Reporte de la Conferencia Internacional Modelos de Integridad Pública y Compliance

Índice

REPORTE DE LA COOPERACION ALEMANA IMPLEMENTADA POR GIZ

Incluye el Taller Internacional “Institucionalización de las Oficinas de Integridad: Hacia un modelo de integridad en la administración pública en el Perú” 18 y 19 de septiembre de 2018 – Lima Perú.

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Octubre 2018

Cooperacion Alemana para el Desarrollo, implementada por GIZ www.giz.de/peru Proyecto Apoyo en la Implementación de las Recomendaciones de l a OCDE en el Área de Gobernanza (Proyecto OCDE Gobernanza) Director: Hartmut Paulsen Av. Los Incas 172, Piso 6-El Olivar San Isidro, Lima 27-Perú Tel: (51-1) 421-1333 Fax: (51-1) 421-4540 Programa Sectorial en Anticorrupción e Integridad Nicole Botta, Directora Eschborn, Frankfurt

Reporte de la Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para Fortalecer la Integridad y la Lucha contra la Corrupción” y del Taller Internacional “Institucionalización de las Oficinas de Integridad: Hacia un modelo de integridad en la administración pública en el Perú” El presente documento describe el contenido y resultados de la Conferencia y Taller precedentemente señalados y realizados en apoyo a la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la República , los días 18 y 19 de setiembre de 2018 en la ciudad de Lima, Perú.

Dado que el reporte sistematiza la información recogida por la Cooperacion Alemana para el Desarrollo, implementada por GIZ, la edición y publicación de este documento requerirá de la validación de las entidades contraparte y de los/as expositores/as.

Reporte elaborado por el Equipo Técnnico del Proyecto OCDE Gobernanza con el aporte de Eduardo Vega Luna, Consultor GIZ.

Lima, 16 de octubre de 2018.

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Indice 1

Presentación .......................................................................................................................... 5

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Resumen Ejecutivo .................................................................................................................. 6 2.1

Los modelos de Integridad y compliance público ...................................................... 6

2.2

Las características de los sistemas de integridad ....................................................... 7

2.3

La experiencia comparada en materia de integridad en Alemania, Chile y Brasil .. 8

2.4 Perú: La experiencia de la Secretaría de Integridad Pública y de la Vice Contraloría de Integridad............................................................................................................ 9 2.5

Las buenas prácticas .................................................................................................. 10

2.6

Problemas que enfrenta la institucionalización del modelo de integridad .............. 12

3 Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción” ................................................................................. 14 3.1

Discursos de Inauguración de la Conferencia Internacional ..................................... 14

3.2 Tema 1: Compliance para la Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción en la Administración Pública ......................................................................................................... 20 3.3 Tema 2: Modelos de Integridad Pública y Compliance: experiencias comparadas (1era sección) ............................................................................................................................ 38 3.4 Tema 2: Modelos De Integridad Pública y Compliance: Experiencias Comparadas (2da sección) ............................................................................................................................. 51 3.5

Tema 3: Buenas Practicas o Casos De Éxito .......................................................... 59

3.6

Cierre de la conferencia ............................................................................................. 72

4 Taller de Reflexion, Análisis y Propuestas: Institucionalización de las Oficinas De Integridad: Hacia un Modelo de Integridad en la Administración Pública en el Perú ............... 75 4.1 Palabras de bienvenida de la Señora Nathalie Ingaruca Ruiz – Directora De La Escuela Nacional De Control ..................................................................................................... 75 4.2 Presentación “Los Principales Problemas Vinculados a la Implementacion de los Modelos De Integridad”, por Susana Silva Hasembank – Secretaría De Integridad Pública 75 4.3

Reflexiones Finales .................................................................................................... 103

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Conclusiones ........................................................................................................................ 106

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Recomendaciones................................................................................................................. 109

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Galería de imágenes. .......................................................................................................... 112

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Anexos. ................................................................................................................................ 116

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Reporte 1 Presentación El Perú, nuevamente, se encuentra en una difícil situación producto de los graves casos de corrupción revelados por el caso Lava jato, los CNM audios y otros que se han denunciado en distintas entidades y regiones del país. Esta situación no es exclusiva del Perú, sino que afecta a varios países de América Latina puede limitar el desarrollo económico y social de los países. Según Transparencia Internacional la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos sigue muy alta a pesar de ciertos avances.

Si bien reconoce que hay países que tienen una legislación fuerte como Chile, y otros en los que se están investigando a altos personajes de poder, como en Perú y Ecuador, estos avances no son generalizados y “no constituyen políticas integrales que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la región” (ver: www.transparency.org/cpi). En el Ranking de 180 países que publica Transparencia Internacional, Chile se encuentra en el puesto 29 y, Brasil, Colombia y Perú comparten el puesto 96.

Esta grave situación requiere cambios urgentes y duraderos en la forma como se enfrenta la corrupción.

Junto con la necesaria sanción oportuna y las mejoras al marco normativo e institucional, se requiere dar pasos firmes en la tarea de prevención de la corrupción, en la promoción de una cultura de honestidad y en el diseño e implementación de verdaderos sistemas de integridad al interior de las instituciones públicas y privadas.

Precisamente en ese esfuerzo se inscribe la Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción”, organizada por la Contraloría General de la República y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ en el marco del Proyecto “Apoyo a la Implementación de las Recomendaciones de la OCDE-Gobernanza”, que se desarrolló los días 18 y 19 de setiembre del 2018 en el Auditorio de la Escuela Nacional de Control y contó con más de 500 participantes principalmente funcionarios públicos de las distintas instituciones del Estado.

El evento permitió debatir novedosos planteamientos en materia de compliance público y generar un espacio de conocimiento, reflexión e intercambio sobre los modelos de integridad pública con el objetivo de contribuir al proceso de implementación en el Perú y fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción.

Esta memoria resume los contenidos de la Conferencia Internacional, de las ponencias de los expertos internacionales y nacionales, de la experiencia comparada de Alemania, Chile y Brasil, así como de las buenas prácticas que se viene desarrollando y los problemas que se observan en el diseño e implementación de las oficinas de integridad.

Confiamos que el evento internacional y la Memoria del mismo puedan contribuir a afianzar las estrategias de integridad que se ha trazado el Estado peruano a partir de la aprobación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2018-2021), la creación de la Secretaría de Integridad Pública y el nuevo enfoque que se le viene imprimiendo a la Contraloría General de la República.

Como bien señala el Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú, el país “tiene una oportunidad única de avanzar más en su lucha contra la corrupción al pasar de un enfoque reactivo impulsado por casos hacia cambios estructurales más profundos. Esto establecería un sistema integral que construya una

cultura de integridad respaldada por mecanismos apropiados de rendición de cuentas”. Añade que esta ambiciosa agenda no depende de una sola entidad, sino que requiere el esfuerzo coordinado en todo el sector público que también involucre al sector privado y a la sociedad en su conjunto que establezca una base sólida para un desarrollo sostenible e inclusivo (https://www.oecd.org/gov/ethics/peru-estudiointegridad-folleto.pdf).

Estamos pues ante una nueva oportunidad y un reto: Enfrentar la corrupción de manera preventiva y sostenida, generando una cultura de integridad y un sistema que permita obtener resultados concretos en la reducción de estos hechos que tanto daño causan al país.

2 Resumen Ejecutivo La Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción”, organizado por la Contraloría General de la República, la Secretaría de Integridad Pública de la PCM y el apoyo de la Cooperación Alemana al desarrollo implementada por GIZ, centró su atención en debatir los alcances de los sistemas de integridad, sus principales características, así como conocer la experiencia comparada y los planteamientos que en la actualidad se han avanzado y los temas que están pendientes de atender.

Los discursos inaugurales del Embajador de Alemania, la Ministra del Ambiente en representación del Poder Ejecutivo y del Contralor General de la República señalan la necesidad de trabajar decididamente en el ámbito de la prevención de la corrupción, la promoción de una cultura de integridad, la implementación de sistemas de integridad al interior de las entidades públicas y el fortalecimiento del sistema de control.

2.1 Los modelos de Integridad y compliance público Adán Nieto Martín, Catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, España, describe las principales características del Compliance o modelos de integridad en la administración pública diferenciándolos de los que se aplican en el sector privado. Selaña que existen dos modelos diferentes pero complementarios para el aseguramiento del cumplimiento de la ley en las organizaciones públicas: la infraestructura ética y el public compliance. El primer modelo está compuesto por medidas legales de carácter general como normas penales, normas sobre contratación pública, legislación de transparencia, conflicto de intereses, puertas giratorias, lobbys, entre otros. Este modelo es importante, pero tiene el riesgo de un exceso de regulación.

Por su parte, el modelo del public compliance es el conjunto de medidas adaptadas a cada organismo de la administración pública, inspirados en los programas de cumplimiento empresarial que conlleva la idea de la autorregulación. No es más burocracia. Se trata de un instrumento de gestión de organizaciones con el fin de crear una cultura de la legalidad, integridad y cumplimiento de compromisos éticos. Los modelos de integridad tienen en común los siguientes elementos: a) prevención de infracciones mediante el establecimiento de normas de comportamiento (códigos éticos y políticas institucionales), controles en los diversos procedimientos y actividades y, el desarrollo de actividades de formación y capacitación, b) detección de infracciones a través de la identificación de áreas de riesgo, el desarrollo de canales de denuncia, la protección de denunciantes y las investigaciones internas, c) reparación del daño y d) Obligatoriedad de sus disposiciones, es decir, que todas las instituciones públicas cuenten con un plan de prevención de la corrupción, así como la introducción de la “agencia anticorrupción”.

Las “agencias de corrupción” tienen como función principal cooperar con las entidades públicas para que implementen programas de cumplimiento, con guías y lineamientos, ayudando a identificar sus áreas

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de riesgos de corrupción y, luego, supervisando la implementación efectiva de los planes. El punto esencial es que los responsables de la organización estén convencidos de implementar un sistema de integridad. Se necesita además del control externo y la participación de la sociedad para su buen funcionamiento.

Silvia Späth, experta en prevención de la corrupción y miembro de la Delegación Alemana en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, señala que existe consenso en que son necesarias las medidas de prevención para combatir la corrupción organizativa de manera sostenida, lo cual debe incluir las tareas de capacitación, sensibilización y la gestión de los recursos humanos. El enfoque principal es preventivo para enfrentar la corrupción y tiene por finalidad acercar a la administración pública con la ciudadanía, informándoles adecuadamente sobre las medidas que adopta el Estado y orientándoles sobre cómo y dónde denunciar actos de corrupción.

Siguiendo estos planteamientos, los países del G20 han desarrollado medidas para fortalecer la transparencia e integridad en el sector público, mejorar los requisitos para la conducta de los funcionarios públicos, la gestión del flujo de trabajo, las labores de monitoreo y el accountability.

La Dra. Spath resalta que una política de prevención de la corrupción e integridad no solo debe enfocarse en el individuo, sino también en la organización. Esta idea es fundamental para iniciar e implementar la política o modelo de integridad en las organizaciones. Asimismo, debería fortalecerse la política de carrera pública. Hay muchos componentes en una política de prevención, y hay que ser honestos y aceptar que ésta toma tiempo y se necesita del compromiso de las personas.

2.2 Las características de los sistemas de integridad Frédéric Boehm, economista, experto en políticas de integridad señala que la OCDE, cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en el mundo, ha emitido recomendaciones en materia de ética, cabildeo, conflicto de intereses, compras públicas y ha desarrollado un modelo de integridad que tiene tres pilares: sistema, cultura y rendición de cuentas cuyas características principales son las siguientes: • • • • • • •

El liderazgo de los directivos en la entidad, que generan una agenda de integridad y comunican a la organización Identificación y gestión de riesgos de corrupción con un componente de responsabilidades y control interno como tarea de todos Un sistema coherente y completo que comprende compromiso, responsabilidades, estrategia y normas Una cultura organizacional basada en la meritocracia que permita reclutar y capacitar funcionarios cualificados y comprometidos con la integridad Una separación de funciones claras y eficientes, así como una coordinación e intercambio de información entre las unidades internas con una planificación orientada a resultados, reglas y procesos claros Sanciones disciplinarias oportunas y visibles (estadísticas) para fomentar credibilidad y legitimidad del sistema Facilitar el control social y el diálogo con los ciudadanos (transparencia, participación y rendición de cuentas)

Agrega que el modelo de integridad y las recomendaciones generales que se desprenden del mismo, deben aterrizarse en cada país y en cada entidad pública. Las buenas prácticas de otros países no deben

ser copiadas literalmente, sino que deben tenerse en cuenta la realidad nacional y proponerse metas factibles y posibles.

2.3 La experiencia comparada en materia de integridad en Alemania, Chile y Brasil La conferencia permitió conocer las experiencias de Alemania, Chile, Brasil y sus avances en materia de integridad, sus modelos organizativos y los retos pendientes.

En el caso de Alemania, Silvia Späth, Detective Inspectora Jefe de la División de Integridad, Unidad de Prevención de la Corrupción y Patrocinios del Ministerio Federal de Interior, Construcción y Comunidad, señala que una de las tareas centrales es la evaluación de riesgos de cada entidad, al igual que la prevención de los conflictos de intereses y el seguimiento de compromisos derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

En el caso de la evaluación de riesgos, se parte del supuesto de que todos pueden abusar de su posición y hay que tomar previsiones para identificar áreas vulnerables a la corrupción y abordarlos de forma razonable. Los resultados de los estudios de riesgo son publicados en el portal del Parlamento.

Otro elemento característico del sistema alemán son las personas de contacto que son los encargados de implementar las medidas de prevención de corrupción en el sistema de integridad. Las personas de contacto se encargan de concientizar y orientar. Existen 300 mil personas de contacto para prevenir la corrupción. Ellos no investigan los casos de corrupción. Una vez que conocen un caso lo envían a la auditoría interna guardando la reserva de identidad del denunciante.

También existen relaciones con el sector privado y la sociedad civil en actividades de educación, participación ciudadana y prevención de la corrupción. En cuanto a conflicto de intereses se han regulado diversos aspectos (regalos, beneficios, recompensas, empleo secundario, empleo post-publico, así como patrocinio). Finalmente, en materia de transparencia se destaca que los sueldos son transparentes, se publican los planes de presupuesto, los informes sobre medidas de prevención de la corrupción, patrocinio y uso de personas externas.

En el caso de Chile, Gonzalo Guerrero del Consejo Anticorrupción de Chile señala que en su país ha disminuido la confianza de la ciudadanía en la ética pública. No obstante ello, se ha configurado un sistema de integridad con diversas normas y acciones. En el 2005, a través de reforma constitucional, el principio de probidad se eleva a rango constitucional: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a

sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”.

El principio de probidad es el elemento fundamental que guía el sistema de integridad y orienta todo el actuar del sistema público. A partir de los escándalos de corrupción se diseñó una agenda de modernización y en la Constitución se incorporó la reforma de trasparencia y probidad. Posteriormente, en el año 2008 se aprobó la ley de transparencia y el 2014 la Ley de Lobby cuyo objetivo es fortalecer la transparencia entre el sector público y el privado, dando a conocer quiénes influyen en decisiones de la autoridad.

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El sistema de integridad chileno es a veces disperso, pero también es una oportunidad. Muchas veces los componentes del sistema han sido reacciones a las crisis. Una de las fortalezas que se puede señalar respecto del sistema es que es impulsado desde el centro de gobierno y cuenta con liderazgo presidencial.

Queda pendiente superar el enfoque principalmente legal. Se necesita que todo el sistema político lo apoye de forma integral y debe cruzar fronteras del partido de gobierno e involucrar a toda la clase política.

Finalmente, en Brasil, Wagner de Campos Rosario, Ministro de Transparencia y Contralor General de la Unión expuso las cuatro áreas vinculadas a la integridad en su labor. Una es la secretaria de la transparencia y prevención de la corrupción, que trabaja en el fomento de la integridad pública y privada. La segunda es la Auditoria General de la Unión que es similar a los Defensores del Pueblo pues desarrolla la comunicación de los ciudadanos con el gobierno. La tercera es la Corregiduría que se encarga de la responsabilización, de los servidores y empleados públicos, de la responsabilización de las personas jurídicas a nivel administrativo y civil. Y, por último, la secretaria federal de control interno que es responsable por las auditorias y de la función investigativa.

La política de implementación de integridad en Brasil requiere de un mecanismo de liderazgo y control estratégico para evaluar, dirigir y monitorear la gestión de integridad, cuyo objetivo es promover la adopción de medidas y acciones zonales para la prevención, detección, sanción y remediación de casos de fraude y corrupción. Sus componentes son: Compromiso, análisis, evaluación y gestión de los riesgos, monitoreo continuo de los atributos y de la implementación. En una segunda fase se elabora y aprueba el plan de integridad. En Brasil tenemos un sistema de Conflicto de Interés, que funciona en casos de nepotismo principalmente.

Asimismo, existe un código de conducta para todo el gobierno y se está desarrollando códigos específicos para cada órgano basado en los riesgos, a los cuales están sometidos. Finalmente, se está desarrollando la transparencia activa desde la ley de transparencia del 2011, y se ha lanzado un nuevo Portal de la Transparencia.

2.4 Perú: La experiencia de la Secretaría de Integridad Pública y de la Vice Contraloría de Integridad Susana Silva, Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, señala que el sistema de integridad en el Perú tiene como marco de referencia el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que tiene enfoque preventivo, descentralizado y social. El plan busca responder a la crisis de valores y débil cultura de integridad, a la ausencia de políticas claras de integridad tanto en sector público como privado (uso adecuado de recursos públicos, compras, contrataciones, conflictos de interés, puerta giratoria, gestión de intereses, regalos), a la amplia discrecionalidad, excesiva burocracia y procesos complejos, a la falta de transparencia de nuestro Estado, a la débil meritocracia en la administración pública, injerencia del poder político y económico en decisiones técnicas, a la debilidad de los mecanismos de los controles internos, a la lentitud e ineficacia de los mecanismos de sanción.

Por ello, el plan contempla una serie de acciones o medidas de política pública que involucra la reforma y articulación de las entidades con competencias directas en la prevención y lucha contra la corrupción.

Se debe considerar la cadena de valor anticorrupción que garantice una adecuada detección, investigación y sanción de la corrupción (CGR, PNP, MP, Procuraduría, PJ). También se prevén acciones de reforma

electoral, reforma política y de administración de justicia. En relación a la transparencia e integridad en contrataciones y ejecución de obras públicas se prevén innovaciones en el marco normativo y reformas institucionales. Una medida fundamental es la reforma de la carrera pública meritocrática.

El Plan prevé la implementación de modelos de integridad en dependencias públicas (public compliance) que promuevan y articulen diversos mecanismos (política de gestión de riesgos, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, mecanismos de denuncia, capacitación, comunicación, supervisión).

La implementación del modelo de integridad debe contar con el compromiso del más alto nivel jerárquico, gozar de independencia y contar con recursos e infraestructura adecuados para cumplir con su función rectora, de orientación y acompañamiento.

Humberto Ramirez, Vice Contralor de Integridad, señala que la labor de la Contraloría General de la República se ha visto reforzada por la nueva Ley de Fortalecimiento institucional que permite el control concurrente y otorga mayor transparencia a las labores de control lo cual va de la mano con la promoción de una actuación ética.

El control gubernamental se ha fortalecido en las dependencias del gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Sin embargo, hay un trabajo pendiente en las municipalidades distritales donde el 91% de las municipalidades aún no tienen un órgano de control interno. Los recursos son insuficientes por lo que se requiere mecanismos inteligentes para superarlos.

La Contraloría trabaja para que los funcionarios del Estado entiendan que instalar el Compliance y fomentar la integridad y transparencia se conviertan en parte esencial de su labor. La nueva ley de fortalecimiento de la Contraloría tiene una mirada dirigida no solo a sancionar la inconducta funcional de los funcionarios, sino de priorizar las tareas de prevención con base en los principios de gobierno abierto, transparencia, colaboración y participación ciudadana.

La Contraloría tiene tres grandes aspectos y objetivos en su labor. A) La prevención que incluye la participación ciudadana, el control concurrente, los mecanismos de transparencia, la capacitación y el desarrollo de una cultura ética. B) El tema sancionador construyendo una estructura que responda al enorme volumen de casos creando más órganos instructores y sancionadores y fortaleciendo el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas con más salas. C) La implementación de nuevas tecnologías de información para asegurar la celeridad en los procedimientos. Con esta nueva estructura, con un proceso de denuncias y de mejora de los controles internos se contribuye con la integridad en el país.

2.5 Las buenas prácticas El evento mostró algunas buenas prácticas en Perú y Brasil en materia de prevención de la corrupción que fomentan la participación ciudadana, la utilización de aplicativos y la elaboración de programas de compliance en instituciones.

Piero Corvetto Salinas – “Auditores juveniles” y “Postula con la tuya” de la Contraloría General de la República del Perú.

Los “Auditores Juveniles” es una iniciativa que parte de la idea central de prevenir la corrupción con la participación de los jóvenes escolares. El programa se ha potenciado para dejar de tener una mirada enfocada en el aula. Ahora tiene una mirada más amplia dirigida a la escuela. Se busca influir

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positivamente en los jóvenes incorporándolos a una política anticorrupción que se vea reflejada en la currícula formativa de manera transversal.

Los Auditores Juveniles puedan convertirse en los ojos de la Contraloría y en ciudadanos activos frente a la corrupción. Ellos pueden alertar sobre diversos temas que están fallando (entrega de libros, funcionamiento de salas de cómputo, enfermedades, vacunación, entre otros). Los Auditores Juveniles son más de 325,000 alumnos que hacen un control liviano interno en sus escuelas. El impacto es enorme.

El 60% de las observaciones planteadas por los propios estudiantes fueron levantadas casi de forma inmediata por los directores de escuelas. El próximo año habrá un salto exponencial con más jóvenes y profesores capacitados en todas las regiones desde un enfoque intercultural y con materiales virtuales.

Por su parte, la campaña “Postula con la Tuya”, constituye un instrumento para prevención que aborda un tema sensible en las elecciones: el uso de dinero público en las campañas electorales. POSTULA CON LA TUYA es una multiplataforma (Call Center, whatsapp, línea 0800, correo electrónico), que permite informar y recibir denuncias respecto de las 7 infracciones que violan la normatividad electoral. Es una campaña para advertir al ciudadano, a la organización política, al funcionario público, al colaborador público, a los medios de comunicación respecto del buen uso de los bienes del Estado en una campaña electoral.

La ciudadanía no está dispuesta a que se utilicen recursos públicos, vehículos oficiales u otros bienes en la campaña electoral. Postula con la tuya en un contexto de no reelección como el actual, es mucho más necesario pues la reelección encubierta (a través de un familiar directo o a otro cargo), hace menos evidente la utilización de recursos del Estado. En estas elecciones ya hay resultados pues se han reportado 238 alertas de infracciones (con audios, videos, email), la mitad de ellas vincula al alcalde con la infracción, debido a que existe una relación directa con el candidato no debe permitirse.

Brasil: Wagner De Campos – “The Integrity App” del Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión del la República Federativa del Brasil.

En el 2017 la Alliance for Integrity, institución vinculada con GIZ, implementó una aplicación llamada The Integrity APP para que las empresas puedan evaluar su situación de integridad. Por ello, junto con Alliance for Integrity se desarrolla TheINTEGRITYAPP para el sector público mediante el cual los funcionarios públicos ingresan a la aplicación, se identifican, señalan donde trabajan y llenan un cuestionario. Se le pregunta si trabaja en la implementación de planes de integridad en su institución y, luego, se puede ver y analizar la información que han ingresado a la aplicación. A partir de esa información se puede conocer la percepción de las personas sobre el plan de integridad. Por ejemplo, alrededor del 50% manifestaron que no percibían que las medidas eran comunicadas con eficiencia a las personas y funcionarios, por lo que tenía que mejorar la comunicación. Es decir, es una herramienta de evaluación constante para conocer la efectividad de los planes y acciones y corregir de modo inmediato.

Aún es poco el número de usuarios, pero se realizará una campaña en todos los ministerios, para incentivar y crear alicientes para que los funcionarios rellenen el cuestionario y se mejore la formulación e implementación de los planes de integridad. El gobierno brasileño ha dado un plazo hasta el 30 de noviembre a los 200 órganos tienen que tener su plan de integridad, entonces se va a incentivar para que los funcionarios rellenen los cuestionarios hasta el 30 de noviembre y después se hará una comparación.

Perú: Frank Gutierrez - Compliance Officer del Fondo Mi Vivienda del Perú.

El Fondo Mi Vivienda es una empresa del Estado que cumple el rol subsidiario de promover y facilitar el financiamiento hipotecario para el acceso a viviendas a familias de medianos o bajos ingresos a través

del sistema financiero. No es una banca de primer piso si no de segundo piso, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Mercado de Valores. Su participación en los créditos hipotecarios en el sistema financiero llega al 20%.

El Fondo Mi Vivienda está obligado a tener un programa de CRIMINAL COMPLIANCE, pues no está exenta de corrupción y lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y la minería ilegal. Su diseño descansa en tres pilares: el conocimiento del cliente, del proveedor y del trabajador, para asegurar un alto nivel de integridad. También está la identificación de operaciones sospechosas y la comunicación a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Las Leyes 30424 y 38308 incorporan los delitos de cohecho activo transnacional, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el tráfico de influencias y la colusión simple y agravada y se establece que es eximente de responsabilidad penal de las empresas contar con un modelo de prevención de la corrupción. Este modelo debe estar enfocado en la prevención de la corrupción, los conflictos de intereses, lobby, puerta giratoria, etc. El modelo de integridad del Fondo Mi Vivienda está alineado al plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, aunque para superar las resistencias a su implementación requiere del liderazgo de la alta dirección y una comunicación directa y muy eficaz para cumplir con los objetivos de integridad.

2.6 Problemas que enfrenta la institucionalización del modelo de integridad El evento internacional también permitió abordar los problemas que afronta el modelo de integridad entre los que resaltan.

A) Falta de claridad en el rol que deben asumir las Oficinas de Integridad Institucional: El Decreto Legislativo 1327, y plantea la creación de Oficinas de Integridad Institucional en las entidades públicas y señala que éstas se encargan de recibir denuncias, pero no atenderlas, otorgar protección a los denunciantes de actos de corrupción y articular funciones de integridad. Este modelo destaca por su rol articulador y de acompañamiento. Sin embargo, se requiere una definición sobre el rol de estas oficinas como instancias facultada para investigar el incumplimiento de responsabilidades administrativas.

B) Ubicación de las Oficinas de Integridad Institucional en la estructura orgánica de la entidad: Sus especiales funciones, requieren que estos espacios, estén vinculados al más alto nivel, pues sus decisiones impactan de manera transversal a toda la entidad. Sin embargo, el Decreto Legislativo Nº 1327 estableció que estas oficinas debían depender del Secretaría General o similares, situación que debilita su capacidad de actuación y articulación.

C) Acciones dispersas y desarticulación y complejidad de la tarea: El desarrollo de una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción requiere del trabajo articulado de múltiples actores. Por ello resulta fundamental conformar un Sistema Funcional de Integridad que articule debidamente la Política Nacional y permita desarrollar acciones conjuntas para cumplir con los objetivos y metas trazadas. Si bien esto se viene alentando, aún subsisten esfuerzos dispersos La labor de las oficinas de integridad se ve complejizada por las distintas funciones que se les asigna lo cual trae el riesgo de una implementación desordenada, deficiente y sin resultados rápidos, lo que puede ahondar la desconfianza ciudadana.

D) Falta de recursos para la integridad y lucha contra la corrupción: Pese a la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (DS 092-201-PCM), el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y la Política General de Gobierno, que señala la máxima prioridad de gobierno a la integridad y la lucha contra la corrupción, aún esta pendiente el apoyo concreto a las entidades y oficinas encargadas de la promoción y articulación de la integridad. Una muestra de ello es la falta de presupuesto que tiene estas unidades.

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Las perspectivas que nos deja la Conferencia Internacional Finalmente, en medio de una situación difícil y compleja de corrupción que afecta al país, se observa que se han dado pasos importantes para establecer y priorizar diversos mecanismos de prevención de la corrupción. Asimismo, se ha instalado un debate importante para diseñar, analizar e implementar programas de integridad en las distintas oficinas públicas, alentando la capacitación e intercambio de experiencias para fortalecer esta tarea, con medidas eficaces, indicadores claros y resultados medibles tal como se expuso en el evento internacional.

Junto con esta labor importante, es necesario promover una cultura de integridad que involucre al sector público, privado y la sociedad civil. Debemos hacer un esfuerzo grande por revertir la tolerancia social frente a la corrupción. La cultura de integridad implica también consolidar una cultura de apertura en la organización, de mayor transparencia, de una mejor participación ciudadana y rendición de cuentas.

Para ello es necesario una comunicación fluida entre los miembros de las entidades públicas y la ciudadanía generando espacios de discusión sobre asuntos vinculados a la integridad. Es importante construir un ambiente idóneo, amplio e inclusivo para la formulación de verdaderas políticas de integridad en el país.

3 Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción” 3.1 Discursos de Inauguración de la Conferencia Internacional 3.1.1

STEFAN HERZBERG - Embajador de la República Federal de Alemania Me complace mucho poder darles la bienvenida hoy, aquí en la Escuela Nacional de Control con motivo de la conferencia «Modelos de integridad pública y compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción», organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la República.

La corrupción lastra la economía, socaba el Estado de Derecho y sobre todo erosiona la confianza de la gente en la Democracia. Disponer de un sistema de administración pública que funcione correctamente continúa siendo un gran reto a escala mundial, no solo en América Latina. Sin embargo, ha sido precisamente aquí, en esta región, donde los últimos casos de corrupción registrados nos han vuelto a recordar cuán largo es el camino que nos queda por recorrer. El caso Odebrech ha sacudido toda América Latina debido a su magnitud. Según un informe actual de Transparencia Internacional, el año pasado en América Latina y el Caribe, una de cada tres personas pago sobornos por servicios públicos.

Los últimos tres años fui embajador de Alemania en Venezuela y les podría ilustrar mediante muchos ejemplos la galopante corrupción en ese país. Venezuela es un muy buen ejemplo de cómo al final la corrupción puede contribuir al completo fracaso de la administración pública y del manejo estatal. Este hecho se contrapone diametralmente a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que en su preámbulo exige el cumplimiento de los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la igualdad ante la ley y una cultura de rechazo de la corrupción.

No obstante, también se ha producido avances dignos de mención. Este año el Perú ha puesto en marcha su nueva estrategia de Lucha Contra la Corrupción 2018-2021; asimismo está a punto de ingresar a la OCDE y, a principios de este año, junto con la Organización de Estados Americanos pudo firmarse la Declaración de Lima. Les invito a trabajar juntos sobre esta base.

Por iniciativa de Alemania, en el último año de Presidencia de la G20, se aprobaron los principios de alto nivel sobre la organización contra la corrupción. Con ello el G20 se compromete a cumplir una serie de principios sobre cómo organizar las administraciones públicas, de tal manera que los riesgos de corrupción salgan a la luz y puedan reducirse al mínimo. Con su recomendación, el Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública brindó a principios del año pasado una orientación importante para las instituciones públicas.

Como pueden observar, no se trata de una falta de lineamientos, recomendaciones y leyes útiles. Se trata de que ahora hay que llevarlas a la práctica. La institucionalización de sistemas de compliance en

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el espacio público supone una gran oportunidad para reducir la corrupción y reforzar la integridad en la vida pública.

Por ello resulta especialmente gratificante que nos hayamos reunidos aquí para hablar sobre en qué podría consistir un modelo de compliance de integridad en las instituciones públicas. Los países de América Latina han sido siempre un importante socio de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. En ese sentido, en el Perú también hemos podido desarrollar junto con nuestro anfitrión, la Presidencia del Consejo de Ministros, así como la Contraloría General de la República del Perú, una cooperación basada en la confianza.

La Cooperación Alemana para el Desarrollo en esta región desea seguir contribuyendo en el futuro a que los temas de gobernanza, Estado de Derecho y, naturalmente, lucha contra la corrupción, queden firmemente arraigados en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Justamente el tema compliance e integridad en el sector público es relevante para crear una administración transparente y eficiente que preste importantes servicios para todos. Un primer ejemplo en materia de integridad y transparencia es el desarrollo del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, el cual contó con la asesoría técnica de la Cooperación Alemana, a través de la GIZ. Igualmente, a partir de una alianza estratégica entre la Cooperación Alemana y la OCDE, se viene trabajando un mecanismo de monitoreo y seguimiento de dicho plan, además de una estrategia para fortalecer la Secretaría de Integridad Pública y las oficinas de Integridad del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, también hemos apostado por el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entidad de reciente creación que ha recibido el apoyo de la Cooperación Alemana, para el desarrollo de instrumentos que permitan su funcionamiento y el cumplimiento de funciones importantes, entre otros instrumentos.

En esta misma línea quisiera destacar el apoyo a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en la elaboración del Plan de Acción del Gobierno Abierto 2017-2018, el cual es una herramienta que permite la participación de la sociedad civil en las acciones que implementa el gobierno.

A nivel regional también juega un papel significativo la iniciativa de múltiples partes interesadas, la Alianza por la Integridad. Dicha alianza esta activa desde 2015 con medidas para el desarrollo de capacidades en América Latina. Gracias al Programa de Capacitación en temas de Compliance para empresas, las pequeñas y medianas empresas adquieren las capacidades para implementar programas dirigidos a prevenir la corrupción. Entonces sigamos desarrollando estos enfoques y favorezcamos juntos a que se dé un paso más hacia la consolidación de una administración íntegra. La Cooperación Regional e Internacional es la clave en este caso. Por ello me alegra aun más que hoy hayan acudido tantos representantes de la región para debatir en común con expertos internacionales sobre la implementación de sistemas de compliance e integridad en las instituciones correspondientes.

La presencia numerosa de representantes de alto nivel de los sectores competentes del gobierno peruano y de la administración pública es una señal de la seriedad con la que el gobierno desea asumir este importante tema.

Mi agradecimiento especial a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Contraloría General de la República del Perú por organizar esta conferencia y a la Escuela Nacional de Control por brindar este gran espacio.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que abordan este importante tema y sin los cuales nunca hubiera podido producirse un diálogo como este. Alemania desea apoyarlos en estos esfuerzos. No venimos como maestros Para nosotros, tanto como para el gobierno como para los empresarios, la implementación de reglamentos nacionales y el cumplimiento de las normas de la OCDE también es un proceso continuo de aprendizaje, mediante conferencias como estas y la cooperación bilateral deseamos compartir con ustedes nuestras experiencias.

Quisiera expresar finalmente mi profundo agradecimiento a la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ y especialmente al Programa de Gobernanza para implementar las recomendaciones de OCDE, al Proyecto sectorial anticorrupción e integridad, así como a la Alianza por la Integridad por la preparación de esta conferencia. Muchas gracias por su atención, les deseo un gran éxito con esta conferencia y espero les sirva de fuente de inspiración.

3.1.2

FABIOLA MUÑOZ - Ministra del Ambiente de la República del Perú.

Tengo el privilegio de haber recibido el encargo del Premier de poder representarlo en esta oportunidad. Y si bien él no está presente físicamente aquí, creo que está presente más que nunca en la tarea que está enfrentando el día de hoy, que es preparar toda la argumentación para el proceso que hemos iniciado ya desde hace algunos meses, con el liderazgo del Presidente Vizcarra y que justamente tiene mucha relación con lo que se va a discutir en este evento, que es el tema de la integridad y, específicamente, de la lucha contra la corrupción. Y es que la corrupción es el mayor flagelo que nuestra sociedad enfrenta no solo en el Perú, sino en el mundo.

La cifra que da el embajador para mí es espeluznante. Que una de cada tres personas haya pagado por algún trámite, por algún servicio, es increíble y es algo que nos tiene que hacer pensar, mucho más a aquellos que somos servidores públicos. Porque, como se ha mencionado, existen ya desde hace varios años en nuestro país normas, lineamientos sobre gobierno abierto, gobierno electrónico, rendición de cuentas, transparencia, una política nacional de modernización de la gestión pública.

Sin embargo, cuando viajamos a los distritos, a las regiones, muchas veces pregunto si las están implementando y me doy con la sorpresa de que algunos ni siquiera la conocen y eso quiere decir que hay algo que tenemos que cambiar porque no nos está funcionando. Y por esa razón es que debemos seguir persistiendo en los temas de la integridad y lucha contra la corrupción, hablando y discutiendo sobre ellos, mirando las lecciones aprendidas de otros lugares. Por eso es tan interesante que en el evento de hoy se puedan conocer las experiencias de otros países, y cómo estas han ido enfrentando los problemas.

Y no es simplemente un tema de normas, ni siquiera de recursos, sino de personas porque finalmente somos las personas las que marcamos la diferencia, las que decidimos ir por el camino del bien o por el camino del mal, las que tomamos decisiones de política pública, las que terminamos pagando indebidamente por los trámites, una conducta incorrecta a la que la sociedad se está acostumbrando.

Contra eso tenemos que luchar.

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Nunca en mi vida he comprado un libro pirata, ni un CD pirata y la mayoría de mis amigos se han burlado siempre de mí. Porque, ¿cómo es posible que, teniendo una cosa tan fácil en la calle en cada semáforo, y más barato, uno no lo compre? Sí, pero no respeta los derechos de los trabajadores, ni de propiedad intelectual, ni de una serie de derechos que están detrás. La verdad es que nos dejamos llevar y muchas veces no hacemos lo correcto y como nos dice el presidente Vizcarra: hay que hacer lo correcto, puede no ser popular, puede ser difícil, pero hay que hacer lo correcto. Por eso la reforma más importante para mí, dentro de la política de la modernización de la gestión pública es el servicio civil meritocrático.

Las personas son las que marcan la diferencia. Son valores, es integridad lo que tenemos que buscar.

Es la capacidad de indignarnos frente a la corrupción, la capacidad de hacerle frente, cuando te piden que hagas algo que sabes que no está bien. Muchos dicen no; yo no voy a firmar, yo no lo voy a hacer, pero se ponen de costado, se quedan callados, porque cuidan su trabajo. Pero la mejor manera de cuidar el trabajo es no siendo cómplices, es siendo capaces de enfrentar la corrupción en todos sus niveles, porque no es una cuestión que está solamente en los directivos de Odebrecht o en un ministro, o en un jefe. Es una cuestión que está en todos los niveles, Parte de las reformas que el Poder Ejecutivo está haciendo implica también, por ejemplo, sancionar la corrupción entre privados. Hace algunos días algunos amigos me objetaban que el gobierno haya emitido el decreto legislativo que penaliza la corrupción entre privados, y yo les explicaba que no podemos permitir que, por ejemplo, que si dos empresas se ponen de acuerdo para ver quién gana una licitación ahora y una licitación después eso no esté sancionado. Eso es parte, justamente, de lo que significa reformar el Estado. Necesitamos reforma política y judicial, pero también necesitamos las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo, porque no puede ser, que ser ilegal sea más barato y fácil que ser legal.

Por eso la simplificación administrativa, la simplificación de trámites y la transparencia son tan importantes.

Luchar contra la corrupción implica usar todas las herramientas posibles, pero entre ellas la transparencia es una de las más poderosas. Cuando la información llega a la gente, cuando uno rinde cuentas, cuando es capaz de mostrar los datos, entonces es más difícil darle paso a la corrupción y eso es parte de lo que significa ser consecuente también con lo que decimos. Por eso que uno de los temas fundamentales en los que tenemos que trabajar es en espacios que permitan transparentar más, ser capaces de informar más y mejor, donde los ciudadanos y ciudadanas puedan entender con palabras sencillas que está haciendo su Estado, porque necesitamos también recuperar la confianza.

Cuando viajamos a las regiones se nota que la gente ha perdido la confianza. Necesitamos ser capaces de demostrarles que la democracia y el sistema democrático le funciona a una mujer que pide una pensión de alimentos, a una empresa que quiere venir a invertir a Perú, a un gobernador que quiere sacar una obra bien hecha en un plazo razonable, y le funciona a un ciudadano que quiere sacar su DNI. El reto de quienes servimos en el Estado, que además es un privilegio, es hacer que la gente no se canse y que realmente crea que es posible tener un Estado limpio, con funcionarios o servidores públicos íntegros, con ética, con valores.

