Editorial: El Dinero y Los Arboles

Chile no tiene bosques tropicales. No tiene la suerte de contar con la Amazonía llena de maderas maravillosas con la que el Perú ha sido bendecido. Lo que sí tiene Chile, sin embargo, es un sector público eficiente que ha generado las condiciones para que, por varias décadas, se desarrolle su industria forestal. Así, en nuestro vecino del sur, numerosos empresarios cultivan árboles (desde la semilla) para desarrollar plantaciones forestales que, pese a ser de maderas de poco valor, el 2013 les permitieron exportar productos por alrededor de US$5.700 millones.

A diferencia de Chile, en el Perú recibimos la mesa servida. La madera es de gran calidad y está ahí lista para ser cosechada. Somos, de hecho, el segundo país con mayor potencial de la región después de Brasil. No obstante, la burocracia peruana hace muy difícil que se aproveche este recurso, lo que ha llevado a que el año pasado solo hayamos exportado alrededor de US$140 millones en productos forestales.

Y este fracaso no solo tiene negativas consecuencias comerciales, sino también un impacto social y ecológico.

Una industria forestal desarrollada operaría en algunas de las zonas más pobres del país demandando intensivamente mano de obra poco calificada. Podría, así, ser una importante fuente de trabajo para los más necesitados.

Por otro lado, las concesiones colaborarían en la lucha contra la minería ilegal, pues a esta le sería más difícil ingresar a la selva si en ella hubiese empresarios protegiendo sus concesiones (hoy es fácil entrar, pues se trata de tierra de nadie).

Finalmente, como ha señalado el PNUD, establecer concesiones sobre la Amazonía podría ser una herramienta para combatir la deforestación y, con ello, los efectos del cambio climático.

Hay mucho por ganar en este terreno. Lamentablemente, parece que la solución para aumentar nuestras exportaciones forestales pasa por importar primero la burocracia forestal de Chile.

Velasco sigue penando en Interior El Ministerio del Interior amenaza las promociones comerciales Más de 30 años después seguimos encontrando rezagos de la ‘revolución’ velasquista en nuestro sistema. Uno de ellos es la regulación de los sorteos y concursos dictada en la década de 1970 y que nunca fue derogada, la cual establece que quien organice uno de estos eventos tiene que pedir primero una autorización al Ministerio del Interior (Mininter).

Y si el premio no es reclamado, además, el mismo pasa a manos del Estado. La pretendida lógica de esta norma era que el ministerio se asegure (nadie sabe cómo) de que este tipo de concursos no eran estafas. Pero, por supuesto, esto se convirtió en tan solo un trámite inútil más.

Esta historia, sin embargo, tiene un nuevo capítulo. Al Mininter se le ha ocurrido que esa absurda autorización debería ser exigida también a toda empresa que realice una promoción comercial. Así, por ejemplo, si una tienda decide lanzar una oferta del tipo 2 × 1 u ofrecer un bono de descuento, el Mininter puede exigirle que primero le pida autorización, bajo pena de ser multado hasta por S/.380 mil. Aparentemente, además, el ministerio pretendería quedarse con los saldos no vendidos de esas ofertas. ¿Será que el ministerio del señor Albán ha sido invadido por la moda retro y por eso quiere implementar prácticas setenteras? ¿O será quizá que es muy conveniente para la caja ministerial que todas las empresas paguen al Mininter por un trámite más, por multas adicionales y recibir productos que no se vendan en las promociones?

Hay también otra posibilidad. Ya que el Mininter (probablemente el ministerio que peor funciona) viene fallando estrepitosamente por tanto tiempo en su función de resguardar el orden interno, puede que se haya dado finalmente por vencido y que haya decidido destinar sus recursos a otros menesteres. Labores que, aunque inútiles, pueda desempeñar con mayor eficacia que cuidar de las vidas de los ciudadanos.