otra idea, impactaría hasta nuestros días el debate entre economistas neoclásicos y clásicos, que ha resurgido con fuerza desde los años noventa. Sobre este asunto se volverá más adelante.

En cuanto a la aparición oficial del DS como política global, se dice que fue en el Informe Estrategia Mundial para la Conservación, elaborado por la UICN en 1980, donde se hiciera explícito el concepto (UICN, PNUMA, WWF, 1980), pero sería la “Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la que en 1987 acuñara el término. De allí la adopción oficial del mismo, al ser asumido y definido por un reconocido organismo internacional.

El Informe Nuestro futuro común, también conocido como Informe Brundtland, reconoce, tal como lo hizo Meadows, al medio ambiente como un auténtico límite al desarrollo; sin embargo, a diferencia de su predecesor, acepta que la solución al problema ambiental es tecnocrática (medidas técnicas, financieras, institucionales), sin cuestionar la viabilidad de los fundamentos del modelo vigente de crecimiento económico (Allende, 1995). El mensaje principal: las cuestiones básicas sobre el medio ambiente y la economía ya no pueden ser tratadas separadamente, “(...) las políticas económicas que han asumido una biosfera ilimitada y autogeneradora, deben ahora cambiar y reconocer serios límites ecológicos” (Brundtland et ál., 1987).

Una propuesta similar sobre el origen del DS presenta Wackernagel (1996), al señalar que el punto de partida para la Comisión Mundial fue el reconocimiento de que el futuro de la humanidad se encuentra amenazado, y recuerda que el Informe comienza anunciando que: la Tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una misma biosfera para sostener nuestras vidas. No obstante, cada comunidad, cada país, lucha por su supervivencia y prosperidad sin darle mucha importancia al impacto que esto pueda tener para otros. Algunos consumen los recursos de la Tierra en tal proporción que dejan muy poco a las futuras gene-

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raciones. Otros, muchos más en número, consumen muy poco y viven bajo la perspectiva del hambre, la enfermedad, la escasez y la muerte prematura (Brundtland et ál., 1987: 27, citados por Wackernagel, 1996).

Wackernagel interpreta que para enfrentar estos problemas, la Comisión hace un llamado al desarrollo sustentable, definido como “...un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland et ál., 1987: 43, citado por Wackernagel, 1996). El informe, apunta Wackernagel, sintetiza indicando que la consigna es llevar al máximo la producción económica postulada por la noción convencional de desarrollo económico, para reorientarlo a minimizar el sufrimiento humano hoy y en el futuro.

También Jiménez (1997) indica que las ideas más novedosas de este informe se centran en los derechos de las generaciones futuras, la posibilidad de eliminar la pobreza actual y la necesidad de enmarcar las acciones humanas dentro de la capacidad de la biosfera. Para este autor, el objetivo del Informe es plantear la sostenibilidad del desarrollo de la humanidad, satisfaciendo sus necesidades actuales y futuras, y mejorando la calidad de vida dentro de los límites del medio ambiente.

No se aleja de esta interpretación Riechmann (1995), quien recoge la definición clásica de DS, aunque destaca el carácter normativo del concepto que incorpora “...Un gran debemos dentro de la barriga...”, propone que el principal mérito del informe Brundtland, estriba en el análisis de las interacciones y los mecanismos de causación recíproca entre el despilfarro en el Norte del planeta, la pobreza en el Sur y la destrucción de la biosfera. Infortunadamente, prosigue este autor, el informe afirma que para conseguir este desarrollo sostenible es menester que continúe el crecimiento económico, tanto en los países “pobres” del Sur del planeta, como en los “ricos” del Norte (Riechmann, 1995).

Existe consenso en cuanto a la primera aparición oficial del término DS, igualmente en torno a sus principales enunciados y propósitos. Otro rasgo que resaltan los distintos autores

es la referencia lógica al problema medioambiental como una cuestión de política ecológica-económica global. En palabras de Martínez Alier (1998), el DS enfrenta probablemente lo que él denomina una cuestión de ecología política y, por tanto, materia de debate y decisiones de carácter global y estructural.

También es evidente que el DS surgió como respuesta a una anunciada crisis ambiental global; sus postulados se orientan a resolver en el terreno semántico la cada vez más aguda contradicción entre crecimiento económico y desarrollo, si se entiende este último término en un sentido global, como un desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de la generación presente, sin llevar a la biosfera a un estado de deterioro irreversible. Esa tal vez sea una fórmula para asegurar a las futuras generaciones la posibilidad de superar su propia crisis ambiental y social.

Esta aparente tautología del término no ha conducido a una única interpretación; por el contrario, ha suscitado un intenso debate. Cabe añadir la crítica que se le hace sobre la ausencia de una interpretación local de esa intención global que es el DS, y subrayar el papel que el confusionismo del término ha desempeñado en contra de su operatividad.

Los años noventa marcan lo que Jiménez (1997) ha llamado el inicio de una etapa orientada por una “condición de la razón” hacia un “contrato social planetario”, para la cual el hito histórico ha sido la Cumbre de la Tierra de 1992. En Río se refuerza el carácter global del DS; en efecto, se llega a un acuerdo para definir el contexto global como marco de referencia, donde se producen los problemas interrelacionados y en cual hay que encontrar las soluciones (Jiménez, 1997).

Puede decirse que en Río 92 se reasume el concepto de DS, se explicitan sus características en términos globales y se desarrolla su aplicabilidad centrada en la confrontación Norte-Sur (CNUMAD, 1992; citada por Allende, 1995). Al tratarse de un “acuerdo” entre Estados, se compromete lo local/nacional al cumplimiento del objeto y principios de la Declaración, en la que la cooperación para el desarrollo resurge como elemento por destacar.

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Las principales dificultades para operativizar el DS no surgen tanto de la falta de claridad conceptual a escala global, de hecho Río 92 representa un importante avance al respecto. Sino de que tales dificultades se instalan en una cierta pasividad en la toma de decisiones y la generación de interpretaciones e indicadores de sostenibilidad –acaso de insostenibilidad– como materia prima para las políticas regionales, que a su vez nutran iniciativas nacionales y demuestren necesidades específicas de cooperación internacional.

En el primer plano las acciones se emprenden con recursos de la nación, orientadas a aliviar las profundas desigualdades territoriales y la violencia, que llevan a las ciudades latinoamericanas, cada año, a millones de campesinos que escenifican allí la crisis de un modelo local de desarrollo –copia deformada del que a escala global amenaza la permanencia de la vida humana– y en el que también, y de forma relevante, la pobreza atenta contra la sostenibilidad ambiental, social y democrática.

Es sobre estos desequilibrios, sobre la forma de detectarlos, y con la intención de generar indicadores locales de sostenibilidad, que se desarrollan los siguientes capítulos del libro.

Sobre los propósitos y avances principales de la Cumbre de Río, se regresa, para cerrar este acápite, presentando los acontecimientos de la reciente Cumbre de Johannesburgo.

Retomamos ahora algunas de las ideas precedentes, para ampliar el debate economía-ecología que suscita la interpretación del DS en la actualidad y desde la década de los noventa. Al DS le han caído variadísimos calificativos: “palabra fetiche, mágica, comodín” (Allende, 1995), “fórmula ideológica, conjuro mágico” (Riechmann, 1995), que indican el desgaste del término.

El origen de las teorías clásicas del desarrollo, con predominio de ideologías economicistas, ha asistido, en virtud de la crisis ambiental global, a un nuevo momento de transformación, esta vez debido a la aparición de valores ambientales hasta entonces desconocidos. Desde su nacimiento, en el decenio de los cincuenta, afincado en la economía de la posguerra y la necesidad de generar un nuevo concepto de bienestar, paz y seguridad internacional, hasta hoy las ideas en torno al desarrollo

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han absorbido variados tintes ideológicos. La incorporación de nuevos valores humanos y de la naturaleza, viene reduciendo desde entonces el peso específico del pensamiento económico en las ideas de desarrollo.

Por ejemplo, el modelo de modernización consideró idénticos el crecimiento y el desarrollo, idea que predominó desde 1945 hasta mediados de los sesenta. En esta visión, la evolución social se consigue por medio de la ciencia y de la tecnología; se asume que todas las sociedades deberían converger hacia esa modernidad (Jiménez, 1997). La idea de modernización asociada al crecimiento económico y al avance tecnológico también ha sido cuestionada desde el discurso conservacionista y desde luego, desde las concepciones más fuertes de la sostenibilidad.

Se han planteado los costos ambientales de ese estado ideal de modernización de todas las sociedades de la Tierra, y se ha concluido que se necesitarían varios planetas como este para abastecer los recursos naturales necesarios para tal propósito (Rees, 1996).

En resumen, en la década de los sesenta aparecieron nuevos conceptos y principios que desembocaron en la consolidación, a comienzos de los noventa, del concepto de desarrollo sostenible; se trata de una reelaboración de las diversas teorías alternativas surgidas desde entonces, por ejemplo, “Ecodesarrollo”.

Se destaca la consideración de valores humanos y ambientales tradicionalmente relegados por el enfoque economicista del desarrollo.

Siguiendo a Jiménez (1997), se coincide en que se trata del surgimiento de una nueva concepción del desarrollo marcada por “el desencanto desarrollista” y la “concienciación ambiental”, que son afines a este nuevo planteamiento alternativo, impreciso en su definición si se quiere, pero rotundo en su orientación porque se trata de otro desarrollo.

Una primera faceta del debate puede plantearse en los siguientes términos: existe consenso global en torno a la crisis

. Algunos resultados interesantes al respecto, se encuentran en el trabajo de William Rees, publicado originalmente en Population and Enviroment: A journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 17, No. 3, enero de 1996.

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ambiental, pero se discute, por un lado, hasta qué punto es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo –reducir el crecimiento económico o redistribuir el producto del mismo de una manera equitativa– o alcanzar un estado de crecimiento cero. En el otro extremo se encuentran posiciones que consideran que es menester cambiar radicalmente el actual modelo de desarrollo, como condición indispensable para el DS global. Es importante aclarar que tampoco existe consenso en cuanto a la oportunidad del concepto de DS para sintetizar los problemas o las salidas a la crisis.

a sus modelos de trabajo variables ambientales que carecen de valor monetario, lo que supone serias cuestiones éticas.

Una corriente reformista mantiene el planteamiento básico del Informe Brundtland: sostiene que es posible reacomodar la estructura del modelo de desarrollo predominante sobre unas nuevas bases, en las que se tome en cuenta la crisis global y se propugne por la reducción de la pobreza, pero sin sacrificar el ritmo de crecimiento, acumulación y consumo de las economías que lo ostentan. En otro extremo se sitúan quienes argumentan que es imposible alcanzar otro desarrollo sin cambiar drásticamente el modelo actual de apropiación oligopólica del patrimonio natural de unas naciones, en detrimento de los niveles mínimos de vida y bienestar de otras.

Siguiendo a Jiménez (1997), para la economía del medio ambiente o economía ambiental, la economía ortodoxa puede adaptar y tratar el medio ambiente con nuevos instrumentos que no cuestionan sus paradigmas fundamentales. Para la economía ecológica son necesarios, sin embargo, cambios drásticos en los fundamentos y los supuestos básicos de la economía convencional para tratar los problemas ambientales y ecológicos (Naredo, 1987, citado por Jiménez, 1997).

Lo cierto es que ninguna de estas corrientes, la primera, la de la sostenibilidad débil, y la segunda, la de la sostenibilidad fuerte, defiende, al menos explícitamente, la idea de un crecimiento económico sin consecuencias ambientales, o un desarrollo sin, al menos, consideraciones de solidaridad entre las naciones, para enfrentar la pobreza como “causa” principal de la crisis ambiental. La conclusión contraria es tentadora, es decir, que son la opulencia y el consumismo de las economías del Norte las causas del deterioro de la biosfera, y la pobreza en el Sur, una de sus consecuencias.

El concepto mismo de desarrollo, como ya se dijo, originado en la economía de la posguerra, ha cambiado. Las consiguientes transformaciones del mismo, la última de las cuales es el resultado del ensamblaje entre economía y medio ambiente, para otros economía y ecología, así lo demuestran. Este cambio ha definido el escenario natural del debate en torno al DS: la economía, una ciencia desbordada por la necesidad de incorporar

La confrontación se sitúa entre la corriente del pensamiento económico neoclásico, de corte neoliberal, que parece más cercano a la denominada economía del medio ambiente o economía ambiental y la nueva corriente del pensamiento económico, que penetra en el ensamblaje economía-medio ambiente, de una manera sustancialmente diferente, a través de la economía ecológica.

Existe por lo menos un tercer enfoque, que prescinde en gran medida del análisis económico. Este enfoque se produce desde las ciencias ambientales, que desarrollan su noción de sostenibilidad ambiental remitida a la noción ecológica de capacidad de sustentación (Jiménez, 1997) o capacidad de carga. Este enfoque encarna los elementos esenciales para diferenciar entre DS y sostenibilidad.

En este momento, la economía ecológica parece ganar terreno, en la medida en que logra una visión holística del problema ambiental, con un contenido humanístico fuerte. En esta línea argumental, Martínez Alier (1998) apunta que tal es el nombre de la nueva ecología humana. Las críticas más comunes a la economía ecológica la acusan de constituir únicamente una crítica a la economía convencional de los recursos y el medio ambiente, sin ofrecer instrumentos propios para explicar y juzgar el impacto humano sobre el ambiente. Se dice también que considera únicamente temas de justicia intergeneracional, pero no conflictos de distribución de la actual generación, que se trata de una nueva rama de la economía, y que, por tanto, son exagerados sus reclamos de interdisciplinariedad.

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Hay un rasgo común en todas estas aproximaciones interpretativas del DS, ya sea desde la ciencia ecológica, económica o desde la sostenibilidad ambiental: la perspectiva, los logros y los análisis para su materialización son, como la escala del concepto, globales. Lo local alcanza a cada nación, que es la unidad mínima de la sostenibilidad tomada como propósito global, y por consiguiente el DS termina siempre en el terreno de las decisiones políticas y los acuerdos internacionales.

La síntesis más reciente de este debate ha acercado a la sostenibilidad fuerte con la sostenibilidad ecológica del tercer enfoque, descrito atrás, y ha polarizado, no sin vasos comunicantes, en el otro extremo a la sostenibilidad débil, llevándola de regreso a la economía ortodoxa. Otra forma de ver el estado del arte en esta discusión es como una separación conceptual entre desarrollo sostenible y sostenibilidad. Más adelante se muestra cómo esta separación incide en la emergencia de dos enfoques de la sostenibilidad urbana.

El final del decenio de los noventa y del segundo milenio de esta era convocó a una reflexión amplia sobre el futuro de la humanidad. Ya en Río 92 se había avanzado significativamente en la adopción de instrumentos de cambio hacia un nuevo contrato social planetario. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21, los principios relativos a los bosques, la Convención sobre Diversidad Biológica y el convenio marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fueron cinco de los acuerdos logrados en la Cumbre de la Tierra. Puede decirse que allí se formalizó la práctica de acuerdos multilaterales sobre temas de sostenibilidad global.

De hecho, posteriormente se acordaron otros instrumentos importantes tales como la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y el más popular de todos, el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático.

La reunión de Río 92 consiguió la propuesta programática más completa que se conoce hasta ahora; en especial el programa o Agenda 21 ha permanecido vigente aun después de la Cumbre

de Johannesburgo. Los Estados son los directos responsables de la implementación de los 38 programas que integra .

Existen otros aspectos por destacar de la Cumbre de la Tierra; por ejemplo el reconocimiento que se hizo en la Agenda 21 de los llamados grupos principales: mujeres, niños, jóvenes, comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sus sindicatos, el sector comercial e industrial, la comunidad científica y tecnológica y los campesinos. De modo que si bien el Estado nacional es el responsable directo de la implementación de la Agenda, estos grupos sociales son también partícipes y ejecutores, como en efecto ha ocurrido, de los programas de DS en cada país. En Johannesburgo se mantuvo este lenguaje de los grupos principales y aparecieron con fuerza la agremiación de estados insulares y la Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD).

Una buena síntesis de la Conferencia de Río podría afirmar que allí se acordó que la protección del ambiente y el desarrollo social y económico son fundamentales para el desarrollo sostenible. En otras palabras, se adoptó una interpretación integral del desarrollo humano que concilia bien, en el discurso, el crecimiento económico y la protección-restauración de los ecosistemas. La versión vinculante de este acuerdo es la Agenda 21; la versión política es la Declaración de Río, ambas ratificadas en Johannesburgo.

Para cerrar esta revisión de la Cumbre de la Tierra, es bueno reiterar dos principios heredados de ella. El primero tiene que ver con la responsabilidad “compartida pero diferenciada” de las naciones frente al DS. El segundo, estrechamente ligado con el anterior, se refiere a la cooperación para el desarrollo, asunto sobre el que se han centrado las reuniones americanas preparatorias de Johannesburgo. ¿Quién debería financiar y cuánto cuesta el Programa 21? La financiación debería responder al principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, de modo que al esfuerzo de cada país debería corresponder otro equivalente en ayuda externa. El capítulo 33 de la Agenda 21, . El Programa 21 costa de 40 capítulos de los cuales el 1 y el 23 son preámbulos. Posterior a Río, la Comisión sobre Desarrollo Sostenible prácticamente ha convertido en programas lo que eran temas separados de la Agenda 21: comercio, transporte, energía, industria y turismo sostenible.

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“Recursos y mecanismos de financiación”, destaca la necesidad de que los países y la comunidad internacional hagan esfuerzos en esta dirección.

En la misma Agenda 21 se estima el costo “preliminar” que tendría su implementación en los países en desarrollo, y el valor en donaciones que debería hacer la comunidad de los países ricos económicamente. Según estos cálculos, el costo promedio para alcanzar las metas del programa sería de unos 600.000 millones de dólares que se destinarían a programas ambientales y de DS en su sentido más amplio. De esta suma, 125.000 millones corresponderían a ayuda al desarrollo, es decir un 0,7% del PIB de las naciones desarrolladas. Los restantes 475.000 millones de dólares serían recursos movilizados por los países en desarrollo (Barcena et ál., 2002).

El hito de los noventa en materia ambiental es, sin duda, la Cumbre de la Tierra. A partir de 1992 se dio inicio a una serie de reuniones internacionales promovidas por la Comisión para el Desarrollo Sostenible, órgano de Naciones Unidas encargado de impulsar la implementación y la evaluación de la Agenda 21. En su conjunto estas reuniones realizadas durante los noventa y comienzos del nuevo milenio, se ocuparon de diversos temas relacionados con el desarrollo (medio ambiente, población, desarrollo social, situación de las mujeres, vivienda y alimentación) y consiguieron modificar la visión sobre los objetivos del desarrollo enunciados en términos económicos, para que consideraran estándares de reducción de la pobreza, desarrollo social y protección del medio ambiente (Barcena et ál., 2002). Un tema recurrente en estas reuniones fue precisamente la financiación del desarrollo.

La más destacada de estas reuniones celebradas entre los países del continente la constituyó la llamada Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000. La otra reunión importante se celebró en Monterrey (México) del 8 al 12 de marzo de 2002, bajo el nombre de Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Hubo una serie de reuniones más e incluso la convocatoria de Naciones Unidas a evaluar la implementación y los resultados de la Agenda 21 se agitó en las postrimerías del año 2000 y en 2001. Hubo

reuniones preparatorias sectoriales: de la Sociedad Civil (junio, julio y octubre de 2001). Sector Privado (octubre de 2001); Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (octubre de 2001, julio de 2002). Además, Naciones Unidas designó como comité preparatorio de la Cumbre de Johannesburgo, a la Comisión sobre DS, que sostuvo al menos cuatro reuniones centrales (Nueva York, 31 de abril al 2 de mayo de 2001, 28 de enero al 8 de febrero de 2002, 25 de marzo al 5 de abril de 2002, todas en la misma ciudad y la cuarta del 27 de mayo al 7 de junio de 2002 en Bali, Indonesia).

Cada reunión produjo valiosas reflexiones que se consideraron en la redacción del informe final presentado en Johannesburgo por el presidente de la comisión. Estos documentos tienen valor propio; el más destacado es probablemente la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el DS, que hace parte de los documentos de Johannesburgo 2002, con el sugestivo subtítulo de “¿Una segunda oportunidad?” Además de temas de cooperación ordinarios, este documento releva la cooperación entre naciones pobres económicamente, pero con una inmensa riqueza cultural y natural. Desarrollo endógeno y solidaridad, allí pueden estar las claves para enfrentar la arremetida neoliberal que erige su bandera en América como un nuevo e infranqueable muro. ¿Qué sucedió en la Cumbre del Milenio y en la de Monterrey?

Ya se ha dicho que el tema más trascendental de estas reuniones fue la financiación al desarrollo. La primera fijó metas específicas para el año 2015 en materia de desarrollo humano y erradicación de la pobreza; la segunda se centró en establecer y renovar compromisos de financiación.

Algunas de las metas que se propusieron en la Declaración del Milenio, producto de tal cumbre, fueron: reducir a la mitad el número de personas que viven en extrema pobreza y que sufren de hambre, hacer realidad la equidad de género y ampliar la cobertura de educación primaria al 100%; reducir en un 66,6% la mortalidad infantil y en un 75% la mortalidad materna; poner fin a la epidemia de VIH/sida; reducir a la mitad el número de personas que no disponen de agua potable y asegurar la sostenibilidad ambiental. La Declaración insiste en la necesidad de mayores compromisos de cooperación internacional.

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Dos años después, en Monterrey, los compromisos se hicieron explícitos: Estados Unidos y la Unión Europea se comprometieron a aumentar su participación económica en ayuda para el desarrollo, que supondrá un aumento de 12.000 millones de dólares anuales a partir de 2006. La UE se comprometió, además de este incremento, entre otras cosas a iniciar un proceso destinado a identificar los bienes públicos globales, idea que es retomada en Johannesburgo. La experiencia reciente de asistencia oficial al desarrollo por parte de Estados Unidos a Colombia no permite tomar estas cifras como alentadoras, especialmente si se incluye a la “ayuda militar” dentro de estos presupuestos. La posición de la superpotencia en Johannesburgo hace temer que así será.

Para terminar, se revisan los principales aspectos conclusivos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (septiembre 2 al 4 de 2002) efectuada en la ciudad surafricana que ha popularizado el nombre de esta reunión, Johannesburgo. En primer lugar, el nombre de la cumbre mundial deja ver claramente que se insiste sobre el DS como idea fuerza y en la declaración política se reconoce la vigencia de la Agenda 21, aun cuando Johannesburgo tiene su propio plan de implementación.

La declaración política consta de 37 puntos en los que, tal como se hiciera en la Declaración del Milenio, se fijan metas cuantitativas claras aun cuando el tema de la financiación quedó nuevamente a la deriva, sin carácter vinculante, sujeto a la buena voluntad de los cooperantes. El propio secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dejó ver su moderado optimismo en su declaración sobre los resultados de la Cumbre: Johannesburgo ha vinculado una reducción de la pobreza a la protección del medio ambiente e implica a ricos y pobres, ahora y en el futuro... espero que esto se convierta en una verdadera diferencia sobre el terreno (tomado de Internet: www.rds.org.co/2002).

La principal ganancia de la cumbre de DS, tal como sucediera en Estocolmo, fue la insistencia en la necesidad de superar la pobreza como precondición para una plena conservación de la naturaleza y el establecimiento de metas definidas: “La reduc-

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ción a la mitad de las personas que carecen de agua potable y saneamiento básico para el 2015; restauración de los recursos pesqueros agotados para el 2015; reducir de manera significativa la pérdida de biodiversidad para el 2010”, entre otros. Uno de los mayores asuntos pendientes tiene que ver precisamente con la financiación del plan de acción, que traduce en tareas concretas la declaración política. En tal sentido se enunció la necesidad de crear un fondo monetario para erradicar la pobreza (De Bruin, et ál., 2002).

Los principales aspectos del Plan de Acción de Johannesburgo se resumen en la tabla 1.1, en términos de temas y metas.

TEMA

ESTRATEGIA

METAS

ENERGÍA

Recomendación a los países para que hagan un incremento sustancial de fuentes de energías renovables de manera voluntaria.

Se abandona el objetivo inicial que llevó la UE del 15% para el 2015.

BIODIVERSIDAD

Que la tasa actual de extinción de especies sea reducida significativamente antes de 2020.

Se abandona la meta del convenio de La Haya de detener la extinción de especies antes de 2010.

CAMBIO CLIMÁTICO

Llamamiento de los países que ya firmaron el Protocolo de Kioto en 1997 a que lo firmen los que aún no lo han hecho.

No hay meta específica. Se siguen negando Estados Unidos, Canadá y Australia.

PRODUCTOS QUÍMICOS

Llamamiento.

Minimizar antes de 2020 los efectos nocivos sobre la población y el medio ambiente.

RECURSOS NATURALES

Frenar cuanto antes la tendencia de degradación de los recursos naturales.

No hay meta fija.

“Donde sea posible” recuperar las reservas pesqueras.

Antes de 2015, y crear nuevas zonas marinas protegidas.

Llamamiento a cambiar los modos de producción y consumo insostenible.

Apoyar iniciativas nacionales y regionales que lo permitan en los próximos diez años.

Recomendar a los países una reducción de las subvenciones dañinas para el medio ambiente, en especial los subsidios a la exportación de carbón mineral.

No hay meta definida. Existen referencias a la responsabilidad de las multinacionales por daños en terceros países. Estados Unidos se excluye de esta responsabilidad.

AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

Reducir los porcentajes de población que carecen de estos servicios. Son 1.100 millones de personas las que carecen de agua potable y 2.400 millones carecen de infraestructuras sanitarias.

Reducir estas cifras a la mitad para 2015.

AYUDA AL DESARROLLO

“Urgir a los gobiernos” a hacer esfuerzos por elevar la ayuda al desarrollo.

Incremento hasta el 0,7% del PIB. Ningún compromiso en relación con la deuda de los países más pobres.

GOBIERNO

Instar a que los gobiernos promuevan los cambios en las instituciones, los cambios legislativos, la democratización y las medidas contra la corrupción.

No hay metas precisas. Algunos países han propuesto que se hagan depender las ayudas de estos cambios.

DERECHOS

Recomendación general a que se cumplan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

No hay metas precisas.

PESCA PRODUCCIÓN Y CONSUMO COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN

Tabla 1.1 Resumen del Plan de Acción de Johannesburgo.

Fuente: Plan de Acción Johannesburgo. Propuesta disponible en: www.rds.org.co

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A diferencia de Río 92, Johannesburgo hizo énfasis en el problema de la pobreza, de hecho, el numeral 18 de la Declaración Política deja constancia de que: Acogemos el foco de la Cumbre de Johannesburgo en la indivisibilidad de la dignidad humana y estamos resueltos a, mediante decisiones sobre metas, cronogramas y asociaciones, rápidamente aumentar el acceso a requerimientos básicos tales como agua limpia, saneamiento, vivienda adecuada, energía, salud pública, seguridad alimentaria y protección de la biodiversidad.

En el mismo sentido –la relación entre erradicación de la pobreza y protección del medio ambiente–, el numeral 11 de la declaración política recoge el enfoque principal de la Cumbre: Reconocemos que la erradicación de la pobreza, el cambio en los modelos de producción y consumo y la protección y administración de la base de recursos naturales para el desarrollo económico y social son objetivos transversales de, y requerimientos esenciales para, el desarrollo sustentable.

Otros aspectos interesantes están en los numerales 8, 9 y 20, que se refieren en su orden a la ratificación de los compromisos y principios de Río 92, al reconocimiento de los aportes de reuniones precedentes, entre las que se destacan la reunión de Monterrey, y la adopción de las Metas de Desarrollo del Milenio.

Una conclusión de todo el análisis de este apartado es que el tema de la sostenibilidad urbana no ocupa un lugar específico entre los discursos globales sobre la crisis ambiental, aunque, claro está, la pobreza y el deterioro ambiental están a la orden del día también en la ciudad latinoamericana, razón por la cual esta queda implícitamente vinculada con los temas de Johannesburgo. Este aspecto es de vital importancia, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que no son la riqueza, la prosperidad y la seguridad de la vida urbana las que llevan cada año a las ciudades del Sur del continente a millones de personas, sino la miseria, la violencia y la exclusión que la vida

rural acarrea. La forma como se interpreta y como debería leerse localmente el DS es el tema del siguiente acápite.

1.1.2 Desarrollo sostenible local Si el DS constituye una aspiración que sólo tiene posibilidades de concreción como resultado de acciones globales, ¿cómo se explica entonces el hecho de que numerosas iniciativas locales se denominen así mismo de desarrollo sostenible? Debe entenderse a partir de este punto, lo local, como lo que ocurre dentro de cada país o en regiones fronterizas; para el caso de Colombia, departamentos, municipios y las diversas agrupaciones regionales. Para responder a esta cuestión, importa avizorar el debate global y la aspiración de alcanzar el DS, para plantear una vía de retorno y una conceptualización en el ámbito local.

La lectura global del DS pasa, como muchas otras cuestiones ecológicas, por una cierta moda que se impone por la influencia, en este caso, de la difusión del convincente concepto. No media para su incorporación a numerosas iniciativas y políticas gubernamentales y no gubernamentales, una clarificación conceptual previa del término y su significado, menos de los indicadores de logros, lo que deriva, según Allende (1995), en un uso indiscriminado y arbitrario, por parte de todos, sin haber definido con precisión su significado, alcance y contenido, así como las vías idóneas para su implementación desde distintas escalas.

La capacidad de convicción del término sostenible está en relación con la noción implícita de “sostenibilidad” como característica de un proceso que puede mantenerse indefinidamente pese, en el caso del crecimiento económico, a los procesos de acumulación de capital y deterioro ambiental que ocurren a todas las escalas territoriales. De este modo, si bien el DS es una aspiración global de cambio estructural hacia un nuevo orden de crecimiento y solidaridad, la noción se aplica a diversas situaciones locales con la misma intención que en el ámbito global... política global, retórica local.

Los vacíos de contenido del DS, puesto en muchas plataformas discursivas, lo han sometido a una inevitable erosión semántica 43

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(Riechmann, 1995), lo que puede conllevar su vulgarización, y se corre el riesgo de que se transforme en un nuevo talismán, evocador de nuevos planteamientos, pero en la práctica carente de virtualidad alguna (Allende, 1995). Esos riesgos por el abuso que se ha hecho del concepto cobran especial vigencia en lo local, a pesar de que, como advierte Martínez Alier (1998), las ideas globales son utilizadas para las “batallas” locales y a la vez se apoyan en ellas.

Es precisamente a través de estos movimientos sociales reivindicativos por donde ingresa, al menos en el caso de Colombia, la idea de DS, que aún hace parte del discurso de una minoría de la población medianamente ilustrada. Posteriormente, y como consecuencia de la oficialización del concepto a escala global, las entidades gubernamentales lo incorporaron en el diseño de políticas y lo defendieron como un compromiso del país con la comunidad internacional . En Colombia, los movimientos sociales ambientalistas, más tempranamente influidos por ideas como el “ecodesarrollo”, transitan fácilmente al uso del DS como idea fuerza, mientras el gobierno se instala en esta práctica discursiva, a partir de 1987, para afianzar el DS y su dimensión humana heredada de Río 92. ¿Cuáles son las conexiones, si las hay, entre los problemas ambientales que son percibidos como globales (efecto invernadero, pérdida de biodiversidad...) y los movimientos ambientalistas locales gubernamentales y no gubernamentales?

A esta pregunta, Martínez Alier (1998) responde citando casos de alianzas entre grupos indígenas americanos y ciudades europeas, en el tema del cambio climático, y comentando la importancia que están ganando en la planificación urbana temas como el favorecimiento a los peatones en el diseño vial, la vivienda digna, el reciclaje, el empleo “verde”, entre otras. En síntesis, las relaciones entre problemas ambientales globales y locales se perciben en América Latina como oportunidades para promover iniciativas de cooperación internacional, con el apellido sostenible, en la gran mayoría de los casos. Todas estas iniciativas pueden inscribirse dentro del enfoque de “bue-

. El lema de la política ambiental del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998): “Desarrollo humano sostenible”.

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nas prácticas”, una de las formas de la sostenibilidad urbana actual.

La sostenibilidad económica, social y ambiental tiene una escala natural en la globalidad de la Tierra, entre otras razones por la existencia de recursos mundiales críticos (atmósfera, océanos, ecosistemas compartidos) , para los que no existen fronteras y requieren una visión global integral: esto no debe soslayar la necesidad de que el principio o concepto de DS deba precisar una interpretación operativa desde escalas nacionales, locales e incluso personales (Allende, 1995). Pero, ¿cómo operativizar localmente una idea que, como se ha visto, requiere transformaciones radicales de la sociedad planetaria?

Aunque el DS tenga un sentido profundo a escala global y resulte un objetivo de política mundial, con reformas al sistema económico internacional que afectan valores y principios que prevalecen en el actual sistema social y de economía de mercado (Ridclift, 1987, citado por Allende, 1995), la implementación del DS tiene un protagonismo urgente y decisivo en las escalas inferiores, fundamentalmente local, en donde se traduce como sostenibilidad de los procesos ecológicos: protección e integridad de los ecosistemas, y como mejoramiento de la calidad de vida en el amplio sentido de la expresión: vivienda, empleo, salud, seguridad, gobernabilidad.

Este planteamiento parece contradictorio: ¿Si el DS tiene un significado global y a largo plazo, no sería más lógico utilizar propósitos y conceptos menos ambiciosos pero estrechamente ligados al DS? La sostenibilidad ecológica aparece ahora emparentada con el “ecodesarrollo”, cuya afinidad con el DS ya se comentó. Revivir este concepto permitiría aliviar la erosión semántica del DS y recuperar otra idea que se conecta al propósito de la autodependencia local, abriéndose interesantes perspectivas para la satisfacción de las necesidades de cada comunidad, según los recursos de su sistema ecológico, incluyendo la sensación de controlar su propio destino (Jiménez, 1997).

Se intenta, a partir de este cambio, dotar de instrumentos, y sobre todo, cargar de sentido práctico las acciones locales, gu . En Johannesburgo, estos recursos críticos se denominaron “bienes públicos mundiales”.

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bernamentales y no gubernamentales que sin dejar de aportar al objetivo global del DS, concentren en su propio entorno políticas y acciones orientadas a comprender los desequilibrios territoriales, hacia la justicia ambiental local. Esta búsqueda ha generado las dos grandes corrientes de la sostenibilidad urbana, como veremos.

La insistencia en el uso del DS como política local debe superarse para dar paso a metas más modestas, no menos ambiciosas, en la medida en que aportan al propósito global de DS. Es necesario reconocer en cada región el ritmo de incorporación y adaptación al “ecodesarrollo” e impulsar las posibilidades de cambio. El mal uso y abuso de las nociones de sostenibilidad aplicadas al desarrollo ha propiciado el que se proponga que aquello que es racionalmente deseable, también es posible.

Es así como la idea de DS se ha ido emborronando y corre el riesgo de convertirse en un concepto genérico, inoperante, a medida que se difumina el propósito original de aunar el desarrollo socioeconómico con la conservación y mejora del medio ambiente, o lo que es peor, arrastrando en ese desgaste a la sostenibilidad ecológica, como aspiración y como imperativo para la permanencia de la vida en la Tierra como la conocemos.

En síntesis, no se trata de esperar la clarificación mundial del concepto de DS, sino de emprender acciones para comprender, en primera instancia, y superar a mediano plazo, los desequilibrios ecosistémicos más relevantes en el ámbito local. Para salvar la cuestión de si es practicable a escala local el DS, tal como se define desde las instituciones internacionales, se propone un no por respuesta. En cambio, la sostenibilidad ecológica es operativa tanto a escala global como local. En este sentido se vincula con la idea de “ecodesarrollo”. Las características más importantes del “ecodesarrollo” se resumen a continuación, siguiendo a Jiménez (1997).

1. “En cada ecorregión el esfuerzo se dirige al aprovechamiento de sus recursos específicos para satisfacer las necesidades básicas de la población en materia de alimentación, alojamiento, salud educación, estando definidas estas de una

manera realista y autónoma, para evitar los efectos nefastos de las manifestaciones del estilo de consumo de los países ricos”.

2. “Siendo el hombre el recurso más precioso, el Ecodesarrollo debe contribuir ante todo a su realización. Empleo, seguridad, calidad de relaciones humanas, respecto a la diversidad cultural, son parte del concepto”.

3. “La identificación, la valoración y la gestión de los recursos naturales se realizan desde una perspectiva de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras”.

4. “Los impactos negativos de las actividades humanas sobre el medio ambiente se reducen mediante el recurso a los procedimientos y formas de organización de producción, que permitan utilizar todos los elementos complementarios y ser los desechos con fines productivos”.

5. “En las regiones tropicales y subtropicales particularmente, pero también en cualquier otra parte, el ecodesarrollo se realiza sobre la capacidad natural de la región para la fotosíntesis en todas sus formas y favorece un perfil reducido de consumo de la energía que proviene de fuentes convencionales”.

6. “El ecodesarrollo implica un estilo tecnológico particular.

Las ecotécnicas existen y se pueden poner en marcha para la producción de alimentos, vivienda, energía, por nuevos medios imaginativos de industrialización de recursos renovables”.

7. “El cuadro institucional para el ecodesarrollo no se podía definir de una vez por todas, sin tener en cuenta la especificidad de cada caso”.

8. “Un complemento necesario de las estructuras participativas de planificación y de gestión se basa en preparar una educación ambiental, en la dimensión del medio ambiente y en los aspectos ecológicos del desarrollo”.

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Conceptos como ecorregión y capacidad natural de la región y el dejar el diseño institucional para el “ecodesarrollo” a las particularidades locales, le confieren especial pertinencia para su aplicación a escala local/regional. El énfasis en lo local fue quizás una de las razones por las cuales el ecodesarrollo no prosperó como propósito global.

Jiménez (1997) añade al enfoque local/regional del “ecodesarrollo” otras razones para su muerte prematura. Señala que la menor aceptación de esta idea deriva de su carácter más revolucionario como modelo alternativo frente al sistema dominante. A esto, continúa, habría que añadir que su mensaje era frecuentemente confundido con las tesis defensoras del crecimiento cero de los años sesenta, incluso su ambigüedad también era manifiesta, puesto que se aplicaba indiscriminadamente a las más diversas experiencias de desarrollo rural o de asentamientos humanos. También influyeron las injustificadas acusaciones de ser un enfoque utópico-anárquico-humanista, o un desarrollo “iluminado” por la ecología.

Hoy día, los enemigos naturales del “ecodesarrollo”, en buena medida han cedido en sus posiciones; se ha sustentado la opinión de que las iniciativas de DS a escala local/regional pierden cada vez más significado ante la imposibilidad de llevar a la práctica una idea formalmente conectada con la crisis ambiental global.

Por otra parte, la idea del “crecimiento cero” ha sido convenientemente revisada; de hecho, muchos de los pilares teóricos del DS han sido reciclados de los planteamientos del estado estacionario de la década de los sesenta, que a su vez eran una readopción del paradigma de la economía clásica, arrinconado hasta entonces por el pensamiento económico neoclásico. En el concepto de DS subyace un planteamiento reformista que pretende conciliar las actividades humanas con las leyes de la naturaleza –sin subvertir el orden económico establecido–, y este, como bien indica Jiménez (1997), es uno de los principales argumentos para la aceptación generalizada del DS, aunque esto conlleve en sí una profunda contradicción: el crecimiento económico, necesario para superar la pobreza en el Sur e inevitable dados los estándares de consumo y de vida en el Norte,

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requiere una creciente utilización de recursos naturales, a un ritmo que hasta hoy no ha podido frenar el desarrollo tecnológico.

El otro enemigo natural del “ecodesarrollo”, la acusación de ser un enfoque utópico-anárquico-humanista o un desarrollo “iluminado” por la ecología, ciertamente admite discusión en cuanto a su vigencia. Los cambios sociales severos y voluntarios, en la historia de la humanidad, no tienen registro alguno; tales han ocurrido tras las guerras, las epidemias o la hambruna, de modo que no han sido voluntarios. De allí el carácter utópico que reviste la puesta en práctica de nuevos hábitos y la instalación de valores sociales en favor de la preservación del medio ambiente y el hombre como parte integral suya. Por otro lado la oportunidad de que tal cambio opere en forma gradual abre por lo menos un argumento en favor de su materialización, en todo caso, con la sostenibilidad ecológica como guía.

Por su parte el carácter anárquico de las propuestas conectadas con el “ecodesarrollo” se supera si este se adopta como política, y consisten y recurren en el tiempo, el diseño y uso de ecotécnicas, energías alternativas y educación ambiental. El tinte humanista del desarrollo, entendido en su nueva dimensión ética, un contrato natural, como propuso Serrés (1991), no admite duda. No es un accidente que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) (Río 92), acuñara el desarrollo humano sostenible, como una nueva oportunidad para el exhausto DS; allí la ecología ha “iluminado” esta nueva idea del DS y ha permeado inclusive las posiciones economicistas más ortodoxas; el florecimiento de la economía del medio ambiente y la economía ecológica, así lo demuestran.

Es oportuno traer los rasgos característicos del DS que remarcan su carácter global, y entonces la pertinencia de propósitos locales de desarrollo más modestos, pero en la misma línea. Se trata de un desarrollo que: 1. “Sea socialmente justo, empezando prioritariamente por resolver el mayor problema de la humanidad, que no es otro que la consabida pobreza de más de tres cuartas partes de

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la población mundial... desarrollo con equidad intrageneracional”.

2. “Garantice el uso de los recursos para las generaciones venideras, lo que significa adoptar un principio ético que conceda los mismos derechos para todas las generaciones.

Desarrollo con equidad intergeneracional”.

3. “No sólo sea un desarrollo ‘sin destrucción’, sino también creativo, con posibilidad de potenciar la base de los recursos ambientales sobre la que descansa cualquier proceso de desarrollo: no existe verdadero desarrollo si es a costa del medio ambiente, porque éste es una parte indisoluble de aquél, y su interdependencia exige la integración medio ambiente-desarrollo en la toma de decisiones”.

4. “Sea también económicamente viable. El sistema económico es un sistema abierto al medio ambiente con el que intercambia materia, energía e información y al que utiliza como depósito de desperdicios y como suministrador de recursos primarios y múltiples servicios naturales indispensables para la actividad económica: nueva economía ecológica para una gestión racional del medio ambiente y los recursos”.

5. “Tenga una aplicación universal, es decir, una dimensión global. Todos los “viajeros de la nave espacial Tierra (los de 1ª, 2ª y 3ª clase)” deben tener un futuro común limpio, pero también con un sistema de relaciones internacionales más justas y racionales. Nuevas bases de cooperación internacional para un nuevo eco-orden mundial”.

Una conclusión interesante que conecta el propósito global del DS y la pertinencia local del ecodesarrollo, es que ninguno de estos conceptos omite una dimensión humana del problema ambiental o mejor, nadie negaría hoy, después de más de 30 años de las primeras ideas al respecto, que la pobreza de una gran mayoría de la humanidad, junto con excesiva riqueza de una minoría, participa a la vez como efecto y causa de la crisis ecológica planetaria. La versión teórica de esta conciliación teórica se conoce como sostenibilidad integral, y constituyó el último intento, aún vigente, para llamar la atención acerca de la necesidad de fundar otro desarrollo con el hombre, no

los ecosistemas solamente, como centro de las preocupaciones ecológicas o desarrollo humano sostenible, según se dijo en Río 92.

Pero no sólo las ideas sobre la crisis ecológica se extendieron por todo el planeta en los noventa, el modelo económico dominante además de míticos muros, derribó las fronteras nacionales de los problemas ecológicos y las producciones locales/nacionales. Los procesos de modernización y globalización prometen ser la esperanza para superar la crisis ambiental; por lo menos eso es lo que vende el concepto de DS, aun con la incorporación explícita de la dimensión humana en Río 92. El ahora desarrollo humano sostenible “DHS” retorna sin proponérselo al ámbito de dos antiguos planteamientos: el ecodesarrollo y la sostenibilidad integral, ambos especialmente útiles a la separación conceptual entre DS y sostenibilidad y a los enfoques de sostenibilidad urbana que se describen más adelante.

La sostenibilidad integral tiene, como se ha dicho, especial vigencia en las ciudades latinoamericanas, ya que ensambla los retos de la conservación de las condiciones ambientales urbanas (temperatura agradable, aire limpio, espacios verdes, agua potable, ríos descontaminados, basuras en su sitio) y los que son propios de las condiciones sociales y económicas (vivienda, seguridad, empleo). Un esquema con dos versiones clásicas de la sostenibilidad integral se presenta en la figura 1.1 (a, b).

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Figura 1.1.a. Las “sostenibilidades” y la sostenibilidad Integral.

Adaptado de Nijkamp, 1990.

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CIAL A SO M E T S SI

S

ciudades grandes de Latinoamérica, que soporta condiciones de hambre, insalubridad, inseguridad. De modo que los tópicos sobre la pobreza en el llamado Tercer Mundo, no se pueden aplicar a toda la población ni a todas las regiones y sectores urbanos, así como la opulencia y el bienestar en el Norte tampoco se pueden aplicar a toda la gente y a todos los territorios.

SISTEMA ECONÓM ICO S S

S

SISTEMA EC OLÓGICO

ENVOLVENTE ÉTICA VALORES

Figura 1.1.b. St = Secol+Ssocial+Secon.

Tomado de Jiménez (2000)

La figura 1.1.b propone una envolvente ética como condición determinante de la sostenibilidad integral. Puede decirse que hay un cambio o, mejor, una definición de esta envolvente ética, y es que el nuevo marco ético del DS es la sostenibilidad ecológica. En efecto, cualquier grupo humano del planeta, con independencia de su raza, credo o nivel de desarrollo, tiene hoy más que nunca la obligación de reparar los daños a los ecosistemas que ha provocado su estilo de desarrollo , así como de prevenir daños futuros. En otras palabras, hay un imperativo ético, una responsabilidad ineludible de todos los pueblos de la Tierra con el patrimonio natural colectivo, localizado en cada territorio. El cambio conceptual no debe entenderse como un retorno a un ecologismo nostálgico, sino como una nueva irrupción de la ciencia ecológica en el pensamiento ambiental moderno.

Este enfoque permite hacer una nueva lectura de la contradicción global-local del DS, fundada en una reproducción a escala urbana de la lógica centro-periferia: centros urbanos y ciudadanos que viven en condiciones similares a cualquier habitante de una gran metrópoli del mundo desarrollado, salvo los mayores riesgos para la seguridad y un gran volumen de población en las . Aunque para gran parte del mundo, tal estilo de desarrollo haya sido impuesto y no corresponda a la materialización de una utopía colectiva de futuro, que es la versión ideal del desarrollo.

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En las ciudades latinoamericanas existen sectores urbanos y grupos poblacionales cuyos niveles de vida y consumo son equiparables a los equivalentes en las ciudades industrializadas y pos industrializadas. La relación centro-periferia se manifiesta como una creciente segregación socio-espacial, que genera verdaderos guettos: islas en expansión en las que se acrecienta la ingobernabilidad y la inhabitabilidad. Se configuran, en consecuencia, espacios urbanos en los que conviven el desarrollo y el subdesarrollo, la opulencia y la miseria. La ciudad global y la naciente ciudad industrial, la ciudad controlada, vigilada, gobernada, y la ciudad ingobernable en manos de grupos ilegales armados. La ciudad monumental y turística, y la ciudad de la desesperanza, del no futuro. La ciudad de la red mundial y la ciudad excluida. La ciudad del DS y la ciudad insostenible. ¿Cómo construir en medio de este panorama un proyecto de ciudad sostenible, justa? ¿Es esto posible? En adelante se espera al menos ahondar la comprensión de esta lógica Norte-Sur que convive en los espacios urbanos de este lado del mundo.

1.2 Sostenibilidad ecológica Este trabajo tiene como uno de sus objetivos producir y aplicar indicadores de sostenibilidad ecológica. En esa medida conviene ahondar en la separación del DS, al menos teóricamente, ya que, como es de esperar, estos indicadores de sostenibilidad caben en el ámbito (el discurso, los conceptos y los objetivos) del DS. De modo que dibujar esta delgada frontera entre ambos conceptos resulta necesaria y útil solo como punto de partida conveniente a los propósitos de este trabajo, y también resulta muy difícil puesto que la sostenibilidad ecológica dio en cierta medida origen al DS, que ha mantenido la preocupación por la salud de los ecosistemas como uno de sus pilares.

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El DS se basa en la idea ecológica de sostenibilidad, aunque hoy ha absorbido variados tintes ideológicos: económicos, sociales, políticos, culturales. La idea básica de sostenibilidad ecológica se fundamenta en el concepto de capacidad de carga.

El concepto de capacidad de carga surge, al igual que algunos otros que han hecho tránsito a ámbitos sociológicos , en la ecología. Se define como la población máxima de una especie, que puede mantenerse en un territorio dado sosteniblemente, o sea, sin alterar su base de recursos. Como quiera que las poblaciones crecen, las consecuencias de un crecimiento prolongado acaban apareciendo más tarde o más temprano.

Entonces, ¿cómo se define y calcula el límite superior teórico de crecimiento (K) (K, capacidad de carga), para saber el tamaño de la población que puede perpetuarse, en una situación ambiental dada? (Odum, 1992). La respuesta a esta pregunta fue asumida en forma intuitiva en diversas técnicas de cría de ganado, que se preguntaron por el número de animales que sería conveniente tener en un pastizal de área limitada, para que el suelo –entendido aquí como el principal recurso– no sufriera compactación y erosión, dando lugar a ese destino productivo en forma indefinida. Nociones similares se emplean para identificar causas de procesos erosivos originados en la ganadería, establecida en suelos de baja capacidad de carga o con niveles de explotación superiores a dicha capacidad.

Pueden citarse muchos ejemplos en la agricultura –capacidad de uso–, o en la silvicultura –índice de sitio–, que incorporan la . Algunos de ellos, medio ambiente, diversidad, hábitat, territorio.

noción de capacidad de carga, todos con un propósito común: sostener por largo tiempo la explotación del suelo en el uso específico, con los niveles de beneficio (económico, social, ecológico) que la hicieron viable en un principio, o incrementándolos.

La capacidad de carga, así definida, supone que el impacto “per cápita” de los individuos de una especie es igual, lo cual es especialmente falso en el caso del hombre, pero también en el de muchas otras especies (Odum, 1994). La utilidad práctica de esta noción se centra en la posibilidad de utilizarla con el fin de conocer óptimos y máximos de capacidad de explotación, o máximo rendimiento sostenible, constituyendo un criterio biológico y económico para la gestión de los recursos naturales renovables. Según esto, en un bosque se extraería el número de metros cúbicos de madera al año que el bosque mismo es capaz de reponer gracias a su crecimiento natural. El máximo potencial de pesca también es un criterio convencionalmente utilizado en la explotación sostenible de recursos pesqueros. En general, para cualquier población cuyo crecimiento pueda describirse mediante un modelo logístico, se puede representar la situación de equilibrio de la población, en la cual las restricciones del medio limitan su crecimiento.

Como ya se indicó, tal límite se denomina “capacidad de carga” del ecosistema (figura 1.2).

CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA (K)

POBLACIÓN TOTAL

En efecto, las pioneras ideas de sostenibilidad provienen del mundo de la ecología. El interés por dilucidar las relaciones entre los organismos y su ambiente no podía menos que conducir a la pregunta por el equilibrio y, por tanto, la perdurabilidad de estas relaciones. La extensión de esta preocupación a la especie humana está en la base del ideario del movimiento ambientalista global: gobiernos, ciudadanos, organizaciones, minorías, industriales, obreros, comerciantes, sin excepción, las más variadas voces en todos los idiomas han encontrado en la arena de la crisis ecológica, tribuna para sus reivindicaciones.

CAPACIDAD DE CARGA ÓPTIMA (2K/3)

CAPACIDAD DE CARGA ÓPTIMA (K/2)

TIEMPO

Figura 1.2 Curva de crecimiento logístico.

(Adaptado de Odum, 1992, Conway, 1983, citado por Jiménez, 1997)

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A partir de este punto la población (o la biomasa) no crece, sino que permanece constante (K). El máximo crecimiento neto (∆p máximo) se obtiene cuando el tamaño de la población es aproximadamente la mitad de su valor máximo (K/2) o 2/3 del mismo (2K/3), (Conway, 1983, citado por Jiménez, 1997). K representa el nivel máximo, mientras que el nivel óptimo (Ko), es otro punto inferior, situado entre el nivel de saturación y el punto de inflexión (∆p máximo). El sistema será sostenible siempre que la cantidad de biomasa extraída (P), se mantenga por encima del nivel óptimo, es decir, siempre que se extraiga por encima del nivel óptimo, que en todo caso no es igual a la capacidad de carga K (K/2 < 2K/3 < K) (Odum, 1994) (figura 1.3).

P K

POBLACIÓN

2K/3, K/2

-P

-P

FACTORES LIMITANTES

-P

K0

T2

T3

T4

El éxito de la economía humana, si es que se acepta tal éxito, radica en la capacidad de remover mediante la tecnología los límites de la capacidad de carga del ambiente o bien, importar capacidad de carga desde otros territorios a aquel agotado. En este sentido puede decirse que el DS se apoya más en este crecimiento de los límites que en el ajuste a los límites del crecimiento, más propio de la sostenibilidad. He aquí una primera e importante diferencia.

TIEMPO

Figura 1.3 Capacidad de carga K, rendimiento sostenido –P y ciclo extractivo (tn tn+1).

Fuente: adaptada de Odum, 1992

La figura muestra dos valores de K0 (azul y rojo); cada uno, como se explicó, es un valor óptimo de K (K/2 o 2K/3) es decir, el momento en el cual (t1) el número de individuos en el sistema es tal, que una extracción controlada P, permite una recuperación del nivel en el que se alcanza la máxima tasa reproductiva, precisamente K/2 o 2K/3.

En términos sencillos, para unos autores el momento de máxima tasa reproductiva ocurre cuando la población de una especie es la mitad del máximo posible (K/2) o un valor cercano, de modo que se puede extraer hasta la mitad de los individuos de esa especie, con ciertos cuidados para no degenerar la base

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Desde luego que esta extrema racionalización, probada con cierto éxito cuando se trata de poblaciones de peces o árboles con tasas conocidas de crecimiento en latitudes medias, no puede trasladarse a todo el mundo natural, y menos al mundo humano sin más. El mensaje que permanece en la noción de sostenibilidad es que debe preservarse la base natural de todos los recursos renovables.

Basándose en la capacidad de carga de individuos o biomasa, es factible suponer que cada unidad (cada individuo o unidad de peso) tiene más o menos el mismo impacto sobre el ambiente que cualquier otra unidad. Sin embargo, los individuos pueden diferir ampliamente en su impacto (Odum, 1994). Esto es especialmente cierto en el caso del hombre y entre las naciones.

?P Max

T1

reproductiva. Un análisis similar cabe para el valor 2K/3, el cual se debería aceptar en atención al principio de precaución.

Se sabe que el consumo de energía y recursos per cápita en los países industrializados puede ser muchas veces mayor al que se produce en los países llamados pobres. En consecuencia, la capacidad de carga, en términos de número de personas, depende del nivel de consumo de la población y es menor tanto mayor sea este. Puesto que el hombre difiere ampliamente en su impacto sobre los recursos sustentadores de la vida, la sociología ha añadido una nueva dimensión, intensidad de uso, al concepto de capacidad de carga. Catton (1987, citado por Odum, 1994), define capacidad de carga como “el volumen y la intensidad de uso que pueden ser sostenidos ininterrumpidamente sin degradar la idoneidad futura del medio ambiente para este uso” . . Definición que bien puede aplicarse a la sostenibilidad ecológica.

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De este modo, el concepto de capacidad de carga comienza a emplearse sin demasiadas especificaciones en ciencias sociales, entendiéndose como la capacidad de sustentación del planeta Tierra y para la especie humana (Riechmann, 1995).

Esta nueva denominación, más común en ciencias sociales y ambientales, “capacidad de sustentación”, evoluciona, claramente, del concepto de capacidad de carga, e incorpora la noción de sostenibilidad, entendida como la perpetuación de las actividades humanas en un territorio, sin deteriorar la base de recursos, denominada capital natural, por similitud con el concepto económico clásico de capital. De este modo, desde la interpretación económica del concepto de capacidad de sustentación se asimila el ecosistema al capital natural, y la extracción máxima sostenible a los “intereses” que ese capital produce en un tiempo determinado.

Sin embargo, ¿existe un valor K para la especie humana en el cual pueda decirse que se ha saturado la capacidad de sustentación del planeta? ¿Hay límites al número de seres humanos que pueden vivir en este planeta, sin dañar irreversiblemente la biosfera? (Riechmann, 1995). El reconocimiento de que vivimos en una biosfera finita nos deja con, por lo menos, la certeza de que esta capacidad de sustentación es limitada; en esta línea argumental, tras los interrogantes planteados, se empieza a hablar de carga humana, una noción que en parte retoma las tesis del crecimiento cero y el pensamiento económico clásico.

La idea de capacidad de carga humana se incorpora al debate sobre la sostenibilidad, a pesar de que, como señala Rees (1996), hay una gran división respecto al valor que tiene la inclusión de este concepto en tal debate. Existen dos posiciones contrarias, que se enfrentan alrededor de la posibilidad de extender el concepto de capacidad de carga o sustentación al campo de la ecología humana.

Martínez Alier (1998), por ejemplo, apunta que la definición de capacidad de carga es irrelevante para los humanos, por varias razones: primera, la aptitud humana de establecer diferencias en el uso de energía y materiales plantea la pregunta: ¿Máxima población con qué consumo? Segunda, las tecnologías huma-

nas cambian a un ritmo mayor que en otras especies. Por eso, una objeción al uso del concepto fue la tesis anti-malthusiana de Boserup (1965, citado por Martínez A., 1998), según la cual los cambios en los sistemas agrícolas definidos como la disminución del periodo de rotación, se veían como una respuesta al aumento de población. Tercera, los territorios ocupados por los humanos no están dados; el hombre es capaz de competir con otras especies a las que arrincona. Así mismo, dentro de la especie humana hay una determinación política de cuáles territorios están cerrados y cuáles están abiertos a los inmigrantes. La territorialidad humana está construida social y políticamente.

Una cuarta razón para que la capacidad de carga no sea aplicable directamente a los humanos es, según Martínez Alier (1998), el comercio internacional. El comercio puede verse, de hecho, como una apropiación de la capacidad de carga de otros territorios, argumenta; si a un territorio le falta algo muy abundante en otro, entonces la ley del mínimo de Liebig recomendaría el intercambio, y por tanto, la capacidad de carga de todos los territorios sumados sería mayor que la suma de las capacidades de carga de todos los territorios autárquicos, concluye.

Riechmann (1995) presenta argumentos en la misma línea de Martínez Alier (1998). Este autor indica tres consideraciones que, a su criterio, incluyen aspectos ignorados habitualmente en la discusión de la capacidad de sustentación. Primera: la degradación ecológica puede producirse no sólo por causa de la presión de la población sobre los recursos, sino también por la presión de la producción (destinada a la exportación y no a la autosuficiencia) sobre los recursos. Segunda consideración: la producción agrícola puede aumentar muchísimo, si aumentan los insumos energéticos. En este punto coincide especialmente con las razones 1 y 2 expuestas por Martínez A. (1998). Tercera consideración, y aquí coincide con Martínez A. (1998) de nuevo, en relación con el carácter político y social de la territorialidad humana. Concluye Riechmann (1995) observando que la territorialidad humana basada en fronteras nacionales provoca que la noción de capacidad de sustentación sólo tenga sentido a escala global, planetaria, pero no en el ámbito de una región o país.

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Paradójicamente Riechmann continúa aportando unas cifras que denuncian saturaciones de la capacidad de carga en unos países en relación con otros: Una sola región de la próspera Alemania, Renania del Norte-Wesfalia, tiene toda ella más vehículos automóviles (9 millones) que todo el continente africano (8,5 millones) (los datos son de 1992, advierte) (...). Se ha calculado también que un ciudadano estadounidense consume o destruye quinientas veces más recursos ambientales que un hindú. (Riechmann, 1995).

En el caso de los vehículos, a partir de la noción de la capacidad de carga, podría pensarse que la región en cuestión ha sobrepasado ya su porción justa de emisión de CO2, o cuando menos, que la ha utilizado mucho más que la gente de África.

Sin la aplicación de esta noción a escala regional, no podía extenderse una conclusión similar.

Abiertamente opuesto a los planteamientos de Martínez Alier, Hardin (1991) apunta que la capacidad de carga es la base fundamental de la contabilidad demográfica (Hardin, 1991, citado por Rees, 1996). Los economistas y planificadores convencionales, continúa Rees, generalmente ignoran o desechan el concepto cuando lo aplican a la especie humana. Pese a los incrementos de la sofisticación tecnológica, la humanidad permanece en un estado de obligada dependencia de la productividad y de los servicios vitales de la ecosfera (Rees, 1990, citado por Rees, 1996). Hoy en día la población humana y el consumo se están incrementando mientras que el total de la superficie productiva y el stock de “capital natural” están fijos o en declive (Rees, 1996).

Estas tendencias opuestas requieren una aplicación del análisis de capacidad de carga. El razonamiento propuesto por Rees (1996), define que, en principio, a causa de nuestra aparente habilidad para aumentar nuestra capacidad de carga eliminando a otras especies, importando recursos localmente escasos y mediante la tecnología, la noción de capacidad de carga parece irrelevante para los humanos. De hecho, el comercio y la tecnología se usan a menudo como razones para rechazar total-

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mente el concepto de capacidad de carga humana. Para Rees, este es un error contraproducente, ya que una disminución de la capacidad de carga puede volverse pronto el único tema importante con el que se enfrentará la humanidad.

La razón de esto se aclara, propone este autor, si definimos la capacidad de carga no como la máxima población, sino como la máxima carga que puede ser impuesta por la población al medio sin estropearlo (Rees, 1996). Esta última idea de Rees coincide en buena medida con la definición que se adopta en este trabajo como capacidad de carga, capacidad de sustentación o capacidad de acogida.

En esta línea William Rees (1996) aporta algunas cifras obtenidas por Catton (1986) para mostrar que la capacidad de carga depende, como se dijo ya, no sólo de la población, sino también del consumo. Como resultado de estas tendencias, la presión relativa a la capacidad de carga aumenta mucho más rápidamente que lo que implica un simple aumento de población.

La economía humana es un subsistema abierto y creciente de una ecosfera materialmente cerrada y no creciente (Daly, 1992, citado por Rees, 1996), y es, por tanto, dependiente de la materia y energía disponibles de esa ecosfera para su crecimiento y desarrollo. De allí que un crecimiento continuo de la economía puede ser conseguido sólo a expensas del aumento del desorden (entropía) de la ecosfera, según los preceptos de la segunda ley de la termodinámica, que a juicio de Rees, es imprescindible para comprender la capacidad de carga, si se atiende a las nuevas reformulaciones de esta segunda ley (Rees, 1996, citando a Schnaider y Kay, 1992).