Por esa razón, un evento de esta naturaleza es perfecto, además, en el contexto en el que nos encontramos, y yo espero que realmente sean dos días de gran discusión, de mucho aprendizaje, de mucho intercambio de información y que todos repensemos lo que estamos haciendo desde donde nos encontramos para luchar realmente contra la corrupción y para mostrar que somos capaces de vivir éticamente. Eso significa no separar, porque no se puede separar, la ética de la casa de la del trabajo.

Tenemos que serlo siempre y las personas tenemos la capacidad de poder decidir.

Siempre pongo el ejemplo de que uno puede hacer la diferencia desde que se levanta, al decidir con qué bolsa ir a comprar el pan, con la de tela o la de plástico. En el tema de integridad es exactamente lo mismo: debemos decidir cómo vivir mi día, si lo haremos con ética, con integridad y haciendo lo posible para luchar contra la corrupción o voy a estar de costado mirando que otro lo haga. Ese es quizás el mensaje más importante que quisiera transmitirles. Cuando el presidente de la República, el Premier y los ministros tomamos la decisión de enfrentar esta ruta que sabíamos que no era fácil, tomamos la decisión de hacer lo correcto, porque la reforma en el país no puede esperar, y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer.

La reforma que cada uno de nosotros puede construir en su espacio no puede esperar y estoy segura de que el evento de hoy va a sumarse en ese esfuerzo de discutir y compartir información y generar sinergias, alianzas y redes. Es muy importante que seamos capaces de construir redes que nos ayuden en esta lucha que no es sencilla, pero que es lo correcto.

Gracias, señor Contralor, por permitirnos este espacio y, además, en nombre del Premier declaro inaugurado el evento. Ya saben cada persona puede marcar la diferencia, no podremos cambiar el mundo, pero si podemos cambiar nuestro mundo, gracias.

3.1.3

NELSON SHACK YALTA - Contralor General de la República del Perú Es para mi un gran placer darles la bienvenida a la Escuela Nacional de Control, que se creó esencialmente para fortalecer las capacidades de la familia contralora, de los auditores, pero que desde hace varios meses despliega todo un proceso de acercamiento al funcionario público.

Esta no es la escuela de la Contraloría sino la escuela de todos los funcionarios. Claro, estamos centrados en los temas de control gubernamental, pero cada vez más la oferta académica va a estar disponible para todos los funcionarios.

Esta no es mi casa en realidad, es la suya y nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí, sobre todo para la realización de un seminario internacional como el que hoy nos convoca. El compliance público y los modelos de Integridad resultan fundamentales. Frente a un acto de corrupción o de inconducta funcional los sistemas de control lo que hacen normalmente es reaccionar. De hecho, la Contraloría durante sus últimos años de existencia lo que ha hecho es esencialmente investigar y sancionar haciendo auditorias de cumplimiento que muchos conocen, aunque en realidad la Contraloría hace mucho más. ¿Como sancionamos? A través del procedimiento administrativo sancionador, que ha causado más de un dolor de cabeza a muchos de los administrados porque tiene una serie de problemas de celeridad, predictibilidad, entre otros. Pero en general ese no es un buen negocio para la sociedad, puesto que el sistema de control debe también preocuparse por prevenir y detectar anticipadamente estos hechos de inconducta funcional y de corrupción.

Por eso desde el año pasado, en el marco del Programa de Reconstrucción con Cambios, hemos cambiado el modelo de control gubernamental, enfocándolo a uno más de naturaleza preventiva, creando este modelo de control concurrente. Pero aún así sigue siendo un instrumento importante y muy satisfactorio, porque lo que hacemos el alertar los riesgos, acompañar al ejecutor que muchas veces se equivoca, no porque mete la mano como decía un viejo amigo, si no porque mete la pata y tenemos muchos

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funcionarios públicos muy pocos capacitados y entonces meten la pata a cada rato. Sin embargo, todo eso es parte del control gubernamental que hace la Contraloría, que es parte del control externo.

Sin embargo, en los países desarrollados el control externo siempre es posterior. ¿Por qué?, Porque tienen lo que no tenemos: sistemas de compliance, modelos de integridad en sus organizaciones. Esa es en realidad el fortalecimiento del control interno, de los sistemas administrativos, el tener un sistema de servicio civil meritocrático, el tener un modelo de integridad razonablemente implantado en las organizaciones, con la suficiente dosis de transparencia, de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Ese es el mejor antídoto en la lucha contra la corrupción, porque en países en los que la precariedad institucional es común, como el nuestro, la sanción es poco efectiva, y hay que evitar que eso pase. En la política pública siempre es más barato prevenir que curar. Entonces el tema central de la conferencia de hoy es pues absolutamente central en la lucha contra la corrupción en nuestro país, que como bien se ha mencionado, es el principal flagelo que ahora nos golpea.

La Contraloría está en un enorme proceso de reestructuración. Se está haciendo una gran reforma estructural en el Sistema Nacional de Control y, estoy seguro, que, con el apoyo de los funcionarios, de la sociedad civil organizada, a quien nos estamos acercando cada vez más porque el control social es el mejor aliado del control gubernamental, esta percepción de impunidad que vemos cuando viajamos, y muchos de ustedes saben que yo viajo casi todas las semanas a provincia, irá despareciendo. Allí uno aprecia el desencanto como bien decía Fabiola, y el descrédito. La gente ya no confía en nadie, porque además la corrupción es una corrupción sonsa, no es para nada sofisticada: la gente de a pie se da cuenta de que le están robando ¿Cómo se da cuenta? porque es obvio, no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicios básicos; sin embargo el hijo del alcalde o hasta el propio alcalde ya está construyendo su segundo hotel, o su hijo acaba de montar su empresa, ni siquiera ha terminado la universidad y ya acaba de comprar cinco Caterpillar porque ha hecho su empresa de construcción. Esas cosas son obvias; no es necesario ser Contralor para darse cuenta de que están robando.

Y eso en parte es porque no ha habido estos modelos de integridad y, la verdad sea dicha, tampoco ha habido control. Las cifras son realmente muy ilustrativas y muy penosas. En el 30% de los municipios provinciales, por citar un ejemplo, no había control, nunca lo ha habido; ni siquiera oficinas de control institucional, ni siquiera para discutir si el control era bueno, malo, eficiente, ineficiente.

Seguramente como había esa carestía de control, muchas de estas autoridades empezaron haciendo lo correcto, pero como no tenían valores ni principios y un modelo organizativo de integridad que los contenga, los apetitos personales los fueron llevando por el mal camino y se dieron cuenta de que robar en el Estado es súper fácil y esa no es una diferencia muy grande con lo que pasa en muchos de nuestros países en América Latina.

Ahora, gracias al apoyo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, hemos tomado el control de casi todas las 185 oficinas de control provincial, y ahora allí laboran funcionarios de la Contraloría con absoluta autonomía e independencia para controlar las acciones de los alcaldes provinciales. Así lo vamos a hacer también con los gobiernos regionales y con las entidades del gobierno central. La Contraloría, antes de Bicentenario, va a dejar de ser una organización de 3,200 personas a nivel nacional y vamos a ser seguramente 7,600.

Sin embargo, nuestra tarea será insuficiente si no avanzamos en la construcción de modelos de integridad pública. Nunca el control externo va a poder reemplazar un modelo de integridad, nunca va a poder reemplazar al control interno, no es eficiente, sería inmanejable. Imagínense cuántos tendríamos que ser en la Contraloría para poder fiscalizar las mas de 30.000 obras que se ponen en ejecución cada año, si consideramos obras pequeñas como una pavimentación, hasta las megaobras. Pero no solamente se roba

en obras. Si pensamos que esto puede ocurrir también en los 125,000 procesos de contratación de bienes y servicios y en todo el pago de planillas y pensiones, la labor es inmanejable.

Por eso, así como es importante y se está llevando a cabo este proceso de reforma estructural en el sistema de control gubernamental externo, es muy importante avanzar progresivamente en la implementación de modelos de integridad pública, de compliance en el sector público, que lo que hacen es perfeccionar los procesos, mejorar la transparencia, reducir los espacios de discrecionalidad y esos espacios grises por donde se suele filtrar los problemas de inconducta funcional y de corrupción.

Es, por tanto, un tema fundamental en la lucha contra la corrupción, pero no en la lucha solamente coyuntural, si no es una medida de gran impacto estructural. Los países se demoran lustros en implementar sistemas de integridad pública, pero, precisamente porque demora mucho tenemos que empezar pronto. En ese sentido el aprendizaje que vamos a tener, aprendiendo de las experiencias de Chile, Alemania, Brasil. Vamos a tener la oportunidad de ver algunos casos de éxito puntual.

Los exhorto a que puedan aprovechar al máximo esta conferencia internacional, participen lo mas que puedan. Van a tener profesionales y expertos de primer nivel que por algunas horas están con nosotros; les deseo realmente el mejor de los éxitos en este seminario internacional. Bienvenidos a su Escuela Nacional de Control. Muchas gracias.

3.2 Tema 1: Compliance para la Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción en la Administración Pública 3.2.1

PRIMER PANELISTA - ADAN NIETO MARTIN “Agencias anticorrupción y programas de cumplimiento en la administración pública”

Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Agradezco enormemente a la Contraloría y a la Cooperación Alemana esta invitación, que me complace enormemente. Agradezco a Susana Silva que haya sido la iniciadora de todo esto, y que de alguna forma lo que uno ha escrito haya podido servir de inspiración.

Cuando uno viene de fuera y lo invitan a hablar de corrupción lo primero que me siento obligado a decir es que la corrupción es un problema de todos los países y de todas las organizaciones públicas y privadas. Para mostrarles de lo que hablo le diré que ahora mismo en España el principal problema de corrupción que estamos discutiendo tiene que ver con mi institución, la Universidad Castilla – La Mancha, con algo que yo hago a diario, que es calificar exámenes. Hay toda una polémica en relación con si determinados políticos han obtenido con demasiadas facilidades Máster para de estar forma engrosar su currículo.

Es decir, la corrupción puede aparecer en cualquier organización pública, privada, en cualquier momento y en cualquier actividad. Por eso no debemos bajar la guardia. En el ámbito de las empresas a veces se dice que las chicas buenas, refiriéndose a las empresas, también a veces hacen cosas malas y yo creo que con la misma mentalidad debemos afrontar el fenómeno de la corrupción en las administraciones públicas. No es una patología, no es una enfermedad absolutamente normal, si no que el funcionamiento de una organización normalmente va a generar este tipo de conductas desviadas, y esto yo creo que lo

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tenemos que tener en cuenta: Pertenece, en cierto grado, mas a la normalidad de las cosas que a situaciones absolutamente excepcionales y creo que con esta mentalidad es con lo que una organización debe abordar esto.

En la lucha contra la corrupción —y yo creo que es aquí donde hay que subrayar la estrategia que quiere poner en marcha la Contraloría— siempre se había apostado por eso que la OCDE, llamaba “crear infraestructura ética”, es decir, tener un buen código penal, donde estén bien tipificado los delitos anticorrupción, tener una buena regulación de los lobbys, una buena regulación del conflictos de intereses, leyes de transparencia, un sistema de jueces, policías y fiscales eficiente, medios de comunicación que estén por encima de los cargos públicos, investigando qué hacían. Este era el enfoque tradicional de la mayoría de los países en la lucha contra la corrupción, es algo que venía dado sobre todo de acciones del legislador y que venía sobre todo pues una infraestructura que proporcionaba el Estado.

Este enfoque tradicional lo que hacía de alguna forma es desresponsabiliza al concreto dirigente de cada organización publica, porque si hay corrupción en mi país no es algo que tenga que ver conmigo, es porque no hay buenas leyes. Nos hace falta una ley de transparencia, nos hace falta regular los lobbys, pero eso no tiene que ver conmigo. Bien, yo creo que esta orientación que ahora propone la Secretaría de Integridad, basada en los programas de cumplimento publico, es complementaria y es decirle a este responsable de una organización pública o al alcalde de un municipio, mire: con independencia de si hay buenas leyes, o de si los policías actúan como es debido, usted puede hacer mucho en la prevención de la corrupción en su organización, como poner en marcha en su organización un programa de integridad. Porque los programas de integridad o los de cumplimiento público se basan en la autorregulación, una técnica, un fenómeno que ha estado ligado sobre todo a las empresas, a las organizaciones privadas y no tanto a las organizaciones públicas.

Entonces, esta especie de cambio de paradigmas o de paradigma alternativo, es decirles a las administraciones publicas que también se pueden autorregular, crear controles internos que vayan más allá de la ley, siempre en el marco de la ley, pero más allá de la ley, con el fin de prevenir la corrupción. Esta es un poco la esencia de esta estrategia, que es complementaria, no alternativa, pues por supuesto que necesitamos leyes, policías, etc.

Pero esta estrategia viene a responsabilizar a cada dirigente publico en su organización, que al igual que lo hace el director general de una empresa pueda hacer algo para prevenir la corrupción, decirle: “Mire usted no tiene excusas lo puede hacer si quiere”. Bien en qué consisten estos programas de cumplimiento. No es más que una herramienta de gestión dentro de las empresas. Hay multitud de herramientas de gestión que normalmente han estado destinadas al fin principal de una empresa, que es el ánimo de lucro, el tener beneficios.

Los programas de cumplimiento son una herramienta de gestión, de management, que pretende algo distinto: que la empresa cumpla con la legalidad, entendida en sentido amplio. Incluiríamos en ellos sus propios compromisos éticos. Obviamente es una técnica de gestión mucho menos desarrollada que las de gestión empresarial que tienen como finalidad la consecución del lucro, pero que ya tiene años y que tiene un grado de estandarización relevante, hasta el punto de que ya cuenta con normas ISO, lo cual indica que hay un cierto nivel de conocimiento sobre cómo se deben hacer las cosas.

Bien, en un programa de cumplimiento tenemos básicamente las siguientes partes para cumplir con este objetivo: Cumplir con la legalidad o generar una cultura de la legalidad. En primer lugar, necesitamos prevenir, en este caso que no existan comportamientos de corrupción, pero nos valdría igual, por ejemplo, decir prevenir que no exista acoso sexual en el trabajo, pues la estrategia vendría a ser una estrategia similar.

Entonces para prevenir necesitamos una serie de normas claras, de qué se puede y qué no se puede hacer, y a esto están destinados los códigos éticos, a aclararle a los que trabajan en la organización, con detalle y de una forma que se vean reflejadas su actividad. En eso, en qué puede y que no puede hacer, aparte de normas tenemos que tener controles como los que utilizan usualmente los auditores.

En una empresa, por ejemplo, para controlar la corrupción tienen que estar muy bien controlados todos los fondos, porque a la empresa que le es muy fácil realizar operaciones simuladas y hacer una caja negra, por mucho código ético que pueda tener, la prevención de la corrupción no es creíble.

Normas, controles y formación. Aquí existe una disyuntiva importante. Hay dos vías. ¿Qué hacer para que la gente no se corrompa o no realice cualquier tipo de conducta desviada? Por un lado, podemos optar porque crea que esto es un valor, con lo que utilizaríamos un compliance ético. Pero también podemos decir, mira, dejémonos de ética y lo que vamos a hacer es un compliance que consista en llenar la empresa de controles. Lo ideal sería tener un compliance absolutamente ético, donde nos bastara con el código ético y la formación para que todo funcione, pero esto no es así; normalmente necesitamos compaginar ética y controles.

Esta es la parte preventiva. A continuación, tenemos una parte reactiva. Los programas de cumplimiento no solo intentan prevenir, sino también detectar, y aquí hay piezas esenciales como los canales de denuncia, los whistleblowing. Si vamos a implementar programas de integridad o de cumplimiento en las administraciones públicas esta es una pieza esencial para la detección de irregularidades y tenemos que tener un sistema de investigaciones internas en las empresas, lo que en la administración pública sería su capacidad disciplinaria, y en su caso imponer sanciones internas.

Esto es muy importante. Los programas de cumplimiento tienen una diferencia con el cumplimiento normativo. Las infracciones al sistema de cumplimiento se sancionan y esto tiene que valer tanto para las organizaciones privadas donde ya vale a través del derecho disciplinario laboral, como para las administraciones públicas. La idea es “vamos a aplicar la misma estrategia”.

Sin embargo, aplicar la misma estrategia no es tan fácil, o hay una serie de escollos que tenemos que salvar. El primero es que entre administración pública, organizaciones públicas y empresas existe una diferencia: la cultura organizativa. Para las administraciones públicas, para mi Universidad, por ejemplo, no es evidente que además de la ley tengamos que hacer algo para cumplir con la ley. Es como si los funcionarios públicos, una vez que ingresamos a la organización, ya todos vamos a cumplir con la ley sin necesidad de ningún tipo de control adicional. En mi Universidad yo le digo a mi rector que vamos a hacer un programa de integridad y no lo ve necesario porque cree que, como ya existen las leyes, con eso basta, y esto es una mentalidad muy arraigada entre los funcionarios públicos y muy especialmente entre los funcionarios públicos de alto nivel que ven todo esto como más burocracia, como algo absolutamente innecesario. Esto es, al menos si lo veo desde el punto de vista de España, uno de los primeros cambios que hay que producir: cambiar esta mentalidad, Pero también hay diferentes incentivos. Claro, a una empresa le interesan los programas de cumplimiento porque la comisión de delitos o de infracciones le genera un costo reputacional, a la empresa Volkswagen, por ejemplo. Esto no ocurre tanto en las administraciones públicas, donde el costo reputacional es mucho menor. La administración pública puede exigir a las empresas, por ejemplo, que para contratar con ella tenga un sistema de prevención. Al revés no. Las empresas no pueden ponerle condiciones a las administraciones públicas. Es decir, las empresas si no tienen un programa de cumplimiento pierden oportunidades de negocio y esto no le ocurre a la administración pública, con lo cual aquí hay menos incentivos.

Luego hay otro aspecto esencial. La forma que hemos tenido para incentivar el cumplimiento normativo en las empresas es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta ha sido la clave al final.

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Sancionamos a la persona jurídica para incentivarla a que implante programas de cumplimiento, y esta es la lógica del funcionamiento del sistema. Claro, hay un tabú sobre el que podríamos discutir, que es que las administraciones públicas no pueden ser sancionadas penalmente.

Esto es importante porque, como ven, una administración publica no tiene tantos incentivos, tantos estímulos como lo tiene una empresa, para implantar un programa de cumplimiento. Además, también hay diferencias que tener en cuenta en el distinto marco jurídico. Las obligaciones, el estatus de los funcionarios públicos es distinto al de los trabajadores, al de los dirigentes empresariales. El derecho disciplinario no tiene nada que ver cuando hablamos de las investigaciones internas y las sanciones disciplinarias conforme al derecho laboral; su marco jurídico es muy distinto a las infracciones disciplinarias, conforme al derecho administrativo, que es un procedimiento mucho más formalizado. ¿Cómo salvar estos inconvenientes?

Yo propondría lo que podría denominar el modelo italiano. En Italia, en 2012 se emite una ley de prevención de la corrupción, se crea una agencia de prevención de la corrupción, la ANAC, y en 2016 hay una importante reforma y esta agencia se convierte en un agente social de primer orden. Es decir, es muy fácil levantarte en Italia por la mañana, poner la radio y escuchar al presidente de la ANAC. Es sorprendente cómo una agencia creada en 2012, en un periodo muy pequeño, ha conseguido ser una de las instituciones más importantes del país.

La ANAC tiene muchas funciones, pero hay dos piezas en toda la estructura de la legislación italiana que me parece muy interesantes. La primera es la obligatoriedad. Todas las administraciones públicas están obligadas a contar con un plan de prevención de la corrupción. Los municipios, los hospitales, las universidades, por supuesto todas las empresas públicas, todas están obligadas por ley a tener un plan de prevención de la corrupción. Esto en España ocurre solo con un tipo de organizaciones, los partidos políticos, también como consecuencia de una serie de escándalos de corrupción que en 2012 llevó a modificar la ley de partidos políticos con ese fin.

El problema de esto es que probablemente haya organizaciones públicas, ministerios que puedan contar con técnicos capacitados para poner en marcha programas de cumplimiento, pero otras muchas no tendrán esta capacidad o les será muy difícil, digamos en un pequeño o no tan pequeño municipio.

Porque tiene que hacerse un mapa de riesgos, tienen que ver qué actividades hacen y donde pueden aparecer los problemas de corrupción, y si no se cuenta con un especialista capaz de hacerlo, claro, esto tiene un costo económico evidente porque necesitarán contratarlo de afuera.

A mi juicio, es aquí donde es importante el nuevo papel que deben jugar las agencias anticorrupción.

Pero, cómo diseñar una agencia anticorrupción. Es obvio que debe ser independiente y podríamos aquí discutir qué características debe tener la agencia para ser independiente. La independencia es un grado, cada uno es totalmente independiente, pero todos sabemos que hay una serie de técnicas para garantizar esa independencia.

En segundo lugar, podríamos discutir cual es su ámbito de operaciones. ¿Es solo el sector público o también el sector privado? Las agencias tradicionalmente nacen pensando que su ámbito de actuación es el sector público. En España ha habido en los últimos cuatro o cinco años un florecimiento de agencias anticorrupción. Tenemos seis agencias anticorrupción porque cada comunidad autónoma ha decido crear la suya, con lo que tenemos una experiencia de distintos modelos de agencias y vemos que todas se orientan al sector público, pero cogen determinados organismos privados a los cuales también lo supervisan, por ejemplo, a los partidos políticos, a empresas que han recibido subvenciones públicas.

Esta sería una discusión importante. En lo personal creo que tendencialmente la agencia debiera actuar tanto en lo público como en el ámbito privado.

Pero de lo que sobretodo quería hablarse es de las funciones de las agencias anticorrupción. Por ejemplo, la Oficina de Lucha antifraude de la Unión Europea, la OLAF, que de alguna forma puede ser entendida como una agencia anticorrupción, ha tenido en muchos casos un control interno de investigación interna dentro de la administración pública, para detectar casos de corrupción. Muchas agencias españolas creadas en los últimos años siguen teniendo este carácter marcadamente policial.

Creo que este tipo de agencia al final lo que crean son conflictos con el Poder Judicial, con la policía, con los sistemas de control interno disciplinarios. Para mi no encajan bien en esta nueva estrategia de apostar por el programa de cumplimiento público, y creo que la principal función de una agencia anticorrupción, y esta es la principal función de la agencia Italiana y también de la francesa, es ayudar a las distintas organizaciones públicas a que implementen programas de cumplimiento, dando lineamientos, haciendo guías para que les ayuden a que cada una se cree su propio programa de cumplimiento y luego supervisar que exista una implementación efectiva.

Pero también es muy importante que las agencias cambien el modelo de supervisión. Estamos acostumbrados a un modelo que es un poco el juego del ratón y el gato, es decir, donde los supervisores públicos buscan las fallas, y esto crea una especie de resilencia en los supervisados, que lo que hacen es cumplir formalmente, buscarse mil argucias para decir que están cumpliendo, cuando en realidad no están cumpliendo con nada y todo es un desastre. Esto lo único que crea es burocracia, papeles innecesarios y no da buenos resultados.

En este nuevo modelo las agencias anticorrupción deben cambiar el modelo de supervisión a uno mucho más cooperativo, de sentarse a dialogar con los responsables de cada institución y ver donde están sus problemas de cumplimiento y ayudarles a encontrar una solución. Desde luego, al final se puede utilizar algún tipo de sanción, pero la sanción no debe ser lo prioritario sino más bien, inspirar a las agencias,

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ayudarlas a implantar programas de cumplimiento. Apostar por esta nueva estrategia exige repensar cuál es el papel de las agencias anticorrupción y darles un perfil mucho más de ayuda y mucho menos inquisitoriales, mostrar las directrices generales, hacer exámenes de riesgos sectoriales en determinados ámbitos que puedan aparecer como más proclives a la corrupción.

Me gustaría darles como ejemplo de lo que podría ser una actuación de una agencia anticorrupción esta guía para la prevención de la corrupción que hemos elaborado en el Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional, conjuntamente con funcionarios de mi región de la comunidad autónoma de Castilla - La Mancha. Hemos elaborado esta guía durante dos años, pues lo que pretende ser es un Kit de montaje, es decir como cuando uno va a esta tienda donde se compra un mueble con todas las piezas separadas y encuentra dentro un libro de instrucciones que le dice los pasos que tiene que dar para montar el mueble. Esto pretende ser, decirle a cualquier responsable público: mira, aquí tienes un libro de instrucciones con ejemplos de controles para que tú mismo te hagas tu propio programa anticorrupción.

Podría ser uno de los productos de las agencias, de este nuevo modelo de agencias anticorrupción, lo encuentran y con esto acabo la página web del Instituto de Derecho Penal Europeo de la Universidad de Castilla - La Mancha y lo mismo mañana en los talleres que tenemos podemos hablarlo y comentarlo con más de detenimiento.

3.2.2

SEGUNDA PANELISTA - SILVIA SPÄTH “G20’s High Level Principles on Organizing Against Corruption”.

Thank you very much, thank you for having me invited to this event, as I already said I delegate to the G20 working party, anti-corruption working crew, as you might know the ant-corruption working crew was established by the G20 leaders at the Toronto summit in 2010 only, so it’s relatively new and it is responsible for updating and implementing the G20 anti-corruption action plan and it reports to G20 leaders.

I haven’t been involved in that time when the anti-corruption working crew was initiated, but I think someone in the T-20 recognized hat strength in the economies is not possible without a very sound anti-corruption work as well.

Currently, the working crew is coached by the Argentinian G20 presidency and by France but we in 2017 had the pleasure to be coaches of this group together with Brazil, and this anti-corruption working group cooperates closely with the supports of work of relevant international organizations such as OCDE, the United Nations, Monetary Funding and also Financial Actions Tasks Force. And I think this goes within line with what was said by my distinguished Spanish colleague, it facilitates also the cooperation with other G- 20 tracks such as the B-20 cross-thematic group responsible on business conduct and anti-corruption and also, this is a bit new in what was also fostered by the young presidency incorporates with C-20, the civil society, and let me mention one of the events we organized on the old presidency there was a high level conference on anti-corruption and the first time it was not only G20, so the government and business sector but we also invited and gave a every active role to the C20, the civil society, and we hope that the next presidencies will follow that track because it is important, from our point of view, to include the civil society.

I was asked to give you a little bit of insight on the high-level principles on organizing against corruption.

To be honest and allow me this personal remark I’m really proud of that. So please allow me this personal remark. I’m really proud that I can present this high- level principles on organizing against corruption because I was the main author, and I think it’s really important to put it into the G20 work.

So why did we draft this high-level principle on organizing against corruption? There were already G20 anti-corruption standards agreed but most of them concentrate on very specific topics such as decoration, open data or denial or safe.

In international standards you can often find the words administrative measures and deffective practices but they do not spell out what this could be, so as you see there was a common agreement that organization corruption prevention measures including training, awareness - raising, and human resources management are necessary.

And most of, as I said, most of the G20 countries had already committed themselves to a number of measures to strengthen transparency and integrity to public sector but they all focused on the individuals, on measures targeting in individual employees and also effective law enforcement, it is important, but it is only one side of the matter.

So, we thought that the concept of organizing against corruption should be spelled out in a single policy paper and then left to the high- level principles. Those high-level principles were inspired by the German directive on corruption prevention, which we use in the Federal Administration but also by international standards such as The United Nations Convention Against Corruption –UNCAC- and with quite big part by the OCDE recommendations on public on integrity in public life.

So you can see the structure of the high- level principles on the screen, it’s important to mention that we also get a lot of input from the other G20 countries, and for me it was very interesting to draft and negotiate this high- level principles and I also learned a lot about specific problems and solutions in the G20 countries, I might mention one delegate insisted on having a paragraph on what he called fixed processing periods in this principle. It took me some time until I got the message because in this country we are not used to it, but in these countries, bribes were often paid to speed up the handling of applications or other public services, so otherwise the process would never end so it would take ages to get an application approved or whatever and this is interesting, that you can learn from other countries about their specific problems and it makes you also think about your own country: ¿do we also have such a problem in our country? I don’t think so, but nevertheless it is worth to think about and take this input from other countries as well. So, the structure is general principles, administrative

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measures, human resources, which is quite important, training, and awareness raising. One key element for integrity, because as it’s said in the public administration, we tend to think we are complying by law. No one is really thinking about the problem of integrity, the problem of compliance, so it’s important to have people trained and that they get the message of integrity.

Then we have, which is also important, mandatory accountability and transparency. If we don’t have accountable people, they will never follow your route because they don’t have to fear anything, fear should not be the key driver but nevertheless accountability is important. Then we have this very specific point on coordination unit and contact persons, which we got from our own system being not a centralized one, so you need to know who coordinates the anti-corruption work, whom you can call if there is a problem, so we have the staff, which is coordination unit and contact persons in Germany.

And last but not least, international cooperation, as I said, it’s important to have inputs from all over the world.

I will not bother you with all principles, there are 24 in total, but I would like to show you some examples: the first one this is coded from the principle: “State should consider corruption prevention as a key factor when deciding how to organize or reform public agencies or bodies”. So, this means corruption prevention should be a key factor when you organize the administration, quite often those measures don’t differ that much from other principles of administrative actions. For example: clear responsibilities should be a basic administrative principle, but it also fosters corruption prevention in avoiding that someone is handling, for example, files outside his remits and then it’s getting pride for it to do that favor, so it’s quite clear who is doing what. It might help your anti-corruption work.

And second point: periodic risk analysis and appropriate and effective measures to address this risk, that you identify but you should not create burdens on processes as you said. If you overrun people with bureaucracy, they will tend to resist to your message. Risk analysis helps you to define those areas that bear the most risk and should be treated accordingly ,and it will help to lower the number of areas you have to have special eye on, so there’s a little risk that you oversee one or two areas but, in the end, you should cover with total risk analysis the most risky part of your administration .

But it should be mentioned, there will always be people with a criminal twist: You will always have people that will be become criminal, that will become corrupt. I always tend to say you will not get them with no preventive measures at all because if someone wants to become corrupt, he will become corrupt.

We have to take care of those who don’t have this criminal intention and I think with administrative measures, you can cover quite and quite the biggest part of that.

What I already said, measures should be appropriate and effective because if you avoid burden or if you create additional burden, you might lead to a state of denial of individuals or of a paralyzed administration that can’t cope your intention , corruption prevention as such is important , but if it’s that much work for everyone, it might tend to have an opposing effect.

The third principle is on adequate remuneration that provides a secure livelihood to your public officials and this principle triggers some very interesting and intense discussion because some countries claim that low salaries that’s what is meant by the principle do not necessarily result in corruption and they are right. Our intention with this part was not to criminalize anyone but and then we come from the pure corruption prevention to the integrity issue. If your staff has to rely on additional income, second or third job, might happen some day that the loyalty of the staff is not any more towards his first employee but to his second or third, so organizing against corruption from other point of view has a protective role: you have to protect your staff; those who don’t want to become corrupt, so you have

to protect them not to end up in a situation that they on their own can’t handle anymore without being corrupt, so this also my personal conviction. Corruption prevention has a protective role for your staff.

Inform the public about corruption prevention measures, this is crucial because it was said in the opening speech of the minister. It’s the people who count. Corruption prevention leads the whole of society approach. The public needs to be aware of their rights. And they need to be aware of how the administration works, and they also need to know where they can put the claim if something went wrong. We know the administration; we make the experience that the public is quite interested in the topic of corruption prevention, but they are often not aware of what the administration is doing in that field, so since a few years we have a booth in our open door days it’s when the ministry opens the doors and the public can come and see what the administration is doing; they can come talk to everyone; and we have a booth with our division for corruption prevention. Sometimes it can be a bit painful to talk to the public because some of them might have a bad experience and they say ok administration you don’t work at all; you’ve got a lot of money and so on and so on and you’re all corrupt. We rarely have this case with the new airport, which is still not open; it can be a bit painful but then you have to talk to them; you have to convince them that not everything is bad in the administration; that we are doing quite a lot in the field of corruption prevention. And they are often astonished that we have rules on that we are not allowed to receive gifts. We have to get approval if we want to have a secondary employment and so on and so on.

I come back to the word hole of society at world: make people aware what they can expect from the administration and that administration is not in a glass hole or whatever; they have to interact; you need the public to receive your goal in corruption prevention. ¿What do we have more? Monitoring: monitoring is a key issue because as I said it’s not enough to have laws strategy and all of them in a classy brochure with nice pictures and everything.

The implementation has to be granted and the implementation has to be monitored, so data collection reporting appropriate monitoring by external auditors can help you detect shortcomings or run priorities so; for example, such monitoring, which is done in our case for the corruption prevention directive by our supreme audit institution and by the parliament. Such monitoring encourages us to review our own provision on staff rotation for example because until now we have a very strict rule on staff rotation as corruption prevention measure but we found out that’s not very feasible because now we are in a very specialized world where you also in the public administration need very specialized people and you invest money in these people, so if you have the strict rule that they have to rotate after 5 years , so you invested a lot of money in very skilled people and only due to a rule in the corruption prevention directive, you have to bring them to another job, and in fact you will lose the money you have invested in them, so this was something which was detected during the monitoring and we decided to revise our directive accordingly .

I particularly like the last principle which is called to provide senior officials with training on how to identify manage corruption risks within the organization and hold them accountable for that. This means make your management fit for corruption prevention. They are the ones who are dealing with that in a day-to-day work and to be planned they are paid for that.

I want to give you an example from our ministry, and I hope there’s none of our management here in the room.We had a few months ago, one day a very fairy debate with one of our depute directive generals, and in the end, it seemed that he was not at all aware about the regulations on gifts and benefits. Even this strict provision in the civil service act. By the way, he was in the HR department, so it was even more strange that he was not aware of that, so not only that case but it was one of

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the reasons why we recently, I would not say enforce, but encouraged our management up to the states secretary to participate in a whole three hours corruption training, so Âżwhat happened? A lot of them complained that they did not have time for that; that corruption prevention is not a big issue; that we are complied by law; that they have other things to do; that corruption prevention is an easy one, and that they know everything.

I think this could also happen in other administrations all over the world, but after the training, we got lots more phone calls, questions that only our unit- but also the internal audit unit from the high level- about specific integraty issues, so it seems it triggered a little bit more awareness even they would tell you after what are what was not worth spending three hours in the training, but it seems there’s a bit more awareness now also in the management level, so make your management fit for corruption prevention.

Yeahh this is more or less, so those G20 high level principles were adopted at leaders Summit in june 2017 in Hamburg, and there was also one half - centered at least in the declaration in the Summit declaration.

So enough story telling, but if you are interested in the G20 anticorruption work please check the websites: one is of our ministry of justice and consumer protection who is in the lead for the G20 anticorruption work and on this website, which is quite interesting , I think it was done the first time as well, you can find all previous G20 papers in the anti-corruption work, so it was kind of as part taking, they are quite lot more more than ours, so from the general presidency, you can find besides the high level principles on organizing against corruption also the one on liability of legal persons and the one on combating corruption related to white trafficking, which is a big issue, I think, currently, so all three were drafted and negotiated under G20 presidency and as I said we are proud of them.

3.2.3

TERCER PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM “Compliance para la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción en la Administración Pública - Más allá del cumplimento”

Como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Es difícil después de Adán y de Silvia decir muchas cosas nuevas, pero voy a empezar con dos comentarios preliminares.

El primero es que vemos que hay un consenso sobre lo que hay que hacer y cuáles son los problemas y, sin embargo, llevamos veinte años en el tema preguntándonos cómo lograr un cambio. Los expositores anteriores mencionaron una cosa esencial, que son los incentivos. Bueno, allí me sale lo economista también, pero eso es clave en muchos niveles y en mi presentación lo voy a mencionar en algunos puntos. Pongo solamente un ejemplo: si se hace un mapa de riesgo interno hay una disyuntiva con la transparencia. Por ejemplo, vi en muchas administraciones que, si uno sabe que el mapa de riesgo va a ser público, como en el caso de Colombia, la gente que identifica los riesgos no va a ser sincera, quizá no va hacer realmente este ejercicio de pensar en el riesgo que afecta su administración. Más adelante tocaremos con mayor profundidad el tema de incentivos.

El segundo punto es que el tema anticorrupción quizá nos ha llevado un poco o demasiado al tema punitivo detección - sanción, olvidándonos de la gran mayoría de los funcionarios públicos o personas que no son corruptas. El problema es que muchas de las medidas más tradicionales de control y sanción imponen un costo a los demás, o sea, en los procesos que tienen muchos controles, con los que la gente se siente muy supervisada, se genera desconfianza, por ejemplo, y eso también genera costos que de pronto no hemos mirado suficientemente.

Al respecto, voy a presentarles el modelo de la OCDE, que ahora está integrada por treinta y seis países, que no es un modelo académico, no es un marco conceptual, sino más bien uno nacido de las prácticas de los países. En el tema de ética pública la OCDE tiene veinte veinte años trabajando y cuenta con las recomendaciones más formales que existen, empezando en 1998 con sus recomendaciones sobre ética pública; en 2003, sobre la gestión de conflictos de interés; en 2010, sobre el tema de Cabildeo; en 2015, sobre las compras públicas, que también tiene un apartado sobre integridad y transparencia en estos procesos. Asimismo, en 2015 empezó una revisión de las primeras recomendaciones sobre ética pública y de ello salió, en 2017, la nueva recomendación sobre integridad pública, que toma en cuenta algunas de las debilidades de este concepto de infraestructura ética que mencionó Adán Nieto.

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Esta última recomendación tiene tres pilares: sistema, cultura y rendición de cuentas. El pilar sistema reconoce que la promoción de la integridad, la lucha contra la corrupción generalmente no es la tarea de un solo actor sino de varios. Luego, ¿el sistema para qué?, lo cual es lo novedoso de esta recomendación, es decir, el tema de cultura. Al referirnos a cultura afirmamos que no solo basta con mirar las reglas formales (las normas, las leyes, las regulaciones), sino también las dinámicas más sociales en una organización, incluso en un país en su conjunto. Y finalmente, la rendición de cuentas, no estoy tan de acuerdo con el nombre, porque está más relacionado con la responsabilización, con el acontability.

Es decir, responsabilizar a las personas e instituciones.

Veamos los diferentes pilares. Pero, primero unos datos, porque si uno habla de un sistema que debería ser coherente y comprensivo, también nace un problema que es de coordinación. Cuando un sistema es descentralizado, esos diferentes actores tienen de alguna forma que interactuar y eso tiene que ser

coordinado y eso es uno de los grandes retos que vemos en nuestro trabajo en los países. De hecho, incluso si uno piensa a nivel organizacional este problema también lo tienen las diferentes unidades de la organización. Uno de los grandes retos de la coordinación, que puede generar problemas, es, por ejemplo, quién recibe el crédito de esta coordinación, quién es el actor visible.

Hay a veces temor de que la coordinación reduce la libertad propia en la toma de decisiones, o sea, ¿para qué comprometerme si eso me va a limitar? A veces también los directivos, enfocados en su trabajo, no ven la necesidad de coordinar, de sentarse con otros actores a dialogar. Otro tema sobre el que voy a regresar es la rotación frecuente de personal, un problema muy fuerte, puesto que no permite establecer vínculos de confianza que son fundamentales para facilitar la coordinación. Otro tema es que la calidad de la coordinación depende mucho de las personas y no tanto de los mecanismos institucionalizados, y luego, la carga burocrática, generada, por ejemplo, cuando se sientan diversos representantes de organizaciones, pero no pueden tomar decisiones porque tienen que regresar a su entidad para que sus jefes decidan.

En el gráfico, en azul tenemos los promedios de países OCDE, en naranja, los promedios para América Latina, y en gris está la información sobre Perú. Lo que es notable en la diferencia entre OCDE y Latinoamérica es la rotación del personal y la personalización de la coordinación. Es decir, depende mucho de las personas, si las personas se entienden bien, funciona mejor la coordinación. Esos son dos aspectos que hay que resaltar y está vinculado también con aspectos como un servicio civil profesional, que no tiene una alta rotación de personal y en la institucionalización de mecanismos de coordinación.

Allí en Latinoamérica, así como en Perú tienen la CAN, por ejemplo, que es un mecanismo de coordinación donde están sentados incluso el sector privado, la sociedad civil. Colombia tiene una comisión un poco más pequeña, muy enfocada en las entidades de control. En Argentina ahora mismo es más un sistema informal de mesas de trabajo, un poco más flexible pero quizás no tan sostenible en el tiempo, por ejemplo, ante un cambio de gobierno.

El otro tema es: la continuidad de las políticas de integridad. Porque como se mencionó el cambio no se logra de un día para otro, sino que requiere de cierta continuidad y también sabemos que a veces las nuevas administraciones tienen el reflejo de querer hacerlo todo diferente o nuevo.

