El rol de la Educación Superior nacional dentro del contexto de la modernización ha sido analizado por muchos expertos – más aún criticado – debido a la proliferación de Instituciones de Educación Superior en el marco de la Ley de Universidades Privadas, desde 1965; fenómeno que respondió en su momento a las condiciones socio-políticas del país, pero que condujo también a ser tema de discusión en cuanto a la calidad de los servicios académicos. Ignacio Martín Baró (1980), enunció su valoración con respecto a “la universidad” en la región: “Universidad como ascensor social, universidad vertical-mercantilista y universidad politizada: en síntesis una universidad servil, acrítica y pragmática”.
Muchos países de avanzada han desarrollado sistemas de evaluación y acreditación de la Educación Superior, los cuales han generado la formación de organismos internacionales, regionales y estatales que acreditan la calidad académica ya sea de forma obligatoria o voluntaria.