Termina Rees (1996) su argumentación en favor de la utilidad del concepto de capacidad de carga humana, para explicar el impacto de nuestra actividad sobre el medio ambiente, afirmando que la tecnología y el comercio no contribuyen realmente al incremento de la capacidad de carga. Para sustentar su afirmación, el autor destaca que, al parecer los incrementos de la eficiencia van acompañados generalmente de aumentos en el consumo, de modo que los incrementos en la eficiencia

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pueden ir más bien en contra de la conservación a través de los efectos en los precios e ingresos.

Estas respuestas de comportamiento a los cambios de los precios e ingresos son conocidas como “efecto rebote” por los economistas (Jaccard, 1991, citado por Rees, 1996). El ahorro inducido por la tecnología es regularmente dirigido a formas alternativas de consumo, anulando en parte o en todo el beneficio potencial al medio ambiente, que, por el contrario, ve reducida la base de recursos, como en el caso de la agricultura intensiva tecnificada, a pesar de crear la ilusión de un incremento de la capacidad de carga.

Para Rees (1996) el aumento de capacidad de carga gracias al comercio de mercancías, es también ilusorio. Este puede liberar a una población local de las limitaciones de su propio territorio, pero solamente desplaza la carga a otro sitio. En efecto, continúa Rees, las poblaciones locales importan “excedentes” de la capacidad de carga de otras. Esta última idea es de especial interés, ya que va a permitir plantear un concepto de territorio que incorpore en su definición aquellas zonas en las que, efectivamente, se produce una disminución de la capacidad de carga, debida a la exportación de materiales o energía, que no constituye necesariamente un “excedente”, sino que la determinación política así los ha tratado.

Al respecto, un argumento de Martínez Alier (1998) podría ayudar a ilustrar esta situación cuando propone que podría escribirse la historia ecológica de Latinoamérica, no como una historia de degradación causada por un exceso de población (la población sufrió tremendo colapso demográfico tras 1492), sino como una historia de producción de exportaciones a expensas del capital natural, una historia de dependencia ecológica (Martínez A., 1974, citado por Riechmann, 1995).

El fenómeno de dependencia ecológica propuesto por Martínez A. (1992), trasladado al ámbito regional, deja ver no sólo la utilidad y antigüedad de la noción de capacidad de carga, sino también la posibilidad de hacer una interpretación (en principio didáctica) de los desequilibrios territoriales en el área de trabajo. Otro argumento en favor de la última idea defendida

por Rees (1996) –que el comercio y la tecnología no incrementan la capacidad de carga–, sería el hecho de que el comercio únicamente transa con materiales y energía que se importan al territorio, y no considera los valores de existencia de la naturaleza, es decir, los servicios ambientales no internalizados en el precio de los bienes importados.

Las ideas relativas a la capacidad de carga están tomando gran preponderancia, en especial si se acepta el ya propuesto viraje teórico reciente respecto a la interpretación del DS, en el que se trata de separar desarrollo y sostenibilidad, en otros términos, economía y ecología, o rescatar la noción básica de sostenibilidad entendida como utilización a perpetuidad de los recursos naturales, a partir de establecer y extraer de los ecosistemas solamente aquel volumen de biomasa (peces, madera) que la propia dinámica de la fotosíntesis es capaz de reponer en el periodo entre cada ciclo extractivo (figura 1.3).

La noción de sostenibilidad ecológica cobra igualmente especial significado en el ámbito local, dado que procura la permanencia de la base natural de un territorio, o mejor, de los ecosistemas contenidos en él, que consiste en mantener constante en el tiempo la vitalidad de sus componentes y procesos de funcionamiento. En la medida en que este propósito demanda profundos cambios en los patrones de producción, consumo y distribución de la riqueza, este enfoque reclama para sí el rótulo de sostenibilidad fuerte. Pero, ¿hasta dónde utilizar esta base natural? Todavía la ciencia no ha podido responder a esta pregunta al punto que la tasa máxima de aprovechamiento de un recurso considerado en forma independiente no admita discusión.

Tampoco se tiene un conocimiento pleno de la base natural global, y en los países en desarrollo la información existente y los recursos dedicados a investigación básica son muy limitados, por lo que queda el principio de precaución y algunos resultados de investigaciones que van conformando la línea base ambiental del país. Estas deficiencias en la información se replican a todas las escalas del territorio nacional y generan las mismas dificultades de planificación con criterios de máxima capacidad de carga en los municipios, departamentos y regiones.

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1.3. Sostenibilidad urbana

Con la urbanización de la vida humana en el planeta, las ciudades pasaron a ser, durante el siglo XX, el hábitat humano por excelencia, y por consiguiente, el escenario de las crisis de todo orden, así como de los más grandes logros de nuestra especie. No en vano Wackernagel (1996) afirmó que: “La batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades”.

Sustenta su afirmación en el hecho de que si bien las ciudades son las más grandes contribuidoras al producto global económico, también son las más grandes consumidoras de recursos y productoras de desechos. De modo que la separación entre la vida urbana y los escenarios naturales, y de estos con la vida rural, no es más que la manifestación creciente de la desnaturalización del hombre: una comprensión cada vez menor de la relación que existe entre los recursos naturales y los niveles de bienestar, propios de la vida urbana .

Por lo anterior, para el habitante urbano medio de este siglo, la naturaleza es un concepto accesorio, ajeno, antagónico a su propio entorno y por tanto exótico; y lo rural, un estado intermedio previo a la urbanización, y, en todo caso, según su concepto intuitivo de desarrollo, menos desarrollado. Para este ciudadano, la procedencia de alimentos como la leche, el pescado o las verduras se ubican en el supermercado, aunque una minoría creciente se preocupa por asuntos como el uso de pesticidas en los cultivos, la contaminación del pescado proveniente de ríos expuestos a vertidos tóxicos, etc. Tal alienación del habitante urbano respecto al entorno rural y natural que hace posible su bienestar se acentúa a medida que la ciudad crece, aunque, al parecer, a partir de cierto tamaño esta tendencia se invierte, o al menos debería tratar de invertirse.

Esta percepción urbana –desde dentro de la ciudad– de la naturaleza como ajena y antagónica, se magnifica si se consideran servicios de la naturaleza como la fijación de carbono o la regulación hidrológica. Por ejemplo, el acto cotidiano de abrir el grifo y después pagar la factura como un servicio, a cargo de entes gubernamentales o empresas privadas, ha hecho ol-

. Al menos para una parte de la población. En Latinoamérica, la pobreza es un fenómeno urbano creciente.

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vidar que el agua es un producto natural, cuya permanencia y calidad dependen del mantenimiento de ciertos equilibrios ecológicos, en fin, que es desde estos ecosistemas y no estrictamente desde las plantas purificadoras de donde fluye el agua a las viviendas.

En cuanto a la percepción que los urbanistas tienen de la crisis ecológica, si entendemos como tal al conjunto de mensajes que el público recibe referido a la contaminación, las hambrunas, la escasez de agua y otros temas, puede decirse que se destacan dos corrientes principales de ambientalismo urbano: la primera se ocupa de la crisis ambiental global, y entrega mensajes relacionados con el problema del cambio climático, del deterioro de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad... a escala mundial. La segunda corriente, inspirada también por la sensibilización frente a la crisis ambiental global, se preocupa por el ambiente urbano y su calidad, problemas como el ruido, la polución, la contaminación visual, las quemas, la disposición de residuos... Propuestas como el reciclaje, la arborización urbana, las campañas de aseo urbano, constituyen temas y acciones propios de los ecologistas urbanos, que atienden a los problemas ambientales originados en la ciudad.

Estas corrientes se generan desde actitudes individuales, hasta movimientos sociales que, a menudo, reclaman participación en las decisiones que el gobierno local toma en la materia. Se echa de menos, sin embargo, alguna expresión social a favor de la escala intermedia, regional, de los problemas ambientales, aunque con ella podría identificarse a ciertos movimientos nacionales integrados por ONG, filiales o no, de organizaciones internacionales.

Es bueno insistir en que a pesar de la importancia que tienen estas percepciones de los problemas ambientales, y los movimientos sociales que las retoman, no existe, por lo menos en Colombia, preocupación por los problemas ambientales generados por las ciudades en el territorio. Los que se derivan de la apropiación de grandes áreas para los abastecimientos de bienes y servicios para la población, aquellos ecosistemas desde los que la ciudad importa, por así decirlo, su sostenibilidad.

Recientemente se han abordado en diferentes espacios acadé-

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micos y políticos dos temas relacionados con la escala regional de los problemas ambientales: equilibrio regional y ecorregiones estratégicas.

El primer tema se ha debatido arduamente en las comisiones del Senado de la República, que han tenido a su cargo la formulación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial; sobre este tema específico se vuelve en el capítulo 4. En cuanto a las ecorregiones estratégicas, este concepto lo introdujo el Ministerio , con el propósito de delimitar zonas del país en las que los ecosistemas frágiles y ricos en biodiversidad se estén viendo amenazados por distintas actividades productivas, entre ellas la urbanización dispersa o intensiva. Se trata, en principio, de conformar áreas para la gestión ambiental, que reconozcan los límites de los ecosistemas por encima de los límites de las entidades territoriales (municipios, departamentos). Este trabajo se terminó en el año 2001.

Esta simplificación no olvida la existencia de muchas otras escalas intermedias: lo regional puede incluir desde un grupo de naciones, hasta un conjunto de ciudades; lo local puede aludir igualmente a esos dos grupos de espacios. La simplificación tiene por objeto establecer la dicotomía existente entre la percepción global de la crisis ambiental y sus manifestaciones e interpretaciones en el nivel donde se toman la mayor parte de las decisiones de gestión ambiental y territorial, especialmente en Latinoamérica: los ámbitos municipal, metropolitano y regional10. Se asume, sin embargo, que la escala regional de los problemas ambientales urbanos coincide con la escala de la sostenibilidad local.

Si la ciudad es el escenario en el que se resume la grandeza de la civilización humana, también es allí en donde se manifiestan las mayores desigualdades sociales y en donde, a medida que la ciudad crece, surgen las más agudas contradicciones entre

. Hoy transformado en el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

medio ambiente y desarrollo, entre sostenibilidad y deterioro irreversible.

Es en la cúspide del crecimiento económico donde se aprecian los límites del mismo, si es que se acepta que se ha llegado a tal límite, o en donde se manifestarán, si se mantiene el ritmo actual de consumo del capital natural, sin ningún cambio en la distribución intrageneracional de la riqueza.

Pensar la ciudad como proyecto sostenible obliga a admitir que ya no se habla del mismo espacio con una morfología dada de otras épocas. La ciudad de hoy se define, se construye en un ámbito que trasciende los lugares centrales; sus límites se ubican donde los efectos directos de la concentración urbana llegan. Usando una idea de la economía, puede afirmarse que los límites de una región urbana deben buscarse allí, donde los efectos directos de la concentración metropolitana se manifiestan como un cambio, una deseconomía asociada a la cercanía, el tamaño y la expansión de la urbe.

También en las ciudades el DS ha tenido un proceso evolutivo a partir de incorporar cada vez más elementos diferentes al pensamiento económico. Sigue vigente la noción de sostenibilidad integral que ha incorporado recientemente como uno de sus pilares, más o menos en igualdad de condiciones que las demás “sostenibilidades”, a la sostenibilidad ecológica. En este concepto se incluyen además la sostenibilidad social, política y económica, pero redefinidas en términos de grandes temas relacionados con la sostenibilidad urbana. La figura 1.4 ilustra un posible esquema de sostenibilidad integral urbana, para algunos autores, la versión más recurrente de sostenibilidad débil.

Los diferentes aspectos de la sostenibilidad se traducen en los temas sociales más determinantes en la ciudad latinoamericana: habitabilidad por vivienda, saneamiento y alimentación; competitividad por empleo y productividad; gobernabilidad por seguridad ciudadana; democracia e inclusión y sostenibilidad ecológica, según los dos enfoques descritos: local y regional.

10. En el caso de Colombia, el concepto de región, referido a la acción institucional en materia de gestión ambiental, ha sido recientemente introducido a partir de la puesta en vigencia de la Ley 99 de 1993, que era el Ministerio del Medio Ambiente y divide el territorio nacional en jurisdicciones propias de Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales, a su vez, subdividen sus jurisdicciones en “sub regiones”.

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Una respuesta trivial por el momento es que, dada la probada dependencia ecológica de la ciudad, el capital natural del que depende su sostenibilidad ecológica, y en parte su sostenibilidad económica, se encuentra por fuera de su ámbito administrativo ordinario (el área urbana, el municipio) en una región tributaria (Girardet, 2001), una ecorregión urbana.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: COMPETITIVIDAD

SU SOSTENIBILIDAD SOCIAL: HABITABILIDAD

Antes de entrar en el tercer tema, es necesario proponer un último esquema que resume la tendencia conceptual anunciada: el cambio hacia un neoconservacionismo que, como se muestra a continuación, soporta uno de los dos enfoques teóricos de la sostenibilidad urbana: la corriente biorregionalista. Este esquema se presenta en la figura 1.6.

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Figura 1.4 Esquema de sostenibilidades que convergen en la sostenibilidad urbana (SU).

Fuente: elaboración propia.

G

P

SE

SP

COMPETITIVIDAD-SOLIDARIDAD

SE

H EXISTEN 4 MEGATEMAS VINCULADOS CON LA SOSTENIBILIDAD (DÉBIL) URBANA G = GOBERNABILIDAD-KP P = PRODUCTIVIDAD-KE H = HABITABILIDAD-KS S = SOSTENIBILIDAD-KN

S

SN

SS

PRESIONES QUE DESENCADENAN TENSIONES URBANAS

SP SE SS SN

= = = =

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

POLÍTICA ECONÓMICA SOCIAL NATURAL

Figura 1.5 Esquema actual de sostenibilidad integral. Megatemas de sostenibilidad urbana.

Adaptado de Fernández et ál. (1999).

SE HABITABILIDAD-VIVIENDA

GOBERNABILIDADDEMOCRACIA

SOSTENIBILIDAD URBANA

Figura 1.6 Los temas sociales urbanos en clave de sostenibilidad.

Fuente: elaboración propia.

En síntesis, las diferentes “sostenibilidades” siguen vigentes cuando se piensa en la sostenibilidad urbana, pero traducidas en temas macro; un compendio de ellas se concreta en las ideas más recientes de ciudades sostenibles. La figura 1.5 ilustra los cuatro grandes temas de la sostenibilidad urbana.

En esa figura, la letra K se refiere al capital (social, político, económico y natural); igual ocurre a la derecha con la sostenibilidad (S). Es de destacar que, a pesar de tratarse de temas de sostenibilidad urbana, aparece la preocupación por la sostenibilidad ecológica o por el capital natural. El tema que sigue puede introducirse con una pregunta: ¿Cuál es y dónde está localizado el capital natural de una concentración metropolitana?

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El esquema apunta a la sostenibilidad ecológica como propósito último del movimiento social y científico hacia el DS, también en las ciudades, con un alto compromiso en la superación de la pobreza, tal y como se propuso en la Cumbre de Johannesburgo. Naturalmente este esquema precisa una nueva conceptualización de las “sostenibilidades”: S. Social o Habitabilidad equivale a vivienda digna, agua y saneamiento; S. Económica o Competitividad a Solidaridad; S. Política o Gobernabilidad, a Democracia e Inclusión y S. Urbana, como se expone a continuación, a la consideración de dos enfoques diferenciados pero concurrentes. Vale señalar también que de acuerdo con la lógica centro periferia propia de las profundas diferencias entre

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sectores sociales, también entre pobres y ricos urbanos de la ciudad latinoamericana es necesario hablar de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y, por qué no, proponer esquemas de cooperación local para el desarrollo. La figura 1.7 muestra un esquema de esta última idea; la dirección de la flecha oblicua indica el flujo de recursos de cooperación para el desarrollo.

GLOBAL-NACIONAL

NORTE-CENTRO

LOCAL-URBANO RICOS

SURPERIFERIA

POBRES

Figura 1.7 La lógica centro periferia global, aplicada a la ciudad latinoamericana.

Fuente: elaboración propia.

1.3.1 Dos enfoques de la sostenibilidad urbana La transición global a la vida urbana se impone como sello de la época y marca el inicio del siglo XXI como el siglo del hombre ciudadano, moderno. Esto no admite discusión, especialmente para quienes proponen el fin de la historia: la marcha inexorable de la humanidad por una única senda de progreso, el desarrollo urbano capitalista, y la extinción de la ruralidad no industrializada (agraria, silvícola o pastoril) como forma de vida, por su presunta incompatibilidad con los beneficios de la vida moderna: tecnología, salud, seguridad, comunicaciones.

Al frente de estas ideas marcha el desarrollo sostenible, y qué mejor escenario para ensayar esta fórmula mágica, usada como “patente de corso” para el crecimiento económico, que la ciudad –el escenario privilegiado de la crisis social y ecológica global (Fernández et ál., 1994)–, el centro de la vida humana moderna, su hábitat hoy. ¿Pero qué tanto cabe la realidad territorial11 colombiana en estos presupuestos teóricos? ¿Es este en realidad un país urbano?

11. La intensidad y magnitud de los procesos de urbanización.

¿Cómo usar la sostenibilidad para mejorar la comprensión de las crisis socioecológicas que enfrentan las ciudades? ¿Es realmente útil hablar de ciudades sostenibles en Colombia? En tal caso ¿qué es lo que se quiere hacer sostenible? Todas estas preguntas acompañan el desarrollo de este trabajo; por ahora se puede responder a la segunda de ellas, recurriendo a los anunciados enfoques de la sostenibilidad urbana.

Tanto se ha dicho sobre el DS, como poco se ha hecho para materializarlo. La principal acusación de banalidad de este término proviene de la crítica a su operatividad a más de 15 años de su promulgación oficial12. Pese a esto, el mensaje central del DS, que afirma que debe promoverse un nuevo desarrollo, mantiene la crítica al capitalismo como forma de relación con la naturaleza y de organización de la sociedad, aunque sólo sea en el terreno discursivo. Se acusa a este enfoque de utópico y contradictorio (el desarrollo –crecimiento, acumulación, expansión– actual es insostenible), pero allí puede radicar su fuerza y su vigencia.

El cortocircuito entre el capitalismo voraz que engulle al mundo entero –esta vez con el ropaje de la globalización– y la ecología como una renovada economía de la naturaleza, revela que en el actual modelo de explotación y acumulación del capital natural global, se acentuarán, especialmente en las ciudades, la ingobernabilidad, la insolidaridad, la inhabitabilidad y la inseguridad. El resultado se dejará sentir aún con más fuerza en los ecosistemas locales y globales. Como colofón queda la tentadora conclusión de que no es la pobreza, sino la forma de generar y acumular riqueza, la causa última de la crisis ecológica y social global.

Ya se describieron dos escalas en la percepción de los problemas ambientales urbanos: local, es decir de los problemas ambientales de la ciudad, y regional, de los problemas ambientales que causa la ciudad en el territorio o región. La primera escala coincide con el enfoque de las “buenas prácticas para la sostenibilidad urbana”. La segunda escala coincide con el enfoque biorregionalista, un enfoque ecológico –en el sentido 12. Cabe recordar que se acepta que tal promulgación tiene lugar en 1987 con el Informe Brundtland.

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El enfoque de las buenas prácticas es básicamente remedial, aunque no deja de lado la conservación de muestras de los ecosistemas originarios dentro de las ciudades. Sus iniciativas están orientadas a reducir el consumo en general, y a no utilizar productos contaminantes. También al reciclaje de aguas domésticas, de residuos sólidos, a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (por ejemplo, mediante el deses­ tímulo al uso del vehículo privado y la promoción de ciclo-rrutas), al incremento de zonas verdes, entre otras.

Así mismo el carácter conservacionista tiene expresiones radicales en llamado urbanismo verde. Esta corriente, emparentada con la ecología profunda, no sólo propone la restauración natural de los relictos de ecosistemas que quedan en ciertas áreas urbanas (cerros tutelares o terrenos periféricos sin urbanizar), sino que sostiene la necesidad de un gran cambio en la estética urbana de la naturaleza, para permitir procesos naturales de restauración, aun en contra de la idea convencional de la zona verde aséptica. Coloquialmente podría decirse que la propuesta, entre otras muchas cosas requiere cambiar los parques

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GASES RESIDUALES

AGUA COMBUSTIBLE

CIUDAD

MADERA

EMISIONES

MERCANCÍAS ENTRADAS

METABOLISMO CIRCULAR MERCANCÍAS AGUA COMBUSTIBLE MADERA ALIMENTOS

RESIDUOS SÓLIDOS RESIDUOS LÍQUIDOS

ALIMENTOS

CINTURÓN AGRÍCOLA

CIUDAD

GASES RESIDUALES EMISIONES

Al organizar el discurso y las prácticas propias de la sostenibilidad urbana, se reconocen dos enfoques principales. El primero se ocupa de los problemas ambientales generados en la ciudad, su tarea es encontrar y aplicar soluciones tecnológicas y educativas. A este se le puede llamar el enfoque de las buenas prácticas, ya que es así como se denomina a las soluciones mencionadas. El segundo enfoque da cuenta de los problemas ambientales que la ciudad, su funcionamiento, genera en un territorio cuya extensión depende del tamaño y de los patrones de consumo del centro urbano que lo organiza. Este segundo enfoque es el que se llama biorregionalista, porque buena parte de sus preocupaciones se centra en la dependencia ecológica de las ciudades de una región tributaria.

lineales (tan de moda) por corredores biológicos. Estos últimos generarían la llegada y permanencia de avifauna e incluso reptiles y pequeños mamíferos: fauna urbana, convivencia real con la naturaleza. La figura 1.8 permite introducir el enfoque biorregionalista.

ENTRADAS

biológico del término– que permite entender la inserción de la ciudad en la región; léase, la localización ecológica de la ciudad la urbe y su región tributaria (Girardet, 2001). Ambos enfoques contribuyen a consolidar el propósito de la ciudad sostenible como un tema de justicia social urbana y un reto de equilibrio regional.

RESIDUOS SÓLIDOS RESIDUOS LÍQUIDOS

Figura 1.8 El metabolismo de las ciudades. Tomado de Girardet (2001).

Fuente: Girardet 2001.

Esta acertada figura ayuda a resolver –si es que fuera necesario hacerlo– la polémica alrededor de la ciudad como ecosistema, ya que ilustra que como tal puede estudiarse. La figura que representa el metabolismo lineal (arriba) adopta el enfoque de las buenas prácticas en cuanto, como ya se mencionó, este se propone reducir consumos (mercancías, agua, combustibles, madera13, alimentos) y reducir también la producción de desechos (gases residuales, residuos sólidos, residuos líquidos) sobre la base de una renovada conciencia ciudadana, pero sin ocuparse de la procedencia de los bienes y servicios consumidos o al destino de los residuos14. La figura no considera la valorización de la naturaleza local que tiene aparejada esta conciencia ecológica urbana, la ciudad se muestra como una 13. No se conoció, en denominación de BP, alguna dirigida a reducir el consumo de madera.

14. Excepto la idea general de que los gases contaminantes van a la atmósfera o contaminan el aire urbano..

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caja negra por la cual los ecosistemas estratégicos (EE) locales urbanos no se tienen en cuenta15.

camente el significado original16. El desarrollo sostenible es un buen –que no único– ejemplo de esto.

La sección relativa al metabolismo circular (en la figura 1.8) insinúa una relación más equilibrada con el entorno, que Girardet denominada región tributaria. En cuanto a los ecosistemas estratégicos, nótese que se considera la existencia de un cinturón agrícola. Yo agregaría áreas verdes urbanas y periféricas y corredores hídricos que surcan las áreas urbanas. Añadiría también una denominación específica a las áreas que abastecen las “entradas” y aquellas que reciben las “emisiones” de este metabolismo, precisamente los EE; el área que los contiene y a la ciudad constituyen la ecorregión urbana.

El propio concepto de ecosistema ha estado a punto de morir asfixiado en medio del debate acerca de la ciudad como ecosistema; debate que muestra la confusión entre el objeto de estudio y la forma de estudiarlo. Lo cierto es que la ciudad puede estudiarse como un ecosistema, si se atiende a la versión original de Tansley, quien propuso al ecosistema como una categoría organizacional, antes que como una unidad espacial. De hecho, Tansley liberó a los ecólogos de su antigua obsesión por las unidades y sus fronteras (biomas, biocenosis, asociaciones, comunidades, etc.), mostrando que las unidades podrían ser útiles pero no necesarias cuando se hacía referencia a un nivel de organización (Margalef, 2002). El paso por una concepción netamente utilitarista de la naturaleza nos ha dejado de nuevo frente a la preocupación por los límites de los ecosistemas.

Hay una condición importante para que un ecosistema que abastece un requerimiento urbano pueda ser considerado un ecosistema estratégico: que el bien o servicio que se provee sea de baja o nula sustituibilidad local. Como tal debe entenderse la imposibilidad de que, a costos razonables, se pueda remplazar el bien o servicio considerado, de forma que no se excluya del acceso a tal servicio a la mayoría de la población.

Una hipótesis central de esta investigación es que la ciudad no es sostenible ecológicamente, sino en relación con una región que le ayuda a abastecerse de productos localmente escasos y de baja sustituibilidad, al tiempo que le permite liberarse de sus desechos. A los lugares que hacen posible estos flujos de entradas y salidas, los denomino ecosistemas estratégicos (EE), y al espacio geográfico que contiene estos ecosistemas lo nombro ecorregión urbana.

Tal y como suele suceder con frecuencia en el lenguaje hablado y en el lenguaje escrito, algunos conceptos se desgastan incluso antes de ser plenamente clarificados. El uso recurrente de ciertos términos en muy diversas plataformas discursivas deviene en una erosión semántica que banaliza y acaba por vaciar de significado términos y conceptos en principio revolucionarios, o lo que puede ser un mal menor, se cambia drásti-

En esta evolución, los conceptos ganan significados de acuerdo con el campo epistemológico en el que se apliquen; nacen también nociones híbridas: ecorregión, región ecológica o ecosistema regional. La noción de ecorregión es útil para exponer, en un marco espacial dado, relaciones de dependencia ecológica; en otras palabras para delimitar la región tributaria17 de la que dependen flujos de materiales, energía y servicios ambientales, esenciales para la vida urbana. A esta referencia espacial del ecosistema (ecorregión), al estilo de los primeros ecólogos preocupados por la unidad espacial y sus fronteras, se ha sumado una nueva calificación de los ecosistemas, esta vez como consecuencia de la escasez de ciertos recursos naturales y de la emergencia de valores de existencia de la naturaleza bajo el nombre de servicios ambientales. Es así como los ecosistemas se rotulan como estratégicos, para indicar la urgencia y las razones para su preservación.

En el entorno de las ciudades ocurre una profunda transformación de los ecosistemas originales del lugar, al punto que, 16. Algunas personas hablan de “proteger” la ecología.

15. Hay que advertir que ese no era el interés del autor de la figura; intentaba sencillamente comparar ambos modelos interpretativos: lineal y circular.

17. Este concepto es utilizado por Luis Miguel Pastor, traductor del texto de Girardet, creating Sustainables Cities (1991), para traducir el término original Hinterland: “región tributaria rural o urbana, que está muy vinculada económicamente a una ciudad cercana (Girardet, 1991, p.

33. óp. cit., 5. Nota del traductor).

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una vez consolidada la urbe, los habitantes escasamente logran percibir algunas corrientes, la topografía y, en ocasiones, relictos de la vegetación originaria que quedan como parches aislados o a lo largo de las quebradas, localizados en determinados sectores urbanos; de tal suerte que el contacto de los citadinos con “la naturaleza” es, como ya se ha dicho, esporádico y distante. Comúnmente ocurre en sitios que conservan atributos ecológicos destacados: panorámicas, entornos de lúdica acuática, senderos, bosques periurbanos u otros escenarios que se integran a la vida urbana en un momento dado y se abandonan tras la urbanización o el deterioro del atractivo natural. Cuando esto ocurre, las opciones de recreación en entornos naturales se hacen más distantes y costosas, lo que termina por excluir a una buena parte de la población urbana de esta posibilidad.

A lo que sí está expuesta prácticamente toda la población urbana es a los mensajes publicitarios y científicos que declaran la crisis ambiental global. Una consecuencia de lo anterior es que la conservación de la naturaleza ha ganado amplio consenso social, aun en la población más pobre que escasamente rechaza los tributos destinados a la protección de la naturaleza. Una primera acepción de EE remite a las áreas de reserva, tal como se suele llamar en el medio a los parques naturales, distritos integrados para el manejo de los recursos naturales, reservas forestales, santuarios de flora y fauna, y a todo el catálogo producido a partir del Decreto 2811 de 197418. He aquí una primera definición: los EE son las áreas de reserva que se mantienen con el menor grado de alteración posible para la protección de la naturaleza.

La mayor parte de la población urbana entiende un ecosistema como un lugar en donde “hay naturaleza”, la naturaleza misma; de modo que allí se materializa la imagen publicitaria de “lo natural”: el bosque, los animales y el agua pura. No es objeto de este trabajo entrar a analizar esta imagen, pero se anota que ella, de forma recurrente, se construye sobre la base de bosques alpinos, grandes mamíferos de las sabanas africanas o los bosques del norte del continente y paisajes nivales. Pese a 18. Código de los Recursos Naturales Renovables, aún vigente en gran parte de su contenido; según los especialistas, uno de los más antiguos y completos de Latinoamérica.

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esta imagen errática, por esta vía se valora social y técnicamente lo escaso como necesario de conservar o estratégico.

En cada contexto la utilización de “lo estratégico” como noción lleva implícito un objetivo preconcebido; es decir, no existen categorías de objetos estratégicos en sí mismos, sino en función de un propósito.

Cuando el propósito con el que se usa la noción de “estratégico” es la protección o la conservación de la naturaleza (de los recursos críticos), en cualquier grado de intervención humana en que se encuentre, adjetivar de esta manera a un lugar geográfico le dota de significado y valor para el propósito aludido.

De modo que lugares estratégicos para el mantenimiento de procesos naturales o actividades humanas son aquellos que permiten que tales procesos y actividades se mantengan en el tiempo y, de ser posible, se recuperen, se mejoren en beneficio del objetivo sin deteriorar el lugar.

En síntesis, cuando se habla de “ecosistema estratégico” aludiendo a un espacio determinado, se trata en principio de un lugar especial con significados y valores únicos para un determinado grupo social, en un momento dado de su historia.

Es posible aproximar otra definición general de ecosistema estratégico a partir de objetivos conservacionistas19, como una porción geográfica concreta delimitable, en la cual la oferta ambiental, natural o inducida por el hombre genera un conjunto de bienes y servicios ambientales, imprescindibles para la población que los define como tales.

En esta definición es necesario clarificar algunas categorías: en sí misma, la naturaleza no ofrece nada, es la forma en la que el hombre la percibe lo que genera esta categoría teórica. Lo que se conoce como oferta natural corresponde al conjunto de beneficios que la biosfera provee a un determinado grupo de individuos sin que estos intervengan para ello más que como recolectores, cazadores o pescadores20. La oferta inducida se 19. Entiéndase como tal la intención de preservar indefinidamente allí el uso de la tierra, lo cual le otorga el carácter de estratégico.

20. Cuando estas actividades son artesanales.

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produce cuando se incrementa a corto plazo la oferta natural producto de una intervención tecnológica humana; allí el hombre interviene como agricultor, silvicultor o cultivador de animales. Podría señalarse que la oferta inducida es el objeto común de la economía neoclásica, mientras que la oferta natural resurge de la economía clásica en esta época, bajo la forma de la nueva economía ecológica.

F1 F2 F3 F4

FL

Otra conclusión en torno a los ecosistemas estratégicos, es que se trata de una categoría social, no natural, en la medida en que el carácter de estratégico lo asigna un grupo social en función de sus propios intereses. Así mismo, el tamaño y la localización del grupo social determinan la escala a la que tiene valor un ecosistema estratégico; es así como para la población nacional puede resultar estratégico el Amazonas o los páramos, o las zonas que abastecen los embalses, mientras que para los habitantes de estos espacios, un bosque particular de la cuenca alta o baja de un río podría tener especial significación. Tanto la importancia (nacional, local, etc.) como el carácter estratégico (conservación, suministros, etc.) dependen de intereses humanos.

Pero, ¿qué hace que una comunidad humana perciba como especialmente importante un lugar geográfico? Hay que decir que la significación especial de algunos lugares no obedece en todos los casos a un valor ambiental, léase bien o servicio de la naturaleza. Los significados van desde lo mágico religioso hasta la conexión con hechos históricos. Estos lugares especiales constituyen por tanto hitos geográficos que no siempre coinciden con los denominados ecosistemas estratégicos, aunque sí viceversa. No siempre un hito geográfico es un EE pero siempre –así debe ser– este último representa un hito geográfico. La pregunta puede responderse de manera sencilla acudiendo a una ley de la ecología clásica conocida como “ley de factores limitantes” (FL), de la cual la más conocida es la “ley del mínimo de Liebig”, enunciada por Justus Liebig en 1840, con numerosas reinterpretaciones posteriores. La idea de Liebig puede ejemplificarse utilizando la metáfora del barril: un barril hecho de tablas sólo podrá llenarse de líquido hasta el nivel en el cual alguna tabla que lo conforma esté rota (FL) de tal manera que derrame sobre sí el líquido (figura 1.9).

Figura 1.9 Ilustración de la ley del mínimo de Liebig. F1, F2 … factores diversos; FL: factor limitante.

Fuente: adaptada de Odum, 1992.

El enunciado formal de la ley del mínimo plantea que “cualquier condición que se aproxime o exceda los límites de tolerancia se denomina factor o condición limitante”. Menos conocida pero también útil es la formulación de Shelford, hecha en 1913, denominada “ley de la tolerancia”, que considera no sólo la cantidad mínima de alguna sustancia que puede ser considerada como limitante, sino también el exceso, como sucede con factores como el calor, la luz y el agua. En consecuencia, los organismos tienen un máximo y un mínimo ecológicos; la gama de concentraciones situadas entre estos dos extremos representa los límites de tolerancia.

Con estas leyes aplicadas al caso que nos ocupa podemos resolver la pregunta que se formuló: la población identifica como especiales, estratégicos, a aquellos lugares de los cuales obtiene recursos limitantes o que actúan como disipadores de excesos de un determinado factor. De modo que para una población urbana con un crecimiento acelerado o localizada en condiciones naturales de aridez, los sitios que proveen agua son, sin lugar a dudas, estratégicos, hitos geográficos.

Una ciudad con alto índice de contaminación por desechos líquidos valoraría como estratégicas a las corrientes que la liberan de este residuo. Como la ley de Shelford, este extremo de las condiciones de habitabilidad es muy poco conocido. No se tiene clara la función de transporte y dilución de contaminantes 61

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que hacen las corrientes sobre las que se construyeron las ciudades, ni el papel que desempeñan las coberturas vegetales en la fijación de carbono. Sobre esto se vuelve en el capítulo 5.

En síntesis, la calificación de un lugar como ecosistema estratégico se hace en función del deseo de conservar en un estado determinado un sitio de interés para una comunidad humana.

Tal estado bien puede ser natural o inducido por el hombre; es así como resulta estratégico un bosque natural que protege la

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parte alta de una quebrada o un agro ecosistema que produce alimentos para un conglomerado urbano vecino. El adjetivo estratégico tiene la virtud de resaltar las necesidades de conservación u otras formas de intervención que un lugar requiere para asegurar un flujo permanente de ciertos bienes y servicios.

El desarrollo económico y el bienestar de la población dependen en alto grado de estos ecosistemas estratégicos, pues conforman una parte esencial del capital natural o patrimonio colectivo.

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entiende la sostenibilidad como una construcción multidimensional (ecológica, económica, social y política o institucional); la segunda, que entiende la sostenibilidad como la preservación de los procesos ecológicos de los ecosistemas globales y locales y concibe las otras dimensiones de la vida humana como partes o subsistemas del sistema ecológico global.

Los indicadores de sostenibilidad heredan las características de estas dos posiciones de modo que existen dos grandes grupos de indicadores: los IDS y los indicadores de sostenibilidad ecológica (ISE). Como se muestra más adelante, dependiendo del marco ordenador que se utilice, estos dos grupos de indicadores se complementan o se excluyen en un sistema de indicadores determinado.

CAPÍTULO 2 Indicadores de Sostenibilidad.

Estado del Arte 2.1 Evolución del tema

Una vez generalizado el consenso mundial en torno al lenguaje de un nuevo desarrollo que propone el DS, lo que queda como tarea inmediata para todas las naciones que se comprometieron con la Agenda 21 es monitorear la marcha hacia esta meta incierta en su definición, pero contundente en sus propósitos: superar la pobreza, incrementar el crecimiento económico, y todo sin menoscabar la calidad de los ecosistemas o la cantidad de recursos naturales.

Los indicadores de desarrollo sostenible (IDS) pueden interpretarse como un sistema de señales que facilitan evaluar el progreso de los países, regiones y ciudades hacia la utilización a perpetuidad de la base natural, favoreciendo el crecimiento económico y la superación de la pobreza.

En relación con el debate acerca del desarrollo sostenible, cabe recordar que existen dos corrientes principales: la primera que

Un indicador se entiende como una variable que en función del valor que asume en determinado momento, despliega significados que no son aparentes inmediatamente y que los usuarios decodificarán más allá de lo que muestran directamente, porque existe un constructor cultural y de significado social que se asocia al mismo (Quiroga, 2001). Tanto los IDS como los ISE se ocupan de medir de alguna forma los logros de una sociedad en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida, y entre ellas la calidad ambiental (perspectiva del DS), o bien la restauración, conservación de los ecosistemas, con los costos y beneficios sociales y económicos que esto acarrea (perspectiva de la sostenibilidad ecológica).

Por cualquiera de los dos caminos se llega a definir variables de medición y valores de referencia; es decir, indicadores o agregación de variables que se asumen como descriptoras de un fenómeno y a las cuales se les asigna un peso específico dentro del valor final del índice. Estos listados de indicadores se organizan de acuerdo con un marco ordenador, que puede definirse como la agrupación de los indicadores a uno u otro lado de la balanza entre existencia y disponibilidad de recursos naturales y utilización y consumo de los mismos, de modo que en la elección de uno u otro marco ordenador influye la posición de los autores o de la nación para la cual se organiza un sistema de indicadores.

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Es posible diferenciar al menos nueve marcos ordenadores diferentes, que a su vez pueden conformarse en dos grandes grupos de acuerdo con el enfoque de sostenibilidad que adoptan: Se trata de indicadores de desarrollo sostenible (IDS) e indicadores de sostenibilidad ecológica (ISE). Los nueve marcos ordenadores identificados son: 1. Presión-Estado-Respuesta (P-E-R).

2. Fuerza Motriz-Estado-Respuesta (F-E-R).

3. Temas y subtemas.

4. Modelo-flujo-calidad (M-F-C).

5. Agregativos.

6. Familias.

7. Espacio ecológico 8. presión-estado-impacto/efecto-respuesta (P-E-I/E-R).

9. Pirámides lógicas o jerárquicas: principios-criterios-indicadores.

Esta clasificación se elabora de acuerdo con Quiroga (2001) y Fürst (1998). A continuación se describen siete de estos marcos ordenadores en cuanto a sus supuestos teóricos, alcances y metodología, para justificar los que se seleccionaron como más apropiados para evaluar la sostenibilidad ecológica urbana en general y, específicamente, para los requerimientos del área de estudio.

Existe una relación importante de la Agenda 21 locales con que se comprometieron las Naciones participantes en Río, como mecanismo para llevar a cabo los compromisos de cada país con el DS, y el desarrollo de muchas experiencias en IDS en todo el mundo. A la Agenda 21 debería ir aparejado, según lo establece el Capítulo 40 de la Agenda original de Río, un sistema de evaluación de los logros y las dificultades, precisamente un sistema de indicadores del que se hizo cargo en principio la Comisión de Desarrollo Sostenible, la más importante ex-

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tensión en el tiempo de la Cumbre de la Tierra. Algunos de los marcos ordenadores que se presentan a continuación son el fruto de estos trabajos, derivados en gran medida de la necesidad de acompañar de instrumentos de evaluación y divulgación la Agenda 21 o los abundantes planes ambientales de diversas escalas nacionales, regionales y locales (municipales, urbanas).

Finalmente, cabe destacar una de las conclusiones centrales del trabajo de Quiroga (2001), dedicado a construir un estado del arte en el tema de los indicadores de desarrollo sostenible en América Latina. Esta autora propone que existen tres tipos de indicadores, de acuerdo con la evolución que ha tenido el tema, sin que ellos se opongan entre sí.

El primer tipo de indicadores serían los de “primera generación”, que se refieren a indicadores ambientales clásicos, emparentados con los indicadores de calidad ambiental modernos, pero sin incorporar más que temas ecológicos. Los indicadores de “segunda generación”, dan un paso adelante al incorporar otras dimensiones del DS: económica, social e institucional. La propuesta por temas y subtemas de la Comisión de Desarrollo Sostenible, que se presenta más adelante, es un punto de llegada de este tipo de indicadores. El tercer grupo, los de “tercera generación”, está por construirse; representaría un avance sobre los dos anteriores, ya que se trataría de indicadores sinérgicos que bajo una expresión agregada tipo índice, incorporarían simultáneamente varios atributos o dimensiones del DS (Quiroga, 2001)

2.1.1. Indicadores presión-estado-respuesta (P-E-R) Este marco ordenador fue propuesto inicialmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE en 1991 (OCDE, 1991), retomado y ajustado por esta misma entidad en 1993 y por numerosas agencias internacionales, entre las que se cuentan la Agencia Europea del Medio Ambiente, EEA (1999). Una comparación entre dos marcos ordenadores –P-E-R y su adaptación por parte de la EEA– se presenta en las figuras siguientes.

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RESPUESTA Impuestos a la energía Programas de ahorro de energía Sustitución de combustibles Energía recuperada de escombros Medidas de reducción de emisiones de fluorocarbonados

FUERZA MOTRIZ Consumo de combustible fósil Vertidos de desechos Minería Agricultura

PRESIÓN Emisión de gases de efecto invernadero

IMPACTO Efectos en la salud humana Cambios en la distribución y abundancia de especies Disponibilidad de agua

ESTADO Concentración atmosférica de gases de efecto invernadero Temperaturas extremas Figura 2.1 Marco ordenador.

Fuente: Quiroga (2001: 73).

P-E-R es el marco ordenador más utilizado, y tal vez por lo mismo, uno de los que mayores críticas soportan. Se fundamenta en los principios de causa-efecto y acción-reacción; de allí devienen la mayor parte de las críticas, que acusan a este modelo de reduccionista en la medida en que simplifica al extremo la complejidad de las relaciones hombre-naturaleza, proponiendo causas únicas y soluciones idénticas para problemas ambientales complejos. Otra crítica bastante común es el carácter remedial que encarna, pues propone respuestas a problemas ambientales ya manifiestos, sin orientar su evaluación a conocer en profundidad y remediar las causas del deterioro ambiental que permite conocer.

PRESIÓN

ESTADO

RESPUESTA

Figura 2.2 P.E.R Fuente: elaboración propia.

Los indicadores de presión en general preguntan por la utilización que la economía hace de los recursos naturales en cuanto a la cantidad, la intensidad, el ritmo, la procedencia y, cuando se trata de emisiones contaminantes, el destino de estos residuos de las actividades productivas. Estos indicadores describen los impactos ejercidos por las actividades humanas sobre el medio ambiente, que de forma directa o indirecta afectan la cantidad y calidad de los recursos naturales. Puede decirse que se ocupan de declarar el uso y los impactos que ese uso genera sobre los recursos naturales y la calidad de vida humana.

Algunos autores señalan que estos indicadores tratan de responder preguntas relacionadas con las causas de los problemas ambientales, ya que incluyen emisiones y acumulación de desechos (Quiroga, 2001). En realidad describen el origen de los problemas ambientales, y su manifestación más notoria, sus causas (económicas, sociales, ecológicas), no hacen parte del análisis de este tipo de indicador.

Los indicadores de estado pueden identificarse fácilmente si se espera de ellos que informen sobre la calidad del medio ambiente, bien sea mediante valores adecuados de calidad o bien si se refieren a stocks de recursos. Respecto a esta última opción, no se deben confundir con los indicadores de respuesta, que describen acciones premeditadas y planificadas, para proteger determinadas áreas por sus existencias peculiares de recursos naturales renovables o no renovables. Por ejemplo, el área en coberturas de bosque primario es un indicador de estado, mientras que la extensión protegida mediante alguna figura legal es un indicador de respuesta.

Los indicadores de estado informan, en consecuencia, de la salud de los ecosistemas y su condición actual de conservación o deterioro, una vez descontado el gasto de la relación histórica entre una sociedad particular, su economía y los ecosistemas localizados en su territorio. Como tal tienen un carácter coyuntural, dado que se construyen sobre la base de mediciones puntuales (ruido, contaminación) y, al menos en América Latina, pocas veces responden a series de datos históricos, que es cuando cobran sentido real. Puede decirse que tienen un carácter menos puntual que los indicadores de presión, en la 65

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medida en que aspiran a mostrar la dinámica seguida por el medio ambiente, es decir, la forma en que evoluciona o no su calidad. Son indicadores típicos los de calidad del aire, calidad del agua, número de especies.

Si los indicadores de presión (uso) y los de estado (existencia) están en ambos platos de la balanza, entre utilización y conservación de los recursos naturales, los indicadores de respuesta son la descripción de las medidas que una sociedad está tomando para equilibrar esa balanza. En general, los indicadores de respuesta dan cuenta de las acciones del Estado y del sector privado en procura de revertir, evitar y controlar los daños ambientales. En ese sentido puede discutirse el carácter estrictamente remedial del modelo P-E-R en tanto las respuestas técnicas o sociales se tornan preventivas si consiguen detener el deterioro de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos naturales.

Este tipo de indicadores también registra acciones no propiamente ambientales; con frecuencia registran programas educativos, adopción de incentivos tributarios a favor de ciertas actitudes y prácticas limpias como el reciclaje, etc. En síntesis, los indicadores de respuesta combaten en gran medida las críticas más recurrentes a este enfoque, aunque, claro está, tan sólo registran el carácter remedial o estructural de las soluciones que toma una sociedad en un momento dado para avanzar hacia la sostenibilidad ecológica o hacia el DS. A continuación se presenta un cuadro típico con indicadores de P-E-R, adaptado de una clasificación de IDS utilizada en México, según Quiroga (2001). Se ha incluido sólo una parte del cuadro, con el objeto de dar un ejemplo de indicadores de cada categoría P-E-R.

INDICADOR

P-E-R

CATEGORÍA

Relación entre salarios medios de hombres y mujeres

Presión

Social

Tasa neta de matrícula escolar en primaria

Presión

Social

Niños que alcanzan el quinto grado de primaria

Estado

Social

Esperanza de vida escolar

Estado

Social

Porcentaje del PIB destinado a educación

Respuesta

Social

Esperanza de vida al nacer

Estado

Social

Peso suficiente al nacer

Estado

Social

Tasa de mortalidad materna

Estado

Social

Tasa de crecimiento de la población urbana

Presión

Social

Consumo de combustible fósil por habitante en vehículos motor

Presión

Social

Pérdidas humanas y económicas debidas a desastres naturales

Presión

Social

Porcentaje de población que vive en zonas urbanas

Estado

Social

Producto interno neto ajustado ambientalmente por habitante

Estado

Económica

Consumo anual de energía por habitante

Presión

Económica

Participación de las industrias intensivas en RRNN no renovables en valor agregado manufacturero

Presión

Económica

Reservas probadas de fuentes energéticas fósiles

Estado

Económica

Duración de las fuentes de energía probadas

Estado

Económica

Participación del consumo de recursos energéticos renovables sobre consumo final energético

Estado

Económica

Gasto en protección ambiental como % del PIB

Respuesta

Económica

Participación de bienes de capital ambientalmente limpios en la importación total de bienes de capital

Estado

Económica

Estrategias de desarrollo sostenible en desarrollo

Respuesta

Institucional

Programa de cuentas económicas y ecológicas integradas

Respuesta

Institucional

Evaluación por mandato legal del impacto ambiental

Respuesta

Institucional

Consejos nacionales para el desarrollo sostenible

Respuesta

Institucional

Científicos e ingenieros en investigación y desarrollo experimental por millón de habitantes

Respuesta

Institucional

Gasto en investigación y desarrollo experimental como % del PIB

Respuesta

Institucional

Extracción anual de agua subterránea y superficial

Presión

Ambiental

Consumo doméstico de agua por habitante

Presión

Ambiental

Concentración coliformes fecales en agua dulce

Estado

Ambiental

Demanda bioquímica de oxígeno en cuerpos de agua

Estado

Ambiental

Crecimiento de población en áreas costeras

Presión

Ambiental

Cambios de uso del suelo

Presión

Ambiental

Cambios en las condiciones de las tierras

Respuesta

Ambiental

Índice nacional de precipitaciones pluviales Mensual

Estado

Ambiental

Tierras afectadas por desertificación

Estado

Ambiental

Uso de pesticidas agrícolas

Presión

Ambiental

Uso de fertilizantes

Presión

Ambiental

Tabla 2.1 Indicadores de DS de México. Ejemplo del modelo P-E-R Fuentes: Quiroga (2001). Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Indicadores de Desarrollo Sostenible de México (2000).

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2.1.2 Indicadores de fuerza motriz-estado-respuesta (F-E-R) Este marco ordenador intenta dotar de mayor poder explicativo a los indicadores típicos de presión, para esto cambia el concepto de presión por el de fuerza motriz, y a partir de allí intenta profundizar en las causas de los problemas ambientales, trasladando al ámbito de los indicadores de estado el tema de los impactos ambientales, es decir, el tema de la calidad ambiental. Los indicadores de estado mantienen su estructura tal como se definió en el modelo P-E-R. El ajuste al modelo P-E-R mediante los indicadores de fuerza motriz, es el resultado del trabajo de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), como se ha dicho, el órgano que coordina los esfuerzos de la ONU después de Río y Johannesburgo; concretamente, el Programa de Trabajo en Indicadores de Desarrollo Sostenible, que puso en marcha la CDS en 1995.

A partir de entonces Naciones Unidas cambia el concepto de presión por el de fuerza motriz, en un intento por incorporar variables e indicadores no ambientales de la sostenibilidad al marco ordenador (Quiroga, 2001). De acuerdo con esta autora, otro propósito del nuevo tipo de indicadores es superar la connotación negativa que tiene el concepto de presión, para que se reflejen los cambios positivos que puede generar una actividad humana y la posibilidad de que ocurran cambios positivos en el ámbito económico (incremento de empleo por ejemplo), mientras ocurre un deterioro ambiental (explotación de un bosque natural).

Además de popularizar y extender el nuevo marco F-E-R, el Programa produjo un listado de 134 IDS que se ha vuelto básico y que cuenta con ensayos en países de cuatro continentes, según se reporta en el sitio web del programa de trabajo21, con resultados propios en cada nación respecto a la selección que hacen del grupo de 134 indicadores, al diseño de indicadores propios e incluso en cuanto a la adopción de un marco ordenador propio. Los resultados del Programa se encuentran reportados en el sitio web como Memorias del Taller Internacional de Indicadores de Desarrollo Sostenible, realizado en Barbados en diciembre de 1999.

21. Disponible en: www.un.org/esa/sustdev/isd.htm

Pese al intento de superar la presunta linealidad entre las actividades humanas y el deterioro ambiental del modelo P-E-R, el modelo F-E-R tan sólo logra insinuar un enfoque sistémico multicausal en cuanto a las causas de los problemas ambientales, admitiendo en los otros dos tipos de indicadores el mismo carácter coyuntural, a pesar de ampliar de cierto modo los indicadores de respuesta a ámbitos no ambientales, que no estaban vedados en el modelo anterior, sólo que aquí se admite la política ambiental como una respuesta social.

Algunos indicadores de fuerza motriz corresponden a: tasa de crecimiento poblacional, tasa de desempleo, volumen de contaminantes emitidos, tasas de escolaridad, PIB, tasas de deforestación, empleos generados por sectores, entre otros. En la propuesta de la CDS se organiza un listado tipo matriz de 138 indicadores, agrupados en filas de acuerdo con 28 temas que corresponden a los capítulos de la Agenda 21. En las columnas se enlistan las categorías de F-E-R que corresponden a cada indicador.

A partir de esta propuesta son comunes los listados de indicadores agrupados por temas y subtemas, lo que ratifica la linealidad del enfoque (causa-efecto), pero a la vez, supera los listados inconexos de indicadores de presión, seguido de un listado de indicadores de estado, y lo mismo respecto a los indicadores de respuesta, sin conexiones entre estos. El análisis causa-efecto para temas bien diferenciados, con la adición de las dimensiones económica, social e institucional, además de la aceptación ecléctica de que una acción sobre el medio ambiente puede producir efectos positivos y negativos, son las fortalezas, las debilidades y la única opción consistente para este enfoque y su predecesor P-E-R. Por ejemplo, el tema bosque natural podría describirse bajo el modelo F-E-R así: Indicadores de fuerza motriz: ß

Reducción de las áreas de bosque natural para extraer madera y eventualmente introducir pastos.

ß

Incremento del PIB nacional.

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Indicadores de estado: ß ß

Área de bosque natural sin explotar.

Propiedad de la tierra en el área.

SOCIAL TEMA

ß

Pobreza (3)

Equidad de género (24)

Relación del salario promedio femenino / salario promedio masculino

Estado nutricional

Estado nutricional de niños

Mortalidad

Tasa de mortalidad bajo los cinco años Esperanza de vida al nacer

Sanitarios

Porcentaje de población con disposición adecuada de aguas servidas

Agua para beber

Población con acceso a agua limpia para beber

Provisión de salud

Porcentaje de la población con acceso al cuidado de la salud primaria Inmunización contra enfermedades infantiles infecciosas Tasa de prevalencia de anticoncepción

Nivel educacional

Tasa de escolarización a nivel primario o secundario completo

Alfabetismo

Tasa de alfabetismo de adultos

Condiciones de la vivienda

Superficie de suelo habitacional por persona

SEGURIDAD

Crimen

Número de crímenes reportados por cada 100.000 habitantes

POBLACIÓN

Cambio poblacional

Tasa de crecimiento de la población Población en asentamientos humanos formales e informales

EQUIDAD

Área protegida mediante alguna figura legal. Área reconocida a comunidades étnicas locales.

El mismo tema bosque natural se mantiene en los tres grupos de indicadores. Posteriormente, como se describe a continuación, se abandona el marco F-E-R y se reduce el número de indicadores por considerar, agrupados en dimensiones, temas y subtemas, evaluados mediante el modelo P-E-R., pero ahora con temas relacionados con todas las dimensiones del DS.

SALUD

EDUCACIÓN VIVIENDA

2.1.3 Indicadores por temas y subtemas Este es el resultado más reciente conocido de la CDS y del Programa de Trabajo en IDS, que se reporta en el año 2001. Después de los esfuerzos de casi diez años por diseñar y adoptar un marco ordenador, el resultado más recomendado en cuanto a la organización de los indicadores es un listado de temas y subtemas ocupados de diversas cuestiones que se han ido posicionando como los grandes retos del desarrollo sostenible, y estos, a su vez, conectados con los temas de la Agenda 21.

En este marco se mantiene esencialmente el enfoque P-E-R y en algunos temas el F-E-R, en la medida en que se intenta declarar los impactos ambientales, las consecuencias sobre la calidad del medio ambiente, la salud, la seguridad y en general el bienestar humano, así como dar cuenta de los esfuerzos gubernamentales y sociales, en procura de alcanzar las metas normativas, expresadas como valores de referencia de los indicadores: un conjunto de medidas “exactas” que informan sobre el avance hacia el DS. El listado de temas e indicadores se presenta en la tabla 2.2.

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INDICADORES Porcentaje de población viviendo bajo la línea de pobreza Índice de Gini de distribución del ingreso Tasa de desempleo

Indicadores de respuesta: ß

SUBTEMA

AMBIENTAL ATMÓSFERA

TIERRA

OCÉANOS, MARES Y COSTAS

Cambio climático

Emisiones de gases de efecto invernadero

Adelgazamiento de la capa de ozono

Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono

Calidad del aire

Concentración de contaminación atmosférica en áreas urbanas

Agricultura

Área permanente de cultivo y arables Uso de fertilizantes Uso de pesticidas en la agricultura

Forestal

Área forestal como porcentaje de suelo Intensidad de explotación maderera

Desertificación

Suelos afectados por la desertificación

Urbanización

Área de asentamientos humanos urbanos formales e informales

Zona costera

Concentración de algas en las aguas costeras Porcentaje del total de población viviendo en áreas costeras

Pesca

Captura anual de especies mayores

Cantidad de agua

Extracción anual de aguas subterráneas y superficie como porcentaje del total de agua disponible

Calidad del agua

Demanda biológica de oxígeno en el agua Concentración de coliformes fecales en agua fresca

Ecosistema

Área de ecosistemas claves seleccionados Áreas protegidas como porcentaje del área total

Especies

Abundancia de especies claves seleccionadas

Desempeño económico

PIB per cápita Proporción de la inversión en el PIB

Comercio

Balance de bienes y servicios

Nivel financiero

Proporción de deuda en relación con el PIB Total de asistencia oficial para el desarrollado o recibido como porcentaje del PIB

AGUA POTABLE

BIODIVERSIDAD

ESTRUCTURA ECONÓMICA

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Económica

PATRONES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN

Consumo de materiales

Intensidad de uso material

Uso de energía

Consumo de energía anual per cápita Proporción del consumo de energía renovable Intensidad de uso de energía

Anexo y generación de residuos

Generación industrial y municipal de residuos sólidos Generación de residuos peligrosos Generación de residuos radiactivos Reciclaje y reutilización de residuos

Transporte

Distancia viajada per cápita por tipo de transporte

INSTITUCIONAL MARCO INSTITUCIONAL

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Implementación estratégica de desarrollo sostenible

Estrategia de desarrollo sostenible

Cooperación internacional

Implementación de acuerdos o convenios globales ratificados

Acceso a la información

Número de suscritos a Internet

Infraestructura comunicacional

Líneas telefónicas principales por 1.000 habitantes

Ciencia y tecnología

Gastos en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB

Preparación y respuesta a los desastres naturales

Pérdidas humanas y económicas por desastres naturales

Tabla 2.2 Marco de indicadores por tema.

Fuente: Quiroga (2001). Disponible en inglés en www.un.org/sustdev.htm (se revisó la traducción).

2.1.4 Indicadores de modelo-flujo-calidad Este modelo ha sido propuesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). Se trata de un modelo de alcance municipal, enmarcado en el enfoque sistémico, que propone tres grandes grupos de indicadores: modelo, flujo y calidad. Un aspecto innovador en esta propuesta es el carácter dinámico de algunos de los indicadores, que incorpora una periodicidad específica para la actualización de la información, de modo que se va ampliando el periodo de observación, a medida que se gana confiabilidad en la evaluación del aspecto ecológico, económico, social o institucional considerado.

Hay bastante similitud con el modelo P-E-R en cuanto a la construcción de los indicadores, pero en la agrupación de los mismos –el carácter dinámico ya comentado y el ámbito de aplicación (municipal)– la propuesta se diferencia. Intenta un enfoque sistémico en su análisis, pero rápidamente cae en la linealidad causa-efecto del modelo P-E-R. Sin embargo, visto en conjunto, el sistema de indicadores que resulta es relacional y proporciona información nueva relativa a cada indicador con-

siderado de forma individual. Otra ventaja de este modelo es su versatilidad, que permite ajustar los indicadores considerados a las especificidades del municipio estudiado, y, como se verá, permite también ampliar o contraer el ámbito de aplicación, lo que posibilita usarlos en evaluaciones regionales y en áreas urbanas.

Se trata de un marco que se ubica en el terreno de los IDS, sin que ello suponga que la información que proporciona deba usarse específicamente para tal evaluación; de hecho, algunos indicadores integran información útil a los modelos agregativos, más emparentados con los ISE. A continuación se presentan las características principales y algunos ejemplos de los indicadores de modelo, flujo y calidad.

Los indicadores de modelo se encargan de describir el resultado del proceso de urbanización en cuanto al grado en que ocurre la dispersión o agregación de los procesos, así como la mezcla de ambas formas (compacta y dispersa). Evalúa por tanto la estructura urbana en relación con el DS. De acuerdo con el Libro verde del medio ambiente urbano de la UE (1990), citado por la Diputación de Barcelona (2000), se puede afirmar que los modelos municipales y en general los sistemas urbanos pueden ser de dos tipos: la ciudad compacta, diversa y mixta, de la mezcla de funciones; y la ciudad difusa en donde las diferentes actividades se agrupan en áreas casi especializadas.

La Diputación de Barcelona (2000) señala que el primero de estos dos modelos favorece el DS, por ser menos exigente en materiales y en consumo energético. Este es prácticamente un tópico en la literatura sobre sostenibilidad urbana que merece revisarse cuando de ciudades construidas en las particulares condiciones geográficas de Colombia se trata. Esta discusión se desarrolló en el capítulo 1. Algunos indicadores de modelo son: ocupación urbana del suelo, calles con prioridad para peatones, protección de espacios de interés natural.

Una de las debilidades de los diferentes modelos basados en el marco ordenador P-E-R, incluso de algunos agregativos, es el carácter coyuntural estático de sus resultados. Los indicadores de flujo se proponen describir el movimiento a través del 69

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sistema territorial considerado (municipio según EEA) de los ciclos de materiales y energía, desde el punto de vista de su producción, distribución, tratamiento y reutilización. Se parte de reconocer que tales flujos ocurren en territorios que dependen para su funcionamiento de recursos externos, de modo que cuanto mayor es el grado de dependencia, mayor será la intensidad de los flujos medida en cantidad de materiales o energía por unidad de tiempo.

En consecuencia, los territorios altamente urbanizados soportan flujos intensos cuya dirección es horizontal, abarcando en el ciclo territorios cuya extensión es proporcional al tamaño de la ciudad o metrópoli. La velocidad de los flujos está en relación con el ritmo al que se consumen materiales y energía en el territorio receptor, y en proporción a la contaminación que se produce por la diferencia entre el volumen de contaminantes generados y la capacidad de los ecosistemas locales para reincorporarlos a los ciclos biogeoquímicos.

Los indicadores de flujo miden la intensidad de los ciclos y determinan los volúmenes de materiales y energía en relación con su aprovechamiento por el sistema económico y la capacidad (natural o tecnológica) de reducir los impactos de la intensidad de consumo sobre los ecosistemas locales.

Algunos indicadores de flujo son: consumo final de energía, recuperación de residuos municipales, intensidad energética local.

Los indicadores de calidad completan este marco ordenador que, generado con fuertes motivaciones prácticas y con la aspiración de ser comunicativo, incorpora un conjunto convencional de informaciones sobre el estado del medio ambiente.

De nuevo se destaca el carácter dinámico de la propuesta de la EEA que es consistente en todo el modelo y permite ver la evolución en el tiempo de los diferentes temas que explican los indicadores. Hay también información relativa a la distribución espacial de los factores de calidad. Algunos ejemplos: concentración ambiental de contaminantes atmosféricos, personas expuestas a niveles sonoros significativos, estado ecológico de los ríos.