Este primer pilar del sistema empieza con el compromiso, el liderazgo, que también tiene un aspecto muy fuerte de comunicación pues, como también se mencionó la corrupción siempre habrá. Incluso el mensaje de “vamos a erradicar la corrupción”, es casi apuntar al fracaso de lo qu e se va a hacer.

Un indicador de un compromiso político, para mí, es cuando los objetivos de un plan, de una estrategia, son razonables, son factibles. Esas estrategias anticorrupción bonitas, que todos conocemos, que cambian el mundo en el papel, son un indicador de que el compromiso es débil. Como se mencionó antes, es muy importante que las responsabilidades estén bien delineadas, pues a menudo vemos que hay solapamientos que también generan conflictos entre instituciones.

Luego, está la estrategia de integridad, la planificación. Esta debe tener indicadores, monitoreo y una evaluación de lo que se ha hecho, para aprender de los errores y de lo que se puede hacer mejor. El sistema de monitoreo es muy importante, pero también muy difícil porque encontrar buenos indicadores para estos temas no es tarea simple. A veces uno ve el indicador de percepción de corrupción, de transparencia, como un indicador de una política, a pesar de que estos puedan no tener sentido, o estar muy lejos de medir el real impacto de las políticas públicas. Hay que buscar indicadores que tengan correlato en acciones, que sean más realistas, que realmente indiquen si se ha logrado un proceso.

Las normas, leyes, reglas son importantes, pero también los códigos de ética, es decir, una guía más informal de lo que guía nuestros comportamientos.

Y el gran reto es cómo aterrizar normas y estrategias a nivel organizacional, cómo llegar a las entidades públicas en el día a día de los servidores públicos. Creo que allí hay dos grandes posibilidades que no son excluyentes. Una sería integrar unidades que se dedican a promover políticas de integridad dentro de una organización y que articulan con otras unidades.

Otra es un modelo que me parece interesante. En Colombia recientemente han puesto en marcha el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), que básicamente integra todo el proceso de gestión, control interno para resultados. Es decir, todo gerente público tiene que reportar progresos en su gestión en este sistema, que ahora integra integridad y transparencia, como criterios sobre los cuales también deben rendir cuentas en su día a día. Esto es, que casi se les fuerza a pensar en qué hacer en integridad y transparencia, lo que les da el incentivo para eso. Esto recién empieza y vamos a ver cómo funciona, pero me parece una idea interesante, que no es excluyente, es decir, no excluye que también exista una unidad que articule con otras unidades, pero me parece una idea interesante para involucrar a los gerentes públicos.

Volviendo al tema de los incentivos, por ejemplo, el control interno en el sector privado tiene incentivos de mercado, puesto que el mercado sanciona empresas que no logran sus objetivos. Pero en el sector público falta eso. Claro, yo como un gerente que no tiene indicadores de resultados claros, qué incentivo voy a tener para implementar un sistema de control interno que me asegure el logro mis objetivos. Si no rindo cuentas sobre los resultados, para el gestor termina siendo una carga burocrática. Si no le veo

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el valor agregado a tener una gestión de riesgos y unos controles internos simplemente reduciré estas acciones al cumplimiento de normas para protegerme.

En el tema de cultura es muy importante el Whole society, la sociedad en su conjunto, ver que el sector público no esté aislado del contexto, de la realidad del país. Eso significa que también hay que tomar en cuenta la corresponsabilidad del sector privado y de los ciudadanos, que al fin y al cabo generalmente están de alguna forma involucrados.

De nuevo hay liderazgo, pero ahora más a nivel de las jefaturas de todos los niveles. De hecho, el liderazgo ético, el liderazgo del ejemplo, la comunicación interna en la organización, la meritocracia (un servicio civil profesional basado en merito con contratos que no cambian cada tres meses), son claves para cultivar una cultura de integridad en una organización. Si hay una rotación muy fuerte es muy difícil lograr una cultura organizacional, porque la gente se va, tampoco se identifica con los valores ni de la organización, ni del servicio público. También la formación, la capacitación, de las que ya hablamos, son muy importantes, pero no lo son todo.

También es necesario promover una cultura de apertura al diálogo y de atención a las denuncias, pero no solamente eso, es mucho más, es tener la confianza de poder hablar de los problemas con sus jefes o saber dónde recurrir si uno tiene problemas. Si no se tiene confianza, los canales de denuncias no van a funcionar y no habrá esa cultura de hablar de los problemas, eso también me parece muy importante y hay muchas organizaciones donde se siente que no existe esa confianza, incluso por miedo de haber hecho algo mal. De hecho, esas unidades de integridad dentro de una organización deberían ser como un puerto seguro a donde los funcionarios puedan ir cuando tienen dilemas, cuando tienen preguntas, sin tener miedo de que enseguida se les abra un proceso disciplinario.

En este último caso, también es muy importante la separación de funciones. Si una unidad o una agencia anticorrupción es a la vez responsable de la investigación y de la sanción y de la asesoría, puede haber conflicto entre las dos funciones, por ejemplo, en compartir información sobre debilidades y riesgos. Es decir, yo no voy a querer compartir información sobre mis debilidades y riesgos, si esa misma unidad quizá un mes después inicia una investigación; entonces eso también genera conflictos.

La gestión de riesgos es fundamental. De hecho, los invito a no hablar de erradicar la corrupción, porque corrupción cero no existe y mientras haya delegación habrá alguna forma de corrupción y los criminales siempre encontraran su vía de acción. Pero sí podemos minimizar riesgos de corrupción. Para eso hay que identificarlos y saber gestionarlos, tener un buen sistema de control interno. Les propongo este modelo de tres líneas de defensa. La primera línea la conformamos todos, como responsables del control interno; la segunda, es la gestión de riesgos, y la auditoría interna. La tercera es la sanción disciplinaria y penal, pues si no hay sanciones, el sistema tampoco va a ser creíble.

Por otro lado, está el tema de control externo a cargo de la Contraloría y de las agencias regulatorias como las superintendencias, o agencias regulatorias de agua, energía, etc. Y, por último, un principio muy importante es el de la participación. Un problema de este principio es que las mismas leyes o reglas pueden ser sujetas a influencia indebida por parte de actores con un cierto interés en mantener el status quo o un sistema de cumplimiento débil, es decir, las mismas reglas pueden ser manipuladas o pueden impedir que haya reformas.

Allí, por ejemplo, es clave el tema del financiamiento político, porque mucho de los problemas que estamos viendo en la administración publica tienen su raíz en el ámbito político, pues algunos políticos electos llegan con una cierta deuda que tienen que pagar a sus financistas luego con contratos, en las compras públicas o con puestos en la administración. Ese es un problema clave, muy sensible y difícil de solucionar, pero muy importante. Esto es con los que llegan al poder, pero los que ya están en el

poder a menudo están sujetos al cabildeo, influencia, que también es parte de la democracia, pues es normal que diversos intereses busquen influir en las decisiones públicas, pero esto tiene que hacerse con integridad y transparencia, separando a los buenos de los malos.

Los siguientes principios están pensados a nivel de país, pero me parece que también se pueden aterrizar a nivel organizacional. Por ejemplo, a través del liderazgo de la máxima autoridad, de la división de trabajo dentro de la organización, de la prevención, la aplicación de la ley (lo cual es fundamental), la coordinación y el intercambio de información entre diferentes unidades, así como la planificación orientada a resultados, reglas y procesos claros, etc. Asimismo, medidas que busquen fomentar una cultura de integridad y ahí es importante dejar de centrarse en los corruptos, porque de ellos siempre habrá, sino centrarnos en los que no lo son, los que no son unos ángeles, pero tampoco son demonios, o sea todos nosotros.

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Como ven, la cultura del diálogo tiene mucho que liderar con el ejemplo. Si el jefe declara abiertamente que está en una situación de conflicto de interés, da un mensaje a todos los demás que no es malo estar en una situación de conflicto de interés, que no es corrupción, sino que el tema es cómo se maneja, cómo se gestiona. Si veo que mi jefe lo hace, pues yo lo haré también, y eso es fundamental para fomentar esa cultura de integridad y de diálogo a nivel organizacional. Esto, de la mano con el profesionalizar a los empleados.

Finalmente, un tema que no mencioné son las estadísticas de disciplinarias, no casos sino el sistema en su conjunto, porque este puede ayudar a señalar a la gente, a los ciudadanos, a los funcionarios públicos, que el sistema funciona, que hay sanciones, que, vuelvo a repetirlo, es clave para la legitimidad y credibilidad del sistema.

3.2.4

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PÚBLICO:

Para Adán Nieto: ¿Es lo mismo programas de cumplimiento o compliance público que control interno en la gestión pública? ¿Cuál es el valor o aporte del compliance público si ya contamos con la figura o la institución de control interno?

Es una muy buena pregunta, porque también todo esto a veces nos lo hemos preguntado en las empresas donde hemos empezado hacer programas de cumplimiento. Cada parte de la empresa decía el cumplimiento es mío. Los auditores decían: “esto es lo que hemos hecho en la auditoria tradicionalmente”; los servicios jurídicos de la empresa también sentían que de alguna forma que esto del cumplimiento es cumplir con la legalidad, con lo que es una cosa suya y entendían que ellos la debían desarrollar. Al final siempre era una especie de lucha de poder el ver quién lo terminaba haciendo y atribuía así mayores funciones a su departamento. Cuento esto porque es lo que yo he visto como consultor de muchas empresas, dicha especie de lucha de poder Esta pregunta revela un poco lo mismo, yo creo que es de todos, el cumplimiento normativo, el poner en marcha, si queremos llamarlos programas de integridad en las administraciones públicas, es algo en donde tienen que confluir muchos departamentos.

En el análisis de riesgos tenemos que combinar dos cosas, una parte probablemente mas jurídica, de olfato policial, de persona que tienen una actividad y en esa actividad huele, ve, donde pueden estar los riesgos de conducta desviada, y por otra parte tenemos que tener otra persona que nos diga pues, mira, para evitar estos riesgos disponemos ya de estos controles, que es el control interno. Es un trabajo evidentemente en común, pero no debe enfocarse y esto sería un error, desde una sola óptica. Enfocar el programa de cumplimiento como una cosa de control interno sería un error, pensar que la ética pública es una cosa que se debe abordar desde los tribunales, desde las Contralorías públicas es un error. Porque ellos tienen una visión profesional muy marcada que, seguramente da a ese sistema de cumplimiento una orientación que no sería la adecuada. Creo, más bien, que se trata de sumar fuerzas, todas son necesarias, todas tienen que aportar algo, pero de una forma coordinada.

Por ejemplo: estamos con corrupción y los de control interno creen que eso es suyo de alguna forma.

Pero imaginemos que el programa de cumplimiento es también para evitar el acoso sexual en una organización, o que yo voy a hacer el programa de cumplimiento en un kindergarten, y mi principal objetivo es que no existan abusos sexuales sobre los niños. En ese tipo de programa de cumplimiento, control interno y su saber tradicional ya no tiene mucho que decir.

Entonces, probablemente, si la razón de todo es la corrupción, pues los de control interno se sentirán muy atraídos. Pero pensemos que probablemente en los programas de integridad la corrupción es el primer paso y que después debemos ir integrando, al igual que ocurre en los programas de cumplimiento de la empresa, medidas para prevenir otro tipo de ilegalidades, y así lograr tener ese sistema conjunto de prevención.

Para Silvia Späth: ¿Cree usted que una política de prevención de la corrupción e integridad pública funciona con éxito también en contextos o países con una administración pública con alta corrupción?

It should work, but it will not work from today to tomorrow, so it’s a long- term strategy, I quite often hear the word of “culture of corruption”. Yeah, there might be a culture of corruption in some administrations where having a post in the public administration means that you can get additional money. That’s why I mention that your policy should not only focus on the individuals, with prevention policy that focuses also on the organization, you can’t minimize the opportunities, so if you don’t give the corrupt persons the possibility to be pried because their organizational measures, the control measures and so on, you might get a hand on this culture of corruption. And as Frédéric said there’s also, there should be strong focus on married-based human resources management, not giving the post to your nephew who is not skilled at all, so there are a lot of bits and pieces which should be part of such a policy prevention, but to be very, very blunt it takes time and it needs the people. So, as I said, you can have the best strategies, the best action plan, if there’s no implementation at all, it will not work.

Para Frédéric Boehm: ¿Desde su experiencia en OCDE qué sugerencias puede alcanzarnos en relación con la promoción de valores de servicio público en la administración estatal?

Las capacitaciones son importantes. Sin embargo, hay evidencia de que no tienen tanto impacto real en cambiar valores, conductas. Entonces para llegar a cambiar conductas que están de acuerdo con ciertos valores, debemos mirar más cómo se comporta la gente alrededor de nosotros. Una cultura basada en valores crea dinámicas sociales dentro de la organización, crea una masa crítica, es decir, visibiliza conductas buenas, muestra conductas corruptas como excepciones, junta a los buenos, muestra que la conducta basada en valores no es un costo adicional, visibiliza buenas conductas, une a los que no son corruptos, y liderar con el ejemplo por supuesto.

Hay una experiencia de Australia que me parece interesante. Ellos invirtieron el proceso de selección de candidatos. El argumento fue que el conjunto de personas que cumplen con los requisitos técnicos es más grande que el conjunto de personas que están en línea con los valores de un servicio público, y generalmente en los procesos de selección lo que se mira primero son las experiencias técnicas y ahí quizá al final se incorpora algo sobre valores públicos. Ellos invirtieron eso, miraron primero (por ejemplo, lo mencionaron claramente en los anuncios) los valores públicos. Hay una evidencia, por lo menos anecdótica: en el sistema de aduanas hubo un impacto bastante fuerte en términos de menos sanciones disciplinarias después de este cambio.

Tampoco quiero dar a entender que las capacitaciones no sirven, pues ello también depende de cómo se hacen. Por ejemplo, charlas sobre qué tan importante son los valores generalmente no funcionan.

Puede resultar más productivo sentarse con las personas en un taller y hablar del valor de la honestidad y qué significa en tu día a día, o cuáles son las situaciones específicas en las que ese valor sería importante como guía. Ese tipo de capacitaciones tienen más probabilidades de tener un impacto y por lo menos llevar a una reflexión sobre los valores.

Para los tres panelistas:

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Un sistema de integridad o Compliance Público presenta cierta complejidad por los múltiples elementos y niveles que lo componen: ¿qué sugerencias nos pueden alcanzar para lograr su comprensión e implementación exitosa en la administración pública del Perú?

Adán Nieto Hay una cuestión clara de por dónde empezar. Si hablamos de planes de cumplimiento en una institución pública y no de sistemas de integridad estatal, yo creo que el punto esencial es que los responsables de esa organización estén convencidos de que quieren establecer programas de integridad. Me parece que el liderazgo es esencial y si los líderes de la organización muestran que esa es una tarea primordial, principal, un objetivo básico, eso lo transmitirán a toda la organización rápidamente.

Aquí hay un problema que no hemos mencionado y yo creo que tiene que ver con la pregunta que se le hacía a Silvia. Una cosa es la corrupción política y otra cosa es la corrupción administrativa del funcionario de a pie. El control de la corrupción administrativa es relativamente sencillo, siempre es el control del subordinado; digamos que es algo que cualquiera lo sabe hacer.

El problema es cuando tienes corrupción política. Cuando tu corrupción la tienes acentuada en las altas esferas, ahí es mucho más complejo, porque ahí el programa de cumplimiento en cada organización no funciona porque los jefes son los principales implicados. Entonces me parece que es algo muy importante, sería la segunda recomendación que creo que Silvia decía anteriormente, se necesita control externo y participación de la sociedad. Se trata de que el programa de cumplimiento incorpore agentes externos a la organización, para también controlar a los de arriba porque si no la cosa no funciona. Entonces mi recomendación es liderazgo y participación.

Silvia Späth Ok, leadership was already mentioned, so I need only 2 minutes…

Yes, it is a complex issue, coming from a system where we have not one anti-corruption plan or something like that, even don’t have a strategy, it works nevertheless. You needcommitted people and you need to talk to every stakeholder because you need a common understanding of what you want to achieve, so if you come from a top down approach: here’s the rule and now live with it, this will not work. You have to foster common understanding and you also have to take into account the problems and the particularities from the root level, because they will tell you what their needs are. So, my recommendation would be: talk to each other, get a commitment from the leadership and from the people that are responsible for the implementation, and strengthen the common understanding of your goal.

Frédéric Boehm Las buenas prácticas son importantes para inspirarnos, pero no debemos simplemente copiarlas, porque hay que distinguir los pequeños detalles que hacen que hayan funcionado en un país, y que son los detalles por los que quizá no vaya a funcionar en el nuestro. Por lo que es necesario tomarse el tiempo de analizar y pensar respecto a dicha buena práctica. En el lado de la implementación creo que es fundamental el realismo, plantear objetivos realistas y factibles, junto con un buen sistema de monitoreo y evaluación, y también esa reflexión respecto a si logramos lo que quisimos o qué habría que hacer

diferente, en otras palabras, un ciclo de aprendizaje enb la implementación. Pero principalmente destaco el realismo. Porque no se va a poder cambiar el mundo en un día y con un plan anticorrupción.

El otro tema es la comunicación. En varios países de América Latina hay mucho énfasis en los casos Odebrecht o el caso del ministro tal, es decir, se enfoca mucho en los casos individuales y no en los problemas estructurales más profundos que hacen que esos casos sean posibles. Yo sé que eso es mucho menos interesante también para la prensa, y allí hay que buscar maneras de comunicar mejor eso.

Porque los casos son importantes, pero tenemos que ir más allá, porque si cortamos una cabeza va a llegar otra y probablemente será más inteligente y lo hará mejor que su antecesor.

3.3 Tema 2: Modelos de Integridad Pública y Compliance: experiencias comparadas (1era sección) 3.3.1

PRIMER PANELISTA - SILVIA SPÄTH: “Riesgos de Corrupción y cómo se enfrentan en Alemania”

Thank you, thank you again… since I had this 12-hour flight to Peru, it’s good to have a second panel, so it’s worth the travel.

As already said, I’m working in the Federal Ministry of the Interior that is responsible for corruption prevention policy in Germany. To give you an idea, and to make you aware on what level we are

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working. We have a Federal System in Germany, which means public administration in Germany that is divided into 3 independent levels. We have the Federal Administration. We have the Administration of the States, which is the lender, and we have the Administration of the local authorities, which is localdealt government. In principle, each of these administrative levels has a distinct data functions, and those levels do not constitute hierarchy that means I can only speak for the federal level because the other levels are more or less independent, but when it comes to corruption prevention it follows more or less the same track as we do on the federal level.

In Federal Administration, we have- in the whole Germany- about 4. 74 million staff, and in the federal administration we have about 500, 000.

For our federal administration, the directive on corruption prevention is one of the main regulation, it applies to the before mentioned about 500,000 staff, responsible for the tracking of this directive is my unit, and we are also reporting to the Parliament every year about the implementation of the directive, but the implementation as such is a shared responsibility, so each ministry is responsible, on its own, to implement the directive, but we have more or less coordinated rule, so even when we are re-tracking what we currently do, our directive, we have to find consensus with the other ministries.

You can see we do not have any supervisory function towards the other ministries. What you can see on this slide is our main publication, which is the English guidance rules on integrity and it’s available on our website. It’s public, it’s not only for internal use but can also be downloaded or ordered in hard copy by the public. Those brochures was recently revised and includes now not only a compilation of our relevant rules and regulations, but also international standards such as the United Nations convention against corruption and the OECD recommendations in integrity in public life, and we hope that we soon will have English translations of the brochure and that we can make it available on our website.

What you see as well on the slide are two quotes from the current minister of the interior and the previous one, and we were talking in the first panel about the incentives why you should have compliance rules and regulations in the public administration, I think this is one of the reasons why you should have some because the incentive is that people will trust you and, in the end, you also you will spare money because in the end it’s all about sparingmoney, so your incentive is trust and that you use your resources in the best way possible.

We are in a, I would say, very convenient situation on the federal level when it comes to corruption.

In the recent report to the parliament, and, please don’t tell the parliamentarians, that I already gave you the figures because it’s not yet discussed and they are very picky about giving all these figures when they haven’t discussed it, but I think it’s ok to have the most recent figures, so we have about 400,000 staff in around 930 authorities. There were investigations on only against 23 members of the staff. This is very very low percentage.

I’m only always asking myself: this is because we are so good on our prevention work or is it because we are in a working environment where there are not that much opportunity to become corrupt because on the federal level you don’t have that much interaction with the public; and we all know that corruption needs that. So I always come to the result we are good in corruption prevention, but it might also have the other reason that there is not that much opportunity.

In 2017, 19 proceedings were closed and when we are talking about proceedings, it’s about criminal proceedings, disciplinary proceedings, and also concerning employment law. A 37 percent of them resulted in sanctions and if they haven’t resulted in sanctions, it was mainly because the conviction was approved, so there was not enough proof for sanction. ¿Where do most cases on the federal level happened? It’s mainly in these offices abroad because this is where you have to contact to the public, to persons who can bribe you, so we have the main cases in these offices abroad, which are under the premises of the foreign office. ¿What do we do against corruption? In our directive, a few measures are described, those measures are binding for the whole Federal Administration were more or less copied also by most of the lender, so we have mandatory risk-assessment, we have some counter measures, for example the contact person and corruption prevention units. We do need cooperation and coordination due to the shared responsibility for the implementation. We also have, which are not in the directive, but in other provisions, we have rules of possible conflicts of interest and we try to be as transparent as possible, and I would also add to transparency accountability, and we are involved, as today, in a lot of international activities, and we have done a lot of international commitments. For example, G20 standards; United Nations convention against corruption, we are evaluated by the vibrant crew on bribery and so on and so on.

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I will show you and explain you shortly what we mean it with risk-assessment. We are coming from the principle that everyone who participates in decision- making process can abuse his or her position.

So the risk - assessment is mandatory for all agents falling under discover to directive and this risk assessment means that they have to determine areas that might be especially vulnerable to corruption and this is a part of the risk management. The reason behind is that we see the need to limit the number of posts, as I said before, you have to keep an eye on it with regard to corruption prevention and integrity. The reason is quite easy because you only have limited number of staff with dealing with integrity issues, we think you have to keep the risk management manageable. If you spend all your time on risk management, then you can’t do anymore your normal work, it is, I would say, the wrong track, and all these measures are more acceptable if your staff think that the measures are reasonable.

Or if you have someone sitting in his office the whole day or interpretation service or whatever, ¿why should you bother him with anticorruption corruption preventive measures? When he will never have any access to public, he will never grant any funds, or he will never come in a position to become corrupt, so take this post away from your interest, and then you will have less work.

So, it’s after every agency to conduct this assessment on its own and with its own criteria. This comes from the reason thatevery agency is different, so they have to define what they think which post might be fronted corruption.

This is what I meant in the first session with you, youyou need the input from the rest world, so they need whether the weak points are whether the problems are and so on and so on.

This is done on a very simple checklist and the nice side effect of this checklist is that you have an awareness raising with it because people who have to fill in the checklist, they have to think about corruption prevention, so this is the nice side effect and in the federal administration, the areas of a particular vulnerability to corruption vary from 0 percent to 50 per cent and the results of the risk assessment published in the annual report to the parliament.

One of the measures that regulated the corruption prevention directive is the contact person for corruption prevention. She’s the contact point for all the staff, for the management, and for private person, so they can call her every time they think something is going wrong in the ministry with regard to corruption; she’s advising the management; she has to keep staff informed by trainings or we have these nice town hall meetings in all ministry during lunchtime and so on, so she has to keep

people informed, and she’s assisting with training. She has direct access to the management and this is really important; she has kind of independence in that way and ,currently, in the whole federal administration, around 1000 people are working as a contact person; not all of them full-time, but it`s more or less equivalent to about 300 full-time, so quite a lot of people that are nominated a contact person in the federal administration. Those contact people are responsible for the implementation of the directive in their agency.

What is also important to mention is that the contact person is not investigating any corruption cases; she only gets calls; it might be something wrong, and then she gives the case immediately to the internal audit; you’ll need for directive and prosecutor offices. So, she is a person of trust and this is important to mention, and she also has to keep identities as secret as possible when she gets a case.

We also have the corruption prevention units regulated in the directive; this is for the whole federal administration about 800 currently, equivalent to 120 full-time full stops. 500, 000 staff is quite a high number of persons in the corruption prevention. As I said, both of them are independent even they are quite often as we are integrated into normal line organization, but I’ve never experienced any interference from whatever side from the management enough into our work.

I already mentioned in the morning that with such shared responsibilities, it’s quite important to talk to each other, so we have a system of formally in formal coverage and coordination within the agencies with for example our agency or our units or internal audit because the internal audits, by clear, is auditing within the ministry and human resources management; for example, it’s responsible for approval of gifs and benefit for approval of secondary employment and so on, so to have a common understanding it’s necessary that you talk to each other.

We have horizontal coordination with all other ministries… with the contact person for corruption prevention at least once a year. I would say this is the most formal one; and it’s also the most difficult one, because everything has its particularities and tend to discuss with you quite a lot when you try to change rules or regulations, but as I said, we need the consensus of all these authorities; and we not only need the consensus but we also need the commitment of them because that guarantees that those contact points from other ministries will implement the directive in their area also through the next ethical coordination where they need with their subordinated bodies who would meet with their subordinated bodies, and that`s because we are only on the top of the pyramid far away from the level where problems might occur, so we need their input but it’s also important that all subordinated bodies under one ministry have more or less consistent approach; for example, for the criteria under risk assessment; they can differ from agency to agency but we also develop guidelines how to conduct such a risk assessment. It has to be done in a more or less similar way by every agency.

We haven’t exchanged with the lender. This doesn’t happen very often but it’s a kind of the lender has a strategy on corruption prevention through the standing conferences of the interior ministers where the federal ministry is only invitee even don’t have vote and right, and then we have the formal one with the private sector of the civil society.With the private sector there was this more or less informal forum with some of the larger companies, some ministries mainly those which have the most contact with the business sector, and we discuss in this forum in a very open atmosphere the trends of corruption, current measures and current legislative initiatives and also basic questions when comes into action; for example, in the field of handling gifts and benefits.

We are currently, establishing cooperation with civil society, as I said, we have in the 20 presidency we had the first high level event involving civil society, but there was also a second conference at the beginning of this year where we asked civil society to participate in panels on education, and this resulted, for example, in cooperation in a project where transparency international will work together

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with our institute for political education, developing teaching materials concerning integrity and corruption prevention.

We then have a lot of regulations on possible conflict of interest and I want to underline again what was said by Frédéric, conflict of interest is nothing criminal, it can happen, it can happen every day, but you have to manage it. This management of conflict of interest is regulated in several of our legal provisions of relevant for public officials. They are basic provisions, for example, in the administrative procedure act and the regulation on the evolve of word of public contract. They describe situations which might lead to an exclusion of certain person to act in administrative procedures, particularly on pro-human and the application to disclose potential conflict of interest; there are other provisions such as on gift and benefits, secondary employment, post-public employment and so on and so on, but this is not in a central legal act, it’s distributed all over rules and regulations relevant for the public service.

I will not go that much deeper into that because it would take another hour. Maybe only on gift and benefits, in principle it’s forbidden but there can be exceptions, but it’s a very long threshold where such things can be approved. I could tell you more about transparency we are monitored by the parliament, our budget plans are published, we are part of the UNCAC transparency flesh, so the review is published, and we have a freedom of information act, which sometimes can be often target of the freedom of information act and extensively used.

International activities: we had last week the second cycle evaluation review in United Nations convention against corruption. We are participating in GRECO, that is currently the fifth evaluation undergoing on corruption prevention and it takes high executives and law-enforcement authorities. We are part of the working crew of bribery; we are evaluated by them as well and we have to fill-in the achievementaccountability report, so we are evaluated not only by our parliament and its subordinate institutions but also by a lot of international organizations.

3.3.2

SEGUNDO PANELISTA - GONZALO GUERRERO: “El Sistema de Integridad en Chile”

Muy buenas tardes a cada uno de los asistentes, gracias por la invitación y por supuesto que para mí en particular es un honor poder estar en Lima, en Perú, un país que en lo personal me trae muchos buenos recuerdos de la infancia. He venido desde muy pequeño y en esta ciudad he vivido un tiempo y la encuentro una cuidad fantástica para poder desarrollarse, para poder estar, y vuelvo cada vez con agrado.

Y es un agrado poder presentar el sistema de Integridad y como se ha ido realizando un combate a la corrupción en Chile, particularmente en los últimos quince años. Y digo en los últimos quince años porque en este último periodo se han marcado episodios o crisis de corrupción en los cuales hemos tenido que reaccionar, lo cual está bastante engarzado con lo que se nos pidió a los ponentes: identificar cuáles son los riesgos o problemas de los sistemas de integridad, pero al mismo tiempo cuáles son los beneficios y cómo nosotros evaluamos los beneficios en Chile.

Para comenzar debo señalar que la corrupción y la crisis de confianza y legitimidad es una cuestión que nos afecta particularmente a todos los países latinoamericanos. Si vamos al último índice o el último reporte que construyó Transparencia Internacional, en el 2017, señala que el 60% de los encuestados afirmó que la corrupción aumentó en América Latina. También el Edelman Institute identificó que la corrupción es la preocupación de mayor importancia para las personas que participaron en esa investigación. Estuvo muy por delante que la inmigración, de la globalización y del cambio climático.

Desde esa perspectiva quiero presentar este diagnóstico general, no haciéndolo tan solo desde una perspectiva de mi función en el gobierno de Chile, sino desde una perspectiva de crítica académica.

Primero debo señalar que las instituciones son fundamentales para el progreso y la corrupción es una cuestión que socaba las instituciones de manera abismal, países con mejor democracia e instituciones solidas presenta mayores índices de prosperidad. Uno podría hacer cierto tipo de correlaciones, que no son estadísticas, pero hay correlaciones en las que si uno mira los diez países con mejores instituciones y con mayor gobernabilidad y democracia, las personas de esos diez países se sienten más felices, o sienten que viven o que tienen un futuro o una prosperidad mejor en los próximos tiempos. No es una correlación, pero si hay cierto nivel de coincidencia, al mismo tiempo tenemos que combatir la corrupción por razones de eficiencia, de eficacia y legitimidad. Es sumamente importante aquella legitimidad para el Estado que por cierto es también la del gobierno.

La corrupción produce impactos sociales, produce ineficiencia en la provisión de bienes públicos, posee efectos sobre la educación y el capital social, crea redes clientelares dentro de la administración y es el germen del populismo.

Esto es lo que en Chile ha estado pasando en los últimos 10 años. En un momento Chile estaba muy bien ubicado en estas mediciones, situación de la cual nos sentíamos orgullosos, pero hoy día hemos ido disminuyendo y la población chilena percibe que en las instituciones públicas existe mayor presencia de corrupción. Esto simplemente es para que nos demos cuenta de lo que pasa un poco más al sur de Perú. 70% de los chilenos cree que casi todos los funcionarios públicos están inmiscuidos en actos de corrupción; el 15% cree que la democracia chilena funciona bien, el resto cree que no funciona derechamente, el 12% confía en los tribunales de justicia, el resto no confía; el 11% confía en el gobierno, el 6% confía en el Congreso y la ciudadanía ahí califica con notas deficientes. Nosotros calificamos de uno a siete, siendo aprobatoria la nota cuatro, y la mayoría de los chilenos nos califica muy por lo bajo o directamente nos está reprobando, 50% del encuestado dice que la información que entrega el sector publico no es tan confiable o más bien es poco confiable.

En Chile venimos reaccionando desde hace varios años a los casos de corrupción, algunos del tiempo posterior a la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1992 y 1993, lo que dio lugar a que se cree una primera instancia en 1994, la Comisión de Ética Pública. Una de las principales cuestiones que manifiesta esta comisión fue avanzar a nivel constitucional en consagrar la transparencia como un principio de actuación del órgano del estado. En segundo lugar, señaló que es importante también consagrar el principio de probidad o integridad dentro de normas de mayor jerarquía legal, porque en Chile la integridad y probidad existía simplemente como un principio jurisprudencial, aplicado por la Contraloría General de la Republica durante más de cincuenta años hasta que aparece en la legislación nacional.

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Esta comisión de ética pública, como consecuencia, dio vida a le ley de probidad administrativa de 1999, que consagra como eje principal que los funcionarios deben mantener una conducta intachable en el desempeño de sus funciones anteponiendo el interés general por sobre el interés particular. Ese es el principio que guía en Chile el sistema de integridad. Podríamos decir que esta comisión fue el comienzo, después pasamos a un nivel legal y la probidad se encardina dentro del sistema público chileno como el elemento fundamental y hoy día básicamente es el principio que mueve todo el actuar de integridad dentro del sistema público.

Posteriormente el año 2003, también como consecuencia de otra crisis de la Institucionalidad que transversal y generalizada, referida al pago irregular de sobresueldos a ministros de estado, diversos funcionarios públicos y contrataciones fantasmas, se creó una agenda de modernización que, a su vez, creó una comisión nacional que entregó pautas de las prioridades de una nueva reforma legal. A partir de ello se crearon nuevos mecanismos de contratación pública, un portal único y centralizado de compras públicas, que lo llamamos mercado público, que es donde está toda la oferta de los proveedores que quieren contratar con el Estado. Finalmente, esto deriva en una reforma constitucional en el año 2005 en la cual se establece dos principios dentro de la constitución: transparencia y probidad.

Posteriormente, en 2008 se promulgó la Ley de Transparencia, que entró en vigencia en 2009 y que creó un completo set. Primero se crearon obligaciones de transparencia activa para los órganos de administración del estado. Luego, se creó la posibilidad de realizar solicitudes de acceso a la información.

En tercer lugar, se dispuso la publicidad del presupuesto y se promovió la cultura general, la transparencia en el ejercicio de la función pública, de manera que cualquier persona puede acceder de manera fácil a información que haya sido creada o haya sido pagada con presupuesto público.

Acá están todas la obligaciones de transparencia activa que es lo que debe hacer el órgano público, de su estructura orgánica, los actos que se van dictando hasta los tramites y diversos requisitos que se van solicitando para los tramites del marco normativo, el personal con todas sus remuneraciones, independientemente la forma de contratación con la administración y los programas subsidios y transferencias de dinero que podríamos decir servicios públicos está entregando a un particular o entre servicios públicos.

El 2010 nuevamente se realizó una reforma constitucional en la cual se obligó a las autoridades a transparentar aún más su relación con el sector privado, de manera que se disminuyan los potenciales conflictos de interés. Se establecen mayores incompatibilidades para desempeñar la función pública y al mismo tiempo se crea mayores mecanismos de fiscalización que permiten a diversos servicios públicos ejercer una labor de fiscalización y crear un sistema de integridad preventivo más que represivo.

A partir de eso, en 2011 se emitió una nueva ley, la Ley de Participación Ciudadana, que creó cuatro mecanismos relevantes para poner en el foco la recuperación de confianza de la ciudadanía. Estos cuatros mecanismos son: 1) el acceso de información relevante, de entidades y organizaciones de la sociedad civil, 2) que servicios públicos rindan una cuenta pública participativa, 3) que exista consulta ciudadana respecto de las reglamentaciones y actos administrativos que van dictando los diversos servicios públicos, al mismo tiempo que 4) se crean dentro de estos servicios públicos consejos de la sociedad civil, a los cuales cualquier organización puede postular y participar para promover una cultura de apertura y de acceso dentro de los servicios públicos.

Dentro de este contexto, en 2011 Chile decide ingresar a la Alianza de Gobierno Abierto, por lo que es considerado como uno de los países fundadores. Actualmente nos encontramos formulando el cuarto Plan de Acción para la Alianza para el Gobierno Abierto, con una metodología que ha permitido promover la apertura y la rendición de cuentas. Asimismo, en 2014 se promulgó una ley de lobby, que básicamente

permite la publicidad de las agendas, aunque no está enfocada en la regulación de la actividad propiamente tal, sino que la carga es de la autoridad y del funcionario público. Así, el funcionario debe publicar con quién se ha reunido, dónde ha viajado, cuáles han sido los regalos u obsequios que ha recibido. Desde su entrada en vigencia hasta hoy se han sostenido más de quinientas mil audiencias de las cuales se pueden saber quién participo, cuál fue su duración, dónde se realizó y cuál fue la temática planteada. La plataforma de la Ley de Lobby en Chile arroja estadísticas prácticamente al minuto.

En 2015, como producto de toda esta crisis institucional que se vive en Chile a finales del 2014 y a principios del 2015 nuevamente se dictó una nueva ley de probidad a la función pública, que lo que hace es profundizar las declaraciones de intereses y patrimonios ampliándola a una cantidad no despreciable de autoridades, más de doscientos tipos de autoridades distintas, adicionalmente al presidente de la República, ministros de Estado y sus secretarios, que ya estaban obligados.

Esto también es lo que sigue realizando a través de la agenda de probidad y transparencia. La modernización del Estado, que se ha venido promoviendo desde 2014, busca fortalecer la democracia, el diálogo y la participación, garantizar los derechos políticos de las personas, tener un rol regulador y fiscalizador y por último que el ejercicio de la función pública sea realizado con transparencia. Participan de esta agenda la Contraloría General de la República, que tiene un rol bastante similar a su par peruana. También participa el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, una especia de contraloría interna, que realiza una auditoría interna en dos niveles: una en cada uno de los servicios, y una auditoría general de todo el gobierno. En tercer lugar, el Consejo de Defensa del Estado realiza la acusación penal y luego, el Ministerio Público, la persecución penal, que tienen un especial énfasis respecto a los delitos contra la integridad.

La función de la Unidad de Análisis Financiero es, básicamente, monitorear transacciones sospechosas dentro del sector público y sector privado, y respecto del sector privado también se encarga de monitorear lo relacionado con el lavado de activos.

En cuanto a sus deficiencias, podemos afirmar que el sistema de integridad de Chile es disperso, pero al mismo tiempo eso es una oportunidad. Significa que muchas veces hay duplicidad de funciones, por ejemplo, la Contraloría en algunos aspectos con la Unidad de Análisis Financiero, y aquella situación crea ineficiencia dentro del sistema. Otra deficiencia es que ha sido reactivo a las crisis, a las de 1992, 1993, 2003, 2014, y cada vez que sucede una crisis el sistema se reactiva.

Por último, una deficiencia del sistema es la duración del periodo presidencial, porque estos sistemas son muy activos al comienzo de los periodos presidenciales. En Chile tenemos un periodo presidencial de cuatro años sin reelección inmediata, lo que impide un impulso enérgico para continuar con el desarrollo de los sistemas de integridad. Muchas veces se comienza con mucha fuerza, pero luego de doce o dieciocho meses esta fuerza se pierde por una razón obvia, las elecciones, que hacen que cada coalición de gobierno quiere volver a reelegirse, y aquello no permite que se ponga un énfasis en la integridad propiamente tal.

Cuales podríamos decir son las claves o los elementos que no han dado un éxito en este sistema de integridad. Primero, después de cuatro gobiernos en los que hubo alternancia de poder en Chile podemos darnos cuenta de que el sistema de integridad fue una política de Estado. Segundo, que siempre ha sido impulsado desde el centro del gobierno, ha sido el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, la Presidencia misma, el Ministerio de Hacienda quienes han impulsado este sistema, y eso ha sido clave para que este sistema sea exitoso, porque Chile tiene un presidencialismo reforzado, centralizado política y administrativamente.

Después debe existir una materialización legal, en Latinoamérica en general, pero en Chile en particular somos países absolutamente legalistas, y no contamos muchas veces con medidas administrativas que

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tengan una fuerza vinculante de manera, podríamos decir, transcendente de nuestro sistema. Necesitamos que esto sea impuesto y determinado a través de una ley, y con un apoyo político transversal. No basta con que sea impulsado desde el signo político que está gobernando, sino que necesita que todo el sistema político y particularmente los partidos políticos, apoyen el sistema de manera transversal. Por eso el sistema tiene que estar basado en una agenda integral y comprensiva, no puede situarse tan solo a la regulación del sistema público, sino que también debe cursar fronteras e ir hacia el sistema privado.

En Chile hemos entendido ello en los últimos cuatro años y por eso hemos ido regulando la actividad privada; mejoramos, por ejemplo, la regulación del mercado financiero, creamos mejores estándares y mayores regulaciones, nuevas inhabilitaciones y regulaciones respecto de la denominada puerta giratoria.

