Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos
HACIENDA PÚBLICA
SUMARIO Número 1. 2º Semestre 2011
COMITÉ DE REDACCIÓN CLAUDIA DELGADO D'ANTONIO Coordinadora Temática Española TERESA JUANA BEREN Coodinadora Latinoamericana
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FIRMA INVITADA Celia de Pablos Salgado. Directora Escuela de Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda. España
FUNDACIÓN CEDDET CRISTINA MOURIZ Coordinadora de Formación Area Hacienda Pública Fundación CEDDET
NUESTRAS EXPERIENCIAS
MARIA DE LA O SANZ Gerente Programa "Redes de Expertos"
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El desarrollo de las Administraciones Tributarias frente a la crisis mundial. Antonio Carlos Roselló
08 En qué medida una sólida Administración Tributaria puede contribuir al desarrollo. Pablo Porporatto
11 La inspección tributaria y la lucha contra el fraude fiscal. Ignacio Méndez Cortegano
14 Una aproximación al concepto de delito fiscal. Fernando Soto Patiño
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La transparencia del mercado inmobiliario rural en Santa Fe y su impacto fiscal. Horacio Palavecino
20 La administración electrónica en países de Latinoamérica. Bartolomé Borrego Zabala
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ACTIVIDADES DE LA REI EN HACIENDA PÚBLICA
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NUESTRAS EXPERIENCIAS
La administración electrónica en países de Latinoamérica
R BARTOLOMÉ BORREGO ZABALA Vocal Responsable de la División de Nuevas Tecnologías Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla
ecientemente he tenido la oportunidad de participar, primero como profesor y después como moderador, en el Curso sobre Administración Fiscal Electrónica y en el Foro de Experto sobre aplicación práctica de la firma electrónica en las relaciones con las Administraciones Públicas, ambos organizados por la Fundación CEDDET y en los cuales han participado empleados públicos de diferentes países de Latinoamérica, lo que ha resultado muy enriquecedor. En ellos he podido constatar algo que imaginaba pero de lo que no disponía de datos objetivos que corroborarán mi creencia acerca del interés en todos estos países por implantar administraciones electrónicas dentro de sus respectivos ámbitos, unas Administraciones Electrónicas que permitan simplificar los procedimientos administrativos, y al mismo tiempo que garanticen una mayor eficiencia y eficacia en los procesos de forma que proporcionan beneficios a corto y medio plazo tanto a las propias instituciones como para los administrados. Asimismo, he podido contrastar grandes diferencias entre unos países y otros en cuanto al nivel de implantación, aunque, si bien, todos ellos ya han dado pasos en este sentido e incluso tienen implantados sistemas de identificación y autenticación de nivel avanzado así como canales de comunicación cifrados que garantizan la seguridad jurídica y técnica de las transacciones. Entre ellos, destacan por ejemplo países como Perú, que cuenta con regulación en este sentido desde el año 2000, o Colombia, que en el año 2002 inició un proceso de modernización y ajuste tecnológico similar al español, o Uruguay, que ha experimentado un impor-
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tante crecimiento en procedimientos electrónicos aduaneros, o Brasil, con el uso de la facturación electrónica. Pero antes, definamos el término Administración Electrónica para situarnos en el contexto en el que se va a desarrollar este artículo, y a continuación pasaré a exponer las líneas básicas de actuación que deberían seguirse en una implantación efectiva de esta institución y con éxito. Se entiende por Administración Electrónica (en adelante e-Administración), “el modelo estratégico para la innovación de la Administración Pública que constituye un movimiento cultural y estructural para reformar la capacidad y velocidad de respuesta de los órganos de gobierno a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que lleva asociada cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal, y cuyo objetivo es mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las políticas públicas”. En momentos de crisis como los que estamos viviendo, el principal escollo con el que se encuentran los Estados en su implantación viene motivado precisamente por la falta de presupuesto a la hora de poder realizar inversiones en tecnologías que puedan hacer efectiva la buscada e-Administración, aunque también existen muchos otros factores que afectan decisivamente a este fin. Me refiero, por ejemplo, al factor cultural. Son algunos siglos los que llevamos de Administración con papeles, e implantar una e-Administración supone sustituir el papel por los bits, algo que cuesta asumir, de manera especial a las personas de más edad, tanto los propios empleados públicos en el ámbito interno, como a los administrados, en el externo. Aquellos países que presentan un nivel de pobreza superior a la media, se enfrentan además con amplios sectores de la sociedad que, no sólo carecen de conexión a Internet, sino que no tienen cubiertas ni siquiera las necesidades primarias o básicas de supervivencia, algo que resulta necesario solucionar para empezar a pensar en lo segundo. Ante situaciones tan dispares como las que presentan los diferentes Estados no debemos permanecer impasibles porque todos podemos hacer algo al respecto. Aquellos países que han alcanzado un considerable nivel de implantación de e-Administración, pueden contribuir con su ayuda, con su información y, sobre todo, con su experiencia, a aquellos otros menos favorecidos, como así está ocurriendo. Por otra parte, los Estados con menos nivel de implanta-