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La propuesta de la EEA no incorpora valores-meta como tal, de modo que no involucra una concepción normativa de la sostenibilidad. Deja, sí, señaladas tendencias, de modo que cada localidad puede ir, a partir de establecer una línea base de información y un año de referencia, midiendo la evolución de los indicadores que pueda incorporar al sistema, introducir algunos nuevos e informar a la comunidad local sobre estas situaciones. Esta flexibilidad favorece la aplicación del modelo al caso de los territorios latinoamericanos, ya que deja en manos de cada localidad, de acuerdo con la información disponible, los recursos y los acuerdos políticos, la escogencia de los indicadores de modelo, flujo y calidad que mejor reflejen las condiciones de cada territorio: ecológicas, económicas, sociales e institucionales.

Como desventaja para una eventual utilización en los territorios latinoamericanos (municipios, áreas metropolitanas, regiones), está el hecho de que requieren observadores (instituciones, expertos) que alimenten el sistema de año en año y emitan conclusiones relevantes y de fácil difusión entre una población con importantes grados de analfabetismo ambiental, pero con una sensibilidad creciente.

En este trabajo se ha optado por aplicar este modelo con las adaptaciones requeridas por las limitaciones impuestas por las particularidades del área de estudio. La elección se justifica por las razones expuestas y por el hecho de que se han intentado implementar otros marcos ordenadores que tropiezan con la disparidad de la información en cuanto a escala, actualización, cobertura espacial, continuidad y consistencia (unidades de referencia), dificultades que son menores en cada territorio considerado de forma independiente, de modo que promover ejercicios locales, adaptables y adaptados, puede ser la base para construir un sistema nacional capaz de dar cuenta de la diversidad geográfica de Colombia.

2.1.5 Indicadores agregativos Los marcos ordenadores hasta ahora presentados requieren y proporcionan un gran volumen de información, tanto para la construcción de los indicadores como tales, como para su in-

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terpretación, comparación y actualización. En su afán de dar cuenta de todos los temas posibles en materia de sostenibilidad integral (ambientales, sociales, económicos, institucionales), terminan por ser poco útiles a la hora de utilizarlos como instrumentos de política y aún menos si de lo que se trata es de ir más allá de las manifestaciones aparentes de estos problemas ambientales así descritos. De modo que la necesidad de agregar información aparece rápidamente.

Aun el valor comunicativo que puede tener una información detallada para la mayor parte de la población, no experta en temas ambientales, se pierde ante la gran variedad de datos sobre las también múltiples cuestiones que se monitorean; una prueba de esto es el profuso catálogo de indicadores de la CDS presentado atrás, explicable por la tarea que se le encargó a la Comisión: un sistema de indicadores para monitorear.

Una conclusión es que los sistemas de indicadores basados en marcos ordenadores integrales, que recogen muchos temas y resultan en un número alto de indicadores, finalmente resultan contrarios a los dos propósitos fundamentales de los indicadores: servir de guía para la formulación y el seguimiento de la acción pública y privada en materia de DS e informar a la población para cualificar su participación en la formulación y evaluación de tales acciones.

Fürst (1998) resume la disyuntiva entre expandir los listados de indicadores para ganar detalle en la información o agregar para una mayor eficacia, con una pregunta: ¿Se quiere obtener una gama de IDS muy diversos, con fines primordiales de una rica información diversificada per se, o se quiere disponer de un conjunto reducido, con fines primordiales de facilitar un diseño operativo para la evaluación del desempeño acorde a metas normativas políticamente fijadas?

A continuación ese mismo autor cita los esfuerzos en materia de construcción de indicadores agregativos en los Países Bajos, con el objetivo de evaluar la marcha de la ejecución de los Planes Nacionales de Política Ambiental, divulgados en los Reportes Nacionales sobre el Ambiente (NEO). Destaca el hecho de que este tipo de indicadores hagan explícitos

valores-meta y las diferencias entre estos y los actuales, de modo que los NEO se basan en una imagen normativa de sostenibilidad. Como se muestra más adelante, el Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos (SIAU) que ha adoptado Colombia por iniciativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se basa también en una imagen normativa de sostenibilidad.

El Comité Científico sobre Problemas Ambientales (SCOPE) ha dedicado sus esfuerzos en la consecución de índices integrados que ayuden a conformar valores-meta que hagan medibles los avances reales hacia la sostenibilidad ecológica, mediante el monitoreo de cambios estructurales (Quiroga, 2001). Su trabajo se ha vinculado a los propios de la CDS, aunque el propósito de SCOPE se dirige más a encontrar índices que den cuenta del estado de la base natural, o el potencial del daño ambiental de las actividades humanas. De acuerdo con Fürst (1998), SCOPE busca un índice sintético de presión.

Otros índices agregativos se dedican a producir resultados simplificados del balance entre generación de riqueza medida en términos económicos convencionales (PIB, por ejemplo) y versiones diversas del consumo de naturaleza o la degradación de recursos que se produjo mientras se generó la riqueza reportada para un periodo dado de tiempo.

Se destacan el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES, ISEW en inglés). Este índice integra variables económicas, de distribución de riqueza y ambientales valoradas y ponderadas Las variables ambientales se miden como gastos en que incurre un país (que es la escala del índice) para el mejoramiento, la reparación o la prevención de daños ambientales. La ponderación de las variables consideradas es discutible puesto que se basa en el criterio experto de sus autores (Daly y Cobb, 1993), pero permite superar el enfoque del PIB convencional, que considera la inversión ambiental de un país como un valor positivo aditivo para el índice, de modo que, a mayor inversión ambiental (aunque esta se dedique a la mitigación de graves daños ambientales o a la compensación económica a comunidades afectadas, por ejemplo), mayor PIB. 71

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En este sentido, Quiroga (2001) reporta algunos resultados interesantes que dejan ver discrepancias entre el PIB y el IBES, una confirmación de que, desde el punto de vista ambiental, existen países en vías de subdesarrollo. Sobre esta idea se vuelve con los resultados de algunos índices basados en el espacio ecológico. A partir de este último grupo de indicadores, se construye una propuesta de indicador de sostenibilidad ecológica, como se ha definido tal sostenibilidad en este texto.

2.1.6 Indicadores agrupados por familias Uno de los trabajos más destacados en el ámbito latinoamericano en materia de generación de indicadores, agrupados y organizados desde un enfoque sistémico, se logró en Chile, por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente del gobierno de ese país, diseñado para aplicarlo a cada una de las regiones en que divide el territorio (Indicadores Regionales de DS, IRDS). Para tal propósito se admiten cuatro subsistemas básicos, cada uno de los cuales se define a partir de una “familia” de indicadores. Al menos dos de estas familias consideran flujos de energía y materiales desde y hacia los ecosistemas locales. Los cuatro subsistemas se muestran en la figura 2.3.

La familia 1 y la familia 3 incorporan indicadores ecológicos que interpretan los recursos naturales en su doble condición de proveedores de bienes de consumo (materiales y servicios) y receptores de contaminantes que almacenan, degradan o transportan. Puede decirse que se trata de un conjunto de indicadores de DS construido a partir de cuatro dimensiones: ecológica-económica (familia 1), social (familia 2), ecológica (familia 3) e institucional (familia 4).

Además de las ventajas ya expuestas, como la integración de indicadores, el sistema chileno tiene otra ventaja importante y es que, a pesar de aspirar a un tronco común de indicadores, se preocupa por regionalizar sus conclusiones. Esta ponderación territorial de los resultados es una condición esencial en Latinoamérica, dada la diversidad geográfica predominante, la cual determina que todas las ciudades se desarrollen en condiciones muy diversas, desde las costas hasta las alturas andinas.

Pese a lo relevante de esta iniciativa, al parecer Chile ha abandonado este marco ordenador, para acogerse al marco de la CDS de tema (dimensión) y subtema (área).

2.1.7. Indicadores de espacio ecológico FAMILIA 4 RESPUESTA SOCIAL E INSTITUCIONAL

FAMILIA 1 SOPORTE FÍSICO AMBIENTAL DE LA ECONOMÍA

FAMILIA 3 SISTEMA DE SOPORTE VITAL

FAMILIA 2 ACCESO Y APROPIACIÓN DE SATISFACTORES DE NECESIDADES HUMANAS

Figura 2.3 Marco ordenador por familias IRDS. Chile.

Fuentes: Quiroga et ál. Indicadores regionales de desarrollo sostenible.

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Este tipo de indicadores presenta de manera sintética un balance entre la oferta ambiental de un territorio y el consumo de recursos naturales, la producción y disposición de desechos. Mediante el cálculo de variables-indicadores agregativas, se pretende dar cuenta del equilibrio o desequilibrio entre la oferta local de los ecosistemas en un territorio determinado (país, región, municipio, ciudad), la cantidad de recursos naturales que debe importar el territorio en cuestión para satisfacer sus niveles de consumo y el volumen de desechos que se ve obligado a exportar a otros territorios, dado el agotamiento de la capacidad de autodepuración de los ecosistemas locales.

La siguiente ecuación ayuda a entender la preocupación de este tipo de indicadores.

Cl = ± Oal + Oar + Oag.

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Donde: Cl

: consumo local.

Oal

: oferta ambiental local.

Oar

: oferta ambiental regional.

Oag

: oferta ambiental global.

Oal ≤ Cl : desequilibrio ecológico.

Oal > Cl : equilibrio ecológico.

El consumo local (Cl), se refiere al uso de la capacidad productiva y recicladora de los ecosistemas en el territorio considerado; por tanto incluye todas las formas de utilización de la naturaleza, ya sea directa –como materia prima o soporte para obtener nuevos productos– o indirecta –como soporte físico de la urbanización, la industria, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la conservación y el ocio– o como receptora de residuos de estas y otras actividades.

La oferta ambiental regional (Oar) se entiende como aquella que se ubica en los ecosistemas “aledaños” al territorio analizado. Se trata de periferias rurales y, en ocasiones, de extensiones de los procesos de urbanización, cuando se trata de territorios metropolitanos. Un ejemplo típico son los ecosistemas abastecedores de agua que, al menos en las regiones metropolitanas de Colombia, se localizan a menos de 100 Km de distancia lineal. Esta oferta ambiental se caracteriza también por proveer bienes y servicios ambientales de baja o nula sustituibilidad local, tal y como se define a esta en el capítulo 5. En la ecuación tiene signo positivo, ya que se espera que ante un desequilibrio en el balance oferta/consumo local Oal ≤ Cl, lo que ocurre es un flujo positivo de bienes y servicios ambientales, hacia el territorio agotado, desde la región aledaña, especialmente y de acuerdo con la formulación de Liebig (ver capítulo 4) insustituibles localmente, a costos que posibiliten su consumo extendido. Se requiere siempre que Oal > Cl. No se admite igualdad porque debe considerarse una parte de la oferta ambiental local para la conservación de la biodiversidad.

La oferta ambiental local (Oal) se refiere tanto al resultado de la productividad natural de los ecosistemas (oferta ambiental natural), como a la productividad agregada mediante el uso de tecnologías, sin considerar el impacto que estas puedan estar generando sobre la propia base natural. En el caso de regiones metropolitanas, esta oferta ambiental local ha sido intensamente aprovechada, al punto de que ya no son siquiera perceptibles los ecosistemas originales, y en ocasiones se han transformado las condiciones climáticas. La condición para que la oferta ambiental se considere local es que debe partir de la utilización de los ecosistemas localizados en el territorio considerado. A este respecto, es importante aclarar que una parte de esta Oal puede estar siendo exportada, de allí que el signo que aparece en la ecuación es.

La oferta ambiental global Oag corresponde a la proporción de los recursos de la biosfera considerada en su conjunto, que se consumen en un territorio particular, bien sea en forma de materiales que se importan por escasez local o por condiciones económicas como bajos precios o subsidios en los países productores, o bien mediante el uso de servicios ambientales que proveen ecosistemas globales como la fijación de gases de efecto invernadero, el control del calentamiento global y la conservación de la biodiversidad. Para el caso de las economías industrializadas, el consumo de Oag corresponde en gran medida a materias primas y servicios ambientales vinculados con la conservación, mientras que las economías del Sur importan principalmente materiales y energía en forma de artefactos tecnológicos. Esta lógica Norte-Sur se replica, guardadas las proporciones, entre las regiones urbanas y rurales en todo el mundo.

Los indicadores basados en el espacio ecológico se orientan a expresar, mediante valores agregados de consumo, la proporción en que una economía hace uso de cada una de estas “fuentes” de recursos (materiales y energía) y sumideros de desechos. Su principal fortaleza radica en la extensión de su aplicación, que le permite comparabilidad entre muy diversas escalas territoriales, países, ciudades. El indicador de este tipo más conocido es la huella ecológica. Su principal debilidad estriba en que supone que los datos utilizados como valores de 73

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consumo reflejan por un lado la situación media en el territorio de referencia, por lo que termina por ocultar diferencias, a veces abismales de consumo entre sectores sociales. Por otro lado, asume que los valores de consumo y producción de desechos, generalmente anuales, permanecen constantes; en otras palabras, omite la variable tiempo en sus cálculos.

Este indicador, con una adaptación que permite incorporar a su cálculo y análisis condiciones de orden social y hábitos de consumo entre sectores sociales en el área de estudio, se aplicó en este trabajo, lo que conduce a un aporte en tanto se produce un indicador de tercera generación a partir de un indicador de segunda generación, para demostrar y cuantificar cómo la lógica Norte-Sur para explicar distintos niveles de responsabilidad frente a la crisis ambiental, se reproduce en la ciudad latinoamericana en la que conviven en un mismo espacio “varias ciudades” y épocas.

2.2 Indicadores de sostenibilidad urbana

La revisión de la evolución de los conceptos de DS y sostenibilidad, presentados en el capítulo 1 permite una conclusión interesante: la ciudad, su situación ambiental, no ha ocupado un lugar significativo en el desarrollo de los temas ambientales globales. De hecho, en Johannesburgo se mantiene un énfasis importante en la conservación de los recursos naturales críticos y en la atención a la pobreza que pese a que en las naciones de América Latina se presenta por igual en áreas rurales y urbanas, se interpreta aún en algunos casos como una condición propia de la vida rural.

De cualquier forma, el tema de la ciudad ha estado instalado en ámbitos gremiales, y la discusión sobre su viabilidad, futuro y sostenibilidad es más bien reciente como preocupación global, aunque en el origen de la ciudad industrial, las cuestiones ambientales ocuparon a toda una corriente de urbanistas (léanse por ejemplo los trabajos de E. Howard (1902) Garden Cities of Tomorrow).

Hay una explicación razonable para que las cuestiones ambientales urbanas no ocuparan el trabajo de los ambientalistas en

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el mundo hasta hace poco; esta es que la ciudad se ha proyectado como el escenario del desarrollo y el bienestar. Por varios decenios, lo que Howard llamara el “imán campo-ciudad” actuó movilizando a gran cantidad de habitantes rurales a las ciudades. Las ciudades latinoamericanas apenas completan la primera generación de urbanistas, son ciudades de inmigrantes en los que la evocación a las formas de vida rural se debate entre la vergüenza22 y la añoranza.

Hasta hace poco se podía verificar que las condiciones de vida en las ciudades eran mejores que en las áreas rurales. Hoy, la visión optimista frente a la utopía de la modernidad, la seguridad y el bienestar que ofrece la ciudad, se desvanece ante el peso de un hecho contundente: antes la pobreza fue más rural que urbana, pero actualmente en algunos países no existen diferencias, y en otros empieza a predominar la pobreza urbana sobre la rural.

De modo que si en otras ciudades existe un desfase entre crecimiento económico urbano y crecimiento poblacional, en Colombia este desfase es mayor. Como se muestra en el capítulo 4, esta situación de desplazamiento forzado no explica suficientemente la inmigración urbana de la población rural colombiana, pero ha llegado a ser significativa en cuanto a la agudización de las condiciones de habitabilidad de algunas capitales de departamento.

Lo anterior ilustra el hecho de que la crisis social de las naciones latinoamericanas se está agravando en las ciudades del mismo modo que, con manifestaciones bien diferentes, aparecen comportamientos sociales desordenados en las ciudades del mundo industrializado. De esta situación se desprende otro aspecto que entra en juego cuando de pensar la ciudad como un proyecto social colectivo sostenible se trata; esta es la crisis política o de gobernabilidad, otro de las megatemas urbanos expuesto en el Capítulo 1. En la ciudad latinoamericana las bolsas de pobreza o cinturones de miseria no son situaciones indeseables que, según una visión optimista de la ciudad, terminarían por desaparecer al ritmo que la ciudad se modernizara; estas zonas 22. “En la zona andina colombiana, cuando se quiere llamar torpe a alguien se le dice “montañero”.

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urbanas constituyen verdaderos micro-Estados en los que el poder político, el económico, el control social y hasta la autoridad ambiental, lo ejercen grupos al margen de la ley.

Todavía está fresca en la memoria de los habitantes de Medellín la estruendosa operación militar en la Comuna 13 (sector centro-occidental) a la caza de personas vinculadas con grupos guerrilleros y paramilitares, con un triste saldo, ya que se presentaron más muertes de inocentes que delincuentes judicializados. Operaciones como esta son sintomáticas de la creciente ingobernabilidad de estas ciudades que han visto, en el caso colombiano, cómo se traslada la guerra a zonas de la ciudad en las que lo común ha sido la ausencia del Estado.

A la crisis social de la pobreza urbana se suma la crisis de gobernabilidad y una más: el desempleo crónico que acerca a los jóvenes, especialmente, a la militancia en grupos de delincuencia, impulsa a niños y niñas a la prostitución, agrava las condiciones de la vivienda, margina a esta población de los servicios más elementales a cargo del Estado, y termina por profundizar las ya grandes diferencias entre sectores sociales que conviven en la ciudad. Esto es así porque la débil acción estatal no ha permitido otra forma de redistribución del ingreso diferente al empleo.

Los recientes y publicitados esfuerzos de las administraciones distritales de Bogotá se basan precisamente en impulsar una mayor tributación de sectores pudientes y de la población en general, para utilizar el impuesto predial, en principio, como un mecanismo alternativo de redistribución del ingreso.

Otro aspecto por considerar para pensar la sostenibilidad económica de la ciudad es que estos espacios son muy costosos de mantener y lo son aún más cuanto mayores deban ser los gastos en control social, para asegurar a una parte de la población el disfrute de las condiciones de una ciudad moderna. La costosa seguridad urbana se justifica igualmente por la necesidad de preservar la infraestructura económica que normalmente produce entre el 60 y el 80% del PIB de una región y de una nación como red urbana.

Se han presentado tres aspectos cruciales de la sostenibilidad urbana, remitiéndolos a las condiciones específicas de la ciudad colombiana. Si se habla de indicadores de DS, estas tres dimensiones de la problemática urbana no pueden eludirse.

Hay al menos un cuarto aspecto que tener en cuenta: las condiciones ambientales.

También la ciudad del llamado tercer mundo ha estado sometida a todo el influjo de la concienciación ambiental que ha venido creciendo desde comienzos de los años noventa, de modo que prácticamente no existen personas que vivan en una ciudad latinoamericana, en cualquier condición social, que no tengan algún grado de interés por conocer más y preservar el medio ambiente. Este hecho hace que los instrumentos de medición de la calidad ambiental desarrollados para las ciudades del mundo industrializado tengan también aplicación, pertinencia y utilidad en las ciudades del Sur. Esto sin mencionar que algunos de los parámetros normativos que fijan valores meta son ciertamente universales, es decir que a partir de ciertas concentraciones o valores tope, resultan dañinos para cualquier humano.

Si a las dimensiones de la sostenibilidad urbana expuestas: social, económica, política y ambiental, se le suma una envolvente institucional se tiene completo el marco de acción de los IDS. Las entidades gubernamentales de la región han dirigido sus esfuerzos en la materia sólo a un ámbito de la sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental. Las otras tres dimensiones han sido abordadas desde otras instancias técnicas y políticas, como los indicadores de calidad de vida o de necesidades básicas insatisfechas. Hay, en consecuencia, un amplio panorama por explorar en el que países como Chile y México llevan la delantera al incorporar a sus sistemas de indicadores todas las dimensiones del DS, pero la condición general es que no existe una aplicación específica al medio urbano.

Uno de los países que reporta mayores esfuerzos en este campo es España. En efecto, el Ministerio del Medio Ambiente español publicó durante el año 2000 el “Sistema Español de Indicadores Ambientales: Área de Medio Urbano”, uno de los subtemas en que se divide el área de recursos naturales, que constituye, a su vez, una de las cuatro áreas que conforman el 75

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Sistema Español. La atención especial al medio urbano implica un reconocimiento de la importancia que tiene la planificación de estos asentamientos: de su funcionamiento y su expansión, si se aspira a hacer sostenible un territorio. También la flexibilidad de los indicadores considerados en cuanto a su escala de aplicación, lo hacen útil para adaptarlo al caso colombiano.

La publicación del gobierno español es el resultado de un proceso que comenzó por identificar los principales problemas urbanos existentes, para posteriormente seleccionar los indicadores que describieran mejor los problemas identificados. El sistema de 14 indicadores se estructura en el marco ordenador P-E-R: cinco indicadores de presión, seis indicadores de estado y tres indicadores de respuesta. Los indicadores se agrupan a su vez en temas (atributos) con dos niveles de desagregación, antes de conformar propiamente indicadores. La tabla 2.3 resume la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente de España (2000).

ATRIBUTO

INDICADOR PRESIÓN

Emisión de contaminantes al aire

- Emisión de contaminantes atmosféricos - Emisión de ruido

P1. Emisiones de NOx P2. Emisiones de COVNM

Transporte urbano

- Tráfico urbano - Movilidad urbana

P3. Turismos por habitante

Presión de la urbanización

- Aglomeración urbana - Extensión urbana

P4.Población urbana P5. Suelo edificado por habitante

ESTADO Calidad del aire

- Niveles de contaminación atmosférica - Niveles de ruido

E1. Niveles de inmisión de Nox E2. Niveles de concentración de ozono.

E3. Niveles de inmisión de PM10

Estructura urbana

- Calidad y accesibilidad a la vivienda - Zonas verdes

E4. Superficie de suelo vacante urbano

Habitabilidad

- Calidad y accesibilidad a la vivienda - Seguridad del espacio urbano - Patrimonio cultural y arquitectónico

E5. Porcentaje de viviendas según superficie útil E6. Número de víctimas por accidentes de tránsito urbano

RESPUESTA Medidas de planificación o gestión urbanística

R1. Implantación de políticas e instrumentos de la Agenda 21 local

Medidas para calmar el tráfico y mejorar la accesibilidad a los espacios públicos Medidas de reducción de la contaminación

R2. Gasto de los ayuntamientos en protección del M.A atmosférico y en reducción del ruido.

Medidas de educación ambiental

R3. Gasto del ayuntamiento en educación y formación ambiental

Medidas de ahorro energético Gobernabilidad y participación ciudadana

La tabla 2.3 deja ver que hay temas (atributos) que no cuentan con indicadores; seguramente en fases posteriores serán incorporados. También se aprecia la intención de incorporar temas socioambientales como la calidad y el acceso a la vivienda, aunque sin indicadores específicos. Los demás indicadores abordan temas bastante convencionales, pero de gran utilidad.

En Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial viene trabajando en una interesante propuesta de observatorios ambientales urbanos. Un observatorio se construye a partir de un grupo de indicadores que describen la distancia entre los valores que registran y unos valores meta normativos.

Se basa entonces en una concepción normativa de la sostenibilidad. La comparación entre los valores normativos de los indicadores y los valores observados se enuncia en forma de semáforos que ilustran sobre la distancia que la variable en cuestión se aleja del valor máximo o mínimo permitido. Verde es una situación normal, amarillo alerta y rojo crítica.

El Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos (SIAU), como se le conoce, se ordena sobre la base de diez temas que a su vez se dividen en subtemas con indicadores de presión, estado y respuesta. Los temas aparecen en la columna 1 de la figura 2.4 en orden descendente asociados al icono respectivo: agua subterránea, agua superficial, aire, biodiversidad, contaminación visual, energía, población, producción más limpia, residuos sólidos, suelo y transporte. Información detallada está disponible en el sitio web del Ministerio “www.minambiente. gov.co”.

Existen observatorios para las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medellín. Esta iniciativa ha pasado a un segundo plano tras años de no operar adecuadamente los observatorios.

En el capítulo 5 se amplía el estado del arte para justificar la selección del marco ordenador y el tipo de indicadores que se aplican para evaluar la sostenibilidad ecológica del área metropolitana.

Tabla 2.3 Sistema de indicadores ambientales urbanos. MMA (2000) Fuente: www.mms.es. Junio de 2005.

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MATRIZ DIAGNÃ&#x201C;STICA OBSERVATORIOS OBSERVATORIO 2

OBSERVATORIO 3

OBSERVATORIO 4

TEMAS

OBSERVATORIO 1

Figura 2.4 Estructura del SIAU (Minambiente, Colombia).

Fuente: www.minambiente.gov.co. Junio de 2005.

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a Medellín como centro, conforman el valle de Aburrá (figuras 3.1 a, b, c).

El valle de Aburrá se forma en una depresión interandina de la cordillera Central, a 1.500 metros sobre el nivel medio del mar; está definido por el río Aburrá que transcurre en dirección surnorte-noroccidente en un recorrido de más de 100 kilómetros de longitud desde su nacimiento hasta la desembocadura del río grande a la altura de Puente Gabino, punto a partir del cual se denomina río Porce. La figura 3.1.b ilustra la posición cordillerana del valle, mientras la figura 3.2 muestra la conformación topográfica del valle.

capÍtulo 3 Área de estudio: Medellín y el Área Metropolitana 3.1 El valle geográfico del río Aburrá o Medellín

En este trabajo se hace un estudio de la sostenibilidad ecológica del área metropolitana de Medellín, en Colombia. Este capítulo se dedica a describir las condiciones geográficas básicas del área de estudio: localización, clima, vegetación, población y economía. La presentación del área de estudio es fundamentalmente descriptiva ya que muchos de los aspectos centrales de la vida en la región se analizan con mayor detalle en el capítulo 5, al momento de evaluar la sostenibilidad ecológica a través de indicadores de desarrollo sostenible y de sostenibilidad ecológica.

El área de estudio se localiza en la esquina nororiental de América del Sur en la tercera ciudad en población de Colombia, ubicada en la región central del departamento de Antioquia: Medellín. De acuerdo con la organización político administrativa de la nación, el departamento es una entidad territorial conformada por municipios. Diez de ellos ubicados en torno

Figura 3.1.a Localización de Colombia en América Fuente: IGAC. 2005.

Figura 3.1.b Localización de Colombia en Suramérica Fuente: IGAC. 2005.

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La topografía del valle de Aburrá es irregular, con un fondo plano, estrecho en algunos sectores, con una amplitud máxima de 10 km en donde se localiza Medellín y con vertientes que presentan altas pendientes. Posee una profundidad de 1.000 metros con respecto a los altiplanos que lo circundan. El perfil topográfico que define el río Medellín discurre en sentido sur–norte, entre 1.800 msnm en el Alto de San Miguel, municipio de Caldas, lugar de su nacimiento y 1.100 msnm en el municipio de Barbosa, donde continúa su curso con el nombre de río Porce.

material no consolidado (sedimentario) lo constituyen terrazas y depósitos coluviales.

Fotografía 3.1 Visión de la topografía y la forma del valle.

Figura 3.1.c Localización cordillerana del área de estudio.

Fuente: IGAC. 2005.

Las montañas circundantes cuentan con alturas que superan los 3.000 msnm; a lo largo de las vertientes corren numerosos afluentes del río Medellín que se caracterizan por su torrencialidad. Son aproximadamente 200 afluentes directos. La fotografía 3.1 y la figura 3.2 permiten apreciar la topografía del valle.

En el área de estudio se encuentran formaciones geológicas de distinta naturaleza que incluyen rocas ígneas, metamórficas y sedimentos no consolidados. Las laderas, incluido el valle, están compuestas esencialmente de materiales derivados de las rocas ígneas y metamórficas, terrazas, aluviones cuaternarios y mantos de ceniza depositados sobre las rocas mencionadas, altamente meteorizados. El material ígneo lo constituyen el batolito antioqueño, además de las serpentinitas y el batolito de Altavista. El material metamórfico está constituido por anfibolitas y metasedimentos formando el Grupo Ayurá Montebello. El

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Figura 3.2 Red Urbana del centro de Antioquia.

Fuente: IGAC. 2005.

Otra unidad geológica reciente corresponde a los depósitos de flujos de lodo (talud) hacia las laderas, derivados de la descomposición de las rocas preexistentes, sobre los cuales se ha asentado población de bajos ingresos. El nivel de consolidación y habitabilidad de estos asentamientos decrece con la posición altitudinal en la ladera (fotografía 3.2.a y b).

Fotografías 3.2.a y b Urbanización en las vertientes oriental (izq.) y occidental (der.) del valle de Aburrá.

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La mayor extensión de suelo urbanizado ocurre en el centro del valle, sobre terrazas y aluviones recientes depositados por el río, en pendientes que no superan el 12%. Allí se asienta el centro de la ciudad (sobre depósitos de la quebrada Santa Elena y depósitos del río Aburrá) así como el centro administrativo y los edificios y el comercio, que se erigen como los nuevos íconos de una ciudad en proceso de desindustrialización transitando hacia una ciudad de servicios.

ß

La ciudad de Medellín, núcleo central del valle, se encuentra en promedio a 1.470 msnm y cuenta con una temperatura media anual de 22 ºC, sus medias máxima y mínima son de 29 ºC y 16 ºC, respectivamente. Normalmente oscila entre 18 ºC y 26 ºC.

ß

Presencia de dos períodos de máximas precipitaciones pluviales, de abril a junio y de septiembre a noviembre, siendo mayo el mes más lluvioso, y de dos épocas intermedias con menor precipitación, de diciembre a marzo y de julio a agosto. Enero es el mes más seco. Medellín presenta una precipitación media anual de 1.500 mm.

Los vientos en la cuenca hidrográfica del río Medellín soplan predominantemente de norte a sur (alisios del noreste) en la mayor parte del año, con registros máximos de velocidad de 50 km/hora. La velocidad promedia es de 5 km/hora. Los vientos arrastran las nubes hacia la parte sur de la cuenca y se encañonan de tal forma que las montañas localizadas a su paso hacen que las nubes cálidas y húmedas asciendan hasta el punto de condensación y se precipiten. Este fenómeno es el que explica el porqué en los municipios del sur, especialmente en Caldas y en las cabeceras del río, se presentan mayores precipitaciones que en Medellín.

Fotografías 3.3.a y b. Aspectos de la urbanización del centro de Medellín.

Por su localización geográfica, el clima en el valle está dentro del régimen tropical o ecuatorial de montaña, caracterizado principalmente por tres fenómenos, a saber: ß

Ligeras variaciones en las temperaturas medias en el transcurso del año. Al estar el país localizado dentro de la región latitudinal tropical, en Colombia la temperatura está definida por las alturas sobre el nivel del mar. Las temperaturas medias de los municipios localizados en los extremos sur y norte del valle son: 19 ºC en Caldas (a 1.750 msnm) y 23 ºC en Barbosa (a 1.300 m.s.n.m).

En cuanto a la humedad relativa y la presión barométrica, las variaciones de humedad relativa durante el día son regulares y típicas de un clima tropical, donde no hay estaciones. La humedad se hace mínima en las horas del mediodía, porque en la atmósfera hay más calor y energía acumulada, que aumenta la capacidad del aire para contener vapor de agua. En el valle de Aburrá la humedad relativa promedia es del 70%, llega a valores extremos del 40% en periodos secos (verano) y 85% en períodos húmedos (invierno). La presión barométrica normal en Medellín es de 635 mm de Hg. Los suelos derivados de los batolitos son profundos, bastante sueltos, arcillosos y poco a medianamente permeables; de baja fertilidad, erosión de ligera a severa cuando el relieve aparece quebrado y escarpado. Se caracterizan por un drenaje natural bueno a moderado. Los suelos más fértiles han sido utilizados

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para la urbanización, aún queda alguna porción de la llanura aluvial al norte, que aún no ha sido urbanizada debido a la inundabilidad de los terrenos. Estos suelos fértiles están dedicados a la ganadería extensiva, la porción más cercana al río se explota para la extracción de áridos. Las fotografías 3.4.a y b permiten una noción de esta área al norte del valle, municipios de Girardota y Barbosa.

Es bien sabido que los factores climáticos y la posición geográfica de la cuenca tienen una influencia muy relevante sobre la vegetación. Las características fisonómicas de la vegetación típica de estas condiciones ecológicas corresponden a árboles y arbustos que de acuerdo con la clasificación de Holdridge, se denominan bosque húmedo premontano. De la vegetación primaria sólo quedan algunas muestras representativas en las partes altas de las laderas y a lo largo de algunas corrientes, mientras que en el fondo del valle las mismas muestras de vegetación originaria de la zona no existen, salvo algunas especies adaptadas al arbolado urbano.

Fotografía 3.5 Aspectos del patrón de ocupación del territorio: urbanización en el fondo del valle y las laderas y vegetación natural, cultivos y pastos hacia las cimas cordilleranas.

3.2 Población y economía: la sociedad metropolitana de Medellín

Fotografías 3.4.a y b Utilización del río al norte del valle.

Es bien conocida la diferencia en cuanto al significado de la urbanización como signo del desarrollo económico de una nación, propio de Europa y Norteamérica, y el significado de ese mismo proceso, normalmente asociado a la pobreza y la violencia rural o a expectativas no cumplidas de empleo y bienes­ tar urbanos, que caracterizan la urbanización de la ciudad latinoamericana.

Esta característica es muy particular del valle geográfico: urbanización en el fondo del valle con expansión hacia ambas laderas (oriental y occidental) y manchones de bosque con corredores irregulares de vegetación ripariana a lo largo de algunas quebradas, interrumpidos a su paso por las zonas urbanas, en donde se mimetizan con las calles. La fotografía 3.5 muestra una panorámica de esta conformación territorial desde el occidente del valle.

En otros términos, mientras la urbanización impulsa el crecimiento económico en las naciones desarrolladas, en las ciudades latinoamericanas en efecto genera un impulso al crecimiento económico, pero también agrava la pobreza y amplía la brecha entre ricos y pobres; lo anterior porque también es bien sabido que crecimiento económico y desarrollo humano no son exactamente sinónimo. Hay un destiempo entre la intensidad de la urbanización y el ritmo del crecimiento económico.

Pese a los intentos por modelar la planificación de la ciudad de acuerdo con estándares europeos desde los albores de la expansión urbana en Colombia, los esfuerzos parecen infructuosos:

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cada vez más pobres llegan a las ciudades a expensas de las oportunidades que finalmente jamás encuentran. Es tiempo de volver sobre estos esfuerzos con nuevo aire, las ideas que desde la ciencia ecológica vienen instalando reflexiones novedosas en el urbanismo moderno, pueden ayudar a descifrar hasta qué punto las particularidades biofísicas y sociales de nuestras ciudades admiten futuros modélicos. En tal sentido, es esencial conocer las condiciones geográficas y ecológicas en las que se ha establecido y expandido una ciudad, para juzgar su sostenibilidad ecológica: una oportunidad para revisar un futuro urbano posible, más equitativo socialmente y armónico con la naturaleza.

MUNICIPIO

ÁREA (KM2)

NÚMERO DE HABITANTES

PORCENTAJE DE HABITANTES

MEDELLÍN

382

2´003.780

65,57

BELLO

206

360.054

11,78

CALDAS

149

67.564

2,21

COPACABANA

150

54.551

1,79

BARBOSA

70

37.639

1,23

ITAGÜÍ

50

251.627

8,23

ENVIGADO

78

155.569

5,09

SABANETA

17

36.971

1,21

GIRARDOTA

35

36.940

1,21

LA ESTRELLA

15

51.321

1,68

1.152

3´056.016

100

TOTAL

El valle geográfico, la cuenca hidrográfica, tiene una extensión aproximada de 1.218 km2 (Mi Río, 1998); en este trabajo se acepta un área menor, 1.152 km2, que corresponde a la suma de las áreas de los 10 municipios que conforman el área metropolitana. De esta extensión, 340 km2 (29,5%) corresponden a, área urbana y 812 km2 (70,5%) son área rural (figura 3.3).

Tabla 3.1 Área y población de cada municipio del valle de Aburrá Fuentes: Anuario Estadístico Metropolitano (1992); Planes de Ordenamiento Territorial municipales.

MEDELLÍN 66%

El área metropolitana está conformada por los municipios de: Medellín, Bello, Caldas, Copacabana, Barbosa, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Girardota y La Estrella, e igualmente por diversos corregimientos y veredas. La población en 2001 se distribuía entre urbana y rural así: 2’869.523 hab. urbanos (93,9%) y 186.493 hab. rurales (6,1%). El tamaño de cada municipio, así como la distribución de la población total por municipio se presentan en la tabla 3.1 y en la figura 3.4 (Anexo 1). La mayor talla demográfica corresponde a Medellín (65,67%), seguido de Bello (11,78%), Itagüí (8,23%) y Envigado (5,09%).

MEDELLÍN BELLO

BELLO 12%

CALDAS COPACABANA

LA ESTRELLA 2% GIRARDOTA 1%

ENVIGADO 5% SABANETA 1%

BARBOSA ITAGÜÍ 1% 8%

CALDAS 2%

BARBOSA

COPACABANA 2%

ENVIGADO

ITAGÜÍ SABANETA GIRARDOTA LA ESTRELLA

Figura 3.4 Distribución de la población total por municipio.

PESO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN EN EL DEPARTAMENTO 40 35 25

1985

1973

30

1993

1964

20 15 10 5 0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

% UD1964 %UD1973 %UD1985 %UD1993 Figura 3.3 Área urbana y rural en el valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Figura 3.5 Evolución de la talla demográfica de Medellín respecto al departamento.

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Desde los años sesenta se viene concentrando la población del departamento en la ciudad de Medellín y en los municipios aledaños, situación que tuvo lugar dentro del movimiento normal rural-urbano, que ocurrió como resultado de la industrialización de algunas ciudades del país. La figura 3.5 muestra la evolución del peso demográfico de la ciudad de Medellín en el resto de la población del departamento de Antioquia. La tendencia a la reducción en la última parte de la curva corresponde a una mayor participación de los municipios metropolitanos en el total departamental. La población de los diez municipios del área metropolitana corresponde aproximadamente al 60%.

MEDELLÍN 66%

MEDELLÍN BELLO CALDAS COPACABANA

GIRARDOTA 1%

BARBOSA BELLO 11%

LA ESTRELLA 2% SABANETA 1%

ENVIGADO ITAGÜÍ 5% 9%

BARBOSA 1%

CALDAS 2% COPACABANA 2%

ITAGÜÍ ENVIGADO SABANETA GIRARDOTA LA ESTRELLA

Figura 3.6 Distribución de la población urbana por municipio.

Aunque el peso de la población urbana es claramente mayor, en el área de estudio queda una cantidad considerable de población rural, cantidad comparable e incluso superior a la población rural en otras regiones del departamento. Las figuras 3.6 y 3.7 ilustran la distribución de la población urbana y rural a partir de los datos de la tabla 3.2 que muestra la proporción de población respecto al total urbano (IPU) y respecto al índice de población rural (IPR) en cada municipio. Estos índices se explican con mayor detalle en el capítulo 4.

MUNICIPIO

IPU

IPR

MEDELLÍN

66,51

51,00

BELLO

12,29

3,89

CALDAS

2,07

4,35

COPACABANA

1,62

4,35

BARBOSA

0,54

11,80

ITAGÜÍ

8,57

3,06

ENVIGADO

5,04

5,84

SABANETA

1,06

3,51

GIRARDOTA

0,75

8,30

LA ESTRELLA

1,54

3,89

TOTAL

100,00

100,00

Tabla 3.2 Índices de población urbana y población rural en el valle de Aburrá.

Fuente: Elaboración propia (datos Anexo 1).

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Se mantiene la misma distribución que en el caso de la población total, nuevamente se destaca Medellín. La comparación con la distribución porcentual de la población rural metropolitana es interesante. La figura 3.7 muestra esta última distribución.

SABANETA ENVIGADO 4% 6%

GIRARDOTA 8%

MEDELLÍN

LA ESTRELLA 4%

BELLO CALDAS COPACABAN

ITAGÜÍ 3%

BARBOSA

BARBOSA 12%

ENVIGADO

ITAGÜÍ

COPACABANA 4%

CALDAS 4%

BELLO 4%

MEDELLÍN 51%

SABANETA GIRARDOTA LA ESTRELLA

Figura 3.7 Distribución porcentual de la población rural en el valle de Aburrá.

Aunque Medellín mantiene la mayor proporción de población rural, el segundo lugar es ocupado ahora por Barbosa, seguido de Girardota, los municipios ubicados más al norte del valle que mantienen con Medellín, una importante actividad agraria.

En el suelo rural se mezclan con mayor intensidad, en tanto más cerca se está de Medellín usos rurales agrarios con usos típicamente urbanos (residencia, comercio, ocio, estaciones de servicio). Además de esta distribución espacial de la población

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ESTRATO 4 8%

ESTRATO 5 ESTRATO 6 2% 6%

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA en el municipio de medellín (1993) BELLO

ESTRATO 1 12%

corregimiento de san cristóbal corregimiento de santa helena ESTRATO 3 35%

ESTRATO 2 37%

Figura 3.8 Distribución de la población por estrato predominante en Medellín.

(Plano base: Planeación Municipal-Medellín).

(urbana-rural) interesa presentar la distribución por estrato: una clasificación que considera entre otras variables, los ingresos de la familia, las características de la vivienda y del sector.

Esta clasificación permite ver la distribución socioespacial en la zona urbana, tal como se muestra en la figura 3.8.

Este comportamiento en cuanto a distribución de la población por estrato refleja una de las características más sobresalientes de la ciudad latinoamericana claramente apreciable en el área de estudio, la segregación socioespacial. La figura 3.9 destaca en términos proporcionales esta distribución socioeconómica de la población.

Los estratos 2 y 3 agrupan más del 70% del total de la población, mientras que la población en los estratos 4 a 6, apenas supera en 4% al total de la población de estrato 1, y es menor que la mitad de la población de estrato 2 o estrato 3. Estos datos serán muy útiles para evaluar la sostenibilidad ecológica en cuanto a la distribución del consumo de recursos naturales y de la producción de desechos.

En cuanto a ingresos familiares por estrato, los datos disponibles para 1997 se muestran en la tabla 3.3 con su distribución proporcional. La figura 3.10 completa la ilustración de los ingresos anuales para una familia media de cada estrato socioeconómico.

itagüí Estrato 1 2 3 4 5 6

envigado

Actividad económica y/o industrial

Figura 3.9 Distribución socioeconómica de la población en el valle de Aburrá (2003).

Fuente: Municipio de Medellín 2003.

ESTRATO

INGRESOS US$/AÑO (US$ DE 1993)

PORCENTAJE

1

323,54

4,78

2

414,70

6,12

3

728,36

10,75

4

1.222,01

18,04

5

1.898,69

28,03

6

2.185,96

32,27

TOTAL

6.773,26

100,00

Tabla 3.3 Distribución de los ingresos por estrato.

Fuente: elaboración propia.

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ESTRATO 6 32%

ESTRATO 1 5%

ESTRATO 5 28%

ESTRATO 2 6%

ESTRATO 3 11%

ESTRATO 4 18%

Figura 3.10 Ingresos anuales para una familia media de cada estrato socioeconómico.

Con los ingresos se invierte la tendencia descrita para la población: los estratos 1 y 2 apenas suman los ingresos del estrato 3, mientras que los ingresos de los estratos 5 y 6 suman más del 60% del total; la población de estrato 4 percibe al año un poco más de la mitad de los ingresos del estrato 6. Los ingresos de una familia de estrato 6 son siete veces mayores que los ingresos de una familia de estrato 1. Al respecto es importante advertir que el máximo ingreso no es un límite superior sino un promedio, lo mismo opera en el caso del estrato 1. De hecho, un 57% de la población en el área metropolitana está en condición de pobreza absoluta, el desempleo supera el 20% y un 60% de los habitantes ocupados laboralmente, lo están en empleo informal o subempleo (Área metropolitana, 2002).

Una palabra que resume adecuadamente la caracterización de la población metropolitana es probablemente el contraste: social, económico, urbano. Para no hacer más extensa esta presentación del área de estudio, a continuación se presentan algunas imágenes urbanas de Medellín y los municipios vecinos, que recogen bien la síntesis propuesta (fotografías 3.6).

Fotografías 3.6 Contraste entre sectores urbanos en Medellín

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es un “país urbano”, afirmación que se ha hecho frecuente desde que los resultados del censo de población realizado en 1993 dejaron ver que cerca del 75% de la población colombiana vive en cabeceras municipales; más exactamente, el 73,1% de la población (24’271.809 personas) de una población total censada en 1993 de 33’109.839 habitantes.

De este dato han hecho uso muchas instituciones nacionales que han confundido la población en cabeceras municipales con población en ciudades. Como resultado, una vertiente de la política de ordenamiento territorial nacional se ha orientado a la administración del suelo urbano en ciudades, generando un primer y grave desajuste en materia de planificación, que se estudia a fondo en este capítulo.

CAPÍTULO 4 URBANIZACIÓN, RURALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA

Este capítulo se dedica a analizar lo que ha sido el proceso de urbanización en Colombia, teniendo en cuenta los efectos que este ha tenido en el modelo de ocupación del territorio nacional y en los fundamentos y prácticas planificadoras vinculados con la ordenación territorial. En el anexo 1, hay una base de datos con las fórmulas de cálculo que sustentan las cifras y las conclusiones que se presentan en este capítulo. Las hojas de la base de datos están ordenadas con literales de A hasta K, con datos de 1.114 municipios del país y un sencillo conjunto de contadores de población en cabeceras municipales. La segunda parte del anexo incluye gráficos que ayudan a comprender la evolución histórica por departamentos de cuatro índices que se utilizan como descriptores de la urbanización y la ruralización.

Se consideran aspectos relativos a la concentración de la población colombiana en ciudades, y otros que describen el peso que tiene la población y la actividad rural en el país, para revisar la idea generalizada sin demasiados análisis de que Colombia

Los censos de población en Colombia definen a la población rural como aquella que no vive en cabeceras municipales, lo que es bastante impreciso; de hecho, si el concepto de rural se extiende a localidades con una población menor de 3.000 habitantes en la cabecera municipal, con datos de 1993, la proporción de población rural crece hasta 37,6% (Anexo 1).

Pero el claro sesgo urbano en las descripciones de la distribución de la población en el país no se explica únicamente por la sutileza aritmética señalada antes, sino que corresponde con una visión del desarrollo nacional que aspiraba a consolidar un modelo industrial urbano en las ciudades andinas, un modelo agroindustrial en la zona cafetera andina y economías de enclave extractivitas y agroindustria en las zonas bajas tropicales.

Aun cuando la población colombiana vive en su mayor parte en la zona andina, se encuentra distribuida en varias ciudades importantes: Bogotá, Medellín, Manizales, Armenia, Pasto. Este modelo de ocupación territorial del país comenzó a consolidarse a partir de la aparición de la caficultura, que hizo sentir sus efectos entre la tercera y cuarta década del siglo XX. Así se logró un equilibrio relativo entre las ciudades grandes del llamado “triángulo de oro”: Bogotá, Cali y Medellín, y las ciudades intermedias producto del nuevo eje urbano de la cordillera Central que había surgido a la zaga de la consolidación de la economía cafetera.

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Este equilibrio se mantuvo, de acuerdo con Zambrano y Bernard (1993), hasta la década del sesenta cuando irrumpe la industria en cuatro grandes ciudades que ganan la delantera en la primacía urbana, como lo muestra luego el censo de 1985: una “cuadricefalia urbana” con Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, ciudad que viene a demostrar la consolidación de la vida urbana en las ciudades costeras, que había comenzado a reactivarse a principios del siglo XX. En contra de la permanencia de este modelo han operado factores internos y externos que explican las tensiones actuales.

En cuanto a los factores internos, la instalación de proyectos productivos mineros, agroindustriales, la aparición de cultivos ilícitos en las zonas bajas tropicales y la presencia de grupos armados ilegales que abanderaron en sus comienzos reivindicaciones agraristas, actúan en conjunto para presionar una ocupación importante, con rasgos de urbanización destacados, de las llanuras bajas de toda la nación.

En cuanto a factores externos, la apertura económica, y en general la ola neoliberal, impulsa la primacía urbana tanto de ciudades puerto como de aquellas comunicadas adecuadamente con las primeras. Se especula en consecuencia con el aislamiento de Medellín y con un fortalecimiento del eje Bogotá, Cali, Buenaventura. Hasta ahora, el único rasgo visible de esta tendencia, no por esto menos importante, es el desplazamiento de gran parte de la industria nacional desde Medellín hacia la capital de la república.

En las páginas siguientes se estudian a fondo estos planteamientos, para explicar por una parte la orientación urbana que tiene la Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial, los desajustes que esto genera en una nación en la cual más del 71% de los municipios (800 de 11423) tienen más población rural que población urbana y la desaparición de la planificación rural en el país que puede llegar a tener efectos sobre la sostenibilidad ecológica de las ciudades.

23. Todos los datos relativos a la población se basan en el censo de 1993, en vista de que los resultados oficiales del censo de 2005 aún no se conocen consolidados y debidamente ajustados.

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El capítulo se ha organizado en cuatro acápites. En el primero se hace una breve sinopsis de la geografía nacional, para ilustrar las condiciones ecológicas en las que se ha desarrollado la ciudad colombiana y el modelo de ocupación y organización urbano-regional actual. El segundo acápite presenta datos relacionados con el proceso de concentración de la población urbana en ciudades y el análisis de la ruralización. A partir de índices demográficos se discute el alcance de la urbanización en el país; el estudio de cifras y datos parte prácticamente desde la conquista, pero hace énfasis en el periodo 1964, año del primer censo de división departamental consolidada y en 1993, año del último censo de población consolidado al momento de culminar este trabajo en el año 2005. En el tercer acápite se presenta, una síntesis de las cifras de la urbanización y un análisis de la implementación de la Ley 388 de 1997, así como una discusión alrededor de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial: sus implicaciones, limitaciones y estado actual de elaboración.

El capítulo se cierra con cifras y datos relativos al proceso de urbanización actual en el departamento de Antioquia y en el área de estudio.

Terminado el capítulo se tiene un marco completo para reconocer la dimensión de la urbanización y la ruralización en Colombia y se está en capacidad de juzgar la eficacia de la Ley de Desarrollo Territorial para aportar al desarrollo sostenible y específicamente a la sostenibilidad urbana y regional.

4.1 Sinopsis de la geografía de Colombia El ordenamiento territorial en Colombia exige tener en cuenta la diversidad geográfica no solo como variable de análisis, sino como determinante de las futuras utilizaciones que ordene el planeamiento a cualquier escala, desde la nación hasta los municipios y veredas. Esto porque tal diversidad se manifiesta tanto a escala de la nación, como en cada localidad. Una pregunta que es necesario responder es: ¿Cómo “ordenar” tal diversidad?

La variedad geográfica implica biodiversidad de especies y hábitats, pero también variedad climática, hidrológica, geológica, di-

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versidad cultural, social y contrastes grandes en las condiciones en las que tienen lugar las ciudades (figuras 4.1.a y b).

Una sinopsis de la geografía en cualquier nación debe asumir la descripción de los procesos sociales que el hombre desarrolla a lo largo de su historia, de su impronta sobre el territorio, y de la manera en que la naturaleza “impone”, por así decirlo, restricciones que moldean con el tiempo las formas de vida de la población, su cultura.

Colombia constituye, en razón de su localización, geografía e historia, una nación diversa tanto en lo que al medio natural se refiere, como en lo que hace a los rasgos de su población.

Puede afirmarse que dos historias se conjugan para explicar el presente y ayudar a orientar el futuro del país: la historia natural y la historia social. El ordenamiento territorial, como disciplina científica, ofrece la ventaja de abordar estas dos historias, para explicar la manera como se conjugan. Un resultado emergente de esta conjunción son las ciudades, territorios construidos socialmente, a la vez soportes de la economía y escenario de la desigualdad, de la pobreza y de la opulencia, de la esperanza y la desesperación; todos ellos signos de los tiempos que corren.

co; tres cordilleras producto de la bifurcación24 de la cordillera continental de los Andes; dos prominentes sistemas independientes de relieve, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena; dos extensas llanuras costeras, la Llanura del Caribe y la Llanura del Pacífico y un vasto sistema de llanuras bajas con vegetación de sabana y selvas, surcado por infinidad de ríos que vierten a las cuencas del Orinoco y el Amazonas; y finalmente, un conjunto de valles interandinos coronados por cimas heladas, con altiplanos y vertientes en los que se asienta la mayor parte de la población del país (figura 4.2).

S. N. SANTA MARTA

CARIBE

PACÍFICO ORINOQUÍA

LA MACARENA

CORDILLERA DE LOS ANDES

AMAZONÍA

Figura 4.1.b El oso andino y la palma de cera, símbolos de la biodiversidad colombiana.

Fuente: adaptado de www.miniambiente.gov.co Diciembre de 2004.

Figura 4.1.a Colombia Fuente: www.igac.gov.co Junio de 2005.

Los rasgos generales de la geografía física colombiana pueden sintetizarse en: costas en dos océanos, el Atlántico y el Pacífi-

Figura 4.2 Relieve colombiano. Fuente: www.igac.gov.co Julio de 2005.

Gran parte de la población colombiana que vive en ciudades se concentra en seis grandes centros urbanos: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, y en un amplio conjunto de ciudades intermedias: Ibagué, Neiva, Arme24. Bifurcación porque la tercera cordillera, la Oriental, se desprende en el llamado Macizo Colombiano, de la cordillera Central, uno de los dos brazos iniciales de los Andes (figura 4.2).

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CAPITAL LETICIA MEDELLÍN ARAUCA BARRANQUILLA CARTAGENA TUNJA MANIZALES FLORENCIA YOPAL POPAYÁN VALLEDUPAR QUIBDÓ MONTERÍA BOGOTÁ, D.C. INÍRIDA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE NEIVA RIOHACHA SANTA MARTA VILLAVICENCIO PASTO CÚCUTA MOCOA ARMENIA PEREIRA SAN ANDRÉS BUCARAMANGA SINCELEJO IBAGUÉ CALI MITÚ PUERTO CARREÑO

%UD1964

%UD1973

%UD1985

%UD1993

30,960

37,309

47,150

47,024

28,978

35,545

36,475

35,722

17,724

14,387

22,559

28,366

68,725

68,958

62,794

59,403

31,361

35,634

41,045

42,815

4,080

5,175

8,004

8,656

26,656

28,582

32,825

32,759

17,074

15,561

30,389

26,555

12,462

21,366

9,634

12,922

17,846

17,302

16,692

25,819

24,407

27,740

10,991

13,728

19,189

19,489

12,042

14,366

17,223

19,327

58,944

69,173

74,091

74,677

38,600

30,376

32,750

23,931

18,229

22,570

27,512

31,297

7,957

10,736

18,293

19,878

16,871

19,144

22,992

30,621

27,353

34,019

39,090

39,203

11,699

14,867

19,377

20,504

27,536

32,381

40,400

43,918

4,568

9,681

6,446

6,420

40,891

41,948

47,691

49,760

33,734

37,813

37,298

40,262

54,031

62,477

64,948

67,747

21,656

25,739

23,738

25,650

14,126

19,437

22,777

26,969

14,883

20,144

26,361

29,580

35,672

41,234

46,488

49,248

15,524

12,014

18,114

20,576

11,007

1,801

24,120

15,230

Tabla 4.1 Evolución del porcentaje urbano entre 1964 y 1993.

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Al leer las filas se puede apreciar que algunas capitales incluso han perdido talla demográfica en el periodo considerado (1964 a 1993): Medellín, Barranquilla, Florencia. Otras ciudades, en cambio, muestran un franco ascenso: Cali, San Andrés, Pereira, Cúcuta. Aunque la concentración de población en las capitales es muy clara, en general las grandes ciudades han visto reducido el ritmo de crecimiento de la población urbana por dos efectos: la saturación y la metropolización. En cuanto a este último, ciudades vecinas han absorbido el crecimiento demográfico urbano-regional; es el caso de Bello-Medellín y Soledad-Barranquilla. La figura 4.3 muestra el comportamiento general del porcentaje urbano en el país en el mismo periodo, no solo en capitales de departamento, sino en todas las cabeceras municipales. Nótese que el valor para 1993 es cercano al 75%, cifra que ya se discutió.

% URBANO COLOMBIA

76,00 71,00 66,00 61,00 56,00

% URBANO

nia, Manizales, Pereira, Cúcuta, Popayán, Pasto, Quibdó, entre otras. Las ciudades capitales concentran a menudo más de la tercera parte de la población departamental, especialmente en las ciudades andinas, tendencia que se ha consolidado en algo más de 40 años y que ha favorecido la tesis de un proceso de urbanización de la población nacional. Las grandes capitales concentran hoy día no sólo a la población departamental, sino a un porcentaje creciente de la población del país. La tabla 4.1 muestra algunos datos que verifican lo anterior, a partir del cálculo del porcentaje urbano, una medida de la talla demográfica de cada capital, respecto a la población de su departamento.

51,00 46,00 41,00 36,00 31,00 26,00 21,00 16,00 11,00 6,00 1,00 1930

% URBANO 1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

AÑOS

Figura 4.3 Comportamiento general del porcentaje urbano en el país en el periodo 1938 a 1993.

Fuente: elaboración propia con datos del DANE.

Un segundo rasgo de la geografía nacional, para adicionar a la diversidad, es que se trata de un país de reciente urbanización; proceso que aún continúa con variadas intensidades en cada región, pero con un hecho indiscutible: las ciudades que encabezan las primacías urbanas se localizan en los Andes y en la costa atlántica. Este hecho, a diferencia de la interpretación que le cabe en otros contextos como el de España y Europa occi-

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dental en general, en donde la urbanización implica desarrollo económico, en América Latina corresponde a un traslado del fenómeno de la pobreza, hasta los años sesenta reconocido como rural y hoy predominantemente urbano.

La mayor parte de los pobres colombianos viven en las ciudades y el desplazamiento reciente de grandes contingentes de campesinos que huyen de la violencia en los campos alienta esta tesis25. Es importante matizar esta afirmación que parece categórica, afirmando que el propio conflicto armado, las condiciones de convivencia con los cultivos ilícitos y la economía de guerra que permite, también han reconducido a la población nacional, especialmente campesinos sin tierra y desempleados urbanos, a las zonas bajas tropicales, de modo que algunos centros urbanos de mediana escala en los departamentos han experimentado una creciente expansión urbana (tabla 4.1).

Retomando la diversidad como característica esencial, es necesario insistir en que en Colombia se ha reportado un alto grado de endemismo, lo que significa que en su territorio existen especies de plantas y animales y de ecosistemas únicos en el planeta, cuya presencia se explica por las singularidades del relieve y el clima. Estos factores se conjugan para generar una infinidad de microambientes en los que la vida se expresa de forma excepcional. Plantas y animales coevolucionan en estos complejos ambientes y alcanzan grados de especialización que permiten clasificarlas en ecosistemas, géneros y especies irrepetibles.

La posición de cada cordillera, su elevación, longitud y relación con las corrientes marinas y atmosféricas continentales y locales, deviene en fenómenos climáticos tan contrastantes como la altísima pluviosidad en la vertiente occidental de la cordillera occidental, con datos de hasta 14 mil milímetros anuales en Tutunendó, Chocó26 (figuras 4.4.a y b) y los ambientes secos de los enclaves interandinos; o las nieves perpetuas de las cimas 25. Varias ponencias sobre este tema se pueden encontrar en el texto que compilara Ana Lucía Sánchez bajo el título “Procesos urbanos contemporáneos”. Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995, Medellín. 328 pp. Ver especialmente pp. 225-312.

26. Cabe advertir que aunque es un dato común en los reportes climáticos en el país, este proviene de series recientes e instrumentos no muy precisos. Sin embargo, la pluviosidad en la zona es sobresaliente y testigo de esto son las formaciones vegetales propias de ambientes perhúmedos (figuras 4.4.a y b).

cordilleranas, volcanes27 y picos nevados; valles que se amplían y estrechan a lo largo de sus recorridos, enclaves perhúmedos en zonas áridas, cambios de nieves y desiertos en cuestión de pocos kilómetros, bosques de niebla; en fin, el contraste como rasgo climático predominante. Las ciudades colombianas se han emplazado especialmente en llanuras aluviales de valles interandinos: Medellín, Cali, Pasto; en altiplanos Bogotá, Bucaramanga, y naturalmente en las posiciones que favorecen la localización de puertos marítimos.

0-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500

3500-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 >7000

DESÉRTICO ÁRIDO SEMIÁRIDO SEMIHÚMEDO HÚMEDO SUPERHÚMEDO

COLOMBIA

ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA Según el sistema de clasificación LANG

Figuras 4.4.a y b. Visión del clima.

Fuente: www.igac.gov.co. Diciembre de 2004.

27. El tristemente célebre volcán nevado del Ruiz es uno de ellos.

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Pese a esta variabilidad, es posible generalizar algunas condiciones para zonificar el país en lo que se ha llamado las cinco regiones naturales, a saber: Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Esta zonificación es un importante punto de partida para apreciar la ya citada diversidad natural y cultural del país (figura 4.5).

Una síntesis del clima y el relieve permite apreciar que en Colombia se presentan todos los pisos altitudinales, desde el basal tropical hasta el nival, una réplica en altitud de la latitud global, al contraste ha permitido la existencia desde innumerables microambientes y especies que han coevolucionado allí, hasta muy variadas opciones ecológicas para el desarrollo urbano, la agricultura y la permanencia de formas culturales tradicionales indígenas, de negritudes y de campesinos. La mayor parte de la población nacional se localiza en la región andina, en valles interandinos, sobre los altiplanos o en las vertientes.

Otro rasgo peculiar de la geografía de Colombia es la riqueza hidrológica, manifiesta en la existencia de numerosos y caudalosos ríos, tanto en el interior como en las zonas de frontera.

El río Magdalena es la arteria principal del sistema andino; su cuenca ocupa el 25% de la superficie continental del país, le abastecen 31 ríos principales e incontables afluentes secundarios. Sobresale por su extensión y caudal el segundo río en importancia que es el Cauca, el cual discurre casi paralelamente al Magdalena entre las cordilleras Occidental y Central, mientras el primero lo hace entre las cordilleras Central y Oriental (figura 4.5).

En la llanura del pacífico el más importante río es el Atrato que en su desembocadura al mar Caribe en el golfo de Urabá, descarga en promedio un caudal de cinco millones de litros cada segundo28, uno de los más altos del planeta. Precisamente, utilizando este magnífico caudal, reconducido por uno de sus afluentes, el río Truandó, se ha proyectado una de las alternativas de un canal interoceánico a nivel. Conviene ahora hacer una breve reseña de cada una de las regiones naturales de Colombia.