Por último, es absolutamente necesario contar con la ayuda, la experiencia y la guía de instituciones internaciones. Esas prácticas compartidas, esas experiencias compartidas ayudan sobremanera al momento de establecer una agenda de integridad. En la reacción a la crisis del periodo 2014-2015, contamos con la ayuda de distintos organismos internacionales para fijar un marco común y una hoja de ruta especifica.

En ese sentido, la OCDE, el PNUD y el BIF fueron fundamentales para contar con un sistema de integridad que recupere la confianza de la ciudadanía, que es a quienes nos debemos.

3.3.3

TERCERA PANELISTA - SUSANA SILVA HASEMBANK: “El Sistema de Integridad en el Perú”

Lo que voy a presentar ahora es el modelo de integridad formulado y contenido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y para ello quisiera recordar el discurso del Presidente de la Republica, el señor Martin Vizcarra en su mensaje del 28 de Julio, en el que inició recordando la corrupción lacerante que vivió nuestro país en la década del noventa al dos mil y que de algún modo fue resumida en distintos videos, que generaron acciones inmediatas desde los más altos niveles del Estado, pese a lo cual diecisiete años después volvemos a tener una situación muy parecida.

Y la pregunta que él se hacía en el discurso, fue: ¿Qué pasó?, ¿En que fallamos?, ¿Qué cosa no hicimos?, ¿Qué nos faltó hacer?, ¿Dónde no pusimos énfasis? Y claro, ahí quizá, y esa es la reflexión que hacíamos, es que en su momento se incidió mucho en políticas, en medidas punitivas, absolutamente necesarias, pero insuficientes, pues también era necesario modificar nuestras políticas para evitar que en el futuro se volvieran a presentar estas situaciones.

Por esa razón el hecho de que nuestro plan se llame Plan de Integridad no es casual, porque el mayor peso que se está poniendo a la estrategia que hoy se tiene es principalmente la integridad, buscar la forma de prevenir los hechos de corrupción. Eso pasa por un conjunto de medidas, pero particularmente por hacer entender que debemos ver las distintas acciones y herramientas que ya tenemos en nuestro país como un modelo, como un sistema.

Permítanme referirme a aspectos muy puntuales para ubicarnos en el contexto. El modelo de integridad que se plantea en el plan tiene como marco de referencia algunos documentos esenciales. Uno de ellos es el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, que lo se elaboró bajo el liderazgo de Eduardo Vega, pero también tomamos como base importante el estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú, además de otros documentos como el del Compromiso de Lima, que se suscribió en el Marco la Cumbres de la Américas, los Principios de alto nivel del G20, pues aun cuando nuestro país no forma parte de este foro, nos pareció muy importante considerar sus propuestas.

Hay un conjunto de problemas, que no puedo detallar por cuestiones de tiempo, que este plan de integridad, busca atender, pero lo que quisiera resaltar es que si bien el plan tuvo ejes: capacidad preventiva, identificación y gestión de riesgo, y capacidad sancionadora, nos dimos cuenta que

normalmente los planes que se han formulado en nuestro país y en muchos otros, plantean un conjunto de medidas sin diferenciar las dimensiones de su implementación, como lo que mencionó Frédéric en la parte final de su intervención. Cuando nosotros planteamos priorizar la transparencia, tenemos dos dimensiones, la de la definición de la política, o, mejor dicho, asegurar que exista la política pública, el marco normativo adecuado, pero también asegurar que esta se implemente adecuadamente al interior de las entidades. Lo mismo pasa con cada uno de los temas o herramientas que hemos incorporado en el plan.

Cuando hablamos de la prevención de la corrupción, si bien hay un conjunto de acciones que se desarrollan a partir de los ejes, ustedes van a encontrar que también hay algunas acciones que tienen dimensiones distintas en su implementación, algunas están orientadas, por ejemplo, a la consolidación de la cadena de valor anticorrupción, que supone principalmente fortalecer a aquellas entidades que están encargada por ley de prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, la Academia Nacional de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, las procuradurías anticorrupción.

Todas estas entidades tienen que ser fortalecidas, pero las acciones previstas en el plan, algunas de gestión, otras normativas, no plantean a qué entidad les corresponde realizarlas en concreto, como tampoco le corresponde a una entidad en concreto, a pesar de ser sumamente indispensable, la reforma electoral, la reforma política y la reforma de la administración de justicia.

Entonces, la pregunta es, qué tienen que hacer en concreto cada una de las entidades y es allí donde desarrollamos esta propuesta de modelo de integridad, que también puede denominarse compliance, que en sí mismo no es una herramienta adicional a la transparencia, al control interno, a la rendición de cuentas o a las denuncias. En rigor, lo que supone un modelo de integridad es dotar de un carácter sistémico a cada una de las herramientas que todas las entidades tienen y están obligadas a cumplir.

Sobre esta base, que además parte de las recomendaciones de la OCDE y del G20, venimos postulando un conjunto de elementos que tienes que ser vistos como parte de este modelo de integridad.

De todos estos elementos siempre empiezo por el segundo, para dejar el tema del compromiso y la voluntad política al final. Como bien lo han señalado los ponentes, con los que coincido absolutamente, lo primero que hay que admitir es que no es posible avanzar hacia un esquema de integridad si no tenemos incorporado dentro de la cultura de la administración pública la necesidad de la identificación y la gestión de riesgos. En efecto, no hay forma de saber exactamente qué debemos hacer sin saber dónde están los problemas, las principales vulnerabilidades, pues recién a partir de allí es posible plantear las medidas ad hoc que necesita cada entidad. Como bien lo señalaba Frédéric Boehm, no se trata de

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copiar lo que funcionó en otro país, pues cada modelo, cada país y cada entidad tiene que implementar y adecuar sus propias políticas y acciones.

Un segundo aspecto tiene que ver con las políticas de cumplimiento e integridad y aquí entran las políticas y las acciones, las medidas, las directivas, los protocolos específicos para evitar los conflictos de interés, la regulación de lo que es la gestión de interés, la regulación de los regalos, las contribuciones políticas. Es cierto que en esta tarea debe haber un acompañamiento de la Secretaria de Integridad Pública ahora en la Presidencia del Consejo de Ministros, desde su rol rector. En ese sentido, esta secretaría, que me honro en dirigir, ya ha podido emitir algunos productos, como la modificación de la legislación en materia de gestión de intereses, en un esquema muy similar al de Chile, la regulación de la obligatoriedad de que los funcionarios del Poder Ejecutivo hagan una declaración jurada de e Intereses.

En estas acciones no se debe perder de vista que un elemento clave en las políticas de cumplimiento e integridad es el capital humano. Podemos tener las mejores políticas, los mejores procesos, pero si no tenemos el capital humano debidamente formado, debidamente capacitado y probo para la función, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, desde nuestra perspectiva, dentro del modelo de integridad que planteamos uno de los ejes centrales es aquel que está anclado en priorizar el capital humano. De hecho, también hay otros componentes que tienen que ver con la transparencia, pero más allá de la transparencia activa, pasiva, la clasificación de documentación es importante que cada una de las entidades tenga una lógica, tenga una filosofía, adecue su gestión a los modelos de gobierno abierto, que implemente cada vez más y mejor las tecnologías para acercarnos a al gobierno digital, que nos permitirá finalmente reducir las brechas de riesgo dentro de la administración pública.

Los controles forman parte también de todo el esquema del modelo de integridad y aquí retomo la pregunta que se le hizo a Adán Nieto. No es que uno sea continente y otro contenido, en realidad están imbricados casi todos estos componentes y no es posible decir cual está por encima del otro. Hay vasos comunicantes entre ellos y son finalmente complementarios.

Otro elemento indispensable es el referido a la capacitación y a la difusión, pues no basta con que nosotros como entidad pública implementemos nuestras medidas de integridad, sino que además es necesario garantizar que todos sepan, lo que se está haciendo, las medidas que se están adoptando y que si alguna empresa o una stakeholder o alguna contraparte quiera relacionarse con alguna de estas entidades tiene que tener presente que estas ya les exigen que cuenten con mecanismos de regulación en materia de prevención de la corrupción o de integridad.

Otro elemento indispensable dentro del modelo es el canal de recepcion y procesamiento de denuncias.

No se trata solamente de tener un canal y que sea un insumo de para nuestro trabajo, sino que como funcionarios públicos debemos garantizar una respuesta al ciudadano, porque el modelo dejaría de tener sentido si no tiene en claro que nuestro trabajo está dirigido a la ciudadanía. Entonces, debemos garantizar que haya respuestas inmediatas frente a los hechos irregulares que ocurren en la administración pública, retroalimentación. En ese aspecto tenemos un problema que ya la OCDE en su estudio lo ha planteado de manera bastante clara: tenemos que sentarnos Contraloría, Servir y otros actores porque debemos buscar la forma de dar mayor fluidez a la respuesta del aparato estatal al ciudadano. Finalmente, dentro de este modelo de integridad está considerado también el monitoreo y la supervisión, que debido al poco tiempo que me queda, no quería dejar de mencionar porque es fundamental.

Dependiendo del tamaño de cada entidad, la implementación del modelo de integridad debe tener en cada institución una instancia, una unidad, o una persona; no necesariamente tiene que pensarse en nueva burocracia. Pero en cualquiera de los casos, quien cumpla esta función debe tener ciertas características como el empoderamiento, capacidad para articular y, sobre todo, un enfoque de

acompañamiento, de orientación, de coach, más que una mirada de sanción, a fin de asegurar que los demás componentes funcionen en el tiempo.

3.3.4

Pregunta dirigida a los expositores:

A Silvia Spath: ¿Cómo logran articular el trabajo del alto número de personas de contacto en materia de integridad y gestión de riesgos? ¿Esto les ha traído resultados favorables en la prevención de la corrupción?

We definitely do, because they are the ones who implement rules and regulations. Since we have these low figures of corruption on the federal level, I can’t give you any figures that we have lowered it down by 50% or so, because they are already so low and I think the contact persons there are quite good in raising awareness amongst the staff, and I would say we are not any more only concentrating on the pure corruption prevention but also on integrity issues, and there they can be very helpful and since they can be approached by the public as well. And I know it from my former head of division, she was the contact person for the federal ministry of the interior she got a lot of calls from outside the administration, giving her hints that there might have been corruption cases in the federal administration, so it’s a kind of double role. I think it definitely has positive impact. But one must say it might not be possible if you force people to take this role, so if you tell someone you are now the contact person, people is not really committed to do that; It might not help you very much.

A Gonzalo Guerrero: Desde la experiencia chilena, ¿qué mecanismos concretos y efectivos permitirían a los partidos políticos apoyar la eficacia de los sistemas de integridad en un país como el Perú?

Es una pregunta muy difícil en verdad, porque generalmente los partidos políticos no muchas veces están orientados en el mismo sentido en que está orientado el gobierno en lograr ciertos aspectos que sean significativos en relación con la integridad. Pero sí existen algunos mecanismos que es bastante importante que los partidos vayan adoptando, desde luego, para efectos de aportar y mejorar los estándares de integridad dentro del sistema.

Particularmente todo lo relacionado con el financiamiento de la actividad política es una cuestión sumamente relevante. Saber de dónde viene el dinero que financia a los partidos políticos, quien paga la cuenta y hacia dónde se destina. Esto, desde luego también mejora la relación con la ciudadanía y al mismo tiempo produce un efecto cualitativo dentro del sistema de integridad.

En segundo lugar, son importantes los sistemas de transparencia de los partidos políticos. De hecho, Transparencia Internacional tiene un índice que mide la transparencia de los partidos políticos en general y en Chile últimamente nos hemos dado cuenta de que dada la última reforma relacionada con el financiamiento de la política- financiamiento público-, los niveles de transparencia de los partidos han mejorado considerablemente, lo cual permite también que la ciudadanía se sienta más cercana respecto al actuar de los partidos políticos. Eso sin duda ayuda de manera significativa y permitiría también, no sé cómo es la situación acá en Perú en particular, pero permitiría que la ciudadanía sintiese mayor cercanía con quien esta presentándose a un cargo de elección popular.

A Susana Silva:

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¿Cómo garantizará la Secretaría de Integridad Pública que la Ley de Gestión de Intereses evitará la corrupción, si no contiene un registro de lobistas, ni establece sanciones para estos cuando actúan fuera de la ley?

En primer término, una sola herramienta, en este caso la regulación del lobbying, no garantiza que se combata la corrupción, sino que tiene que haber un conjunto de medidas, vinculadas a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la participación ciudadana. La regulación de la gestión de intereses o lobby es solo una de ellas.

Efectivamente, en algún momento evaluamos la necesidad de tener un registro de gestores de interés, sin embargo, hemos optado por lo que ahora muchos países, entre ellos Chile, tienen, es decir, más bien priorizar la visibilidad, la transparencia de lo que son las gestiones de interés, antes que regular al gestor de interés.

En primer lugar, a partir de la gestión de intereses, se puede tener información de quiénes son los gestores de intereses y, en segundo lugar, el tema de la sanción, por supuesto que está presente. Lo que ocurre es que la Ley N. 28024 establecía un régimen de sanción que en realidad nunca funcionó.

Hoy, lo que hemos visto, sobre la base del análisis de impacto regulatorio con el apoyo de los amigos de la Secretaría de Gestión Pública y Jurídica de PCM, es que en realidad no necesitábamos modificar lo referido a la sanción, porque ya la propia Ley 28024, es decir la Ley de Lobby, establece cuáles son los canales regulares para la sanción. Por tanto, no ha sido necesario modificar nada con relación al tema sancionador porque ya el marco normativo estaba dado.

3.4 Tema 2: Modelos De Integridad Pública y Compliance: Experiencias Comparadas (2da sección) 3.4.1

PRIMER PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO: “Sistema de Integridad en Brasil”

Es un honor estar aquí para hablar de la experiencia brasileña y vamos directo al asunto porque tenemos solamente 20 minutos. La primera cosa es que no es sencillo implementar un sistema de integridad. Por la mañana pudimos ver todas las características de un sistema de integridad y cuando vemos un sistema de integridad pensamos en el movimiento de la administración, en una gestión de los riesgos, diversos canales de denuncia, códigos de ética que son comunes en todos los órganos de instituciones que quieren implementar un programa de integridad. Pero voy a intentar presentar qué tenemos en Brasil, qué hemos desarrollado en la práctica.

Como lo señaló el profesor Frédéric Boehm, tenemos la Integridad Pública dividida en sistemas, y estos sistemas tienen que permitir cambiar la cultura de nuestros países, cambiar las instituciones, la cultura del pueblo. Y también tenemos la parte de rendición de cuenta, son tres grandes ejes que son importantes para conducirnos a la implementación de un programa de integridad.

Hablemos un poco de cómo son los programas en Brasil. Para comprenderlo, lo primero que debo decir es que, en Brasil, la Contraloría, nuestro ministerio de Transparencia, es diferente: no hay un control externo; en Brasil nuestro ministerio, nuestra Contraloría es un control interno, es interno al Poder Ejecutivo, pero es externo a los ministerios.

Nuestra Contraloría o ministerio tiene cuatro grandes áreas. Un área es la Secretaría de Transparencia y Prevención de la Corrupción, que trabaja solamente con el área de transparencia, con fomento de integridad pública y privada y con la participación en las comisiones internacionales. La segunda área es la Auditoría General de la Unión, que es como si fueran el Defensor del Pueblo, que es quien desarrolla la parte de sistemas para permitir la comunicación de los ciudadanos con el gobierno. En tercer lugar, tenemos tenemos la Corregiduria, que no hay acá, o debe tener un nombre diferente, pero es la parte de responsabilización de los servidores y empleados públicos, responsabilización de las personas jurídicas, porque en Brasil la responsabilización de personas jurídicas no es penal, es administrativa y civil y se hace en nuestra oficina también. Y tenemos por ultimo la Secretaria Federal de Control Interno, que es responsable por las auditorias y también por la parte investigativa.

Entonces para tener una idea, tenemos la Presidencia de la República, tenemos los Ministerios, que en Brasil son 23, más seis Secretarías u órganos que tienen estatus de ministerios, en total 29 Ministerios.

Vinculados a estos ministerios tenemos autarquías y fundaciones. Sumando todo tenemos 200 órganos.

El número es grande y nuestro plan de implementación empieza en estos 200 órganos.

La política de implementación de integridad es la misma de gobernanza, o sea un mecanismo de liderazgo y control estratégico y control puestas en práctica para evaluar, dirigir y monitorear la gestión.

Pero cuando hablo de la gestión de integridad hablamos de la gobernanza vinculada a la integridad, los principios de la gobernanza en Brasil son capacidades de respuesta, integridad y confiabilidad y vamos a hablar hoy de la integridad.

Para nosotros un mecanismo o un plan de integridad promueve la adopción de medidas y acciones zonales para la prevención, detección y sanción y remediación de casos de fraude y corrupción, y está basada en los siguientes ejes: Compromiso, que todos conocemos, la unidad responsable de la implementación en el órgano o entidad, es decir, cada uno de los 200 órganos tiene un responsable o un área responsable. También tenemos el análisis, evaluación y gestión de los riesgos. Asimismo, el monitoreo continuo de los atributos, que son hechos tanto internamente por estas unidades de integridad, como por la Contraloría. Un decreto presidencial ha pasado la responsabilidad de monitoreo y de la implementación hacia nosotros, no somos nosotros los que estamos validando o evaluando los riesgos, solamente pasamos las instrucciones y vamos acompañando como pasan las cosas en los ministerios.

Como la Presidencia nos ha pasado esta responsabilidad, hemos empezado a poner más fases con todos los órganos. La fase uno fue la designación de la unidad de integridad, o sea, cada órgano tuvo que implementar hasta el 11 de mayo pasado sus unidades de integridad, pero sólo el 57% de los órganos ha contestado acerca de la implementación por lo que tuvimos que reiterar este pedido de información.

Estamos poniendo todos los resultados en el internet para que la población pueda acompañar y hacer presión para que todos los órganos cumplan los plazos, porque hemos acordado con el presidente que el 30 de noviembre todos los órganos van a tener listo su plan de integridad.

La fase dos, que es la más importante, es la de elaboración y aprobación del plan de integridad. Para ello buscamos mostrar para todos los seguidores, para todos los empleados la importancia de la implementación de este plan.

Creamos también un flujo para verificación de casos de nepotismo, que son indicaciones de familiares o de personas vinculadas a aquellos que ocupan cargos públicos. En Brasil tenemos un sistema llamado sistema de conflicto de Interés. Allí se puede trabajar muchas cosas; en caso de nepotismo se puede denunciar y también, por ejemplo, en mi oficina tenemos implementado un sistema que, a través de la identificación de la persona hace un cruce de información con nuestras bases de datos para verificar si

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las personas que están entrando a los órganos poseen algún tipo de vinculación con los directores, por ejemplo. Entonces creamos algunos flujos que facilitan la identificación.

Tenemos también una comisión de ética para los cargos de alto nivel, que se quedan en la parte de la presidencia, pero tenemos una comisión de ética en cada uno de los 200 órganos. El plazo para la implementación de todas ellas se cerró el 30 de julio.

Crear códigos de conducta no es sencillo. Tenemos un código de conducta para todo el gobierno, pero estamos desarrollando los específicos para cada órgano, basado en los riesgos a los que están sometidos.

Por ejemplo, los riesgos a los que están sometidos los empleados, los servidores que trabajan en la Contraloría son completamente diferentes a los de los servidores de la Hacienda o de otros gobiernos.

Asimismo, estamos desarrollando mucho la parte de transparencia activa. Tenemos una ley de transparencia del 2011, pero ahora hemos lanzado el nuevo Portal de la Transparencia. ¿Porqué cambiamos? Porque buscamos tener un lenguaje más dirigido al ciudadano, un portal mas interactivo, más sencillo, para una persona común que no tiene mucho conocimiento de finanzas que le permita comprender la información.

En la transparencia pasiva tenemos otro sistema que es un sistema de información al ciudadano en el que puede solicitar las informaciones que no están en la transparencia activa. El gobierno tiene 20 días más 20 días para contestar. Hoy tenemos 99% de las respuestas o de las contestaciones hechas dentro de ese plazo.

La otra parte es la existencia de canales de denuncias de participación de ciudadanos. Tenemos un sistema único, gestionado también por nuestro ministerio, donde cualquier ciudadano puede hacer denuncias o hacer reclamaciones de lo que se quiera. Hay también una propuesta de simplificación de la administración pública, que es posible, y para lo cual tenemos un plazo de 30 días, más 30 días para contestar al ciudadano si se va a atender o no su denuncia y por qué.

En Brasil tenemos el problema de ser una Federación, pero ya estamos desarrollando estas herramientas también para los estados y municipios, y estamos transfiriendo estas herramientas desde el gobierno federal, para todos ellos, sin costo para que tengan la oportunidad de ponerlas en su plan y ofrecer este tipo de servicios a los ciudadanos.

Otro tema es el fortalecimiento de los controles internos. En Brasil, el Ministerio de la Transparencia es el encargado de estos controles, es decir, de la parte de responsabilización de servidores públicos, de empleados públicos y de personas jurídicas involucradas en corrupción. Nosotros somos el órgano central, por ejemplo; tengo un caso de corrupción sobre el que varios ministerios niegan competencia, y corresponde a mi oficina llevar todo ese proceso. Los casos menores suelen sufrir esos impases, por lo que pasamos a trabajar solo con los casos que tienen más importancia.

Tenemos también el problema de la educación ciudadana que es un problema grande. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de la Educación y estamos ahora suministrando clases de ética y ciudadadania para todos los niños. También estamos lanzando la parte de digitalización de todo el material para llegar a todas las escuelas, son millones de niños que les vamos a enseñar un poco de ética y ciudadanía porque necesitamos cambiar la situación de nuestro país.

Y respecto del fomento de la integridad privada tenemos programas para aplicación directa de las empresas pues si tenemos corrupción tenemos que pensar en la parte pública y también en la parte privada.

En la parte pública, tenemos 541 servidores capacitados en integridad y gestión de riesgos para que puedan trabajar dentro de sus Ministerios. El 30 de octubre presentaremos estos resultados. En el fomento a la participación social tenemos programas de participación social, y estamos creando reglas claras basadas en la meritocracia.

La parte final de la fase tres de implementación es de ejecución y monitoreo del plan de integridad.

Hasta ahora solamente el 57% han cumplido con todas las etapas, pero estamos trabajando para que el 30 de noviembre todos lo hayan finalizado. Estamos trabajando también con la parte de orientación y entrenamiento, que es la principal, y estamos construyendo ahora un panel de integridad pública para que todos los datos estén disponibles para los ciudadanos. Para nosotros es la parte más importante porque ayuda a presionar para que todos los gobernantes hagan su trabajo.

Esto es un poco lo que estamos haciendo y quedo a su disposición para las preguntas que deseen formular.

3.4.2

SEGUNDO PANELISTA - HUMBERTO RAMIREZ: “El Aporte de la Entidad Fiscalizadora Superior del Perú al Sistema de Integridad”

Un saludo a todas las autoridades que nos visitan y que nos honran con toda su experiencia, un saludo también a los expositores internacionales, a todos ustedes señoras y señores. Me pidieron que comente los aportes que la Contraloría General de la República ha hecho al sistema integridad.

En esa línea, y para poner en contexto a quienes vienen de otros países, una de las primeras cosas que quisiera mencionar es que la Contraloría General de la República es un organismo constitucionalmente autónomo y su autonomía es reconocida en nuestra propia carta magna, que señala con mucha claridad que somos el ente rector del sistema nacional. Somos un ente que está encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de toda la administración pública, de los actos de todas las entidades que están sujetas a control.

Y pongo énfasis en esto porque creo que hay un tema importante y acá si ustedes revisan nuestra carta magna verán que pone por encima de la mayor jerarquía jurídica al control gubernamental, le da esa connotación y creo que tiene sentido, tiene sentido en un sistema democrático, en un sistema constitucional porque efectivamente tenemos que cautelar todos aquellos bienes protegidos y que tiene que ver con la administración pública. Porque es a partir de allí, a partir del adecuado cuidado de la función pública que en nuestro caso nacen nuestras responsabilidades. Y quiero que se entienda esto porque no solamente apuntamos a verificar y fiscalizar que los funcionarios cumplan con las tareas que a diario les son encomendadas o que reposan en sus propias leyes de creación o funcionamiento, sino también porque esto va de la mano con la necesidad de dotar de cariz ético, de probidad a cada uno de los actos que cumplen los funcionarios públicos y esto porque nuestra carta magna nos exige ello.

Es importante recalcarlo porque sobre toda esta base jurídica es donde reposa la facultad que tenemos de llevar a cabo el control gubernamental, el cual lo hacemos a través de la propia Contraloría, a través de nuestras oficinas de control interno y las diversas dependencias del gobierno central, en todos los gobiernos regionales, en las municipalidades provinciales.

Hace unos meses atrás no teníamos, por ejemplo, jefe de oficina de control interno en el 30% de los municipios provinciales. Hoy ya los tenemos. Se ha hecho un esfuerzo especial para poder conseguirlo.

Donde todavía hay un trabajo bastante intenso por hacer es en las municipalidades distritales, donde si

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no me equivoco el 91% de las municipalidades aún no tienen un órgano de control interno. El universo del país es bastante amplio y los recursos para ello todavía no son suficientes, así que esta esta tarea de que el control llega a todas las entidades del estado es una tarea que creo que en el tiempo vamos a tener que ir buscando mecanismos inteligentes para ir superándolos.

Para nadie es un secreto que el control de la corrupción, como lo han señalado quienes me han precedido, es un mal endémico, es un mal que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad. La gente no sabe en quién confiar, no sabe a quién acudir y creo que aquí en el Perú como seguramente en muchos países de Latinoamérica, la corrupción debe ser uno de los principales males que afectan a los países.

Y esto porque efectivamente tiene incidencia en elevación del costo de los bienes y servicios, tiene incidencia en la paralización del desarrollo de temas sociales, temas educativos una serie de servicios básicos. Justamente hace unos meses atrás el Presidente de la República en uno de sus discursos señaló algunos datos importantes que me voy a permitir leerlos, dijo lo siguiente: cada año el 2% del producto bruto interno global se pierde en pago de sobornos, lo que aproximadamente asciende a 1.500,000 millones de dólares, esto es 10 veces más de lo que el mundo invierte en asistencia para el desarrollo, 186 millones de personas todavía sobreviven en América latina con menos de $4 al día, mientras que 61 millones de ciudadanos aún no cuenta con herramientas para escapar de la extrema pobreza. A la luz de estas cifras podemos afirmar que la corrupción se ha de instalado en todas las entidades del Estado y no creo que haya una entidad que esté libre, es el crimen que comprende el mayor número de víctimas de la historia. Y estas cifras que acabo de mencionar así lo revelan, porque si no son todos, es la gran mayoría de ciudadanos de un país la que se ve afectada por la corrupción.

En este orden de ideas, la Contraloría ha entendido que el Estado peruano ha hecho importantes esfuerzos por combatir la corrupción y ha diseñado algunas políticas interesantes que hoy día las hemos escuchado. Ha trabajado para que los funcionarios del Estado entiendan que instalar temas de Compliance, de transparencia, se está convirtiendo en parte del que hacer de una política de integridad. En esa línea es que la Contraloría, en su plan estratégico, comenzó a entender la necesidad de llevar a cabo ello y todo esto generó la construcción de un marco de integridad que se creó primero y sobre todo sobre la base de su ley de fortalecimiento, vigente desde marzo de este año.

La ley de fortalecimiento parte de una mirada que impulsó el Contralor General de la República, fruto de un diagnóstico obviamente, que busca no solamente sancionar aquella inconducta funcional en la que pudieran incurrir los funcionarios, sino también con una mirada de prevención, pues si esto no lo empezamos arreglar desde su origen o tratamos de coadyuvar a ese arreglo, el problema de la corrupción no se va a solucionar.

Un poco más adelante voy a precisar cuáles son aquellos puntos neurálgicos o más importantes que él tomó en cuenta para llevar a cabo toda esta política de integridad que ha venido implantándose en cada una de sus acciones. Este marco integridad que se ha construido sobre la base de esta ley también ha tomado en cuenta muchas experiencias internacionales, se ha nutrido de ellas; y de la política anticorrupción que fue aprobada por el gobierno y así también ha tomado en cuenta, los principios de gobierno abierto, de transparencia, de colaboración, de participación. Como podrán ver en la dispositiva, hay tres grandes objetivos en lo que venimos interviniendo.

En materia de prevención hemos previsto diversas actividades que incluyen la participación ciudadana, la adopción de mecanismos de transparencia, el trabajo en el desarrollo de una cultura ética a través de la construcción de nuestros códigos, la realización de eventos como la Conferencia Anual por la Integración antes denominada Conferencia Anual Internacional Contra la Corrupción, audiencias regionales

en las que vamos escuchando el quehacer de la ciudadanía y una serie de mecanismos que van construyendo todo este complejo tema de la integridad y que lo vamos desarrollando poco a poco.

Esta construcción también tiene por su lado no solamente el tema preventivo, sino también el tema sancionador y allí nos hemos preocupado mucho por construir toda una estructura que responda al volumen de casos que se han venido generando. Quizás cuando se pensó en la facultad sancionadora de la Contraloría no se visualizó bien lo que pudiera venir en camino. Y lo que vino fue una avalancha de procesos de determinación de responsabilidades que se han ido acumulando en el tiempo, pero que poco a poco y a través de diversos mecanismos hemos podido ir superando. Comenzamos primero por generar un mayor número de órganos instructores que son los que investigan estos productos que vienen desde los informes de control y que van determinando si en efecto existen elementos suficientes para llevar a cabo una determinación de sanción. Así, se aprobó la creación de órganos instructores en cada una de las regiones del país, pues antes solo existían tres.

En el caso de los órganos sancionadores, hasta hace unos meses existían dos y la proyección es llegar a seis. El caso de nuestro Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que es el que resuelve en última instancia todas las apelaciones de los funcionarios públicos, vamos a pasar de dos a seis salas.

Creemos que no podemos dejar ningún tipo de brecha, ni de debilidad en el procedimiento. Tenemos que fortalecerlo en la mejor medida posible y para eso no solamente hablamos de una estructura sino también de generar procedimientos que sean céleres, objetivos, predecibles y que permitan que efectivamente la incertidumbre que puede haber en aquellos funcionarios que están sujetos a investigaciones de responsabilidad pueden saber en corto plazo si efectivamente la investigación que siguió a cabo, si se hizo con las garantías del caso, si se respetó sus derechos, y si finalmente hay alguna sanción que imputar.

Esto va de la mano con la implementación de la implementación de tecnologías de información. Las tecnologías de información son clave porque a partir de ella vamos a poder conseguir que los procedimientos, por ejemplo, las notificaciones, puedan hacerse rápidamente a través de la notificación electrónica, podamos establecer la implementación de un expediente digital, tratar de llegar a que nuestros procedimientos lleguen al punto de utilizar cero papel, de implementar un sistema de seguimiento de todas las causas que vienen tramitándose para poder comenzar a cruzar información, tener información actualizada, sacar estadísticas y poder identificar dónde existen los mayores problemas. Y esto puedo reflejarlo en algunas cifras importantes de los resultados que venimos sosteniendo.

Desde el 2013 hasta 31 agosto de este año lamentablemente hemos tenido que sancionar a 2,558 funcionarios y servidores públicos con sanciones que van en su grado mayor hasta los cinco años de inhabilitación para el ejercicio de gestión pública. Son sanciones efectivas, son sanciones que va a generar que estas personas salgan del aparato estatal y difícilmente pueden regresar a él. Lo más destacable de esta cifra es que de estos 2,558 funcionarios sancionados, 1,259, casi el 50%, han sido sancionados desde el 1 enero hasta el 31 agosto de este año. Creo que es una cifra revela cómo la adopción de diversas medidas por parte de esta nueva gestión para lograr que los actos de inconducta funcional y los actos de corrupción efectivamente tengan un freno efectivo.

Todo este sistema, todo este conjunto de medidas, va de la mano con un plan que está en construcción, que esperemos tenerlo listo en muy breve plazo. Estamos todavía desarrollando algunas estrategias para ver cómo hacemos para que esto tenga los mejores resultados posibles. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, y esto tiene su origen como lo mencioné en su momento, en la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, la Ley 30742, una ley impulsada por el propio Contralor General de la República, con un enfoque netamente preventivo, con una idea de transparencia bastante clara, y mucha participación ciudadana. Y que trae consigo algunos temas importantes que creo es importante de destacar.

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Uno de ellos tiene que ver con la forma cómo a través de esta ley logramos que todas las entidades del Estado, sin restricción alguna salvo las que tengan algún tipo de reserva, puedan facilitarnos todas sus bases de información y podamos tener un acceso directo, masivo, irrestricto y sin limitación alguna.

Este mecanismo de información permitirá que en muy breve de tiempo podamos manejar investigaciones con base de datos bastante numerosas que impliquen una gran cantidad de información.

También podremos llevar a cabo, porque la ley así nos obliga, un proceso simplificado para la determinación de responsabilidades y aquí sí hay un tema bastante importante que resaltar y está referido a la publicidad de nuestros informes de control. Creo que esta norma trae consigo uno de los temas más trascendentes que se han logrado. Y digo esto porque a lo largo del tiempo los informes de control siempre se han mantenido en reserva y siempre había alguna razón, o algún pretexto, para que esto no sea público. Con esta ley lo que se ha hecho es obligar a que todos nuestros informes de control sean públicos y con esto se ha roto, por decirlo de alguna manera, 88 años de oscurantismo, durante los que la gente no sabía siquiera si estaba involucrado o no, porque no había un acto de notificación, o si estaba o no incurso en algún tipo de responsabilidad, y eso hoy se ha cambiado.

Hemos empezado a publicar los informes de control y esperamos seguir haciéndolo porque creo que es la mejor manera de que la ciudadanía conozca lo que estamos haciendo, cuáles son los actos de conducta que se han cometido, cuáles los montos que se han estado manejando inadecuadamente, cuál es la acción que a realizado la Contraloría para detectar ello. Hay una serie de temas que le dan trascendencia a esta medida y que obviamente también tienen mucho cuidado con la reserva de la información, temas qué tiene que ver por ejemplo con los secretos militares, la compra de armamentos, o alguna información sensible, que tiene que ver con la intimidad de las personas.

Creo que todas estas tareas, sumadas por ejemplo a la posibilidad de que hoy en día podamos procesar a las autoridades electas por voto popular, son cambios importantes. Hoy, por ejemplo, en una reunión de trabajo que tuvimos temprano, me comentaba el subgerente responsable, que a través de un programa que venimos desarrollando para prevenir actos de corrupción y actos de proselitismo político en las próximas elecciones, se recibieron dos denuncias ciudadanas que involucraban a un alcalde.

Todos estos cambios se han hecho de la mano con una nueva estructura orgánica, en la que se creó la Vice Contraloría de Integridad, que tiene cinco gerencias, dos de ellas, una gerencia de proyectos y una gerencia técnica y normativa, que va generando los espacios o las normas que van a impulsar este procedimiento y tres que tienen que ver directamente con el los temas de integridad o de prevención de la corrupción.

Así que bajo esta estructura y con un proceso de denuncias, un proceso de mejora de los controles internos, creo que vamos ai mpulsar el sistema de integridad a lo que nos encontramos abocados.

3.4.3

Pregunta general para los ponentes:

¿Cómo puede un Sistema de integridad público contribuir a reducir la tolerancia hacia la corrupción en nuestras sociedades?

Wagner de Campos: Voy a empezar con un ejemplo de mi ciudad del Brasil. Yo vivo en Brasilia y hace unos veinte años empezó una campaña para cambiar la situación de las personas que morían por accidente de tránsitos por las líneas de peatones. Nadie respetaba las líneas de peatones, entonces empezamos con un programa en mi ciudad,

Pasados los veinte años todos los motoristas, todos los conductores, cuando ven las líneas paran el carro y las personas pasan. Prácticamente este tipo de accidente en mi cuidad se han acabado. Cuando hablo de un programa de integridad yo pienso mucho en eso, es cambiar la cultura, es mostrar a las personas que algunas cosas no son correctas. No es un sistema de sanción o un sistema simplemente de denuncia.

Es un sistema de cambio de cultura, es un sistema que las personas tienen que mirar y hablar sobre ello. Reconocer lo que no es correcto, lo que no es ético.

Pero muchas veces por la cultura que está desarrollada, las personas no tienen el acceso de saber si esto es ético o no. No es sencillo percibir eso. Entonces tenemos que capacitar, tenemos que cambiar y eso lleva tiempo. Para cambiar la cultura de una empresa nos toma entre tres y cinco años. Cambiar la cultura de un país lleva mucho más tiempo. No perdamos de vista que los servidores públicos son personas comunes que ahora están trabajando en el gobierno, no son seres especiales, que tienen una cabeza diferente, no son personas diferentes, no son personas que tienen la misma educación, pero ahora trabajan en el servicio público.

Entonces tiene que haber cambio de procedimientos, cambio de pensamiento, cambio de cultura. Esto lleva tiempo. Por eso trabajamos en mi país en las escuelas, porque queremos que los niños y las niñas durante todo su periodo escolar trabajen la idea de ciudadanía, comprendan qué es lo público, que las ganancias privadas tienen que ser limitadas a un interés público y tengan la idea que muchas de las personas que viven en otros países aún no la tienen, porque viven en la desigualdad social y vive en una serie de características que son prácticamente consecuencias de la corrupción que impiden que cambiemos nuestros comportamientos y nosotros sabemos eso.

Yo pienso que un programa de integridad bien implementado consigue llegar a este punto, este punto importante que es el cambio de la cultura de una organización y de un país.

Humberto Ramírez: Recogiendo las exposiciones anteriores, creo que este es un tema de las personas y creo que el sistema de integridad pública puede contribuir a ello. En esa línea estamos trabajando. La Contraloría está reimpulsando un programa de auditores juveniles, por ejemplo, porque creemos que si no empezamos a formar a nuestros niños difícilmente vamos a lograr tener réditos más adelante.

Quizás el establecimiento de normas y de sanciones sea insuficiente, pero tenemos que ir construyendo desde la base, tenemos que formarlos, hacerles entender y que ellos interioricen que no podemos tolerar de ninguna manera ningún acto de corrupción. Tenemos que hacer que se sientan parte de la sociedad, que sean parte de su comunidad, que participan activamente y eso lo pueden hacer, por ejemplo, a través del programa de veedurías ciudadanas. En estas veedurías hacemos que los propios escolares participen del control y comiencen a hacer conocer y saber reclamar, por ejemplo, cuando sus profesores llegan tarde, cuando el quiosco del colegio no expende alimentos de calidad, cuando los servicios higiénicos no están funcionando, cuando el profesor no asiste o cuando las paredes del colegio están resquebrajadas.

Si empezamos a enseñarles a los niños que tienen la opción de participar activamente en la gestión de su comunidad, de su propio colegio, vamos a empezar a formar gente que más adelante va a cambiar eso, porque desde niños van a saber que es bueno y que es malo.

Pero tiene que ser un cambio profundo y en eso, en este sistema de integridad, quien juega un rol sumamente importante es el Ministerio de Educación. Por eso, si bien la Contralaría tiene un rol de

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control, también impulsa que el propio Ministerio de Educación apruebe políticas y currículos escolares en los que se incorporan estos elementos y se construyan estos tipos de cursos, currículas que lleven también de la mano que los profesores tengan incentivos para llevar a cabo clases o cursos que tengan estos contenidos.

Desde la óptica de la Contraloría podemos hacer un trabajo en conjunto y en esa línea estamos trabajando y por eso soy un convencido de que podemos hacer mucho, y creo que ya se han expuesto muchas ideas que van en esa línea.

3.5 Tema 3: Buenas Practicas o Casos De Éxito 3.5.1

PRIMER PANELISTA - PIERO CORVETTO SALINAS: “Auditores juveniles” y “Postula con la Tuya”

Buenas noches. Quiero agradecer por la oportunidad que me brindan y por la posibilidad de plantearles dos buenas prácticas que enorgullecen a la Contraloría General de la República y en lo particular a la Vicecontraloría de Integridad. La primera está vinculada a un tema estratégico planteado por el Contralor General de la República y la otra, vinculada a un tema importante y coyuntural, la campaña electoral municipal y regional.