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LA E-ADMINISTRACIÓN SUPONE UN NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS QUE IMPLICA EL USO DE INTERNET PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS RÁPIDOS E INTERACTIVOS
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ción deben empezar a dedicar parte de sus esfuerzos y recursos a este fin, dependiendo las circunstancias particulares de cada uno, mediante la elaboración de planes de actuación y de impulso para llevar a cabo esta tarea necesaria de afrontar que ha venido como consecuencia de la incorporación de las nuevas herramientas llegadas de la mano de Internet y que llevará años alcanzarla, que al final, redundará en beneficio de todos. La e-Administración supone un cambio esencial, un nuevo modelo de comunicación con los ciudadanos que implica el uso de Internet para el desarrollo de servicios públicos rápidos e interactivos, jugando un papel esencial para hacer efectiva y plenamente accesible la prestación de servicios públicos electrónicos a los ciudadanos, y también, como motor de la transformación tecnológica de nuestra economía y del conjunto de la sociedad. Esta acepción incluye dos aspectos complementarios: por un lado, los ciudadanos estarán bien informados y bien atendidos, al por otro lado, los ciudadanos podrán participar activamente en los procesos públicos lo cual se enfoca al concepto de democracia. PUNTO DE PARTIDA Una premisa básica que sin duda puede proporcionar el impulso necesario para la instauración de la e-Administración consiste en la aprobación de un marco jurídico básico y general que aporte las debidas garantías legales, al tiempo que obligue a las distintas Administraciones a trabajar en este sentido, lo que requiere esfuerzos conjuntos y la creación de órganos de control y supervisión que establezcan las
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BARTOLOMÉ BORREGO ZABALA
La administración electrónica en países de Latinoamérica
políticas a seguir y realicen la coordinación entre Administraciones. En España, por ejemplo, aunque existían normas dispersas reguladoras de los procedimientos telemáticos o electrónicos en algunos ámbitos, no ha sido hasta el año 2007 cuando se aprobó la Ley 11/2007, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, que marcó una serie de objetivos y derechos. Uno que ha resultado clave en todo este proceso ha sido el convertir en un “derecho” de los ciudadanos a la hora de elegir el medio con el que iban a relacionarse con las Administraciones Públicas, convirtiéndose por tanto en un proyecto nacional que fue asumido, además, por todas las Administraciones y fuerzas políticas. Pasamos de lo que había sido hasta entonces una facultad o potestad que tenían las Administraciones de ofertar servicios públicos a través de Internet, a convertirlo en un derecho que pueden ejercer los ciudadanos desde la aplicación efectiva de la Ley, si bien esta transformación se está llevando a cabo de forma gradual, en primer lugar para la Administración General del Estado desde el 1 de enero de 2010 y para el resto de instancias administrativas no se ha fijado fecha concreta, ya que la dicha obligatoriedad viene impuesta en función de sus disponibilidades presupuestarias. Esta medida sería insuficiente si no fuera acompañada, además, de unos planes y medidas de impulso estratégicos que establezcan las pautas a seguir y que actúen en paralelo, así como de un plan de reducción de cargas administrativas que fije unos objetivos concretos, que se apoyen buena parte en la reingeniería y la automatización de procedimientos y servicios. Tras casi cuatro años de entrada en vigor de la referida Ley, según los últimos informes proporcionados por el Consejo Superior de Administración Electrónica, en España pueden tramitarse en la actualidad por medios electrónicos más del 92% de sus servicios y procedimientos, un porcentaje que alcanzaría el 99% si nos centráramos sólo en los procedimientos de mayor impacto (trámites tributarios, de Seguridad Social, etc.) BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA SOCIEDAD Una e-Administración en los términos anteriormente comentados traería consigo un doble impacto económico en la sociedad. De un lado, el crecimiento
de la partida presupuestaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las Administraciones Públicas tendría un efecto tractor sobre un sector clave en el cambio del modelo productivo. Por otro lado, la reducción de las cargas administrativas y burocráticas que supone sobre aquella parte de la sociedad que es pionera en el ejercicio de su derecho de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Es de destacar también el hecho de que gracias a la e-Administración, la Administración General del Estado ahorra en España y de forma directa más que toda la inversión que realiza en el empleo de archivos, notificaciones, papel, personal, infraestructuras, etc., obteniendo los ciudadanos un beneficio de más de 10€ en concepto de reducción de cargas administrativas por cada euro invertido. Así, la supresión, por ejemplo, de la edición en papel del Boletín Oficial del Estado ha supuesto un ahorro de 4 millones de kilos de papel, que equivalen a 57 hectáreas de bosque de pino radiata o eucalipto, o lo que es lo mismo, 40.000 árboles de 12 años de edad, así como la no emisión de más de 13.000 toneladas de CO2 a la atmósfera Finalmente, la automatización de procedimientos administrativos tiene también un efecto cierto sobre la disminución del coste de servir a los ciudadanos por parte de las Administraciones Públicas. En definitiva, con la e-Administración se prestan muchos más servicios, de mayor calidad y con los mismos costes y recursos humanos o incluso menos.