28. Los aforos más recientes (1998) reportan 4.990 m3/ s, caudal medio anual.

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PRINCIPALES RÍOS DE COLOMBIA VERTIENTE CATATUMBO 1- CATATUMBO 2-ZULIA

VERTIENTE PACÍFICA 123456-

BAUDÓ SAN JUAN MICAY GUAPI PATÍA MIRA

VERTIENTE ORINOCO 1- GUAVIARE 2- META 3- ARAUCA 4- ORINOCO 5- CASANARE 6- ARIPORO 7- TOMO 8- TUPARRO 9- VICHADA 10- INÍRIDA 11- ARIARI 12- GUAYABERO

VERTIENTE CARIBE 1- MAGDALENA 2- CAUCA 3- ATRATO 4- RANCHERÍA 5- CESAR 6- SAN JORGE 7- SINÚ 8- CHICAMOCHA 9- SALDAÑA

VERTIENTE AMAZONAS 1- AMAZONAS 2- PUTUMAYO 3- CAQUETÁ 4- IGARA PARANÁ 5- CAHUINARÍ 6- MIRITI PARANÁ 7- APAPORIS 8- VAUPÉS 9- GUAINÍA 10- YARÍ 11- CAGUÁN 12- ORTEGUAZA

Figura 4.5 Regiones naturales y principales ríos de Colombia.

Fuente: www.igac.gov.co Diciembre de 2004.

La región caribe contiene tres atributos principales, la llanura que se extiende desde el piedemonte de las cordilleras andinas, hasta la península de La Guajira, permitiendo un gradiente de

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humedad sur-norte que termina en la árida península, habitada entre otros por los indígenas wayuu. Está bañada por el mar Caribe e influida fuertemente por el segundo atributo, la desembocadura del gran río Magdalena, que impone a lo largo de su ribera, y en esta región, unas particulares prácticas de producción y formas culturales propias de la utilización del río, el mar y de las dinámicas fluviomarinas en general. Algo similar, pero a menor escala, tiene lugar en la cuenca del río Sinú, el otro gran río de la región29. Los caribeños descienden de los grupos indígenas coguí30, wayuu, sanha, entre otros, de los negros esclavizados llevados a la región durante la colonia, del mestizaje europeo y más recientemente, de la llegada de inmigrantes árabes a más de la inmigración desde el interior del país. El tercer atributo es la Sierra Nevada de Santa Marta, que rompe con la tendencia árida de la zona, gracias a que se eleva 5.839 msnm, a la altura de los picos nevados de Colón y Bolívar; de ella se desprenden numerosos ríos que irrigan la región, permitiendo importantes producciones agrícolas y pecuarias, además de atributos turísticos excepcionales en las bahías. Allí se localiza el Parque Nacional Tayrona.

El Caribe fue escenario de los inicios de narcotráfico en Colombia. Precisamente sobre las vertientes y valles fluviales de la sierra, se instalaron los pioneros cultivos de marihuana, exportadas a través de las profundas bahías que la circundan; esta industria dio origen a lo que se conoce en la historia reciente como la “bonanza marimbera”31.

Existen igualmente grupos extremistas armados que combaten por el control de ciertos enclaves regionales. Estos combates se escenifican principalmente en áreas rurales, mientras que las actividades industriales y turísticas se desarrollan sin mayores contratiempos en las ciudades principales de la región, cada vez más atiborradas de población expulsada de los campos y atraída hacia los centros urbanos, entre otros por los dos hechos señalados.

29. Este río nace y desemboca en la región, en caudal es el más importante de la llanura caribe.

Aprovechando este hecho se ha construido el megaproyecto hidroloeléctrico de Urrá, tristemente célebre por los impactos sobre las comunidades nativas de pescadores. Más detalles disponibles en www.minambiente.gov.co 30. De estos subsisten aún algunas comunidades en la Sierra Nevada de Santa Marta.

31. Marimba es un nombre vernáculo de la marihuana.

La región pacífica la conforman las cuencas de grandes ríos, el Atrato, el San Juan, el Mira, el Micay, Baudó y Patía, entre otros. Corresponde a la vertiente occidental de la cordillera del mismo nombre, y se caracteriza por la alta pluviosidad originada por la interacción entre masas húmedas oceánicas y la cordillera que actúa como barrera. Así mismo, es centro mundial de biodiversidad tanto de especies como de ecosistemas. Está habitada por indígenas de las etnias cuna, emberá, wuaunama, y por comunidades afroamericanas descendientes directos de esclavizados africanos; una minoría la conforman inmigrantes del interior del país, instalados principalmente en labores de comercio y servicios.

Los mayores centros poblados del pacífico son Quibdó, capital del departamento del Chocó, además de los puertos marítimos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño). Las severas condiciones climáticas imponen una baja densidad poblacional. Esta es una típica región húmeda tropical en la que a pesar de una alta oferta natural para el conjunto de especies vegetales y animales, presenta una baja capacidad para sostener poblaciones humanas. Para subsistir estas poblaciones deben interrumpir los ciclos naturales de nutrientes y de reproducción de plantas y animales, ciclos que son precisamente la base de la riqueza natural. Como consecuencia: allí donde se intenta implantar un modelo intensivo de aprovechamiento del suelo, aparece la degradación del medio como respuesta32.

En el litoral se ha instalado una floreciente industria turística o mejor ecoturística, ya que la principal actividad consiste en el avistamiento de fauna, aves, mamíferos y de estos principalmente las ballenas que visitan estas costas entre los meses de marzo y mayo. Por su parte, a la región de la Orinoquía, que recibe su nombre por la proximidad de este gran río, se le conoce también como la región de los “llanos orientales”.

Está conformada por extensas llanuras de pastos naturales y pastos cultivados que soportan buena parte de la producción ganadera nacional. Muestras de estos ecosistemas de sabanas naturales se conservan en el Parque Natural del Tuparro.

32. Prueba fehaciente de esto son las zonas abandonadas por las empresas madereras, después de la extracción forestal; las otroras exuberantes selvas, hoy son en el mejor de los casos, sabanas de especies heliófitas o dominios de pastos manejados, para una ganadería extensiva de bajo rendimiento o áreas de cultivos ilícitos.

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Los centros poblados principales en la Orinoquía son las capitales de departamentos, algunas mantenidas al tenor de las explotaciones petrolíferas como Yopal y Arauquita; el otro centro de importancia es Villavicencio. Muchos grupos indígenas ocupan y así lo han hecho históricamente, una significativa porción de esta región. La tierra la poseen bajo la figura de resguardos33, que son un reconocimiento legal de parte del territorio tradicional de estas comunidades que aún conservan su lengua y costumbres; destacan los grupos puinave, tunebo, guahíbo, tinigua, u’wa34, entre otros.

La riqueza petrolera en la región no ha conseguido generar el desarrollo social que se esperaba, pese a que ha crecido la urbanización en capitales como Yopal y Arauquita. La incesante presencia y el accionar de grupos extremistas armados es un factor de deterioro de las posibilidades de bienestar para los llaneros de esta parte de Colombia.

A la Orinoquía y la Amazonía marcharon los campesinos que entre los años cuarenta y sesenta del siglo pasado fueron despojados de sus tierras, tras las guerras civiles declaradas. Posteriormente, además, los gobiernos de turno impulsaron verdaderas campañas de colonización de la selva, una selva con grandes limitantes naturales para la producción agropecuaria, excepto, claro está, para un cultivo resistente, con baja demanda tecnológica, mercado asegurado y buen precio, la coca. Es así como se extiende y consolida la economía cocalera que pervive en estas regiones, economía que ha permitido que los grupos armados ilegales mantengan y multipliquen su presencia y poder militar gracias a los impuestos que cobran a la cadena productiva de la coca, desde la plantación, la recolección, el procesamiento y el comercio.

común, en toda esta gran región conviven vigorosos procesos de producción natural de grandes masas boscosas y empresas madereras, mineras y ganaderas a los que se agregan cultivadores de coca, con los consabidos resultados de degradación y extermino de la selva húmeda.

La población colombiana en la región se destaca por la presencia de comunidades indígenas… tikuna, huitoto, coconuco, tukano son algunas de ellas, también ocupan resguardos y conservan su lengua, cultura y prácticas tradicionales de producción, a pesar de su creciente relación con la población inmigrante que en número es mayor que la población indígena (figura 4.6).

La quinta región, la llamada región andina, concentra, como ya se dijo, a gran parte de la población del país en las ciudades principales y los centros intermedios. Sobre los altiplanos y vertientes de las cordilleras, así como en los valles interandinos del Cauca y el Magdalena, se han construido las ciudades más grandes: Cali en el valle del Cauca, Medellín entre los altiplanos del norte y el oriente antioqueños, Bogotá en la sabana de Bogotá, una meseta de la cordillera oriental, Manizales, Armenia y Pereira, sobre laderas cordilleranas a la zaga de la producción cafetera.

El panorama social no es muy diferente en la Amazonía. La porción de la cuenca que corresponde a Colombia es proporcionalmente pequeña, Leticia es el centro poblado principal y puente con las poblaciones de la Amazonía brasileña. Como es 33. Bajo esta figura legal de orden nacional vive la mayoría de los indígenas colombianos, en total alcanzan a poseer cerca del 25% del territorio continental.

34. Hace algunos años esta comunidad libró una dura batalla con una petrolera que intentó explotar petróleo en sus territorios tradicionales, por ahora los u’wa han salido avantes.

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Figura 4.6 Localización de grupos indígenas en Colombia. Fuente: www.igac.gov.co Noviembre de 2004.

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En síntesis, Colombia es una nación diversa geográfica y culturalmente, que vive un momento de desaceleración del ritmo de concentración de la población en las seis grandes ciudades, comparado con el crecimiento de la población urbana que están experimentando las ciudades intermedias y las cabeceras municipales de muchas regiones. Al mismo tiempo, la población rural que no expulsa la violencia, se arraiga, se consolida e incluso incrementa su número y presencia en regiones otrora prácticamente deshabitadas.

de la población: el surgimiento de explotaciones agropecuarias industriales de ganado vacuno, banano, algodón y palma africana; el descubrimiento y la entrada en operación de yacimientos mineros de petróleo, oro y carbón, y el surgimiento de la economía vinculada a los cultivos ilícitos. Pese a los pronósticos, la tendencia no se consolidó al ritmo esperado por muy diversas causas, entre ellas la violencia armada de grupos extremistas. La tendencia general es que población sigue atiborrando las ciudades de los Andes, pero como ya se indicó, no es la única ni la más intensa.

Como una paradoja de la historia, la empresa colonizadora en selvas y llanuras bajas o en páramos y zonas inhóspitas, impulsada por los gobiernos en la segunda mitad del siglo pasado para desactivar los reclamos campesinos sobre las mejores tierras sin explotación, ha triunfado, pero el costo para el conjunto de la nación ha sido alto: cultivos ilícitos, nichos geográficos y sociales para los grupos armados ilegales, economías extractivas de enclave de dudoso beneficio para el país. En el siglo XXI, la guerra desatada contra los campesinos, la exclusión secular que de ellos se hiciera del acceso a tierras productivas y posibilidades de progreso y bienestar, abonó la semilla de los cultivos ilícitos, la semilla de la guerra en Colombia, que ha comenzado su marcha de retorno a las ciudades.

4.2 Urbanización y ruralización en Colombia

La localización actual de las ciudades corresponde con la situación histórica. A la llegada de los conquistadores, los centros poblados más importantes estaban ubicados en la costa atlántica y en los Andes; hacia ellos se dirigieron las acciones de conquista y la búsqueda de míticos caciques y tesoros formidables, los mismos que dieron vida a la leyenda de El Dorado. Los pueblos de las tierras bajas tropicales, en general construían poblados más sencillos, probablemente asociados con la movilidad necesaria para aprovechar un territorio diverso en climas, aunque la cultura tayrona construyó en la Sierra Nevada de Santa Marta poblados que aún subsisten.

A partir de los años setenta, cuando menos tres factores prometían un cambio en la tendencia a la concentración andina

Figura 4.7 Organización urbano-regional en Colombia.

Fuente: www.igac.gov.co Octubre de 2004.

La relación entre la oferta natural del territorio colombiano y su aprovechamiento muestra un exceso de demanda sobre los 95

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ecosistemas andinos por la concentración de población, de actividades productivas permanentes (caficultura, ganadería lechera) y una utilización intensiva de ciertos recursos y actividades, tanto de zonas aledañas (embalses, hidroeléctricas) como de enclaves extractivistas en las zonas bajas tropicales de otras regiones (petróleo, carbón, gas natural), de modo que hay una estrecha coincidencia entre las regiones en las que la presencia estatal es débil y la densidad poblacional es baja, con las zonas de producción de coca y el control político y militar de grupos extremistas armados. Además de estas regiones físicas, el territorio insular comprende las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y una larga lista de islotes y formaciones menores. La figura 4.7 muestra la actual organización urbano-regional, a partir del área de influencia de los principales centros urbanos.

La lógica de ocupación del territorio a partir del binomio Andes-Caribe se ha mantenido pese a la tensión por ocupación de zonas bajas tropicales que comienza a consolidarse. Una ilustración de este modelo se presenta en la figura 4.8 mediante un corema.

En la figura los círculos rojos corresponden a las cinco principales ciudades de Colombia: Bogotá y Bucaramanga en la cordillera Oriental, Medellín en la cordillera Central, Cali en el valle del río Cauca entre las cordilleras Central y Occidental, Barranquilla y Cartagena que constituyen un centro urbano emergente (círculo azul). Las dos ciudades costeñas pueden estar indicando una aceleración de las primacías en el Caribe.

Otros círculos representan las localizaciones de ciudades intermedias que están ganando población de manera considerable.

La población de las cinco ciudades en 1993 era de 9´525.066 personas, con notable primacía de Bogotá (4,5 millones), seguido de Cali (1,6 millones) y Medellín (1,5 millones), Barranquilla (0,99 millones) y finalmente Bucaramanga (0,4 millones), lo que equivale al 28,76% del total nacional para 1993 y al 39,33% del total urbano en el mismo año, si se acepta como urbana la población en cabeceras municipales y teniendo en cuenta la población urbana de los municipios capital o del distrito en el caso de Bogotá. Por su parte Cartagena con 0,6 millones de habitantes disputa el quinto lugar en primacía

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urbana con Bucaramanga, si se admite el criterio de máxima población. En contra de esto está la población en el área metropolitana de Bucaramanga que equilibra la balanza a favor de esta última ciudad.

1. Orinoquía 2. Andes 3. Caribe 4. Pacífico 5. Amazonas

3 2 4 1

5 Figura 4.8 Ilustración del modelo territorial actual en Colombia.

Fuente: elaboración propia con base en Zambrano y Bernard. 1993.

En comparación con lo anterior, las capitales de los departamentos de la Orinoquía: Arauca, Casanare, Vichada y Meta, respectivamente Arauquita (38.916 habitantes), Yopal (33.790), Puerto Carreño (5.534) y Villavicencio (219.976), escasamente sumaron en el censo de 1993 el 0,9% de la población total del país y tan solo el 1,23% del total urbano, asumiendo las mismas condiciones de la comparación anterior.

Estas cifras no deben hacer pensar en términos absolutos: una centralidad urbana departamental es un espacio social y económico importante a la escala de su propia región. Las comparaciones simples han conducido al reduccionismo común que desconoce como ciudades, en sentido cultural y económico, a las agrupaciones humanas en las regiones por fuera de los Andes o el litoral caribe, al tiempo que agrupa bajo la categoría “urbana” a cualquier cabecera municipal. La realidad territorial se pondera a la escala de las sociedades regionales.

Colombia es una nación ordenada en función de una red de ciudades de muy diverso tamaño, que ofician en cada región y de acuerdo con las características demográficas de la población

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y las propias de la ciudad considerada, como centralidades regionales que ofrecen servicios propios de la vida urbana moderna. En ese sentido, es más acertado señalar que Colombia es un país de ciudades de distinto tamaño y de áreas rurales extensas habitadas pero de baja densidad, antes que determinar tajantemente que se trata de un país urbano.

Con respecto a esta última afirmación, la tabla 4.2 muestra la distribución de la población urbana del país en las capitales mediante el IPU, que es una medida de la talla demográfica urbana de cada capital del departamento, respecto a la población urbana total del país en 1993.

CAPITAL BOGOTÁ D.C. CALI MEDELLÍN BARRANQUILLA CARTAGENA CÚCUTA BUCARAMANGA IBAGUÉ MANIZALES PEREIRA SANTA MARTA PASTO NEIVA VILLAVICENCIO ARMENIA MONTERÍA VALLEDUPAR POPAYÁN SINCELEJO TUNJA FLORENCIA RIOHACHA QUIBDÓ ARAUCA SAN ANDRÉS YOPAL LETICIA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MOCOA PUERTO CARREÑO INÍRIDA MITÚ

IPU 1993 20,364 6,778 6,405 4,090 2,545 1,898 1,693 1,405 1,252 1,239 1,116 1,079 0,980 0,908 0,894 0,868 0,836 0,700 0,695 0,420 0,342 0,318 0,272

Esta tabla permite apreciar una de las grandes ventajas de modelo territorial urbano del país, conformado por cinco ciudades de gran talla demográfica y un conjunto de ciudades intermedias que equilibran hasta cierto punto, la oferta de servicios urbanos, guardadas las proporciones. La capital, Bogotá, tenía poco más del 20% de la población urbana del país y tan solo el 15,5% de la población total del país en 1993. En comparación, otras capitales de países latinoamericanos Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, exhiben porcentajes entre el 33 y el 50%, México y Ecuador el 29%, Venezuela el 21% (Montenegro, 1994)35.

Lo anterior sirve para proponer una simple clasificación de las zonas urbanas y rurales del país, de acuerdo con la estructura actual de poblamiento. Habrían dos categorías: en primer lugar se encuentran las regiones urbanas centrales y en segundo lugar las regiones rurales no polarizadas. A la primera categoría corresponden las regiones urbanas que tienen como centro a las capitales de los departamentos andinos y los departamentos costeños. A ellos habría que sumar Villavicencio. A la segunda categoría pertenecen las capitales de los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, así como la capital del Chocó.

La clasificación se sustenta en cuatro indicadores demográficos: densidad (departamental), porcentaje urbano (por departamento), IPU e IPR. Cada una de estas variables con los valores de los indicadores respectivos se presenta a continuación, mediante una serie de tablas, mapas y gráficos que muestran las tendencias del crecimiento demográfico urbano, rural y total en Colombia, a partir de datos censales desde 1964 hasta 1993. Las variables cartografiadas fueron densidad, porcentaje urbano, índice de población urbana (IPU) e índice de población rural (IPR).

0,161 0,140 0,140 0,073 0,057 0,054 0,023 0,017 0,015

Tabla 4.2 Distribución de la población urbana del país, capitales de departamento.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

4.2.1 Densidad demográfica La densidad de población medida en habitantes por unidad de superficie informa acerca de la intensidad con que una población ocupa un territorio, aun cuando tiene la debilidad propia de cualquier promedio, en tanto no se ocupa de aspectos 35. Este autor asume para Colombia un porcentaje en la capital del 21% del total nacional.

97

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importantes en ordenación del territorio, como el patrón de distribución de los asentamientos y/o las actividades humanas.

Pese a esto, cuando se trata de comparar el grado de ocupación humana de un territorio, o en los términos del concepto de capacidad de carga –la disponibilidad teórica de espacio para cada habitante–, la densidad resulta bastante ilustrativa. La tabla 4.3.a muestra la tendencia de variación de la densidad en cada departamento colombiano, a partir de 1964. Las tablas 4.3.b, c, d señalan las diez densidades mayores en cada año de censo. Estos datos se ilustran en los mapas 4.1 a 4.4.

DEPARTAMENTO AÑO AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLÁNTICO BOLÍVAR BOYACÁ CALDAS CAQUETÁ CASANARE CAUCA CESAR CHOCÓ CÓRDOBA CUNDINAMARCA GUAINÍA GUAVIARE HUILA LA GUAJIRA MAGDALENA META NARIÑO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDÍO RISARALDA SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE VAUPÉS VICHADA TOTAL

1938

1951

1964

DENSIDAD 1973

1985

0,069

0,118

0,143

0,277

0,344

18,685

24,684

38,944

46,613

61,122

68,263

0,468

0,555

1,014

1,957

2,943

5,760

79,223

126,455

211,749

284,559

421,665

492,178

19,851

25,606

26,748

31,482

46,101

55,404

31,798

34,561

42,755

42,787

47,347

50,629

97,613

135,418

90,380

88,494

106,249

117,312

0,235

0,460

1,166

2,027

2,456

3,501

0,000

0,000

1,494

1,908

2,470

3,543

12,148

15,130

20,718

19,882

27,154

33,412

0,000

0,000

11,391

14,873

25,524

31,855

2,390

2,818

3,909

4,376

5,371

7,268

9,972

13,040

23,410

25,958

36,516

43,489

48,517

67,082

116,461

152,713

221,602

272,786

0,000

0,000

0,050

0,092

0,128

0,187

0,000

0,000

0,070

0,239

0,834

1,368

10,894

14,766

20,930

23,512

32,567

38,110

4,504

4,893

7,058

8,719

12,246

18,600

13,017

17,584

22,792

23,299

33,357

38,062

0,603

0,788

1,933

2,834

4,815

6,552

14,003

16,452

21,210

24,323

30,633

38,316

15,984

17,889

24,678

32,461

40,811

48,323

0,630

1,129

2,262

2,706

4,815

8,210

0,000

0,000

165,715

174,967

204,802

235,782

0,000

0,000

105,607

110,064

151,075

179,945

124,343

108,095

318,686

437,771

684,495

954,171

20,163

24,485

32,787

36,939

47,098

52,352

0,000

28,533

32,277

48,462

librolaciudadsostenible.indb 98

57,201

23,249

30,239

35,711

38,435

43,394

48,811

27,698

49,997

78,277

98,771

128,595

150,549

0,119

0,140

0,160

0,201

0,290

0,279

0,091

0,123

0,101

0,122

0,137

0,362

576,258

732,460

1456,815

1765,505

2475,351

3062,925

Tabla 4.3.a Evolución de la densidad de población por departamentos (1938 a 1993).

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA CALDAS ATLÁNTICO CUNDINAMARCA BOYACÁ VALLE TOLIMA SANTANDER BOLÍVAR ANTIOQUIA

DENSIDAD 1938 124,343 97,613 79,223 48,517 31,798 27,698 23,249 20,163 19,851 18,685

DEPARTAMENTO CALDAS ATLÁNTICO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA CUNDINAMARCA VALLE BOYACÁ TOLIMA BOLÍVAR ANTIOQUIA SANTANDER

DENSIDAD 1951 135,418 126,455 108,095 67,082 49,997 34,561 30,239 25,606 24,684 24,485

Tabla 4.3. b Primeras diez densidades entre 1939 y 1954.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

1993

0,058

0,000

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ATLÁNTICO QUINDÍO CUNDINAMARCA RISARALDA CALDAS VALLE BOYACÁ ANTIOQUIA TOLIMA

DENSIDAD 1964 318,686 211,749 165,715 116,461 105,607 90,380 78,277 42,755 38,944 35,711

DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ATLÁNTICO QUINDÍO CUNDINAMARCA RISARALDA VALLE CALDAS ANTIOQUIA BOYACÁ TOLIMA

DENSIDAD 1973 437,771 284,559 174,967 152,713 110,064 98,771 88,494 46,613 42,787 38,435

Tabla 4.3.c Primeras diez densidades entre 1964 y 1971.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ATLÁNTICO CUNDINAMARCA QUINDÍO RISARALDA VALLE CALDAS ANTIOQUIA SUCRE BOYACÁ

DENSIDAD 1985 684,495 421,665 221,602 204,802 151,075 128,595 106,249 61,122 48,462 47,347

DEPARTAMENTO SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ATLÁNTICO CUNDINAMARCA QUINDÍO RISARALDA VALLE CALDAS ANTIOQUIA SUCRE BOLÍVAR

DENSIDAD 1993 954,171 492,178 272,786 235,782 179,945 150,549 117,312 68,263 57,201 55,404

Tabla 4.3.d Primeras diez densidades entre 1985 y 1993.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

26/3/10 08:34:40

Mapa 4.1 Densidad por departamento en 1964.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.3 Densidad por departamento en 1985.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.2 Densidad por departamento en 1973 Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.4 Densidad por departamento en 1993.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

99

librolaciudadsostenible.indb 99

26/3/10 08:34:42

Para destacar la concentración de las mayores densidades en la zona andina.

Un análisis similar para el porcentaje urbano, es decir, una comparación entre departamentos de la proporción de su población que vive en cada capital, se presenta en la tabla 4.4.a La evolución de esta variable puede hacerse comparando la evolución en cada departamento o bien apreciando cómo han cambiado los diez primeros lugares en orden descendente, tablas 4.4.b y c. Los mapas 4.5 a 4.8 amplían la comparación.

CAPITAL

%UD1964

%UD1973

%UD1985

%UD1993

LETICIA MEDELLÍN ARAUCA BARRANQUILLA CARTAGENA TUNJA MANIZALES FLORENCIA YOPAL POPAYÁN VALLEDUPAR QUIBDÓ MONTERÍA BOGOTÁ D.C. INÍRIDA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE NEIVA RIOHACHA SANTA MARTA VILLAVICENCIO PASTO CÚCUTA MOCOA ARMENIA PEREIRA SAN ANDRÉS BUCARAMANGA SINCELEJO IBAGUÉ CALI MITÚ PUERTO CARREÑO

30,960

37,309

47,150

47,024

28,978

35,545

36,475

35,722

17,724

14,387

22,559

28,366

68,725

68,958

62,794

59,403

31,361

35,634

41,045

42,815

4,080

5,175

8,004

8,656

26,656

28,582

32,825

32,759

17,074

15,561

30,389

26,555

0,000

0,000

12,462

21,366

9,634

12,922

17,846

17,302

16,692

25,819

24,407

27,740

10,991

13,728

19,189

19,489

12,042

14,366

17,223

19,327

58,944

69,173

74,091

74,677

0,000

0,000

38,600

30,376

0,000

0,000

32,750

23,931

18,229

22,570

27,512

31,297

7,957

10,736

18,293

19,878

16,871

19,144

22,992

30,621

27,353

34,019

39,090

39,203

11,699

14,867

19,377

20,504

27,536

32,381

40,400

43,918

4,568

9,681

6,446

6,420

40,891

41,948

47,691

49,760

33,734

37,813

37,298

40,262

54,031

62,477

64,948

67,747

21,656

25,739

23,738

25,650

14,126

19,437

22,777

26,969

14,883

20,144

26,361

29,580

35,672

41,234

46,488

49,248

15,524

12,014

18,114

20,576

11,007

1,801

24,120

15,230

Tabla 4.4.a Evolución del porcentaje urbano en cada departamento (1965 a 1993).

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

librolaciudadsostenible.indb 100

Los datos en cero son ausencias de información en los censos de cada año.

CAPITAL BARRANQUILLA BOGOTÁ D.C. SAN ANDRÉS ARMENIA CALI PEREIRA CARTAGENA LETICIA MEDELLÍN CÚCUTA

%UD1964 68,725 58,944 54,031 40,891 35,672 33,734 31,361 30,960 28,978 27,536

CAPITAL BOGOTÁ D.C. BARRANQUILLA SAN ANDRÉS ARMENIA CALI PEREIRA LETICIA CARTAGENA MEDELLÍN VILLAVICENCIO

%UD1973 69,173 68,958 62,477 41,948 41,234 37,813 37,309 35,634 35,545 34,019

Tablas 4.4. b Los diez mayores porcentajes urbanos entre 1965 y 1973.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

CAPITAL BOGOTÁ D.C. SAN ANDRÉS BARRANQUILLA ARMENIA LETICIA CALI CARTAGENA CÚCUTA VILLAVICENCIO INÍRIDA

%UD1985 74,091 64,948 62,794 47,691 47,150 46,488 41,045 40,400 39,090 38,600

CAPITAL BOGOTÁ D.C. SAN ANDRÉS BARRANQUILLA ARMENIA CALI LETICIA CÚCUTA CARTAGENA PEREIRA VILLAVICENCIO

%UD1993 74,677 67,747 59,403 49,760 49,248 47,024 43,918 42,815 40,262 39,203

Tablas 4.4. c Los diez mayores porcentajes urbanos entre 1985 y 1993.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

La comparación de densidades permite ver que esta variable mantiene la misma tendencia histórica de concentración de la población en los Andes, pero el análisis de la variable porcentaje urbano propone un cambio interesante: ciudades de las zonas bajas tropicales que han incrementado su población total, se destacan por concentrar una alta proporción de la población departamental en las “pequeñas polis” que se conforman en esas regiones: Leticia, Pereira, Villavicencio, Inírida. Si se sumara la población de los cinco entornos metropolitanos del país, asociados a las grandes ciudades, el porcentaje urbano crecería hasta hacerlos aparecer en los diez primeros lugares. Pese a esto, los datos ilustran que hay movimientos urbano-rurales que refuerzan la hipótesis de un país de ciudades de diverso tamaño que actúan como centros regionales.

26/3/10 08:34:43

Mapa 4.5 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1964.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.7 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1985.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.6 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1973.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.8 Porcentaje urbano en capitales por departamento en 1993.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

101

librolaciudadsostenible.indb 101

26/3/10 08:34:44

4.3 Índices de población urbana (IPU) e índice de población rural (IPR)

La tabla 4.5 muestra la evolución de este indicador en el periodo de análisis. Los resultados permiten establecer las primacías urbanas de acuerdo con el carácter “gravitacional” del indicador, que asume mayor importancia para un centro urbano, cuanta mayor población tenga respecto al conjunto de centros considerado.

Este índice, junto con el índice de población rural (IPR) informan sobre la talla demográfica urbana (IPU) y/o rural, de una unidad territorial: departamento, municipio, respecto a una unidad mayor de referencia. En esta tesis se han calculado ambos índices para cada departamento respecto a la población urbana o rural total de la nación, de acuerdo con los datos de los censos comprendidos entre 1964 y 1993, como ya se explicó.

CAPITAL BOGOTÁ D.C. MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA CARTAGENA BUCARAMANGA MANIZALES PEREIRA CÚCUTA IBAGUÉ ARMENIA SANTA MARTA PASTO NEIVA MONTERÍA POPAYÁN VILLAVICENCIO SINCELEJO VALLEDUPAR TUNJA QUIBDÓ FLORENCIA RIOHACHA SAN ANDRÉS ARAUCA LETICIA MOCOA MITÚ PUERTO CARREÑO YOPAL INÍRIDA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

IPU 1964 18,28 7,89 6,80 5,42 2,40 2,38 2,09 1,62 1,62 1,38 1,37 0,98 0,91 0,83 0,78 0,64 0,50 0,48 0,48 0,44 0,22 0,19 0,13 0,10 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00

CAPITAL BOGOTÁ D.C. MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA CARTAGENA BUCARAMANGA CÚCUTA MANIZALES IBAGUÉ PEREIRA ARMENIA PASTO NEIVA SANTA MARTA MONTERÍA VALLEDUPAR VILLAVICENCIO POPAYÁN SINCELEJO TUNJA FLORENCIA QUIBDÓ RIOHACHA SAN ANDRÉS ARAUCA MOCOA LETICIA MITÚ PUERTO CARREÑO YOPAL INÍRIDA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Tabla 4.5 Evolución del IPU entre 1964 y 1993.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

librolaciudadsostenible.indb 102

IPU 1973 20,28 8,36 7,15 5,27 2,31 2,30 1,81 1,58 1,45 1,37 1,07 0,95 0,84 0,82 0,74 0,70 0,65 0,60 0,54 0,41 0,22 0,22 0,15 0,11 0,05 0,05 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITAL BOGOTÁ D.C. MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA CARTAGENA CÚCUTA BUCARAMANGA MANIZALES IBAGUÉ PEREIRA PASTO ARMENIA NEIVA SANTA MARTA VILLAVICENCIO MONTERÍA VALLEDUPAR POPAYÁN SINCELEJO TUNJA FLORENCIA QUIBDÓ RIOHACHA SAN ANDRÉS ARAUCA LETICIA YOPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MOCOA INÍRIDA MITÚ PUERTO CARREÑO

IPU 1985 21,24 7,58 7,07 4,79 2,63 1,91 1,82 1,47 1,44 1,25 1,06 0,96 0,95 0,95 0,86 0,84 0,76 0,76 0,64 0,47 0,35 0,26 0,25 0,12 0,08 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02

Cúcuta y Cartagena disputan la quinta plaza de las primacías urbanas con Bucaramanga que tiene a su favor, según se indicó, la suma de la población metropolitana. Lo mismo acontece con Medellín y Cali. La primera ciudad tiene constituida formalmente un área metropolitana IPU como entidad administradora y de CAPITAL 1993 planificación regional, mientras que 20,36 BOGOTÁ D.C. 6,78 CALI Cali tiene una área metropolitana 6,41 MEDELLÍN más grande y extensa que la de Me4,09 BARRANQUILLA dellín, funcionando de hecho.

2,54 CARTAGENA CÚCUTA BUCARAMANGA IBAGUÉ MANIZALES PEREIRA SANTA MARTA PASTO NEIVA VILLAVICENCIO ARMENIA MONTERÍA VALLEDUPAR POPAYÁN SINCELEJO TUNJA FLORENCIA RIOHACHA QUIBDÓ ARAUCA SAN ANDRÉS YOPAL LETICIA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MOCOA PUERTO CARREÑO INÍRIDA MITÚ

1,90 1,69 1,40 1,25 1,24 1,12 1,08 0,98 0,91 0,89 0,87 0,84 0,70 0,70

En la parte baja de la tabla se destaca el ascenso de Arauca, Yopal y San José del Guaviare, centros urbanos vinculados al petróleo y a la cadena productiva de los cultivos ilícitos, aunque no exclusivamente a estas actividades. También se aprecia que Quibdó pierde importancia en el escalafón de primacías urbanas.

0,42

Los mapas 4.9 a 4.12 ayudan a interpretar los datos y a clarificar los 0,27 análisis de resultados. En contra de 0,16 la idea de la superconcentración 0,14 de la población colombiana en 0,14 0,07 grandes ciudades, los resultados 0,06 muestran una tendencia al equili0,05 brio. Con excepción de Bogotá, las 0,02 0,02 demás capitales de departamento 0,02 pierden o mantienen la proporción de población urbana que han albergado históricamente. De hecho, Medellín pierde entre 1983 y 1985 parte de su mayor participación porcentual en el total 0,34 0,32

26/3/10 08:34:46

urbano nacional de las capitales. Los datos alientan aún más la idea de un modelo policéntrico con una tendencia a estabilizar la cuadricefalia urbana, que debe potenciarse. En los mapas, el IPU se ha asociado a los polígonos departamentales como abstracción de la población urbana en su capital.

Mapa 4.10 IPU por departamento en 1973.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.9 IPU por departamento en 1964.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.11 IPU por departamento en 1985.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

103

librolaciudadsostenible.indb 103

26/3/10 08:34:47

DEPARTAMENTO Antioquia

Mapa 4.12 IPU por departamento en 1993.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

IPR 1964 13,76

DEPARTAMENTO Antioquia

IPR 1973 13,67

DEPARTAMENTO Antioquia

IPR 1985 13,96

DEPARTAMENTO Antioquia

IPR 1993 13,68

Cundinamarca

9,94

Cundinamarca

9,06

Cundinamarca

8,28

Nariño

8,19

Boyacá

8,82

Boyacá

8,36

Boyacá

7,38

Boyacá

7,59

Santander

6,69

Santander

6,50

Nariño

6,66

Cauca

6,98

Valle

6,12

Nariño

6,32

Santander

5,90

Córdoba

6,34

Nariño

5,86

Valle

6,16

Córdoba

5,65

Santander

5,58

Tolima

5,81

Tolima

5,59

Cauca

5,58

Valle

5,52

Cauca

5,56

Córdoba

4,96

Valle

5,58

Tolima

5,08

Córdoba

4,84

Cauca

4,89

Tolima

5,01

Bolívar

5,08

Caldas

4,24

Norte de Santander

4,11

Bolívar

4,39

Caldas

3,67

Magdalena

3,51

Caldas

3,85

Magdalena

4,05

Magdalena

3,57

Bolívar

3,50

Bolívar

3,69

Caldas

3,49

Norte de Santander

3,43

Norte de Santander

3,23

Magdalena

3,34

Norte de Santander

3,30

Huila

3,41

Huila

2,82

Huila

2,92

Huila

3,23

Cesar

3,04

Risaralda

2,45

Sucre

2,10

Sucre

2,66

Chocó

2,34

Sucre

2,19

Risaralda

1,98

Cesar

2,64

Sucre

2,31

Cesar

1,95

Cesar

1,93

Risaralda

2,09

Meta

2,27

Chocó

1,66

Chocó

1,80

Chocó

1,84

Risaralda

2,10

La Guajira

1,23

Caquetá

1,61

Meta

1,60

Caquetá

1,89

Quindío

1,16

La Guajira

1,32

Caquetá

1,20

La Guajira

1,56

Meta

1,05

Meta

1,27

La Guajira

1,06

Putumayo

1,50

Caquetá

0,94

Quindío

1,20

Putumayo

0,87

Atlántico

1,18

Casanare

0,79

Casanare

1,06

Atlántico

0,86

Casanare

0,81

Atlántico

0,77

Atlántico

0,73

Quindío

0,79

Quindío

0,79

Putumayo

0,49

Putumayo

0,53

Casanare

0,77

Arauca

0,56

Arauca

0,18

Arauca

0,34

Arauca

0,32

Guaviare

0,41

Amazonas

0,11

Vichada

0,15

Guaviare

0,25

Vichada

0,31

Vichada

0,11

Vaupés

0,14

Vaupés

0,16

Amazonas

0,21

Vaupés

0,10

Guaviare

0,13

Amazonas

0,15

San Andrés y Providencia

0,17

San Andrés y Providencia

0,09

Amazonas

0,12

Vichada

0,11

Vaupés

0,15

Guainía

0,04

San Andrés y Providencia

0,10

San Andrés y Providencia

0,10

Cundinamarca

Guaviare

0,04

Guainía

0,06

Guainia

0,06

Guainía

0,15 0,106

Tabla 4.6 IPR entre 1964 y 1993.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Una vez aclarado el panorama de las tallas demográficas urbanas, es conveniente analizar la otra cara del modelo de ocupación territorial del país, esto es, el índice de población rural (IPR). De forma análoga que el índice anterior, el IPR informa sobre la talla demográfica rural de cada departamento, respecto al total de población rural en el país. Una limitante en este análisis es que debe aceptarse por conveniencia para la comparación con la afirmación de que Colombia es un país urbano, que la población rural es aquella que no vive en cabeceras municipales. Aun si se acepta esta generalización errónea que ya se ha discutido, los datos de población rural son significativos.

La tabla 4.6 muestra la evolución del indicador entre 1964 y 1993. La secuencia de mapas 4.13 a 4.16 dejan ver los datos especializados.

librolaciudadsostenible.indb 104

26/3/10 08:34:49

Mapa 4.13 IPR por departamento en 1964.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.15 IPR por departamento en 1985.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.14 IPR por departamento en 1973.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

Mapa 4.16 IPR por departamento en 1993.

Fuente: elaboraci贸n propia con base en datos del DANE.

105

librolaciudadsostenible.indb 105

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Antioquia mantiene la primacía rural con 13% del total rural nacional. Nariño asciende desde el 5% en 1964 al 8% en 1993.

Otro dato interesante se encuentra en Boyacá, que aunque ha reducido su participación porcentual en el total de la población rural en el país, mantiene su tercer lugar. Córdoba es un caso interesante: en 1964 albergaba el 4,8%, ha venido en franco ascenso hasta representar más del 6% del total rural del país.

Cundinamarca, el departamento en el que se localiza la capital de la república, cae casi al último lugar en primacía rural de 1985 a 1993, cuando no se tiene en cuenta la población rural de los municipios del Distrito Capital, pero de hecho, la población rural de este departamento no se ha reducido.

Los municipios con mayor incidencia de violencia armada Cauca, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Bolívar y Arauca (resaltados con azul en la tabla 4.6) muestran tendencia a incrementar su participación en el total rural nacional que se sigue aumentando según los datos censales. Mientras tanto, la crisis cafetera ha golpeado los departamentos más tradicionales en este cultivo, Caldas, Quindío y Risaralda (resaltados con marrón en la tabla 4.6) muestran tendencia a la reducción de su participación en el total rural nacional.

Una vez más cabe advertir que los datos de población rural corresponden a población que no vive en cabeceras municipales.

Si se considerara la población en centros urbanos menores de 3.000 habitantes como rural, atendiendo desde luego a variables que informen sobre el carácter de tales centros urbanos (importancia, funcionalidad, servicios básicos, área de influencia), los datos crecerían a favor de la hipótesis de la importancia en términos absolutos de la población rural del país.

4.4 Ordenación territorial en Colombia

En Colombia se están llevando a cabo dos propuestas simultáneas, y en cierto modo complementarias, de ordenamiento territorial, que corresponden a dos escalas diferentes pero con enfoques concurrentes de planificación. Se trata de la ordenación territorial como política de Estado y la ordenación territorial como instrumento de administración territorial. La primera iniciativa aspira formular y aprobar una Ley Orgánica de Orde-

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namiento Territorial y la segunda se fundamenta en la Ley 388 de 1997.

Políticamente el país consta de cuatro tipos de entidades territoriales, los departamentos, municipios, distritos y tierras de comunidades indígenas36. La nación la conforman 32 departamentos, a su vez integrados por más de 1.100 municipios, y estos, además de la cabecera municipal que es generalmente el centro urbano más importante, constan de corregimientos y veredas. Se destacan los distritos turísticos de Santa Marta, Cartagena de Indias y el Distrito Capital de Bogotá. Esta estructura de entidades territoriales sería revisada por la Ley Orgánica.

Existen igualmente diversas agrupaciones regionales que van desde las provincias, un rudimento de la organización política del país en los albores de la república, hasta las regiones definidas como asociaciones de departamentos por los extintos Consejos Regionales de Política Económica y Social (Corpes).

Hay divisiones regionales que corresponden a la jurisdicción eclesiástica, tributaria, notarial, de administración ambiental entre otras. Las regiones descritas no constituyen unidades de planificación, ni son entidades territoriales.

Los departamentos han ido perdiendo importancia en la gestión de los intereses de un conjunto de municipios, debido a la dinámica municipal y al fortalecimiento de esta entidad territorial, lograda a partir de 198637. Esto quiere decir que el nivel intermedio entre el municipio y la nación se ha debilitado, razón por la cual las iniciativas de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) se han ocupado de plantear diversas propuestas para reestablecer ese nivel intermedio mediante figuras de integración territorial como los distritos, las provincias y las regiones como entidades político-administrativas. La LOOT aún no ha sido aprobada.

Los cambios políticos que operaron en el país en el decenio de los años ochenta, no fueron ajenos a los que ocurrieron 36. Artículo 286 de la CP de Colombia, 1991.

37. Mediante Acto Legislativo 01 de 1986 se modificó la centenaria Constitución de 1886, para dar paso a la elección de gobernantes locales mediante voto popular. Este hecho se reafirmó en la Constitución vigente promulgada en 1991.

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en el concierto de los países de la región. Tras el desmonte del Estado benefactor, paradigma del neoliberalismo, surgen tendencias afines a la corporativización de los gobiernos, es decir, la apertura democrática para la participación de todas las expresiones organizadas de la sociedad civil en los órganos de poder. La Ley de Elección Popular de Alcaldes la cual a más de encargar a las municipalidades sus propios procesos de planificación, generó una renovación de los procesos democráticos, dejó una sensación de control del propio destino por parte de las comunidades, como aspectos positivos, y para algunos, una exacerbación de la corrupción política como aspecto negativo.

De los efectos de esta descentralización del Estado, del conjunto de competencias transferidas a los municipios, interesan particularmente la planeación del desarrollo y la ordenación del territorio. Una vez estas tareas son asumidas en las localidades, comienza un proceso de profundización de la democracia que ha venido creciendo a la par con un mayor control social de la acción de los gobernantes.

La ordenación del territorio como práctica formal debe admitir que el modelo espontáneo de utilización del medio natural, es decir la ordenación que hace la población, es sensiblemente perfectible; o sea, que la intervención planificadora contribuye a corregir desequilibrios ambientales y sociales o, lo que es lo mismo, que aporta a la sostenibilidad y a la equidad. Otro hecho de inmenso valor para los planificadores colombianos es que en la población en su historia, en sus costumbres, en sus prácticas tradicionales de producción y en su memoria reposan datos útiles para el conocimiento científico del territorio en cuestión. De modo que un proceso local de ordenación territorial puede contar con este conocimiento para sus análisis y propuestas. Esta visión local del desarrollo la ha potenciado todo el proceso descentralizador del Estado, del cual su más reciente manifestación en instrumentos de planificación es la Ley 388 de 1997.

A continuación se describen las diferencias y concurrencias de estos dos enfoques, y las implicaciones que tiene o podría tener su desarrollo reciente sobre la sostenibilidad ecológica, el desarrollo social y la superación de la crisis social de la nación.

4.4.1 La LOOT o el destiempo entre la urgencia normativa y la realidad social Una LOOT es una vieja aspiración de los reformistas y aun de las posiciones más progresistas del Estado colombiano. Desde 1914 cuando se consolidó la división política administrativa de la nación en departamentos, intendencias y comisarías, hasta la Constitución de 1991 que transformó la antigua división en departamentos, se ha mantenido la tesis de que al menos una parte de la crisis de la nación puede leerse en la inflexibilidad y obsolescencia de los límites entre entidades territoriales. Ecosistemas de importancia estratégica para la nación repartidos en jurisdicción de varios departamentos, límites políticos trazados sobre unidades socioespaciales históricas, territorios tradicionales atrapados en las entidades territoriales formales, etc.

Quienes alientan estas opiniones reclaman a una nueva división política más acorde con los tiempos que corren, con la madurez democrática de los colombianos, con la agudización del conflicto armado, con la emergencia de nuevas organizaciones sociales étnica, política y económica en las regiones, con las exigencias de un mercado global y con la conciencia pública sobre la crisis ambiental. Todas estas dejan en condición de anticuada e inoperante a la actual división departamental, foco de la crítica en tanto allí se afincan algunas de las pruebas empíricas de la ineptitud del actual modelo territorial.

Existe una serie de hechos que están forzando el debate sobre la Ley Orgánica en Colombia, bien como impulsores de la iniciativa o bien como obstáculos para la transformación.

Algunos de ellos son: ß

Cerca de una cuarta parte del territorio continental de la nación corresponde a territorios indígenas (figura 4.6).

ß

El Estado colombiano no tiene el control político y militar de toda la geografía nacional; de hecho, los grupos extremistas armados controlan permanentemente algunas localidades.

ß

Comienzan a reclamar entidad jurídica nuevas formas de integración territorial de los entes locales (las provincias y 107

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regiones) al tiempo que se relegan los departamentos a un segundo plano. ß

Las nuevas asociaciones de municipios comienzan a reelaborar lazos de identidad regional, que buscan un espacio en la organización político-administrativa de la nación: los municipios del Magdalena Medio, los del Oriente Antioqueño, la región central de Urabá, los municipios de La Mojana, los del Alto Putumayo, los departamentos del sur de los Andes, entre otros.

La Constitución Política de 1991 sentó las bases jurídicas que hoy mantienen latente esta discusión y este enfoque del ordenamiento territorial de la nación: según el artículo 319 de la Carta, se abre la posibilidad de crear nuevas entidades territoriales, en la medida en que las áreas metropolitanas puedan convertirse en distritos. Por su parte el propio artículo 286 promete a las regiones y provincias el carácter de entidades territoriales.

De otro lado el artículo 55 transitorio de la CP, que derivó en la llamada Ley de negritudes o Ley 70 de 1993, reconoce a las comunidades ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico38 derechos de propiedad con carácter colectivo, inembargable, imprescriptible, inenajenable; así mismo se conciben los territorios indígenas.

Otro artículo transitorio, el 38, da vida a la llamada Comisión de Ordenamiento Territorial, encargada de “analizar los estudios y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que considere del caso para acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Constitución (…)”. El mismo artículo le fija un periodo de tres años y la posibilidad de otorgarle carácter permanente, tal como ha sucedido. Es esta disposición la que genera la “urgencia normativa” y la que ha desatado toda la polémica por la aprobación de una ley de OT municipal, antes que la propia Ley Orgánica.

Para comprender mejor la tarea de la LOOT pueden examinarse en detalle cada uno de los hechos estructurantes del debate 38. Además de las cuencas del Atrato, Acandí y Tolo.

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en torno a la actual organización político-administrativa de la nación.

a) Los territorios indígenas y las tierras de comunidades negras Cerca del 30% del territorio continental del país corresponde a territorios indígenas bajo la forma de resguardos, si bien efectivamente reconocido se encuentra un 25%; por su parte, especialmente en las cuencas del Pacífico y en las del Atrato, las comunidades afroamericanas ya cuentan con títulos de propiedad colectiva, al tiempo que las seccionales del Incoder39 en la región atienden numerosas solicitudes.

Las cifras de población y territorios indígenas en Colombia muestran que existen de 80 a 83 pueblos indígenas, integrados por 701.860 habitantes, o sea, el 2,1% de la población nacional en 1993. Están ubicados en 70 resguardos de origen colonial, 400 resguardos nuevos o de reforma agraria, nueve reservas indígenas y en tierras no tituladas aún. Los territorios titulados suman 27’948.671 hectáreas (279.487 km 2) que corresponden al 24,5% del territorio continental de la nación (1’141.748 km2). (Caicedo, 1999).

De estos datos se desprende que los territorios indígenas como entidad territorial, además respaldados por el acuerdo 169 de la OIT que Colombia acogió, representan un hecho territorial difícil de soslayar en las discusiones sobre la Ley Orgánica, y en general, en cualquier discusión sobre la organización territorial del país. También se puede apreciar que las comunidades negras han ganado en el control territorial del Pacífico que ahora comparten con los indígenas; este control será mayor y más efectivo en la medida en que se resuelvan favorablemente las solicitudes de las distintas y numerosas organizaciones de río y consejos comunitarios que han surgido y cuando cese la presencia de grupos armados ilegales en estos territorios.

Por todo lo anterior, una tarea urgente para el movimiento social indígena es empezar a conformar las llamadas Entidades Territoriales Indígenas (ETIS). Aquí se ubica un destiempo 39. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, reemplazó al antiguo Incora, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, extinto.

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importante que en la práctica dificulta la promulgación de la llamada Ley Orgánica.

b) El control político y militar estatal del territorio nacional Aunque para nadie en Colombia es un secreto que el Gobierno Nacional no tiene bajo su control militar y político ciertas áreas del territorio nacional, este secreto a voces es una expresión más del conflicto y concretamente del papel que en su desarrollo cumplen los medios de comunicación. Existen cuatro grupos de poder que ejercen control territorial sobre alguna porción (mayor o menor) del territorio y de una manera más o menos permanente. Estos grupos de poder son, en su orden: el Gobierno, las FARC40, las Autodefensas y el ELN; esta característica, la de poseer control territorial y un ejército que respalda tal control, diferencia a estos grupos de otras fracciones armadas como el EPL. A primera vista puede parecer brutal presentar al Gobierno Nacional como un actor más en el conflicto o como otro de los agentes que controlan parte de la geografía del país, pero este reconocimiento ha sido un primer paso en cada intento que se ha dado para la iniciación de los diálogos de paz.

Históricamente, la nación colombiana se ha construido sobre los Andes. Desde allí, los gobiernos han extendido su influencia en algún grado hacia la costa atlántica, los llanos orientales, el Pacífico y la Amazonía, de manera que la más importante presencia del Gobierno Nacional (fuerza pública, infraestructura mayor, servicios de salud especializados, formación universitaria) se registra en la zona andina y se diluye con la distancia a la capital, aunque algunos recintos andinos registren menor presencia estatal que las capitales de las antiguas intendencias y comisarías.

Los grupos extremistas armados se han instalado precisamente allí donde la presencia gubernamental es débil o nula. En este punto es importante diferenciar entre la presencia y el control permanente y las acciones esporádicas. Una cosa es que los grupos guerrilleros y las Autodefensas adelanten acciones de 40. Autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El otro grupo es el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

guerra en todo el país, valiéndose de frentes, comandos y cuadrillas y otra muy diferente es el control territorial.

Municipios de la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico están bajo la presión constante por su control por parte de los grupos armados. Allí actúan como fuerza militar, ejercen el control social y regulan las actividades económicas que pierden el carácter de legales o ilegales bajo el nuevo orden político, que además recauda impuestos, programa y ejecuta obras de infraestructura, incide en la elección de los gobiernos locales e impone “justicia” con normas propias, normalmente no sujetas al derecho internacional humanitario.

Un esquema de poder similar, aunque más claramente compartido con instancias del Gobierno Nacional, opera en el norte de Urabá y sur de Córdoba, en algunos municipios de Bolívar, Magdalena y Sucre y en sectores del medio Magdalena, esta vez bajo el control de las Autodefensas.

A estas fuerzas se agrega una más, la de los movimientos étnicos que, como ya explicó, tienen mayor control y dominio territorial indiscutible desde el punto de vista legal que el que han alcanzado juntos todos los grupos armados en 40 años de confrontación.

c) Nuevas formas de integración territorial: el ascenso de las provincias y regiones Ya se ha presentado el contenido constitucional que daría sustento legal a la creación de regiones y provincias como entes territoriales. El artículo 306 de la CP posibilita que dos o más departamentos constituyan una región administrativa y de planificación; la región entonces es un proyecto de entidad territorial de carácter supradepartamental; se deja a la citada Ley Orgánica la responsabilidad de fijar estatutos, administración y presupuesto. Hasta hoy, pese a un intento del actual gobierno por juntar departamentos con criterios esencialmente fiscales, esta iniciativa de región no ha progresado.

Por su parte, las provincias y los distritos parecen estar orientados a otorgar carácter de entidad territorial a agrupaciones de municipios, como pueden serlo las áreas metropolitanas o las 109

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propias asociaciones de municipios. A juzgar por la función que estas dos últimas entidades no territoriales (las áreas y las asociaciones) han cumplido en la formulación de los Planes de Ordenamiento de la Ley 388 de 1997, y en cambio el discreto papel de los departamentos en ese mismo ejercicio, podría pensarse que una vez aprobada la LOOT, surgirían algunas provincias, antes que regiones.

El tercer destiempo es positivo. La Ley 388/97, aun con la implementación que haya podido tener lugar a la fecha, ha permitido en algunos casos que se produzcan reflexiones conjuntas entre municipios sobre la necesidad de asociarse bajo una forma renovada diferente del departamento. Este hecho puede alimentar la discusión nacional de una LOOT con aportes desde las localidades. Más adelante se amplía la discusión de la relación entre la LOOT y los planes de la Ley 388 de 1997.

A manera de conclusión se pueden señalar precondiciones para que la Ley Orgánica consiga interpretar la diversidad de la nación y su reflejo en el plano político; es decir, la diversidad de relaciones poder espacio de los diferentes grupos sociales, grupos de interés económico e iniciativas locales-regionales. Estas precondiciones no son sin embargo prerrequisitos, es decir, es útil avanzar en los contenidos y en las orientaciones de la Ley Orgánica, pero esta sólo podría operar plenamente si: ß

Se avanza en la discusión y conformación de la Entidades Territoriales Indígenas y bajo alguna figura, en la agremiación de las tierras de comunidades negras.

ß

Se acepta que la resolución del conflicto armado pasa por reconocer el diverso control político y militar que distintos grupos tienen y si este reconocimiento se resuelve en una renovada organización territorial con garantías de participación democrática de los desmovilizados, de modo que no se fragmente, sino que se articule la nación en su diversidad.

ß

Las iniciativas de creación de provincias y otras formas de integración territorial maduran y se tiene el valor de co-

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menzar a revisar la pertinencia y la necesidad de mantener los departamentos actuales como entidades territoriales.

En el acápite siguiente se estudia la relación entre los POT y los planes de desarrollo.

4.4.2 La Ley 388 y su aporte a la ordenación territorial en Colombia En este acápite se propone analizar la experiencia de la formulación de los primeros Planes de ordenamiento territorial (POT) en Colombia, desde la óptica del aporte que pudieran hacer a la sostenibilidad ecológica de los territorios municipales, entendida esta en su sentido más amplio: como desarrollo sostenible (DS).

La implementación de la Ley 388 de 1997 obligó a los municipios colombianos a formular en un plazo que se fue ampliando, planes de ordenamiento territorial municipales (POTM).

Naturalmente, no se pretende presentar una perspectiva evaluativa nacional, pero sí subrayar aspectos problemáticos de la implementación de la Ley 388 de 1997, que son sin duda comunes a muchos municipios colombianos. Se presta especial atención a algunas de las cuestiones que han ido surgiendo como son el “sesgo” urbano de la Ley 388, la disponibilidad de información, los plazos, la disponibilidad de personal especializado, la participación social, las externalidades positivas del proceso y la relación con la aún fantasmagórica Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), sumado a las dificultades para utilizar las herramientas normativas y metodológicas para la planificación del suelo rural.

Antes de presentar la evaluación de la primera generación de POT y su aporte al ordenamiento territorial en Colombia, es necesario estudiar la relación entre esta herramienta de planificación y la planeación del desarrollo en las entidades territoriales (Ley 152 de 1994).

En el país, hasta mediados de los años ochenta, la responsabilidad de la planeación del desarrollo41 recaía fundamentalmente 41. Que se entiende aquí como la acción del Estado o de una comunidad, en orden a materializar, en un tiempo y con unos instrumentos dados, las máximas aspiraciones de toda la población

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en el Gobierno Central, encargado de trazar e implementar las políticas macroeconómicas y de inversión social, con una soberanía relativa a los requerimientos de la banca mundial y el Fondo Monetario Internacional.

les en este sistema de planeación municipal (presuntamente articulado al SNP), no dispone de los mecanismos legales y de la organización suficiente y necesaria para imprimir un carácter vinculante a los planes de desarrollo.

Como ya se ha explicado, el Acto Legislativo 01 de 1986, que reglamentó la elección popular de alcaldes, aparte de oxigenar el sistema democrático, vino a materializar el discurso corporativista y descentralizador del Estado, inspirado nuevamente por la influencia de requerimientos externos, que ahora, en un nuevo ciclo, están proponiendo revisar a más de que le han propinado ya duros golpes el proceso de descentralización.

La orden de reestructurar la administración de los municipios, entre otras cosas, dejó al descubierto el interés del gobierno actual de desconocer la más elemental expresión de autonomía local, cual es la elección de un alcalde y un plan de gobierno, Plan que aun atado, en el mejor de los casos, al POT, pero en todo caso votado por los electores, no se puede cumplir en muchos casos por la fuerza que tiene la destinación centralizada del presupuesto y la planta de funcionarios. Aún hoy se legisla en contra de la democracia local.

La necesidad y la oportunidad de desarrollar unas herramientas de planeación a la escala geográfica y política del nuevo municipio colombiano, ahora con más de diez años de experiencia en gestión local, no se dejaron pasar; es en este contexto en el que surge la iniciativa de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.

La descentralización puso en escena a los poderes políticos locales, significó cuando menos un cambio de escala en la planeación del desarrollo, en lo que respecta a la participación de la población en tal proceso, para lo cual se contaba ahora con un gobierno cercano y conocedor de la realidad local. Las Leyes 9 de 1989 y 152 de 1994, especialmente esta última, tienen como destinatarios a los municipios y como objetivo mayor, la articulación local a las políticas nacionales. La descentralización de la función planificadora del Estado Central se abría paso.

La implementación de la Ley 152, si bien alcanzó una importante cobertura en todo el país, no consiguió articular un Sistema Nacional de Planeación (SNP), aunque instaló en las municipalidades una suerte de tradición planificadora caracterizada por el énfasis en los problemas urbanos y la visión sectorial y funcionalista que guía los Planes de Desarrollo Municipal. De tal suerte que la población, aunque cuenta con espacios formaen cuanto a su calidad de vida.

La necesidad se manifiesta especialmente en el hecho de que los planes de desarrollo habían sufrido un cierto desgaste sin conseguir grandes impactos frente a la crisis ambiental, social, económica y de gobernabilidad locales; la oportunidad para echar a andar una nueva herramienta estaba en la madurez de las democracias municipales y en muchos casos importante tradición de participación comunitaria heredada de la Ley 152.

Adicionalmente, el triunfo de estas herramientas en España y otros países de Europa, en especial su impacto en las finanzas municipales vía nuevos instrumentos económicos de gestión del suelo urbanizable, abrió la senda para conocer mejor e intentar adaptar el modelo ibérico en Colombia. ¿Cómo ocurre entonces la integración entre los objetivos de los Planes de Desarrollo (Ley 152) y los del Ordenamiento territorial (Ley 388)? Es aquí, en el terreno de los objetivos, en donde se ubica una de las principales confusiones entre planeación del desarrollo y ordenación del territorio, tal y como se conciben en estos desarrollos legislativos.

El Ministerio de Desarrollo indica que para algunas corrientes, el OT es de naturaleza física; en cambio, para esta entidad, el OT se considera como “un proceso integral, en el que participan todos los actores sociales, en todas las dimensiones y expresiones del desarrollo, como lo cultural, político, social, económico y ambiental”42, definición coincidente con cualquiera que se refiera a la planeación del desarrollo.

42. Ministerio de Desarrollo Económico. Aproximación conceptual. Serie Procesos de Aplicación, No. 1 Bogotá, D.C., 1997.

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La visión integral y sistémica del OT, la participación social, los horizontes temporales que considera, los instrumentos de aplicación y los objetivos del proceso hacen que se confundan los propósitos de la planeación y el ordenamiento. En el mejor de los casos, puede entenderse la OT y los POT como el marco físico espacial y los planteamientos de este orden, que soportan y dan vida a las aspiraciones colectivas de la población, pero esto remite indudablemente a considerar el OT como un ejercicio de carácter físico-espacial, que tiene con la planeación del desarrollo (Ley 152), al menos tres diferencias esenciales: 1. El OT discute la distribución, localización y comunicación de la población, así mismo se pregunta por el funcionamiento espacial de la infraestructura y los equipamientos municipales. Por su parte, la planeación del desarrollo se preocupa de llevar los beneficios del Estado a toda la población allí donde se encuentre, por comunicar, dotar y servir a cada uno de los pobladores de la localidad.

2. Las decisiones que contempla el POT son de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento y con posibilidades de que la población reclame, aun por vía legal, la ejecución de los postulados y objetivos (directrices) del Plan.

3. Los planes de la Ley 152 tienen un horizonte temporal de cuatro años, mientras que los POT, en su componente general, afectan tres periodos constitucionales de un alcalde.

Esto sin desconocer la falta de cultura planificadora para hacer cumplir estos principios.