Todos estamos de la corrupción, pero cómo hacemos para combatirla para invertir bien en la lucha anticorrupción. Para invertir en un futuro en la lucha por la anticorrupción no hay otra manera que invertir en los jóvenes, en los escolares, en aquellos que en un futuro próximo pueden hacer que nuestras instituciones cambien, que sean diferentes, que nuestros ciudadanos sean bastante más activos de lo que hoy son y esa es parte fundamental de la estrategia que ha trazado el Vicecontralor, Humberto Ramírez y Contralor Nelson Shack: invertir en jóvenes, invertir de manera estratégica, diferenciada.

Nosotros teníamos, y hay que decirlo, un programa que se denomina Auditores Juveniles desde 2009.

Con algunas cifras que en algún momento de la presentación intentare sociabilizar, pero que son bastante disminuidas frente a lo que se está planteando y se viene trabajando, con lo que vamos a potenciar este programa de manera fundamental. Para nuestro Contralor los jóvenes son lo primero, el gran programa que va a ser potenciado el próximo año es Auditores Juveniles y eso porque vamos a dejar de tener una mirada fundamentalmente enfocada en el aula y vamos a ampliarla para que no solo sea importante el aula sino también el trabajo con directores y la formación docente. No podemos pretender influir positivamente en los jóvenes si no somos capaces primero de incorporarnos con una política anticorrupción que sería incluida en la currícula formativa de los profesores de manera transversal.

La política anticorrupción tiene que ser transversal, tanto en el aula, como en los colegios, en el trabajo de los directores, en el trabajo formativo de los profesores. Los jóvenes para nosotros son agentes de cambio y no hay forma de poder combatir realmente bajo este nuevo esquema de la Contraloría, la de una institución que no busca sancionar ni está empeñada en hacer solo controles posteriores. Es necesario

invertir en prevención, en control simultáneo, en controles concurrentes y ese es el norte, y en esa línea venimos trabajando de manera decidida en un programa tan trascendental como el de Auditores Juveniles.

Para que ustedes tengan una idea, nosotros en Auditores Juveniles lo que intentamos es desarrollar aprendizajes, experiencias pedagógicas, intentando que los jóvenes puedan asimilar una cultura anticorrupción, y que puedan también convertirse en los ojos de la Contraloría, en ciudadanos activos que sepan cuáles son sus derechos y también sus deberes.

Por un tema de tiempo, quisiera contarles la experiencia actual y el proceso de fortalecimiento con miras al 2019 de un programa enfocado fundamentalmente en secundaria. A través de los auditores juveniles hemos encontrado problemas en los quioscos, las salas de cómputo, en el combate contra resfríos, temas de vacunación. Hemos encontrado temas que son realmente trascendentales en la línea de lo que estamos buscando. Por ejemplo, por parte de algunos alumnos hemos sido informados de que no se les habían entregado los libros porque estaban guardados para que no se “gasten”. Tuvimos un caso igual con unas computadoras que no se usaban. Nos enteramos de ello por Auditores Juveniles que pusieron los temas en la agenda y pudieron hacer un control liviano interno respecto de lo que venía sucediendo. Entonces tenemos que entrar a cambiar esa lógica.

Hasta el momento tenemos como resultados 32,5000 alumnos y más de 3000 profesores capacitados. Y algo que es fundamental es que estos jóvenes que vivieron el cambio seguramente van a liderar la lucha anticorrupción próximamente.

El 60% de los resultados de las veedurías ciudadanas, de las observaciones planteadas por los propios estudiantes, fueron levantadas casi de forma inmediata por los directores. Eso quiere decir que, si tenemos jóvenes activos, que presentan sus demandas de manera organizada, que pueden articular los problemas, en este caso focalizados en el colegio, estamos absolutamente seguros de que el éxito de la lucha contra la corrupción tendrá éxito.

El próximo año vamos a pasar de 327,000 alumnos capacitados, desde 2009 hasta este año, a más de un millón de jóvenes. Ese salto exponencial lo vamos a dar participando en todas las regiones, presentando diplomados, trabajando de la mano con el Ministerio de Educación. Lo vamos a hacer teniendo presencia en cada uno de los colegios emblemáticos de cada provincia del país, por más alejada que esté. Vamos a preparar profesores y vamos a construir material que pueda ser descargado, tanto por profesores como por alumnos, un material que debe ser elaborado bajo criterios diferentes a los que ya tenemos no solamente con una información actualizada (ustedes saben que la legislación cambia y los mandatos al interior de un Ministerio cambian de manera muy agresiva) sino incorporando de manera transversal una política de interculturalidad.

No podemos darle el joven de la selva el mismo material que al de la sierra y el mismo material que al de la costa. Ni en la misma lengua. Tenemos que trabajar cuando menos en tres o cuatro lenguas.

Tenemos que reconocer que estamos en un país diverso y este es una de las mejores formas de hacerlo.

Por otra parte, quisiera presentarles un programa actualmente vigente. Cómo adecentar la política es lo que podríamos plantearnos, cómo hacemos para fortalecer instituciones, partidos. No lo vamos a hacer solo con reformas constitucionales, ni solo con grandes políticas. Lo vamos a hacer también acompañando esos cambios con campañas de prevención y es en esa línea que en un tema tan sensible como el dinero y la política la Contraloría ha rejuvenecido, le a brindado una dinámica diferente al programa POSTULA CON LA TUYA. Esta es una multiplataforma que cuenta con call center, whatsapp, una línea 0800, correo electrónico, campañas, impresos y otros materiales, relacionados con las siete infracciones que existen por violación de la normativa electoral. Es una campaña, dicho sea de paso, centralizada en advertirle

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al ciudadano, a la organización política, al funcionario público, al colaborador público, a los medios de comunicación, respecto del buen uso de los fondos y bienes del Estado en una campaña electoral.

El ciudadano no soporta más que usen su plata para una campaña, no está dispuesto más a que alguien salga electo con sus recursos, a que un candidato utilice los vehículos, a que otro candidato saque a los funcionarios públicos en horario laboral y los haga participar en un mitin. El ciudadano está harto de que los teléfonos de la municipalidad hoy día están plagados de grupo de whatsapp haciendo campaña.

Y en este contexto en el que no hay reelección estamos en un peor escenario, porque ahora la reelección es encubierta y ya no podemos identificar de manera plena a quien postula. Ahora postula la esposa y la exesposa, el hijo, el alcalde va a teniente alcalde y el teniente alcalde va a alcalde. Ya no postulas en tu distrito, postulas en el distrito del costado, tu gerente, tu principal proveedor esos son los candidatos.

Hoy día es menos evidente, hoy día controlar el mal uso de los recursos del Estado implica tener un ojo más fino y puedo decirles que tenemos, desde 7 de agosto hasta la fecha, 238 alertas, y la mitad de ellas vincula al alcalde con la infracción. Eso quiere decir que el alcalde, postule o no postule, en muchos casos está teniendo una relación directa con el candidato y eso es algo que nosotros como ciudadanos no estamos permitiendo. En esta campaña estamos recibiendo audios, videos, e-mail como elementos que corroboran las denuncias.

Hemos ya suspendido a determinados funcionarios de OCI por no actuar debidamente. Ya estamos interviniendo a través de acciones de control que se van a terminar culminando y asentando en cada uno de los distritos incorporados al plan. Este fin de semana ya estamos notarializando los whatsapp, las llamadas, tenemos toda una recopilación de información en casi tres cuartas partes de las denuncias recibidas.

Tenemos una ciudadanía activa y queremos invitarlos a que esa ciudadanía activa se mantenga. Recuerden ustedes que en dos tercios del país existen altas posibilidades de que haya una segunda vuelta. La elección entonces no termina el 7 octubre. Eso será para autoridades municipales, pero para autoridades regionales esto puede continuar hasta el 9 diciembre. Desde la Contraloría General de la República los invitamos a participar activamente, tanto en Auditores Juveniles, como en el Programa Postula con la Tuya.

3.5.2

SEGUNDO PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS: “TheIntegrityApp”

En Brasil, las personas dicen que en esta vida nada se cría, todo se gobierna. Entonces hemos observado otras iniciativas y a partir de ahí, intentamos mejorar algunas cosas de las nuestras. Cuando por la mañana yo hablaba sobre las dificultades de la implementación de un plan de integridad, teníamos claro que era necesario evaluar el movimiento de la otra administración, esa implementación, saber si la otra administración está involucrada en el trabajo, si las personas, los profesionales, perciben la implementación, si creen que eso va a mejorar la institución. Es necesario que estemos preparados para captar esas percepciones a fin de afinar mis acciones y mis directivas y hacerlas más efectivas.

En el 2017 junto con mi equipo vimos que la Alliance For Integrity, institución vinculada con la GIZ, estaba implementando una aplicación llamada The Integrity APP dirigida a las empresas para que ellas tuviesen la oportunidad de evaluar la situación de integridad corporativa mediante un aplicativo que permitía responder un cuestionario y otorgaba una puntuación de cero a cinco, donde cinco indica un nivel de integridad a implementar en su empresa o institución. No era una certificación. Se trataba de

un mecanismo mediante el cual, después de la puntuación, podrías recibir y obtener algunos manuales y guías que te orientasen para la implementación o la mejora de un plan de integridad.

Cuando vimos aquello, tuvimos la idea de trabajar juntos con la Alliance For Integrity para desarrollarlo en el sector público, dado que estábamos pensando en implementar los planos de integridad en nuestro país. Con esa idea trabajamos juntos y en junio de este año hemos creado el app de INTEGRITY APP para el sector público, que hace una serie de preguntas para que la persona pueda responder. Es importante tener en cuenta que pensamos en tres (3) tableros:

Primero son los funcionarios Públicos que se identifican y llenan el cuestionario y dicen en que órgano trabajan, hacen la verificación y obtienen las respuestas. Después, si la persona trabaja en la implementación de planes en su institución, el también se va para otra clasificación, y nosotros podemos ver a todos los que han rellenado el cuestionario. A partir de allí, comenzamos a tener una idea de cómo las personas perciben nuestro plan de integridad. Por ejemplo, la última vez que yo he visto la situación de los funcionarios de mi órgano que han rellenado este cuestionario, vi que 27 habían rellenado el cuestionario y muchos de ellos, alrededor del 50%, manifestaron que no percibían que las medidas eran comunicadas con eficiencia a las personas o a los empleados. Entonces, teníamos que mejorar nuestra comunicación. Por ello es una herramienta de evaluación muy importante para los que pensamos trabajar con un plan de integridad.

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Este es el concepto. Viene en tres idiomas, español, ingles y portugués, aquí estamos usando el portugués, y tenemos como nota 48 de 100, aquí está el material que está disponible, tanto el material de Alliance como las guías de integridad que hemos desarrollado en nuestro país, por que las personas pueden verificar la situación y lo que puede hacer para mejorar la implementación del plan de integridad.

Hemos dado una mirada general hasta la última semana y hoy estamos en 221 usuarios, pero 69 son de instituciones federales. Estos datos son muy pocos, pero ahora estamos trabajando para hacer una campaña en todos los ministerios, para que incentiven o creen alicientes para que los funcionarios rellenen el cuestionario y vamos a separar por órgano para ver la situación de la implementación.

Porque sabemos que uno de los problemas del plan es que no sirven para nada, tenemos un papel, pero la efectividad es muy baja. Entonces, estamos trabajando y vamos a pasar a utilizar este cuestionario de tiempo en tiempo (estamos por decidir si cada seis meses o anualmente), porque vamos a intentar cambiar la percepción de los servidores respecto de la implementación de los planes.

Este es un primer paso. Como informé en mi última ponencia tengo un plazo del gobierno brasileño que vence el 30 de noviembre para que los 200 órganos tengan su plan de integridad. Entonces vamos a incentivar para que todas las personas rellenen los cuestionarios hasta el 30 de noviembre y después vamos a hacer una comparación.

Y estos datos nos van a servir para validar, para verificar qué tenemos de bueno, qué podemos mejorar y a partir de ahí pretendemos pasar esta app para otros países, para que podamos trabajar con datos de integridad y hacer una comparación entre Perú, Chile, Argentina y otros países de América Latina.

Yo creo que será una oportunidad muy buena y tenemos datos importantes, estoy seguro de que cuando este trabajo empiece en Perú, ustedes van a poder contribuir con otras ideas.

Si un país no percibió alguna u otra cosa, podemos mejorar mendiante esta retroalimentación entre países, tendremos una única herramienta, una única manera de verificar la implementación de la integridad en los organismos públicos en diversos países. Creo que será una buena oportunidad, académicamente podemos discutir y realmente crear mecanismos efectivos de implementación de integridad, y saber si nuestros trabajos están dando resultado para la visión de los funcionarios públicos.

Porque es normal que piense que está todo bien, pero no lo está, cuando pienso que mi plan y mi órgano está muy bien y cuando hago un cuestionario las personas se manifiestan acerca de esto, percibo que tengo muchas fallas y que tengo que mejorar muchas cosas. Esta es la idea de la herramienta y pienso que va a ser una excelente oportunidad y una buena práctica para que empecemos a desarrollar nuestros mecanismos de implementación.

Voy a contar una experiencia: nosotros tenemos como los Fiscales Juveniles una experiencia en Brasil.

Hemos escogido 700,000 mil niños en tres años de trabajo y hoy percibo que un problema grande es que queremos formar a aquel fiscal, a aquel auditor juvenil, pero el profesor tiene que trabajar transversalmente. La escuela tiene que incentivar a los directores. Estoy yendo a Recife la próxima semana porque una organización en Brasil dio la iniciativa privada de la creación de una app llamada TRANSFORMA BRASIL, con el cual es posible gerenciar hasta 500,000 personas voluntarias. En Brasil tenemos 200,000 escuelas y vamos a crear una app en el que vamos a poner a un voluntario ciudadano en cada escuela en Brasil para fiscalizar el programa. Entonces vamos a tener a un profesor con manual y material de alumno y material de voluntario, porque es imposible para nosotros, con nuestras limitaciones, acompañar todo. Porque si los ciudadanos no intervienen en la política pública, la política no va a caminar.

Entonces, después de tres años de trabajo en este programa, que es parecido al de ustedes, creo que es una muy buena idea. Pensar en volver a los ciudadanos peruanos en voluntarios, que ya de por sí tienen una participación muy buena, que tienen este espíritu, es una manera de incentivar esta actitud y hacer que cualquier programa tenga efectividad.

3.5.3

TERCER PANELISTA - FRANK GUTIERREZ: “Oficiales de Compliance en el Fondo Mi Vivienda”

Quisiera agradecer la gentil invitación cursada por la Secretaría de Integridad Pública, por la Contraloría General de República, y también por la GIZ, para compartir esta experiencia de implementación del compliance dentro del Fondo Mi Vivienda.

Hemos escuchado a destacados especialistas referirse a la parte teórica, de cómo los modelos de integridad pueden ser un aliado muy poderoso en la lucha contra la corrupción y de trabajar de la mano con la Contraloría General de la República y otros operadores. Luego también se vieron algunas experiencias comparadas en otros países y la forma cómo estos sistemas integridad han ido aterrizando a nivel macro dentro de sus respectivos ordenamientos jurídicos. Ahora, en lo que corresponde a mi exposición, les voy a contar cómo ha sido el derrotero que hemos seguido.

El Fondo Mi Vivienda es una empresa del Estado y cumple un rol subsidiario de promover y facilitar el financiamiento hipotecario a familias de medianos o bajos ingresos a través del sistema financiero.

Nosotros somos una banca de segundo piso supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros, por la Contraloría General de la República y por la Superintendencia de Mercado de Valores, esto último debido a que para poder financiar estos créditos hemos tenido que salir al mercado de capitales, tanto local como internacional, a través de emisiones de bonos a una tasas bastantes atractivas, para poder canalizarlos a través de las empresas financieras a los beneficiarios finales de estas viviendas. Porque el déficit habitacional en nuestro país es bastante amplio, tanto el cuantitativo como cualitativo, y de alguna manera estamos contribuyendo a reducir esa brecha. Nuestra participación en los créditos hipotecarios a nivel de todo el sistema es de aproximadamente el 20%.

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Nuestra empresa, como cualquier otra sociedad anónima, tiene una alta dirección, órganos de control, órganos de asesoría, órganos de línea, órganos de apoyo. En el caso de los órganos de control hay cinco, uno de ellos el oficial de cumplimiento, que es la oficina que dirijo, pero hay otra oficina cumplimiento, la de cumplimiento normativo e integridad, que luego les voy a explicar de esta dualidad.

Nuestra línea de negocio descansa, básicamente, en tres áreas fundamentales. Una relacionada con la banca del segundo piso, que es canalizar los recursos a través del sistema financiero y dar créditos hipotecarios, con lo cual nosotros nos vinculamos y nos relacionamos con las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, llámese, bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes, cooperativas de ahorro y crédito. Estas últimas, hace algún tiempo no estaban supervisadas y ahora felizmente el Congreso ha dictado una norma ya que las incorpora dentro del ámbito de supervisión de la SBS. Como comprenderán, tanto las microfinancieras como los bancos grandes, si bien están obligados a tener un compliance criminal en materia de lavado, eso no los excluye del riesgo de que puedan tener fallas en sus sistemas y en consecuencia filtrarse operaciones de lavado de activos.

La segunda línea de negocios es la administración de Subsidios. Esto es un encargo, por el que administramos el Programa Techo Propio, que nos ha sido delegado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y que tiene por finalidad canalizar subsidios para que las personas de menores recursos puedan acceder a una vivienda, ya sea para adquirirla, construirla o mejorarla, dependiendo del tipo de necesidad que puedan tener. En esta dinámica nos vinculamos con empresas constructoras e inmobiliarias. En la tercera línea de negocios está la generación de ofertas a través de concursos públicos que desarrollamos para adjudicar terrenos en los cuales se van a desarrollar proyectos habitacionales masivos. Igualmente, aquí participan grandes empresas constructoras, promotores inmobiliarios y, como comprenderán, es un sector muy sensible, muy expuesto al riesgo de corrupción y del lavado de activos, por todo lo que ya conocemos con el caso Lava Jato.

Entonces un poco para explicarles cuál ha sido la evolución de la implementación del compliance dentro del Fondo Mi Vivienda es importante tener en cuenta y hacer una visión holística de la problemática y ver donde estamos situados y porque nosotros como empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros estamos obligados a tener un sistema de prevención antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

Más adelante vamos a hablar sobre el modelo de prevención anticorrupción que es un modelo voluntario, pero quiero empezar por este modelo obligatorio en tanto sujetos supervisados que somos y que ya lo venimos trabajando desde el año 2007.

Si nos fijamos en el Índice de Basilea, donde básicamente se mide el nivel de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo vemos que el Perú no está bien ubicado. Si queremos catalogar de entre 0 y 20, estamos más o menos en un 10.5, y eso que todavía a la fecha no sale el ranking del 2018 el cual probablemente incluya la visita que ha hecho el Gafilat, y toda la problemática del caso Lava Jato. No sabemos si se incrementara o disminuirá el riesgo, pero por lo menos ese es el panorama mundial en el que nos ubicamos. Pero hay países con mayor exposición al riesgo de lavado, como por ejemplo Somalia, Irán, Irak y al mismo tiempo hay otros que tienen menor exposición como Dinamarca, Estonia, Letonia, Finlandia, en general los países nórdicos.

Frente a ello nuestro país ha creado un sistema antilavado, en el cual la lucha ya no es solamente desde el punto vista punitivo o sancionador, si no que ha dado un salto hacia atrás siguiendo la tendencia mundial de los estándares internacionales emitidos por el Gafilat en el cual este acometido no solamente atañe a la Policía y al Ministerio Público sino no a todas las organizaciones e instituciones que tenemos una relación directa con aquellas personas, tanto naturales como jurídicas, que podrían estar canalizando recursos de procedencia ilícita. Estamos hablando de una labor de prevención y eso

es lo que se denomina Sujetos Obligados, y como tales tenemos que tener un sistema de prevención, es decir, un programa de cumplimiento antilavado, que tiene los mismos elementos que los que ya se han hablado y se han discutido en el panel.

Así mismo están las instituciones públicas que proveen de información a la Unidad de Inteligencia Financiera y a las demás unidades de inteligencia financiera que comparten información a través de la cooperación internacional, para que la inteligencia financiera haga su trabajo, elabore sus informes y finalmente los remita al Ministerio Público. Estos son los organismos supervisores. El Fondo Mi Vivienda está supervisado por la SBS, en tanto sujetos obligados y se nos aplica todo el sistema de compliance antilavado. Los tres principales delitos de nuestro país son el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y la minería ilegal. Estos son fuentes oficiales del delito de lavado de activos.

Al respecto, hemos implementado un sistema de prevención de lavado, que no es otra cosa que un programa de cumplimiento un criminal compliance que viene desde el año 2007, que descansa sobre tres pilares fundamentales que son: 1) el conocimiento del cliente, el 2) el conocimiento del proveedor y de la contraparte, estos dos últimos elementos novedosos que hasta antes del 2015 no estaban contemplados y, 3) el conocimiento del trabajador.

En integridad mirarnos hacia adentro porque eso genera un vaso comunicante con los programas de integridad y se engarza con los modelos de integridad de los que se han estado hablando en este evento. Luego está la identificación de operaciones inusuales a partir del registro de operaciones sospechosas, el monitoreo de señales de alerta y eventualmente la comunicación de reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto descansa sobre la base de un programa de capacitación que busca sensibilizar al colaborador en esta tarea de prevenir el lavado de activos y desde luego también hay una supervisión para controlar y asegurar la calidad del sistema.

Respecto del compliance anticorrupción, nuevamente el panorama no es nada auspicioso. Según la encuesta de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el Perú no está bien situado.

En consecuencia, hay una tarea que tenemos que cumplir y que de alguna manera ya se ha venido conversando y discutiendo acá.

En base a ello, en abril de 2016 el gobierno expidió la ley 30424, que posteriormente ha sufrido modificaciones, con lo que se ha buscado alinearse a las recomendaciones de la OCDE para entrar al grupo antisoborno. Pero a lo largo del tiempo ha ido perfeccionándose, mejorándose incorporándose a nuevos delitos y, últimamente, la Ley 38308 ha incorporado los dos últimos, el Tráfico de Influencias y la Colusión Simple y Agravada, que ahora están tipificados junto con el cohecho activo transnacional, el genérico, el específico, el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo. Estos son los tres delitos que ahora están dentro del radar de esta norma. Esta misma norma establece un modelo de prevención que es un eximente de responsabilidad a la eventual responsabilidad en un delito por parte de la empresa y este eximente obviamente va a requerir de un modelo de prevención que tenga una serie de componentes y que ayude a mejorar el compliance dentro de la organización.

Para poder implementar este modelo de prevención tuvimos la asistencia de una consultoría externa que en base a nueve etapas o fases nos permitió poder diseñar un modelo de prevención de la corrupción, el fraude y otras prácticas cuestionables. Si se percatan, este es un modelo distinto al antilavado que les he presentado, puesto que está más enfocado en temas de corrupción, como lo vuelvo a repetir, fraude, tanto interno como externo, y otras prácticas cuestionables como puede ser el caso del conflicto de intereses, Lobby, puerta giratoria, entre otros.

En base a ello, se hizo un trabajo primero de determinación del contexto, de levantamiento de procesos y procedimientos críticos, se sugirieron entrevistas con personajes claves, se analizó la información, se

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hizo un benchmarking de los principales modelos de prevención e integridad que existen en el mundo y, sobre la base de ello, se estableció un modelo de referencia para establecer cuáles eran las brechas que tiene actualmente la organización. A continuación, se hizo una evaluación de los riesgos de estos procedimientos críticos para determinar precisamente los principales procedimientos que están expuestos a los riesgos de la corrupción dentro de la organización. Finalizamos con la aprobación de un modelo de integridad, tanto para prevenir el fraude y la corrupción y otras prácticas cuestionables. Lo interesante es que este modelo de integridad está asignado a otra área, que es la oficina de Cumplimiento Normativo e integridad.

Los nueve elementos de este modelo de prevención son muy similares a los que están actualmente en el plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, y fue un gusto estar alineado a ese plan y de poder decir que estamos en la ruta. Aún la Ley 30424 no se ha reglamentado, pero por lo menos ya estamos en la ruta porque de eso se trata, de no quedarnos de brazos cruzados si no de ir avanzando, estar siempre un paso adelante porque la corrupción lo está. Si nos dormimos o no estamos, vamos a exponer a un mayor riesgo a nuestra organización y sobre todo lo que va a pasar es que nuestro valor reputacional se vea perjudicado y todos los demás riesgos que se puedan encontrar.

Finalmente, permítanme referirme a algunas dificultades que encontramos al momento de implementar el modelo. Una de ellas fue la resistencia al cambio, puesto que son más obligaciones, es mayor presupuesto, se dice que el Oficial de Cumplimiento es muy cargoso porque pide que llenen tales documentos, declaraciones juradas. Además, es otro órgano de control, que no se entiende si ya existe la OCI, la auditoría interna, la oficina de riesgos. Allí es por tanto muy importante el liderazgo del Oficial de Cumplimiento, a fin de que tenga una llegada y una comunicación directa y muy eficaz con la Alta Dirección, porque la Alta Dirección se tiene que comprar el tema. No por miedo a la sanción sino por el aporte de valor que va a generar para la institución.

3.5.4

CUARTO PANELISTA - PAUL MILLER: “Lobbying”

Purpose is to share the learnings of the US lobbying, so you guys can work in proper lobbying laws for your countries. Even with all the flaws, the US still have the best system because we have the right to petition our government, its written in US constitution. Its encouraged to lobby/petition our government for things that are important to you. Even though its written in the constitution how to make laws, and how it is supposed to govern, it necessarily doesn’t work as it is intended today, that’s why lobbying and petition are important to demonstrate what we feel it’s important for us.

There is a stigma around lobbyist that they are corrupt, go to parties in order to get influence, truth is there is a lot of studying in order to give the American people a voice and play a role in trying to educate our government, other wise the government will make decisions on our behalf. Because of the stigma there is a lot of unregistered lobbyist and calling themselves something else.

They are professionals that know how to navigate the system and trying to get the peoples voice heard.

Typically, those who has the most money has the loudest voice, using NRA (National Riffle Association) as an example, we´ve been struggling in making progress for good gun laws, because of how big and how much money the NRA has. When a government official campaigns, they are solicited by special interest groups who want to provide large campaign contributions this is similar to lobbying Its up to the government officials to follow the big money or to follow the constituent’s interests.

There are lobbying for everyone in this country, people think that it is more controlled by big companies but its not true, the constituents have more influence these days.

The most important role of a lobbyist is to effectively communicate your position

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Theres all kinds of lobbyist, his job (Paul Miller) is to find the right lobbyist for your needs. Right now one of the problems is that politics is getting in the way and its governing our policies.

There is a crisis going on and they are trying to change lobbying rules and laws

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3.5.5

Preguntas a los panelisas:

A Wagner De Campos: ¿Considera usted que The Integrity APP contribuye al proceso de pasar de un enfoque de gobierno electrónico a un enfoque de gobierno digital, aconsejado por la OCDE? No. Yo pienso que es importante tener un gobierno digital, pero solamente es una app que tiene el objetivo de hacer una evaluación del programa. ¿Contribuye? Seguro que contribuye, porque cuando conseguimos poner los datos de manera digital hoy tenemos mucha información y para gestionar esa información sería imposible si no fuera de manera digital.

Tenemos una inversión muy grande en este tipo de actividad, pero yo pienso que la recomendación de tener una gestión en la parte digital es mucho más profunda y es mucho más grande el objetivo. La app contribuye, seguro que sí, pero para mí no es lo principal, tenemos otras iniciativas que son más importantes que trae esta gestión de gobierno para el área digital.

A Frank Gutiérrez: Más allá de las obligaciones que se desprenden de las normas legales y compromisos internacionales, ¿cómo se logra comprometer al personal de la entidad con un modelo de integridad pública? ¿Cómo institucionalizar la cultura de integridad en una institución?

Muy buena pregunta. Voy a hablar desde mi experiencia. Al inicio fue todo un reto y lo digo porque estamos hablando de una empresa pública, donde si bien es cierto la estructura es similar a la de una empresa privada, tiene un componente político y sobre todo que nosotros administro subsidios y canalizamos recursos hacia las familias que tienen déficit habitacional y función a eso a nosotros coordinamos bastante con el Ministerio de Vivienda, porque estamos adscritos al sector Vivienda, sin embargo a pesar de que no se entendía en sus inicios muy bien la lógica de un programa de cumplimiento y del aporte de valor que iba a generar, fue una tarea muy importante.

Lo primero fue convencer a la Alta Dirección, al presidente de directorio, los directores y a la gerencia general. Porque si la cabeza no está comprometida, y creo que ya lo han dicho acá, y el oficial de cumplimiento no está empoderado, el programa no avanza. No se trata de de implementar un modelo prevención por miedo a la sanción sino, por el contrario, por el aporte de valor, por la mitigación de los riesgos legales, reputacionales, operacionales, de concentración, de cumplimiento normativo, y todos los relacionados con el tema del compliance. Se trata de generar y depositar esa confianza en el líder que va a articular a todas las áreas porque es una tarea de todos.

Ya se mencionaba que hay 3 líneas de defensa. La primera es el Front Office, que tiene la vinculación con el cliente y el proveedor de la contraparte. La segunda línea de defensa, somos los órganos de control, el oficial de cumplimiento, y la tercera son los auditores. Entonces tiene que decantar ese empoderamiento hacia todas estas áreas.

El otro componente importante es la capacitación. Pero no una capacitación por capacitar, sino que la capacitación debe centrarse, primero, en conocer bien la organización, el pensamiento de los colaboradores; segmentar a los colaboradores porque no es lo mismo dirigir el mensaje a la alta dirección, a los funcionarios de rango medio y a los niveles más inferiores. Se debe tratar de utilizar un lenguaje que les permita poder entender y comprender la importancia del compliance.

Algo que me ha dado resultado es que no solamente se cumple el compliance porque estamos dentro de la organización sino también por la importancia que tiene en sus propias vidas. Normalmente, solemos poner ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando compro un vehículo, alguien me quiere pagar al contado sin utilizar un medio de pago o cuando se presenta un dilema ético del tipo “hay una persona que tiene un familiar y que quiere ser proveedor”. Entonces nos pregumentos ¿Qué tengo que hacer, lo tengo que revelar no lo tengo que revelar?, ¿hasta qué punto lo tengo que hacer? O si, por ejemplo, estoy vinculado con alguna empresa constructora, o trabajé con una empresa constructora, qué debo hacer. Hay una serie de dilemas éticos que nosotros también manejamos.

Entonces llegar a ellos haciéndoles ver la importancia del compliance dentro de la organización, dentro de la institución y dentro de su propia vida, es muy importante. Evita, además, teorizar demasiado, porque cuando teorizas demasiado y das muchos conceptos, las ideas se quedan flotando. Entonces lo que se busca es hacerlos intervenir y debatir y al mismo tiempo sensibilizarlos hacia fuera porque es una forma también de educar, porque así también ellos en sus casas con sus hijos y con sus familiares también difundirán el tema de la lucha contra la corrupción, porque esta no es una tarea solamente de la organización, si no es una tarea de todos los peruanos, de todos los que estamos aquí presentes.

Entonces en la medida de que el expositor, el capacitador pueda llegar a esa fibra del colaborador y sensibilizarlo, a tal punto que a su vez sea un vocero de la misma institución hacia fuera, hacia los clientes, hacia los demás stakeholders, inclusive hasta dentro de su propia comunidad y su familia, se habrá logrado internalizar el tema del cumplimiento y podemos asegurar de que este programa va a funcionar. Porque sobre todas las cosas el tema del compliance trasciende la norma, es más que el cumplimiento de la norma, es una filosofía, es un estilo de vida, es una forma de sentirlo, uno lo tiene que vivir de esa manera para poder entender su importancia. Luego viene, digamos por accesoriedad, el apoyo logístico, el apoyo a la infraestructura, el dotar de recursos a todo el programa de cumplimiento para que camine.

3.6 Cierre de la conferencia PALABRAS DE CIERRE DEL VICECONTRALOR HUMBERTO RAMIREZ TRUCIOS Señor Henry Ara Peréz, Contralor General del Estado de Bolivia; Señora Susana Silva, Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; Señor Hartmut Paulsen, Director del Proyecto de Apoyo a la Implementación de las Recomendaciones de la OCDE en el área de Gobernanza de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ; señores y señoras.

En principio la Contraloría General de la República les agradece la presencia a todos ustedes por esta intensa jornada, la cual ha iniciado desde las primeras horas del día y ha presentado cuatro paneles divididos en tres temas respecto a la Integridad Pública y la Lucha Contra la Corrupción.

Las ideas presentadas durante esta conferencia internacional ayudan a fortalecer cada una de las herramientas instituciones de prevención y lucha contra la corrupción en el Perú, ya que tienen incorporadas en su administración pública la necesidad de su implementación. No se trata de reemplazar o de desplazar esfuerzos si no de organizarlos, de articularlos, de potenciar la eficacia de todos como un sistema. Así lo aconsejan las recomendaciones de la OCDE. Ello permitirá, como lo demuestran las experiencias de países que conforman la OCDE, contar con compromisos y liderazgos de alto nivel fortalecidos, identificar y tratar riesgos de corrupción, contar con asesorías y con orientación para dicho tratamiento y gestión de los riesgos, atender y canalizar adecuadamente las denuncias, fortalecer la

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transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana, así como diferenciar adecuadamente los roles y competencias institucionales.

La Contraloría General de la República ha tomado iniciativas y desplegadoesfuerzos para fortalecer alguno de los elementos del Compliance Público e Integridad en el Perú, por ejemplo, a través del control concurrente, a través de programas como “Postula con la tuya”, a través de otros monitoreos ciudadanos, a través de las distintas iniciativas que se han presentado hoy.

Para combatir la corrupción no solo se requiere contar con un adecuado marco jurídico que regule el lobby, la gestión de intereses, y transparencia, si no que se necesita apuntar hacia un nuevo enfoque que busca fortalecer y dinamizar la participación de la sociedad civil para dotar de credibilidad al modelo de integridad.

Las experiencias compartidas por los distinguidos y distinguidas panelistas sobre los sistemas de integridad en otros países y buenas prácticas o casos de éxito resultan sumamente valiosos para la reflexión que estamos iniciando en el Perú. El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción es un excelente hito. La coyuntura es un desafío, nuestra voluntad institucional un poderoso y insumo y la ciudadanía nuestra mayor motivación.

Quiero agradecer también a las instituciones y grupos humanos que han hecho posible el logro con éxito de esta conferencia internacional, al equipo organizador por cierto de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, a la Secretaría de Integridad Pública, a la Escuela y a todos los funcionarios y servidores de la Contraloría General de la República que han hecho realidad el evento del día de hoy.

Muchas gracias por nuestra parte y espero que tengan un buen final de día. Gracias.

PALABRAS DE DESPEDIDA DE LA SECRETARIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA, SUSANA SILVA HASEMBANK Gracias a todos los que han permanecido todavía aquí, a pesar de la dura jornada. Muchísimas gracias a la Cooperación Alemana, a Fiorella, a Hartmut, Erika, Víctor, Jessica, a todos los que nos han estado apoyando desde hace mucho tiempo y que apostaron en realidad por nosotros, por trabajar, por apoyar este concepto de modelo de integridad, que desde hace mucho tiempo hemos venido impulsando y que finalmente se logró plasmar en el plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.

Muchas gracias también a la Contraloría General de la República, en la persona no solamente del propio Contralor, el señor Nelson Shack, al Vicecontralor, y a todos los amigos de la Contraloría, a Piero, a Patty y en fin tantos amigos, tendría que nombrar a tantos amigos de la Contraloría de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y por el ánimo siempre de sumar.

Hace unos meses, el 22 de abril se creó la Secretaría de Integridad Pública. Este fue un paso sumamente importante porque nunca antes había habido una instancia dentro del aparato público que tuviera una rectoría y que tuviera además la capacidad para brindar normas, establecer parámetros claros, directivas en lo que se refiere a los temas de integridad pública. Hoy día la tenemos. Fue una apuesta de varios que hemos estado detrás de este tema, entre ellos la propia Secretaría de Gestión Pública, con la señora Mayen Ugarte, a quien agradecemos todo el apoyo. Una de las primeras tareas que tuvimos fue como les digo, diseñar este modelo de integridad pública, tomando como referente, como ya indiqué, las recomendaciones de la OCDE, las recomendaciones del informe de Integridad Presidencial, el informe o los principios del G20. Hoy día ya poco a poco comienzan a adoptar las distintas entidades este modelo y a implementarlo y a crear sus oficinas de integridad institucional.

Vamos caminando. Tenemos poco tiempo, pero estamos caminando a paso acelerado, a pesar de los pocos recursos y el poco personal. De verdad un agradecimiento también a mí personal, a Eloy y Mariela por todo el apoyo, a Rosita, un agradecimiento a Federico.

Solamente debo agregar que acabamos de sacar un conjunto de normas en el marco de las facultades delegadas, referidas a la corrupción privada, extinción de dominio, modificación de la Ley 28024 y el Decreto Legislativo 1353. Hoy tenemos una nueva regulación sobre gestión de intereses y vamos a trabajar en el reglamento para regularlo de manera adecuada. Además, con mucho apoyo afortunadamente del sector privado, hemos regulado por primera vez la Declaración Jurada de Intereses, con lo cual estamos sumamente contentos.

La tarea es titánica y vienen otras cosas más en las que vamos a necesitar el apoyo de ustedes, de la Contraloría principalmente, de Servir, de muchas entidades que están involucradas en el trabajo cotidiano y sobre todo nuestros aliados permanentes que son los jefes y los miembros que trabajan en las oficinas de integridad institucional. Tenemos el reto de regular y perfilar mejor qué se puede y no se puede recibir como obsequio en el aparato público. Esa es una deuda pendiente en el país. En fin, son varios temas pendientes de definir mejor, entre ellos, cómo se van a consolidar las oficinas de integridad institucional, el rol de las denuncias, entre otros.

La tarea es bastante ardua, el monstruo es gigantesco, pero para nosotros la Integridad es mucho más que decir no a la corrupción, es tratar de alcanzar los mayores estándares hacia lo que es la corrección, la rectitud, la probidad dentro de la administración pública y en eso estamos.

Muchísimas gracias.

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4 Taller de Reflexion, Análisis y Propuestas: Institucionalización de las Oficinas De Integridad: Hacia un Modelo de Integridad en la Administración Pública en el Perú 4.1 Palabras de bienvenida de la Señora Nathalie Ingaruca Ruiz – Directora De La Escuela Nacional De Control Buenos días, equipo de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Equipo de Cooperación Técnica Alemana GIZ, funcionarios de la Contraloría General de la República, y servidores públicos de las diversas entidades del Estado, señores expositores.

La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República está muy complacida de tenerlos aquí presentes y compartir con ustedes este tipo de experiencias, lo que no hubiera sido posible sin el apoyo de la GIZ. El objetivo de este taller es que cada uno de nosotros en cada uno de sus espacios podamos complementar nuestras experiencias e implementar lo que vamos aprendiendo, en el marco de una estrategia de lucha y prevención de la corrupción que nuestro país viene Implementando

4.2 Presentación “Los Principales Problemas Vinculados a la Implementacion de los Modelos De Integridad”, por Susana Silva Hasembank – Secretaría De Integridad Pública Muy buenos días con todos, muchas gracias por estar aquí y continuar apoyando en la consolidación del modelo de la integridad. Con muchos de ustedes hemos trabajado en un taller con Frédéric Boehm, identificando los principales problemas alrededor de la implementación del modelo de integridad y, sobre todo, de las oficinas de integridad institucional. De ese taller y de nuestras comunicaciones con las oficinas de integridad que ya existen hemos identificado determinados problemas que es necesario abordar para una buena implementación de estas oficinas. Entonces qué mejor que en este espacio en donde tenemos a expertos internacionales que nos pueden orientar desde su experiencia y conocimiento, cómo abordar en Perú el Modelo de Integridad o Compliance Público.

Un primer punto que hemos identificado está vinculado a la falta de claridad que todavía existe respecto del papel de las oficinas de integridad institucional. Quizás algo previo a considerar es lo que ayer Adán Nieto señaló en su presentación cuando decía que en su concepto estas oficinas de integridad institucional y estos modelos de integridad institucional no deberían ser optativos, sino que deberían ser obligatorios dentro de la administración pública. Quizás en algún momento nos podrá él detallar mucho más sobre esto. Sin embargo, el modelo peruano no responde a esa lógica porque recuerden que el Decreto Legislativo 1327 nace mucho antes de todo esto con la idea de convertirse en el compliance público, pero fue desvirtuado y desnaturalizado en el transcurso.

