Como una conquista histórica, así habría que calificar la incorporación del denominado pliego-tipo, dentro de la recientemente promulgada Ley 1882. Se trata de un mecanismo que, en palabras llanas, no es otra cosa que un antídoto contra la corrupción. Y lo es, fundamentalmente, porque estandariza los requisitos de la contratación pública, para cumplir con un único objetivo: evitar a toda costa la manipulación de los pliegos licitatorios que, de manera desvergonzada, se da en ciertas regiones del -país, municipios y departamentos- para favorecer a oferentes corruptos.