Existe otra diferencia fundamental referida a la incidencia de las políticas nacionales y los planes de gobierno nacionales y locales sobre la vida municipal: la Ley 152 plantea, entre otros aspectos, la necesidad de adelantar planes de desarrollo en los que los asuntos económicos y sociales se concreten de acuerdo con las prioridades de los grupos sociales que conforman las entidades territoriales –hasta aquí no hay diferencia con el OT– y deben basarse en los propósitos y las orientaciones

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formulados en los programas de gobierno, y es aquí en donde se ubican grandes diferencias.

Respecto a las políticas nacionales, en materia de OT, la complejidad que supone una Ley Orgánica, dada la coyuntura social y política del país, hace cuando menos oportuno el proceso desatado por la Ley 388 que, no solo no requiere, sino que por el contrario ayuda a construir lineamientos para cuando sea oportuna y útil una ley de OT nacional (LOOT). Este proceso celular de formulación de POTM, puede constituir la base de una reflexión, desde las municipalidades y las diversas agrupaciones regionales, en torno a la organización espacial del país que más convenga a los propósitos locales/regionales de desarrollo.

Por lo anterior resultan exagerados los reclamos de una ley orgánica previa, ¿por qué? Si la LOOT tendrá la trascendencia que algunos suponen en cuanto a una mayor coincidencia entre la evolución social de la sociedad colombiana y los límites de las entidades territoriales, depende de que el proceso de formulación pueda escuchar, reconocer y plasmar las diferencias y coincidencias regionales y locales. Los planes de gobierno municipales que antes alineaban –como se indicó– a los planes de desarrollo, ahora deben soportarse, dar cumplimiento y armonizarse con el POTM. La tabla 4.7 resume algunas conclusiones de esta discusión.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

1. Se generaron formas asociativas municipales para la formulación de los POTM. 2. Se afianzaron formas de identidad y solidaridad regional: surgieron propuestas de provincias. Ej.: municipios de los Valles de San Nicolás y Rionegro.

3. En muchos casos se trascendieron los análisis propios de los planes de desarrollo, al incorporar balances entre la oferta natural y las necesidades de la población municipal.

4. Se incorporó vigorosamente la dimensión ambiental: suelos de protección, espacio público 5. Se abrieron paso discusiones en torno a la pertinencia de los departamentos como entidad territorial, dada su crisis financiera, política y administrativa.

1. No se cuenta con tradición y hay poco desarrollo de instrumentos legales para la cooperación para el desarrollo y la solidaridad entre municipios de una misma región.

2. Atrapados en divisiones departamentales obsoletas, muchos municipios de una misma región ven obstruidas muchas posibilidades de cooperación.

3. No existen estatutos claros para municipios fronterizos, en términos de su autonomía para administrar asuntos de interés común.

4. Muchos ecosistemas estratégicos para el país se encuentran “repartidos” en la jurisdicción de dos o más departamentos.

5. Las entidades territoriales de las minorías étnicas, no tienen una reglamentación clara en cuanto a su relación con los municipios y los departamentos.

Tabla 4.7 Ventajas y desventajas del proceso “celular” de OT.

En síntesis, en la práctica se han complementado los ejercicios de la planeación del desarrollo y los del ordenamiento terri-

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torial, lo que convierte a este último en una herramienta de planificación del desarrollo con unas grandes fortalezas: 1. La independencia municipal para promover su POT. 2. La participación ciudadana, y 3. El carácter vinculante de las decisiones que incorpora.

Para una evaluación de los POT, existe una serie de preguntas que formular al proceso de planeación desatado a partir de la Ley 388 de 1997. Algunas de ellas pueden ser: ß

¿Cuáles son los aportes que hace el Ordenamiento Territorial (OT) a la planeación del desarrollo?

ß

¿Cuál es y cómo se consigue la integración entre los planes de desarrollo y los POTM?

ß

¿Cuál es el concepto de territorio que subyace en los desarrollos legislativos, los objetivos y las metodologías propuestos para la formulación de los POT?

ß

¿Hasta qué punto ha conseguido la Ley 388 interpretar la realidad territorial del país y entonces cuáles son las posibilidades de que su aplicación genere nuevas formas de concebir la planeación en la mayoría de los municipios colombianos?

ß

¿Qué aportes hacen los POTM a la discusión sobre la LOOT?

Finalmente se le puede preguntar también a los POT43, ¿cuál es su aporte al desarrollo sostenible, si es que se entiende este como el paradigma que soporta y justifica su formulación?

Muchas otras preguntas le caben a este proceso, pero en cualquier caso, los defectos y las inconsistencias del mismo se deben tanto a su novedad como a factores vinculados con deficiencias técnicas o confusión de propósitos de la Ley 388.

43. En adelante se entiende como POT a los planes básicos, esquemas y planes de ordenamiento.

Para ilustrar lo anterior, basta señalar que hubo en todo el país –aun hoy– arduos debates dedicados a clarificar si se trata de una ley de administración territorial, tal y como denominó a esta iniciativa legislativa el Ministerio de Desarrollo Económico (ya extinto tras su fusión con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), o si se trata efectivamente de una ley de ordenamiento territorial. Esta discusión no es del todo banal: en la génesis de la Ley 388 de 1997 está la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana, de donde se desprende un claro interés del legislador por dotar a los municipios de instrumentos para “administrar” el desarrollo urbano a través de la regulación de la utilización del suelo urbanizable. En efecto, el “sesgo” urbano de la Ley 388 se deja ver en el desarrollo de muy sofisticados instrumentos y normas para el propósito aludido, mientras que para el suelo rural los instrumentos normativos son prácticamente inexistentes, salvo algunas excepciones que se examinan más adelante. Estos argumentos están a favor de la tesis de que se trata de una ley de administración territorial, es más, de administración del suelo urbano, y no de una ley de ordenamiento territorial completa.

Ahora bien, lo anterior no significa que la formulación e implementación de los planes no produjera consecuencias en el ordenamiento territorial, en todas sus dimensiones: cultural, económica, urbanística y claro está, en la planificación del uso del suelo rural. Los efectos de los POT superaron el alcance normativo urbano previsto inicialmente, y esto, para bien o para mal, transformó a una iniciativa de administración del suelo urbano en un auténtico ejercicio de ordenamiento territorial municipal aunque con una consideración especial y detallada a la administración del suelo urbano. ¿Cómo ocurrió esto? Hay al menos tres explicaciones probables y complementarias. La primera explicación puede ser que la idea aquella, que ya es un tópico entre los planificadores y expertos en el tema de que Colombia es un país urbano, no es categóricamente cierta, como ya se demostró; en consecuencia, hubo múltiples adaptaciones de las normas y las metodologías propias de la formulación de los POT, que no fueron más importantes gracias a otro hecho gravísimo: las corporaciones y en general las autoridades ambientales, encargadas de evaluar 113

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los POT para aprobar el “componente ambiental”, confundieron las exigencias de la Ley 388, precisadas incluso en decretos reglamentarios posteriores (Decreto 879, por ejemplo) con las metodologías para formular POT. De modo que volvieron norma la metodología, lo que acarreó retrasos, sobrecostos y desestímulos en los municipios, que vieron convertida la formulación del POT en una penosa obligación.

La segunda explicación parte de la exigencia a los municipios (esta sí prevista en la ley) de incorporar un componente general (regional) en los POT, lo que motivó la búsqueda de economías en el costo de los estudios para los municipios y la necesidad de aprovechar, retomar o generar diversas formas asociativas para cumplir con la formulación. Esto debe destacarse por la importancia que puede llegar a tener a la hora de que se generen (¿se generarán?) espacios de discusión regionales para revisar las iniciativas que en materia de LOOT viene gestando el actual gobierno. En los gobiernos anteriores que no proponían un “Estado comunitario”, la discusión regional de la LOOT fue definitivamente más frecuente.

La tercera explicación deja ver algunos rasgos del espíritu centralista que aún campea por las instituciones del orden nacional, que todavía compiten por agradar al gobernante de turno y, en virtud de esto, modifican sus postulados teóricos y metodologías.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) venía trabajando en la formulación de propuestas metodológicas de OT pensadas para territorios municipales, departamentales y ciudades. Este esfuerzo salió a flote como salvavidas en medio de la premura de los municipios para cumplir con los varios plazos, siempre perentorios, para formular los POT. Pero este esfuerzo técnico, que tiene como paradigma ordenador la sostenibilidad ecológica y la optimización del aprovechamiento de las potencialidades de cada territorio, no contó con la genética urbana de la Ley 388 que finalmente formuló el Ministerio de Desarrollo44, como ya se comentó, y no el Ministerio del Ambiente, entidad a la cual, dado este enfoque y el movimiento

44. Entonces preocupado por el “desarrollo” urbano.

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global en la materia, le correspondería escribir una ley en este campo.

Resultado: una ley con énfasis urbano, que contó con una metodología con énfasis ambiental, y aunque esta diferenciación puede parecer extremadamente reduccionista, se puede usar como prueba el que el propio Mindesarrollo formuló una metodología, esta sí consistente con los presupuestos urbanos de la Ley 388 de 1997. Una ley de Administración Territorial, que debía usarse como iniciativa para el Ordenamiento Territorial, con dos metodologías divergentes en su enfoque y una autoridades ambientales seducidas por las metodologías y distraídas del proceso social de formulación del POT. ¿Por qué? El componente ambiental, su objeto de competencia –casi nada más ambiguo que lo ambiental– encontró mayores simpatías en la metodología del IGAC que en la propia ley o en sus decretos reglamentarios.

Otra de las más protuberantes omisiones de la Ley 388 de 1997 es no haber considerado la existencia, dentro de muchos de los territorios municipales, de otras entidades territoriales reconocidas constitucionalmente, los territorios indígenas, del mismo modo tampoco tuvo en cuenta la titulación de tierras de comunidades negras a la población afrocolombiana.

A pesar de la extensión de algunos resguardos, estos espacios someten a las poblaciones indígenas a una situación territorial nueva, en la que a menudo las prácticas tradicionales de producción colapsan ante el confinamiento, contrario a la movilidad que caracterizaba la forma en la que estos grupos aprovechaban la oferta de climas diversos, a la llegada de los españoles45. Este confinamiento llega a ser dramático para algunos grupos indígenas localizados en los Andes y en las serranías.

A escala municipal, los efectos que ha tenido esta omisión pasan por el confusionismo reinante en los municipios al momento de regular los usos del suelo y definir la imagen objetivo 45. Un ejemplo de esta movilidad se encuentra en la historia del pueblo emberá: según la tradición oral emberá, parece ser que el territorio de este grupo abarcaba desde el alto río Capá, hasta el medio y bajo Atrato, estos últimos ganados a los cuna (otro grupo indígena) por la vía militar, hoy día los emberá ocupan fragmentos de este vasto territorio tradicional, confinados en resguardos indígenas..

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y los programas de ejecución. Al respecto se pueden apreciar dos grandes tendencias. En la primera, los municipios excluyen de todo análisis y de toda propuesta a los territorios indígenas, considerándolos en el mejor de los casos como a un “municipio vecino” que deberá adelantar su propio POT. En la segunda tendencia se ha interpretado que, al estar los resguardos en el territorio municipal, les corresponde una función (generalmente la protección) que debe regular el POT del municipio.

como concepto emparentado con la sostenibilidad ambiental y económica. De las mencionadas: resguardos indígenas, tierras de comunidades negras y reservas campesinas, estas últimas son las que presentan un menor número de experiencias en el país, pero, sin duda, cualquier avance en su aplicación y reglamentación ha de contribuir con un valioso instrumento para el ordenamiento territorial, en la perspectiva de que un proceso de paz prospere.

La Corte Constitucional ha entrado a resolver por la vía jurídica estas cuestiones. La sentencia C-795 de 2000 declaró inexequible el artículo 7 de la Ley 388 de “Competencias en Materia de Ordenamiento Territorial”, por lesionar, entre otras, la autonomía de los territorios indígenas, cuando asignó a los departamentos la función de “integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y territorios indígenas en concordancia con las directrices y estrategias de desarrollo regionales y nacionales”.

Queda pendiente la discusión sobre el régimen de propiedad de la tierra en zonas de media y alta productividad agropecuaria porque, a pesar de que se reconoce la obsolescencia del movimiento social agrario, sustituido por la irrupción del capital representado en la inversión tecnológica como principal factor de producción, se admite la posibilidad de que bajo un nuevo modelo de desarrollo concertado con las fuerzas insurgentes, la reivindicación del acceso a la tierra para los campesinos resurja abonado con demandas de asistencia técnica y subsidios para la modernización tecnológica. La cuestión agraria es una asignatura pendiente en la discusión sobre el ordenamiento territorial en Colombia.

Esta decisión, de progresar una de las posibles interpretaciones, ahondaría el aislamiento de los territorios indígenas de la vida municipal en cuanto a responsabilidades en materia de inversión en infraestructura y servicios básicos que mantienen las alcaldías locales con estos territorios, en cuyas administraciones participan como concejales y en ocasiones como alcaldes, miembros de las comunidades indígenas.

La autonomía de los territorios indígenas se ejerce en cuanto es a aquella población a la que le corresponde definir la forma de administrar los recursos naturales y no debería confundirse con la absoluta independencia económica y política de los pueblos indígenas, cuyo movimiento social ha ganado el respeto y el reconocimiento de la sociedad dominante, a la cual se ha venido insertando en medio de la lucha por conservar su identidad.

La misma figura de propiedad colectiva se ha propuesto para comunidades campesinas, a partir de lo establecido en la Ley 160 de 1994 de Reforma Agraria. Esta audaz iniciativa pretende normalizar el régimen de propiedad en zonas de colonización reciente, recuperando la solidaridad como agente de la sostenibilidad social y la función ecológica de la propiedad colectiva

La dimensión espacial del desarrollo, que es el punto de intersección entre la planeación del mismo y el OT, en el país ha permitido consolidar preocupaciones que ya venían teniendo expresiones formales en Planeación Nacional, especialmente en lo que hace a la asignación de Ingresos Corrientes (ICN) a los municipios, con el casi exclusivo criterio del tamaño de la población. Hasta hoy, la categoría y el monto de los ICN46 se derivan en buena medida del número de personas que vivan en el municipio, sin considerar plenamente cuestiones como el área geográfica, la distribución de la población, la accesibilidad a los servicios de educación, salud, la existencia de ecosistemas estratégicos para la Nación, entre otros.

Las consecuencias del modelo de asignación de transferencias basadas en la talla demográfica ha derivado en la localización de los mejores servicios y equipamientos colectivos en los centros urbanos más densamente poblados, que terminan por 46. Ingresos Corrientes de la Nación. Corresponde a la participación de los entes territoriales, en el Presupuesto General de la Nación.

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atraer hacia ellos un número creciente de pobladores. Municipios pequeños en extensión, pero con una población igual a la de un municipio extenso, en teoría podrían beneficiar a un menor costo a la mayoría de sus habitantes. Municipios extensos con población escasa y dispersa, no tienen prácticamente ninguna posibilidad de superar su condición actual de marginalidad económica y social.

La aplicación de la Ley 388 debe producir resultados que ayudarán sin duda a replantear no solo la asignación de transferencias, sino a reconsiderar la reducción general de los mismos, que ha venido sucediendo, en aras de la financiación parcial de los municipios con recursos propios, producto de una gestión fiscal más eficiente; eficiencia muy difícil de lograr en el corto plazo por parte de muchos municipios colombianos, como aquellos localizados en el Pacífico o en los Llanos Orientales, que cuentan con poblaciones relativamente bajas y dispersas en territorios con importantes ecosistemas de interés nacional y global.

Estas realidades, propias de un país diverso ecológica y culturalmente, se supone que deberían ser interpretadas por la denominada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) de forma tal que esa diversidad se exprese como una potencialidad para el desarrollo de la población y no, como hasta ahora ha sucedido, como el principal obstáculo; apreciación propia de un modelo de Estado centralista y burocratizado al extremo.

En conclusión, la Ley 388, su promulgación y el proceso que genera su implementación, tal vez sin proponérselo, está sentando las bases para un proyecto nacional de organización territorial, que sin embargo no podrá consolidarse como proyecto colectivo, hasta tanto cesen la desigualdad y la violencia, factores perturbadores de la colectividad, la nacionalidad, la democracia y, por supuesto, del OT como política social y como técnica de planificación.

4.4.3 El aporte de los POT al desarrollo sostenible El territorio tiene límites, esta es una característica heredada de la dimensión espacial y constituye la base de la noción en la

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perspectiva de asignar a su organización un conjunto de normas que tienen vigencia precisamente dentro de tales límites.

Los límites del territorio, así entendido, son una construcción política y se concretan en un conjunto de normas que los reconocen, incluidos los tratados limítrofes.

Este paradigma político-jurídico es el que subyace en la Ley 388 de 1997, que no en vano ordena la elaboración de esquemas, planes básicos y planes de ordenamiento territorial municipales, dejando claro que es dentro del término municipal que tendrán sentido aplicación y obligatoriedad. Este reduccionismo normativo tiene, sin embargo, espacios para la consideración de procesos regionales, especialmente importantes en las áreas metropolitanas y en sus espacios de influencia. En cualquier caso, esta dimensión de los POTM es de carácter orientativo y no vinculante, como sí lo son las normas de carácter municipal.

La consecuencia más repetida en las evaluaciones de los actuales POT es que se hicieron sin consulta a los vecinos; la noción soberanista del territorio municipal limitó valiosas oportunidades para la solidaridad, pero potenció otras.

La ordenación territorial propone un reto novedoso: conciliar la oferta natural de los ecosistemas con las demandas sociales, sin perjuicio de las demandas que harán las futuras generaciones, de los mismos ecosistemas. En esta perspectiva, el DS con toda su carga de ambigüedad se contituye en: una utopía si se instala en el debate sobre la distribución intrageneracional de la riqueza, una necesidad si se usa como idea fuerza para resolver, al menos en el terreno discursivo, la creciente distancia entre crecimiento económico y protección de la biosfera; una meta posible cuando se lee en los discursos políticos y en las políticas públicas; y un resultado pragmático del ordenamiento territorial o, cuando menos, un paso adelante en la dirección acertada.

El OT se constituye, en consecuencia, en una herramienta para la sostenibilidad en la medida en que pretende establecer la capacidad de acogida de la naturaleza para las actividades de producción, consumo, creación artística y cultural y con ella, prescribir la forma más adecuada (sostenible) de intervenirla.

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Desde luego, este propósito sólo se consigue parcialmente. La pregunta por el mejor arreglo espacial de las actividades humanas pasa por considerar otra cuestión esencial: ¿Qué orden social ha generado el ordenamiento territorial actual que juzgamos insostenible?

El modelo de desarrollo de la sociedad dominante ha ordenado el acceso y la utilización de los recursos naturales para perpetuar las formas de acumulación propias del capitalismo, caracterizadas por el consumo masivo y creciente de recursos naturales, la contaminación y la apropiación privada de los beneficios económicos. Cuando los desequilibrios ambientales que genera el modelo se expresan en el territorio y en la sociedad como graves deterioros que amenazan la sustentabilidad misma del modelo, emergen iniciativas regulatorias agenciadas por los gobiernos, la planeación del desarrollo y el OT son ejemplos de estas.

Tales iniciativas se enmarcan dentro de lo que se conoce como sostenibilidad débil, que admite la posibilidad de un desarrollo sostenible ajustando, entre otros, los sistemas de precios, la gestión ambiental gubernamental y hasta ciertos hábitos de consumo. Desecha la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo basado en el reparto equitativo de los bienes y servicios de la naturaleza, en la democratización real del acceso a los beneficios de la modernidad, en una transformación radical de los actuales niveles de consumo de recursos naturales, de la utilización de energías limpias y renovables... Un modelo basado en la solidaridad inter, e intrageneracional. Estos últimos son postulados propios de la sostenibilidad fuerte.

De modo que el OT es, al igual que muchas otras propuestas tecnocráticas destinadas a enfrentar las crisis del modelo de desarrollo, instrumento del mismo, y por tanto limitado como generador de grandes y profundas transformaciones sociales, aunque puede resultar útil como plataforma para construir una concepción propia del desarrollo local.

De otro lado, lo que sí generan las preocupaciones propias del OT es la oportunidad de examinar y explicitar las causas histó-

ricas que han conducido al país a la actual situación de conflicto, así como el papel que los nuevos poderes locales desempeñan en la resolución de estos conflictos: en la construcción de un proyecto de país desde esta instancia y en la denuncia de que las iniciativas legislativas orientadas a regular la vida municipal desconocen abiertamente la diversidad de situaciones ambientales, sociales y administrativas que enfrentan los más de mil municipios colombianos.

En resumen, las expresiones prácticas del OT lo dejan como un instrumento de la sostenibilidad débil, pero los elementos subjetivos que también lo desarrollan permiten un escenario para el debate sobre la sostenibilidad fuerte.

Se puede retomar ahora la pregunta en los siguientes términos: ¿Qué aporte hace la Ley 388 a la sostenibilidad de los territorios municipales? Se ha admitido ya que la sostenibilidad es una aspiración, una ideología, y que, por tanto, las expresiones pragmáticas de la misma solo logran aportes en la dirección general que propone: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.

En tal sentido, la Ley 388 logra introducir al menos tres grandes temas relacionados con la sostenibilidad, a saber: ß

La definición y los tratamientos de las zonas de riesgo: involucrando variables del medio físico-natural (amenazas) y variables socioeconómicas y culturales (vulnerabilidad).

ß

La definición y los tratamientos de zonas de protección y conservación de la naturaleza: tanto áreas nuevas como aquellas señaladas por las CAR, por el Ministerio del Medio Ambiente y por ONG.

ß

La planificación del crecimiento urbano (residencial, industrial y de servicios) contando con la posibilidad de prestar servicios públicos, que dejan a los abastecimientos de agua, de energía y de vertederos de desechos como limitantes de la capacidad de acogida del territorio y la dotación de vivienda como un derecho fundamental.

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La incorporación de estos temas es un reconocimiento explícito de que la naturaleza impone restricciones al crecimiento económico y a la urbanización como una de las expresiones más recurrentes del mismo, especialmente en países industrializados o de reciente industrialización, como España, de donde, como ya se dijo, se importó e intentó adaptar la metodología de implementación y los postulados centrales de la Ley 388 de 1997. Se colige entonces que las regulaciones sobre el uso del suelo, el agua, las áreas de protección y de riesgo, son medidas tendientes a la sostenibilidad débil.

adquiriendo proporciones dramáticas. En estos casos, la reubicación parece una medida difícilmente generalizable, por lo que soluciones tendientes a “normalizar” estos asentamientos y otras orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población se presentan en los POTM como programas especiales que incorporan a su vez proyectos en el corto, mediano y largo plazo.

Se revisan a continuación cada uno de los temas propuestos, a fin de analizar la forma en la que los municipios han incorporado estas temáticas en sus POTM.

Puede concluirse anotando que este es uno de los temas privilegiados en los POTM, bien sea que se cuente con estudios que permitan plantear soluciones viables o como un compromiso de las municipalidades ante y con las CAR, para desarrollar en el corto plazo, estudios básicos, programas y proyectos de intervención.

a) La definición y los tratamientos de las zonas de riesgo: involucrando variables del medio físico-natural (amenazas) y variables socioeconómicas y culturales (vulnerabilidad).

b) La definición y tratamientos de zonas de protección y conservación de la naturaleza: tanto áreas nuevas como aquellas señaladas por las CAR, por el Ministerio del Medio Ambiente y por ONG.

La hipótesis es que los municipios dejaron esta tarea pendiente concertando con las CAR47, ante la escasez de la información de escala adecuada de tipo biofísico (geología, hidrología, geomorfología, sismicidad, etc.) y socioeconómica (censos de población, estratificación socioeconómica, niveles de ingreso) particularmente en aquellos asentamientos recientes localizados en los suburbios y las periferias de centros urbanos grandes y medianos.

Cuando se conoció empíricamente que los asentamientos humanos se encuentran en zonas de riesgo, la medida más genérica consistió en destinar una parte del área de expansión urbana o del perímetro urbano actual para la reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, tal y como lo establece la Ley 388. En síntesis, se aplazaron los estudios técnicos y se afectaron áreas para reubicación.

Una situación especial se registra en los POTM de municipios integrados a áreas metropolitanas, en los cuales el problema de los asentamientos humanos en zonas de riesgo tiene o está

47. Corporaciones Autónomas Regionales encargadas de la gestión ambiental en las “regiones” en Colombia.

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En los municipios estas áreas de protección se pueden clasificar de acuerdo con la escala de interés de las mismas en: ß

De interés nacional: áreas del sistema de parques nacionales, santuarios de flora y fauna, zonas de reserva forestal, etc.

ß

De interés regional: corresponden con la identificación de áreas especiales dentro de la jurisdicción de las CAR, o bien que hacen parte de la red de reservas privadas de la sociedad civil.

ß

Locales: son áreas dentro del municipio que se destacan por su valor paisajístico, biológico o por proveer un recurso esencial, como es el caso de las cuencas de los ríos y quebradas que abastecen los acueductos municipales.

Son identificadas y afectadas como tales por las CAR, el Gobierno Municipal u ONG.

En este tema, la hipótesis es que en los POTM se incorporaron los intereses de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, las CAR y las ONG, de forma tal que la reglamentación del uso del suelo en estos espacios municipales se armonizó

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con tales intereses, o bien se declararon los conflictos que surgieron.

Un buen ejemplo de esta situación son los municipios cuya jurisdicción se encuentra dentro de un Parque Nacional Natural, como es el caso del municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo y el Parque Nacional Natural La Paya.

Allí, muchas familias campesinas viven dentro del área del Parque, con lo que se imposibilita al municipio a, entre otras, ejecutar obras de infraestructura o regularizar la propiedad. También ocurre que estas extensas áreas no generan ingresos por impuesto predial y llegan a limitar severamente la generación de recursos propios, mediante la ya pobre gestión fiscal.

La instancia de aprobación de los POTM que corresponde a las CAR ha permitido, en muchos casos, expresar en los POTM los intereses y las políticas de conservación de estas corporaciones en los municipios. Desde luego, esta no es una situación generalizable, y más bien lo que ha predominado es la desarticulación entre estas y los municipios, que en el mejor de los casos provocan tensiones al momento de obtener concepto favorable por parte de la autoridad ambiental.

Un ejemplo de esta tensión se vivió en el departamento de Antioquia, en el altiplano del oriente antioqueño, cuando Cornare (La CAR regional) promulgó el Acuerdo 019 que indica y delimita zonas de protección en toda la región. La incorporación de esta decisión en los POTM generó un proceso de concertación, a la larga bastante útil.

Ya se ha mencionado que las áreas de protección más comunes en los POTM son aquellas relacionadas con la regulación de los caudales que abastecen los acueductos municipales o veredales, aunque hicieron su aparición categorías novedosas bajo la denominación de “distritos” agrarios, turísticos, mineros, comúnmente vinculados con la existencia de una ventaja comparativa de uno o varios municipios, para el desarrollo de una cierta actividad.

Un último aspecto interesante en cuanto a áreas de protección ocurre por la competencia municipal en la gestión del suelo y por el exclusivo dominio del subsuelo que se reserva el Gobierno Nacional, a través del Ministerio y de las Secretarías de Minas y Energía, principalmente. Muchos municipios afectaron el suelo con un uso tal que el usuario del subsuelo, se vea obligado, una vez realizada la explotación minera, a devolver el suelo en las condiciones que permitan la utilización prescrita por el municipio o bien, a pagar la respectiva minusvalía; en cambio, otros municipios condicionaron la utilización del suelo a los resultados de las explotaciones, es decir, renunciaron a las áreas concedidas para explotación minera. Un tercer grupo de municipalidades, ni siquiera contó con información precisa acerca de los proyectos extractivos en sus localidades.

c) La planificación del crecimiento urbano (residencial, industrial y de servicios) a partir de la posibilidad de prestar servicios públicos.

Los abastecimientos de agua, de energía y de vertederos de desechos, como limitantes de la capacidad de acogida del territorio.

La definición de áreas de expansión urbana para corto, mediano y largo plazo, a partir de un criterio principal: la posibilidad de prestar servicios públicos domiciliarios, así como la prescripción de usos industriales, residenciales y comerciales en las áreas urbanas, representa un avance significativo en lo que atañe a los postulados del desarrollo sostenible, ya que, a partir de conocer la oferta de agua y los impactos que sobre esta y los ecosistemas tendrían muy diversas actividades, se zonifica el suelo de acuerdo con su capacidad de acogida o cualquier otro concepto similar, que en todo caso informa acerca de la compatibilidad entre el uso programado y la aptitud del territorio.

Aunque bastante esquemático este tipo de análisis ha favorecido discusiones en torno al crecimiento deseado en términos de población, crecimiento natural e inmigraciones, debate central por ejemplo en el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde una de las preocupaciones del POTM se centró en definir estrategias para frenar la inmigración y preservar para las comunidades raizales.

La calificación del suelo como urbano, a partir de la ampliación de los perímetros actuales ha generado a los municipios con119

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flictos varios de orden fiscal y ambiental, ya que la ley obliga a dotar con servicios públicos al suelo calificado como urbanizable, aun cuando esto suponga desatar procesos de densificación urbana en situaciones de economía agraria tradicional.

Este es un fenómeno común en municipios con expectativas frente al turismo metropolitano, de establecimientos comerciales, segundas residencias, fincas de recreo, en donde finalmente la renta urbana se impone en zonas con potenciales para producción agrícola, habitadas ancestralmente por campesinos de la localidad.

Medellín reconoció en su POT que si bien la oferta de servicios públicos es alta y de buena calidad, el suelo de expansión urbana es limitado, crecer hacia adentro optimizando el suelo urbano consolidado apareció como una estrategia central. Bogotá centró parte del debate en torno a la expansión urbana en la oportunidad de conservar grandes humedales o aprovechar estos suelos mediante usos residenciales intensivos; en fin, bajo esta categoría se consolidó el reconocimiento de que la urbanización tiene límites que impone la naturaleza, y cuyo umbral aún no puede ser sobrepasado mediante alguna tecnología conocida o aplicable a costos razonables.

Para concluir este capítulo se puede afirmar que pese a las dificultades metodológicas, financieras y técnicas que tuvo esta primera generación de POT tuvo, es importante destacar que la implementación de la Ley 388 de 1997 desató y revivió importantes debates en las municipalidades y en las regiones, que pueden resultar muy significativos para el proceso orgánico de ordenamiento en el país, que debe entenderse como un proceso histórico antes que como una producción normativa. Esto constituye, sin duda, una oportunidad para poner sobre mapas las profundas desigualdades sociales que atentan contra el desarrollo sostenible o equitativo, que puede ser un sinónimo por inaugurar en Colombia.

La Ley 388, su promulgación y el proceso que está generando su implementación, tal vez sin proponérselo está sentando las bases para un proyecto nacional de organización territorial que, sin embargo, no podrá consolidarse como proyecto colectivo hasta tanto cesen la desigualdad y la violencia, factores per-

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turbadores de la colectividad, la nacionalidad, la democracia y, por supuesto, del OT como política social y como técnica de planificación.

Las CAR, tras el eufemismo de evitar ser juez y parte del proceso, han erigido verdaderos obstáculos para el avance de los procesos de ordenamiento territorial municipal, con el agravante de la confusión entre las exigencias técnicas mínimas que hace la Ley 388 de 1997 a cada tipo de POT y el seguimiento rígido de la metodología IGAC por su énfasis ambiental, o con la exigencia de “mínimos” nuevos, construidos como guías por parte de las CAR. Es importante que esta relación de poder se cambie por una de cooperación técnica.

La expedición de esta última ley (388/97) es oportuna en tanto cualquier desarrollo que tenga la Ley Orgánica deberá mantener al municipio y a los territorios tradicionales como células de la organización territorial, y porque ha permitido en algunas regiones ver la pertinencia de alianzas locales entre municipios y ha animado debates en torno a la creación de nuevas áreas metropolitanas y provincias. Sin embargo, opino que la Ley 388 cometió una gravísima omisión, no consideró la existencia de los territorios indígenas.

Por último, no hay que olvidar que como en ninguna otra época de la historia humana, en la actual se ha agudizado la contradicción entre la economía y su expresión más positivista, el desarrollo, y la ecología o su manifestación social, el ambientalismo. Este corto circuito corresponde a la más reciente y para algunos, definitiva crisis del modo de producción capitalista: la crisis ambiental. La naturaleza ha comenzado, por así decirlo a imponer restricciones a la expansión del uso y consumo de recursos naturales por parte del hombre.

Las manifestaciones de esta crisis son diversas pero persisten a lo largo y ancho del planeta; en términos del territorio de la especie humana, puede afirmarse que el modelo espontáneo de ocupación y ordenación del territorio está en crisis. Este ordenamiento espontáneo u organización territorial es un resultado histórico, producto de las relaciones entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. El OT se ha erigido como posibi-

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lidad de cubrir la necesidad de replantear no tanto los estilos, sino la noción misma de desarrollo con base en una intervención racional de las sociedades y los Estados, para conseguir el mejor arreglo espacial posible, reflejo de un orden social más justo y de unas relaciones hombre-naturaleza construidas sobre nuevas bases éticas.

Si se entiende el desarrollo como la materialización de las utopías colectivas de una sociedad, entonces la expresión espacial de este deseo corresponde con la imagen objetivo del territorio, bajo la premisa de que sólo sociedades justas producirán territorios equilibrados y sostenibles.

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débil, local y parcial. Débil en tanto no cuestiona las causas últimas de los problemas ambientales que se encuentran en la generalización del modo de producción capitalista. Local en tanto considera un espacio geográfico cuya sostenibilidad ecológica aporta al propósito global de la sostenibilidad; y parcial en vista de que se propone hacer sostenible uno de los subsistemas de la economía humana: el subsistema urbano, sin tener presente de entrada otros subsistemas: agrarios, industriales, etc. La mayor parte de las acciones de DS urbano se inscribe en las llamadas buenas prácticas (sostenibilidad débil).

CAPÍTULO 5 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN EL VALLE DE ABURRÁ

Cuando se habla de ciudades sostenibles y se recurre a indicadores para evaluar qué tan bien dirigida está la acción de los responsables de tal propósito, es ineludible responder al menos a dos preguntas cuyas posibles respuestas se esbozaron en el capítulo 1: La primera es ¿qué es lo que se quiere hacer sostenible? En primera instancia, la ciudad como tal: la habitabilidad, la gobernabilidad, la productividad y la salud de los ecosistemas. La segunda pregunta es ¿cuál es el ámbito geográfico que debe considerarse como parte de la ciudad que se quiere sostenible? Los indicadores de espacio ecológico ayudan a responder esta pregunta.

Es necesario entonces admitir dos interpretaciones no antagónicas sino complementarias de la sostenibilidad urbana: una interpretación propone que la sostenibilidad urbana es un aspecto del DS que requiere en consecuencia considerar las cuatro dimensiones básicas: sociales, económicas, ecológicas e institucionales. Este enfoque se inscribe en la sostenibilidad

La segunda interpretación de la sostenibilidad urbana se ocupa de establecer el consumo de naturaleza y los efectos que este consumo tiene sobre los ecosistemas locales, regionales y globales, partiendo de afirmar que los sistemas urbanos no son autosuficientes en materiales y energía, como tampoco en reabsorción de desechos. Esta situación, común a muchos sistemas humanos, es crítica en las ciudades gracias a que allí se concentra una gran parte de la población mundial, y por tanto, se genera mucho consumo y producción de desechos en un área proporcionalmente pequeña. Hay también una insistente crítica al consumo humano propio de las ciudades, y un reconocimiento de la desigual distribución de los beneficios de la vida ciudadana entre distintos sectores de población. De allí que esta interpretación se asuma cercana a las ideas de la sostenibilidad fuerte.

En este libro se acepta la complementariedad de estas dos visiones enfrentadas teóricamente (sostenibilidad débil vs. sostenibilidad fuerte), más por la genética de las corrientes ideológicas que les han dado vida (la sostenibilidad positiva-normativa y la sostenibilidad ecológica revolucionaria), que por la incompatibilidad de sus técnicas de análisis, indicadores y propuestas.

De modo que se decidió acoger el marco ordenador modeloflujo-calidad para los Indicadores de Desarrollo Sostenible, IDS (sostenibilidad débil) y un indicador de espacio ecológico, la huella ecológica, como Indicador de Sostenibilidad Ecológica, ISE (sostenibilidad fuerte). Uno de los aportes centrales de este trabajo es haber desarrollado un indicador de tercera generación que es un ajuste al cálculo de la huella ecológica, a partir 123

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de un indicador de condiciones sociales de la población en el área de estudio.

5.1 Indicadores de modelo-flujo y calidad (M-F-C)

De la propuesta original de Diputación de Barcelona (2000) se excluyeron algunos indicadores (tabla 5.1) por considerar que no tienen relevancia en el área de estudio o aun aquellos que pueden ser importantes pero de los que no se cuenta con información suficiente. Con la aplicación de estos indicadores para un año de referencia que, como se explica en cada caso, no es el mismo, se espera hacer un aporte en cuanto a la dotación de un sistema de indicadores con un marco ordenador novedoso, que puede ser de gran utilidad a las autoridades de planificación local.

Su principal virtud consiste en relacionar información de fácil obtención en el área metropolitana de Medellín, información que manejan simultáneamente varias entidades, entre ellas Metroinformación, que es la dependencia encargada de la información de Medellín, pero que también lleva registros de los demás municipios del área; la Contraloría departamental y las Contralorías municipales, en especial la de Medellín que está avanzando en la adopción de un sistema de indicadores y otras entidades del sector privado como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), y la Cámara de Comercio de Medellín, para citar sólo algunas.

INDICADORES DE MODELO

INDICADORES DE FLUJO

1. Intensidad de urbanización de la economía local.

2. Estructura urbana: ocupación urbana del suelo.

3. Estructura urbana: proximidad a servicios urbanos básicos.

4. Estructura urbana: calles de prioridad para peatones.

5. Estructura urbana: desplazamiento y movilidad de la población.

6. Adecuación del planeamiento a la singularidad ecológica del territorio.

7. Protección de espacios de interés natural.

8. Prevención de riesgos ambientales.

9. Población asentada en zonas de alto riesgo no mitigable.

10. Asociacionismo ambiental en el área metropolitana.

11. Gasto metropolitano en medio ambiente.

1. Gasto metropolitano en medio ambiente. Consumo final de energía.

2. Intensidad energética local.

3. Producción local de energías renovables.

4. Recuperación de residuos metropolitanos.

5. Intensidad de producción de residuos de la economía local.

6. Abastecimiento de agua metropolitana.

7. Intensidad de consumo de agua de la economía local.

8. Gestión de aguas residuales.

9. Depuración de aguas residuales.

10. Emisión de contaminantes atmosféricos.

11. Emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero.

Tabla 5.1 Resumen de los indicadores aplicados en cada categoría.

Fuente: elaboración propia.

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INDICADORES DE CALIDAD

1. Ruido.

2. Estado ecológico de los ríos.

3. Superficie forestal quemada.

Lo que pudiera considerarse una desventaja de este modelo, que es su difícil comparación con datos de otras ciudades, no en tanto enfrentar los datos, sino en cuanto a la consecución de un valor de referencia, de modo que los datos obtenidos en el modelo M-F-C son comparables para una misma ciudad año a año. Esto marcaría la evolución de las propuestas de sostenibilidad urbana en el tiempo. Los resultados de los indicadores no se actualizaron a 2007, entre otras razones porque el trabajo en este campo quiere demostrar la aplicación del marco ordenador elegido y proponer una línea base de información, con un año de referencia para cada indicador.

5.1.1 Resultados de la aplicación M-F-C Este trabajo no pretende evaluar el avance de la implementación de la Agenda 21 u otra forma local del DS, por lo que la aplicación de este modelo no se utiliza como base para las conclusiones en cuanto a la evaluación de la sostenibilidad ecológica, como tampoco se hacen comparaciones con otras ciudades.

Precisamente en este aspecto está lo que para algunos podría ser el punto más débil del marco modelo-flujo-calidad; muchos de los indicadores son específicos al área en que se aplican, las comparaciones más importantes que permiten son temporales, evolutivas: muestran cómo marcha la tendencia en cada indicador. Naturalmente que se pueden establecer comparaciones aritméticas con otras ciudades. Ya hay suficientes argumentos en torno a la diversidad de condiciones en que se desarrollan las ciudades en Colombia, como para admitir imitaciones de estándares (no normativos).

Al respecto un ejemplo sencillo: los 150 kilómetros de ciclorrutas de la capital, Bogotá, que se asienta en un altiplano con pendientes suaves y una temperatura media anual alrededor de los 20 ºC, difícilmente pueden ser un estándar para otras ciudades colombianas como Medellín, que sólo tiene un sector plano en el fondo del valle, mantiene una temperatura media anual alrededor de los 24 ºC y una malla vial estructural menos desarrollada. Un pequeño esfuerzo de Medellín (2 millones de habitantes) con una incipiente red de ciclorrutas, poco frecuentada y con problemas de diseño y el estándar respecto a Bogotá (7 millones de habitantes) con una excelente red que

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ha merecido elogios en todo el continente sería mejor en cuanto a metros por habitante.

El Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos de Colombia ya cumple en forma adecuada con las características de un sistema de indicadores comparable entre ciudades, a partir de admitir una concepción normativa de la sostenibilidad. Sin embargo, el observatorio que se estableció por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo consideró únicamente al municipio de Medellín y no a la concentración metropolitana en su conjunto. En tal sentido tanto el M-F-C, como los indicadores de espacio ecológico, abordan la dimensión metropolitana de la sostenibilidad urbana, hasta ahora ausente en el país.

Cada hoja de cálculo de los indicadores contiene en sus celdas: 1. Número de identificación del indicador 2. Nombre del indicador 3. Año 4. Nombre del municipio al cual se le está calculando el indicador 5. Celdas correspondientes a las variables que son utilizadas para calcular el indicador, las cuales cambian según el indicador.

6. Celda con el valor del indicador calculado.

El resultado de la aplicación del marco M-F-C de la Agencia Europea de Medio Ambiente al área metropolitana de Medellín que se muestra a continuación, pretende ser un punto de partida para monitorear la evolución de los indicadores reportados en el tiempo, con la innovación de que la cobertura de los datos es metropolitana. No hay en este resultado otro aporte que datos de escala metropolitana, que están dispersos y tienen desarrollos muy desiguales. Algunos de los datos obtenidos en esta aplicación se usaron posteriormente para el cálculo de los indicadores de espacio ecológico.

a) Indicadores metropolitanos de sostenibilidad urbana. M-F-C Para cada uno de los tres tipos de indicadores (modelo, flujo y calidad), se construyó un libro de Excel, el cual tiene en cada una de sus hojas la abreviatura del indicador que se está calculando; por ejemplo para los indicadores de modelo, el indicador Intensidad de la economía local tiene como nombre “IUEL” en su correspondiente hoja de cálculo (figura 5.1). Esta abreviatura también se visualiza en las hojas metodológicas. Los archivos, las hojas metodológicas y las bases de datos se pueden identificar para cada tipo de indicadores por un color: amarillo para los indicadores de modelo, verde para los de flujo y azul para los de calidad.

Figura 5.1 Ejemplo de los libros de Excel, base de datos.

Fuente: elaboración propia.

Lo práctico de utilizar este tipo de bases de datos es que, a medida que se introducen los valores de las variables, el indicador se calcula automáticamente. Este procedimiento se realizó para cada uno de los municipios del área metropolitana del valle de Aburrá; así al final la aplicación recalcula, también automáticamente, el valor general del indicador para el área metropolitana.

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La base de datos además de autocalcular los indicadores, permite generar un gráfico actualizado que muestra la tendencia del indicador año a año. Tanto las hojas metodológicas como la base de datos cuentan con un hipervínculo que las integra y permite que se acceda a ambas automáticamente para visualizar su relación; este hipervínculo se halla en la hoja metodológica en el link Cálculo. El gráfico de tendencia que se encuentra en las hojas metodológicas también está vinculado con los archivos de Excel, por lo cual se actualiza automáticamente al realizar cambios en la base de datos (figura 5.2).

Figura 5.2 Estructura general de las hojas de cálculo, base de datos.

Fuente: elaboración propia.

Las series de datos que alimentan cada indicador se muestran en la hoja de cálculo correspondiente. Algunos indicadores solamente muestran un valor de referencia inicial que constituye la línea base.

Para la aplicación del MFC se diseñó una hoja metodológica basada en la experiencia de varias entidades del orden nacional en Iberoamérica. Se optó finalmente por adaptar la hoja metodológica chilena de Conama48. La hoja metodológica permite apreciar los datos relevantes del cálculo, las fuentes, los 48. Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama)

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resultados y la interpretación de cada indicador por separado.

La estructura general de la hoja de cálculo aplicada se presenta en la tabla 5.2 INDICADOR NO.

NOMBRE DEL INDICADOR (ABREVIATURA DEL INDICADOR)

Tipo

Indicador de modelo, flujo, calidad e indicador de presión, estado, respuesta

Cobertura

Define el ámbito de aplicación geográfica. Área Metropolitana del valle de Aburrá y/o municipal

Descripción

Es la explicación breve de qué mide el indicador y cuál es su propósito.

Utilidad

Se explica la importancia que tiene el indicador en los procesos de planificación y toma de decisiones.

Tendencia Muestra la tenencia deseada y la observada del indicador

Unidades Hace referencia a las unidades en que se mide el indicador; puede tratarse de porcentajes, hectáreas, etc.

Serie Es la serie de tiempo en la que se encuentran datos del indicador

Periodicidad Frecuencia con la que se obtiene la información anual o semestral

Fuente estadística

Nombre de personas, instituciones, grupos y/o documentos que contienen información a partir de la cual es posible extraer datos útiles para generar y construir el indicador.

Datos de cálculo

Se describe cada una de las variables que incide directamente en el valor del indicador y que están incluidas en la fórmula del indicador. Aquí también se presentan los datos obtenidos por variable para el último año calculado.

Fórmula de cálculo

Es la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. Esta fórmula deberá contener las variables que inciden directamente en el resultado del indicador.

Cálculo

Muestra los valores del indicador en el último año calculado.

Observaciones

Se anotan todas aquellas observaciones importantes y determinantes del indicador; estas pueden ser aclaraciones, políticas implementadas, etc.

Calidad de los datos

Se aclara por variables si la información está consecutiva, si fue necesario realizar un ajuste o proceso estadístico. Esto permitirá tomar acción para el mejoramiento de la información necesaria para el cálculo del indicador.

Gráfico de la serie de datos

Muestra la tendencia del indicador por medio de un gráfico de columna agrupada, que compara los datos del indicador año a año. Este gráfico de tendencia está vinculado con una base de datos en Excel y se actualiza automáticamente cuando se realizan cambios en esta.

Representación cartográfica

Muestra gráficamente los datos del indicador en cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana del valle de Aburrá. Esta es una visualización de la aplicación del Sistema de Información Geográfica (ArcView 3.1, para el caso).

Tabla 5.2 Hoja metodológica propuesta para la aplicación de indicadores.

Fuente: elaboración propia.

Con los criterios ya expuestos de información disponible y utilidad del indicador, se seleccionaron los indicadores de cada grupo: modelo (M), flujo (F) y calidad (C). Las hojas metodológicas de cada indicador se presentan a continuación; en cada indicador se escribe el parentesco con el marco ordenador P-E-R. En las hojas de cálculo las figuras, tablas, fotografías y

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mapas no guardan la secuencia del libro. Se han numerado cuando se requiere en cada ficha con un código que contiene el número del indicador seguido de una letra y un número que corresponden al orden dentro de cada hoja de cálculo.

INDICADOR 1.

INTENSIDAD DE URBANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL (IUEL) INTENSIDAD DE URBANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL AÑO 1998 IUEL

INDICADOR 1.

INTENSIDAD DE URBANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL (IUEL) GIRARDOTA

Tipo

Indicador de modelo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Estima la intensidad de ocupación urbana del suelo a partir de la relación entre la tasa anual de ocupación urbana y el producto interno bruto metropolitano. Este indicador pretende ver la eficiencia de los procesos económicos del municipio en relación con el consumo del suelo.

Utilidad

Permite interpretar la riqueza económica desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Tendencia Deseada: Disminución Observada: Aumento

Unidades m2 de suelo construido / millones de pesos

Fuente Estadística

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Departamento de Planeación de Antioquia Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos del valle de Aburrá Universidad Nacional de Colombia Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)

Datos de cálculo

BELLO COPACABANA

Serie 1997-1998

Representación cartográfica

UNIDAD: M2 DE SUELO CONSTRUIDO/ MILLONES DE PESOS

W

INDICADOR 2.

Cálculo

(1.052.055 m2 – 906.210 m2)/95.892’560.000 millones = 1,52 m2 / $ millón

Observaciones

No se dispuso de datos precisos sobre el grado de aprovechamiento del suelo programado para la construcción, pero datos de Camacol permitieron estimar el número de m2 construidos en el año de referencia (2000).

Vt: suelo construido en vivienda y otros usos: esta variable no se encuentra para todos los años en cada municipio del área metropolitana, por lo que los resultados hasta ahora no son consistentes con la serie de datos PIB: Producto Interno Bruto (PIB) metropolitano: los valores obtenidos para este trabajo se tomaron de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2001, por lo que los datos se encuentran hasta el año 2000, desagregados por municipios.

La representación cartográfica muestra los valores de IUEL metropolitano y para los municipios con datos para el año

INTENSIDAD DE URBANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL 2,000

Indicador de modelo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Este indicador muestra como resultado la relación entre la superficie total del área y su potencial urbano.

Evalúa el potencial de ocupación urbana del suelo a pa rtir de la determinación de la superficie urbana o que se prevé ocupar con relación a la superficie total del área.

Utilidad

Puede ser muy útil para definir los objetivos de crecimiento del suelo urbano que deben incorporarse en las futuras revisiones de planeación urbanística.

Tendencia Deseada: disminución Observada: aumento

IUEL (m2/MILLÓN)

1998

1999

Datos de cálculo

Para el año 2003: Sua: superficie urbana actual = 171,753 km2 Sup: superficie urbanizable planificada = 0,346 km2 St: superficie total = 1.152 km2

Fórmula de cálculo 2,000

Sua + Vup *100 St ((171,753 km2 + 0,346 km2) / 1.152 km2) * 100 = 14,94%

Observaciones

Esta aparente baja ocupación del territorio no considera el proceso de suburbanización activo y creciente en el valle de Aburrá.

No tiene en cuenta procesos de urbanización del suelo rural.

Calidad de los datos

Sua: superficie urbana actual: existen series completas de datos para el periodo.

Sup: superficie urbanizable planificada: existen series completas de datos para el periodo.

St: superficie total: establecida en los POT de cada municipio.

-4,000 AÑOS

Periodicidad Anual

Calculo

-2,000 -3,000

Serie 1998-2003

Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Anuario Estadístico Metropolitano del valle de Aburrá (1998-2002) Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del valle de Aburrá

1, 521

-3,257

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

1,000 -0,272

ESTRUCTURA URBANA: OCUPACIÓN URBANA DEL SUELO (IOUS)

Tipo

1998.

-1,000

E

S

Vt — Vt — 1 PIB

Gráfico de la serie de datos

N

CALDAS

Para el año 2000 (agregado metropolitano) Vt: Suelo construido en vivienda y otros usos año X = 1.052.055 m2 Vt-1: Suelo construido en vivienda y otros usos año X-1= 906.210 m2 PIB: Producto Interno Bruto (PIB) metropolitano año X = 95.892’560.000

0,000

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

Periodicidad Anual y quinquenal

Fórmula de cálculo

Calidad de los datos

BAR = 15,907 BEL = -5,803 CAL = -10,83 COP = 28,617 ENV = 7,592 GIR = -4,23 ITA = -3,0 LES = -19,24 MED = -0,449 SAB = 11,78

BARBOSA

127

librolaciudadsostenible.indb 127

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INDICADOR 2.

ESTRUCTURA URBANA: OCUPACIÓN URBANA DEL SUELO (IOUS)

INDICADOR 3.

ESTRUCTURA URBANA: PROXIMIDAD A SERVICIOS URBANOS BÁSICOS (IPSUB) MUNICIPIOS

DENSIDAD TOTAL (HAB./HA)

DENSIDAD CABECERA (HAB./HA)

1,8

99,4

BELLO

24,8

266,7

CALDAS

4,6

358,6

COPACABANA

7,9

100,2

ENVIGADO

32,1

133,2

14,00

GIRARDOTA

4,8

55,1

13,50

ITAGÜÍ

153,2

259,9

LA ESTRELLA

15,1

141,8

SABANETA

25,3

108,1

MEDELLÍN

53,1

174,3

VALLE DE ABURRÁ

27,0

178,6

ESTRUCTURA URBANA: OCUPACIÓN URBANA DEL SUELO 17,00

16,72

BARBOSA

16,50

15,50

15,22 14,94

14,87

14,79

15,00 14,32

14,50

13,00

1998

1999

2000

2001

2003

2002

Datos de cálculo

AÑO

ESTRUCTURA URBANA: OCUPACIÓN DEL SUELO AÑO 2003

IOUS BAR = 0,85% BEL = 12,28% CAL = 2,03% COP = 6,37% ENV = 21,62% GIR = 6,25% ITA = 61,54% LES = 8,51% MED = 29,11% SAB = 28,21%

BARBOSA GIRARDOTA BELLO COPACABANA

Representación cartográfica

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

Fórmula de cálculo

UNIDAD: PORCENTAJE N

CALDAS W

E

INDICADOR 3.

(3’025.339 hab./3’213.471 hab.) * 100 = 94,15 %

Observaciones

Como la mayoría de la población está concentrada en las zonas urbanas, el indicador muestra que un alto porcentaje de población cuenta con acceso a los servicios básicos.

Ponderación por área: urbana (entre áreas urbanas) en la gráfica y en la representación cartográfica.

Calidad de los datos

Los datos de población son tomados de las proyecciones realizadas por el DANE a partir de los resultados del censo de 1993. Es importante recordar que en la actualidad la población en los municipios del valle de Aburrá ya sobrepasó en muchos casos las proyecciones realizadas por el DANE.

ESTRUCTURA URBANA: PROXIMIDAD A SERVICIOS URBANOS BÁSICOS (IPSUB) Indicador de modelo y estado

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Este indicador estima la población metropolitana que vive en una densidad de entre 55 y 550 habitantes por hectárea, y que tiene acceso, como mínimo, a seis tipos de equipamientos o servicios básicos. Evalúa, además, la compactación urbana y la mixtura de usos, pues la tendencia hacia modelos urbanos compactos y mixtos podría ser un exponente de un territorio que avanza hacia la sostenibilidad.

Utilidad Tendencia Deseada: aumento Observada: aumento

Fuente estadística

librolaciudadsostenible.indb 128

Pd55 — 550 *100 PM

Cálculo

S

Tipo

Permite ver la incorporación como política metropolitana de que el conjunto de la población tenga fácil acceso y cercanía a servicios básicos.

Unidades Porcentaje

Serie 1998-2004

Periodicidad Bienal

Tabla 5.3 Densidades urbana y total en el vale de Aburrá.

Seis servicios básicos y equipamientos definidos por el indicador: Colegios (primaria y secundaria) Jardines, parques, plazas y espacios verdes y de uso público Centros de salud y hospitales Abastecimiento alimentario Transporte público Espacios culturales y de ocio (teatros, cines, bibliotecas, polideportivos, etc.).

Para el año 2004: Pd55-550: población con densidad entre 55 y 550 hab./ha. Con 6 servicios básicos = 3’025.339 hab.

PM: población total metropolitana = 3’213.471 hab.

ESTRUCTURA URBANA: PROXIMIDAD A SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

Gráfico de la serie de datos

IPSUB (%)

Gráfico de la serie de datos

OUS (%)

16,00

94,30 94,20 94,10 94,00 93,90 93,80 93,70 93,60 93,50 93,40 93,30 93,20

94,21 94,11 94,00 93,90 93,79 93,69 93,59

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

AÑO

Anuario Estadístico de Antioquia (1998-2003) Anuario Estadístico Metropolitano del valle de Aburrá (1998-2002) Departamento de Planeación de Antioquia Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

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INDICADOR 3.

ESTRUCTURA URBANA: PROXIMIDAD A SERVICIOS URBANOS BÁSICOS (IPSUB)

Calidad de los datos

ESTRUCTURA URBANA: PROXIMIDAD A SERVICIOS URBANOS BÁSICOS AÑO 2004

La mayoría de los municipios del área metropolitana no cuentan aún con datos que permitan alimentar este indicador, solo el municipio de Medellín posee información sobre ciclo rutas.

Los datos de la variable STVU se pueden mejorar con los datos suministrados en un futuro por los municipios.

IPSUB BAR = 42,45% BEL = 98,24% CAL = 88,35% COP = 85,54% ENV = 93,31% GIR = 58,80% ITA = 97,99% LES = 86,26% MED = 95,54% SAB = 82,74%

BARBOSA GIRARDOTA BELLO COPACABANA

Representación cartográfica

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

Imagen

UNIDAD: PORCENTAJE N

CALDAS W

Calle de uso exclusivo para peatones.

E

S

INDICADOR 5.

INDICADOR 4.

ESTRUCTURA URBANA: CALLES CON PRIORIDAD PARA PEATONES (ICPP)

Indicador de modelo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Permite conocer el tipo y la estructura de la movilidad interna y externa del área metropolitana y evaluar el peso específico de los desplazamientos en vehículo privado. La movilidad tiene una repercusión clara en la calidad de vida de los ciudadanos (ruido, contaminación atmosférica, inseguridad viaria, ocupación del espacio público, etc.), en el consumo total de energía y el aumento de infraestructura vial, y todo ello condiciona la sostenibilidad del modelo actual de movilidad.

Hacer un diagnóstico útil para impulsar acciones municipales y metropolitanas encaminadas a reducir el uso del vehículo privado, potenciar la utilización del transporte público y favorecer los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Tipo

Indicador de modelo y estado

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Evalúa la superficie de vías urbanas con algún grado de moderación de la circulación (zonas para peatones, zonas de prioridad invertida, zonas 30) respecto a la superficie de la red viaria urbana total.

Utilidad

Determina la importancia que tiene el espacio para peatones con el objetivo de limitar el tránsito de vehículos a favor de los desplazamientos a pie o en bicicleta. La representación física del indicador permite diferenciar la importancia de este tipo de movilidad.

Utilidad

Tendencia Deseada: aumento

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Anuario Estadístico de Antioquia Departamento de Planeación de Antioquia Oficinas de Planeación de los municipios del valle de Aburrá

Tendencia Deseada Disminución

Datos de cálculo

Datos para el año 2003: SP: superficies peatonales = 3.57 km PI: prioridad invertida: kilómetros de ciclorrutas proyectadas para el año X = 6.2 km Z30: zonas 30 STVU: superficie total de la red viaria urbana: (4.25 km./km2 * 16.30 km2) = 69.275 km Extensión de la red vial metropolitana: densidad de la malla vial. = 4.25 km./km2 Área urbana =16.30 km2 SVMC: superficie viaria con modelación de la circulación (superficies peatonales, zonas 30, prioridad invertida)

Fórmula de cálculo

SP + PI + Z30 STVU

Serie 2003

*100 ó

Periodicidad Anual

ΣSVMC STVU

*100

Cálculo

(3.57 km. + 6.2 km. / 69.275 km.) * 100 = 14,10 %

Observaciones

Es la proporción sobre la base de la proyección de rutas ciclísticas que se construye actualmente en la ciudad de Medellín.

Las zonas peatonales han ganado espacio en los centros urbanos de los municipios del área metropolitana, pero aún no conforman circuitos o rutas que contribuyan a la movilidad urbana.

No se encuentran datos sobre los desplazamientos a pie o en bicicleta.

ESTRUCTURA URBANA: DESPLAZAMIENTO Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN (IDMP)

Tipo

Unidades Porcentaje

Serie 2003

Periodicidad Quinquenal

Fuente estadística

Anuario Estadístico Metropolitano SIAU Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Datos de cálculo

Datos para el año 2003: número de desplazamientos de vehículos privados (sin contar motos): K1: número de kilómetros recorridos por transporte privado al día. = 4.545.113 K2: número de kilómetros recorridos por transporte público al día. = 5.507.659 K3: número de kilómetros recorridos a pie al día = 0.5 km./persona/día, 1.527.873 Kt: número de kilómetros recorridos totales (público, privado, a pie) = 11.580.645

Fórmula de cálculo

K1 3

Kt = Σ K i=1 i

*100

Cálculo

(4.545.113 / 11.580.645 km/día ) = 39,25%

Observaciones

Medellín y el área metropolitana aún no enfrentan un gran caos en el tránsito, aunque en horas pico se dificulta el tránsito hacia el sur del valle (la zona donde vive la población de más altos ingresos), por lo que se ha implementado un sistema de reducción de movilidad vehicular llamado “pico y placa”. En los demás municipios del área esta iniciativa aún no se considera.

Calidad de los datos

La mayoría de los municipios del área metropolitana no cuenta con datos que permitan alimentar este indicador. Los datos de cálculo son un estimativo a partir de los datos agregados encontrados en toda el área metropolitana.

No se hallaron datos sobre número de desplazamientos en bicicleta, pero seguramente incrementarán si se concluye la construcción de las ciclo rutas.

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26/3/10 08:35:10

Imagen

Imagen

Ciclorrutas en Medellín

INDICADOR 6.

Panorámica del valle de Aburrá desde el norte

ADECUACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE LA SINGULARIDAD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO (IAPSET)

Tipo

Indicador de modelo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Calcula la superficie de especial valor ecológico clasificada como suelo urbanizable en el planeamiento vigente respecto a la superficie total de espacios de especial valor ecológico metropolitano. Este indicador evalúa si el planeamiento urbanístico da suficiente importancia a los espacios que la propia comunidad considera de interés.

Utilidad

Reconocimiento y determinación por parte de las administraciones de aquellos espacios que se consideren de interés ecológico.

Tendencia Deseada: Aumento

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Proyecto Sistema de Especialidades Públicas en el valle de Aburrá

Datos de cálculo

Este dato corresponde a las áreas reconocidas como de especial valor ecológico en suelo urbano, que están presionadas por procesos de urbanización: cerro El Volador, Jardín Botánico, Vivero Municipal. Se adicionó la llanura de inundación del río Aburrá desde el parque Tulio Ospina (Bello) hasta El Hatillo (Barbosa) con una extensión aproximada de 5.1 Km2 en vista de que el Plan de Desarrollo Metropolitano PID ha previsto canalizar el río para habilitar la mayor parte de estos suelos para urbanización y vías.

Datos para el año 2002: SVE: superficie de especial valor ecológico en suelo urbano y rural = 381.907,38 ha.

SVEU: superficie de especial valor ecológico en suelo urbanizado y urbanizable = 904 ha.

Serie 2002

SVEU SVE

Periodicidad Anual

Fórmula de cálculo

100 —

Cálculo

100 - (904 ha / 381.907,38 ha) * 100 = 99,76%

Observaciones

El alto grado de adecuación a la singularidad ecológica del territorio se explica porque se han dejado áreas de cierta importancia dentro del suelo urbano consolidado y en razón de que no hay una investigación sistemática que indique “el deber ser” en esta materia.