Entonces las oficinas de integridad institucional existen, pero no se tiene mucha claridad sobre su rol. Algunas entidades tienen, por ejemplo, un rol orientador y de recepción de denuncias, pero también una mirada muy punitiva, como el caso del Ministerio del Interior, que inclusive tiene capacidades de investigación, que forman parte luego de los procesos administrativos disciplinarios.

Sin embargo, hay otras oficinas de integridad institucional que están desarrollando, a la luz del Decreto Legislativo 1327, más bien una lógica de acompañamiento, de orientación, es decir, reciben denuncias, pero lo hacen más para acopiar alguna información y derivarla a los entes respectivos, como ocurre, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, que tiene muy bien desarrollo su esquema y también el Ministerio de Justicia. Entonces en esta línea lo que tiene que hacerse desde la Secretaría de Integridad Pública es expedir lineamientos y directivas, y orientar mejor, es algo que ya nos están pidiendo.

Otro aspecto importante, muy sensible en realidad, es que en la lógica del compliance, que imprime o debe imprimir el desarrollo de las oficinas de integridad institucional, un elemento clave es que aquellas oficinas de integridad institucional deberían estar ubicadas al mayor nivel dentro de la estructura organizacional de la entidad. Eso ocurre en el caso del Ministerio del Interior, aunque en realidad es el único caso, pues en los demás ministerios están por debajo de la Secretaría General. Debo aclarar que ello no es porque lo hayan querido así sino porque han seguido algunas disposiciones dadas por la Secretaría de Gestión Pública.

Pero dada esta situación, lo que buscamos ahora es tener uniformidad, un consenso para trabajar y dar lineamientos desde la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Esto es un punto esencial. Sabemos también que las oficinas de integridad de las empresas públicas no son autorizadas por la Secretaría de Gestión Pública sino por Fonafe, que es la entidad que autoriza la modificación de su Reglamento de Organización y Funciones como en el caso de EsSalud, el Fondo Mi Vivienda, y Petroperú, las oficinas de integridad institucional dependen directamente de la Alta Dirección. De manera que se puede observar una división respecto a las Oficinas de Integridad.

Otro punto importante que hemos rescatado en el taller anterior es la complejidad de la implementación de las Oficinas de Integridas. Todavía no se entiende que las acciones contenidas en el modelo de integridad que debería tener toda entidad pública, no necesariamente deben ser todas de responsabilidad de las oficinas de integridad. Al contrario, las oficinas de integridad deben tener un rol de articulación respecto de todos los componentes del modelo de integridad mas no un rol ejecutor. Este es un punto que genera todavía alguna confusión, más allá de las orientaciones que se vienen dando dirigidas a conformar un sistema funcional en materia de integridad.

Ayer, por ejemplo, más de uno ha referido el sistema de integridad, sin embargo, nosotros no tenemos como tal un sistema creado bajo la lógica de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que señala cómo se deben conformar los sistemas funcionales o administrativos. En este caso nosotros sí apuntamos y apostamos por tener un sistema, siguiendo además las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad y, de alguna manera también, las del Informe de la OCDE sobre integridad en el Perú.

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Aunque como sistema funcional, el tema de integridad no este creado en las normas lo expresado en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el decreto supremo que crea a la Secretaría de Integridad Pública, le asignan un rol rector a dicha Secretaría por lo que es necesario definir de manera más clara el rol que existe entrela SIP y las Oficinas de Integridad Institucional.

Entonces, debemos definir de manera mucho más clara el rol que hay entre la Secretaría de Integridad y las oficinas de integridad institucional. A grandes líneas, esos son los puntos que salieron a la luz en la reunión anterior y que nosotros en este espacio vamos a trabajar hoy.

4.2.1

PRIMER PROBLEMA: “AUSENCIA DE CLARIDAD ACERCA DEL ROL QUE LAS OFICINAS DE INTEGRIDAD DEBERÍAN ASUMIR”

Antecedentes Subsiste entre las actuales Oficinas de Integridad Institucional poca claridad sobre el rol que deben realizar dentro de las entidades. Es de esta forma que se pueden identificar básicamente 2 modelos.

El primer modelo, reconoce a estos espacios como instancias principalmente de investigación, con capacidad para recibir denuncias, analizarlas e incluso con facultades de investigación del incumplimiento de responsabilidades administrativas. Estas oficinas fueron consecuencia de la Estrategia Anticorrupción establecida con el Plan Nacional de Integridad lucha contra la Corrupción 2012-2016. Este primer modelo destaca por un rol de investigación y persecución de faltas administrativas. El principal ejemplo de este modelo es la actual Oficina de Integridad Institucional del Ministerio del Interior.

El segundo modelo, nace a consecuencia de la aprobación del Decreto Legislativo 1327 y su reglamento, normas que sugieren la creación de Oficinas de Integridad Institucional en las entidades públicas, encargadas de recibir denuncias, pero no atenderlas, otorgar mecanismos de protección a los denunciantes de actos de corrupción y articular funciones de integridad. Este segundo modelo destaca por su rol articulador y de acompañamiento. Como ejemplo se puede mencionar la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - INTERVENCIÓN Uno de los principales temas que ya se señalaron es el inmenso abanico que hay desde el rol orientador hacia el rol punitivo, y esto genera entre las personas que estamos implementando las nuevas oficinas de integridad cierta desazón sobre hacia dónde conducirnos. Otro tema que no está muy claro y sobre el que hacemos mucha incidencia es el rol preventivo, justamente aquel sobre el que debemos poner énfasis. ¿Cómo incorporar el rol preventivo?

ASISTENTE DEL PÚBLICO - ANA TALAVERA - DIRECTORA DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.

En el caso del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, nuestro Reglamento de Organización y Funciones faculta a su oficina de integridad a realizar las siguientes actividades: 1) la atención de denuncias para acopiar información y derivarla a las instancias pertinentes; 2) el seguimiento del plan anticorrupción a nivel sectorial; las visitas inopinadas a los diferentes programas y áreas del ministerio a fin de identificar riesgos que nos permitan formular recomendaciones para mejorar la gestión, 3) el seguimiento de la implantación del sistema de control interno dentro de la institución, y 4) los talleres de sensibilización que hacemos y donde damos a conocer la política anticorrupción, el plan anticorrupción, el sistema de control interno, transparencia, gobierno abierto y aspectos vinculados a la modernización del estado.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - FIORELLA MORENO JEFA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA, ETICA PÚBLICA Y ANTICORRUPCION DEL MINISTERIO DE EDUCACION Soy jefa de la Oficina de Transparencia, Ética pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación, y tengo interés de que se aclare el marco normativo respecto del rol de las oficinas de integridad, particularmente, el numeral dos, del inciso 2.1 del reglamento que señala que “las oficinas tienen como función evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias hasta donde llegar esa evaluación concordado con el numeral cuatro punto seis que habla la verificación del cumplimiento de los requisitos de la denuncia, porque indica de que en el ningún caso implica una evaluación o calificación de la denuncia”. ¿Hasta dónde llegamos como oficina de integridad respecto de la investigación y evaluación de las denuncias?

ASISTENTE DEL PÚBLICO - CARLOS VELARDE - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Además de lo que han dicho los colegas, ¿cuál debería ser el rol o alcance de las oficinas de integridad en la promoción de procesos de capacitación y formación de servidores públicos en temas de integridad y prevención de la corrupción?

RESPONDE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM Creo que aquí el gran tema es de las denuncias y allí ustedes tienen una oportunidad de clarificar esto porque ahora están en el momento de rediseñar el sistema. Lo que observamos es que existe una cierta tensión entre prevención y la aplicación de la ley, que para mí incluye el tema de recepción de las denuncias. Al respecto el tema de los incentivos es clave y creo que hay una tensión.

Si ustedes como unidad de integridad reciben denuncias, por un lado, están creando expectativas con quienes las mandan, pues si soy un funcionario y mando una denuncia a la oficina de integridad, de cierta forma estoy esperando que las resuelvan y quiero un resultado. Sin embargo, las oficinas no tienen esa facultad. Entonces hay dos opciones, o se les da esa facultad y se vuelve una institución investigadora, como una policía interna, lo que genera un segundo reto, que es la escasez de recursos, o no tienen tiempo y recursos para hacerlo todo. Y como bien lo vimos ayer en el análisis, lo que falta en Perú y muchos otros países es pasar a una estrategia más preventiva.

El lado preventivo no se ha trabajo mucho y es mucho más que capacitar y, desafortunadamente, en muchos países cuando se escucha “prevención de la corrupción”, uno piensa en capacitar y no es eso, no es solamente eso es mucho más que puede hacer.

El tercer punto, y con eso termino, lo que observamos es que el tratamiento de denuncias toma bastante tiempo, por ejemplo, en unidades de México o Argentina vemos que - no es un numero científicamente exacto, pero 70% u 80% de su tiempo lo pasan analizando recibiendo denuncias o articulando su atención. Lo que pasa es que es muy poco tiempo para hacer muchas otras cosas que podrían hacer como unidad de integridad.

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RESPONDE PANELISTA - ADÁN NIETO MARTÍN Yo hablo más desde la perspectiva de quien ha tenido experiencia en empresas en la implantación de programas de cumplimiento y no tanto en administraciones pública. Entonces mi visión es de organización privada y no de organización pública. Primero habría una cuestión, el universo de organizaciones públicas a los que nos estamos refiriendo es muy grande, entonces intentar dar un patrón general que sirva desde un departamento de policía, hasta un ministerio es muy complicado. Entiendo que no estamos en el diseño muy general, y que probamente hagan falta muchos talleres y seminarios para ir viendo en cada organización administrativa, como diseñar la oficina de cumplimiento - vamos a llamarlo así o integridad - qué funciones debe tener, etc.

Habría una cuestión de si es un órgano unipersonal, o si es una especie de comité de ética, y allí el primer debate sería quiénes lo componen. Después pasamos a las funciones, y allí me parece percibir que hay un cierto acuerdo en este punto, en que tienen que tener funciones preventivas, que serían, en primer lugar, la confección del mapa de riesgos de la entidad, lo que conlleva también la evaluación de los controles que existen y la implementación de nuevos controles para reducir un riesgo a límites razonables. Una segunda función sería recibir consultas en torno al código ético de la entidad o al código ético general, y ser receptivo en relación con los problemas de cumplimiento que tengan las personas que estén ahí, pues no se le puede dejar solos ante el peligro, sino que tiene que tener un contacto muy fluido no. La tercera función preventiva es diseñar o coordinar la formación; también esto depende de si estamos ante un departamento muy pequeño o muy grande, porque dependiendo de eso las funciones pueden ser distintas.

Tiene que asegurase también que en cada proceso o actividad donde haya un riesgo debe haber un responsable de controlarlo, y luego alguien, que a mi juicio debe ser el directorio, debe estar encargado de redactar el plan periódico de prevención de la corrupción, que es el programa donde priorizamos las actividades. Porque, a fin de cuentas y tal como yo lo entiendo - repito desde la perspectiva empresarial - esta oficina de cumplimiento, oficina de integridad no es sino un delegado del directivo principal de la entidad para realizar esta labor porque, y eso hay que dejarlo muy en claro, la principal responsabilidad de implementar el plan de prevención de la corrupción la tienen los máximos responsables de la entidad.

Otro tema importante, dentro de la función preventiva, es la organización de la documentación, que será útil, entre otros, para comprobar la trazabilidad de los distintos controles.

Por otro lado, están las funciones represivas o de detección. Al respecto, lo primero que ignoro en relación con Perú es si tienen una legislación que proteja eficazmente al denunciante. Este tema es muy complejo porque es difícil promover la denuncia cuando después vamos a tener que dejar solo al denunciante. Actuar así es bastante irresponsable. Entonces, creo que habría que tener un buen marco de seguridad jurídica para los denunciantes, y después poner en marcha los canales de denuncias. En cualquier caso, la principal función de la persona que administra el canal de denuncias sea la oficina de integridad o sea un tercero, es la protección del denunciante; colocarte de parte de esa persona y hacer valer sus derechos porque algún defensor debe tener el denunciante.

Por eso yo separaría la fase de recepción de denuncias, de la fase de investigación y sanción. Porque además esto genera conflictos de intereses: no te puedes convertir a la vez en el gran defensor y baluarte del denunciante, defendiendo su confidencialidad y, a la vez, ser el que investiga. En algún punto esto puede generar tensiones. Entonces, lo que me parece adecuado, y creo que en una administración pública o en compliance público esto tiene más sentido, es separar las fases preventivas de las fases represivas, de investigación y sanción.

Porque además el derecho disciplinario público tiene una lógica muy diversa al derecho disciplinario laboral. El derecho disciplinario laboral, como empresario, si yo quiero lo empleo, si yo quiero no lo empleo; la información que yo obtengo en mi investigación, como empresario, si yo quiero se la transmito a la administración de justicia, o puedo no hacerlo. No estoy obligado a declarar contra la empresa o contra mí mismo poniendo en conocimiento de los jueces o de la policía la información de una investigación interna. Esto no ocurre en la administración pública; allí, por el contrario, existe el deber de que si esa información es constitutiva de un delito estoy obligado a trasladarla inmediatamente al procurador, a la policía, o a quien corresponda, para que investigue penalmente los hechos.

Por esta razón veo aún más lógico que en el compliance privado, que en el compliance público la oficina de integridad se aparte en la medida de lo posible de las funciones represivas de detección y sanción y que se concentre en las que tienen un carácter más preventivo. Esto genera mucha más confianza porque lo peor que puede ocurrir es que las personas de la organización acaben percibiendo a la oficina de cumplimiento como una especie de policía interna o de asuntos internos, porque esto genera una reacción en los funcionarios: la de ocultar información. Y de lo que se trata es de justamente crear el clima contrario: que estén abiertos a oírme, aunque los que ellos vayan a contar esté en el filo de la navaja, porque las situaciones vinculadas con corrupción son complicadas. Entonces, para crear este clima de diálogo es mejor apartar todo lo que tenga que ver con investigación y sanción de la recepción de denuncias.

RESPONDE PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Adán, porque en Brasil nosotros tenemos la oficina de integridad solamente para organizar las cosas; esta no tiene la responsabilidad de sancionar y tenemos separado el sistema de sanción del de responsabilización.

Hay un sistema con una unidad específica en cada ministerio, en cada órgano, con una orientación general que viene del área de nuestro ministerio. Después hay un área de control, un sistema responsabilización y un sistema de canales de denuncias, y hay otra área específica también sobre conflicto de interés. El área de cumplimiento solamente verifica si todos están funcionando, y no es la responsable por aplicar las sanciones. Eso hace que diferenciemos la investigación de la sanción, y que no tengamos la idea de una policía interna.

En Brasil estamos empezando y no puedo decir que este sea el camino, pero pienso que esta organización es mejor, porque se quita esta responsabilidad a las oficinas de tener que ser en a la vez el amigo que orienta y la persona que sanciona, porque esto complica la implementación y de todos modos va a generar problemas.

RESPONDE PANELISTA - SILVIA SPÄTH There’s not that much to add and I could agree to the previous speakers because I can ensure you that corruption prevention is a network , so it’s not only that you have to promote prevention, you also have to convince people that they can come to you and tell you about ethical dilemma and things like that, this was the reason why we separated this function in Germany, so upon the questions she can receive she can receive questions on ethical dilemmas , she will try to help you solving these dilemmas … I’m sure that not that much people would call if they, or, if we would be in an investigating body, so I can only recommend you concentrate on the corruption prevention. As I said yesterday this is a kind of protective role towards your staff and leave the investigation to those who have learned it and who are more skilled than the staff who’s still in prevention. Even I’m a police officer, I think I’m better in preventing work in prevention work than in investigating. Thank you.

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RESPONDE PANELISTA - GONZALO GUERRERO Muy buenos días. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Solo quiero puntualizar un par aspectos.

Estamos hablando desde la perspectiva de lo ideal, pero en países como los nuestros también tenemos que tener presente la escasez y el hecho de que a veces las oficinas de integridad podrían estar duplicando funciones de otras instancias. En el caso de chile la Contraloría General de la República tiene aquella función, me imagino que acá en Perú, por lo que conversábamos el día de ayer, también existe una función similar de auditoría, una auditoría interna y externa. E Esto genera ineficiencia, duplicación de funciones y también peleas internas entre distintos órganos al momento de terminar quien es el responsable de llevar a cabo la política integridad, y desde esa perspectiva es mucho mejor concentrarse en la prevención, ajustarse a los recursos internos, a la política organizacional, y después, dejar, que, otro ente, generalmente con mayor independencia y con mayor profundidad y especialización al momento de aplicar las sanciones lo haga de manera más precisa.

RESPONDE PANELISTA - ADÁN NIETO MARTÍN Es interesante la cuestión de que en una organización puedan existir personas que ya estén haciendo lo mismo, es decir, que la prevención de la corrupción dentro de una organización pública puede ser hecha por diferentes departamentos a la vez.

Para resolver esto yo volvería a la estructura del órgano de integridad. Podemos tener un órgano unipersonal, en una organización pequeña, pero si nos encontramos en una organización, como puede ser un ministerio donde haya varios departamentos que tengan funciones relacionadas con la prevención, podrías hacer un órgano matriz, un órgano colegiado, en donde todos aquellos que tengan algo que decir se integren en la oficina de cumplimiento y dentro de ésta, repitiendo un poco el esquema de las empresas, podríamos leer al chief compliance officer, en decir al responsable de la prevención.

Lo que no se debe hacer es ver esto como problema sino verlo como ventaja. Si hay muchas personas dentro de la organización que tienen cosas que decir, entonces pongámolos a todos a trabajar juntos en este órgano de integridad, de manera coordinada.

RESPUESTA PANELISTA - RICHARD HUELSMANN “Let me introduce me, I’m Richard Huelsmann from German Cooperation. I’m lying on what has been said, so what I understand, comprehends unit all it takes unit, integrative office. I come off private sector perspective. It’s a coordination function, so, very often especially when we talk about public administrative there’s no the capacity to everything from unit itself, so we talk about risk management, we talk about investigation, so I would rather say the officer, the unit, is to make sure that they have very good connection into the house itself. For example, if there’s allegation, they need to make sure that the files are forwarded to the unit. After that…after the investigation has been done, it’s very necessary, if we talk about a sanctioning, that they still have contact to each other department, and talk about what could be follow-up measures. Doesn’t have to be really harsh sanctions, but it can be administrative measures; for example, so I would really see the role as a unit more to have the different threats in one hand together.”

ASISTENTE DEL PÚBLICO - LUIS NALDOS, DIRECTOR GENERAL DE INTEGRIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

¿Cómo limitar el funcionamiento de una oficina de integridad a los temas de prevención cuando en nuestro sistema no hay quien se encargue de la fase de investigación o detección o inteligencia, a pesar de que el plan nacional está elaborado sobre la idea de tres componentes, prevención, detección y sanción? El componente de sanción es clarísimo quien lo tiene, tanto a nivel administrativo como a nivel penal. El nivel de prevención lo estamos tratando, y efectivamente corresponde sin duda a la oficina de integridad; el tema es: ¿Quién se encarga de la detección, de la inteligencia para producir la información que va a permitir a los órganos de sanción actuar?

Sobre eso quiero hacer un comentario: no creo que sea adecuado, que sea exacto decir que porque no tenemos recursos no lo hacemos. Sí me parece que las funciones deben estar claramente divididas, pero me parece que la oficina de integridad debería encargarse de eso, básicamente porque no hay quien lo haga.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - FEDERICO CHUNGA, ASESOR DE LA SECRETARIA DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA Desde su experiencia: ¿Cuál es la mejor forma de hacerle seguimiento a la eficacia de las actividades de prevención de una oficina de integridad, porque eso es lo más difícil de determinar?

RESPUESTA DE PANELISTA - ADÁN NIETO MARTÍN Me interesa muy especialmente lo que acaba de plantearse en último lugar, que es el seguimiento y la evaluación, porque es un terreno digamos muy poco explorado. Estamos todos pensando lógicamente en estas primeras fases en implementar todo el control, etc., pero sabemos muy poco de cómo evaluar si esos controles son efectivos, son necesarios, son convenientes.

Pues claro, el cumplimiento o la integridad puede ser una máquina para burocratizar extraordinariamente una organización. Entonces, creo que, no tengo la respuesta, pero creo que es muy útil tener en cuenta que, si ya sabemos hacer auditorías de procesos y saber si efectivamente los controles se están cumpliendo, también es muy útil ver si estos procesos son necesarios, convenientes o si podrían ser sustituidos por otros procedimientos más ágiles.

En esta segunda fase de opinión sobre los procesos, creo que aquí, pues, por ejemplo, estaría bien que un órgano como la Contraloría desarrollase esta evaluación sobre la eficacia de los procedimientos, de modo que se contribuya a que se mejore el procedimiento. Pero me parece que algo inexplorado, pero que se debe hacer (lo de evaluación de los controles), no solo para saber si los controles se aplican bien o no, ese es el primer paso, sino para saber si son verdaderamente eficientes y proporcionados.

En cuanto a las labores de investigación y sanción de las oficinas de integridad no me imagino a una administración de ningún país donde no exista y no esté ya súper desarrollado desde siempre el derecho sancionador de los funcionarios públicos, que es una rama bastante antigua. Otra cosa es que sea, eficaz, ineficaz, que debamos, pensar cómo, reinterpretar el derecho disciplinario a la luz de esta nueva tarea de la integridad, pero me parece que el derecho disciplinario llegó mucho antes que el cumplimiento normativo.

RESPUESTA DE PANELISTA - SILVIA SPÄTH I also would like to come back to the question on efficiency of prevention work, this is very good question if you have the solution please tell me, because this is something we are all struggling when we are doing correction prevention. If you have more cases detected, one can say your prevention work is good, your detection work is good but they can also say your prevention work is bad because you

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have more cases so this is the reason why we hardly try to develop on the OECD level some criteria how we can measure the effects of prevention work, but I guess it will take some time , one thing you can work with service simply asking your staff: ¿Do you know about your prevention rules? ¿Do you know whom to call if you have an ethical dilemma? ¿Do you know where to put the claim? If you think that there’s a corruption case, but this is simple survey work. So if you want to know more, if your staff knows about what you are doing, this could work but this will not show if your prevention work is efficient, so it’s really a difficult question and, as I said, if you know the solution let me know. About what was said by the colleague over there from the Internal Affairs, yeah sure… someone has to do the investigations and it’s up to define who has to do it and…my only point was… if there is investigation done in the integrity offices, you should clearly divide two tasks than have one part doing the pure corruption prevention and the other part doing the investigations, so people should know that only one hand, ok it’s a bit provocative, are the good ones, on the other side are the bad ones.

Yes! someone has to do the investigation, it makes no sense to take on board the claims and the phone calls that there might be corruption and then nothing happens. So those things have to be addressed but not necessarily in the prevention units.

RESPUESTA DE PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO Solo voy a tocar la parte de cómo cumplir con la función de sanción. Eso es complicado, porque nosotros somos países que tienen algunas características muy parecidas, muy próximas, y sabemos la dificultad que es aplicar una solución o hacer una investigación estando dentro de una organización donde hay personas que tienen un rango superior.

Por ejemplo, en Brasil, como tenemos un sistema de responsabilización, el equipo se queda por dos años, tres años y solamente puede ser retirado si hay algún problema; si no hay ningún problema se quedan. Entonces, tenemos que construir maneras de dar una seguridad para las personas que trabajan directamente con la parte de sanción.

Pero voy a insistir una vez más, yo pienso que la oficina de integridad, como muchos han dicho acá, tiene que ser más una oficina de organización, tenemos que tener áreas específicas. Pienso que es más seguro principalmente en países como los nuestros, con un alto nivel de corrupción.

RESPONDE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM Es cierto que medir la eficiencia de las acciones anticorrupción y preventivas es muy difícil y que se puede usar unos datos administrativos como números de sanciones, sin saber realmente qué significa ello, porque para ello se necesita contexto y el contexto lo dan las encuestas. Las encuestas internas pueden ser una herramienta muy poderosa y relativamente eficiente.

Y ahí voy con el tema de si esa unidad que diseña la encuesta y la aplica, también investiga. Resulta que puede ser no creíble para los funcionarios responder de manera honesta a la encuesta. Yo trabajé en un país centroamericano en el que había una unidad en un ministerio que tenía esas dos funciones, prevención y detección, investigación. Y apoyamos a esa unidad para desarrollar un código de ética y luego también quisimos ver cómo funcionaba ese código. Se diseñó una encuesta, se aplicó, y los resultados no fueron muy buenos. Resulta que internamente intentaron detectar los IP de los que respondieron a las encuestas para detectar en qué unidades habían más problemas, y parece que los funcionarios sabían eso, sabían que esta unidad era más de investigación y no respondieron de manera honesta, entonces los resultados tampoco se podían usar.

Por eso es muy importante separar esas dos funciones porque hay incentivos perversos para que yo no dé información a una unidad que potencialmente me va a investigar.

ASISTENTE DEL PÚBLICO – ELOY MUNIVE, ASESOR DE LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Antes que una pregunta, quería hacer una pequeña precisión en aras del debate y del discurso que estamos sosteniendo, en el sentido de que estamos construyendo un sistema. Por lo tanto, en esa construcción del sistema va a haber situaciones en las cuales hay que determinar algunas limitaciones y algunos alcances con respecto a lo que tenemos normativamente.

Ahora el tratamiento de las denuncias tiene una cadena de procesos, de diferentes intervenciones de diferentes áreas. Lo que creo que se debería destacar a nivel de las oficinas de integridad institucional es su capacidad de articulación para que esa cadena funcione, que es diferente a la labor de investigaciones.

De hecho, en la normativa que tenemos, la participación de las oficinas de integridad está vinculadas al otorgamiento de las medidas de protección al denunciante. Se entiende que obviamente sería bastante complicado que el área que investigue precisamente sea la que otorgue la protección.

Al momento de establecer la normativa que tenemos actualmente se pretendió que esto estuviera fuera de la parte investigativa y existiera un órgano que pudiera alcanzar esos mecanismos de protección el denunciante. Además, hay una parte muy importante que no la ve la parte investigativa que es por ejemplo la sistematización, el análisis, y los reportes que, más allá que las denuncias, pueden devenir en algunos procesos de sanción concretos. Esto puede servir de aporte para que la oficina de integridad pueda centralizar o focalizar su actuación en algunos sectores donde encuentra muchas quejas, reclamos y denuncias.

Tal vez esos alcances se van a ir delimitando a través del desarrollo de este sistema, pero en la cadena del proceso de denuncias no todo es investigación, por lo que hay una gran parte que la oficina integridad puede solventar.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - PATRICIA GUILLEN, SUBGERENTE DE DENUNCIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA Entiendo la preocupación que tiene en las diversas entidades para la implementación de estas oficinas de integridad, por cuanto a nivel de estructura orgánica no está siendo, digamos, recogido por la entidad que se encarga de la parte organizacional de la estructura del estado que es la secretaria de gestión pública de la presidencia del Consejo de Ministros.

Por experiencia de haber pasado por la secretaría precisamente, la idea es que no crezcan las organizaciones como tal, y por ello de repente algunas restricciones en la creación de estas unidades orgánicas como oficinas de integridad, y se puede entender la idea. Y a eso apunta mi pregunta: A partir de la experiencia que tienen ustedes en la implementación de estas oficinas de cumplimiento o integridad: ¿qué indicadores han podido manejar, que pudiera evidenciar el impacto de cómo ha cambiado las problemáticas de la corrupción y como se ha generado sobre todo ese resultado en la calidad de vida de las personas?, ¿cómo a partir desde las funciones que tiene cada entidad puede mejorar la prestación de servicios públicos y a su vez la calidad de vida de las personas?

ASISTENTE DEL PÚBLICO - SHEILA TUESTA, OFICINA DE LA INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

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Una de las preocupaciones que hemos tenido es el tema de los indicadores. Dado que somos una oficina que asumiríamos un rol preventivo, cómo construimos líneas de base que no hemos tenido a nivel anticorrupción, que nos permitan tener después indicadores con resultados. Pero no hablo de indicadores generales a nivel del plan nacional, sino indicadores institucionales que midan si hemos logrado disminuir riesgos en nuestra propia institución.

RESPUESTA DE PANELISTA - SILVIA SPÄTH Yeah on the question, hy should you have such integrative offices? I had a question yesterday on the point as well and I think I answered too technically… I think it’s important that corruption prevention in every entity has a face and a voice. That’s the most important thing because in every entity you have a lot of units and so on and so on. they are doing all their work but for this very crucial point in the fight against corruption you need a face and a voice.

I can tell you that our contact person in the ministry of interior, where I come from, which was my former head of unit. I think she was one of the most prominent persons in the whole ministry and we have about 16 hundred people, but she had a face on the website. If anyone had a problem with integrity issues, with corruption cases or whatever, you could call her, and I think this should be made quite clear for this crucial point in the fight against corruption you need a face and a voice in every entity.

RESPUESTA DE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM Esa pregunta es muy duradera, y precisamente está relacionada con la ausencia de indicadores buenos y de medición que parte es porque no existen personas en las organizaciones que hacen esta tarea, entonces, es como un círculo vicioso, pero me gusta más la respuesta de Sylvia en el sentido de que se necesita una cara visible en este tema.

RESPUESTA DE PANELISTA - ADÁN NIETO MARTÍN Las dos preguntas anteriores van por lo mismo. En general somos enanos en la evaluación de las políticas públicas, entonces, tampoco podemos exigir a esta política pública una evaluación mayor que la que tienen el resto de políticas públicas. Llevamos años metiendo a la gente en prisión y no sabemos si el sistema penal funciona o no. A mí me gustaría evaluar el sistema penal, pero no sé hacerlo, ni nadie me haya dicho cómo se debe hacer.

Dicho esto, creo que es muy importante empezar a trabajar en la evaluación de políticas públicas y en la evaluación de política criminal, que es de lo que estamos hablando aquí.

Luego algo que se dijo es muy importante, y se me había escapado y me has hecho reflexionar. Claro, cuando en una empresa se hace una investigación interna, la investigación interna tiene dos objetivos.

Uno es sancionar, pero otro es descubrir y evidenciar qué ha fallado en el sistema de prevención para que ocurra esta infracción. Y la verdad sea dicha, el derecho disciplinario público está solo orientado a lo primero, pero no a examinar por qué han fallado los controles. Y probablemente a partir de este debate de la integridad, haya mucho que reflexionar acerca de cómo reconfigurar el sistema disciplinario.

RESPUESTA DE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM

Y quizás agregando muy puntualmente ahí, hace falta en Perú la función de auditoría interna, aseguramiento de procesos que podría hacer este tipo de análisis.

RESPUESTA DE PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO Sólo una pequeña cosa, es importante pensar que cuando evaluamos riesgos, tenemos que evaluar los riesgos, que impactan al crecimiento de los objetivos estratégicos, muchas de las veces estamos levantando riesgos que no son importantes. Entonces, esta es la primera cosa, para saber los indicadores, tengo que saber primero dónde de quiero llegar. Muchas de las veces tenemos políticas que no sabemos para qué sirve.

Por ejemplo, tenemos en Brasil un plan, una política específica de defensa de los peces. Los pescadores reciben un valor para no pescar en un periodo del año, pero el sistema no tiene control, y después de veinte años no se sabe si los peces están bien o no, pero se pagan.

Hoy tenemos un programa que, era un programa de defensa ambiental y ahora es un programa social de distribución de dinero, ósea, tenemos que estudiar las cosas, hacer la parte de auditoría, saber dónde queremos llegar, para después tener indicadores, acerca de los resultados, de los riesgos levantados, de los controles implementados, para permitir el crecimiento de los objetivos.

COMENTARIOS DE SUSANA SILVA HASEMBANK Sabemos que este tema de los roles de las oficinas de integridad institucional, vinculados con el tema de denuncias es bastante sensible porque hay diversos desarrollos que se han planteado alrededor de este tema. Sin embargo, yo quisiera y me voy a permitir un ratito ir aquí a la pizarra si es que no tienen ningún inconveniente.

Las oficinas de integridad tienen varias funciones: prevención, transparencia, conflictos de intereses, denuncias. Como Secretaría de Integridad sí creemos que las oficinas de integridad institucional pueden recibir las denuncias y lo que deben hacer ellas es derivarlas a las secretarías técnicas de procedimientos administrativos disciplinarios, a la procuraduría en caso sea un tema que tengan una connotación penal eventualmente y que se tenga que iniciar un proceso judicial. Se tienen que derivar al OCI (Órgano de Control Institucional), cuando hay uso inadecuado de los recursos públicos; en fin, todos los supuestos en los cuales interviene la contraloría o eventualmente también derivarlo a unas de las áreas, a un jefe cuando hay algún tema irregular que se puede manejar internamente.

Entonces lo que hace esta oficina de integridad, es recibir, de alguna manera canalizarlo porque consideramos importante que las oficinas de integridad sean también de alguna manera oficinas de monitoreo, a efectos de que estas denuncias tengan un resultado y haya una respuesta al ciudadano, que es lo que a nosotros nos interesa.

Pero lo más importante es que después de esto hay muchas lecciones aprendidas. No creo, por ejemplo, que una oficina de integridad institucional, dentro de la lógica del modelo de compliance se quede en la recepción y en la derivación y ahí se olvide el asunto, sino que tiene que haber un proceso de retroalimentación. No es que la oficina se convierta o suplante o reemplace la función que le corresponde a otras áreas, pero sí tiene que haber una acción de seguimiento y asegurar una respuesta al ciudadano y sobre todo de retroalimentación, a efectos de que se adopten las medidas correctivas.

Ahora bien, hay algunas entidades en donde la naturaleza de la función misma es sumamente compleja y me refiero al Ministerio del Interior. Yo he sido Inspectora General del Ministerio del Interior y uno

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de los temas claves aquí, por la complejidad que tiene el Ministerio, era generar nuestra propia inteligencia para ir detectando problemas dentro de la propia entidad.

Claro es bastante particular la situación del Ministerio del Interior, pero quizás podríamos decir que también es muy similar a la situación del Ministerio de Educación, eventualmente, donde podrían también generar algunas acciones para identificar problemas, que luego sean canalizados para su respectiva investigación y sanción.

INTERVENCIÓN DE PANELISTA - GONZALO GUERRERO Creo que hay un aspecto que no hemos abordado, que es la naturaleza del órgano respecto del cual esta oficina de integridad está trabajando, si es un órgano político directamente, un órgano que está dedicado a la satisfacción de necesidades públicas o servicios públicos particulares. Eso también cambia un poco en la aproximación que debe tener la oficina de integridad.

Claramente una oficina integridad dentro del ministerio del interior o dentro de la presidencia tiene otros riesgos asociados y también va a estar trabajando en lo que está relacionado con la detección de los problemas relacionados con la integridad porque ese problema tiene una consecuencia política. O sea, no lo mismo un problema integridad en la Presidencia de la República, que un problema integridad en una comuna, un municipio, en donde el riesgo quizá es mucho menor políticamente hablando.

Desde una perspectiva teórica, claramente los roles tienen que estar separados en cuanto a la prevención, detección y sanción, pero dentro de un aspecto más político, detectando los posibles riesgos antes de que estos sucedan o cuando suceden, para darles una solución pronta y rápida, para que no se transforme en un conflicto político. Esas situaciones son pan de cada día y tampoco podemos desconocerla y tenemos que abordarla de manera suficiente.

COMENTARIO DE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM Solo quiero referirme muy brevemente al tema de la comunicación. Las personas denuncian con cierta expectativa y allí también debe haber una claridad de la comunicación para no generar una expectativa que la oficina de integridad, por sus funciones, no puede cumplir.

ASISTENTE DEL PÚBLICO Sobre la base de los comentarios de Susana, mi pregunta: ¿A quién sino es a la oficina de integridad le correspondería esa mirada general sobre los problemas que arrojan las denuncias, y a la vez la otra retroalimentación de los mecanismos preventivos que arrojan riesgos?

Estoy totalmente de acuerdo con la prevención, pero en un caso como el peruano la corrupción ya está, ya funciona, ya opera y desde hace bastante tiempo. Entonces los riesgos que puedan salir de la parte preventiva en realidad tienen un correlato en problemas y casos reales, que se reflejan en las denuncias.

Por eso mi pregunta es: ¿A quién sino a la oficina de integridad le corresponde esa mirada general que sale de la retroalimentación entre las denuncias y la parte preventiva?

ASISTENTE DEL PÚBLICO A manera de sugerencia, en los sectores todos esperando indicaciones como esta, que son claras, pero respecto del marco de actuación de las oficinas de integridad, sería bueno que la circulen con un documento para poder tener que reportar a nuestra Alta Dirección. Gracias.

RESPUESTA DE PANELISTA - ADÁN NIETO Yo vuelvo sobre algo que comentaba. El concepto disciplinario tal como lo conocemos está enfocado en la detección de una responsabilidad individual. Cuando se hacen una investigación de este tipo, también nos interesa mucho la responsabilidad digamos estructural, es decir, qué es lo que está fallando para que ese policía, por ejemplo, reciba un soborno, o si esto está extendido o no, más allá del concreto caso.

Entonces yo no sé si sea de otro tipo, pero el derecho disciplinario tal como hoy lo tenemos concebido no sirve para provocar o conseguir adecuadamente esta retroalimentación para aprender de él. Porque, se puede estar tan concentrado en el caso individual, que se olvida de ver qué es lo que está fallando en el sistema. Enfocar la investigación a ese caso que es al que queremos sancionar no encaja dentro de la lógica de los programas de cumplimiento y de lo que es la lógica de la integridad. A veces podríamos, por ejemplo, renunciar a la responsabilidad, y nos interesaría más decirle a ese policía “oye cuéntanos qué es lo que pasa, y no te vamos a sancionar”.

Admitimos todos, los programas de clemencia en relación con lo que estamos dispuestos a renunciar a la sanción si las empresas colaboran. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los funcionarios públicos?

Dentro de la administración pública puede haber una situación estructural en un determinado sector, y podríamos preferir la colaboración de aquellos que han cometido infracciones y que nos expliquen qué es lo que está pasando y por qué esto es un problema que va más allá de una o dos personas. Creo que no hay que subliminar esto de poner sanciones a toda costa.

Tenemos que conseguir un poco el derecho disciplinario al servicio de la prevención. Que en realidad es lo que más nos interesa y quizá esto pueda ser útil.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - SHEILA TUESTA, MINISTERIO DE VIVIENDA Muchas de nuestras oficinas ya vienen cumpliendo ese rol de articulación frente a la denuncia. Por eso debemos integrar muy bien con la secretaría de gestión pública los aspectos de este rol ¿Por qué?

Tenemos como una doble función en las oficinas en nuestra particular situación con las oficinas de atención al ciudadano. Estas últimas reciben denuncias, muchas veces de corrupción, y a veces desvirtúan algún tema de denuncias, las archivan y no guardan reserva de la situación. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto realmente se quede claro y evite cualquier duplicidad?

ASISTENTE DEL PÚBLICO - IVÁN HERRERA, CONTRALORIA Según su experiencia en los distintos países: Si bien es cierto se va a tener un departamento o un área de integridad, si ellos se extralimitan en sus funciones, si cometen infracciones al código ético que ellos monitorean, ¿Quién los fiscaliza?, ¿quién debería controlarlos?

ASISTENTE DEL PÚBLICO - MARICARMEN PANIZO, MINISTERIO DEL TRABAJO Una pregunta que parece que tiene una respuesta medio desencantada: Cada que se hablado de formación y capacitación para el personal para hacer frente a la corrupción, parece que no fuera uno de los elementos más importantes; pero quisiéramos saber si ustedes tiene algún consejo y buenas prácticas en un entorno donde el privilegio es el sentido común y nadie quiere ser igual, porque ser igual quiere decir que el otro cumple la norma y yo que tengo privilegio me la puedo saltar, ¿qué ha funcionado en aquellos espacios con este mismo tipo de cultura, cómo afrontar esta práctica cultural para desmontarla y empezar a erradicarla?

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RESPUESTA DE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM Sobre la última pregunta, he mencionado antes que la capacitación y formación no lo es todo, y quisiera aclarar más eso. Es cierto que en las pocas evaluaciones de impacto que tenemos las capacitaciones no son muy alentadoras. Parece que para incidir en la conducta diaria de las personas se necesita más. Y ahí puede haber muchas dinámicas sociales en el grupo en la organización.

