Comunicado, 20/06/2012
Ley antimonopolio, un engranaje más del socialismo del siglo XXI
Posición de la Cámara de Caracas ante el nuevo proyecto de Ley contra los monopolios La Cámara de Caracas, una vez más presenta a la opinión pública su posición sobre el nuevo proyecto de Ley contra los monopolios que se discute en el seno de la Asamblea Nacional. Este proyecto es consistente con el conjunto de leyes aprobadas para implantar rápidamente la lógica del socialismo del siglo XXI, propuesta en el I Plan Socialista Simón Bolívar que rige hasta el 2013 y que ha sido ratificado en sus lineamientos esenciales en el plan de gobierno para la gestión bolivariana socialista 2013-2019, presentada por el actual presidente de la República. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y NO un Estado Socialista. Nuestros análisis indican que dicho proyecto de ley no prevé la promoción y protección de la libre competencia, ni la promoción de la eficiencia económica en beneficio de consumidores y productores. Su objetivo NO es promover la ampliación de los mercados, sino un instrumento político que desvirtúa una Ley de naturaleza esencialmente económica, para la regulación y control de conductas en los mercados de bienes y servicios. La supuesta “democratización de la economía nacional”, es una total tergiversación de términos y conceptos. Dicha frase no se puede apreciar en el plano de sus intenciones, sin aludir al plan de gobierno 2013-2019 que definen con claridad que el objetivo de estado es: “impulsar nuevas formas de organización de la producción que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción, e impulsen la generación de un nuevo tejido productivo bajo un nuevo metabolismo para la transición al socialismo”. La democratización que invoca el proyecto no es otra cosa que “impulsar nuevas formas de articulación de nuevas formas de propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad”. El metabolismo económico al que se refiere, no es otra cosa que más controles, más empresas públicas, un uso más intensivo del rentismo petrolero y menos actividades económicas a ser realizadas por los ciudadanos. Tales objetivos son contrarios a las necesidades y aspiraciones de los venezolanos.