Calidad de los datos

La mayoría de los municipios del área metropolitana no cuenta con datos que permitan alimentar este indicador de forma municipal, por lo que este se construye en forma consolidada para el área metropolitana gracias a los datos encontrados en el Proyecto Sistema de Especialidades Públicas en el valle de Aburrá.

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INDICADOR 7.

PROTECCIÓN DE ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL (IPEIN)

Tipo

Indicador de modelo y respuesta

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Evalúa la superficie de espacios de interés natural del municipio que gozan de algún tipo de protección con relación a la superficie de espacios de especial valor ecológico presentes en el territorio. Este indicador muestra el nivel de protección jurídica de que gozan los espacios de especial valor ecológico en el territorio metropolitano.

Utilidad

Reconocimiento y determinación de aquellos espacios que se consideren de interés, para que en el momento de planificar sean tenidos en cuenta.

Tendencia Deseada: aumento

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Proyecto Sistema de Espacialidades Públicas en el valle de Aburrá

Datos de cálculo

Datos para el año 2002: Snp: espacios naturales con algún tipo de protección = 21.973 ha Sve: lugares de especial valor ecológico en suelo urbano y rural = 381.907,38 ha

Fórmula de cálculo

Serie 2002

Periodicidad Anual

Snp *100 Sve

Cálculo

(21973 ha / 381.907,38 ha) * 100 = 5,75%

Observaciones

Este resultado refleja en buena medida la descoordinación de las autoridades ambientales urbanas y rurales que están separadas en los grandes centros urbanos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. La consecuencia de ello se manifiesta como un fraccionamiento en la administración del territorio metropolitano (urbano/rural) que tiene graves consecuencias para la sostenibilidad ecológica.

El desconocimiento de la ley y la falta de inventarios actualizados pueden excluir algunas áreas, de interés natural, en el momento de planificar el territorio.

Calidad de los datos

La mayoría de los municipios del área metropolitana no cuenta con datos que permitan alimentar este indicador de forma municipal, por lo que este se construye en forma consolidada para el área metropolitana gracias a los datos encontrados en el Proyecto Sistema de Especialidades Públicas en el valle de Aburrá.

*100

26/3/10 08:35:12

Datos de cálculo

Fórmula de cálculo Imagen

La llanura de inundación del río a la altura del corregimiento de El Hatillo no cuenta con protección específica mediante figura legal, más que el “retiro obligatorio” que no se tiene en cuenta. Nótense los pastos manejados hasta la orilla del río.

INDICADOR 8.

Datos para el año 1999: RPOT: el número de riesgos ambientales contemplados comúnmente en los POT: 3 (inundaciones, riesgos geológicos, incendios forestales) RPM: número total de riesgos ambientales potenciales: 12

RPOT RPM

*100

Cálculo

( 3,3 / 12 ) * 100 = 27,5 %

Observaciones

Este indicador describe una situación común en Colombia: no hay conciencia plena de los riesgos de tipo tecnológico, y aun cuando se considera riesgo de origen natural, la amenaza sísmica por su baja recurrencia, normalmente no se tiene en cuenta. El devastador terremoto de Armenia es una prueba de ello. Las nuevas construcciones deben cumplir el código de sismorresistencia, pero la mayor parte de las edificaciones de las ciudades en el país no se levantaron con esta previsión. Otro problema importante se expresa en que la definición de riesgos aún no está claramente definida en la legislación colombiana.

Calidad de los datos

La información encontrada es la estipulada en los POT de los municipios del área metropolitana. En la revisión actual de estos planes quizás se contemplen nuevos riesgos, como los riesgos tecnológicos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES AÑO 1999

PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES (IPRA)

Tipo

Indicador de Modelo y Respuesta

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Evalúa el nivel de prevención de riesgos ambientales en el área metropolitana y determina el número de los mismos contemplados en los diferentes planes de prevención con relación al número total de riesgos potenciales en el territorio.

Utilidad

Este indicador evalúa las medidas contempladas para la prevención de los riesgos ambientales potenciales que pueden afectar al territorio metropolitano, tanto de origen natural como humano; además relaciona todas las acciones de protección y prevención de riesgos.

Tendencia Deseada: aumento

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Contraloría de Medellín Planes de Ordenamiento Territorial

Serie 1999

Periodicidad Anual

IPRA

GIRARDOTA

1992

COPACABANA

Representación cartográfica MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

UNIDAD: PORCENTAJE

272

408

Número de deslizamientos

80

1.148

N

CALDAS

1999

Número de inundaciones

CAL = 41,67% COP = 25,00% ENV = 33,33% GIR = 16,67% ITA = 33,33% LES = 25,00% MED = 25,00% SAB = 25,00%

BELLO

La siguiente tabla muestra algunos de los eventos naturales que generan riesgos más recurrentes en Medellín.

Eventos naturales que generaron desastres en Medellín (1992 y 1999) Número de desastres

BAR = 16,67% BEL = 33,33%

BARBOSA

W

E

S

Se ha entendido que en el valle de Aburrá los planes de prevención se ajustan al tipo de riesgos detectados en los POT, además de las infraestructuras de contingencia: equipos, personal, que atienden las emergencias de diversa índole.

El número de riesgos ambientales contemplados comúnmente en los POT es tres (inundaciones, riesgos geológicos, incendios forestales). Solamente en algunos POT se habla de otro: contaminación atmosférica.

Un resumen de los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia, según la opinión de los funcionarios del Sistema Municipal de Atención y Prevención de Desastres (Simpad), se muestra en la tabla siguiente:

Tipo

Indicador de modelo y presión

Riesgos ambientales potenciales

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Este indicador muestra el porcentaje de población asentada en zonas de alto riesgo con relación a la población total asentada en el área metropolitana del valle de Aburrá.

Utilidad

Permite conocer la magnitud de la ocupación de zonas de alto riesgo, y de esta forma priorizar planes de reubicación; igualmente, la urgencia de controlar los asentamientos de desarrollo incompleto en estas zonas.

Tendencia Deseada: disminución

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Anuario Estadístico de Antioquia, 2001 Planes de Ordenamiento Territorial Municipios del valle de Aburrá.

Datos de cálculo RIESGOS NATURALES

Inundaciones y avalanchas Riesgo geológico (deslizamientos, caída de rocas, sismos) Incendios forestales

RIESGOS SANITARIOS

Contaminación atmosférica Exposición a materiales tóxicos

RIESGOS ANTRÓPICOS

Incendios urbanos e industriales Explosiones Desmoronamiento de infraestructuras y edificios Aglomeraciones y colapso (pánico de multitudes) Accidentes aéreos Accidentes de tránsito Contaminación electromagnética

INDICADOR 9.

POBLACIÓN ASENTADA EN ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE (IPAZRNM)

Serie 2001

Periodicidad Anual

Fuente: elaborado con datos de Simpad (2003).

131

librolaciudadsostenible.indb 131

26/3/10 08:35:14

La siguiente tabla muestra el número de viviendas y la población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable.

Viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable en el valle de Aburrá. 2001.

VIVIENDAS

MUNICIPIO

URBANA

RURAL

MEDELLÍN

23.112

477

BARBOSA

56

103

1.500 120 44

ENVIGADO GIRARDOTA

NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS

TOTAL

URBANO

RURAL

23.589

115.560

2.385

117.945

159

280

618

898

0

1.500

7.500

0

7.500

240

360

754

1.560

2.314

173

217

165

865

1.030

141

80

221

522

222

744

6

25

31

30

155

185

909

158

1.067

4.545

790

5.335

LA ESTRELLA

85

615

700

425

3.075

3.050

SABANETA

30

10

40

178

68

245

26.003

1.881

27.884

129.959

9.738

139.697

BELLO CALDAS Datos de cálculo

TOTAL

COPACABANA

ITAGÜÍ

VALLE DE ABURRÁ

PR: número de personas asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable = 139.697 hab.

PM: población total asentada en el área metropolitana = 3’056.016 hab.

Fórmula de cálculo

INDICADOR 10.

ASOCIACIONISMO AMBIENTAL EN EL ÁREA METROPOLITANA (IAAM)

Tipo

Indicador de modelo y respuesta

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Determina el número de afiliados a asociaciones de carácter ambientalista registradas en el área metropolitana.

Se considera como tal asociación aquella que en sus estatutos contempla la mejora y la protección del medio ambiente.

Utilidad

Este indicador permite tener una idea de la capacidad asociativa del territorio a partir de la determinación de la cantidad de ciudadanos asociados a entidades de carácter ambientalista. Puede generar el interés por desarrollar instrumentos que faciliten la participación ciudadana en la materia.

Tendencia Deseada: Aumento Observada: Disminución

Unidades Porcentaje

Serie 1998-2004

Periodicidad Anual

Fuente estadística

Codesarrollo Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Datos de cálculo

De acuerdo con los datos de ONG en el directorio de Codesarrollo se asume un promedio de 20 miembros por organización.

Se estableció que 8 ONG se tienen un promedio de 40 miembros por organización.

Datos para el año 2004: Coodesarrollo tiene un censo para 2004 de 40 organizaciones ambientalistas.

AAA: número de afiliados a asociaciones ambientales en el área metropolitana = 960 32 organizaciones *20 afiliados = 640 8 organizaciones *40 afiliados = 320 PM: población total asentada en el área metropolitana = 3’099.964 hab.

PR *100 PM

AAA *100 PM

Cálculo

(139.697 hab./3’056.016 hab.)*100 = 4,57%

Fórmula de cálculo

Observaciones

Este porcentaje de población se traduce en 26.000 viviendas aproximadamente, que deben ser reubicadas en área urbana y rural.

No se realizan periódicamente censos que indiquen cuántas personas están ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Los riesgos considerados son geológicos e hidrológicos. Al no considerar el número total de riesgos posibles, el resultado es optimista.

Cálculo

(960 afiliados / 3’099.964 hab.) * 100 = 0,31% afiliados / por mil habitantes, 1 afiliado a una ONG ambientalista por cada 3.000 habitantes.

Observaciones

Se observa muy poco asociacionismo ambiental en el área; esto debido a la falta de registros legales de las asociaciones ambientales que trabajan activamente y además a la poca conciencia de los ciudadanos en cuanto a sus posibilidades de incidencia en cuestiones ambientales. Pesimismo por la demora, bien justificada, y además existen muchas asociaciones comunitarias y barriales no registradas legalmente.

Calidad de los datos

Los datos encontrados en Codesarrollo sobre las organizaciones ambientales dentro del área metropolitana no están consecutivos en el tiempo; se encontraron datos para el año 1998, 2001, 2004.

Los datos encontrados son sobre las organizaciones, no sobre el número de personas afiliadas, por lo que es necesario realizar una estimación del promedio de personas vinculadas a estas organizaciones. Además los datos encontrados no están discriminados para cada uno de los municipios, por lo cual se usaron consolidados para el área metropolitana.

Calidad de los datos

PR: número de personas asentadas en zonas de alto riesgo no mitigable: para esta variable solo se encontraron datos para el año 2001.

PM: población total asentada en el área metropolitana: esta variable cuenta con información hasta el año 2003.

POBLACIÓN ASENTADA EN ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE AÑO 2001

ASOCIACIONISMO AMBIENTAL EN EL ÁREA METROPOLITANA

IPAZRNM

GIRARDOTA BELLO COPACABANA

Representación cartográfica

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

0,45 0,40

0,40 0,36

0,35

Gráfico de la serie de datos

IAAM (%)

BAR = 2,39% BEL = 2,08% CAL = 3,42% COP = 1,89% ENV = 0,48% GIR = 0,50% ITA = 2,12% LES = 6,82% MED = 5,89% SAB = 0,67%

BARBOSA

0,30

0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

1998

ND

ND

1999

2000

2001

ND

ND

2002

2003

2004

AÑOS

UNIDAD: PORCENTAJE N

CALDAS W

E

S

librolaciudadsostenible.indb 132

26/3/10 08:35:15

INDICADOR 11.

GASTO METROPOLITANO EN MEDIO AMBIENTE (IGMMA)

GASTO METROPOLITANO EN MEDIO AMBIENTE AÑO 2002

Tipo

Indicador de modelo y respuesta

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Determina el gasto metropolitano o municipal en medio ambiente con relación al gasto metropolitano corriente. La proporción de gasto municipal que se destina a asuntos relacionados con el medio ambiente es un buen indicador de la prioridad que se confiere a los aspectos ambientales y a los criterios de sostenibilidad.

Utilidad Tendencia Deseada: Aumento Observada: Aumento

Fuente estadística

Datos de cálculo

Fórmula de cálculo

Este indicador considera el gasto en medio ambiente desde la perspectiva global e incorpora todos los conceptos que guardan relación con el metabolismo metropolitano y la ecología urbana (gestión de recursos naturales, movilidad, protección y gestión del medio natural, etc.)

Unidades Porcentaje

Serie 1998-1999; 2002

Periodicidad Anual

GIRARDOTA

CAL = 1,60% COP = 0,97% ENV = 3,40% GIR = 3,08% ITA = 2,32% LES = 0,50% MED = 22,47% SAB = 9,60%

COPACABANA

Secretarías de Hacienda Municipios de Medellín. Área metropolitana del valle de Aburrá Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2002) Anuario Estadístico Metropolitano del valle de Aburrá (1998-2002)

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

UNIDAD: PORCENTAJE N

CALDAS

Datos para el año 2002: GMA: presupuesto definitivo para gasto en medio ambiente = $ 205’681.189 GT : presupuesto definitivo para gasto total de los municipios = $ 1.126’080.189

W

E

S

GMA *100 GT ($ 205’681.189 / $ 1.126’080.189) * 100 = 18,27%.

Observaciones

En medio de las imprecisiones propias respecto a lo que se entiende por gasto en medio ambiente, puede decirse que este tipo de inversión estatal viene creciendo en Colombia. En lo ambiental resucita de algún modo el estado de bienestar. La reciente transformación del antiguo Ministerio del Medio Ambiente a Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ha adscrito a esta entidad temas como la vivienda y el saneamiento básico. Es previsible que el gasto ambiental crezca en los municipios en los próximos años, pero más por el efecto de la incorporación de nuevos temas que por la intención de crecer este rubro de inversión.

Este indicador no contempla el conjunto de aspectos sociales, como el gasto en protección social, salud, educación, etc., que desempeñan un papel clave en la estrategia de sostenibilidad.

Los datos para la variable GMA (presupuesto definitivo para gasto en medio ambiente) muchas veces no se encuentra diferenciado de otras actividades, sino que son contemplados en los gastos de diferentes dependencias administrativas, como las oficinas de planeación, obras públicas, educación, etc.

Se debe tener en cuenta el gasto que cada entidad territorial considera un “gasto ambiental”

IGMMA (%)

GASTO METROPOLITANO EN MEDIO AMBIENTE

Gráfico de la serie de datos

BAR = 6,47% BEL = 6,47%

BELLO

Representación cartográfica

Cálculo

Calidad de los datos

IGMMA BARBOSA

20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

18,27

INDICADOR 12.

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Mide el consumo final de energía teniendo en cuenta todos los tipos de energía usados en el territorio: energía eléctrica (EE), gas natural (GN), gases licuados de petróleo (GLP), combustibles líquidos (CL) y energías de producción local (EPL).

Este indicador se expresa en toneladas equivalentes de petróleo (TEP) por habitante y año y en kilovoltios hora (Kwh) por habitante y año.

Utilidad

Este indicador está muy relacionado con los de modelo de estructura urbana, ya que el consumo de energía está estrechamente ligado a la configuración urbana.

Evalúa el flujo energético a partir del consumo final de energía.

Tendencia Deseada: Mantenimiento y disminución.

Observada: Disminución

1998

1999

ND

ND

2000

2001

AÑO

Unidades KW-hora/hab./año

Serie 1998-2003

Periodicidad Anual

Fuente Estadística

Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

EPM Sistema Único de Información (SUI) Superintendencia de Servicios públicos.

Datos de cálculo

Datos para el año 2001: EE: consumo total de energía eléctrica en el valle de Aburrá. Total (miles de KW-hora) = 6.054´341.000 GL: consumo de combustibles líquidos 209.412 Kg./hab./año. Total (miles de KW-hora) = 7´110.109,793 C: Consumo de carbón mineral 137,180 Kg./hab./año. Total (miles KW-hora) = 0,08126 consumo final de energía = 13.164´587.973 KW-hora. /año.

14,38 10,45

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA (ICFE)

Tipo

2002

Fórmula de cálculo

Cálculo

EE + GL + C PM (Consumo total de energía 13.164’587.973 KW-hora./año./3´160.735 hab.) = 4.307,76 KW-hora./hab./año

133

librolaciudadsostenible.indb 133

26/3/10 08:35:17

Calidad de los datos

Los datos de EE: consumo total de energía eléctrica, GL: consumo de combustibles líquidos, C: consumo de carbón mineral, solo se encontraron para el año 2001. Para los otros años solo se hallaron datos sobre el consumo total de energía eléctrica, por lo que en la tendencia se muestra un cambio abrupto para el año 2001.

Los datos sobre población son los encontrados en las proyecciones del DANE, con base en el censo de 1993.

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA

INDICADOR 13.

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Este indicador es una aproximación a la eficiencia energética local basada en la determinación del consumo total de energía con relación al producto interno bruto (PIB) metropolitano. El objetivo de este indicador es conocer más a fondo el funcionamiento del territorio, y sobre todo la eficacia conseguida en la utilización de la energía para la producción de bienes económicos.

Utilidad

Analiza la relación entre el consumo energético metropolitano y la parte que le corresponde al mismo de la rentabilidad de la actividad económica global del territorio

Tendencia Deseada: Disminución.

Observada: Disminución

5.000,00

ICFE (KW-HORA/HAB./AÑO)

Gráfico de la serie de datos

2.158,41

2.225,89

1998

1999

2.000,00

2.026,97

1.917,56

1.963,31

2002

2003

Datos para el año 2000: CTE: consumo total de energía eléctrica = 6.089’713.428 KW-hora /año.

PIB: producto interno bruto = $ 95.892´560.000

1.500,00 1.000,00 500,00 0,00

2000

2001

AÑO

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA AÑO 2003

Fórmula de cálculo

ICFE BAR = 2.310,1 BEL = 939,88 CAL = 1.086,11 COP = 1.870,22 ENV = 1.745,06 GIR = 5.431,4 ITA = 1.472,2 LES = 1.356,96 MED = 2.192,92 SAB = 2.973,75

BARBOSA GIRARDOTA BELLO COPACABANA

Representación cartográfica

100

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

6.089’713.428 KW-hora/año/ 95.892,560 millones de pesos = 63505,59KW-hora/millón de pesos

Observaciones

La tendencia deseable para este indicador se traduce como “mayor eficiencia energética”, que implicaría un mayor consumo del tipo de energía que se considera limpia.

Calidad de los datos

Para poder calcular este indicador, se tomó como valor del consumo total de energía el valor encontrado en el consumo total de energía eléctrica, pues solo se encontraron datos sobre los otros tipos de energía para el año 2001.

PIB: Producto Interno Bruto (PIB) metropolitano: los valores obtenidos para este trabajo se tomaron de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2001, por lo que los datos se encuentran hasta el año 2000 desagregados por municipios.

INTENSIDAD ENERGÉTICA LOCAL 74.000,00 72.000,00

N

W

E

S

CTE PIB

Cálculo

UNIDAD: KW-HORA/HAB./AÑO CALDAS

Periodicidad Anual y quinquenal

Datos de cálculo

3.500,00 2.500,00

Serie 1997-2000

Fuente estadística

4.000,00 3.000,00

Unidades Kwh/miles de pesos

Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos del valle de Aburrá Universidad Nacional de Colombia Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) EPM Sistema Único de Información (SUI) Superintendencia de Servicios públicos.

4.307,76

4.500,00

INTENSIDAD ENERGÉTICA LOCAL (IIEL)

Tipo

Gráfico de la serie de datos

IIEL (KWH/MILES DE PESOS)

Observaciones

La tendencia deseada de mantenimiento y disminución debería ponderarse ya que comúnmente se asocia el mayor consumo de energía con el crecimiento económico.

En el área de estudio la tendencia debería ser sin duda la disminución del consumo que proviene de fuentes fósiles, de modo que el crecimiento económico consuma energía eléctrica más limpia u otras fuentes de energía sostenible como la energía eólica y la energía solar.

Una limitante de este indicador es que no contabiliza las pérdidas generadas en la producción, en el transporte y la distribución de las diferentes fuentes eléctricas.

70.000,00 68.000,00 66.000,00 64.000,00 62.000,00 60.000,00 58.000,00

1997

1999

1998

2000

AÑO

librolaciudadsostenible.indb 134

26/3/10 08:35:19

INTENSIDAD ENERGÉTICA LOCAL AÑO 2000

Calidad de los datos

ICFE

No hay cifras de la producción de energías renovables en el área de estudio, sin embargo existen proyectos de generación de energía eólica y proyectos de aprovechamiento de energía solar; incluso algunas experiencias puntuales.

Los datos de población son tomados de las proyecciones realizadas por el DANE a partir de los resultados del censo de 1993. Es importante recordar que en la actualidad la población en los municipios del valle de Aburrá ya sobrepasó en muchos casos las proyecciones realizadas por el DANE.

BAR = 159.851,40 BEL = 151.198,40

BARBOSA GIRARDOTA

CAL = 121.237,61 COP = 81.425,89 ENV = 49.033,18 GIR = 265.133,68 ITA = 54.549,62 LES = 85.502,09 MED = 59.028,25 SAB = 75.795,76

BELLO COPACABANA

Representación cartográfica MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

UNIDAD: KW-HORA/MILES DE PESOS

Imagen

N

CALDAS W

E

S

INDICADOR 14.

PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍAS RENOVABLE (IPLER)

Tipo

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Evalúa el grado de autoabastecimiento local con energías renovables y sostenibles. Para el cálculo del indicador se consideran energías renovables sostenibles como la eólica, la solar y la minihidráulica.

Utilidad

Evalúa el uso de energías renovables como una estrategia energética sostenible. La utilización de recursos propios se considera uno de los principios básicos de la sostenibilidad, siempre y cuando se cumpla la premisa de aprovechar los recursos naturales de manera más eficiente. En lo que respecta a la energía, estos principios de sostenibilidad se concretan en el aumento del uso de las energías renovables y sostenibles dentro del balance energético metropolitano.

Tendencia Deseada: Aumento

Unidades Kwh/hab./año

Fuente estadística

Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos del Valle de Aburrá Universidad Nacional de Colombia Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos de cálculo

Datos para el año 2004: PER: producción local de energías renovables = 0 PM: población total metropolitana = 3’099.964

Fórmula de cálculo

Serie No existe

Soluciones de energías renovables mixtas (solar y eólica)

INDICADOR 15.

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá -Municipal

Descripción

Calcula el porcentaje de residuos municipales sujeto a gestión pública que son recuperados, respecto al total de residuos producidos por los municipios. Se considera como residuo recuperado aquel que, mediante un conjunto de operaciones (reciclaje, reutilización o compostaje), es aprovechado de forma total o parcial.

Utilidad

Impulsar los sistemas de recuperación de residuos; así como promover la reducción en la producción de los mismos.

La producción de residuos es uno de los principales problemas ambientales y de la gestión de los sistemas urbanos.

Por eso es muy importante conocer y evaluar el ciclo completo, desde la producción hasta el destino final, y tener en cuenta las diferentes etapas y aspectos asociados, como la incidencia económica, la posibilidad de aprovechamiento de los residuos como recurso, las implicaciones sociales, etc.

Periodicidad Anual

PER PM

Cálculo

[ 0 (Producción local de energías renovables) /3´099.964] = 0

Observaciones

El gran potencial hidroeléctrico del país hizo, hasta hace poco, que la energía eléctrica fuera muy barata, lo que aseguraba el acceso a este servicio por parte de la población urbana casi de cualquier condición socioeconómica, al menos en el área de estudio. Con el desmonte gradual de los subsidios al costo del Kwh, mucha población urbana ha perdido la accesibilidad al servicio (es común que existan hogares que tienen desconectado el servicio de energía por falta de pago).

Es posible y deseable que se abran paso alternativas de generación de energías renovables en áreas rurales y urbanas.

Por esto se mantiene este indicador.

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS METROPOLITANOS (IRRM)

Tipo

Tendencia Deseada: Aumento Observada: Disminución

Unidades Porcentaje

Serie 1999-2003

Periodicidad Anual

Fuente estadística

Diagnóstico Actualización del Plan Estratégico Ambiental Municipal Asociación de Ingenieros Sanitarios y Ambientales (AINSA). Entrevista personal.

Empresas Varias de Medellín (EEVV) Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) EPM Sistema Único de Información (SUI) Superintendencia de Servicios públicos.

Datos de cálculo

Datos para el año 2003: RP: toneladas anuales de residuos metropolitanos producidos = 586.860 Se estima la recuperación de materiales en un 14 % RR: toneladas anuales de residuos metropolitanos recuperados = 82.160,4

135

librolaciudadsostenible.indb 135

26/3/10 08:35:20

INDICADOR 16.

Cálculo

(82.160,4 ton / 586.860 ton) * 100 = 14%

Observaciones

Este tipo de indicadores admite comparación, pero existe una condición importante de cambio, al menos en la disposición.

En 2003 expiró la vida útil del vertedero de residuos sólidos (inicialmente se habló de 100 años), se construyó entonces un parque industrial que resolverá el problema durante 15 años, al menos así lo ha planteado la empresa metropolitana responsable.

En el parque industrial de La Pradera se tiene proyectado una recuperación del 27% para el primer año de operación, que debe incrementarse gradualmente. Por su parte, un programa de separación en la fuente ha fracasado.

Aún no se tiene una cultura social con respecto al reciclaje de residuos.

Calidad de los datos

Los datos encontrados para este indicador son los de la variable RP: toneladas anuales de residuos municipales producidos; los datos de la variable RR: toneladas anuales de residuos municipales recuperados, son estimadas. Los datos se encuentran consecutivos en el tiempo.

No hay datos por municipio. El resultado del indicador se basa en un estimativo agregado de recuperación (14%).

La grafica de tendencia y el mapa representan un subindicador: Rp/hab./año/municipal (Residuos producidos por habitante al año, en los municipios)

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Estima la intensidad de producción de residuos, teniendo en cuenta los municipales y los industriales con relación al producto interno bruto (PIB) del área metropolitana.

Utilidad

Evaluar la eficiencia de la actividad económica en el consumo de materiales, con el fin de orientar nuevas estrategias económicas que permitan aumentar la productividad sin que ello suponga un mayor consumo de recursos o una mayor presión sobre el entorno.

Tendencia Deseada: Disminución Observada: Disminución

Datos para el año 2000: RP: toneladas anuales de residuos municipales producidos = 739.528 PIB: producto Interno Bruto = 95.892'560.000

IRRM (PD/HAB./AÑO)

500.000,00

Fórmula de cálculo

300.000,00 200.000,00 100.000,00 2000

2001

739.528 ton / 95.892,5 millones de pesos = 7,71 ton / millón de pesos

Observaciones

Este dato con referencia al año 2000. En la medida en que el reciclaje de la planta del Parque Industrial La Pradera comience a reflejarse en el PIB, este indicador puede reducirse.

Esa posibilidad es remota, por lo que lo más recomendable es bajar el volumen de desechos producidos, y allí aparece como inaplazable insistir en programas de separación en la fuente, que favorezcan la reutilización de residuos domésticos e industriales

Calidad de los datos

Los datos de la variable RP: toneladas anuales de residuos municipales producidos, se encuentran consecutivos en el tiempo.

PIB: Producto Interno Bruto (PIB) metropolitano: los valores obtenidos para este trabajo se tomaron de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2001, por lo que los datos se encuentran hasta el año 2000, desagregados por municipios.

2003

2002

AÑO

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES AÑO 2003

ICFE BAR = 4.680 BEL = 51.864

BARBOSA GIRARDOTA

CAL = 9.120 COP = 10.056 ENV = ND GIR = 7.128 ITA = 52.176 LES = 9.012 MED = 431.664 SAB = 11.160

BELLO COPACABANA

Representación cartográfica

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

UNIDAD: RP/HAB./AÑO/MUNICIPIO

INTENSIDAD DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA ECONOMÍA LOCAL 7,95

Gráfico de la serie de datos

7,90

7,90 7,85 7,80 7,75

7,71

7,70 7,65 7,60 2000

1999

N

CALDAS

RP PIB

Cálculo

0,00 1999

Periodicidad Anual y quinquenal

Datos de cálculo

700.000,00

Gráfico de la serie de datos

Serie 1999-2000

Fuente estadística

600.000,00

400.000,00

Unidades Toneladas / millones de pesos

Diagnóstico Actualización del Plan Estratégico Ambiental Municipal Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos del Valle de Aburrá Universidad Nacional de Colombia Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) EPM Sistema Único de Información (SUI) Superintendencia de Servicios públicos.

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES 800.000,00

INTENSIDAD DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA ECONOMÍA LOCAL (IIPREL)

Tipo

IIPREL (TONELADAS/MILLÓN)

RP *100 RR

Fórmula de cálculo

AÑO W

E

S

librolaciudadsostenible.indb 136

26/3/10 08:35:22

INTENSIDAD DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA ECONOMÍA LOCAL AÑO 2000

IIPREL

GIRARDOTA

CAL = 14,82 COP = 10,92 ENV = 5,54 GIR = 5,14 ITA = 7,49 LES = 11,80 MED = 7,00 SAB = 5,44

BELLO COPACABANA

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

AF PM

Cálculo

197’221.297 m3/año / 3’099.964 hab. *(365 días) = 0,155 m/ hab/día = 173,30 litros / hab. /día.

Observaciones

No se analiza el flujo natural de agua (agua lluvia), y captaciones privadas.

Este indicador sólo considera el agua facturada. Hay tomas directas que no facturan las Empresas Públicas de Medellín, entidad que presta el servicio de abastecimiento en toda el área metropolitana.

Las personas con más bajos niveles de ingresos, quienes pagan menos por el servicio, son también quienes hacen un consumo más racional del agua en términos de lt/hab./día.

Calidad de los datos

El dato de la variable AF: agua facturada en m3/año, se encuentra consecutiva en el tiempo; muchas veces, diferenciada en sectores y estratos socioeconómicos.

Los datos de población son tomados de las proyecciones realizadas por el DANE a partir de los resultados del censo de 1993. Es importante recordar que en la actualidad la población en los municipios del valle de Aburrá ya sobrepasó en muchos casos las proyecciones realizadas por el DANE.

BAR = 6,90 BEL = 38,87

BARBOSA

Representación cartográfica

Fórmula de cálculo

UNIDAD: TONELADAS/MILLONES DE PESOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

N

CALDAS W

200,00

E

180,00

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá - Municipal

Descripción

Evalúa el consumo de agua que proviene de la red de suministro metropolitano y las pérdidas registradas en la red de distribución. Se considera el consumo total de los sectores domésticos e industrial y de los equipamientos y servicios.

Utilidad

Monitorea la mejora de infraestructuras y la política de ahorro de agua.

Evaluar el funcionamiento de la red de suministro y el consumo de agua por los diferentes sectores, para resaltar las pérdidas que hay en la red de abastecimiento.

157,89

151,03

2000

2001

2002

2003

140,00 120,00 97,25

100,00 80,00

Unidades lt/hab/día

Serie 1998-2004

20,00 0,00

1998

1999

2004

AÑO

ABASTECIMIENTO DE AGUA AÑO 2004

Periodicidad Anual y mensual

IAAM BAR = 84,01 BEL = 131,41 CAL = 104,52 COP = 148,59 ENV = 189,2 GIR = 121,0 ITA = 159,0 LES = 96,82 MED = 180,65 SAB = 219,34

BARBOSA

Departamento Nacional de Estadística (DANE) Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Empresas Públicas de Medellín (EPM) Sistema Único de Información SUI) Superintendencia de Servicios Públicos.

Datos para el año 2004: AF: agua facturada en m3/año, en sectores residenciales y otros de las cabeceras urbanas en el valle de Aburrá = 197’221.297 m3/año.

PM: población valle de Aburrá, proyección del DANE para 2001 = 3’099.964 hab.

Consumo medio de agua por estrato.

Datos de cálculo

156,39

40,00

Indicador de flujo y presión

Fuente Estadística

168,15

158,18

60,00

ABASTECIMIENTO DE AGUA METROPOLITANO (IAAM)

Tipo

Tendencia Deseada: Mantenimiento y disminución Observada: Aumento

IAAM (L/HAB./DÍA)

Gráfico de la serie de datos

INDICADOR 17.

97,26

160,00

S

ESTRATO

CONSUMO M3/MES

1

14

2

15

3

16

4

18

5

20

6

27

GIRARDOTA BELLO COPACABANA

Representación cartográfica

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

UNIDAD: L/HAB./DÍA N

CALDAS W

E

S

Fuente: Estadísticas de Facturación. EPM, 2002.

137

librolaciudadsostenible.indb 137

26/3/10 08:35:24

INDICADOR 18.

INTENSIDAD DE CONSUMO DE AGUA EN LA ECONOMÍA LOCAL (IICAEL)

Tipo

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá – Municipal

Descripción

Estima la intensidad de consumo de agua a partir de la relación entre el consumo total de agua y el producto interno bruto (PIB) del área metropolitana.

Utilidad

Tendencia Deseada: Mantenimiento y Disminución Observada: Disminución

Fuente estadística

Datos de cálculo

Fórmula de cálculo

INTENSIDAD DE CONSUMO DE AGUA EN LA ECONOMÍA LOCAL AÑO 2000

IICAEL

Evaluar el consumo total de agua con relación a la actividad económica global del área metropolitana. Este indicador considera el consumo total del agua, tanto de aguas que provienen de la red metropolitana de suministro como de las de captaciones privadas.

Relaciona el consumo total de agua con la producción de bienes.

Unidades l/miles de pesos

Serie 1998-2000

Periodicidad Anual y quinquenal

GIRARDOTA COPACABANA

Representación Cartográfica MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

UNIDAD: L/MILES DE PESOS

W

Cálculo

173´462.541 m3 / 95.892,560 millones de pesos = 1.808,93 m3 / millón de pesos; 180.893 l/millón de pesos

Observaciones

El consumo de agua subterránea no está muy bien documentado en el área de estudio, pero se tienen datos preliminares que pueden ayudar a calcular un subindicador. Este consumo tampoco es muy significativo respecto al consumo total (2,1%), pero alcanza un valor absoluto importante.

Se tiene registro de noventa y una captaciones que reportaron un Q = 123 l /s, lo que indica 10.000 m3 diarios, extraídos de aguas subterráneas. El total de explotaciones de aguas subterráneas asciende a 393, repartidos así: aljibes 331 (84%); pozos profundos 47 (12%); manantiales 12 (3%); galerías filtrantes 3 (1%). El indicador de intensidad de consumo, cuando se considera el agua subterránea, no cambia mucho: Cálculo con captaciones en pozos.

173'462.541 m3 + 10.000 m3 / 95.892,560 millones de pesos = 1809.03 m3 / millón de pesos.

Calidad de los datos

El dato de la variable AF: agua facturada en m /año, se encuentra consecutiva en el tiempo, muchas veces está diferenciada en sectores y estratos socioeconómicos.

PIB: Producto Interno Bruto (PIB) metropolitano: los valores obtenidos para este trabajo se tomaron de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2001, por lo que los datos se encuentran hasta el año 2000, desagregados por municipios.

INDICADOR 19.

IICAEL (L/MILES DE PESOS)

INTENSIDAD DE CONSUMO DE AGUA EN LA ECONOMÍA LOCAL 198,35

180,26

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá – Municipal

Descripción

Calcula el porcentaje de la población conectada a sistemas de saneamiento. Se consideran tres niveles: 1. Población conectada al alcantarillado 2. Población conectada a red de saneamiento con colectores 3. Población conectada a una depuradora con tratamiento secundario

Utilidad

Este indicador evalúa la gestión de las aguas residuales de cada municipio y del área metropolitana mediante el cálculo del porcentaje de población conectada a sistemas de saneamiento.

Tendencia Deseada: Aumento Observada: Aumento

0,00

Datos de cálculo

Fórmula de cálculo

114,26

1998

1999 AÑO

librolaciudadsostenible.indb 138

Fuente estadística

100,00 50,00

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (IGAR)

Tipo

3

Gráfico de la serie de datos

E

S

AF PIB

150,00

N

CALDAS

Datos para el año 2000: AF: agua facturada en m3/año, en sectores residenciales y otros de las cabeceras urbanas en el valle de Aburrá = 173´462.541 PIB: Producto Interno Bruto = 95.892´.560.000

200,00

CAL = 349,62 COP = 286,85 ENV = 162,2 GIR = 169,0 ITA = 186,0 LES = 174,0 MED = 163,18 SAB = 176,40

BELLO

Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Empresas Públicas de Medellín (EPM) Sistema Único de Información (SUI) Superintendencia de Servicios públicos.

Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos del valle de Aburrá Universidad Nacional de Colombia Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.

250,00

BAR = 181,3 BEL = 787,35

BARBOSA

Unidades Porcentaje

Serie 1998-2004

Periodicidad Anual

Plan Estratégico Ambiental Metropolitano 1999 Departamento Nacional de Estadística (DANE) Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Empresas Públicas de Medellín (EPM) Sistema Único de Información (SUI) Superintendencia de Servicios públicos.

Datos para el año 2004: UA: usuarios del sistema de alcantarillado = 3'204.432 PM: población estimada, para el valle de Aburrá, para el año 2004 = 3'099.964

UA *100 PM

Cálculo

(3’204.432 hab. / 3´099.964 hab.) * 100 = 103,37%

Observaciones

Este valor coincide con la cobertura del servicio de alcantarillado en la zona de estudio, incluidas las áreas urbana y rural. En esta última se tienen desde sistemas independientes que vierten directamente a las quebradas en cabeceras corregimentales y centros veredales, hasta soluciones individuales mediante pozos sépticos que comienzan a hacer crisis cuando la densidad de ocupación del suelo rural toma características de suburbio.

El indicador sólo contempla la existencia de depuradoras con tratamiento secundario.

2000

26/3/10 08:35:25

Calidad de los datos

El dato de la variable UA: usuarios del sistema de alcantarillado, se encuentra consecutiva en el tiempo; muchas veces, diferenciada en sectores y estratos socioeconómicos.

Los datos de población son tomados de las proyecciones realizadas por el DANE a partir de los resultados del censo de 1993. Es importante recordar que en la actualidad los datos de población en los municipios del valle de Aburrá sobrepasaron en muchos casos las proyecciones realizadas por el DANE. Esto explica el resultado del cálculo (103,37%).

El resultado se tiene solo para el nivel 1.

Fuente estadística

Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003) Empresas Públicas de Medellín (EPM) Sistema Único de Información (SUI) Superintendencia de Servicios públicos.

Datos de cálculo

AD: volumen de agua tratada Planta de San Fernando, municipio de Itagüí 1.8 m3/s.; 56´764.800 m3/año.

(Capacidad ideal de la planta) Datos para el año 2004: AD: volumen de agua tratada Planta de San Fernando = 39’100.000 m3/año AC: volumen total de agua consumida facturada = 197´221.297 m3/año

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 102,00

99,72

100,00 98,00

96,88 95,49

Gráfico de la serie de datos

IGAR (%)

96,00

95,40

95,96

95,88

AD *100 AC

Fórmula de cálculo

94,00 92,00 90,00 88,00

87,28

Cálculo

(39´100.000 m3/año/. 197’221.297 m3/año)*100 = 19,83%.

Observaciones

El resultado supone una operación del 68% de la planta que, según se pudo establecer, no ocurre en el año del cálculo (2004). En el futuro esta planta operará a plena capacidad, al tiempo que se construirán dos plantas más, por lo que el indicador será muy importante. Otro aspecto para tener en cuenta es la utilización de las aguas tratadas que hoy solamente se destinan a la dilución de contaminantes en el propio cauce del río. Algunos usos posibles de las aguas tratadas son: Servicios y equipamientos Industriales Agrícolas Recarga de acuíferos Restitución de caudal para dilución de contaminantes acumulados Actividades de ocio Extinción de incendios La recuperación del río en el valle de Aburrá ha tenido dos grandes finalidades: la primera, muy publicitada, se orienta al uso futuro del cauce en actividades recreativas; la segunda está vinculada con la generación de energía en el Proyecto de Porce, aguas abajo. Es importante que a mediano plazo se proyecten nuevos usos de las aguas depuradas.

Calidad de los datos

Los datos de la variable AD: volumen de agua tratada Planta de San Fernando y de la variable AC: volumen total de agua consumida facturada, se encuentran consecutivos en el tiempo.

Los datos del volumen de agua tratada en la Planta de San Fernando se encuentran a partir del año 2000, cuando la planta empezó a funcionar, y como se observa, su capacidad ha ido aumentando año a año.

86,00 84,00 82,00 80,00

1998

1999

2000

2001

2003

2002

2004

AÑO

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES AÑO 2004

IGAR BAR = 42,86% BEL = 84,83%

BARBOSA GIRARDOTA

CAL = 54,07% COP = 95,41% ENV = 338,12% GIR = 59,52% ITA = 89,88% LES = 52,39% MED = 107,46% SAB = 108,18%

BELLO COPACABANA

Representación cartográfica

MEDELLÍN

ITAGÜÍ LA ESTRELLA SABANETAENVIGADO

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

UNIDAD: PORCENTAJE

25,00

16,80

IDAR (%)

E

S

Gráfico de la serie de datos

15,00 10,00 5,00 0,00

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (IDAR)

Tipo

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá – Río Medellín

Descripción

Este indicador mide el volumen de agua depurada sobre el volumen de agua consumida en el territorio.

Utilidad

Permite determinar qué tan eficiente es el sistema de depuración de aguas residuales con respecto al volumen de agua consumida en el territorio.

Fomentar la mejora de infraestructuras y la política de tratamiento de aguas residuales.

Tendencia Deseada: Aumento Observada: Aumento

Unidades Porcentaje

Serie 2000-2004

19,83

19,20

20,00 W

INDICADOR 20.

22,84

N

CALDAS

5,19

2000

2001

2002

2003

2004

AÑO

Periodicidad Anual

139

librolaciudadsostenible.indb 139

26/3/10 08:35:27

INDICADOR 21.

Tabla I21.b Concentración de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en ambiente (ug/m3) a condiciones de referencia en el valle de Aburrá. Enero - junio 2002

EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS (IECA)

Tipo

Indicador de modelo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Sitio de medición

Descripción

Estimación del volumen de emisiones de contaminantes atmosféricos. Se consideran de manera independiente los siguientes: PST (partículas en suspensión totales), CO, SO2, NOX y COVS.

Utilidad

Este indicador permite estimar las emisiones, expresadas por unidad de área, de los contaminantes principales provocados por el consumo energético metropolitano; así mismo se puede establecer el foco de emisión (doméstico, industrial o transporte) y el tipo de combustible utilizado.

Tendencia Deseada: Disminución

Fuente Estadística

Unidades T. contaminante/km2 de suelo urbano

Serie 2002

Girardota Itagüí Politécnico U. de Antioquia

Periodicidad Anual

U. Nacional U. Pontificia Bolivariana

Red de Calidad del Aire del valle de Aburrá (Redaire) Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Operativos)

Datos de cálculo

Los datos presentados por Redaire están dados en ug/m3 y no en valores absolutos de peso.

Las tablas I21.a y I21.b muestran los registros obtenidos por la red de medición de la calidad del aire. Los valores corresponden tanto a mediciones puntuales como a observaciones periódicas mediante estaciones fijas. Con datos similares a los de las tablas se hacen estimaciones de la contaminación en el valle. Para los cálculos se usaron datos de 1996.

Tabla I21a. Concentración de material particulado en suspensión (ug/m3) a condiciones de referencia en el valle de Aburrá. Enero – junio 2002 Sitio de medición

Datos de cálculo

Barbosa Bello Corantioquia Envigado La Estrella Girardota Guayabal Itagüí Politécnico Sabaneta U. de Antioquia U. de Medellín U. Nacional U. Pontificia Bolivariana

Mes Enero 75 73 ND 68 58 55 ND 101 81 86 79 71 117 66

Febrero 77 84 ND 77 63 62 ND 100 106 96 103 72 115 74

Marzo 86 106 ND 76 74 82 ND 132 125 110 112 88 144 92

Abril 64 74 ND 74 57 53 ND 120 109 92 89 78 146 81

Mayo 68 61 94 71 58 57 74 112 84 89 86 90 142 72

Junio 65 78 95 57 61 54 95 106 94 82 89 113 135 70

Fórmula de cálculo

SO2 NO2 SO2 NO2 SO2 NO2 SO2 NO2 SO2 NO2 SO2 NO2

Enero 10 24 10 41 9 40 8 31 12 47 ND ND

Febrero 12 61 ND ND 11 60 10 40 18 49 ND ND

Mes Marzo 6 25 ND ND 5 55 5 33 5 53 ND ND

Abril 15 24 ND ND 15 55 17 43 ND ND ND ND

Mayo 5 25 ND ND 6 51 5 37 ND ND 5 38

Junio 4 21 ND ND 4 46 5 30 ND ND 4 39

ND: No disponible Fuente: Red de Calidad del Aire del valle de Aburrá. Área metropolitana Estimaciones de área metropolitana para 1996: Emisiones de CO = 515,5 ton / día estimación para 1 año = 188.157,5 ton/año Emisiones de HC = 57,5 ton / día = 20.987,5 ton/año Emisiones de NOx = 45,1 ton / día = 16.461,5 ton/año Emisiones de MP = 7,4 ton / día = 2.701 ton/año Suelo urbano en el Valle de Aburrá = 16.360 ha Emisiones de CO = 188.157,5 ton/año Emisiones de HC = 20.987,5 ton/año Emisiones de NOx = 16.461,5 ton/año Emisiones de MP = 2.701 ton/año Cont: toneladas de contaminante (CO, HC, NOx, MP) = 228.307,5 Ksu: km2 de suelo urbano real = 1,636 km2

Cont *100 KSU

Cálculo

Toneladas de contaminante/ km2 de suelo urbano real 188.157,5 ton./año de CO / 1,636 km2 = 115.010,7 Ton / año – km2 de CO 20.987,5 ton./año De HC / 1,636 km2 = 12.828,5 ton / año – km2 de HC 16.461,5 ton./año De NOx / 1,636 km2 = 10.062 ton / año – km2 de NOx 2.701 ton./año de MP / 1,636 km2 = 1.650,9 ton / año – km2 de MP

Observaciones

La localización de las estaciones de muestreo fijas hace que los datos aparezcan muy bajos, por lo que este indicador, para reflejar con exactitud la cantidad de contaminantes por kilómetro cuadrado, requiere una red más extensa de carácter metropolitano.

Los sitios de muestreo puntual mediante estaciones móviles prometen que este indicador puede llegar a ser muy útil en el futuro cercano, gracias a su gran poder comunicativo con el público no especialista y a que se puede asimilar con facilidad a valores-norma de concentración de contaminantes. A esta situación favorable se suma el trabajo de Redaire, una red de trabajo que está bajo la coordinación técnica de las universidades Nacional y Bolivariana.

Calidad de los datos

La mayoría de los datos encontrados para alimentar este indicador muestra los valores de concentración de los diversos contaminantes, mas no los valores de las emisiones de los mismos.

Los datos se obtuvieron de los operativos realizados por el área metropolitana del valle de Aburrá para el control de las emisiones de contaminantes atmosféricos a nivel vehicular.

ND: No disponible Fuente: Red de Calidad del Aire del valle de Aburrá. Área metropolitana.

librolaciudadsostenible.indb 140

Gases

26/3/10 08:35:29

Calidad de los datos

Imagen

La mayoría de los datos encontrados para alimentar este indicador muestra los valores de concentración del CO2, mas no los valores de las emisiones del mismo.

Imagen

“Día sin carro” en Bogotá (2003).

Medellín contaminada. Panorámica desde el norte del valle de Aburrá.

INDICADOR 23.

INDICADOR 22.

EMISIÓN DE GASES QUE CONTRIBUYEN AL EFECTO INVERNADERO (IEGCEI)

Tipo

Indicador de flujo y presión

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Es la estimación del volumen de emisiones de los principales contaminantes que contribuyen al efecto invernadero. El indicador se calcula de manera independiente para cada uno de los siguientes contaminantes: CO2, NOX y CH4. Este indicador complementa el anterior y pretende evaluar la contribución metropolitana al efecto invernadero, con lo que se incorpora el principio de globalización a la definición de la estrategia de sostenibilidad metropolitana

Utilidad

Ayuda a fomentar la aplicación de políticas de control de emisión de gases.

Tendencia Deseada: Disminución

Unidades kg de contaminante (CO2) / habitante y año

Serie 2001

Periodicidad Anual

Fuente estadística

Secretaría de Minas del Departamento SIAU (Observatorio Medellín) Cálculos a partir de datos de Eurostat y otros, citados por Relea y Prats (1998) y datos de Naredo (1999) y Minambiente (www.minambiente.gov.co)

Datos de cálculo

Datos para el año 2001: PM: población total del valle de Aburrá, Proyección del DANE = 3’056.016 hab.

Emisión (E) de CO2 Movilidad motorizada, 0,6129 ton/hab/año Total ton/año = 1.937.225 E. de CO2 Consumo de carbón por Industrias, ton/hab/año 0,1350. Total ton/año = 426.606 E. de CO2 por degradación desechos orgánicos, ton/hab/año 0,1745. Total ton/año = 551.455 Emisión de CO2 por respiración, 0,2894 Total ton/año = 914.656 CO2 (kg)

Fórmula de cálculo

CO2 PM

Cálculo

[ (1´937.225+426.606+551.455+914.656) ton/año/ CO2 ]/ 3’056.016 hab. = 1.253 ton. CO2/hab./año.

Observaciones

Un análisis detallado de este indicador se usa para hacer un balance emisiones/coberturas. En este cálculo se omitieron dos tipos de combustibles cuyo consumo es importante pero aún no muy representativo como para modificar el valor del indicador. Los combustibles mencionados son el crudo de Castilla y el gas natural que será muy importante en el futuro inmediato. Por ahora tan sólo unos 60.000 hogares (Empresas Públicas, 2002) disponen de gas domiciliario que se utiliza para cocinar alimentos principalmente.

No se consideran las emisiones de contaminantes producidas en embalses y depósitos de residuos metropolitanos, a pesar de ser unas de las principales fuentes de emisión de metano. Sólo se consideran emisiones de CO2

RUIDO (R)

Tipo

Indicador de calidad y estado.

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Este indicador muestra el porcentaje de muestras que superan la norma aceptable de ruido sobre el número total de muestras sonoras realizadas.

Utilidad

Fomentar la aplicación de políticas de control de ruido.

Tendencia Deseada: Disminución Observada: Aumento

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Serie 2001-2002

Periodicidad Anual

Informe de la Contraloría General de Medellín 2003. Datos de Publicación 2003.

Redaire no reporta datos diarios La tabla I23.a muestra los valores obtenidos de los muestreos de ruido respecto a la norma en dBA MSN: número de muestras en las que se supera la norma M: número total de muestras Tabla I23a Valores de ruido en dBA entre 2000 y 2002, en sectores residencial, comercial e industrial.

Descripción

Datos de cálculo

Fórmula de cálculo

Cálculo

Número de muestras No. de veces que sobrepasa la norma día residencial 65 dB (A) No. de veces que sobrepasa norma día comercial 70 dB (A) No. de veces que sobrepasa norma día industrial 75 dB (A) No. de veces por debajo de 65 dB (A)

2000 Dato % 368

2001 Dato % 698

2002 Dato % 389

367

99,7

697

99,9

384

98,7

354

95,0

684

98,0

343

88,2

215

72,8

587

84,1

208

53,5

1

0,3

0

0,0

5

1,3

MSN *100 M Datos para el año 2001: Sector residencial (697/698)*100 = 99,86% Sector comercial (684/698)*100 = 97,99% Sector industrial (587/698)*100 = 84,10%

141

librolaciudadsostenible.indb 141

26/3/10 08:35:32

RÉGIMEN DE CAUDALES 50.000

Los datos encontrados para alimentar este indicador fueron realizados por Redaire, en un estudio especial, pues los muestreos sólo se realizan esporádicamente y en algunos sitios determinados.

Las conclusiones de este indicador son sólo para Medellín (área urbana); en los demás municipios no se cuenta con datos más que de muestreos puntuales.

40.000 30.000 20.000 10.000 0

C1 BOTERO

TAMBORCITO

GIRARDOTA

ACEVEDO

AGUACATALA

ANCÓN

NACIMIENTO

Calidad de los datos

Figura I24.a Régimen de caudales, río Medellín-Porce.

L/SEG.

Observaciones

La tendencia permite ver la evolución en el tiempo de este indicador. No se puede establecer con certeza la cantidad de personas afectadas por niveles de ruido por encima de la norma fijada en 65 dBA. Pese a esto, llama la atención la frecuencia con la que se supera la norma; hay que advertir que los muestreos se realizan en zonas en las que se presume incidencia de una fuente, como por ejemplo el ruido vehicular, en cada sector. Al respecto nótese que el sector residencial es el más afectado, mientras que el sector industrial resulta menos grave.

En el SIAU se cuenta con un indicador específico de la frecuencia con la que las operaciones aéreas infringen la norma de ruido, el resultado es de un 83% (SIAU, 2000. www.minambiente.gov.co).

SITIOS O LUGARES Tabla I24.b. Concentraciones promedios de demanda química y bioquímica de oxígeno Estaciones

Imagen

Nacimiento Ancón Sur Aguacatala Acevedo Girardota El Hatillo Popalito Pradera Porce

Concentración promedio dqo 8 26 190 314 296 181 211 167 169

Concentración promedia dbo 1 4 83 160 121 64 59 44 58

Biodegradabilidad Dbo / dqo (%) 3 18 44 51 41 35 30 27 39

A su paso por el área urbana de los municipios, el río recibe gran cantidad de contaminantes que incrementan la demanda de biodegradabilidad, gracias a que se aumentan la DBO y la DQO y, por ende, su relación.

ESTADO ECOLÓGICO DE LOS RÍOS (IEER) Indicador de calidad y estado.

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Muestra el estado ecológico de los ríos a partir del cálculo integrado del índice biológico de calidad de agua del río a través de toda su longitud, y según diversas estaciones de muestreo.

Utilidad

Impulsar medidas de control sobre los vertimientos de aguas residuales sobre el río

Tendencia Deseada: Aumento

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Mi Río. Guía ecológica y ambiental. Instituto Mi Río. Medellín. 1996. (Referencia para 1996).

Empresas Públicas de Medellín.

Figura I24.b Biodegradabilidad del curso del río

60 50 40

Periodicidad Anual y quinquenal

30

Datos de cálculo

Sitio o lugar Nacimiento Envigado Bello El Hatillo Desembocadura del río Grande

librolaciudadsostenible.indb 142

Caudal 50 l / s 5 (m3 /s ) 16 (m3 / s) 22- 60 ( m3 / s) 24 - 70 ( m3 / s)

0 C1 PORCE

POPALITO

GIRARDOTA

Para este indicador se considera el ecológico del canal principal de la cuenca del valle el río Aburrá o Medellín. Para una mejor ilustración de las características ecológicas, las tablas I24.a y I24.b y las figuras a y b, muestran datos de caudal medio y estado de contaminación en términos de biodegradabilidad.

Tabla I24a. Caudales medios del río Medellín.

20 10

AGUACATALA

Serie 2000

Datos de cálculo

NACIMIENTO

INDICADOR 24.

Tipo

SITIOS DE MUESTREO La base para el cálculo del indicador es el Índice de Calidad del Agua (ICA), cuyos valores para cada tramo se presentan en la tabla I24.c y en la figura I24.c.

Tabla I24.c Índice de Calidad del Agua del río Medellín.

Estación Nacimiento Ancón San Fernando U de A Puente Acevedo Metromezclas Tasajera El Hatillo Popalito Porce

Ica 88,92 56,87 29,34 30,32 24,33 25,18 33,26 45,09 44,14 45,97

Longitud km 2 22 27 36 41 55 58 70 83 100

% 2 22 27 36 41 55 58 70 83 100 100

26/3/10 08:35:34

Observaciones

No se cuenta con un registro detallado de áreas afectadas por incendios forestales.

Esta no es una situación grave en el área de estudio, salvo incendios en cercanía de infraestructuras o viviendas.

La mayor parte de lo que se reporta en las estadísticas como “incendio forestal” no pasa de ser una quema de matorral bajo muy pirófito o pastizales con la misma característica.

La tendencia propuesta considera la posibilidad de mantenimiento en vista de que no se puede descartar de entrada los probables efectos benéficos de las quemas de cierto tipo de vegetación que predomina en las laderas del área metropolitana y que presentan vegetación pirófita y dependencia de aves y pequeños mamíferos de las cenizas (fuente de potasio) que se generan tras cada quema en la que además se reduce el combustible y se renueva la vegetación. Si no hay comprometidas infraestructuras o viviendas, debería permitirse incluso la inducción de quemas en algunos lugares.

El periodo de medición es quinquenal ya que la variación anual puede ser muy grande dependiendo del comportamiento del clima (niño o niña) en cada año.

Calidad de los datos

No se cuenta con un registro detallado de áreas afectadas por incendios forestales, por lo cual los datos para este indicador no se encuentran consecutivos en el tiempo.

C1 PORCE

POPALITO

El HATILLO

TASAJERA

ACEVEDO

COPACABANA

U DE A

SAN MIGUEL

Datos de cálculo

ANCÓN

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 SAN FERNANDO

ICA

Figura I24.c Índices de Calidad del Agua

ESTACIONES DE MUESTREO Datos para el año 2000: ICA: ICA en el nacimiento del río L: longitud total del río L_ICA: longitud del río con Índice de Calidad de Agua ≤ ICA

Fórmula de cálculo

L_ICA *100 L

Cálculo

(88/100)*100 = 88%

Observaciones

Las estaciones de muestreo no son equidistantes, por lo que el valor del ICA varía mucho entre ellas.

Calidad de los datos

Los datos encontrados para alimentar este indicador se encontraron en estudios especiales, pues los muestreos sólo se realizan esporádicamente y en algunos sitios determinados.

Como las estaciones de muestreo no son equidistantes, el valor del ICA varía mucho entre ellas.

INDICADOR 25.

SUPERFICIE FORESTAL QUEMADA (ISFQ)

Tipo

Indicador de calidad y estado.

Cobertura

Área metropolitana del valle de Aburrá

Descripción

Evalúa en un año determinado la superficie de zona forestal quemada respecto al total de superficie forestal.

Utilidad

Este indicador evalúa la calidad de la superficie forestal del área sobre la base de determinar el porcentaje de superficie forestal quemada con relación a la superficie forestal total del área.

Tendencia Deseada: Mantenimiento y disminución

Unidades Porcentaje

Fuente estadística

Anuario Estadístico de Antioquia (1997-2003).

Simpad.

Cuerpo de Bomberos.

Datos de cálculo

Datos para el año2001: SFT: superficie forestal total (bosque natural y plantado) = 20.073.16 ha SFQ: superficie forestal quemada = 128 ha

Fórmula de cálculo

Cálculo

SFQ SFT

Serie 2001

*100

(20.073,16 ha/128 ha)*100 = 0,63%

Periodicidad Quinquenal

El ejercicio anterior aporta pruebas a favor de la hipótesis de que un sistema de indicadores organizados por temas, difícilmente dará cuenta de la sostenibilidad ecológica de una ciudad, pero no hay duda de que aporta importantes elementos de análisis que favorecen la focalización de acciones en temas graves y que están afectando a un mayor número de ciudadanos. Por otra parte, si se asume por las autoridades locales la tarea de actualizar año a año y divulgar entre la población los datos del estado y el avance sobre los temas que considere el observatorio ambiental, se estará frente a una poderosa herramienta que favorecerá la participación informada e incluyente de la ciudadanía.

Se puede concluir este apartado señalando que si bien una evaluación de la sostenibilidad ecológica no se consigue mediante la aplicación de indicadores, aun bajo un marco ordenador relacional y dinámico como M-F-C, se pueden identificar temas críticos y avances en la acción gubernamental y de la sociedad a favor del mejoramiento del entorno urbano, que terminará por redundar en una mejor salud de los ecosistemas locales y regionales. Lo anterior con la condición de que un mejoramiento local no implique trasladar el deterioro a otras regiones.

Los indicadores de espacio ecológico se ocupan de detectar cuándo y con qué intensidad ocurre esto.

Finalmente, tal y como se anuncia desde las posiciones críticas al DS, su carácter remedial y parcial, que se acentúa cuando se pretende desarrollar sosteniblemente una ciudad, no pasa de una evaluación coyuntural del estado de ciertas condiciones y

143

librolaciudadsostenible.indb 143

26/3/10 08:35:35

comportamientos ciudadanos frente al medio ambiente. Esto sin embargo, muy despreciado por las posiciones fuertes de la sostenibilidad, puede ser la base de un cambio de actitud social y una reorientación de prioridades de la inversión pública, dos de las metas de la sostenibilidad ecológica fuerte.

La sostenibilidad débil, local y parcial que da soporte a las iniciativas como los observatorios ambientales y los sistemas de indicadores ambientales urbanos, deben alentarse sin abandonar la crítica a su orientación coyuntural e inmediatista.

En el área de estudio la aplicación de los indicadores oculta graves temas sociales, pero subraya los avances de la acción gubernamental, las debilidades en materia de información y deja tres temas críticos: la información para la gestión ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos, problema en cuya solución no se ha implicado la responsabilidad social. Otros temas importantes son el elevado consumo de agua y energía por la economía y el muy bajo grado de asociacionismo ambiental en el área metropolitana.

Lo anterior permite anunciar una tendencia al agravamiento del deterioro ambiental de los ecosistemas locales y un costo incremental de los esfuerzos técnicos necesarios para remediar a corto plazo los efectos de las situaciones más graves, como el caso de la localización de viviendas en zonas de riesgo.

Cada enfoque de la sostenibilidad dará prioridad a un tema específico: un enfoque social centrará su acción en las viviendas en zona de riesgo; un enfoque higienista, en el saneamiento del río y la calidad del aire; un enfoque conservacionista en las áreas de reserva, un enfoque urbano-funcionalista, en la estética urbana (aseo y arborización) y el espacio público, etc.

Lo que ha predominado es un discurso integralista que propone atender al tiempo todos los problemas ambientales, o mejor, las manifestaciones más conspicuas de ellos, cuando se traducen en problemas de habitabilidad y gobernabilidad. Lo anterior deja al DS frente a una discusión en torno a estilos de DS a la manera en que en los años ochenta y noventa del siglo anterior se habló de estilos de desarrollo capitalista.

librolaciudadsostenible.indb 144

Con independencia de los juicios de valor que le caben, el DS urbano es una buena oportunidad para enfrentar temas sociales de hondo calado, y en la ciudad latinoamericana tal vez sea esta la última oportunidad de hacerlo, antes de que se consoliden aún más las vías de hecho.

5.2 Indicadores de dependencia ecológica Ya se han descrito los fundamentos teóricos de este tipo de indicadores. Cabe insistir en que el propósito principal que tienen es establecer una relación entre los límites biofísicos del territorio en que se localiza una ciudad, o su capacidad de carga, y la región tributaria que permite compensar recursos o servicios ecosistémicos localmente escasos y de baja o nula sustituibilidad local.