Nuestra conducta está mucho más determinada por lo que pasa alrededor nuestro, por nuestros pares horizontales y por nuestros superiores. Una cosa es trabajar con los jefes, con las jefaturas sobre su rol de líder, es decir, sobre qué significa eso, qué pueden hacer o que deberían hacer, para promover el comportamiento ético a través de sus actuaciones, con sus empleados.

También es necesario visibilizar buenas conductas. Si uno habla siempre solamente de lo malo se generan también unas dinámicas contraproducentes, porque en la psicología existe algo que se llama racionalización y sí yo percibo que alrededor mío todo el mundo es malo, terminaré diciendo “¿por qué no hacer lo mismo?”

Entonces ahí hay mucho por hacer más allá de la capacitación. No digo que no se deban hacer capacitaciones, pero también la manera de hacerlas es muy importante. Por ejemplo, no sirve capacitar sobre cinco valores si no sé qué significan esos valores en mi situación, en mi trabajo diario.

RESPUESTA DE PANELISTA - ADÁN NIETO Quien debe controlarlos es el funcionario ante quien rinden cuentas. No olvidemos que la oficina de integridad actúa por delegación del responsable de la entidad. Entonces al final quien tiene la responsabilidad de que exista un buen sistema de integridad es el responsable político, el directivo de la entidad.

RESPUESTA DE PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO Ayer se preguntó si era posible implementar un sistema de integridad si la administración no lo quiere.

Creo que es difícil, porque así la oficina se convierte en un motor de papel que no va a servir para nada. Cuando vivimos en una institución donde creemos que las personas ya están involucradas en la corrupción, es muy difícil implementarlo.

Yo veo que la preocupación de muchos es quién va a fiscalizarla, quién van a hacer, pero tenemos que pensar, partir de la idea de que la auto administración tiene la idea de cambiar, si no la tiene estamos perdiendo el tiempo, estamos tirando nuestro tiempo a la basura.

RESPUESTA DE PANELISTA - GONZALO GUERRERO ¿Es el rol de la oficina de integridad, el vigilar y el estar castigando las faltas a la integridad? Claramente no. Porque las faltas hablan, denotan un vacío en la integridad. Y lo que está promoviendo la oficina claramente es lo contrario, es un comportamiento correcto, integro, que se adecue a pautas éticas.

Desde esa perspectiva, el rol de la oficina tiene que estar asociado a dos cuestiones. La primera es promover la integridad, y la segunda es como esta promoción incide también en aspectos comunicativos.

Hacia fuera de la institución el cambiar el perfil de una institución depende también de cómo comunicamos. En Chile, un dramático 70% de las personas cree que casi todos los funcionarios públicos

son corruptos. Si aplicáramos esa misma estadística para acá y acá la mayoría somos funcionarios públicos, seríamos casi todos corruptos, y yo creo que aquella situación no funciona y no es la realidad.

Por tanto, lo que tiene que hacer la oficina de integridad es primero promover una cultura de integridad dentro de la institución, pero al mismo tiempo es promover esa cultura fuera de la institución, de manera tal que sea un anclaje de un cambio cultural y este cambio cultural se extiende a toda la sociedad.

RESPUESTA DE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM También percibo eso, pero tenemos la corrupción hasta las altas esferas y mucho más. También había una pregunta similar, en esos casos es un poco más y pensé en las cárceles en Colombia, donde el crimen organizado está tan metido. Allí, por supuesto, está el límite también de promover una cultura de ética, pero eso requiere una intervención casi externa, eso es otro nivel de intervención de la sociedad también, creo que va más allá de lo que estamos hablando aquí, de qué puede hacer una oficina de integridad para promover cultura ética.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - ALFREDO URBINA, OFICINA REGIONAL ANTICORRUPCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA Quisiera partir de declarar un punto que para mí resulta básico, y es que la obligación de recibir denuncias ya no es opcional, de acuerdo con el marco normativo peruano, pues ya está definido en el decreto legislativo que regula el funcionamiento de las oficinas de integridad que una de sus obligaciones es esa. Creo que el legislador ha tenido un buen criterio en hacerlo, porque es un sensor muy claro de cómo está la realidad de cada institución pública.

En lo particular nosotros como oficina regional anticorrupción partimos de la elaboración de un plan de riegos e indudablemente ese plan de riesgo se ha ido incrementando en la medida que absolvemos denuncias, porque nos ponen contextos mucho más concretos respecto de lo que uno tiene que hacer y no hacer.

Un ejemplo claro que tenemos es el relacionado al pago de planillas en el sector de educación. Nosotros identificamos en base a unas denuncias pagos indebidos en ese sector. Imaginemos un maestro que habitualmente gana dos mil quinientos soles y que de la noche a la mañana se le deposita una suma que supera exponencialmente lo que habitualmente gana y eso se sabe a nivel nacional.

Partimos de la identificación de las denuncias, de la coordinación con las procuradurías anticorrupción, que es un tema claro, Para eso es la oficina integridad, para coordinar. Efectivamente, no investigamos porque no tenemos ni la capacidad operativa para hacerlo, pero sí tenemos un análisis y una emisión de informes, que si bien es cierto no son vinculantes, de alguna manera activan otros mecanismos como la fiscalía o las procuradurías.

En el caso de las planillas, luego de identificar la situación ya hemos diseñado como gobierno regional un software que en tiempo real lanza alertas en una conexión con las computadoras en las que se cargan los pagos en la administración pública. De ese modo podemos tener en un corto tiempo un indicativo de a quién se le está pagando demás. Indudablemente hay una labor luego de revisión de la documentación para ver si los conceptos legales obedecen efectivamente a la norma o no; pero eso básicamente eso es lo que hacemos ahora.

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Partiendo de esta mecánica que ya está funcionando, mi pregunta es ¿Cómo podríamos hacer para replicar eso en las otras regiones o en otras entidades públicas distintas a los gobiernos regionales o locales?

ASISTENTE DEL PÚBLICO - YURI VILELA Hablaban de que el titular del pliego sería el responsable de designar o a quien reportaría esta persona encargada de la oficina de integridad. En la ley orgánica de municipalidades señala la función de fiscalización al consejo municipal. También prevé la participación de la ciudadanía a través de los consejos de coordinación local y distrital, en lo cual también se necesitan las juntas de vigilancia. También existen las veedurías ciudadanas promovidas por Contraloría.

Qué opciones además hay en cada país de ustedes, para poder implementar el tema de control, teniendo en cuenta que en muchos municipios en el Perú existen organizaciones criminales dirigidas por las propias autoridades. ¿Cómo hacer que la institución del municipio sea fortalecida con acciones concretas y de visibilidad?

ASISTENTE DEL PÚBLICO - PATRICIA GUILLEN La línea misma de que se ha estaba mencionando sobre participación ciudadana, no la veo tan reflejada en el rol de las oficinas de integridad. Creo que un buen modelo de participación ciudadana precisamente se recoge a nivel de esta iniciativa internacional de la Alianza del Gobierno Abierto, donde se involucra la participación ciudadana precisamente para codiseñar o cocrear mecanismos.

En ese sentido, qué experiencias a nivel de los roles de las oficinas de integridad se conocen para que se pueda sobre todo diseñar este involucramiento con la ciudadanía. Porque una cosa es desarrollar sus mapas de riesgo al interno desde la mirada de los usuarios, de los mismos operadores de la norma y otra es el impacto que se genera de la prestación de nuestro servicio frente al ciudadano.

El ciudadano es el que asume la problemática de la entidad pública y ellos también tienen una realidad y tienen mucho que aportar a la entidad y no lo veo plasmado en los roles que tienen las oficinas de integridad, sobre todo porque ese trabajo de estado – ciudadano, genera valor público. Entonces eso ayudaría mucho conocer qué experiencias, en el marco de estas oficinas de cumplimiento, de buenas prácticas hay en relación con el trabajo de la ciudadanía.

RESPUESTA DE PANELISTA - SILVIA SPÄTH I only want to reject what was said about good practice on red flags or whatever due to the salary, so if you have such good practices in your country, go on and promote them , don’t need to ask international experts if you already have good practices, so go check with other people, go promote your good practice and hope that others would take it on board. yes RESPUESTA DE PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO En primer lugar, si bien las denuncias son importantes para detectar los riesgos, existen otras maneras de identificarlos, sabemos de problemas pasados, sabemos que las personas que trabajan directamente con las acciones conocen sus riesgos.

Por ejemplo, sabemos que en todo el mundo las contrataciones públicas son un problema, por ejemplo, hemos desarrollado ahora en nuestra oficina, un estudio con contrataciones problemáticas. Hemos hecho un algoritmo específico para detectar los problemas y ahora lo pasamos en toda la base de contrataciones.

Aún estamos desarrollando una nueva ley que venga con más desburocratización, porque hoy, sabemos que burocratizamos mucho, pero no resolvemos el problema de la corrupción, entonces mejor desburocratizar.

Otra cosa de la participación ciudadana que yo pienso que es importante es nuestro canal de denuncia.

Hemos creado ahora una herramienta llamada “Simplifique” porque el ciudadano está en la punta de las cosas haciendo todo y consigue ver cosas que nosotros no conseguimos. Pues ahora el ciudadano tiene por la ley del “derecho de usuario del servicio público”, la potestad de hacer una gestión acerca de un servicio público. El gobierno tiene que responder en 30 días con una prórroga de 30 días si va a implementar lo propuesto por el ciudadano. Con la ley en el último año ya tenemos más de 400 tipos de gestión de simplificación que están ayudando a cambiar las cosas. Yo pienso, que el ciudadano está ahora participando de la política pública, y esto facilita también tanto en la gestión pública como la integridad.

RESPUESTA DE PANELISTA - ADÁN NIETO Al tema de la participación ciudadana en los programas de integridad, casi le indicaría un taller monográfico, porque da para mucho y no lo hemos pensado demasiado. Para concretar la participación ciudadana creo esta puede darse en diversas fases y diversos modos. Por ejemplo, los canales de denuncias de las empresas normalmente son internos, pero en el ámbito público tiene lógica que sean externos, y que cualquier ciudadano pueda denunciar.

También tendría sentido la participación ciudadanía en el análisis de riesgos, en el mapa de riesgos.

Normalmente en las empresas se consulta a proveedores, pero aquí tenemos que consultar con los destinatarios de los servicios públicos, para que nos ayuden a hacer el mapa de riesgos. También puede haber algún tipo de participación ciudadana en la revisión del sistema, y luego el gran tema es la participación ciudadana en el propio órgano de cumplimiento.

Esto tiene que ver mucho con otra pregunta que no se ha hecho, pero que es clave en el diseño de todo y es, algo así como que necesitamos un plan de prevención especial para evitar la corrupción de los máximos dirigentes. No debemos olvidar que, si no hacemos un plan de prevención eficaz de la corrupción política, de la alta corrupción, no vamos a acabar con la corrupción administrativa. Entones, debemos tener planes de cumplimiento para altos dirigentes y ver qué papel tiene allí la participación ciudadana.

PANELISTA SILVA SPÄTH I think this is not that important where it is located, it has to be independent. So, for example in our system it is not defined where this unit has to be located, but it’s clearly regulated that it has to be independent. So, for example, my unit, we underline organization, but we have direct access and this is defined in the directive to the head of your authority, so as long as… it might be easier to be directing it to the top management with your unit, so it’s a bit less bureaucratic, but as long as it’s clear to everyone that you are independent in your corruption prevention work is not that important where you are located.

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4.2.2

SEGUNDO PROBLEMA: “UBICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LAS OFICINAS DE INTEGRIDAD PÚBLICA”

Antecedente Otro problema por esclarecer, en relación con las Oficinas de Integridad Institucional, es el vinculado a su posición dentro de la estructura organizacional de cada entidad. Sus especiales funciones, requieren que estos espacios, estén vinculados al más alto nivel, pues sus decisiones impactan de manera transversal a toda la entidad. Esta situación, demanda que estas oficinas se ubiquen como dependientes directamente del titular de la entidad. Sin embargo, con la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1327 y su reglamento, se estableció que estas oficinas debían depender de Secretaría General o similares, situación que debilita su capacidad de actuación y articulación ASISTENTE DEL PÚBLICO - JAIME TAVARA ALVARADO - SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN REGIONAL ANTICORRUPCIÓN DE PIURA La Comisión regional anticorrupción de Piura viene funcionando desde hace muchos años, entonces tenemos que fijarnos allí como es que está funcionando, y que prácticas ha realizado para ver y enriquecerlas para adelante. La pregunta es ¿dónde debería estar ubicada esta unidad orgánica?

En el caso del Gobierno Regional de Piura, la oficina anticorrupción depende funcionalmente del Consejo Regional y de la Secretaría Técnica de la Comisión Regional Anticorrupción ¿Por qué?, porque si dependiera solamente del titular del pliego, en este caso el gobernador regional, creemos que no tendría la independencia para poder desarrollar su trabajo; entonces depende funcionalmente del órgano fiscalizador que es el consejo regional y orgánicamente ya depende de la gobernación regional, como debe ser ya dentro de la estructura. Bien, eso es lo que nos ha dado resultado hasta el momento, que ha permitido poder desarrollar los temas de prevención y de investigación.

ASISTENTE DEL PÚBLICO. LUIS NALDOS, MINISTERIO DEL INTERIOR A manera de comentario, se ha hablado de la independencia que debe tener la oficina de integridad, que es fundamental y se ha hablado también en otro momento del compromiso de las altas autoridades.

Esa lógica fue la que precedió la formación de la oficina integridad del Ministerio del Interior, donde el único jefe que tiene esta oficina es el ministro. Yo pongo como ejemplo simplemente la primera reunión que tuve con el Ministro. Él me dijo: “usted tiene independencia para sus funciones y si ustedes encuentran que el ministro está haciendo algo incorrecto pues, lo tienen que decir”.

Claramente, si la oficina es una subdependencia, de otra dependencia; digamos que la importancia de la oficina y la independencia de la oficina va a estar bastante más mediatizada que si está ligada a la alta dirección, no por un tema de jerarquía ni de nombres sino por un tema de independencia y de compromiso de la Alta Dirección.

ASISTENTE DEL PÚBLICO One question: “so when you say location is not so important, but it’s more important if they have independency, so I just want to ask one earlier experience within Asia so as we said we are accountable to our own ministers so to our top level without axis, but what happens if the minister just wants to corrupt and any allegations? So, and there… this one … What happens if you don’t feel be treated

serious, so are there any channels that you can go around…you are head of the ministry… I think it is very important that we all have really independency”.

RESPUESTA DE PANELISTA - SILVIA SPÄTH First of all, I totally agree to show commitment to locate corruption prevention integrity unit directly on the very top level of the organization is a clear signal, so I’m not inside your public administration culture. If you think it might facilitate your work when you are directly located on the top level, you should try to do so. I can only tell you my experience in our system works quite well because every civil servant has the same rights and same duties, as long as we’re doing our work, it’s not important where we are doing good.

To your question in the General civil service law, we explicitly have a regulation that when it comes to corruption cases, you’re no longer bound by the professional secrecy ,you can go directly to the prosecution office or to other institutions that are dedicated for example we have underman, so we can go directly to this underman telling what suspicion we have …then you don’ have a breach of your civil servant duty because there’s an exemption in the law, so you can have other channels where you can communicate suspicions and you can’t be penalized for it.

RESPUESTA DE PANELISTA - ADÁN NIETO Simplemente el problema que apuntabas no es un problema de peso irresoluble; todas las empresas se plantea el problema de cómo controlamos al CEO, cómo controlamos al top manager. Es decir, no es un problema específico de la administración pública, lo tiene cualquier organización y no es irresoluble. ¿Cómo se podría hacer? Primero, diseñando controles específicos mucho más exigente para los altos directivos. Y segundo, que un órgano externo, valide, que efectivamente esos controles son idóneos. Eso es un poco la clave de quién vigila al vigilante; es decir controles más estrictos que además sean validados, sean comprobados fuera.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - ROSA LEÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Creo que es una buena intención tener estas oficinas de integridad en todas las instituciones públicas, pero debe haber una articulación muy estrecha con la Secretaría de Gestión Pública, porque cómo podemos crear oficinas cuando el Decreto Supremo 054 exige que para crear una nueva oficina se tenga 15 personas. También debe haber más claridad sobre dónde deben estar ubicadas las oficinas y donde no. Esto es fundamental para seguir adelante con el tema.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - ANA DE LA TALAVERA, MINISTERIO DE VIVIENDA Considero que las oficinas de integridad podrían estar en el más alto nivel de organización. Lo principal es avanzar a que se cree un Sistema de Integridad y finalmente ese sistema designe a los jefes de integridad con independencia, como lo hace la Contraloría.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - MANUEL OYARCE, OSITRAN En OSITRAN el tema de integridad recién va a ser implementado y sus funciones han sido delegadas en la Jefatura de gestión de recursos humanos. ¿Qué tan importante es realmente que esto esté en una oficina, como independiente o dependiente de alguien? O ¿si es más una preocupación por poner a la persona más adecuada al frente de este tema independiente de si está al más alto nivel o no?

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Particularmente en nuestro caso, Recursos Humanos depende de la gerencia administración, es decir, estamos realmente tres escalones más abajo del titular y mi pregunta va por ahí; ¿Qué podemos hacer para realmente no preocuparnos tanto por los temas de donde estamos ubicados y preocuparnos más en que hacemos las personas para que el tema funcione?

RESPUESTA DE PANELISTA - SUSANA SILVA HASEMBANK Solamente para precisar a la colega del Ministerio de Comercio Exterior, que sí estamos viendo el tema de la restricción para la creación de nuevas oficinas con la Secretaría de Gestión Pública. Además, les informo que la Secretaría de Integridad Pública, creada mediante decreto supremo y rectora del sistema, no tiene tampoco quince personas, con lo que ya tenemos un grave problema en el proceso.

Pero quiero aprovechar el espacio también para referirme a la necesidad de coordinar mejor con la Secretaría de Gestión Pública, porque ellos tienen competencias sobre la calidad de atención al ciudadano y en mucho está emparentado con la labor que realizan o podrían realizar las oficinas de integridad institucional. Al respecto, quiero comentarles que estamos en este momento trabajando con ellos, porque se está creando una nueva plataforma, que va a ser como un canal de interacción con los ciudadanos, en donde se van a recibir quejas, reclamos y denuncias. Es una sola plataforma de entrada para de cualquier tipo de comunicación de los ciudadanos, que contará con un área de calificación que encausará a los órganos correspondientes cada una de las comunicaciones. En el caso de las denuncias, se remitirá a la Secretaría de Integridad Pública.

RESPUESTA DE PANELISTA - SILVIA SPÄTH “Thank you, I was just counting I think I am one level more below than you are, so It works quite well”.

“Yeah, I think we did questions; you already gave the solution for you because we can’t provide to innovate solutions because it depends on your culture and your administrations… it was said showing political commitment is quite important, but it has to be decided by those who have to show this political commitment; we can discuss for another two hours if it’s good to have it on the top level, linked to the top level or in the normal line administration; it has to work, so as I said in the beginning, if it works it’s not important where it is located but what you need is political commitment. Maybe this can be a little bit enforced by whomever that`s there`s a necessity, to make it clear, that there’s a necessity in the current location to locate those units as high as possible in the hierarchy. But want to restate: as long as you are independent it will work, so I’ll tell you a little story, a little secret, we had in real organization in our ministry recently, and we were now put in our directive general which is called digital community, digital society in between two other units which have nothing to do with our work, and we know that none of the other directive general wanted us because its useful work that sometime has to be paid by day yet. Nevertheless, even we are now in the directive general that has nothing to do with our work, not at all, because they are dealing with passports and digitalization and so on and so on… our work is still to be done, so we are working business as usual, and it’s not important for us where we are”.

RESPUESTA DE PANELISTA - GONZALO GUERRERO

Estoy muy de acuerdo con que no importa dónde está ubicado, lo importante es que el trabajo se haga y se haga bien. En Chile tuvimos tres crisis de corrupción bastante fuerte, en ciclos más o menos de cada diez u once años para que lo tengamos presente: 1992 – 1993, 2003-2004 y después 2014-2015.

Tuvimos que ser fríos en el análisis. Desde esa perspectiva el presidente de la época se dio cuenta de que había que tratar el problema de otra forma y creó un órgano promotor de la integridad, dependiente directamente del presidente de la República. El Presiente dice nosotros necesitamos dar un impulso y que esto se note desde la perspectiva presidencial y desde ahí se crea la Comisión de Probidad y Transparencia.

Aquella situación conlleva cosas bastante buenas. Esa comisión pide o requiere que hagan tal o cual situación y los servicios públicos responden de inmediato, porque Chile es un país muy presidencialista.

Entonces, desde esa perspectiva es bueno que esté cerca del presidente de la República, porque nuestra cultura organizacional y administrativa demanda aquella situación.

Es distinto cuando ya existen relaciones orgánicas más racionalizadas, como sucede por ejemplo en organización administrativa europeas, donde uno ve que lo importante no es la dependencia jerárquica, sino la dependencia estratégica. No sé cómo será acá en Perú, pero me imagino que debe ser bastante similar a Chile. Si tienen impulso presidencial, es mejor que esté cerca del presidente, porque así va tener mayor compromiso respecto de los demás participantes de la administración.

ASISTENTE DEL PÚBLICO – ELOY MUNIVE - SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA El año pasado aprobamos una política nacional de integridad. Este año aprobamos un plan nacional, se conformó recién en abril la Secretaría de Integridad Pública, y básicamente dentro esta secretaría tiene la función de ejercer la rectoría que estaba ausente durante mucho tiempo. Entonces se tiene que establecer obviamente algunas consideraciones a través de directivas, de hecho, estamos trabajando en ello, pero yo quería destacar el gran paso que hemos dado hasta el momento.

Hemos dado un paso enorme, y cada idea planteada, cada consulta planteada, cada pregunta que usted dan en realidad es el reflejo de que estamos empezando ese cambio, ese cambio de mentalidad y esa necesidad de funcionar como un sistema. Estamos dejando el desarrollo individual, el desarrollo a nivel de cada entidad pública y esto se puede reconocer fácilmente en muchas de las reuniones que hemos tenido, donde existen algunas entidades públicas que tienen un desarrollo en ciertos temas bastante ejemplar y en otros casos donde no se ha abarcado algunos temas puntuales.

Hay ejemplos que se pueden destacar a nivel de los ministerios de Educación, Vivienda, Interior, y la idea es que ese flujo de buenas ideas que se han ido desarrollando a nivel de todos estos ministerios, pueda de alguna forma inspirar también al desarrollo de los otros.

Por eso que este problema está bastante vinculado con el siguiente que vamos a tocar y que seguramente vamos a ampliar mucho más, que es la necesidad de construir ya no acciones esporádicas en cada entidad pública de la buena intención que se puede tener el nivel al más alto nivel sino empezar a trabajar como sistema organizado y articulado para implementar esta cultura de integridad, lo que es una política a largo plazo.

Haber establecido una política ya no simplemente es atender un problema, un escándalo, sino tener el tema de manera permanente. Vamos a trabajar constantemente así suceda un escándalo de corrupción o no. Seguimos trabajando nosotros por promover la integridad.

ASISTENTE DEL PÚBLICO

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En Perú la percepción que por lo menos manejamos nosotros es efectivamente así y la cultura organizacional a la que se hacía referencia es la que justifica que nos preocupemos por la ubicación en la alta dirección. ¿Por qué?, porque no es raro que en nuestra organización si una dependencia del tercer o cuarto escalón administrativo le pide información a una dirección general, por ejemplo, el director general le responda: “Oiga respete usted los canales y que el jefe de su jefe me mande la comunicación”. Eso suele pasar y quizá ayude a la reflexión.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - ROXANA MADRID Mi pregunta va justamente para Eloy Munive, porque ya sabemos que el problema de las oficinas de integridad va a ser justamente dónde se ubican. Todos pensamos que tiene que ser en el más alto nivel, pero también quería que por favor aclararas cómo además se va a dar sostenibilidad a estos esfuerzos.

Porque el drama de nuestro país es que cambia el jefe y caen como dominó todas las demás piezas.

De repente es algo paralelo a la oficina de integridad, pero me imagino que de alguna manera tratarán de fortalecer los esfuerzos que están desarrollando.

RESPUESTA DE ASISTENTE DEL PÚBLICO, ELOY MUNIVE Muchas gracias por la pregunta, de verdad que eso me va a permitir ser muy puntual en algo. Eso es lo que hace una política pública. Si no hubiéramos tenido una política, no seríamos el principal eje de la política general del gobierno, porque la política general del gobierno se construye de la relación de políticas que ha establecido el gobierno en un contexto determinado.

Al haberse estableció la política nacional de integridad se da esa priorización a la atención del problema público que estamos atendiendo qué es puntualmente “corrupción” y también la falta o ausencia de una “cultura de integridad”. Porque no solamente es el tema de lucha contra la corrupción sino estamos abarcando un enfoque mucho más grande, más ampliando, puesto que la integridad tiene alcance más allá del aspecto sancionador punitivo, sino que va directamente vinculado a alentar la probidad del trabajo articulado, los resultados concretos de los objetivos, cumplir con los objetivos que uno se plantea.

Por eso, qué nos aseguraría que tengamos continuidad en la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Su aprobación fue un trabajo articulado con los ministerios, los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que además son muchos de ellos organismos constitucionales autónomos, poderes del Estado y sociedad civil, sector empresarial.

Lo que queremos lograr ahora para cerrar el círculo es precisamente tener este sistema funcional de integridad pública, ¿por qué?, porque es una herramienta que ésta reconocida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que es lo que permitiría asegurar esa sostenibilidad en el trabajo de articulación.

ASISTENTE DEL PÚBLICO Sólo para complementar lo señalado por Eloy. Ciertamente la hoja de ruta que nos va a marcar esto es la política, pero una de las cosas que las entidades tienen que hacer es incorporarla en sus planes estratégicos, en sus instrumentos de gestión, porque es la única forma de amarrarla al presupuesto y hacerla sostenible a mediano plazo. Seguramente a nivel de Brasil y Chile, ha pasado lo mismo, que pueden tener las políticas, pero esto también tiene que estar amarrados a los instrumentos de gestión, que es la única forma como se operativizan las políticas públicas.

RESPUESTA DE ASISTENTE DEL PÚBLICO, ELOY MUNIVE, SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Muchas gracias, Patricia por este comentario. ¿Se acuerdan ustedes que no hace mucho teníamos una norma que se denominaba políticas nacionales de obligatorio cumplimiento? Era el Decreto Supremo 0272007. ¿Qué sucedía con esta norma? La implementación que se realizaba era a nivel de cada ministerio, y cada ministerio podría proponer lo que el ministerio consideraba conveniente. Es decir, tenías una opción múltiple de desarrollar acciones y no había un mecanismo articulador para ver efectivamente si esas acciones puntuales estaban contribuyendo algo mayor. Simplemente se pensaba en mi situación, yo ministerio hago esto, reporto lo que estoy haciendo y se acabó, no me interesa cómo está yendo el tema en otro ministerio, en otra entidad, en otro organismo público. ¿Qué significo esto? Desarrollos diferentes, algunos otros ministerios pensando en que eso no era suficiente empezaron a plantear cosas a más largo plazo y empezaron a crearse lo que eran las oficinas de transparencia, las oficinas de lucha contra la corrupción, que fueron anteriores al decreto legislativo 1327.

El problema de esas políticas es que hubo muchas acciones dispersas, que obviamente parten de la buena voluntad de los titulares de las entidades y también del grupo humano que trabaja con ellos, pero que en cierta forma solamente respondía a una visión muy cerrada de la entidad pública.

Estamos pasando una visión más bien de un desarrollo conjunto, donde ya estamos asumiendo que existen políticas multisectoriales en las cuales un solo ministro no participa, sino participan, tres, cuatro o cinco ministerios. Esa articulación es básicamente parte del trabajo que estamos desarrollando. Me imagino que muchos de ustedes tienen ejemplos precisamente de esa realidad que tuvimos hace no mucho tiempo, de acciones con esfuerzos muy particulares, pero que no se trasladaban a otras entidades.

4.2.3

TERCER PROBLEMA: “COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS OFICINAS DE INTEGRIDAD, COMPLEJIDAD Y FALTA DE PRESUPUESTO”

Antecedentes El Perú enfrenta el reto de una implementación compleja de las Oficinas de Integridad en las entidades públicas, dado el conjunto de elementos, funciones e instrumentos que se les encarga y reconocen.

Por un lado, el Decreto Legislativo Nº1327 y su reglamento les asigna las funciones de: a) recibir las denuncias sobre actos de corrupción que realicen los denunciantes y que contengan una solicitud de protección al denunciante; b) evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de corrupción y, en tal sentido, disponer la aplicación de las medidas de protección al denunciante o testigos, según corresponda; c) evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer las medidas correspondientes; d) trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaría Técnica encargada de pre-calificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad o al Procurador Público de ameritarlo; e) coordinar con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad a la que pertenece el contenido de las capacitaciones de personal en materias relacionadas a la probidad en el ejercicio de la función pública; participar y conducir el proceso que conlleva a la aprobación del plan anticorrupción de su entidad, así como hacer seguimiento a su cumplimiento.

Por otra parte, de acuerdo al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, el modelo de integridad para las entidades del sector público tiene los siguientes componentes: compromiso de la Alta Dirección; gestión de riesgos; políticas de integridad; transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; controles interno, externo y auditoría; comunicación y capacitación; canal de denuncias; supervisión y monitoreo del modelo de integridad, y encargado del modelo de integridad.

Dada la poca confianza de la población en la lucha contra la corrupción en el Perú y el descrédito de las entidades e instituciones con competencias anticorrupción e integridad pública, asumir todos los

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componentes y funciones de forma simultánea con el riesgo de una implementación desordenada, deficiente, dilatada y sin resultados rápidos, puede ahondar la referida desconfianza. Es preciso desarrollar una estrategia de implementación que oriente en favor del éxito y legitimidad de las Oficinas de Integridad Pública.

Pese a la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (DS 092-201PCM), el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y la Política General de Gobierno, donde se señala como máxima prioridad de gobierno la integridad y la lucha contra la corrupción, esta estrategia debe materializarse también en apoyo concreto a las entidades encargadas de la promoción y articulación de la integridad. Como muestra de ello, si bien se están realizando esfuerzos, la insuficiencia de presupuesto es uno de los elementos que están a la base de esta problemática.

ASISTENTE DEL PÚBLICO, BELINDA BALDEON, SECTOR SALUD En Salud tenemos cuatro órganos públicos adscritos. En el SIS ya se tiene una oficina de integridad, el Ministerio de Salud tiene una oficina de transparencia y anticorrupción, y en realidad nosotros veníamos implementando especialmente el tema de atención de denuncias. Luego ya con el plan, en virtud del 1327, ya estábamos implementando los mecanismos de atención de denuncias.

Bajo el Decreto Legislativo 1327 y el Plan Nacional ya estamos consolidando este mecanismo y el tema es que el Ministerio de Salud tiene veinte órganos desconcentrados, es una estructura grande; en consecuencia, le queda la duda a todos los órganos desconcentrados si ellos implementan también oficinas de integridad.

ASISTENTE DEL PÚBLICO - PEDRO MERINO, CONCILIO NACIONAL EVANGÉLICO DEL PERÚ Nuestra organización participa en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y creemos que en realidad que es un Plan Nacional bien elaborado. El asunto ahora sería su implementación y la coordinación con otros planes que ya existen, de tal manera que no haya duplicidad de funciones, que haya una coordinación integrada y que esa integración también sea manifestada hacia el público para que lo conozca. Porque si el público no conoce, cómo puede cumplir con ciertas reglas que corresponden a la función pública. Entonces, creo que habría necesidad de coordinación en la implementación del plan nacional.

ASISTENTE DEL PÚBLICO Uno de los aspectos preocupantes, en el caso del Ministerio de Vivienda, tenemos un plan anticorrupción 2017 - 2019 y de las evaluaciones que hacemos trimestralmente siempre logramos implementar el 50% de estas acciones, y el otro 50% no por un tema de presupuesto. Entonces, tenemos que ver la mejor forma de que nuestro plan sea incorporado en el plan operativo institucional, desde el plan estratégico hasta el plan operativo. Mi pregunta sería: ¿cómo hacemos para que realmente haya ese compromiso de parte de las instituciones siendo nosotros una oficina sectorial. Y eso me genera la misma duda que tiene Belinda: ¿se va a hacer sectorialmente o institucionalmente?

RESPUESTA DE PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM Es bastante simple, si no se integra un plan en el POA y en el presupuesto, está destinado a fracasar, y de hecho me llamó la atención, que cuando hablamos de compromiso, no se haya tocado o mencionado el tema del presupuesto.

RESPUETA DE PANELISTA - ADÁN NIETO

Empiezo por lo del presupuesto, que es una cosa más concreta, y luego una observación general. Creo que uno de los puntos donde se ve la independencia del órgano de cumplimiento es que él haga su propio presupuesto, y que después lo someta aprobación al órgano del cual dependen. Esto es algo que hemos implementado en muchas empresas. La oficina de cumplimiento dice: cuál cree que son sus necesidades, y después el consejo de administración le dice: mira esto no de forma razonada por ésta, por ésta, por esta razón.

Esa forma que funciona en algunas empresas, por qué no se va a implementar en la administración pública. Puede hacerse, y es un índice muy bueno de independencia el tener capacidad presupuestaria, igual que tener capacidad de autorregulación, auto normativa.

La segunda cuestión que quería apuntar tiene un carácter mucho más general y tiene que ver un poco con cuál es la filosofía de este sistema. Su filosofía descansa en la autorregulación, no lo olvidemos; es decir, que cada organización de acuerdo con sus necesidades se haga un traje a medida, se haga su propio plan de prevención. Si nos volvemos locos regulando, dando directrices, dando instrucciones, estamos haciendo algo que es contrario a la filosofía del sistema, porque estaremos haciendo organizaciones que solo necesitan tener un macro plan de integridad y esto no tiene mucho.

No todos los organismos públicos tienen un problema de corrupción semejante, unos lo pueden tener muy alto, unos lo pueden tener muy bajo. Lls necesidades presupuestarias son muy distintas, las medidas de control también, yo lo que no haría, aparte de unos aspectos muy básicos, es regular demasiado y que luego cada organismo vea cómo se hace su propio traje a medida con la colaboración del órgano supervisor, pero para ayudarle a hacer el traje a medida no para imponerle un traje que no lo va a sentir cómodo.

RESPUESTA DE PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO No sé si he comprendido muy bien, pero yo entendí que tienen muchas oficinas hechas. La primera cosa que yo tengo que decir también, es que tenemos este problema en Brasil. Debemos hacer un análisis regulatorio, muchas veces vamos creando gobiernos diferentes, se crea, una cosa, pero cuando se va a leer las cosas, son las mismas cosas, y se queda con siete oficinas que hacen la misma cosa.

Entonces lo primero es un análisis regulatorio, porque tenemos que cerrar algunas oficinas o incorporar a otra oficina los roles de esta. La otra, como ha dicho Adán, después de analizar riegos y todo para hacer nuestras medidas, podemos implementar algunas puntuales que no necesitan muchos costos, y tenemos otros que son más transversales.

Por ejemplo, existe duda, para nosotros sobre la calidad de los servidores, porque tenemos los cargos que son ocupados por indicación política, y muchas veces el problema es la capacidad de estas personas.

Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un decreto presidencial en Brasil para crear requisitos mínimos para que se pueda ocupar un cargo, porque la indicación política es imposible de acabar.

Nosotros hacemos una broma en Brasil, que nuestro sistema de control es un sistema avanzado de planillas, con Excel. La idea básica de control es que ningún control puede tener un costo más grande que su resultado, pero muchas veces queremos crear control, pero este tiene un costo muy alto.

RESPUESTA DE PANELISTA - GONZALO GUERRERO

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Quisiera compartir la experiencia de cómo hicimos en Chile la implementación de nuevas directrices, en transparencia, declaración de intereses y patrimonios y lobby, que quizás podría de alguna manera ayudara a gestionar acá en Perú. En 2008 entró en vigencia la ley de transparencia en Chile y aquella situación tenía varias dificultades.

La primera una dificultad presupuestaria porque no había presupuesto para implementar la ley en todos los servicios públicos, alrededor de 350, que obligatoriamente debían aplicar la ley a partir del 1 enero del 2009. El año siguiente, entonces, se tomó una decisión a través de una directiva presidencial de enviar a todos los servicios que nominaran a un funcionario por servicio encargado en aspecto de transparencia tanto en su dimensión activa como pasiva.

Luego de aquella situación la Comisión de probidad y transparencia comenzó a impartir directrices a cada uno de estos funcionarios ayudándolos a la implementación de la ley de transparencia en cada uno de estos servicios creando una pauta uniforme. Esto se replicó en el tiempo, se replicó con la declaración de interés y patrimonio, con la ley del lobby, de manera tal, de que la comisión tiene alrededor de 20 personas que trabajan, pero tiene 350 funcionarios que reportan a su jefe de servicios directos y al mismo tiempo reportan a la Comisión de probidad y transparencia, en cumplimiento de la ley.

De manera tal que evadimos la difícil tarea de identificar el cumplimiento de 350 servicios, a través de reportes de cumplimiento. Así, identificamos y determinamos cuáles son los riesgos en cada uno de sus servicios respecto a la transparencia, al lobby, a la declaración de interés y patrimonio. El Consejo de auditoría interna general de gobierno utiliza de la misma manera a los auditores internos de cada una de las instituciones.

Es una experiencia que es bastante barata, no cuesta más que tener el enlace en cada uno de los servicios, se genera capital humano bastante especializado, de hecho generamos reuniones mensuales con cada uno de estos encargado, tratamos de que lo encargados de declaraciones de interés y patrimonio, transparencia, lobby, sea el encargado y responsable de integridad cada uno de los servicios, de manera tal que se forma un capital absolutamente avanzado, con alta experiencia, conocimiento avanzado, pero también que tiende a permanecer en el tiempo. De 2008 hasta hoy han pasado diez años, y los funcionarios han cambiado en muy poca medida porque verdaderamente es muy caro seguir formando funcionario en esa materia.

Es una experiencia que ha dado bastante buen resultado y que la estamos replicando ahora a propósito de los códigos de ética y también la estamos replicando a propósito de los sistemas de regulación de puerta giratoria.

INTERVENCIÓN DE ERIKA GARCÍA COBIÁN, GIZ Solo quería poner un énfasis en este último problema relativo a la complejidad de la implementación de las oficinas y su funcionamiento. Quería contextualizar lo que para nosotros también es un desafío, la coyuntura, pero también la historia, que ha generado que haya mucha desconfianza de la ciudadanía, hacia las entidades que tienen competencias anticorrupción o que trabajan integridad. Entonces, puede jugar en contra la complejidad de el modelo por sus múltiples componentes, tareas, funciones, encargos, con esta desconfianza de la ciudadanía, entonces. Por eso quisiera preguntar ¿qué estrategias y qué resultados prontos que puedan fortalecer esa confianza de la ciudadanía nos pudieran sugerir en este proceso?

ASISTENTE DEL PÚBLICO – ELOY MUNIVE, SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Sólo para no dejar en el aire la pregunta sobre planeamiento y bueno voy a pedir disculpas al panel porque voy a hablar de algunos términos del planeamiento estratégico peruano y tal vez no se va a entender del todo. La política nacional de integridad que ya tenemos nos da una gran posibilidad para poder justamente integrar una de las herramientas de los sistemas administrativos que es planeamiento estratégico.

Entonces, tendríamos que incluir todo tipo de acción en los documentos de planeamiento, estoy hablando de POI y PEI, pero además también podemos ir más allá inclusive hasta los PESEM porque el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción -y esto lo hablamos con CEPLAN al momento de la elaboración- tiene consideración de plan estratégico nacional, y como es un plan estratégico multisectorial nacional, tiene la capacidad de poder vincular a nivel de planeamiento estratégico POI, PEI, y PESEM. Por ello, en cualquier modificación o actualización de estos documentos de planeamiento tendría que recogerse lo que ya está establecido a nivel de política y a nivel de las acciones puntuales que se están desarrollando. Lo que quiero decir es que, si en algún momento vamos a empezar con una actualización del PEI y si vamos a trabajar en el POI del próximo año, si vamos a trabajar en el PESEN del ministerio tendríamos que exigir que exista por lo menos un componente vinculado a integridad, un componente que permita precisamente que los recursos, lleguen a las acciones que ustedes están pensando desarrollar.

Es la única forma de vincular la parte presupuestaria con la parte que ustedes vienen desarrollando.

