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Pero no son las únicas omisiones. De una lista de 32 migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos obtenida por Proceso y cuyos casos fueron denunciados por sus propias cancillerías ante el gobierno mexicano, sólo están registrados cinco, todos guatemaltecos. Entre éstos está enlistado William Arnoldo Román Pérez, quien fue hallado en las fosas de San Fernando, Tamaulipas. La PGR dijo haberlo identificado y lo incineró el último día del sexenio de Calderón con otros nueve cuerpos de migrantes. El sitio de noticias Animal Político encontró que de los 140 casos documentados por Human Rights Watch como desaparición forzada –cometida por militares, marinos o policías federales, estatales o municipales–, 86 quedaron fuera del listado oficial de víctimas. Que a pesar de
que Cenapi, de la PGR, armó el registro, no incluyó los nombres de 32 personas por los que la propia PGR ofrece recompensa a quien informe sobre su paradero. También omite nueve de los 14 nombres de periodistas desaparecidos que la organización Artículo 19 ha registrado, así como varios del Movimiento por la Paz. En el Renped no están incluidos ni siquiera los seis hombres desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 2 y el 5 de junio de 2011, durante operativos de la Marina, hecho por el que la dependencia se hizo acreedora de la recomendación 39/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El director del Cenapi durante los meses de integración de la lista fue el contralmirante de la Secretaría de la Marina, asignado a la PGR, Horacio Fourzán Esperón. Proceso lo
buscó la semana pasada para entrevistarlo. En la Marina dijeron desconocer su paradero.
Información rasurada Yolanda Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y oriunda de Coahuila, se llevó una decepción cuando revisó la base de datos. “A este registro le falta mucha información: cuando pongo el nombre de mi hijo aparece una pantalla que indica la desaparición en un año equivocado y que es de sexo masculino y el municipio donde desapareció. No dice que hay militares involucrados en la desaparición de mi hijo. Y sé de familias que señalan a funcionarios involucrados y casualmente no encuentran eso en los registros”, comenta.
Casos antiguos, mismo escepticismo
A
de cuatro décadas. Basta recordar que a finales de los setenta, en plena cacería de las organizaciones que buscaban a su modo una transformación del país, nacen las bandas y cárteles del narcotráfico bajo el cobijo y la impunidad de los gobiernos priistas”, dice la activista a Proceso. Y añade: “No porque nuestros casos no sean recientes quiere decir que no son urgentes de resolver; tienen la misma urgencia porque son delitos continuados”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), considera que el gobierno mexicano debe atender su “asignatura pendiente”. Entrevistado luego de la presentación oficial del informe Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, que documenta 249 casos, 149 de ellos en los que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiacos durante la guerra de Calderón, Vivanco ad-
licia de los Ríos tiene 36 años, 35 de los cuales ha estado en espera de su madre, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Dice que agentes de la extinta Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD), dirigida por Francisco Sahagún Baca, la detuvieron el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México. Desde entonces no se sabe nada de ella. El de la luchadora social Alicia de los Ríos Merino es uno de los 532 casos de desaparición forzada incluidos en la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); uno de los 797 expedientes abiertos por la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de efímera existencia; también está clasificado en la averiguación previa SIEDF/ CGI/53/2007 –actualmente “en integración”–, y es uno de los mil 350 nombres de personas que fueron desaparecidas por motivos políticos durante los gobiernos del PRI. Su hija Alicia de los Ríos, integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, duda que el gobierno de Enrique Peña Nieto atienda el problema de los 27 mil casos de desaparecidos que le heredó Felipe Calderón, aun cuando se haya comprometido a esclarecerlos. “No se pueden resolver casos que ocurrieron hace cuatro años, Demanda que no cesa cuando se arrastra una impunidad
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mite que en sus charlas con funcionarios del gobierno de Peña Nieto no abordó el tema de la deuda pendiente del Estado mexicano. La impunidad es denominador común en las desapariciones forzadas ocurridas durante los gobiernos priistas de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, en la llamada “guerra sucia”, y las registradas en los seis años de guerra contra el narcotráfico de Calderón. Así lo considera el informe del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU al referirse a los dos periodos. Divulgado por la ONU en marzo de 2012, un año después de que los integrantes del GTDFI visitaran México, el informe detalla las condiciones en que se encuentran los casos abiertos relacionados con la “guerra sucia” en el gobierno de Vicente Fox. El reporte indica que sólo 2.5% de los casos investigados derivaron en una averiguación previa. De ellos sólo 20 fueron consignados. En no más de 10 casos se obtuvo una orden de aprehensión, aunque no por desaparición forzada sino por privación ilegal de la libertad; hubo también 49 averiguaciones que siguen abiertas, “pero ninguna autoridad ha sido sentenciada ni se encuentra detenida o en espera de ser juzgada por desaparición forzada”. Tras reprobar el hecho de que algunos casos fueron remitidos al fuero militar, los especialistas de la ONU se sorprendieron porque “ningún caso de desaparición forzada perpetrado durante la ‘guerra sucia’ haya resultado en la condena de algún elemento militar”. Marco Antonio Cruz
GLORIA LETICIA DÍAZ