El indicador clásico que se ocupa de esta medición es la huella ecológica (Ecological footprint, Efp), que generalmente se expresa en su unidad básica, es decir ha/habitante, o planetoide personal, que es la huella ecológica per cápita, que se ha popularizado como huella ecológica de las naciones en la literatura divulgativa (ver por ejemplo www.tierramerica.org o www.rprogrees.org), en realidad es el planetoide personal, de acuerdo con la propuesta original de M. Wackernagel y W. Rees.

Este grupo de indicadores se aplicó para evaluar la sostenibilidad ecológica del área de estudio. Para esto, además de los indicadores básicos se generó un conjunto de subindicadores a partir de los cálculos de planetoide personal y huella ecológica actualizados para el año 2003. En el anexo 1 se presentan los detalles del cálculo, para lo cual se ha modificado la matriz propuesta y usada en varios estudios similares, disponible en ICLEI, 1998 (www.iclei.org/iclei/ecoffot.htm). Entre otros, la matriz ha sido utilizada por Wackernagel y su equipo, para cálculos de huella ecológica en diferentes naciones: Canadá, Chile, Italia.

Las modificaciones introducidas inciden en una mayor claridad para los lectores respecto a los cálculos, los supuestos, y por las limitaciones y posibilidades de la información base disponible.

Los indicadores aplicados fueron los siguientes: 1. Planetoide personal

26/3/10 08:35:36

2. Huella ecológica 3. Distribución social de la dependencia ecológica Calidad de los datos

4. Dependencia ecológica: alimentos 5. Dependencia ecológica: agua

En este tipo de indicador la mayoría de los datos son agregados de consumo nacionales-regionales que se expresan en consumos per cápita. En los cálculos para este trabajo se optó por asumir los consumos como equivalentes a los ingresos de acuerdo con la canasta básica de una persona en cada estrato socioeconómico. Así se ponderaron los resultados del PP. En cuanto a las productividades, las metodologías utilizadas en estudios similares sugieren, ante datos globales de productividad, ponderar con productividades locales para hacer un ajuste que dé cuenta de la proporción de “ecosistema global” que consume cada economía local (regional, nacional). En este trabajo se optó por productividades regionales-nacionales, dado que la cantidad de bienes de consumo importados (alimentos y otros) no es representativa para la mayoría de la población (de bajos ingresos). En otros términos, reconocida una alta dependencia regional-nacional para la mayoría de los consumos, los ajustes de productividad no fueron necesarios.

6. Dependencia ecológica: hidroenergía 7. Dependencia ecológica: sumideros de CO2 y bosques madereros 8. Dependencia ecológica: aguas residuales 9. Capacidad de carga robada 10. Ecosistemas estratégicos Este indicador cuenta con una hoja metodológica similar a las anteriores. Los detalles se muestran a continuación.

INDICADOR 26.

Imagen

HUELLA ECOLÓGICA (HE) n

eF = 1Σ aa =1 Fórmula de cálculo

(“aa”, área personal), para la producción de cada uno de los principales artículos de consumo “i”. Se hace dividiendo la media anual de consumo de cada artículo (“c”, en kg/habitante), por su productividad o rendimiento medio anual por hectárea (“p”, en kg/ha).

Efp = N (ef) La huella ecológica (Efp) de una población estudiada es la huella ecológica total per cápita, multiplicada por el tamaño de la población (N).

Cálculo

Datos para el año 2003 Planetoide personal (PP) Estrato obreros 1,326 Planetoide personal ponderado (PP) 2,316 Huella ecológica del valle de Aburrá 54.596,237 Detalles del cálculo anexo 1 La huella ecológica equivale a 47,40 veces el área del valle geográfico que es de 1.152 km2, el 85,82% del área total del departamento de Antioquia que tiene una extensión de 63.612 km2 El PP para obreros es igual al promedio nacional, mientras que el PP ponderado por estrato equivale al promedio mundial.

La tabla muestra el PP equivalente por estrato socioeconómico para distintas naciones del mundo

Observaciones

Estrato 1 2 3 4 5 6

País con PP equivalente Indonesia (1,1), Perú, Filipinas, Turquía (1,2) Colombia, Nigeria China, Egipto, Tailandia y Jordania (1,5) Brasil (2,4), México (2,5) promedio mundial Corea (3,3), Chile (3,1) Polonia (3,7), Italia (3,8)

Tabla 5.4 Comparación planetoide personal de cada estrato socioeconómico.

Fuente: elaboración propia con datos de www.redefining progress.org. Octubre de 1999 y 2004.

1.

2.

3.

4.

5.

Depuración de efluentes líquidos Sumidero de carbono Seguridad alimentaria Regulación hidrológica Bellezas y singularidades escénicas para recreación

5.2.1 Cálculo de los indicadores de espacio ecológico Se calculan indicadores de consumo de recursos naturales, producción y asimilación de desechos, e indicadores de dependencia ecológica que son en última instancia la versión conmesuralista de la sostenibilidad ecológica.

145

librolaciudadsostenible.indb 145

26/3/10 08:35:39

El primer paso para el cálculo de la huella ecológica de una población es estimar el área apropiada o usada per cápita (“aa”, área personal), para la producción de cada uno de los principales artículos de consumo “i”. Se hace dividiendo la media anual de consumo de cada artículo (“c”, en kg/habitante), por su productividad o rendimiento medio anual por hectárea (“p”, en kg/ha). En la práctica, solo es posible estimar la media anual de consumo de cada artículo per cápita, dividiendo el consumo agregado por la población total en referencia. Como muchos artículos incorporan varios tipos de materiales, Rees y colaboradores decidieron considerar las áreas apropiadas (“a”) para cada material. El resultado de estos cálculos es el planetoide personal.

Se encuentra así una de las modificaciones en los cálculos que se reportan aquí. Para obtener el consumo agregado se partió de lo que se conoce como la canasta familiar básica que elabora el Departamento Nacional de Estadística (DANE), a partir del listado de productos que componen la canasta básica de productos de una familia típica en la región, o lo que es lo mismo, los suministros que la gente puede comprar con el salario mínimo (unos 120 US$/mes) que se supone garantiza la adquisición de la canasta familiar. Esta aclaración es muy importante porque hace que los cálculos de planetoide personal correspondan a una familia de los estratos medio-bajos de la población, es decir, una familia que percibe al menos un salario mínimo que destina, entre otros gastos, a la canasta básica de alimentos y servicios.

Una vez conocido el consumo de cada producto para esta familia promedio, se construyen los agregados de consumo anual para cada tipo de producto. Las áreas requeridas se calculan a partir de productividades regionales de los productos considerados, de acuerdo con los reportes de la entidad responsable de recopilar estos datos, la Secretaría de Agricultura del departamento de Antioquia. Los autores de la huella ecológica recomiendan trabajar con productividades mundiales y luego ajustarlas con un factor de rendimiento local. Se decidió trabajar con productividades regionales en lo que a alimentos y madera se refiere, en vista de que se conoció que las procedencias de estos recursos son predominantemente nacionales,

librolaciudadsostenible.indb 146

y un buen volumen de los mismos proviene de las regiones aledañas al área metropolitana de Medellín.

Luego se computa la huella ecológica total per cápita (“ef”), sumando todas las áreas ecosistémicas apropiadas por cada artículo de la canasta de la compra anual de bienes y servicios de consumo: n

eF = 1Σ aa =1

Entonces, la huella ecológica (Efp) de una población estudiada es la huella ecológica total per cápita, multiplicada por el tamaño de la población (N).

Efp = N (ef) Como se explicó, ef constituye lo que los autores del concepto de huella ecológica llaman el planetoide personal (personal planetoid), que es la huella ecológica per cápita.

Las principales categorías de usos del suelo para el cálculo de la huella ecológica son las siguientes: ß

Las tierras de cultivo y ganado para producir la dieta presente (también se puede incluir la correspondiente extensión de mar)

ß

Tierras de plantación de bosques para maderas y papel

ß

Tierra ocupada o degradada o construida como suelo urbano

ß

Tierra con vegetación destinada a la absorción de CO2 por medio de la fotosíntesis, o en su caso, la tierra para producir el etano equivalente al consumo actual de energía fósil (Martínez A., 1998).

Se cuenta, en términos territoriales, el consumo directo de energía fósil y el contenido energético de los artículos de consumo –algo similar a los MIPS de Schmidt-Bleek, 1992–, estimando el área necesaria de bosque (sumidero de carbono) que se necesita para absorber las emisiones de CO2, asociados a la quema de los combustibles (emisiones de CO2/habitante)

26/3/10 08:35:40

Las categorías básicas de uso se adaptan en cada caso a la disponibilidad de datos o a la necesidad de resaltar la escasez de algún recurso natural o la intensidad de consumo del mismo. Es así como en algunos estudios se ha incluido una categoría específica de consumo para el agua, en otros casos se ha separado el consumo de madera de las áreas de bosque que servirán de sumidero de gases de efecto invernadero, entre otras. La tabla 5.5 presenta una comparación entre las categorías de usos del suelo utilizadas en cinco casos: tres de España (Barcelona, Málaga y Comunidad Navarra), Santiago de Chile y Vancouver.

categorías de uso del suelo, es decir, las columnas más detalladas. Aunque el autor no aprovechó esta forma de organizar los datos, podría ser muy útil en especial cuando la cobertura vegetal y el uso del suelo no coinciden, como es el caso de los suburbios, en donde se presentan grandes extensiones de pasto que no se usan en ganadería, sino que corresponden a áreas urbanizadas. Otro ejemplo al respecto es que la agricultura hace demandas de espacio a las áreas de cultivo y a los terrenos construidos, etc. La tabla 5.6 presenta la propuesta de matriz de cálculo aplicada a la provincia de Málaga.

NECESIDADES DE SUPERFICIE PRODUCTIVA Absorción de CO2

Cultivos

Pastos

Bosque

Mar productivo

Terreno construido

Huella ecológica

Agricultura Ganadería

CATEGORÍAS DE USO

/ (nivel de asimilación/hectárea), bajo el supuesto de que la estabilidad atmosférica es básica para la sustentabilidad (Rees, 1996). La alternativa de calcular la extensión necesaria para producir el equivalente energético del consumo de energía fósil, en biomasa, o sea etanol, conduce a una mayor huella ecológica que la que se obtiene con el método de la asimilación de CO2 usado aquí.

Pesca Forestal Bienes de consumo Energía Terreno ocupado Conservación

COMUNIDAD NAVARRA PROVINCIA DE MÁLAGA

BARCELONA

SANTIAGO DE CHILE

VANCOUVER

Absorción de CO2

Absorción de CO2

Cultivos

Tierra sumidero de C

Alimentación

Terreno construido

Cultivos

Bosques

Energía fósil

Vivienda

Cultivos

Pastos

Absorción de CO2

Área construible

Transporte

Pastos

Bosques

Pastos

Tierra arable

Artículos de consumo

Bosques

Mar productivo

Mar

Pasto

Recursos en servicios

Mar

Terreno construido

Terreno construido

Bosque Mar

Tabla 5.5 Comparación entre categorías de usos del suelo/mar en cinco estudios de huella ecológica.

Es importante señalar que si bien las categorías son bastante coincidentes, hay diferencias significativas entre ellas, no sólo en la denominación, sino en los supuestos de cálculo. La propuesta de Vancouver (Wackernagel, 1996) y la de Málaga (Alcántara, 2002) merecen una mención especial por la forma en que organizan la matriz resumen de los cálculos.

Para Málaga, el autor ha colocado las categorías de usos del suelo en las columnas (necesidades de superficie productiva) y no como es usual, en las filas; en ellas ha colocado nueve

Huella ecológica

Huella ecológica

Tabla 5.6 Matriz de cálculo aplicada a la provincia de Málaga.

Fuente: Alcántara (2002).

Posteriormente, para la presentación de los resultados, el autor reagrupa las categorías de uso en cinco: alimentación, bienes de consumo, movilidad y transporte, vivienda y servicios y biodiversidad. Otra propuesta interesante en cuanto a la definición de categorías de usos del suelo y categorías de consumo de espacio ecológico es la presentada por Wackernagel y Rees (1996) para resumir los cálculos de Vancouver.

En su propia ciudad (Vancouver, Canadá), Rees aplicó el concepto de huella ecológica. Esta ciudad tenía en 1991 una po2 blación de 472.000 habitantes y una superficie de 114 km (11.400 ha). Cada canadiense requiere, según los cálculos de Rees, más de una hectárea de cultivo y tierra de pasto para obtener su dieta alta en proteínas, utilizando las prácticas corrientes de gestión del suelo, y alrededor de 0,6 ha para obtener madera, papel y otros artículos de consumo. Además, cada 147

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ciudadano de Vancouver ocupa 0,2 ha de suelo ecológicamente degradado y urbanizado. Los canadienses están entre los primeros consumidores del mundo de energía fósil, con una emisión anual de carbono de 4,2 ton (15,4 ton CO2) por habitante; por tanto, con un valor de absorción de carbono de 1,8 ton/ha/año, se requerirán 2,3 ha adicionales de bosque de mediana edad, de latitud norte, como sumidero de carbono.

Es importante advertir que estos datos se han actualizado para Canadá como se muestra más adelante.

La tabla 5.7 esquematiza la organización de los datos. La columna de la izquierda muestra varias categorías de consumo y la fila de los títulos muestra categorías de uso de la tierra.

“Energía”, tal como se utiliza en la tabla, es un cálculo de la cantidad de tierra que se requiere para absorber el CO2 emitido por la quema del carbón, petróleo y gas natural. El término “ambiente construido” se refiere a los terrenos dedicados definitivamente a uso urbano. Valores como la cantidad de combustible utilizada en hospitales, o la cantidad de electricidad empleada en los bancos, son ejemplos de lo que se incluye en el rubro recursos en servicios (Wackernagel, 1996). Para utilizar la tabla y encontrar por ejemplo la cantidad de tierra agrícola requerida por un canadiense, para alimentarse, se lee la fila alimentación, bajo la columna tierra agrícola.

ENERGÍA

AMBIENTE CONSTRUIDO

TIERRA AGRÍCOLA

BOSQUES

TOTAL

Alimentación Vivienda Transporte Artículos de consumo Recursos en servicios Totales

Huella Ecológica

Tabla 5.7 La huella ecológica de un canadiense promedio, en hectáreas por persona.

Fuente: Wackernagel (1996).

La organización es similar a la propuesta de Málaga, sólo que en Vancouver las categorías de consumo admitieron, como ocurre en realidad, demandas diferenciadas de espacio ecológico en diferentes coberturas: nótese cómo el consumo de vivienda requiere área de energía, ambiente construido y bosques. Esta

librolaciudadsostenible.indb 148

presentación de los datos es conveniente, y en todo caso preferible al formato que se ha venido imponiendo, el cual presenta datos agregados para cada tipo de uso de la tierra.

Rees (1996) advierte respecto a los cálculos la importancia de evitar duplicar las cuentas en el caso de usos múltiples del suelo, y donde hay problemas de datos o gran incertidumbre, aconseja la prudencia. Aunque la huella ecológica debe incluir las áreas de suelo/agua necesarias para la asimilación de residuos, los cálculos realizados por los autores no han incorporado residuos distintos del CO2. Estas consideraciones implican que los cálculos llevados por Rees y Wackernagel, principalmente, son conservadores, más bien subestimados que sobrestimados.

El estudio de huella ecológica de Barcelona incluye datos importantes en cuanto a las categorías de uso/consumo, que los investigadores juzgaron sobreestimadas o subestimadas: en este estudio también se hicieron interesantes comparaciones con la disponibilidad global de recursos (Relea y Prat, 1998).

Una característica común a estos estudios citados y a otros tantos conocidos es que alguna parte de los cálculos no aparece clara para los lectores, aun para los especialistas. Ya se ha hecho mención de la matriz que reposa en la web del ICLEI, muy completa y con las ventajas de una hoja de cálculo. Ofrece dificultades en el balance energético y es exigente en la columna de importación, precisamente las áreas temáticas en las que hay mayores faltantes de datos, al menos en el área de estudio.

La propuesta de cálculo que se hace espera superar las dificultades anotadas. Se propone una hoja de cálculo más simple con aclaraciones a los supuestos de cálculo e indicaciones y a las debilidades inherentes a ellos y acorde a la disponibilidad de datos que es común en las concentraciones metropolitanas latinoamericanas con sus notables diferencias. En todo caso, no se pretende generar un modelo de matriz de cálculo, pero al menos se espera que sea clara en cuanto a la obtención de los resultados; esto hará más consistentes las conclusiones.

26/3/10 08:35:41

A continuación se detalla el procedimiento de cálculo, la procedencia de los datos y se presentan los resultados del indicador principal planetoide personal, y los subindicadores derivados que evalúan la sostenibilidad ecológica del área de estudio.

Antes es útil presentar algunas consideraciones respecto a la utilización del concepto de huella ecológica. Veamos: Una de las debilidades teóricas importantes del concepto de huella ecológica es, como advierte Martínez A. (1998), la discrepancia entre el tiempo económico y el tiempo ecológico, aspecto que Rees (1994) incorpora en su propuesta de manera un tanto “arbitraria”: la huella ecológica corresponde al área necesaria para abastecer los bienes y servicios, demandados por una población dada, para un periodo anual, área que posteriormente se representa en forma espacial para mostrar la carga ambiental de la economía.

En el fondo de esta consideración práctica, está la suposición de que las necesidades humanas de bienes y servicios permanecen más o menos constantes de año en año, es decir, que en ese periodo de tiempo, el área usada por habitante renovará, por así decirlo, sus potencialidades, de modo que servirá en el año siguiente a las mismas necesidades individuales y colectivas. Es allí donde el tiempo ecológico se desincroniza con el tiempo económico. De hecho, el área necesaria para producir alimentos, en términos de huella ecológica, o sea, la porción del planetoide personal destinada a la agricultura, es tal, si se aprovecha con un nivel tecnológico degradante del suelo y energívoro, pero una disminución de la capacidad productiva del suelo induce un incremento de la huella ecológica per cápita, o demanda un input de energía –vía tecnología– que tiene el mismo efecto.

Otro argumento en contra de la utilidad de estos análisis que consideran la capacidad de carga humana proviene de Martínez A. (1998), el comercio internacional, en la medida que incrementa la capacidad de carga en un territorio dado. El análisis de comercio ecológico desigual de Martínez sirve, en este caso, para discutir el argumento del comercio en contra de la huella ecológica. En la ciudad latinoamericana, ese intercambio desi­ gual ocurre tras la generación de las deseconomías –no incor-

poradas en la contabilidad de los megaproyectos–, en territorios rurales situados en la órbita de influencia de las metrópolis: embalses, segunda residencia, etc. que permiten un flujo positivo de bienes y servicios hacia las ciudades, lo cual no implica el reflujo justo de compensación hacia el área rural. A escala regional, el comercio tampoco contribuye a la capacidad de carga y en todo caso las mercancías objeto del comercio provienen de algún lugar del planeta; además es fácil admitir que salvo algunas naciones, la mayoría de la población del planeta obtiene la mayor parte de sus suministros básicos alimentarios y de agua de sitios localizados en la región de residencia.

Hay al menos una tercera consideración clave si el concepto se aplica a la ciudad latinoamericana en la que, como se expuso en el capítulo 1, se replica la lógica global Norte-Sur, lo cual se manifiesta en segregación socio-espacial urbana y en las profundas diferencias en los niveles de ingreso, consumo y bienestar entre los habitantes de una misma ciudad. La huella ecológica o el planetoide personal no es igual para todos los habitantes de una ciudad. ¿Cómo cuantificar este consumo diferenciado?

Las propuestas de cálculo de subindicadores que se presentan más adelante se ocupan de responder esta pregunta.

Como ocurre con todos los indicadores agregativos tipo índice, la elección, ponderación y calificación de las variables que lo componen son discutibles. Está claro, sin embargo, que se trata de una idea que podría ser útil a la ordenación del territorio. Mucho más allá de una metáfora simbólica o un recurso didáctico, los indicadores territoriales de sostenibilidad constituyen una auténtica reflexión, desde la ciencia ecológica, del desarrollo actual de las conurbaciones, cuyo resultado debería al menos hacer pensar en una revalorización de lo local y en la ampliación del espacio geográfico por considerar si se espera planificar una ciudad con criterios de sostenibilidad ecológica.

Son iniciativas modestas, pero posibles, practicables.

Para el cálculo de la huella ecológica, considerado el indicador de sostenibilidad ecológica por excelencia, se procedió en primer lugar a establecer tanto las categorías de uso del suelo, como las categorías de consumo de espacio ecológicamente productivo. El detalle de la matriz de cálculo utilizada con los 149

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comentarios explicativos y las fuentes de los datos se presenta en el anexo 1.

La matriz de cálculo (anexo 1) consta de dos bloques (A1: A81) y (A88:A151). El primer bloque presenta la base de los cálculos y el segundo los resultados. El bloque 1 consta de seis partes. La primera (A2: A43) contiene los datos de rendimiento, consumo, área requerida, componente de huella ecológica y capacidad de carga local para los alimentos. Las líneas A44 y A45 sintetizan los resultados de espacio ecológico requerido en tierra productiva y mar productivo, sin discriminar en la primera las áreas de tierra cultivada y pastos. En las líneas A3 a A13, se reportan los resultados para los alimentos de origen pecuario y para los procesados. Para estimar las áreas requeridas se usaron datos de las dietas de los animales de producción estabulada (cerdos, pollos) y rendimientos por hectárea para el ganado de engorde. Para los alimentos procesados se acudió a establecer los ingredientes principales (carnes) y a partir de factores de rendimiento (kg carne/kg embutido, por ejemplo) se conoció el área de tierra productiva requerida. Naturalmente se dejan por fuera aspectos como el consumo de energía, que se considera agregado más adelante y el uso de otros ingredientes como harinas, sal, aceites, etc., pero se tiene en cuenta el ingrediente que más espacio consume. La hoja 2 del anexo 1 presenta detalles de los cálculos.

La segunda parte de la matriz comienza en la fila A47 y termina en la A53. En estas se describe el tema sumideros de carbono a partir de calcular las emisiones de CO2 correspondientes a cada tipo de combustible utilizado, con base en los factores de emisión reportados por Relea y Prat (1998).

La tercera parte de la matriz de cálculo (A55:A59) describe los datos de consumo de espacio ecológico para el vestido, se utilizan rendimientos globales y datos de consumo de Chile en ausencia de datos locales. Este tipo de bienes de consumo muestra una tendencia creciente a la importación, por lo que van quedando en el grupo de bienes generalmente importados.

Se asocian los datos a tierra productiva sin discriminar pastos y tierra arable.

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La cuarta parte va desde la fila A62 hasta la A71. Contiene los datos relativos al consumo de hidroenergía, una de las formas más visibles de capacidad de carga robada, en tanto las áreas inundadas y las áreas de bosques de protección asociadas generalmente se localizan fuera del área urbana metropolitana, incluso fuera del valle geográfico del río Aburrá. Los resultados de cálculo se resumen en dos categorías: bosque protector, que no cuenta como área para abastecimiento de madera, y tierra productiva, la misma que se inunda para construir los embalses, generalmente valles aluviales fértiles.

La quinta parte (A73:A77) detalla el espacio construido requerido, además del área urbana de cada municipio; se incluyó el área suburbana que es la nueva forma de ocupación de espacio por usos típicamente urbanos en suelo rural no agrario. El resultado se muestra en la fila A77 como espacio construido.

La sexta y última parte del primer bloque reporta los datos del espacio necesario para depurar naturalmente la carga orgánica generada en el área metropolitana, de acuerdo con la aplicación de un modelo de dilución por Grajales y Londoño (2000). Los resultados se presentan en la categoría Río, en la fila A81.

El segundo bloque presenta los resultados de los subindicadores. En A88:A97 está el resumen que permite calcular el planetoide personal y la capacidad de carga local. A continuación (A103:A125) se muestra el detalle de los cálculos que permitieron ponderar por estrato y por ingresos el planetoide y la huella ecológica. Finalmente (A150:A173) se muestra el resumen del cálculo de los indicadores y subindicadores más importantes.

A continuación se sintetiza y explica en forma detallada el cálculo y la interpretación de cada indicador.

a) Planetoide personal La metáfora del “planeta” utilizada para definir el indicador agregativo base para los cálculos es muy apropiada en tanto traduce en términos espaciales el área de biosfera productiva que una persona apropia, bien sea en una distribución ideal per cápita de una nación o una ciudad, o bien la que le corresponde en términos reales dados sus hábitos de consumo.

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Para Colombia se ha estimado, por ejemplo, que cada persona requiere en promedio 2,3 ha de espacio ecológicamente productivo (www.rprogress.org, 1999), pero dadas las profundas desigualdades de riqueza y consumo que caracterizan al país, la crítica a la generalización del planetoide personal para toda la población cobra mucho sentido. El consumo de recursos naturales y la producción de desechos, por tanto la responsabilidad frente a la sostenibilidad debería ser también diferenciada; se acepta –debe hacerse– que la lógica Norte-Sur se replica a diversas escalas territoriales en los países latinoamericanos.

Para el área de estudio el interés por calcular este indicador nace de la necesidad de conocer y espacializar las relaciones de dependencia ecológica de la población urbana frente a los ecosistemas regionales y globales, y también está motivado porque el planetoide personal facilita la apreciación, en términos ecológicos, de las profundas diferencias sociales, las “ciudades” que comparten un mismo espacio urbano en Latinoamérica.

El cálculo del planetoide personal para un aburraense de estrato 2 se detalla en el anexo 1. La ponderación de los valores se representa en el mapa 5.1. La tabla 5.8 presenta los resultados obtenidos para el área de estudio con detalles de la participación de cada categoría de uso/consumo de la tierra; esta distribución se muestra en la figura 5.3.

PLANETOIDE PERSONAL (2003) USO DEL SUELO

CAPACIDAD DE CARGA LOCAL (2003)

HA/HABITANTE/AÑO

USO DEL SUELO

HA/HABITANTE/AÑO

Tierra productiva

0,4442

Tierra productiva

0,0068

Mar productivo

0,1152

Mar productivo

0,0000

Bosques productivos

0,6059

Bosques productivos

0,0112

Bosques protectores

0,0116

Bosques protectores

0,0000

Espacio construido

0,0071

Espacio construido

0,0071

Río

0,0002

Río

0,0001

Conservación de la biodiversidad (12%)

0,1421

Conservación de la biodiversidad (12%)

0,0070

Planetoide personal

1,3261

K. Local

0,0321

Tabla 5.8 Planetoide personal de un aburraense de estrato 2 y capacidad de carga local.

ESPACIO CONSTRUIDO 1%

BOSQUES PROTECTORES 1%

RÍO 0%

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (12%) TIERRA 11% PRODUCTIVA 33%

TIERRA PRODUCTIVA MAR PRODUCTIVO BOSQUES PRODUCTIVOS BOSQUES PROTECTORES ESPACIO CONSTRUIDO RÍO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

BOSQUES PRODUCTIVOS 45%

MAR PRODUCTIVO 9%

Figura 5.3 Distribución del planetoide personal por usos del suelo, considerando el consumo de alimentos de una persona de estrato 2.

La tierra productiva y los bosques suman más del 70% del planetoide personal. La tierra productiva incluye las áreas requeridas para alimentación, vestido y las áreas inundadas para la construcción de embalses. Los bosques productivos son los requeridos como sumideros de carbono, y además, según cálculos propios, permitirían abastecer las demandas de madera de la población metropolitana (anexo 1, hoja 2). El área de mar productivo ya es importante: ocupa el 9% del total; en efecto, el consumo local de alimentos provenientes del mar ha crecido ostensiblemente en los últimos años. El área de bosques de protección que contiene las áreas de bosque que se precisan en las cuencas que abastecen los embalses alcanza un 1%. El espacio de río para depuración natural de la carga orgánica es pequeño (0,0002%), mientras que el espacio construido representa el 1% del planetoide personal.

El resultado obtenido de 1.3261 ha/hab coincide con el valor nacional estimado en 1,3 ha con datos de 1999 por Redefining Progress (1999). Este valor corresponde al planetoide personal de una persona de estrato 2 en el área de estudio, al menos en la proporción relativa refiere al consumo de alimentos. La canasta básica de alimentos considerada para estimar el área requerida para alimentación corresponde a los productos que se podían comprar, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2002, con 1-2 salarios mínimos mensuales de ingreso familiar, si éste se destinara en más de un 90% sólo a alimentar a 151

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una familia típica de 4,5 integrantes. Más adelante se muestran los resultados del ajuste por ingresos del planetoide personal.

En la tabla 5.8 la caja de la derecha muestra los datos de capacidad de carga local (K), una descripción del aporte del valle geográfico del río Aburrá, al consumo agregado de naturaleza. En conjunto el aporte local a la demanda media de un habitante de estrato 2 es tan solo del 2,3% (0,0321 ha/hab), representado en su mayoría por bosques productivos, espacio construido y tierra productiva, en su orden. La figura 5.4 muestra la distribución completa.

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (12%) 22% RÍO 0%

TIERRA PRODUCTIVA 21%

BOSQUES BOSQUES PRODUCTIVOS PROTECTORES 35% 0%

ESPACIO CONSTRUIDO 1% BOSQUES PROTECTORES 1%

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (12%) 11%

RÍO 0%

BOSQUES PRODUCTIVOS 45%

TIERRA PRODUCTIVA 33%

TIERRA PRODUCTIVA MAR PRODUCTIVO BOSQUES PRODUCTIVOS BOSQUES PROTECTORES ESPACIO CONSTRUIDO RÍO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

MAR PRODUCTIVO 9%

Figura 5.5 Distribución de los usos del suelo para el planetoide personal ponderado.

Fuente: elaboración propia.

TIERRA PRODUCTIVA MAR PRODUCTIVO BOSQUES PRODUCTIVOS BOSQUES PROTECTORES ESPACIO CONSTRUIDO

ESPACIO CONSTRUIDO 22%

El valor para los cálculos es 2.31 ha que corresponde al resultado con todas las fracciones decimales (I 124, anexo 2).

MAR PRODUCTIVO 0%

RÍO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 12%

b) Distribución Social de la huella ecológica Antes de presentar el valor del cálculo de este indicador, es necesario mostrar detalles del ajuste del planetoide personal de acuerdo con la estratificación socioeconómica de la población.

Para esto se consideró la población por estrato en 2003 y los ingresos medios por familia en 1997. Estos valores se presentan en la tabla 5.10.

Figura 5.4 Distribución de la K Local entre los usos del suelo.

Una vez ajustado el planetoide personal a los ingresos por estrato a partir de su corrección con el criterio de ingresos, el componente de huella ecológica de los alimentos, la tabla que permite calcular el Planetoide Personal Ponderado queda como se muestra en la tabla 5.9 y distribuida por usos del suelo, como muestra la figura 5.5.

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO ANUAL (1997)

COMPONENTE DE HE ALIMENTOS AJUSTADA

PLANETOIDE PERSONAL POR ESTRATO

11,5

938.256

0,4098

1,170

36,8

1.202.628

0,5491

1,326

1.114.478

35,3

2.112.252

0,9225

1,744

4

259.181

8,2

3.534.828

1,5438

2,440

5

189.645

6,0

5.506.200

2,4048

3,404

6

70.800

2,2

6.339.288

2,7686

3,812

3.160.744

100,0

3.272.242

8,5986

13,897

545.374

1,43309

2,316

ESTRATO

No. HAB.

PORCENTAJE

1

364.750

2

1.161.890

3

Total

PLANETOIDE PERSONAL PONDERADO (2003) USO DEL SUELO

media

HA/HABITANTE /AÑO

Tierra productiva

1,1387

Mar productivo

0,2954

Bosques productivos

0,6059

Bosques protectores

0,0116

Espacio construido

0,0071

Río

0,0002

Conservación de la biodiversidad (12%)

0,2471

Planetoide personal

2,3059

Tabla 5.10 Población (2003), ingresos (1997) y planetoide personal ajustado.

En la tabla 5.11 se aprecia que los estratos 1, 2 y 3 agrupan la mayor parte de la población (83,6%), mientras que una minoría se localiza en los estratos 4 a 6. Los estratos 5 y 6 juntos tienen menos población que el estrato 1.

Tabla 5.9 Planetoide personal ponderado.

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La columna 4 muestra el componente de huella ecológica de los alimentos ajustada a los ingresos de que dispone una familia en cada estrato de modo que la diferencia proporcional en los ingresos se asume proporcional a la capacidad de compra de alimentos y por tanto a la utilización de tierra productiva y mar productivo. La columna 5 es la suma de la huella ecológica de los alimentos con la que genera cada uno de los otros consumos (vestido, sumideros de carbono, espacio construido, etc.).

El detalle de los cálculos se presenta en el anexo 1.

Una vez ajustado el planetoide personal, se puede calcular la huella ecológica de la población y la economía metropolitana, ponderando el consumo de naturaleza por la población y la capacidad de consumo (medida en ingresos) de cada sector social de la población. En la tabla 5.11 se presenta además una comparación con otras naciones del planetoide personal por estrato.

ESTRATO

PLANETOIDE PERSONAL POR ESTRATO

HE AJUSTADA POR ESTRATO, EN HA

PAÍS CON PP EQUIVALENTE

1

1,170

448.781

2

1,326

1.591.459

Indonesia (1,1), Perú, Filipinas, Turquía (1,2) Colombia, Nigeria

3

1,744

1.942.658

China (1,5), Egipto, Tailandia y Jordania (1,5)

4

2,440

612.809

Brasil (2,4), México (2,5) Promedio Mundial (2,3)

5

3,404

583.845

Corea (3,3), Chile (3,1)

6

3,812

254.117

Polonia (3,7), Italia (3,8)

Total

13,897

Huella ecológica en ha 54´596.237 Huella ecológica en km2 54.596,237

Media

2,316

Planetoide personal ajustado 2.316

Tabla 5.11 Huella ecológica ajustada y comparación de planetoide personal.

Fuente: elaboración propia.

La huella ecológica de la población y la economía metropolitana es de 54’596.237 km2, equivale a 47,40 veces el área del valle geográfico que es de 1.152 km2. Equivale al 85,82% del área total del departamento de Antioquia que tiene una extensión de 63.612 km2. Se acepta un planetoide personal de 2,316

ha como promedio ponderado, un valor cercano al promedio mundial. El promedio para una persona de estrato 2 es de 1,32 ha (anexo 1). Como se indicó este es un resultado menor en 1 ha al valor reportado para Colombia que es de 2,3 ha según Redefining Progress (1999).

La columna 4 de la tabla anterior muestra “las ciudades” que conviven en el espacio metropolitano de Medellín, desde el punto de vista del consumo de su huella ecológica. Las mayores huellas per cápita (3,8 ha) se aproximan a los promedios nacionales de Polonia e Italia. En segundo lugar están las huellas per cápita del estrato 5 (3,5 ha) que coinciden con los valores reportados para Corea y Chile, para los dos primeros países, los datos coinciden con las huellas per cápita de las capitales nacionales ya que allí se concentra la mayor parte de la economía y la población.

El planetoide personal del estrato 4 es comparable con los resultados de México y Brasil, y se acerca al promedio mundial (2,3 ha). Los resultados para el estrato 3 son concurrentes pero mayores que los de China, Tailandia y Egipto (1,5), que también puede ser referencia para el estrato 2. En valor de huella ecológica para el estrato 2 coincide con los datos de Nigeria y con el promedio nacional de Colombia; esto último es consistente ya que este es el estrato socioeconómico predominante en el país. Finalmente los consumos de naturaleza del estrato 1 en el área de estudio son comparables a los que ocurren en Indonesia, y menores que los datos de Perú y Filipinas. Una ilustración de estos resultados se muestra en el mapa 5.1.

Este mapa señala la distribución de la huella ecológica en el espacio urbano de Medellín, con base en un mapa del estrato socioeconómico predominante por sectores. Para efectos ilustrativos se ha utilizado la capital del país coincidente en planetoide personal como leyenda del mapa. El soporte de los datos se encuentra en el anexo 1.

153

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planetoide de personal por estratos y ciudades con consumos equivalentes en el municipio de medellín (1993)

corregimiento de san cristóbal corregimiento de santa helena

Producción local x ton =

Área cultivada x ha Productividad ton/ha

Los autores de la huella ecológica recomiendan utilizar datos de productividad media mundial para que exista consistencia entre las productividades locales y aquellas productividad que se importa, luego corrigen la productividad local mediante un “factor de productividad local”, así para los alimentos y para todo consumo de materiales y/o energía que requiera importación.

Esto supone que el área evaluada importa grandes cantidades de materiales y energía de la biosfera global, y es válido cuando el cálculo de huella ecológica se aplica a naciones enteras.

El procedimiento de cálculo descrito supone que se tienen datos ciertos en cuanto a los flujos de importación y exportación de alimentos, tales que se pueda establecer el balance de entrada y salida de estos y otros abastecimientos. No es el caso del área de estudio, y tampoco se quiere hacer una aplicación convencional del indicador de huella ecológica.

itagüí Estrato

ciudad con pp equivalente 1 yakarta, lima, estambul 2 bogotá, niamey 3 pekín, el cairo, bangkok, amman 4 brasil, sÃo paulo, méxico 5 seúl, santiago de chile 6 varsovia, roma actividad económica o industrial

envigado

Mapa 5.1 Equivalencia de planetoide personal en diferentes países con la estratificación socioeconómica en Medellín.

c) Dependencia ecológica de los alimentos En los trabajos conocidos sobre huella ecológica es común que se calcule el consumo de alimentos como la diferencia entre la producción local (del área de referencia), más las importaciones, menos las exportaciones, el saldo dividido entre la población local es el consumo agregado per cápita que, en esas condiciones, aparece desagregado por producto. Este procedimiento de cálculo se expresa matemáticamente como: Consumo de alimentos ton/hab. =

(Producción local ton-Exportación ton) + Importacióm ton Población total

A su vez, la producción local de un producto x se calcula como:

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Ante la falta de datos de flujos de importación y exportación, en este caso de alimentos, y dado que una característica importante del valle de Aburrá es la procedencia local-departamental y nacional de la mayor parte del volumen de alimentos que se consumen, se optó por ajustar el procedimiento de cálculo.

En primer lugar, se tomaron datos de productividad local-departamental y media mundial cuando se conoció que la procedencia de los alimentos consumidos es nacional o internacional.

Con este procedimiento se ahorra la consideración del “factor de productividad local” y los datos finales son más precisos.

En segundo lugar, se consideraron los consumos para un sector de la población, los obreros, a partir de conocer la canasta familiar básica: un listado de más de 100 productos de la que se tomaron los alimentos de mayor consumo, de acuerdo con los datos del DANE. Los obreros coinciden en cuanto al nivel de ingresos con los estratos socioeconómicos predominantes en el área metropolitana de Medellín y en el país, que son los estratos 2 y 3. Entre estos dos estratos se encuentra aproximadamente el 70% de la población del área y registran ingresos equivalentes a 2-3 sala-

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rios mínimos legales vigentes (370-555 US$/mes). Así se obtiene una estimación confiable de los consumos de alimentos por parte de la población, con base en sus hábitos de consumo y la capacidad de compra.

Con los datos de consumo y productividad se confeccionó la primera parte de la matriz del anexo 1 que relaciona cada consumo con las hectáreas per cápita de cada tipo de terreno utilizado (cultivo, pasto manejado, terreno construido, etc.) necesarias para cada tipo de producto. El componente de planetoide personal correspondiente al consumo de alimentos se obtiene de sumar todas las áreas requeridas. La proporción de estos requerimientos disponible en el valle de Aburrá es la capacidad de carga local, lo demás se entiende importado, es decir, hace parte de la capacidad de carga de otros territorios. El detalle de los cálculos se presenta en el anexo 1 (matriz general de cálculo de la huella ecológica), el resultado de los mismos para la categoría de consumo “alimentos”, aparece en la tabla 5.12.

ESTRATO

COMPONENTE DE HE DE ALIMENTOS AJUSTADA

1

0,4098

364.750

2

0,5491

1.161.890

638.003

3

0,9225

1.114.478

1.028.108

4

1,5438

259.181

400122

5

2,4048

189.645

456.053

6

2,7686

70.800

196.018

POBLACIÓN POR ESTRATO HE DE ALIMENTOS POR ESTRATO HA 149.465

Total

8,5986

2.867.768

Media

1,43309

0,90730

Tabla 5.12 Planetoide personal para abastecimiento de alimentos.

Al final se obtuvo un valor medio ponderado de 0,90730 ha/hab como área requerida para el abastecimiento de alimentos de una persona en el área de estudio. La media aritmética es mayor (1,43309 ha), pero para efectos de los cálculos de dependencia ecológica se ha asumido el valor medio ponderado. Con este dato de 0,9730 ha/hab, el área requerida para abastecer de alimentos a la población metropolitana es de 28.677,68 km2, el 51% de la HE total. El valor es consistente con los datos arrojados por otros estudios, según se muestra en la tabla 5.13.

ESTUDIO DE CASO

COMPONENTE HE DE ALIMENTOS EN HA/HAB

OBSERVACIONES

Santiago de Chile

0,99

Incluye vegetales y productos animales terrestres y marítimos

Barcelona

1,48

Corresponde al área requerida en cultivos (0,49 ha) y en pastos (0,99 ha).

Provincia de Málaga

1,975

Agrupación de resultados de agricultura, ganadería, pesca y forestal

Valle de Aburrá

0,90

Resultados de alimentos de origen agrícola, de origen pecuario y procesados. Valor correspondiente una ponderación por ingresos destinados a la compra de alimentos.

Tabla 5.13 Comparación entre componente de huella ecológica de alimentos de cuatro estudios de caso. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de estudios citados.

La dependencia ecológica de tierra productiva para la producción de alimentos asciende a 28.462,15 km2, la diferencia entre la capacidad de carga local (215,52) y la demanda real de tierra productiva y mar productivo (28.677,68); en otros términos, la dependencia ecológica de alimentos es del 99,24%, es decir, la producción local de alimentos abastece el 0,75% de la demanda agregada de suelo y mar productivo. Si sólo se tuviera en cuenta el suelo productivo, este indicador de autoabastecimiento crecería. Sólo en tierra productiva la demanda de espacio ecológico es 22.617 km2, con lo que el autoabastecimiento crece hasta 0,95%.

d) Madera y sumideros de carbono Un tema central para la sostenibilidad ecológica global es el equilibrio climático; aún más si se tiene en cuenta que el calentamiento global es una realidad pese a que sobre las causas de este fenómeno no hay consenso científico. ¿Cuál es el peso real que la quema de combustibles fósiles que se ha hecho desde los albores de la era industrial hasta la fecha, tiene en el calentamiento global? Mientras se clarifica definitivamente esta cuestión, una actitud inteligente es la prudencia, y de esto se ha hecho eco en las diferentes cumbres mundiales dedicadas específicamente al tema. Ante la incertidumbre es recomendable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ahora bien, en un análisis de sostenibilidad urbana, y considerando que las ciudades son nodos en los que se queman grandes cantidades de combustibles fósiles, no puede obviarse el tema. Actividades urbanas como la industria, la movilización 155

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y el transporte público y privado de la población, la generación de desechos orgánicos, entre otras tan naturales como cocinar los alimentos (con gas o combustibles) o el simple acto de respirar, generan cantidades considerables de gases de efecto invernadero, cuya característica principal es que se emiten de forma masiva y permanente, en un área reducida cual es la que ocupa un conglomerado urbano.

En el valle de Aburrá tiene lugar una situación ambiental que resulta ventajosa para la salud de la ciudad colombiana: la mayor parte de la energía que se consume en la cocción de los alimentos y en la industria proviene de centrales hidroeléctricas, lo que reduce, en comparación con otras ciudades, las emisiones de gases de efecto invernadero por estos dos conceptos.

En los últimos años, ante el encarecimiento creciente del kilovatio/hora para toda la población (se han desmontado gradualmente los subsidios al consumo de los estratos más bajos), se ha impulsado un programa de gas domiciliario; además, la población ha aumentado considerablemente el consumo de gas envasado. Con todo, la energía eléctrica es la predominante

TIPO DE ACTIVIDAD

FUENTE DE ENERGÍA

CONSUMO KG. PER CÁPITA/ AÑO

en la ciudad colombiana, y en el área de estudio puede serlo más, debido a que la empresa local de energía (de propiedad pública) aún subsidia los consumos. Pese a lo anterior, el consumo de energía medido en Kw-h proveniente de combustibles fósiles supera casi en un 100% al consumo de energía eléctrica, según los datos de consumo final de energía.

Como se muestra en la tabla 5.14, la mayor proporción de gases de efecto invernadero se produce por la movilidad vehicular. Los datos probablemente están subestimados, ya que sólo se consideró el consumo per cápita de combustibles líquidos por vehículos de motor. Se incluyen las emisiones relacionadas con el consumo de carbón cuya principal procedencia es minería subterránea, por lo cual no se considera área superficial de extracción. Hay además datos de emisiones por la respiración del conjunto de la población y otros provenientes de la degradación de los desechos orgánicos. Los factores de emisión que se incluyen en kg de CO2/Gj provienen de estudios europeos (Relea y Prats, 1998); los datos de respiración se tomaron de Naredo (1998), y los datos locales se extrajeron de varias fuentes que aparecen detalladas en la matriz de cálculo (anexo 1).

CONSUMO EQUIVALENTE EN GJ/.PER./AÑO

FACTOR DE EMISIÓN EN KG. CO2./GJ

EMISIÓN DE CO2 KG./PERSONA / AÑO

TOTAL EMISIÓN DE CO2 TON/AÑO

ÁREA REQUERIDA PARA FIJACIÓN EN HA./CÁPITA

Industria

Carbón

137.180

9.5724*10^ -8

141

1.3497*10^ -5

426.606

0,306451

Movilidad motorizada

Gasolina

209.412

8,37648

73

611,48

1.937.225

0,067485

Degradación de desechos

Desechos orgánicos

174,4

0,021

83,5

0,714

551.455

0,087235

Respiración

Alimentos

3,05

94,87

289,.38

914.656

0,144690

Total

0,605861

Tabla 5.14 Volumen de emisiones de CO2 por tipo de actividad.

Fuentes: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y otros, citados por Relea y Prats (1998) y datos de Naredo (1999) y Minambiente (www.minambiente.gov.co)

La tabla 5.15 muestra el volumen de emisiones de CO2 que generan las actividades que consumen combustibles fósiles (industria, movilidad y transporte), las emisiones que originan la degradación de desechos orgánicos y las que corresponden a la respiración. No se han incorporado datos relativos al consumo de gas natural, ya que, como se explicó aún no es significativo en el área metropolitana. No obstante, los datos resultan consistentes y muy ilustrativos.

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El valor de 0,6059 ha/hab genera un requerimiento de espacio equivalente a 19’149.715 km2 de bosques fijando CO2 a una tasa media de 2 ton/ha/año. En el anexo 2 se reporta una capacidad de carga local en bosques productivos igual a 352,84 km2. Lo anterior significa que esta cobertura de bosques absorbe el 1,81% del CO2, o en otros términos, el déficit ecológico de sumideros de carbono es del 98.19% (18’796,875 km2).

En el área de estudio la dispersión de contaminantes se complica dadas las características topográficas del valle de Aburrá. Aun así las mediciones no muestran datos alarmantes. En cuanto a la capacidad del territorio metropolitano para absorber al menos alguna parte de los gases de efecto invernadero que el funcionamiento urbano genera, el análisis de huella ecológica permite hacer un balance emisiones/coberturas vegetales, que relaciona el volumen de gases de efecto invernadero generado en un periodo de tiempo (anual), y la capacidad de fijación de carbono de la vegetación, bien se trate de la vegetación existente o de la que se tiene proyectado establecer en cinturones verdes, bosques municipales u otros proyectos de reforestación urbana.

Para la vegetación se asume una tasa de fijación de carbono que se relaciona con la especie y las condiciones ecológicas en que crece. Este tipo de datos apenas comienza a obtenerse en el mundo, por lo tanto se optó por considerar una tasa media de fijación de carbono para la cobertura de bosque, de acuerdo con algunas investigaciones locales (Blandón, 2001; Universidad Nacional, 1999).

En el valle de Aburrá se tiene proyectada la siembra de once millones de árboles, unas diez mil hectáreas de bosques que conformarán un cinturón verde para frenar la expansión de la urbanización hacia las laderas. El plan ha comenzado y se trabaja actualmente en su implementación. Así mismo, existen áreas dedicadas a la conservación de muestras representativas de los bosques originarios de la región, localizados hacia las cimas de las vertientes que delimitan el valle, tal como muestran los indicadores ambientales urbanos.

La categoría definida como “madera y sumidero de carbono” se admitió bajo el supuesto de que el área que se requiere para reincorporar el carbono correspondiente a las categorías de consumo descritas en la tabla 5.15, es suficiente también para proveer los consumos de madera de la población metropolitana. En efecto, el crecimiento promedio de los bosques en biomasa es de 4,2833 toneladas por hectárea año que produce en promedio 1,071 m3/ha/año. Con un área requerida anual de 1´914.971 hectáreas, se tendría una producción de 2´050.933,941 m3/año, suficientes para dotar a cada habitante del área metropolitana con 0,65 m3/año de madera.

En vista de los datos anteriores, se atendió la consideración de los autores de la huella ecológica, se asume, para evitar doble contabilización de las áreas de bosque, en cuanto a que el sumidero de carbono requerido abastece la madera para el consumo.

e) Dependencia ecológica del abastecimiento de agua y energía eléctrica La mayor parte de la energía consumida en el valle de Aburrá para usos domésticos, comerciales e industriales proviene de plantas hidroeléctricas abastecidas por embalses que sirven a la vez para el abastecimiento de agua potable. Este tipo de tecnología de aprovechamiento múltiple de recursos hidrológicos reduce la huella ecológica de los centros metropolitanos, que sería mucho mayor si la generación de energía se hiciera en plantas termoeléctricas o si se masificara el consumo doméstico de combustibles fósiles o biomasa.

Sin embargo, las infraestructuras necesarias para implantar en el territorio estas tecnologías exigen una apropiación significativa de espacio productivo que se localiza por fuera de las concentraciones metropolitanas. Es común que la hidroenergía abastezca de sobra a la concentración urbana en su vecindario, con lo que la huella ecológica por considerar es aún más baja, si se tiene en cuenta la altísima eficiencia energética de estos sistemas de generación. Las áreas inundadas se contabilizaron como “tierra productiva” según se explica más adelante.

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Es importante que además del área inundada se tome en consideración el área de bosques protectores y suelos de protección, necesarias para asegurar un flujo constante y regulado de agua con baja carga de sedimentos hacia los embalses. Esta categoría se denomina en este trabajo bosques protectores para diferenciarla de los bosques productivos del acápite anterior, que tienen como función fijar carbono y abastecer la demanda de madera. En resumen, el área apropiada para el sistema de abastecimiento de agua potable, es equivalente al área que se utiliza para proveer de energía a la población metropolitana del área de estudio.

La oferta local (en el valle geográfico) es muy baja; la principal fuente está contaminada, al igual que las quebradas afluentes, debido a que transportan los desechos domésticos desde los barrios hasta el cauce del río Aburrá o Medellín. Esta situación se pretende cambiar en los próximos años, cuando se complete una red de colectores paralelos a las quebradas que conducirán las aguas servidas hasta las plantas de tratamiento.

El abastecimiento de agua de la población metropolitana depende enteramente de fuentes externas al valle del río Aburrá, en otras palabras, la casi totalidad del agua que se consume se transvasa de otras cuencas; esta es una forma muy común de capacidad de carga robada a otros territorios por parte de las ciudades. Veamos: Los 3’160.744 habitantes del valle de Aburrá consumen un promedio de 173´462.541 en m3/año de agua, según las estadísticas de agua facturada para sectores residenciales, industriales, un consumo medio de 155 litros/habitante/día (Empresas Públicas de Medellín, EPM, Estadísticas de Facturación, 2002), que debe ser un poco mayor si se incluye a la población rural que es atendida por acueductos veredales y se suma el área de pozos profundos. Se sabe que la cobertura de este servicio supera el 98% en zona urbana (EPM, 1995).

Las fuentes de abastecimiento de agua para las distintas plantas de tratamiento están localizadas en un 55% fuera del área geográfica del valle, al igual que los principales embalses (Río Grande y La Fe). Las fuentes externas al área geográfica proporcionan el 84% del caudal captado.

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El sistema de abastecimiento está conformado principalmente por tres embalses y nueve captaciones directas de quebradas.

El embalse de La Fe, que abastece la planta de tratamiento de La Ayurá, recoge las aguas de los ríos Piedras, Buey y Pantanillo, y de las quebradas Las Palmas, La Miel, Potreros y Espíritu Santo; su capacidad útil es de 12,1 millones de m3. El embalse de Río Grande recoge las aguas de los ríos Grande y Chico, y las quebradas Las Ánimas y Orobajo; su capacidad útil es de 152,1 millones de m3, abastece la planta de Manantiales. El más antiguo de los embalses, el de Piedras Blancas, abastece las plantas de Villa Hermosa y La Montaña, su capacidad útil es de 1,2 millones de m3.

La operación del conjunto permite una captación de 0,64 m3/s, caudal que corresponde a las quebradas La Iguaná, La Puerta y la Tenche, que surten la planta del corregimiento de San Cristóbal; La Mangual, Despensas, La Larga y La Chata, que surten la planta del corregimiento de San Antonio de Prado; La Ayurá surte la planta de Envigado y La Picacha, la del corregimiento de Aguas Frías.

Los tres embalses suman una área inundada de 1.372 ha (19 ha Piedras Blancas, 143 ha La Fe, y 1.210 ha Río Grande), y permiten un flujo de agua hacia la ciudad suficiente para abastecer la demanda actual y aun absorber un cierto crecimiento de la misma. De hecho, la producción anual de agua potable asciende a 281’507.000 m3, suficiente en 1996 (fecha de los datos) para atender de sobra la demanda actual (2007) con un sobrante mayor al 10%.

De acuerdo con estos datos, cada habitante del área de estudio requiere una área inundada de 4,34 m2, un “estanque cuadrado” de 2,08 metros de lado, de una profundidad que es la media de los embalses. Se omiten aquí las áreas requeridas para las instalaciones de potabilización y las áreas de exclusión de las tuberías superficiales. Estos valores, junto con otros de categorías ya descritas, se incluyen en un factor de ajuste global.

Siguiendo con los embalses, se puede considerarse la extensión de las cuencas hidrográficas asociadas a las fuentes de abaste-

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cimiento de agua como un criterio adicional para conocer el área per cápita comprometida en la protección de las fuentes hídricas. Las fuentes que abastecen el embalse de Piedras Blancas suman 9.650 ha; las que abastecen el embalse de La Fe ocupan una superficie de 45.800 ha; por su parte Río Grande se abastece de una cuenca con 104.100 hectáreas de superficie.

Las características del sistema de embalses se presentan en la tabla 5.16. En cuanto a “tierra productiva” inundada para embalses, la dependencia ecológica es del 100%.

Se asume un 23% del área de la cuenca como zona de protección destinada exclusivamente a bosques u otras coberturas vegetales con ese carácter, ya que este porcentaje corresponde con el área adquirida por las autoridades responsables de la conservación de estas cuencas. Así se obtiene que la protección de las fuentes de abastecimiento de agua requiere 36.745,96 ha, una parcela de 116,26 m2 por habitante, mientras la oferta de bosques de protección en el valle suma 49,46 ha, el 0,13% del área requerida en bosques protectores para el abastecimiento de agua. Así la dependencia ecológica de bosques de protección es del 99,87%.

En síntesis, el área total requerida para abastecimiento de agua y producción de hidroenergía es de 38.118 km2 (0,0120 ha/ hab), esto sin tener en cuenta, como ya se dijo, el espacio ocupado por las infraestructuras de distribución, captación, potabilización y bombeo para la provisión de agua e hidroenergía.

Este valor corresponde a un déficit ecológico del 98,70%, en vista de que se tiene una capacidad de carga local de 49,46 ha. de bosque de protección en las cuencas de captación directa.

La tabla 5.15 resume las características de los embalses, la captación directa y las áreas de protección que precisa el sistema de abastecimiento de agua e hidroenergía.

EMBALSE Piedras Blancas

Total

La Fe

Total

ÁREA INUNDADA VOLUMEN ÚTIL ( M. M3) (HA) O CAUDAL (CAPTACIÓN DIRECTA) 19

1,2

19

1,2

143

12,1

143

12,1

Río Grande

1210

152,1

Total

1.210

152,1

FUENTES Q. Piedras Blancas Q. La Honda Q. La Mosca

3 Ríos Buey Piedras Pantanillo Quebradas Las Palmas, La Miel, Potreros, Espíritu Santo

7 Ríos Grande y Chico Quebrada Las Ánimas, Orobajo

4

ÁREA DE LA CUENCA (HA) 28.50 22 46

96.50

291 89.40 77.60

45 800

104 100

104 100

Captación directa (San Cristóbal)

0,23 m3/s

Quebradas La Iguana, La Puerta, La Tenche

Captación directa (Antonio de Prado)

0,10 m3/s

Quebradas La Manguala, Despensas, La Larga, La Chata

Captación directa (Envigado)

0,28 m3/s

Quebradas La Ayurá

38,14

Captación directa (Aguas Frías)

0,03 m3/s

Quebradas La Picacha

12,86

TOTAL

1372

165,4 + 0,64 m3/s

14

88.05

76

159.765.05

Tabla 5.15 Características de los embalses que abastecen de agua e hidroenergía en el valle de Aburrá. Fuente: Empresas Públicas de Medellín (1991, 1995).

Con los datos de la tabla 5.16 se puede concluir con certeza que la concentración metropolitana no es sostenible ecológicamente si se entiende el sistema ecológico de soporte restringido al valle geográfico. En conjunto, la dependencia ecológica es del 99,99%; la capacidad de carga del valle de Aburrá apenas sí alcanza a abastecer una parte mínima de los requerimientos alimentarios, una pequeña porción del consumo de agua (captación directa), y asociado a esta, una porción reducida de los bosques de protección de las cuencas implicadas (tabla 5.16). Las coberturas boscosas actuales y las iniciativas de reforestación en marcha conseguirán aumentar la capacidad de 159

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carga del valle en el balance emisiones/coberturas, por ahora el déficit ecológico es mayor al 98%.

La pregunta que es necesario responder a continuación es: si la ciudad no es sostenible ecológicamente, ¿de dónde “importa” su sostenibilidad? En otros términos, ¿dónde pisa la huella ecológica? Para responder a estas preguntas se acude a un indicador final que cierra este capítulo; se trata de los ecosistemas estratégicos.

PLANETOIDE PERSONAL (PP) ESTRATO OBREROS.

1,326

PLANETOIDE PERSONAL PONDERADO (PP)

2,316

DEPENDENCIA ECOLÓGICA HUELLA ECOLÓGICA VALLE DE ABURRÁ KM2

54.596,237

CAPACIDAD DE CARGA LOCAL (K) HA/HAB. CAPACIDAD DE CARGA LOCAL (K) EN KM2 CAPACIDAD DE CARGA ROBADA EN KM2

0,032 1.014,293 53.581,944

DÉFICIT ECOLÓGICO PROMEDIO EN HA/HAB.

2,284

DEPENDENCIA ECOLÓGICA %

99,99

DEPENDENCIA ECOLÓGICA DE ALIMENTOS %

99,24

DEPENDENCIA ECOLÓGICA DE SUMIDEROS DE CARBONO %

98,19

DEPENDENCIA ECOLÓGICA DE AGUA E HIDROENERGÍA %

98,70

Tabla 5.16 Resumen de los resultados.

Fuente: elaboración propia.

nes y los procesos de los ecosistemas naturales que son útiles a diversos propósitos humanos, y cuyo deterioro afecta a las generaciones futuras en su propio proceso de reproducción y bienestar. Algunos de estos servicios ambientales, según la propuesta de Daily (1998), Mooney y Ehrlich (1998) podrían ser49: 1. Purificación del aire y el agua 2. Detoxificación de basuras 3. Mitigación de crecientes y control de inundaciones y sequías 4. Generación, renovación y mantenimiento del suelo fértil 5. Polinización de cultivos y vegetación nativa 6. Manejo y control de plagas y enfermedades 7. Procesos de dispersión de semillas y traslocación de nutrientes 8. Conservación y protección de la biodiversidad 9. Protección contra los rayos ultravioleta 10. Estabilización parcial del clima

f) Ecosistemas estratégicos: ¿Dónde “pisa” la huella ecológica?

En el capítulo 1 están las bases teóricas de lo que se entiende por ecosistemas estratégicos (EE); como tales se definen áreas que abastecen de recursos o liberan a la ciudad de excesos de algún factor (contaminación), cuando estos recursos o servicios ambientales son de baja o nula sustituibilidad local. La sustituibilidad debe entenderse no simplemente como la posibilidad de encontrar un remplazo tecnológico o de mercado para un bien o servicio ambiental considerado, sino como la posibilidad de que este bien o servicio o su remplazo tecnológico, si existiera, sea asequible a la mayoría de la población en el área considerada.

Una definición formal de lo que son los servicios ambientales o ecosistémicos propone que estos constituyen las condicio-

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11. Moderación de temperaturas extremas 12. Soporte de la diversidad cultural humana 13. Provisión de bellezas y singularidades estéticas y paisajísticas y estimulación intelectual para el espíritu 14. Protección pesquera 15. Ciclos de materiales (biogeoquímicos) 16. Contribución al equilibrio en la composición atmosférica 49. Esta definición se corresponde con la perspectiva antropocéntrica utilitarista que guía la valoración económica.

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De este listado general, que podría ampliarse y contraerse por agrupaciones de algunos servicios con significados más o menos similares, es necesario derivar un grupo útil al contexto local, sobre todo porque frente a muchos de estos servicios no se cuenta con información en la región, por lo que queda un vasto campo de investigación por desarrollar. Esta reelaboración de lo que se ha llamado los servicios ambientales básicos para la sostenibilidad de la metrópoli de Medellín no pretende desconocer la existencia de otros servicios ecosistémicos, sino delimitar el campo de análisis remitiendo a servicios claramente relacionados con procesos urbanos, bien sea industriales, residenciales, comerciales, recreativos o de otra índole.

carácter de lugar (delimitable) a lo que originalmente se propuso como categoría funcional. En segundo lugar, lo estratégico está en función del estado de conservación (integridad y funcionalidad ecológica) del ecosistema, determina el carácter especial, que se verifica como la provisión de un servicio ecosistémico que remueve un factor limitante, bien por defecto (recurso escaso) o por exceso (condición extrema).

Para los propósitos de este trabajo, los servicios ambientales no corresponden a una categoría natural, sino a una categoría social desde la perspectiva utilitarista de la economía, de un ecosistema en particular no interesan todos los servicios ambientales sino aquellos con una demanda social efectiva.