Los documentos internos que se elabora de planes anticorrupción lo único que está haciendo es mostrar el compromiso de la entidad de que es lo que se va a hacer, pero la vinculación con el presupuesto viene por vincular ese documento con los documentos de planeamiento. Ahora CEPLAN iba a seguir esa indicación, sin embargo, lo que se estableció en el Decreto Supremo 029-2018, que es el reglamento de las políticas nacionales, es que haya un proceso de actualización de las políticas, porque muchas políticas no cumplen con la estructura que solicita este reglamento, sin embargo, en el caso de la política nacional de integridad esta se encuentra acondicionada a esas esos requerimientos que formula este reglamento.

Sin embargo, ellos están trabajando la actualización de las otras políticas, porque tenemos muchas políticas. Por eso consideramos que sí, tenemos que buscar en la mayor medida al momento de la formulación del planeamiento tratar de incluir el componente de integridad y podemos recurrir a la Secretaría de Integridad Pública para que acompañe en el proceso, y nosotros obligatoriamente lo coordinamos con CEPLAN para que se refleje puntualmente en estos documentos de planeamiento.

ASISTENTE DEL PÚBLICO En referencia al tema del costo al que se hacía referencia, quizás como dato, no sé si lo tengan, pero según el diagnóstico que se hizo para la política nacional anticorrupción, es un dato sabido que el costo de la corrupción en nuestro país de aproximadamente el 10% del PBI. Algunos lo estiman en doce mil millones de dólares, más o menos. En ese sentido, la inversión de recursos en la implementación de estos planes de integridad y lucha contra la corrupción creo que bien lo justifica.

En relación con el tema de implementación, creo que el paso de la creación de la secretaría como ente rector es lo que va a permitir esa estandarización de lo que son las oficinas de integridad. Y quizá se nos ocurra, como conversamos con algunos colegas, que debería pasarse a ese tercer paso, que es el hecho que las oficinas de integridad sean, es decir, si bien adscritas o funcionan dentro una dependencia, orgánicamente respondan a la Secretaría de integridad pública.

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RESPUESTA DE LA PANELISTA - SILVIA SPÄTH The question about quick results to restore trust, I’m really sorry to say so but corruption prevention is not the tool to restore trust, because people, what see on the news, what is important for them, so I think for them is more important to see corrupt people to be prosecuted, to be sanctioned, to be penalized; this is what they are interested in. Nevertheless, go public with your corruption prevention; tell people what you are doing. We heard yesterday about these juvenile auditors, right? Include the public and the civil society into your work; go public with what you are doing, but it’s a long-term strategy. Corruption prevention is nothing that achieves results from now till tomorrow. It`s a long-term strategy. I think it was last year, here in Peru, what I said, you need persistence and sometimes you have to be a bit stubborn and it takes time. Corruption prevention takes time so sorry, no quick results with that, but something will have results; sometimes you`ll have to restore trust, but in a country where you have a lot of corruption cases, it will certainly take more time maybe one generation if you definitely have results.

RESPUESTA DEL PANELISTA - FRÉDÉRIC BOEHM Respondiendo a Erika, estoy completamente de acuerdo con Silvia. No es una medida directa para la confianza, sin embargo, de pronto hay una buena oportunidad en los mapas de riesgo. Sí tienen esos análisis de riesgo de las prácticas corruptas tienen impacto y probabilidad de ocurrencia y hay algunas prácticas que son muy visible para los ciudadanos, que impactan directamente en lo que realmente quieren los ciudadanos, entonces ahí puede haber una oportunidad para algunos resultados muy visibles.

RESPUESTA DEL PANELISTA - WAGNER DE CAMPOS ROSARIO Yo voy a decir casi la misma cosa, pero tuve la oportunidad de leer al profesor Fernando Jiménez de la Universidad de Murcia, que habla sobre los círculos viciosos de la corrupción. En los círculos viciosos de la corrupción tenemos, la desigualdad social. Las personas están observando muchos casos de corrupción y la desconfianza social. Seguro que, en Perú, así como en Brasil enfrenta una desigualdad social muy fuerte, entonces las personas no tienen confianza, porque creen que algunos tienen acceso a algunas cosas y ellos no.

Entonces lo que tengo que decir es que es un trabajo de largo plazo. Tenemos que trabajar mucho, pero los resultados no son hoy, ni mañana, no podemos trabajar pensando que vamos a recibir o vamos a cambiar la confianza social en el próximo año, Se va a trabajar en la desconfianza social hasta que la desigualdad social baje. Cuando la desigualdad social empiece a bajar vamos a tener una cantidad mayor de personas que van a creer en las políticas públicas, en las personas. Pero es un trabajo que, si trabajamos esperando un reconocimiento, vamos a desistir. No hay reconocimiento. Vas a trabajar y vas a ser visto como corrupto, como una serie de cosas, pero el resultado tiene que estar al frente y principalmente no podemos olvidarnos de la educación de los niños que van a cambiar eso, No es nuestra generación la que va a ver este cambio.

4.3 Reflexiones Finales 4.3.1

REFLEXIONES FINALES EDUARDO VEGA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ÉTICA Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA

En primer lugar, quiero agradecer por este espacio que realmente ha sido muy rico, gracias a los expertos, que nos ha acompañado ayer y hoy, por el diálogo abierto, sincero, franco y a todos ustedes, funcionarios públicos que conocen muy bien las dificultades, el vía crucis de nuestra administración pública.

Hay tres palabras que creo que puede graficar lo que hemos trabajado esta mañana. La primera reacción que tengo es que no crean que los van a recibir con los brazos abiertos en sus instituciones. No van a haber brazos abiertos, incluso desde, por ejemplo, la Secretaría de Gestión Pública, que muchas veces es reacia a entender la necesidad de impulsar con más énfasis políticas de esta naturaleza.

La segunda palabra es que van a tener que pelearse. Si no están dispuestos a pelearse por el tema de la integridad probablemente no sea este su puesto. Sé que el énfasis que debemos priorizar es la prevención, lo sé muy bien, pero en contextos latinoamericanos y el peruano concretamente, el tema de la prevención tiene un fuerte componente ya de pelea, ustedes van a entrar a romper círculos de corrupción. Eso me lleva a poner dos ejemplos muy puntuales que han ocurrido recientemente.

En los famosos audios, que tenemos del Callao, el Señor Ríos, una de las cosas que hacía era llevar al personal de limpieza para que limpie su casa. ¿Ningún trabajador del Poder Judicial del Callao sabía eso? Todos lo sabían. Yo no me quiero pegar de pulcro ni nada, pero yo hacía eso en la Defensoría del Pueblo, y en el minuto siguiente tenía a todo el personal, al sindicato, a la prensa, diciendo miren el Defensor, como lleva al personal de limpieza a su casa. Lo que les quiero decir con este ejemplo, es que al interior de las instituciones no hay secretos, pero lo que las diferencia es cómo se reacciona frente a un mismo caso.

Esa labor les va a corresponder a ustedes. El profesor Adán Nieto nos decía que, para el jefe, hay que tener alguna una política especial que sea validada por un organismo externo, porque puede darse el caso, hay que ponernos en este supuesto, de que estos temas alcancen a los jefes y hay que estar preparados para pelear también a ese nivel.

Entonces qué les quiero decir, ya como estrategia. Tenemos que mirar siempre en el Estado peruano el día a día y la estrategia de largo plazo para ganarnos un espacio. El día a día, lo inmediato y luego construir el modelo para que tenga viabilidad en el tiempo, que tenga los recursos, que poco a poco se vaya haciendo un espacio y se vaya haciendo parte de la cultura organizacional de cualquier ministerio, gobierno regional, en fin, de todos los sectores.

Pero si no hay eso me parece que empezamos mal. Los invito a pelear el lugar que están ocupando en cada institución en este momento, no crean que se los van a dar porque lo piden. Desde la estructura hasta los recursos, ya nos han contado varios de ustedes que el presupuesto no les alcanza ni para la mitad de lo que tienen que hacer, a mitad de año se quedan sin presupuesto, esa es la primera pelea que ustedes tienen que hacer.

A veces pisamos callos de otras áreas. Allí el rol articulador va a ser clave. Y ganarse nuevamente el peso que creo que cada vez tienen que ir ganando estas oficinas al interior de nuestras instituciones.

Vamos a hacer un elefante que llega y que con mente abierta va cambiando las cosas al interior.

Tenemos que romper círculos que se han acostumbrado durante años a funcionar de determinada manera.

Sin esa mirada posiblemente el riesgo es que más bien nosotros terminemos en esos círculos, absorbidos por el reglamento, por la indicación, por el dato. No. Aquí entramos de alguna manera a romper cómo funciona, cómo opera la corrupción, que más o menos sabemos cómo opera.

Creo que a mí lo que me toca es alentarlos, es lanzar una arenga por la integridad de nuestro Estado, que se institucionalice por supuesto. Ese, creo, es el esfuerzo técnico que tenemos que hacer. Tiene que

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haber mucha sapiencia para poder trabajar claramente con el jefe directo de ustedes que, ojalá, sea el Ministro o, en fin, la autoridad más alta de sus instituciones.

No va a ser fácil. Habrá momentos de pelea, de tensión, por supuesto, y ese es el esfuerzo de cualquier oficina integridad y creo que ahí vamos a ir notando esos cambios que al interior de estas instituciones se requiere y que hay que manejar.

No regular tanto nos decían. Yo creo que es eso, vamos construyendo algo nuevo, estamos en un momento muy importante porque esto se está construyendo y efectivamente la lógica con la que opera normalmente el Estado probablemente no entienda mucha de las cosas que estas nuevas instancias plantean y por eso estas oficinas tienen que ir incorporándose a esta dinámica, pero sin perder lo esencial de su tarea, la prevención de la corrupción.

4.3.2

REFLEXIONES FINALES SUSANA SILVA HASEMBANK, SECRETARIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Muchísimas gracias también a todos ustedes por su contribución, por sus inquietudes, porque son las que finalmente nos alimentan para en el camino de lo que tenemos que regular. Muchísimas gracias también a los panelistas, a los expertos internacionales. Nuevamente muchísimas gracias a Fiorella y a todos los amigos de la Cooperación Alemana y por supuesto a mi equipo.

Solamente me resta decirles, un poco refiriéndome a lo que había señalado Eduardo, que la Secretaría de Integridad Pública ha sido creada con la finalidad de tener por primera vez en nuestro país una instancia que pueda establecer bajo una rectoría determinadas líneas que generen cierta uniformidad respecto de la estrategia y de herramientas anticorrupción en nuestro país y que, lamentablemente, han estado funcionando de manera un tanto desarticulado.

Pero, sobre todo, lo que buscamos en la tarea que hemos asumido, es que hay un conjunto de herramientas y elementos que vienen funcionando dentro de la administración pública (el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de las denuncias, de la sanción propiamente dicha, las capacitaciones que son fundamentales) que han estado funcionando de manera desarticulada. Lo que buscamos hoy es que los responsables de estas herramientas interactúen y en ese rol cumplen un papel fundamental las oficinas de integridad institucional, en la línea justamente de tener un modelo de integridad.

No se trata, sin embargo, de que tengan todas exactamente las mismas características y que todas tengan que funcionar del mismo modo, bajo un corsé que las aprieta. Pero sí creo que se trata de tener ciertos niveles de uniformidad, para lo cual es necesario establecer mínimos y lineamientos, y esa es ahora nuestra tarea. Buscamos qué estas oficinas de integridad institucional sean un referente. Sí creemos, en la línea de lo señalado por Eduardo, que deben tener la fuerza para impulsar cambios cuando ocurren irregularidades dentro de la entidad y que nadie quiere asumirlas. Hay que estar preparados también para ese rol.

En fin, la tarea es bastante compleja y larga, pero nosotros estamos abocados ya ustedes saben lo que estamos haciendo. No estamos perdiendo, no queremos perder el tiempo, ni el paso en la urgencia que demanda este tema en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a continuar trabajando con todos.

5 Conclusiones Durante los días 18 y 19 de setiembre del 2018, se llevó a cabo la Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción”, organizada por la Contraloría General de la República y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. El evento permitió conocer y debatir sobre las características de los modelos de integridad pública con el objetivo de contribuir al proceso de implementación en el Perú y fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción. Algunas conclusiones que pueden plantearse del evento son las siguientes: 1.

Existe consenso en señalar que para enfrentar la corrupción de manera sostenida se requiere priorizar las tareas de prevención, la promoción de una cultura de honestidad, impulsar mecanismos de mayor transparencia, rendición de cuentas, la participación ciudadana en la gestión pública y el diseño e implementación de verdaderos sistemas de integridad al interior de las instituciones públicas.

2.

La Conferencia Internacional ha permitido conocer que se están dando pasos importantes para establecer e implementar los programas de integridad en las distintas oficinas públicas, alentando la capacitación y el intercambio de experiencias que permitan fortalecer su tarea, con medidas eficaces, indicadores claros y resultados medibles.

3.

El modelo de integridad es el conjunto de medidas adaptadas a cada organismo de la administración pública para prevenir la corrupción. No se trata de más burocracia sino de un instrumento de gestión de las instituciones con el fin de crear una cultura de la legalidad, integridad, el cumplimiento de compromisos éticos y de prevención de la corrupción.

4.

Los sistemas de integridad requieren el involucramiento directo, liderazgo y compromiso de las más altas autoridades del país y del líder o responsable de cada institución sea de nivel nacional, regional o municipal. Sin este compromiso y liderazgo es muy difícil que pueda funcionar las acciones y medidas que implemente la oficina de integridad.

5.

En ese esfuerzo se inscribe el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 20182021, que señala que el modelo de integridad para las entidades del sector público tiene los siguientes componentes: compromiso de la Alta Dirección; gestión de riesgos; políticas de integridad; transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; controles interno, externo y auditoría; comunicación y capacitación; canal de denuncias; supervisión y monitoreo del modelo de integridad, y rol del responsable del modelo de integridad.

6.

Sobre la denuncia de los actos de corrupción, el Decreto Legislativo Nº1327 asigna a las oficinas de integridad las funciones de: a) recibir las denuncias de corrupción y asegurar la protección al denunciante o testigos; b) evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de corrupción; c) evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer las medidas correspondientes; d) trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaría Técnica encargada de pre-calificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad o al Procurador Público. Al respecto, el debate suscitado en la Conferencia Internacional plantea la necesidad de analizar las funciones actuales y definer si debe comprender el desarrollo de investigaciones por parte de las oficinas anticorrupción.

106

7.

Asimismo, el evento permitió conocer las experiencias internacionales en materia de compliance en Alemania, Chile y Brasil. En el caso de Alemania, destaca el trabajo en materia de identificación de riesgos de cada entidad y la difusión posterior del diagnóstico, lo cual debe evaluarse para el caso peruano. Por su parte, se destacó que en Chile, el desarrollo del Sistema de Integridad contó con dos elementos clave, de una parte, su naturaleza de política de Estado al haberse sostenido en cuatro gobiernos en los que hubo alternancia de poder en ese país, y por la otra, mediante reformas constitucionales y legales dirigidas a prevenir la corrupción, mejorar la transparencia, el lobby y la rendición de cuentas. En el caso del Perú, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que tiene como ejes, la capacidad preventiva, la identificación y gestión de riesgos, así como, capacidad sancionadora, destacándose asimismo que plantea un modelo de integridad que busca dotarle de un carácter sistémico a cada una de las herramientas que todas las entidades deberían implementar recogiendo además las buenas prácticas internacionales de la OCDE, el G20 y otros organismos internacionales. En el caso del Brasil, el Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión aglutina importantes funciones por la integridad y la lucha contra la corrupción, tal es el caso del fomento a la transparencia, promoción de la integridad pública y privada, los sistemas de comunicación entre ciudadanía y gobierno, la responsabilidad de los servidores públicos y personas jurídicas a nivel administrativo y civil, así como, el control interno.

8.

El evento también permitió conocer las estrategias que desarrolla la Contraloría General de la República del Perú, en el marco de la nueva Ley de Fortalecimiento Institucional, lo cual le permite reforzar su labor de control externo de modo concurrente y con mayor transparencia. El Contralor General afirmó que el control externo nunca podrá reeemplazar a las tareas de prevención de la corrupción, de promoción de una actuación íntegra y a la implementación del compliance y los planes de integridad que deben realizar las propias instituciones. En ese sentido, es importante que la labor de la Contraloría pueda alentar los esfuerzos de las instituciones para instalar sus planes de integridad.

9.

Asimismo, el evento permitió conocer las buenas prácticas del Brasil y Perú orientadas a la la utilización de un aplicativo dirigido a los funcionarios públicos con el objetivo de conocer el avance en el diseño, implementación y conocimiento de los planes de integridad en las entidades públicas; asimismo, la generación de capacidades formativas en los auditores escolares para alertar sobre deficiencias a nivel de sus colegios; por otra parte, las alertas para el buen uso de los recursos plúbicos en campañas electorales; e igualmente compartir la experiencia acerca del rol del oficial del compliance desarrollado por una entidad pública.

10. Finalmente, se pusieron en debate las dificultaddes que enfrenta la implementación del modelo de integridad en las instituciones públicas, tales como la falta de claridad en el rol que deben asumir las Oficinas de Integridad Institucional. El Decreto Legislativo 1327, señala que éstas se encargan de recibir denuncias, pero no atenderlas, otorgar protección a los denunciantes de actos de corrupción y articular funciones de integridad. Este modelo destaca por su rol articulador y de acompañamiento. Sin embargo, se requiere una definición sobre el rol de estas oficinas en la recepción de denuncias y cuales son sus facultades y atribuciones para desarrollar investigaciones en el marco de estas denuncias, asi como desarrollar un sistema de protección al denunciante.

11. Otros problemas que se aprecian son: la ubicación de las Oficinas de Integridad Institucional en la estructura orgánica de la entidad. El Decreto Legislativo Nº 1327 establece que estas oficinas debían depender del Secretaría General o similares, situación que debilitaría su

capacidad de actuación y articulación de manera transversal en toda la entidad. El desarrollo de acciones dispersas y desarticuladas lo cual requiere de una estrategia de integridad y lucha contra la corrupción de múltiples actores. Por ello resulta fundamental conformar un Sistema Funcional de Integridad que articule debidamente la Política Nacional y permita desarrollar acciones conjuntas para cumplir con los objetivos y metas trazadas. Si bien esto se viene alentando, aún subsisten esfuerzos dispersos 12. La Falta de recursos para la integridad y lucha contra la corrupción puede ser un obstáculo real para la implementación adeciada de las oficinas de integridad. Pese a la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (DS 092-201-PCM), el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y la Política General de Gobierno, que señala la máxima prioridad de gobierno a la integridad y la lucha contra la corrupción, aún esta pendiente el apoyo concreto a las entidades y oficinas encargadas de la promoción y articulación de la integridad. Una muestra de ello es la falta de presupuesto que tiene estas unidades.

13. Se necesita revertir la poca confianza de la población en la lucha contra la corrupción en el Perú y el descrédito de las entidades e instituciones con medidas concretas y una estrategia de corto, mediano y largo plazo en prevención e integridad pública. El riesgo de una implementación desordenada, deficiente, dilatada y sin resultados rápidos, puede ahondar la desconfianza.

14. Promover una cultura de integridad y la implementación del modelo de integridad en el las entidades públicas es un esfuerzo importante que debe involucrar también al sector privado y la sociedad civil a fin de reducir la tolerancia que existe frente a la corrupción. Para ello es necesario una comunicación fluida entre los miembros de las entidades públicas y la ciudadanía generando espacios de discusión sobre asuntos vinculados a la integridad. Es importante construir un ambiente idóneo, amplio e inclusivo para la implementación de una verdadera política de integridad en el país.

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6 Recomendaciones Las presentes recomendaciones surgen del intercambio de conocimientos y experiencias vertidos en la Conferencia y Taller interncionales y si bien se han adaptado a la realizadad del Peru, es posible que parte de ellas puedan ser tomadas en cuenta por países interesados en implementar sus sistemas de integridad pública.

A la Presidencia del Consejo de Ministros: 1.

Fortalecer el proceso de implementación de la Secretaría de Integridad Pública otorgándole los recursos humanos y presupuestales necesarios para el 2019, con la finalidad de que cumpla con su rol rector en el diseño, implementación y supervisión de los sistemas de integridad al interior de las instituciones públicas de nivel nacional, regiona y local.

2.

Promover una cultura de integridad e impuldsar mecanismos de mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión pública, de las entidades nacionales, regionales y locales, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

3.

Desarrollar una iniciativa normativa para definir que la elaboración e implementación de los planes de Integridad tienen carácter obligatarorio. Asimismo, desarrollar incentivos para las entidades públicas que presenten con diligencia sus planes de integridad y los implementen adecudamente, con indicadores específicos y medición de los resultados obtenidos.

4.

Evaluar conjuntamente con la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaria de Integridad Pública la actual ubicación de las Oficinas de Integridad Institucional dentro de las secretarías generales o similares, según lo establece el Decreto Legislativo Nº 1327. Se recomienda que las oficinas de integridad puedan estar ubicadas al más alto nivel de la entidad debido a que sus decisiones impactan en toda la institución.

A la Secretaría de Integridad Pública: 5.

Fortalecer su función rectora en el diseño, implementación y asesoramiento de las oficinas de integridad de las entidades públicas a fin de que desarrollen sus planes de integridad institucional.

6.

Desarrollar una estrategia especial de atención y apoyo a las autoridades regionales y municipales electas que asumirán funciones el 1° de enero del 2019, con la finalidad de que aprueben e implementen sus planes de integridad para el period 2019 - 2022. Esta estrategia debe implicar el diseño e implementación de los planes, la capacitación a las nuevas autoridades, el monitoreo y la coordinación permanente a fin de que las acciones se adapten a cada realidad.

7.

Mejorar la coordinación y articulación de las distintas oficinas y unidades de prevención de la corrupción en el Poder Ejecutivo y en los Gobiernos regionales y locales. Para ello, se recomienda conformar un Sistema Funcional de Integridad que articule debidamente la Política

Nacional y permita el desarrollo de acciones conjuntas para cumplir con los objetivos y metas trazadas.

8.

Desarrolar una estrategia de difusion de los planes de integridad, incluyendo sus diágnosticos de riesgos y las acciones a desarrollar.

9.

Sobre la denuncias de actos de corrupción, de acuerdo con el D.Leg. 1327 y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción se recomienda:

a)

Estandarizar un mecanismo de denuncias integrado e interoperable entre las distintas instituciones que tienen competencia en el ámbito administrativo.

b)

Establecer y desarrollar un mecanismo efectivo de protección al denunciante y los testigos de actos de corrupción y difundir sus alcances.

c)

Fortalecimiento de sistema de recompensas por denunciar actos de corrupción.

d)

Esclarecer el rol y las atribuciones que tiene las oficinas de integridad para investigar los actos de corrupción denunciados.

A la Contraloría General de la República: 10. Potenciar sus esfuerzos en el desarrollo una estrategia de prevención de la corrupción que le permita contribuir con el diseño e implementación de los planes de integridad al interior de las propias entidades públicas en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública.

A los ministros de Estado, titulares de entidades públicas, de organismos autónomos y reguladores, gobernadores regionales, alcaldes, y jefes de entidades públicas: 11. Recomendar de manera urgente a los titulares de las instituciones de nivel nacional, regional y local el involucramiento directo, liderazgo y compromiso para elaborar, diseñar, aprobar e implemetar los planes de integridad de sus respectivas instituciones. Estos planes de integridad deben formar arte de los Planes operativos anuales y contar con los recursos presupuestales necesarios para que desarrollen sus labores. Asimismo los planes deben contar con un conjunto de metas concretas, indicadores y resultados que permitan medir esta labor.

A los nuevos gobernadores regionales y alcaldes municipales electos: 12. Recomendar a los nuevos gobernadores regionales y alcaldes municipales que asumen funciones el 1° de enero del 2019, a iniciar sus gestiones dando prioridad al diseño e implementación de planes de integridad institucional para el periodo 2019 – 2022. Dicho planes deben estar incorporados en sus planes operativos anuales con sus respectivos presupuestos y contar con medidas eficaces, indicadores claros que permitan medir sus avances y un sistema de monitoreo y evaluación de los resultados de corto, mediano y largo plazo.

13. Recomendar a todas las entidades públicas que los planes de integridad deben contener, como mínimo, los siguientes elementos: a)

Un diagnóstico claro de las áreas de riesgo de corrupción dentro de la organización, así como el fortalecimiento de los procesos de gestión y evaluación de riesgos.

110

b) c) d)

e) f)

g) h) i) j) k)

Implementar un sistema de control interno de la entidad pública diferenciándole del rol que cumplen el control que ejercen las Oficinas de Control Institucional (OCI).

Un sistema coherente y completo de responsabilidades, estrategia y normas.

Medidas concretas para prevenir la corrupción en el ámbito de las contrataciones públicas considerando para ello lo establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, tales como: - Designar Comités de Selección exclusivos y bien remunerados.

- Asegurar y transparentar la competencia en concursos públicos - Mejorar la elaboración de los expedientes técnicos de las obras públicas planificadas y concertadas con la sociedad civil.

- Publicar y difundir todas las compras inferiores a 8 UIT. Desarrrollar una cultura organizacional basada en la meritocracia que permita reclutar y capacitar funcionarios cualificados y comprometidos con la integridad y con el apoyo y coordinación con el Servicio Civil (SERVIR).

Integrar las distintas unidades que hacen labores vinculdadas con la prevención de la corrupción, acceso a los mecanismos de transparencia, promueven la participación ciudadana y rendición de cuentas y la capactitación del personal, con el fin de que mejoren los mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las unidades y se brinde un mejor servicio a la ciudadanía.

Recomendar la asignación de un presupuesto específico para la implementación de las acciones que contempla el plan de integridad.

Una planificación orientada a resultados, con indicadores, monitoreo y presupuesto para cumplir con su labor.

Sanciones disciplinarias oportunas y visibles para fomentar credibilidad y legitimidad del sistema.

Facilitar el diálogo con la ciudadanía a través de la transparencia, participación y rendición de cuentas.

Un sistema de atención de denuncias que tengan un componente específico de protección a los denunciantes lo cual sin duda es muy importante y necesario para que el sistema funcione.

7 Galería de imágenes.

Tema 1

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Tema II Sesion 1

Tema II Sesion 2

Tema III

Cierre

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Taller Internacional

8 Anexos.

8.1 Expositores1.

Adán Nieto Martín Catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, España Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha donde dirige el Curso de especialista en cumplimiento normativo, siendo asimismo Sub director del Instituto de Derecho penal europeo e internacional de la misma universidad.

Becario de la Fundación Alexander von Humboldt, ha realizado de estancias de investigación en las universidades de Freiburg, Tübingen y Cambridge, y ha sido profesor invitado en la Facultad de Jurisprudencia de Módena. Es miembro fundador de European Criminal Policy Initiative y del Grupo de Política Legislativa. Ha coordinado numerosas obras entre ellas “Public compliance. Prevención de la corrupción en las administraciones públicas” (2015 Silvia Spaeth Miembro de la Delegación Alemana en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 Detective Inspectora Jefe, División de Integridad, Unidad de Prevención de la Corrupción y Patrocinios, Ministerio Federal de Interior, Construcción y Comunidad de Alemania Detective Inspectora Jefe, División de Integridad, Unidad de Prevención de la Corrupción y Patrocinios, Ministerio Federal de Interior, Construcción y Comunidad de Alemania La señora Späth estudió en la Universidad Federal de Ciencias Administrativas Aplicadas, donde obtuvo el título académico en Gestión Pública. Es miembro de la Delegación Alemana en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, Detective Inspectora Jefe, División de Integridad, Unidad de Prevención de la Corrupción y Patrocinios, Ministerio Federal de Interior, Construcción y Comunidad de Alemania. La señora Spaeth comenzó su Carrera en la Oficina Federal de Policía Criminal, principalmente tratando asuntos de cooperación policial internacional.

En el 2004, se integró al Ministerio Federal del Interior. En la Dirección General de Seguridad Pública, coordinó y supervisó proyectos internacionales de cooperación policial y representó al Gobierno alemán en importantes grupos de trabajo internacionales. Entre el 2008 y el 2011, sirvió como Consejera de Asuntos Internos de la representación permanente de Alemania ante la Unión Europea en Bruselas. Trabaja desde el 2014 en la División de Integridad, Prevención de la Corrupción y Patrocinio y es, entre otras tareas, Delegada de Alemania y Vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Funcionarios de Integridad Pública Superior de la OCDE.

1

Según orden de aparación durante las sesiones temáticas de la Conferencia.

116

Frédéric Boehm Analista de Integridad Pública para América Latina de la OCDE El señor Boehm es Doctorado en Economía con 15 años de experiencia trabajando e investigando sobre corrupción, gobernabilidad, y reformas del sector público. En la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, encabeza el trabajo sobre Integridad del Sector Público en América Latina. Trabajó como profesor de economía en Colombia y en la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ. Fue consultor y evaluador independiente para gobiernos e instituciones internacionales como U4, PNUD, UNODC o la GIZ. Actualmente es también profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde dicta un módulo sobre economía de la corrupción. Ha publicado en libros y varias revistas académicas.

Gonzalo Andrés Guerrero Valle Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia El señor Guerrero es abogado y sociólogo político. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. LLM en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

MSc in Political Sociology por la London School of Economics and Political Science. Doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona.

Especializado en derecho constitucional, administrativo, regulatorio, y del medio ambiente. Posee intereses académicos en cambio social, jurídico político y regulatorio, participación ciudadana y su interacción jurídica con la sociedad, sistemas políticos, teoría de la sociedad y del Estado, derechos humanos y derecho internacional.

Actualmente ejerce como Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Chile.

Susana Silva Hasembank Secretaria de Integridad Pública, Presidencia del Consejo de Ministros del Perú La señora Silva Hasembank, es Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo de la Universidad de Warwick, Inglaterra.

También es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico en materias vinculadas al Compliance Corporativo, Funcionamiento del Estado y Políticas de Prevención de la Corrupción.

Actualmente se desempeña como Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Wagner de Campos Rosario • Ministro de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión de Brasil El señor Wagner Rosario es Ministro de Transparencia y Contralor General de la Unión de Brasil. Es Magister en Lucha contra la Corrupción y el Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca. También es licenciado en Ciencias Militares por la Academia Militar Agulhas Negras.

Es Auditor Federal desde el 2009, siendo el primer funcionario público del Ministerio en asumir el cargo de Secretario Ejecutivo y Ministro. En la Contraloría General de la Unión en Brasil, ha trabajado en el área de Operaciones Especiales, conduciendo investigaciones en crímenes de corrupción, en conjunto con el Departamento Federal de Policía, el Ministerio Público y otras agencias de gobierno.

Humberto Ramírez Vice Contralor de Integridad, Contraloría General de la República del Perú Es señor Ramírez es abogado especialista en Gestión Pública egresado de la Universidad de San Martín de Porres; con estudios concluidos en la Maestría de Derecho Civil y Comercial en la Universidad Particular San Martin de Porres y en la Maestría de Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Actualmente se desempeña como Vicecontralor de Integridad de la Contraloría General de la República, ha sido Secretario General y Vocal titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Ha sido Vocal del Tribunal de Solución de Controversias de OSIPTEL, Miembro del Directorio de ENACO S.A., Secretario del Consejo Directivo y Secretario Técnico del Tribunal de Solución de Controversias, de OSITRAN, Secretario General y Secretario de Directorio de INADE, y Secretario del Consejo Directivo de FONCODES.

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Piero Corvetto Salinas Subgerente de Integridad, Contraloría General de la República del Perú El señor Corvetto es Bachiller y Licenciado y Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, Magíster en Ciencia Política, con mención en Política Comparada y egresado del Doctorado en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú Actualmente es Subgerente de Integridad, Contraloría General de la República. Ha sido Gerente de Registro Electoral y Subgerente de Actividades Electorales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, y ocupe funciones gerenciales en la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE. Es docente en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya y ha enseñado en la Universidad del Pacífico, la Academia Diplomática del Perú, la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP y la Universidad San Ignacio de Loyola.

Frank William Gutierrez Zanelli Gerente de Cumplimiento de Fondo MIVIVIENDA de Perú El señor Gutiérrez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría en Derecho de la Empresa por la misma casa de estudios. Cuenta con diploma de especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal por la Universidad Castilla - La Mancha y un diploma de especialista en Prevención de la Corrupción, Crimen organizado y Terrorismo por la Universidad de Salamanca, España. Certificación FIBA/ AMLCA – USA. Ha sido profesor en la Universidad Particular San Martín de Porres y en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP. Asimismo, ha realizado labores de apoyo a la docencia en CENTRUM Católica Business School. Actualmente es Gerente de Cumplimiento de Fondo MIVIVIENDA de Perú.

Paul Miller • Presidente del Instituto Nacional para el Lobbying y la Ética, EE.UU. El señor Miller en Bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Wisconsin Whitewater, realizando su pasantía de ultimo año con el ex Congresista Les Aspin.

Actualmente, es socio fundador de la firma de Asuntos Gubernamentales Miller / Wenhold Capitol Strategies y es la vez fundador y presidente del Instituto Nacional de Lobbying & Ethics.

En 2005, fue elegido el presidente más joven de la Liga Americana de Lobistas. Tiene una amplia experiencia en la profesión del cabildeo y jugó un papel decisivo en el debate sobre la reforma del lobby en 2006 y 2007. Se ha presentado ante la Cámara de Representantes y el Senado de los EEUU y medios de comunicación para educar al público sobre el tema y propuso cambios a la Ley de divulgación del cabildeo.

El señor Miller se reunido con líderes de Perú, Indonesia, Gran Bretaña, Brasil, Vietnam, Checoslovaquia, Italia, Escandinavia, Polonia y Japón para aportar en los esfuerzos de implementar reglas y regulaciones de cabildeo.

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8.2 Programa del evento.

Programa de la Conferencia Internacional Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción Auditórium de la Escuela Nacional de Control Bartolomé Herrera 255, Lince, Lima, Perú

Martes 18 de septiembre de 2018 08:00 a 08:30

Registro de participantes

08:30 a 09:30

Bienvenida • Señor Stefan Herzberg, Embajador de la República Federal de Alemania • Señora Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente en representación del Presidente del Consejo de Ministros • Señor Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República de Perú

Tema 1: Compliance para la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción en la Administración Pública 09:30 a 11:30 • Agencias anticorrupción y programas de cumplimiento en la administración pública Señor Adán Nieto Martín, Catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, España • Grupo de los 20: G20’s High Level Principles on Organizing Against Corruption Señora Silvia Späth, Miembro de la Delegación Alemana en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 - Detective Inspectora Jefe, División de Integridad, Unidad de Prevención de la Corrupción y Patrocinios, Ministerio Federal de Interior, Construcción y Comunidad de Alemania • Compliance para la Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción en la Administración Pública Más allá del cumplimento Señor Frédéric Boehm, Analista de Integridad Pública para América Latina de la OCDE Moderación: señora Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad Pública, Presidencia del Consejo de Ministros del Perú 11:30 a 11:45

Pausa café

Tema 2: Modelos de Integridad Pública y Compliance: experiencias comparadas 11:45 a 13:15

•

Sistema de Integridad en Alemania Riesgos de Corrupción y cómo se enfrentan en Alemania Señora Silvia Späth, Detective Inspectora Jefe, División de Integridad, Unidad de Prevención de la Corrupción y Patrocinios, Ministerio Federal de Interior, Construcción y Comunidad de Alemania • Sistema de Integridad en Chile Señor Gonzalo Guerrero, Consejo Anticorrupción • Sistema de Integridad en Perú Señora Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad Pública, Presidencia del Consejo de Ministros del Perú Moderación: señor Eduardo Vega, Director del Instituto de Ética y Desarrollo, Universidad Antonio Ruiz de Montoya Fin de la mañana

1

Tema 2: Modelos de Integridad Pública y Compliance: experiencias comparadas (continuación) 14:30 a 15:30

•

15:30 a 15:45

Pausa café

Sistema de Integridad en Brasil Señor Wagner de Campos Rosario, Ministro de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión, Brasil • El aporte de la Entidad Fiscalizadora Superior del Perú al Sistema de Integridad Señor Humberto Ramírez Trucios, Vice Contralor de Integridad, Contraloría General de la República del Perú Moderación: Señor Eduardo Luna, Director General de la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tema 3: Buenas Prácticas o Casos de Éxito

15:45 a 17:15

•

17:15 a 17:30

Cierre

“Auditores juveniles” y “Postula con la tuya” Señor Piero Corvetto Salinas, Subgerente de Integridad, Contraloría General de la República del Perú • TheIntegrityApp Señor Wagner de Campos Rosario, Ministro de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la Unión del Brasil • Oficiales de Compliance Señor Frank Gutierrez, Gerente de Cumplimiento de Fondo MIVIVIENDA de Perú • Lobbying Señor Paul A. Miller, Presidente del Instituto Nacional para el Lobbying y la Ética, EEUU. Moderación: señora Mariana Llona, Directora de la Oficina de Planeamiento y Modernización, Ministerio del Ambiente • •

Señor Humberto Ramírez Trucios, Vice Contralor de Integridad, Contraloría General de la República del Perú.

Señora Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad Pública, Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

2

Programa del Taller Internacional de Reflexión, Análisis y Propuestas: Institucionalización de las Oficinas de Integridad: Hacia un Modelo de Integridad en la Administración Pública en el Perú Sala SUM de la Escuela Nacional de Control Bartolomé Herrera 255, Lince, Lima, Perú

Miércoles, 19 de septiembre de 2018 Taller de reflexión análisis y propuestas Institucionalización de las Oficinas de Integridad: Hacia un modelo de integridad en la administración pública en el Perú 08:30 a 09:00

Registro de participantes

09:00 a 09:10

Palabras de bienvenida

9:10 a 9:30

Resumen e Ideas Fuerza de la Conferencia Internacional (día 18.09) Los principales problemas vinculados a la implementación de los modelos de integridad.

Nathalie Ingaruca, Directora de la Escuela Nacional de Control

Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad Pública

Retroalimentación Problema 1: Falta de claridad en el rol que deben asumir las Oficinas de Integridad Institucional

09:30 a 10:30

¿Qué estrategias o acciones son recomendables para afrontar dichos problemas de cara a la implementación del modelo de integridad en las entidades?

Panelistas expertos y expertas Preguntas de participantes.

Problema 2: Ubicación de las Oficinas de Integridad Institucional o similares, en la estructura orgánica de la entidad y Problema 3: Acciones dispersas y desarticulación

10:30 a 11:30

¿Qué estrategias o acciones son recomendables para afrontar dichos problemas de cara a la implementación del modelo de integridad en las entidades?

Panelistas expertos y expertas Preguntas de participantes.

11:30 a 11:45

Pausa Café Problema 4: Complejidad en la implementación de Oficinas de Integridad en el Perú

11:45 a 12:45

¿Qué estrategias o acciones son recomendables para afrontar dichos problemas de cara a la implementación del modelo de integridad en las entidades?

Panelistas expertos y expertas Preguntas de participantes.

12:45 a 13:00

Reflexiones Finales y Clausura

8.3 Equipo Técnico Organizador Secretaría de Integridad Pública, Presidencia del Consejo de Ministros.

-

Susana Silva, Secretaria de Integridad Pública Eloy Munive, Asesor Mariella Valcarcel, Asesora Gisela Becerra, Asesora María Fuentes, Asesora

Contraloría General de la República del Perú -

Humberto Ramírez, Vice Contralor de Integridad Deshiree Cosme, Gerenta de Control Interno

Escuela Nacional de Control -

Nathalie Ingaruca, Directora Cecilia Salgado, Sub Directora Harry Aguilar, Funcionario

Cooperación Alemana Implementada por GIZ

Programa Sectorial en Anticorrupción e Integridad -

Nicole Botta, Directora Richard Huelsmann, Asesor

-

Hartmut Paulsen, Director Fiorella Mayaute, Asesora Principal Erika García-Cobián, Asesora Senior Victor Morales, Asesor Técnico Grisel García, Asesora Técnica Jessica Leguia, Asesora Técnica Junior André Arana, Practicante

Proyecto Apoyo en la implementación de las recomendaciones de la OCDE en el Área Gobernanza (Proyecto OCDE Gobernanza)

El Equipo Técnico Organizador agradece a la Subdirección de Organismos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú por el apoyo brindando la consecución de la Conferencia Internacional “Modelos de Integridad Pública y Compliance para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción”.

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