Rev. Construcción / Fotografías: Douglas Marroquín
DESAYUNO MENSUAL
Rosa María de Frade, miembro de la Bancada Guatemala.
De Frade aclaró que ésta no es una ley para los medios de comunicación, sino hacia toda la población. “Aunque es una normativa que procura la fiscalización social, no es una ley exclusiva de la prensa, que siempre ha tenido el derecho a requerir información”, comentó la legisladora, y agregó que ahora se podrán conocer informaciones de asesores de funcionarios, gastos de viajes e inventarios de bienes muebles e inmuebles, entre otros rubros. Por su parte, el vicepresidente Espada reconoció que el modelo de gobierno contiene demasiados errores y canales de corrupción. Ello porque, afirmó, “es el reflejo de una sociedad que ha desvalorizado los principios y fomentado de alguna manera que se cometan actos de corrupción que luego quedan impunes”. Espada aseguró que durante el primer año de administración del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza se han realizado algunos cambios en busca de lograr el manejo de fondos de forma transparente. Además, el vicemandatario consideró que para poder impulsar la Ley, respetarla y crear una cultura de servicio público transparente, se necesita que las personas que manejan fondos públicos sean honradas y comprometidas con el país. “Y no solamente honradas, sino con sentido común”, agregó el funcionario, porque no bastará con decir en qué se gastó el dinero del contribuyente, sino que, además, ese gasto deberá ser de calidad y no superfluo. Como tema adicional, Espada indicó que el Ejecutivo buscará la forma de monitorear las cuentas bancarias de los funcionarios públicos y de sus familiares, para evitar el enriquecimiento ilícito con fondos públicos, recomendación que fue hecha hace algunas semanas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). No obstante, algunas entidades seguirán manejando la información de acuerdo a sus normativas internas, ya que por su carácter no pueden ser de condición pública, tal el caso del Registro Nacional de Personas y el Registro de la Propiedad Inmueble. En general, reiteraron los ponentes, lo que busca la ley es la probidad en el gasto mediante la información y la transparencia. Y a pe-
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marzo 2009
Rafael Espada, vicepresidente de la República.
sar de su génesis, la ley cuenta ahora con el apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que asegura que dicha normativa es un paso importante en el manejo de la administración pública. Sin embargo, para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, capítulo Guatemala de Transparencia Internacional, esa ley es un logro de las organizaciones de la sociedad civil, mediante una lucha de ocho años. Ahora, las personas que exijan rendición de cuentas están amparadas mediante una ley, indicó Marroquín, lo que era un derecho garantizado por el artículo 30 de la Constitución, pero que no se cumplía. “Los funcionarios deben entender que no es una dádiva ni un favor que le hacen a la población con esta ley, sino cumplir con su obligación; lástima que es algo que se necesite regular para que se cumpla, pero esperamos que a partir de ahora se genere una cultura de transparencia en la administración pública”, puntualizó el analista. En el gremio de la construcción, la ley ha sido bien recibida. “Esperamos que con esto se logre una mejor eficiencia en el gasto y se dé prioridad a proyectos de interés nacional, así como una mejor gestión por parte del gobierno”, aseguró Rodolfo Gándara Spillari, expresidente de la CGC, quien recordó que “nosotros tenemos nuestro propio código de ética y velamos por el monitoreo de la transparencia, tanto a nivel público como de las empresas que forman parte de la Cámara”.