Los cinco servicios ambientales considerados se redefinen en el área de estudio como:

Con base en el análisis de huella ecológica que permitió establecer la dependencia ecológica, se elabora el listado de los servicios ecosistémicos y ecosistemas que los proveen, es decir, las áreas desde las cuales se “importa” sostenibilidad ecológica. Los servicios ambientales de los que se tiene mayor dependencia ecológica son:

2. Fijación de carbono de gases de invernadero CO2 y CO

1. Regulación hídrica

5. Provisión de bellezas escénicas y paisajísticas como oportunidades recreativas

2. Depuración de efluentes líquidos 3. Sumidero de carbono 4. Seguridad alimentaria 5. Bellezas y singularidades estéticas y paisajísticas como oportunidades recreativas Identificar los EE a partir de los servicios ambientales que prestan, demanda insistir y clarificar dos conceptos centrales: en primer lugar la categoría ecosistema corresponde a una transformación de la idea original de Tansley, en tanto se asigna el

En síntesis, un EE se caracteriza por proveer de servicios ecosistémicos que contienen recursos limitantes o controlan factores ambientales críticos, para el mantenimiento de determinadas utilizaciones humanas del territorio, o en otros términos, por incrementar la capacidad de carga de un territorio.

1. Transporte y depuración de contaminantes líquidos, domésticos e industriales

3. Seguridad alimentaria. Mantenimiento de suelos fértiles y economías campesinas 4. Regulación hídrica

A cada servicio se le asigna un conjunto de sitios que cumplen, por así decirlo, la función ecosistémica de interés. Pero en contra de esta simplificación operan dos importantes conceptos ecológicos, estos principios son la complejidad y la sinergia.

El primero deja ver que no existe una única función o servicio atribuible a un ecosistema. El segundo propone que el efecto combinado de las características de un ecosistema es mayor que la adición de los efectos individuales que produce cada característica por separado. De allí que sólo pueda hablarse del servicio ecosistémico principal o estratégico, que está en función de las demandas de un grupo social interesado.

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Cabe señalar que no existe un servicio exclusivo de un ecosistema en particular, pero la cantidad de un servicio tal sí puede ser mayor en unos ecosistemas que en otros. En consecuencia, se puede hablar de que los sitios se designan como estratégicos para un servicio tal, en razón del mayor aporte al conjunto de la demanda social del servicio considerado.

Los sitios que se han asociado a cada servicio entonces son los que, según el criterio adoptado, proveen principalmente el servicio ambiental y a la vez son lugares especialmente dotados para ofrecerlo.

A continuación se describe cada servicio a fin de justificar la selección de los denominados EE. Esta definición está en función de la forma y la intensidad con la que resuelven el déficit ecológico metropolitano. El mapa 5.2 describe el conjunto de ecosistemas estratégicos para el valle de Aburrá.

Transporte y depuración de contaminantes líquidos o en solución, domésticos e industriales

Las quebradas que conforman la cuenca del río Medellín y el río mismo, se han constituido en el aparato excretor urbano, gracias a que colectan, transportan, diluyen, dispersan y retienen la carga contaminante producto de las actividades domésticas e industriales propias de la ciudad. El transporte a lo largo del cauce permite la exportación de los contaminantes colectados del sistema de alcantarillado, las corrientes favorecen la dilución de parte de la carga contaminante y la dispersión de la misma a lo largo de todo el canal. La retención se refiere a que la mayor parte de los desechos permanecen algún tiempo en los cauces de las quebradas y del río.

Este importante servicio ecosistémico le permite a la población urbana exportar y parcialmente tratar los desechos de sus actividades, trasladando el excedente no depurado por la corriente a otras localidades por fuera del ámbito político administrativo de los diez municipios del área.

Esta ha sido la utilización histórica del río, situación que ha obligado a recurrir a otras fuentes para abastecimiento de agua.

Contrario al planteamiento de que se ha inutilizado el río, se

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sostiene que se ha especializado el mismo en un único servicio ecosistémico. Los cálculos de área requerida para este servicio, considerando sólo el área del canal principal, corresponden a 1,75 m2/habitante, de los cuales 0,73 m2, el 42% se localizan en el propio valle de Aburrá. Estos valores aparecen agregados en los resultados de planetoide personal y dependencia ecológica de agua e hidroenergía (anexo 1, hoja 1 A:81).

Fijación de carbono y de gases de invernadero CO2 y CO

Una de las funciones más comúnmente reconocidas a las coberturas vegetales es el cambio de dióxido de carbono (CO2) por Oxígeno (O) mediante el proceso de fotosíntesis, contrario a la respiración humana. Es así como la vegetación ha ganado su papel como “pulmón” natural de las ciudades o del planeta. Menos comunes y más recientes son las asociaciones entre la existencia de bosques y otras áreas con vegetación en crecimiento, y el mantenimiento del equilibrio climático global y local.

La quema generalizada de combustibles fósiles, tanto a escala planetaria como local y especialmente en las ciudades, en donde se ha impuesto e incrementado el transporte motorizado y las industrias dependientes para sus procesos de estos combustibles han hecho de las ciudades verdaderos focos de consumo de energía fósil. Allí, los llamados gases invernadero constituyen un factor de desequilibrio de la atmósfera local y aportan al desequilibrio global. Pese a que en torno al tema del cambio climático aún hay discusiones y clarificaciones científicas que hacer, el principio de precaución obliga a suponer que una excesiva carga de gases de invernadero no tiene por qué no afectar la atmósfera y el clima.

Se entiende entonces que la función ecosistémica de las coberturas vegetales de ser sumideros de carbono resulta esencial para controlar el exceso de este factor; esto es válido para todas las coberturas vegetales del valle, en mayor o menor medida.

La mayor medida está dada en el caso que nos ocupa, por la circulación de los vientos y el patrón de dispersión de los contaminantes atmosféricos a nivel local, lo mismo que por la edad y el tipo de cobertura vegetal que actúa como sumidero.

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Como se expuso anteriormente, se calculó un balance emisiones/coberturas, pero dado que los gases de efecto invernadero se dispersan de manera homogénea en la atmósfera, no es posible asociar directamente la localización de coberturas vegetales con el mayor o menor grado de remoción de este factor limitante. Sin embargo, es claro que las áreas de vegetación más vigorosa en crecimiento, así como las áreas que ya almacenan carbono en sus estructuras orgánicas, deberían incrementarse.

En tal sentido se señalan las áreas de bosque natural y bosque plantado, como estratégicas para el control del clima: el aporte local al control del cambio climático global.

Regulación hidrológica

Este servicio permite un flujo constante de agua hacia los canales de distinto orden en la cuenca, como tal se entiende en el lenguaje cotidiano “la producción de agua por los bosques”.

En tal sentido, la regulación hidrológica permite un flujo permanente de agua para dos abastecimientos urbanos principales, el consumo humano y caudal para transporte de contaminantes.

Respecto del primer abastecimiento, las áreas que proveen este servicio son las cuencas altas de los ríos y quebradas que surten los embalses de La Fe, Río Grande y Piedras Blancas, además de las cabeceras de las quebradas de captación directa (ver tabla 5.16). Las áreas que contribuyen al segundo abastecimiento son todas aquellas por fuera de la red de drenaje, es decir, el conjunto de la cuenca hidrográfica del río Medellín, particularmente sectores que son nacimientos de fuentes de agua y aquellos que contienen vegetación natural o plantada, que cumple funciones protectoras.

En resumen, la función de regulación hidrológica corresponde, en esta interpretación, a los abastecimientos de agua para consumo humano y para transporte de residuos líquidos o en suspensión.

Seguridad alimentaria

Una sensación que se ha vuelto común en un mercado globalizado, es que los abastecimientos de alimentos están asegurados a perpetuidad por las condiciones favorables de producción

que se consiguen en los países con altos niveles tecnológicos en la agricultura y la ganadería.

Pero la Pandora globalización deja múltiples y variados recintos desde los que es posible resistir la imposición de este modelo, que amenaza la persistencia de economías campesinas locales y su bagaje de conocimientos agropecuarios, que posibilita preservar zonas con altos potenciales productivos del avance de la renta urbana, con la que no puede competir la renta rural, lo que se explica en buena medida por el propio proceso globalizador.

Se puede afirmar que, si bien es cierto que la globalización del mercado –y con ella, la decadencia de las producciones campesinas locales frente a las del mundo industrializado–, genera una marcada dependencia de las importaciones, también lo es que estas no alcanzan a abastecer las demandas del país en todos los casos, por un sinnúmero de razones cuyo análisis no es objeto de este trabajo. Una ciudad que importa grandes cantidades de alimentos es un buen escenario para verificar o descartar la tesis de que el mercado internacional ha conseguido abastecer de alimentos a la población, por encima de lo que lo hacen las producciones campesinas locales.

Según los registros de que disponen las centrales mayoristas y minoristas de la ciudad del total del volumen de alimentos que ingresaron en estas plazas en el año 1998, un 58% observaron procedencias locales y de estas, un 28% procedieron del Oriente Antioqueño50, especialmente de los municipios de Santuario, Rionegro, La Unión y Marinilla. Si se observan las procedencias, el Oriente Antioqueño con un 19%, prima sobre San Antonio de Prado, San Cristóbal y Santa Elena, además del norte de Antioquia, Urabá y otros. ¿Cómo se configura entonces el servicio ambiental denominado seguridad alimentaria? Acudiendo de nuevo a la distinción entre bienes y servicios propuesta atrás, los bienes los constituyen los alimentos: frutas, verduras, granos, leche, carne, etc., por tener un precio de mercado. Los servicios corresponden a las condiciones naturales y culturales que permiten una 50. Un consolidado de los diez municipios del Altiplano, más El Peñol, Guatapé y Sonsón.

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alta oferta ambiental natural o inducida, tales como fertilidad de los suelos, tecnologías locales tradicionales y biodiversidad asociada al control biológico de plagas y enfermedades en los cultivos, entre otras.

De modo que resultan estratégicas para la seguridad alimentaria aquellas áreas que cumplen con la condición de mantener, en forma persistente, usos agrícolas o pecuarios en zonas rurales centrales, y aún en zonas rurales periféricas bien comunicadas con la ciudad. La cartografía de estas áreas se hace marcando regiones o localidades productoras tradicionales de alimentos de gran consumo en la ciudad.

Provisión de bellezas escénicas y paisajísticas como oportunidades recreativas

Muchos sitios en el área metropolitana de Medellín hacen parte de la tradición de los habitantes, que los identifican como escenarios recreativos, esto en razón de la costumbre de visitarlos con ese propósito. En general, estos lugares se caracterizan por la inexistencia de una infraestructura construida como amoblamiento para la recreación, compensada por un conjunto de condiciones naturales muy apropiadas entre las que se cuentan: ß

Accesibilidad y cercanía a los centros urbanos, o bien senderos naturales con alto valor paisajístico.

ß

Un clima benigno cuyas condiciones de menor precipitación y más altas temperaturas coincide con las épocas de vacaciones, especialmente en fin y principio de año.

ß

Fuentes de agua cuya cantidad y calidad permiten la realización de actividades de recreación activa, en especial baño y juegos acuáticos.

ß

Se localizan en quebradas o altos, cerros y lagunas, periféricos y en ocasiones en el mismo centro de las ciudades.

ß

Su persistencia se encuentra amenazada por presiones para utilizaciones muy diversas, entre las que la extracción de materiales para construcción se destaca por su poder deteriorante de estos escenarios. En segundo lugar

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están la ganadería y posteriormente la urbanización, si de impacto de las actividades sobre sitios de recreación tradicional hablamos.

La última característica señalada es probablemente la que más aporta al hecho de que la población metropolitana haya desplazado sus sitios y gustos recreativos a lugares amoblados con infraestructuras terminadas y un mayor grado de artificialización o a escenarios que contrastan abiertamente con las condiciones urbanas, en el Norte y Oriente Antioqueños y el occidente medio del departamento.

La cartografía de este servicio está asociada a dos escalas; la primera, que comprende todos los sitios que dentro del área metropolitana reconoce la población por su valor recreativo, se denominan sitios tradicionales y representan los espacios naturales de interés público. La segunda escala es regional e incorpora localidades en el oriente y occidente del departamento, muy especialmente en esta segunda subregión, en razón del incremento en este tipo de utilizaciones del suelo, que se advierte a partir de la entrada en operación del llamado Túnel de Occidente.

El servicio se configura a partir de la posibilidad que tiene la población de encontrar en estos sitios esparcimientos y lugares de ocio, no necesariamente vinculados a infraestructuras construidas para el turismo, sino también, utilizaciones vinculadas con propósitos educativos y lúdicos.

El mapa 5.2 presenta una imagen de satélite del valle de Aburrá, sobre la cual se han delimitado en forma esquemática las áreas representativas de los EE regionales, que corresponden a los servicios ambientales básicos descritos atrás: 1. Cuenca media y baja del río Porce-Nechí 2. Cerro del Padre Amaya y Cuchilla de las Baldías 3. Agroecosistemas del Oriente Antioqueño y del noroccidente de Antioquia 4. Cuenca alta de los ríos Grande y Chico, Alto de San Miguel

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5. Cañón del río Cauca. Localidades turísticas de Santafé de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Olaya, vía a Anzá.

El mapa 5.2 corresponde a la imagen de la ecorregión urbana.

Como síntesis, en la tabla 5.17 se muestran los servicios ecosistémicos y los EE asociados.

La ecorregión urbana definida en el mapa 5.2 es el área que habría que administrar desde la concentración metropolitana con criterios de sostenibilidad ecológica. Desde luego, la existencia de municipios por fuera de la jurisdicción político-administrativa de las entidades del valle de Aburrá, obliga a apelar a estrategias de solidaridad interregional y equilibrio territorial.

En una perspectiva de equidad, la capacidad de carga “robada” a los territorios en la ecorregión urbana, debería ser reconocida y compensada para asegurar el flujo constante de servicios ambientales que requiere la ciudad.

Esta compensación no necesariamente depende de la valoración económica de los servicios ambientales, suficientemente imprecisa y cuestionada éticamente. En lugar de esto es recomendable aceptar la dependencia ecológica y viabilizar pactos de sostenibilidad ecológica regional: suscribir convenios de cooperación técnica y financiera para favorecer la integración de una nueva región metropolitana, definida con el propósito central de la sostenibilidad ecológica. Naturalmente habrá que resolver las agudas crisis de desigualdad social y económica dentro de la propia concentración urbana, pero esta tarea, utópica para algunos, no debería anteponerse ni tiene por qué remplazar la urgencia de emprender acciones para un mejor equilibrio territorial. Este puede ser un camino para comenzar a “ordenar” el futuro del departamento de Antioquia.

SERVICIO AMBIENTAL PRINCIPAL

ECOSISTEMA ESTRATÉGICO

Transporte y depuración de contaminantes líquidos, domésticos e industriales

Cuencas media y baja del río Porce-Nechí Alto de San Miguel Quebradas afluentes al río Medellín, que integran la red de drenaje de la cuenca.

Ríos Grande y Chico Río Cauca

Fijación de carbono de gases de invernadero CO2

Cerro del Padre Amaya - Cuchilla de las Baldías Zona de reserva forestal y protección ecológica La Asomadera Parque Ecológico Los Salados (represa La Fe) Zona de Reserva Natural El Picacho Área boscosa Salento-El Hato Áreas verdes urbanas, especialmente las que contienen vegetación en crecimiento.

Seguridad alimentaria. Mantenimiento de suelos fértiles y economías campesinas.

Agroecosistemas del Oriente Antioqueño Agroecosistemas del noroccidente de Antioquia Veredas San Cristóbal, Santa Elena y San Antonio de Prado Zona de reserva agrícola, veredas La Primavera-La Chuscala- La Salada-La Quiebra

Regulación hidrológica.

Cuenca alta de los ríos Grande y Chico Cuenca de la quebrada Piedras Blancas Cuencas de las quebradas que abastecen los embalses de La Fe y La García.

Cuenca alta de la quebrada La Miel

Provisión de bellezas escénicas y paisajísticas como oportunidades recreativas

Paisajes rurales en transición a utilizaciones turísticas en el occidente medio antioqueño.

Charcos Dos Quebradas Cerro Quitasol Ecoparque Cerro El Volador Cerro Pan de Azúcar Cerro de la Cruz Cuenca alta de la quebrada La Tolda Copacabana Quebrada y salto El Salado Represa La García Quebrada Tierradentro Cuenca alta de la quebrada La Tolda Copacabana Ancón del Sur Reserva forestal Cerro El Romeral La Laguna Quebrada Ayurá Vereda San José Reserva Natural La Romera Vereda y quebrada La Doctora Altos de las Cruces y San Judas Morro de los Gallinazos Parque Recreativo Natural La Llorona (Las Campanas) Parque ecológico El Salado Quebrada La Honda Alto de Misal Alto de Manzanillo Parque ecológico La Clara Cascada y charcos de la quebrada La Miel Baños de La Salada Alto del Cacique Alto Los Eustaquio Alto Los tres dulces nombres Zona de protección de la vegetación nativa veredas La Frisola-La Volcana-PalmitasUrquita. Quebradas Santa Rosa, Los Búcaros y La Chacona Embalses de Guatapé, Río Grande y La García

Tabla 5.17 Servicios ecosistémicos principales y ecosistemas estratégicos asociados.

Fuente: elaboración propia.

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Mapa 5.2 Ecosistemas estratégicos para el valle de Aburrá: ecorregión urbana: 1.regulación hídrica, 2 depuración de efluentes líquidos, 3. sumidero de carbono, 4. seguridad alimentaria, 5. bellezas y singularidades estéticas y paisajísticas como oportunidades recreativas.

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burgo se mantiene un énfasis importante en la conservación de los recursos naturales críticos y en la atención a la pobreza urbana y rural, ambas propias de la realidad latinoamericana.

Para la evaluación de la sostenibilidad ecológica se utilizaron indicadores de consumo de recursos naturales y de producción de desechos, emparentados con la huella ecológica y el planetoide personal. También se aplicaron indicadores de modeloflujo calidad para conocer la situación ambiental de la ciudad, que resultaron útiles y posibles de adoptar en la región, dada la información que requieren y por la posibilidad de monitorear su evolución año a año.

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Este capítulo presenta las conclusiones más importantes del libro, a partir de la hipótesis inicial: “La metrópoli moderna no es sostenible ecológicamente, ya que importa su sostenibilidad de un territorio, cuya extensión se incrementa con el tamaño de la urbe”. A continuación se presentan conclusiones relativas al uso de indicadores para evaluar la sostenibilidad urbana. El capítulo finaliza con las conclusiones relacionadas con el modelo actual de ocupación territorial en Colombia y los aportes que la ordenación territorial puede hacer para mejorar la comprensión de la compleja realidad urbano-regional y social del país.

6.1 Evaluación de la sostenibilidad ecológica La revisión de la evolución de los conceptos de DS y sostenibilidad, presentados en el capítulo 1, permite un primera conclusión: la ciudad, su situación ambiental, no ha ocupado un lugar importante en el desarrollo de los temas ambientales globales propios de las “Cumbres de la Tierra”. De hecho, en Johannes-

Los indicadores de sostenibilidad ecológica se calcularon con base en el planetoide personal, cuyos valores se ponderaron de acuerdo con los niveles medios de ingresos de la población. El planetoide personal del estrato 4 es comparable con los resultados de México y Brasil, y se acerca al promedio mundial (2.3 ha). Los resultados para el estrato 3 son concurrentes paro mayores que los de China, Tailandia y Egipto (1,5), que también puede ser referencia para el estrato 2. En valor de huella ecológica para el estrato 2 coincide con los datos de Nigeria y con el promedio nacional de Colombia; esto último es consistente ya que este es el estrato 1 en el área de estudio son comparables a los que ocurren en Indonesia, y menores que los daos de Perú y Filipinas. Una ilustración de estos resultados se muestra en el mapa 5.1.

La huella ecológica de la población y l economía metropolitana es de 54.569,237 km2, equivale a 47,40 veces el área del valle geográfico que es el 1.152 km2, el 85,82% del área total del departamento de Antioquia que tiene una extensión de 63.612 km2. Se acepta un planetoide personal de 2,316 ha como promedio ponderado, un valor cercano al promedio mundial.

La comparación de resultados de distribución social (por estrato) de la huella ecológica muestra “las ciudades” que conviven en el espacio metropolitano de Medellín. Los valores más altos que corresponden a los más ricos, son del orden de 3,8 ha. per cápita, y se aproximan a los promedios nacionales de Polonia e Italia. En segundo lugar están los valores de huella ecológica 167

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per cápita del estrato 5 (3,5 ha), que coinciden con los valores reportados para Corea y Chile.

Con estos datos se puede concluir con certeza que la concentración metropolitana no es sostenible ecológicamente si se entiende el sistema ecológico de soporte restringido al valle geográfico. En conjunto, la dependencia ecológica es del 99,99%; la capacidad de carga del valle de Aburrá apenas sí alcanza a abastecer una parte mínima de los requerimientos alimentarios, una pequeña porción del consumo de agua (captación directa) y, asociada a esta, una porción reducida de los bosques de protección de las cuencas implicadas. Las coberturas boscosas actuales y las iniciativas de reforestación en marcha conseguirán aumentar la capacidad de carga del valle en el balance emisiones/coberturas; por ahora el déficit ecológico es mayor al 98%.

Con base en el análisis de huella ecológica, que permitió establecer la dependencia ecológica, se elaboró el listado de los servicios ecosistémicos y ecosistemas que los proveen, que son en principio las áreas desde las cuales se “importa” la sostenibilidad ecológica metropolitana. Los cinco servicios ambientales considerados en el área de estudio a partir de los resultados obtenidos en cuanto a déficit ecológico fueron: 1. Transporte y depuración de contaminantes líquidos, domésticos e industriales.

2. Fijación de carbono de gases de invernadero CO2 y CO. 3. Seguridad alimentaría. Mantenimiento de suelos fértiles y economías campesinas.

4. Regulación hídrica.

5. Provisión de bellezas escénicas y paisajísticas como oportunidades recreativas.

La ecorregión urbana definida en el mapa 5.2 es el área que haría que administrar desde la concentración metropolitana con criterios de sostenibilida ecológica. Desde luego, la existencia de municipios por fuera de la jurisdicción político-administra-

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tiva de las entidades del valle de Aburrá obliga a apelar a estrategias de solidaridad interregional y equilibrio territorial. En una perspectiva de equidad, la capacidad de carga “robada” a los territorios en la ecorregión urbana debería ser reconocida y compensda para asegurar el flujo constante de servicios ambientales que requiere la ciudad.

De acuerdo con estos resultados, si la gestión ambiental urbana considerara la dependencia ecológica que tiene la ciudad, de un territorio extenso que le abastece y le libera de sus detritos, la ordenación territorial puede utilizar indicadores de sostenibilidad ecológica de tipo agregativos, en la delimitación de nuevos ámbitos espaciales vinculados con la gestión ambiental urbana. Para esto se propone la ecorregión urbana como el espacio mínimo de gestión de la sostenibilidad ecológica urbana.

6.2 Indicadores de sostenibilidad y ordenación territorial

La noción de sostenibilidad ecológica cobra especial significado en el ámbito local, ya que procura la permanencia de la base natural de un territorio, o mejor, de los ecosistemas contenidos en él, que consiste en mantener constante en el tiempo la calidad de sus componentes y procesos de funcionamiento. En la medida en que este propósito demanda profundos cambios en los patrones de producción, consumo y distribución de la riqueza, este enfoque reclama para sí el rótulo de sostenibilidad fuerte. La evaluación de la sostenibilidad ambiental de la ciudad latinoamericana debe abordar también variables que describan l crisis social, causa y efecto del deterioro ecológico; por tanto, los sistemas de indicadores centrados en reconocer el estado de los recursos naturales resultan útiles pero insuficientes.

Los sistemas de indicadores basados en marcos ordenadores integrales, que recogen muchos temas y generan un número alto de indicadores, finalmente resultan contrarios a los dos propósitos fundamentales de este tipo de herramientas, que son, en primer lugar, servir de guía para la formulación y ayudar al seguimiento de la acción pública y privada en materia de DS, y en segundo lugar, informar a la población para cualificar su participación en la formulación y evaluación de tales acciones.

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Un sistema de indicadores organizados por temas difícilmente dará cuenta de la sostenibilidad ecológica de una ciudad, pero no hay duda de que aporta importantes elementos de análisis que favorecen la focalización de acciones en temas graves y que están afectando a un mayor número de ciudadanos. Por otra parte, si las autoridades locales asumen la tarea de actualizar año a año y divulgar entre la población los datos del estado y el avance sobre los temas ambientales (ecológicos y sociales) más críticos, se estará frente a una poderosa herramienta que favorecerá la participación informada e incluyente dé la población.

(ISE), son complementarios si se trata de evaluar el grado de avance de las iniciativas en el campo del desarrollo sostenible, por ejemplo las Agendas 21 locales, pero requieren una visión compleja que trascienda el carácter remedial que caracteriza a estas iniciativas. A esta visión compleja pueden aportar los ISE, y en especial los indicadores de espacio ecológico, como los aplicados y desarrollados en este libro.

Si bien una evaluación de la sostenibilidad ecológica no se consigue mediante la aplicación de indicadores, aun bajo un marco ordenador relacional y dinámico como M-F-C, se pueden identificar temas críticos y avances en la acción gubernamental y de la sociedad a favor del mejoramiento del entorno urbano, que terminará por redundar en una mejor salud de los ecosistemas locales y regionales. Lo anterior, con la condición de que un mejoramiento local no implique trasladar el territorio a otras regiones. Los indicadores de espacio ecológico se ocupan de detectar hacia dónde y con qué intensidad se produce este traslado o “robo de capacidad de carga”.

Las manifestaciones de la crisis ecológica mundial son diversas, pero persistentes a lo largo y ancho del planeta, que se ha convertido ya en su conjunto en el territorio de la especie humana. Puede afirmarse que el modelo espontáneo de ocupación y ordenación del territorio que ha propiciado la apropiación humana de la naturaleza está en crisis. Este ordenamiento espontáneo u organización territorial es un resultado histórico, producto de las relaciones entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. El OT se ha erigido como una oportunidad de replantear no tanto los estilos, sino la noción misma de desarrollo con base en una intervención racional de las sociedades y los estados, para conseguir el mejor arreglo espacial posible, reflejo de un orden social más justo y de unas relaciones hombre-naturaleza construidas sobre nuevas bases éticas.

Las posiciones críticas al desarrollo sostenible sostienen que los sistemas de indicadores que operan bajo el marco ordenado presión-estado-respuesta son de carácter remedial y parcial, lo que se acentúa cuando se pretende desarrollar sosteniblemente una ciudad. En tal caso, no pasan de ser una evaluación coyuntural del estado de ciertas condiciones y comportamientos ciudadanos frente al medio ambiente. Esto, sin embargo, muy despreciado por las posiciones fuertes de la sostenibilidad, puede ser la base de un cambio de actitud social y una reorientación de prioridades de la inversión pública, dos de las metas de la sostenibilidad ecológica, como los observatorios ambientales y los sistemas de indicadores ambientales urbanos, deben alentarse sin abandonar la crítica a su orientación coyuntural e inmediatista.

Los dos enfoques utilizados: los indicadores de desarrollo sostenible (IDS) y los indicadores de sostenibilidad ecológica

6.3 Ordenación territorial y sostenibilidad urbana en Colombia

También la ciudad del llamado tercer mundo ha estado sometida a todo el influjo de la concienciación ambiental que ha venido creciendo desde comienzos de los años setenta del siglo pasado. De modo que prácticamente no existen personas que vivan en una ciudad latinoamericana, en cualquier condición social, que no tengan algún grado de interés por conocer más y preservar el medio ambiente. Este hecho hace que los instrumentos de medición de la calidad ambiental desarrollados para las ciudades del mundo industrializado tengan también aplicación, pertinencia y utilidad en las ciudades del sur. Esto, sin mencionar que algunos de los parámetros normativos que fijan valores, meta son ciertamente universales, es decir, que a partir de ciertas concentraciones o valores tope de contaminación, resultan dañinos para cualquier humano.

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Colombia es una nación ordenada en función de una red de ciudades de muy diversos tamaños, que ofician en cada región y de acuerdo con las características demográficas de la población y las propias de la ciudad considerada, como centralidades regionales que ofrecen servicios propios de la vida urbana moderna. En ese sentido es más acertado señalar que Colombia en un país de ciudades de distinto tamaño y de áreas rurales extensas habitadas pero de baja densidad, antes que afirmar tajantemente que se trata de un país urbano.

El modelo territorial urbano del país está conformado por cinco ciudades de mayor talla relativa y por un conjunto de ciudades intermedias que equilibran, hasta cierto punto, la oferta de servicios urbanos, guardadas las proporciones. La capital, Bogotá, tenía, según el último censo consolidado, poco más del 20% de la población urbana del país y tan solo el 15,5% de la población total del país en 1993, en comparación con otras capitales de países latinoamericanos, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, que exhiben porcentajes entre el 33% y el 50%, México y Ecuador el 29%, Venezuela el 21%, de la población total nacional en la capital respectiva.

Históricamente la nación colombiana se ha construido sobre los Andes; desde allí los gobiernos han extendido su influencia en algún grado hacia la costa atlántica, los llanos orientales, el Pacífico y la Amazonía, de manera que la más importante presencia gubernamental se registra en la zona andina y se diluye con la distancia a la capital; esto, aunque algunos recintos andinos registren menor presencia estatal que las capitales de las antiguas intendencias y comisarías. Según datos del último censo consolidado de 1993. Antioquia mantenía la primacía rural con un 13% del total rural nacional. Nariño ascendía desde el 5% en 1964 al 8% en 1993.

Otro dato interesante se encontraba en Boyacá, que aunque reducido su participación porcentual en el total de la población rural en el país, mantenía su tercer lugar. Córdoba, que en 1964 albergaba el 4,8% de la población rural nacional, ascendió hasta representar más del 6% del total rural del país en 1993. Cundinamarca, el departamento en el que se localiza la capital de la república, caía casi al último lugar en primacía rural de 1985

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a 1993, aun cuando la población rural del departamento no se había reducido.

La nación vive un momento de desaceleración del ritmo de concentración de la población en las seis grandes ciudades, comparado con el crecimiento de la población urbana que están experimentando las ciudades intermedias y las cabeceras municipales de muchas regiones. Al mismo tiempo, la población rural que no expulsa la violencia, se arraiga, se consolida e incluso incrementa su número y presencia en regiones otrora prácticamente deshabitadas.

Los departamentos con mayor incidencia de violencia armada, como Cauca, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Bolívar y Arauca, muestran tendencia a incrementar su participación en el total rural nacional, que sigue creciendo según los datos censales. Mientras tanto, la crisis cafetera ha golpeado los departamentos más tradicionales en este cultivo: Caldas, Quindío y Risaralda (resaltados con marrón en la tabla 4.6), que muestran tendencias a la reducción de su participación en el total rural nacional.

En contra de la idea de la superconcentración de la población colombiana en grandes ciudades, los resultados muestran una tendencia al equilibrio. Con excepción de Bogotá, las demás capitales de departamento pierden o mantienen la proporción de población urbana que han albergado en las últimas décadas. De hecho, Medellín pierde entre 1983 y 1985 parte de su mayor participación porcentual en el total urbano nacional de las capitales. Los datos alientan aún más la idea de un modelo policéntrico con una tendencia a estabilizar la cuadricefalia urbana.

En materia de ordenamiento territorial formal normativo, se concluye que la Ley 388 de 1997, su promulgación y el proceso que genera su implementación, tal vez proponérselo, está sentando las bases para un proyecto nacional de organización territorial, que sin embargo no podrá consolidarse como proyecto colectivo hasta tanto cesen la desigualdad aberrante y la violencia, factores perturbadores de la colectividad, la nacionalidad, la democracia y, por supuesto, del OT como política

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social y como técnica de planificación. En este contexto, el objetivo de la mejor organización territorial del país, si se acepta como principio, como propósito central, la sostenibilidad ecológica del territorio.

Lo anterior si y sólo si se entiende el desarrollo como la materialización de las utopías colectivas de una sociedad. Entonces la expresión espacial de este deseo correspondería con la imagen objetivo del territorio, bajo la premisa de que sólo sociedades capaces de promover y alcanzar una cierta justicia redistributiva, producirán territorios equilibrados, pacíficos y sostenibles.

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Anexo 1 Matriz de categorĂ­as de consumo

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Categorías de consumo 1. Alimentos, 2. Bosques y madera, 3. Espacio construido ALIMENTOS PECUARIOS POLLO Y HUEVOS BOVINO PORCINO PESCADO MARIN O PROCESADOS LECHE QUESO MANTEQUILLA PAN, PASTAS, CEREAL EMBUTIDOS AGRÍCOLA TUBÉRCULOS YUCA PAPA CAFÉ CACAO CAÑA DE AZÚCAR ACEITE CEREALES ARROZ MAÍZ FRUTAS LIMÓN AGUACATE MANDARINA MANGO NARANJA PAPAYA BANANO PLÁTANO LEGUMBRES Y VEGETALES ZANAHORIA TOMATE REPOLLO PEPINO LENTEJAS FRÍJOL CEBOLLA OTROS (15% DEL TOTAL) SUBTOTAL

RENDIMIENTO KG/HA REF

PER CÁPITA

CONSUMO TONELADAS TOTAL

REF

ÁREA TOTAL REQUERIDA HA

COMPONENTE H.E. HA/HABITANTE

CAPACIDAD DE CARGA LOCAL REF

COMPONENTE K. HA/HABIT

2.632,8

1,11

0,0234

73.961

3

70.144

0,022192

0

1

0,000000

300

1

0,0373

117.027

1

390.089

0,123417

7.590,4

1

0,002417

2.244

1,10

0,0104

32.779

1

80.309

0,025408

0

1

0,000000

33

6

0,0038

12.011

6

363.964

0,115152

0

1

0,000000

9.673

2

0,139

439.343

2

45.420

0,014370

6.513,8

1

0,002074

1.354

2

0,012

37.929

2

28.008

0,008861

0

2

0,000000

22

4

0,0017

5.373

4

244.239

0,077273

0

2

0,000000

1.476

7

0,0264

83,444

12

56.534

0,017886

0

12

0,000000

0,0029

9.166

15

62.355

0,019728

0

15

0,000000

147

14.466,4

1

0,0110

34.762

12

2.403

0,000760

45

1

0,000014

32.036,8

1

0,0074

23.421

12

731

0,000231

0

1

0,000000

918,4

1

0,0017

5.264

13

5.732

0,001813

2.886,8

1

0,000913

331,4

1

0,0014

4.477

14

13.509

0,004274

0

1

0,000000

21.916,1

1

0,0174

54.991

12

2.509

0,000794

1.248,3

1

0,000395

529,0

1

0,0080

25.431

12

48.074

0,015210

0

1

0,000000

6.181,5

1

0,0657

207.525

12

33.572

0,010622

0

1

0,000000

2.632,8

1

0,0149

47.222

12

17.936

0,005675

102,9

1

0,000033

11.253,5

1

0,0043

13.737

12

1.221

0,000386

0

1

0,000000

4.221,9

1

0,0025

7.763

12

1.839

0,000582

0

1

0,000000

15.468,8

1

0,0023

7.377

12

477

0,000151

0

1

0,000000

11.498,9

1

0,0074

23.295

12

2.026

0,000641

0

1

0,000000

17.145,7

1

0,0033

10.538

12

615

0,000194

11

1

0,000003

33.128,5

1

0,0017

5.376

12

162

0,000051

0

1

0,000000

38.280,0

1

0,0078

24.625

12

643

0,000204

0

1

0,000000

6.630,4

1

0,0184

58.265

12

8.788

0,002780

251

1

0,000079

69.416,4

1

0,0038

11.986

12

173

0,000055

0

1

0,000000

41.180,7

1

0,0041

12.991

12

315

0,000100

0

1

0,000000

102.835

1

0,0029

9.059

12

88

0,000028

0

1

0,000000

77.781,9

1

0,0032

9.956

12

128

0,000040

0

1

0,000000

764,0

7

0,0048

15.089

12

19.751

0,006249

0

1

0,000000

2.439,6

1

0,0056

17.713

12

7.261

0,002297

0

1

0,000000

23.681,1

1

0,0015

4.602

12

194

0,000061

1,8

1

0,000001

0,0687

217.086

226.381

0,071623

2.798

0,000889

0,5266

1.663.584

1.735.589

0,549108

21.449

0,006819

175

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Categorías de consumo 1. Alimentos, 2. Bosques y madera, 3. Espacio construido RENDIMIENTO KG/HA REF

ALIMENTOS

PER CÁPITA

CONSUMO TONELADAS TOTAL

REF

ÁREA TOTAL REQUERIDA HA

COMPONENTE H.E. HA/HABITANTE

T I E R R A P RO D U C T I VA

0,433956

M A R P RO D U C T I VO

0,115152

BOSQUES Y SUMI D E RO S EMISIÓN DE CO2 MOVILIDAD MOTORIZADA E. DE CO2 CONSUMO DE CARBÓN POR INDUSTRIAS E. DE CO2 POR DEGRADACIÓN DESECHOS ORGÁNICOS EMISIÓN DE CO2 POR RESPIRACIÓN SUBTOTAL

2.000,0

8

9

COMPONENTE K. HA/HABIT 0,006819

0,6129

1.937.225

968.613

0,306451

35.284

9

0,011163

2.000,0

0,1350

426.606

213.303

0,067485

0

9

0,000000

2.000,0

0,1745

551.455

275.728

0,087235

0

9

0,000000

2.000,0

0,2894

914.656

457.328

0,144690

0

9

0,000000

1.914.971

0,605861

35.284

0,011163

0,605860

B O S Q U E S P RO D U C T I VO S VESTIDO ALGODÓN LANA CAUCHO SUBTOTAL

CAPACIDAD DE CARGA LOCAL REF

0,011163

1.000,0

13

0,00200

6.321

13

6.321

0,002000

0

1

0,000000

15,0

13

0,00011

341

13

22.757

0,007200

0

1

0,000000

1.550,0

13

0,00155

4.899

13

3.161

0,001000

0

1

0,000000

0,010200

0

1

0,000000

0,010200

T I E R R A P RO D U C T I VA AGUA E HIDROENERGIA ÁREA INUNDADA PIEDRAS BLANCAS ÁREA INUNDADA LA FE ÁREA INUNDADA RÍO GRANDE SUBTOTAL ÁREA INUNDADA ÁREA DE PROTECCIÓN DE CUENCAS SUBTOTAL ÁREA DE PROTECCIÓN SUBTOTAL AGUA E HIDROENERGÍA

0,000000

19

0,000006

0

0,000000

143

0,000045

0

0,000000

1.210

0,000383

0

0,000000

1.372

0,000000

0

0,000000

36.795

0,011641

0

0,000000

36.795

0,011641

0

0,000000

38.167

0,012075

0

0,000000

T I E R R A P RO D U C T I VA

0,000000

0,000000

B O S Q U E P ROT E C TO R ESPACIO CONSTRUIDO ÁREAS URBANAS ÁREAS SUBURBANAS SUBTOTAL ESPACIO CONSTRUIDO DEPURACIÓN NATURAL DE AGUAS RESIDUALES SUBTOTAL

0,011641

0,000000

RÍO

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17

16.360

0,005176

16.360

17

17

5.980

0,001892

5.980

17

0,007068

22.340

552

0,007068

0,000175

231

0,000175

231

0,000175

0,001892 0,007068

0,0070681 18

0,005176

18

0,000073 0,000073 0,000073

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Categorías de consumo 1. Alimentos, 2. Bosques y madera, 3. Espacio construido PLANETOIDE PERSONAL Y HUELLA ECOLÓGICA (2003) USO DEL SUELO

CAPACIDAD DE CARGA LOCAL (2003)

HA./HABITANTE/AÑO

USO DEL SUELO

HA./HABITANTE/AÑO

TIERRA PRODUCTIVA

0,4442

TIERRA PRODUCTIVA

0,0068188

MAR PRODUCTIVO

0,1152

MAR PRODUCTIVO

0,0000000

BOSQUES PRODUCTIVOS

0,6059

BOSQUES PRODUCTIVOS

0,0111632

BOSQUES PROTECTORES

0,0116

BOSQUES PROTECTORES

0,0000155

ESPACIO CONSTRUIDO

0,0071

ESPACIO CONSTRUIDO

0,0070681

RÍO

0,0002

RÍO

0,0000730

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (12%)

0,1421

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (12%)

0,0069518

PLANETOIDE PERSONAL

1,3261

K. LOCAL

ESTRATO

NO. HABIT.

1 2 3 4 5 6 TOTAL MEDIA

CÁLCULO DE LA HUELLA ECOLÓGICA POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO INGRESO FAMILIAR MEDIO MENSUAL $ PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO (1997)

INGRESO FAMILIAR

364.750

11,5

11,5

78.188

938.256

1.161.890

36,8

48,3

100.219

1.202.628

1.114.478

35,3

83,6

176.021

2.112.252

259.181

8,2

91,8

294.569

3.534.828

189.645

6,0

97,8

458.850

5.506.200

70.800

2,2

100,0

528.274

6.339.288

3.160.744

100,0

1.636.121

3.272.242

272.687

545.374

DIFERENCIA PROPORCIONAL

COMPONENTE DE HE. ALIMENTOS AJUSTADA

1

0,78

0,4098

2

1,00

0,5491

3

1,76

4

2,94

5 6

ESTRATO

0,0321

P.P. POR ESTRATO

12% BIODIVERSIDAD

P.P. PONDERADO

HE AJUSTADA POR ESTRATO EN HA.

1,045

0,125

1,170

426.788

1,184

0,142

1,326

1.540.827

0,9225

1,557

0,187

1,744

1.944.028

1,5438

2,179

0,261

2,440

632.450

4,58

2,4048

3,040

0,365

3,404

645.643

5,27

2,7686

3,404

0,408

3,812

269.888

TOTAL

8,5986

12,408

1,489

13,897

5.459.624

MEDIA

1,43309

2,068

0,248

2,316

177

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RESUMEN DE LOS RESULTADOS

HA

Planetoide personal (P.P.) estrato obreros.

1,326

Planetoide personal ponderado (P.P.)

2,316

DEPENDENCIA ECOLÓGICA Huella ecológica valle de Aburrá km2

54.596,237

Capacidad de carga local (K) ha/hab

0,032

Capacidad de carga local (K) en km2

1.014,293

Capacidad de carga robada en km2

53.581,944

PLANETOIDE PERSONAL PONDERADO (2003) USO DEL HABITANTE/AÑO

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Tierra productiva

1,1387

Mar productivo

0,2954

Bosques productivos

0,6059

Bosques protectores

0,0116

Espacio construido

0,0071

Río

0,0002

Conservación de la biodiversidad (12%)

0,2471

PLANETOIDE PERSONAL

2,3059

ESTRATO

PAÍS CON P.P. EQUIVALENTE

1

Indonesia (1,1), Perú, Filipinas, Turquía (1,2)

2

Colombia, Nigeria

3

China, Egipto, Tailandia y Jordania (1,5)

4

Brazil (2,4), México (2,5) promedio mundial

5

Corea (3,3), Chile (3,1)

6

Polonia (3,7), Italia (3,8)

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Explicación de datos de la matriz Pollo y huevos Productividad = rendimiento cultivo del maíz, que se toma como la base de la alimentación de los pollos Consumo: Fenavi (Federación Nacional de Avicultores) establece que en Colombia se consume en promedio: Un pollo de engorde consume 3,587 kilos de cuido durante sus 42 días de vida (concentrados Soya).

Por cada kilo que consume engorda 1,94 kilos. Sale con un peso promedio de 7 kilos. Lo que eliminan es líquido principalmente.

El cuido viene con altos contenidos de proteína para obtener la producción rápidamente por lo cual en este ejercicio se asume una tasa de 1 a 1.1 alimentación base maíz - peso ganado.

Las gallinas ponedoras viven 54 semanas y en ese tiempo consumen 42 kilos de cuido.

Una gallina pone en promedio 163 huevos y estos pesan 10.43 kilos. Se trabaja con una relación 4 -1 (kilos de cuido - peso huevo).

En el área metropolitana hay 2.456.754 pollos de engorde y 1.210.044 gallinas ponedoras.

Un huevo en promedio pesa 66 gramos.

La capacidad de carga local es cero, pues la producción del maíz en el valle se deja toda para consumo humano.

Bovinos Una productividad de 300 kilos/ha/año. Cuando se matan pesan 400 kilos.

Incluyendo el que entra de otras regiones y excluyendo el que sale = 117.026.650 kg.

Se trabaja con el dato del anuario estadístico, el ganado sacrificado en la feria de Medellín, valor dividido 300 (productividad) = 390.089 ha. El cálculo del consumo se hace dividiendo el total de k por la población.

La capacidad de carga es el área en pasto natural y de corte reportado por el anuario estadístico en 1999 (23246+1932).

Porcinos Consumen durante su vida 245k cuido (en 8 meses) se matan con peso promedio de 100 k.

El concentrado contiene gran variedad de nutrientes, se trabaja con el promedio de maíz y soya.

Se trabaja con el dato del anuario estadístico, los cerdos sacrificados incluyendo el que entra de otras regiones y excluyendo el que sale = 327.792 o sea 32.779.200 de kilos. El área total requerida se calcula multiplicando el rendimiento promedio por 2.45 (ojo: 245 k de cuido - 100 k peso).

Pescado marino Se toman los datos de productividad y consumo de Wackemagel y Rees (1996).

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Procesados Leche El dato proviene de Colanta, cooperativa lechera. Se calcula a partir de la productividad por hectárea (en litros, luego a kg. Conocida la densidad) en el norte del departamento, zona de la que se surte esta empresa que abastece gran parte del mercado metropolitano.

El dato de la capacidad de carga es el área en pasto mejorado reportada por el anuario estadístico de 1999 (14.177).

Queso y mantequilla Dato de Colanta del 13% de la producción total de leche. La mantequilla del dato de la huella ecológica de Canadá.

Pan, pastas, cereal Se trabaja con el rendimiento global del trigo y el consumo local de acuerdo con la canasta básica DANE del IPC.

Embutidos Es el valor del peso total del animal por 0,49 en rendimiento y consumo el dato del archivo panama.

Productos agrícolas Se usó el rendimiento regional a partir del reporte del Anuario Estadístico de Antioquia, el consumo con los datos adaptados de DANE y la capacidad de carga con los datos de cultivos por municipio que aparece en el informe principal.

Otros Equivale al 15 de los valores totales anteriores, lo cual supone que incluye todas las demás categorías alimenticias que no se tuvieron en cuenta.

Nota: para los productos que no tienen reportes regionales se utilizaron datos de productividad global, sin ajustar por factores de rendimiento obviamente. Así mismo se procedió con datos de los que no se conoció un valor de consumo agregado. Para identificar qué datos se calcularon de esta forma, consultar la columna de referencias y el listado que aparece en este anexo.

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Bosques y sumideros Incluye la categoría de madera, suponiendo que la madera requerida por la población es la aprovechada en los bosques destinados a la fijación de CO2, este supuesto está basado en los rendimientos de una hectárea de bosque plantado, y ajustado de acuerdo con un consumo de madera para pulpa, construcción y muebles, equivalente al consumo medio de Chile. El área de sumidero es más que suficiente para suplir la demanda de madera.

El crecimiento promedio de los bosques en biomasa es de 4,2833 toneladas por hectárea año y producen en promedio 1,071 m3/ ha/año. Con un área requerida anual de 1’914.971 hectáreas, se tendrá una producción de 2’050.933.941 m3/año, suficientes para dotar a cada habitante del área metropolitana con 0.65 m3/año de madera.

Se trabaja con un promedio de 2.000 kilos de CO2 fijado por ha. anualmente. 1,9 en bosques naturales (que son en su mayoría bosques sucesionales, en crecimiento) con 26598 ha. Y 2,1 en plantaciones forestales, considerando aquellas mayores de 5 años (por factores de tamaño) con 8686 ha. Información obtenida en el anuario estadístico y en los campamentos de forestal 1999 y 2000.

El consumo de CO2 por persona se calcula así: Por consumo de gasolina (movilidad)

6,3 gal/per/mes 75,6 gal/hab/año Información observatorios ambientales de Medellín un galón = 3.785 litros densidad gasolina antio Info Terpel 209.412 kilos/hab/año Poder calorífico de la ga Info profesor Guillermo Benavides, laboratorio Ing. Petróleos UNAL 38.000 btu/kilo 1 btu = 252 calorías Info profesor Guillermo Benavides, laboratorio Ing. Petróleos UNAL 9.576.000 poder calorífico de la gasolina en calorías por kilo una caloría = 4,1868 Joules 40.092.797 Joules/kg 0.0401 Gj/kg 8,3959 consumo gasolina persona año Factor de emisión = 73 kg CO2 por G) 612.9016 Emisión de kilo de CO2 per cápita año 1.937.225.155 Emisión total en kilos de CO2 anual 1.937.225 en toneladas Por consumo de carbón: 181

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Fuentes 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anuario Est. de Antioquia 1999 – 2000 Colanta 2002 FENAPI 2002 Huella ecológica canadá Fao 107 Wackemagel y Rees anuario de estadística agraria (1997) hoja suelta Unal 1999 y 2000 campamentos de ingeniería forestal (Piedras Blancas y Porce) Observ ambientales urbanos de Medellín (hojas sueltas) e Info profesor Guillermo Benavides, laboratorio Ing. Petróleos UNAL Información personal zootecnistas Unal Manual de Concentrados marca Soya Archivo panamá.xls Huella ecológica Chile Huella ecológica Italia Información suministrada por industrias alimenticias Zenú

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ÍNDICE ANALÍTICO

A

niveles de, 54

Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA), 64, 69-70, 125

urbano, 27, 82

Aglomeraciones, 131

Biodiversidad, 34-35, 42-44, 54-55, 68, 73, 76, 88-89, 93, 147, 151-152, 160, 164

urbanas, 26, 76

Agroecosistema, 164-165

Biomasa, 50, 53, 147, 157

Agua, 22, 41-43, 47, 54, 56, 58, 60-61, 66, 68, 73, 76, 81, 117-119, 124, 137-139, 142-145, 147-149, 157-156, 162-164, 168

Biorregionalismo, 26

Ambiente

Biorregionalista, 56, 58

calidad ambiental, 63-64, 67, 75, 169

componente ambiental, 114

Biosfera, 29, 31-33, 35-37, 39, 51, 60, 73, 116, 150, 154

concienciación ambiental, 38, 75, 169

Bosques protectores, 151-152, 158-159

gestión ambiental, 28, 55, 144

gestión ambiental gubernamental, 117

C

gestión ambiental moderna, 29

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), 124, 127

gestión ambiental urbana, 25-30, 168

Cambio climático, 40, 42, 44, 54, 68, 162-163

gestión ambiental y territorial, 55

Capital natural, 33, 51-53, 55-57, 62

impacto ambiental, 66

CAR, 117-120

inocencia ambiental, 33

Carta mundial de la naturaleza, 35

preocupación ambiental, 33

Cinturón agrícola, 58-59

problemas ambientales, 25-26, 29, 33-35, 39, 44, 54-55, 57-58, 65, 67, 71, 123, 135, 144

Ciudad(es) sostenible(s), 28, 48, 56-58, 123

reportes nacionales sobre el (NEO), 71

Combustible(s), 58, 66, 133-134, 140-141, 143, 146, 148, 150, 155-157, 162

saneamiento ambiental, 27, 29

Comisión

servicios ambientales, 21, 26, 28-29, 53, 59-60, 73, 160-165, 168

dependencia ecológica, urbana y regional, 26 enfoque, 58

de desarrollo sostenible (CDS), 64, 67-68, 71-72

Área metropolitana, 20-21, 76, 95, 102, 125, 144, 150, 156-157

mundial sobre medio ambiente y desarrollo, 36

nacional de medio ambiente, 72

de Medellín, Colombia, 20-21, 29, 79, 83-84, 86, 124-143, 146, 154, 164

Asociación para el Desarrollo de África (Nepad), 40

Comité científico sobre problemas ambientales (Scope), 71 Conama, 126 Conferencia

B

de Estocolmo, 31-33

Bienes de posición, 36

de las Naciones Unidas para el medio ambiente humano, 32 de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo (Cnumad), 46

Bienestar

de la biósfera, 35

de la población, 33, 62

estándares de, 25

internacional sobre la financiación para el desarrollo, 41

humano, 36, 68

mundial sobre medio ambiente, 34

191

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Consejos regionales de política económica y social (Corpes), 106

Dependencia ecológica, 20, 22, 27, 30, 53, 59, 144-145, 155, 157, 159-162, 165, 168

Construcción(es), 117, 127, 129, 131, 164

de la ciudad, 56, 58

de embalses, 151

de la metrópoli, 26

de los indicadores, 69-71

de la población, 151

espontáneas, 25

de los alimentos, 154-155

multidimensional, 63

de tierra productiva, 155

política, 116

Desarrollo

Consumo local (CL), 73, 151

ecodesarrollo, 27, 34-35, 38, 44-47

Contabilidad demográfica, 52

endógeno, 41

Contaminación, 26-28, 33, 54, 62, 65, 70, 76, 117, 140, 142, 160, 170

humano sostenible, 36, 46-47

atmosférica, 68, 76, 129, 131

electromagnética, 131

sostenible (DS), 26-27, 37-38, 40-43, 57, 59, 64, 66-69, 88, 110, 113, 116-117, 119-120, 169

visual, 76

Contrato social planetario, 37, 40 Convención sobre diversidad biológica, 40 Cornare, 119 Corporación(es), 113

indicadores de (IDS), 27, 30-31, 63-64, 67, 72, 79, 123, 169 indicadores de sostenibilidad ecológica (ISE), 63-64, 69, 123, 169 sustentable, 37, 43 Desencanto desarrollista, 38

autónomas regionales, 26

autónoma regional del centro de Antioquia, 134-136, 138

Desechos, 21, 29, 45, 54, 58-59, 62, 65, 72-74, 85, 117, 119, 123, 136, 141, 145, 151, 156, 158, 162, 167

en los municipios, 119

Desertificación, 40, 66, 68

regionales, 25

Diversidad biológica, 40

Crecimiento

cero, 32, 39, 46, 51

demográfico, 33-34, 90, 97

económico, 26-27, 31-40, 43, 46, 55, 57, 63, 74, 82, 116, 118, 134

Cumbre

del milenio, 41

de la Tierra, 37, 40-41, 64

de Río, 38

mundial sobre desarrollo sostenible, 42

D Declaración Del milenio, 41-42 De Estocolmo, 34-35 De Mentor, 33 De Nairobi, 35 De Río, 40 Densidad poblacional, 93, 96

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E Ecología

ecorregión 20, 22, 26, 28, 45-46, 55-56, 59, 165-166, 168

ecosistema 21-22, 26-29, 31, 34, 40, 44, 47-49, 51, 53-55, 58-63, 65-66, 68, 73, 91, 93, 96, 116, 119, 123, 160-162, 168

ecosistema estratégico, 20, 22, 26, 59-62, 107, 112, 115, 160, 165-166

ecosistema global, 63, 73, 145, 151

ecosistema local, 26, 57, 70, 72, 123, 143-145, 169

ecosistema regional, 59, 151, 169

urbana, 28, 133

Economía triste, 36 Efecto invernadero, 44, 124, 141

gases de, 58, 68, 73, 124, 144, 147, 155-157, 163

Energía eléctrica, 133-135, 156-157 Entidades territoriales indígenas (ETIS), 108, 110

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Equidad metropolitana y regional, 27

Informe

Estrategia mundial para la conservación, 32, 34, 36

brundtland, 6-37, 39

de Founex, 33

G

meadows, 32

Genética urbana, 114

nuestro futuro común, 36

Geografía, 89, 109

Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 114

de Colombia, 88, 92

nacional, 88, 90, 107

L

Globalización, 42, 47, 57, 141, 163

Ley

pandora, 163

de administración territorial, 113-114

Gobernabilidad, 21, 25, 30, 44, 55-56, 74-76, 111, 123, 144

de desarrollo territorial, 30, 88

de elección popular de alcaldes, 107

de factores limitantes (FL), 61

H

de la tolerancia, 61

Habitabilidad, 21, 25, 28, 30, 55-56, 62, 74, 76, 80, 123, 144

de Shelford, 62

inhabitabilidad, 48, 57

del mínimo de Liebig, 51, 61

urbana, 28

orgánica, 107-110, 112, 120

orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), 30, 55, 88, 106, 110, 116

ingobernabilidad, 48, 57, 75

Huella ecológica, 21-22, 26, 73, 123, 144-150, 152-155, 157, 160-161, 167-168

distribución social de la, 152

indicadores de, 20, 26, 73, 154

M

per cápita, 144-146, 149

Material

Ígneo, 80

I

metamórfico, 80

Indicador(es)

Medio

de dependencia ecológica, 20, 144-145

de espacio ecológico, 72, 123, 125, 143, 145, 169

ambiente, 28, 32-37, 39-43, 45-47, 49-50, 52-53, 55, 64-70, 72, 75-76, 117-118, 124-125, 132-133, 143, 169

de modelo-flujo y calidad (M-F-C), 20, 64, 124-125, 143, 169

ambiente urbano, 27-28, 69

de sostenibilidad y ordenación territorial, 168

construido, 32

de sostenibilidad ecológica (ISE), 22, 30, 48, 63-64, 72, 79, 123, 149, 167-169

humano, 32-33

sociocultural, 32

intensidad de la economía local (IUEL), 125, 127

Metroinformación, 124

tipos de, 64, 67, 125

Ministerio

sistemas de, 71, 75, 144, 168-169

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 71, 76, 113, 125, 129, 133

de desarrollo, 111, 114

de desarrollo económico, 113

Índice

de bienestar económico sostenible (IBES – ISEW), 71-72

de población urbana (IPU), 84, 97, 102-104

de población rural (IPR), 84, 97, 102, 104-105

Del medio ambiente, 25, 75-76, 117-118, 133 Modelo P-E-R, 66-69

193

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N

Recursos hidrológicos, 157

Naciones Unidas, 32, 34-35, 40-42, 46, 67

Región(es)

rurales no polarizadas, 97

O

tributaria, 22, 26-27, 56, 58-59, 144

Oferta

urbanas centrales, 97

ambiental, 27, 60, 72

Regulación hidrológica, 54, 145, 163, 165

ambiental global, 73

Ruralización, 87-88, 95

ambiental local, 73

ambiental regional (OAR), 74

S

natural, 164

Sequía, 40, 160

ONG, 35, 54, 117-118, 132

Saneamiento, 42-43, 55-56, 133, 138, 144

Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos (OCDE), 64

Secretaría de Agricultura, 146 Seguridad alimentaria, 43, 145, 161, 163-166, 168

P

Sistema(s)

Paradoja de Easterlin, 36

de indicadores ambientales urbanos (SIAU), 71, 76-77, 125, 127, 129, 134-136, 138, 141-142

ecológico, 22, 44, 48, 63, 159, 168

económico, 32, 44, 47-48, 70

español de indicadores ambientales, 75

nacional de Planeación (SNP), 111

social, 32, 44, 48

urbanos, 21, 29, 69, 123, 135

Plan(es)

de desarrollo municipal, 111

de ordenamiento territorial (POT), 110-111, 116, 127, 131

de ordenamiento territorial municipales (POTM), 83, 110

nacionales de política ambiental, 71

sectoriales departamentales, 115

Planetoide personal, 21-22, 144-146, 149-155, 160, 162, 167 Política

Sostenibilidad

débil, 26, 39-40, 55, 117-118, 123, 144

Procesos ecológicos complejos, 27

ecológica, 20-22, 25-31, 34, 40, 44-49, 53, 55-56, 63-64, 66, 71-72, 76, 79, 83, 85, 88, 107, 110, 114, 123-124, 130, 143-145, 149, 155, 161, 165, 167-169, 171

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), 34-36

fuerte, 26, 28, 39-40, 53, 117, 123, 168

Proporción de población

normativa de, 71

respecto al total urbano (IPU), 84

positiva-normativa, 123

respecto al índice de población rural (IPR), 84

social, 47, 55-56, 115

rural, 84, 87

urbana, 102, 170

urbana, 26, 28, 30-31, 40, 43-45, 47, 54-58, 69, 74-75, 88, 123-125, 155, 167, 169

de ordenamiento territorial nacional, 87

global, 32, 36, 43

Protocolo de Kyoto, 40

Suministro

Purificación, 160

de bienes y servicios ambientales, 21, 29

Sustituibilidad

R

baja, 29, 59, 73, 144, 160

Reciclaje, 28, 44, 54, 66, 135-136

de aguas, 58

T

de residuos sólidos, 69, 136

Tercer mundo, 33-35, 48, 75, 169

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U Uniรณn

europea, 28, 42

internacional para la Conservaciรณn de la Naturaleza (UICN), 32, 36

Urbanizaciรณn

procesos de, 27, 30, 57, 69, 73, 87-88, 90, 97, 127, 130

red urbana, 75, 80

V Vivienda, 25-26, 41, 43-45, 47, 54-56, 68, 71, 75-76, 85, 113, 117, 125, 127, 129, 132-133, 143-144, 147-148

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ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

Martínez A., Juan, 37, 39, 44, 51-53, 146, 149, 187

Alcántara V., Andrés F., 147

Max-Neef, Manfred, 36, 187

Allende Landa, José, 32, 35-38, 43-44

Meadows et ál., 32, 36, 187 Mendoza M., Alberto, 188

B

Miralles i G., José L., 20, 32, 188

Bejarano, Jesús A., 183

Mooney y Ehrlich, 160, 188

Borja, Miguel, 183 N D

Naredo, José Manuel, 26, 28, 39, 141, 156, 188-189

Departamento Nacional de Estadística (DANE), 90, 97-105, 127-128, 133-135, 137-139, 141, 146, 154

O Odum, Eugene, 49-50, 61, 189

F Fals B., Orlando, 185

P

Fernández D., Ramón, 56-57, 185

Pearce David, 32, 36, 189

Fernández Roberto, 56-57, 185

Pino N., Eliana, 189

Fürst, Edgar, 64, 71, 185 Q G

Quiroga M., Rayén, 63-67, 69, 71-72, 189

Gaja Díaz, Fernando, 186 García, Ernest, 28, 186 Girardet, Herbert, 56, 58-59, 186 Guimaräes, Roberto, 186 H Hernández B., Augusto, 187 Huertas Ferrán, 185 J Jiménez H., Luis, 32-33, 35, 37-39, 44-46, 48-50, 187 M Marino de B., Margarita, 187

R Ress E., William, 189 Riechmann, Jorge, 32, 34-35, 37-38, 44, 51-53, 190 S Serrés, Michel, 28, 46, 190 W Wackernagel, Mathis, 36-37, 54, 144, 147-148, 190 Z Zambrano, Fabio, 88, 96, 190

Margalef, Ramón, 33, 59, 187

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LA CIUDAD SOSTENIBLE

Dependencia ecológica y relaciones regionales.

Un estudio de caso en el área metropolitana de Medellín, Colombia se terminó de imprimir en la Editorial Universidad Nacional de Colombia en abril de 2010.

Se utilizaron caracteres ITC Goudy Sans y Gill Sans. Formato 23 cm x 24 cm.

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