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Por añadir alguna referencia resaltaría dos ejemplos clave en la e-Administración española. En primer lugar lo encontramos en la Administración Tributaria (A.E.A.T.), cuyo incremento porcentual de los parámetros que definen su volumen de actividades presenta una curva de crecimiento casi exponencial, mientras que su plantilla no sólo ha permanecido estable, sino que incluso hay prevista una reducción de 300 personas en este año 2011. El otro ejemplo lo tenemos en la Seguridad Social, donde se ha producido un descenso de más de 10% de su personal, sin menguar en absoluto la cantidad y calidad de los servicios prestados. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ACTUACIÓN Todas las medidas comentadas han de ir acompañadas de una necesaria reestructuración de las propias Administraciones Públicas, las cuales deberán realizar cambios en sus organizaciones y procedimientos en torno a las Tecnologías de las Información y las Comunicaciones, de forma que permitan flexibilizar la resolución administrativa de expedientes independientemente de su punto de producción, que permitan la interconexión entre Administraciones y que incluyan una consolidación de los puntos presenciales de atención a los ciudadanos de distintos organismos administrativos. Otro factor clave para una exitosa implantación de la e-Administración implicaría el establecimiento de un plan de difusión y concienciación de sus ventajas entre la ciudadanía, gran parte de la cual ya es usuaria de Internet, pero quizás no emplea o desconoce las herramientas que le pueden proporcionar seguridad a la hora de realizar transacciones electrónicas, como por ejemplo la firma electrónica y los certificados digitales. En relación con éstos últimos, es de destacar la iniciativa llevada a cabo en algunos países como España, Perú, Ecuador o Argentina, consistente en la inclusión en sus propias tarjetas o cédulas de identidad de un chip que integra un certificado digital que le permite identificarse, no sólo en el mundo real, sino también en el virtual, lo que posibilita generalizar su utilización por los ciudadanos. Conseguir que este mismo proceso se realice en unas administraciones locales muy deterioradas en sus presupuestos por la crisis, que tengan que trabajar en la optimización de costes de conjunto de recursos informáticos sin poner en riesgo los logros conseguidos, e impulsar el uso masivo por los ciudadanos y empresas de los servicios administrativos electrónicos
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EN ESPAÑA, LA SUPRESIÓN DE LA EDICIÓN EN PAPEL DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO HA SUPUESTO UN AHORRO DE 4 MILLONES DE KILOS DE PAPEL, EQUIVALENTE A 57 HECTÁREAS DE BOSQUE DE PINO RADIATA O EUCALIPTO
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son sólo algunos de los objetivos a alcanzar que, en cualquier caso, necesitarán de la última gran transformación a la que debemos enfrentarnos pero que poco a poco va calando: el cambio de mentalidad de la administración y la sociedad. CONCLUSIONES La adaptación de la Administración General del Estado a las obligaciones derivadas de una norma legal de ámbito general supone un impulso sin precedentes en la desmaterialización de los procesos en nuestra sociedad, algo que resultaría imposible sin el esfuerzo conjunto de profesionales TIC de las distintas Administraciones que actúen de forma coordinada. Se convierte por tanto en necesaria la realización de inversiones que permitan alcanzar el estado de desarrollo perseguido, cuyos frutos no empezarán a vislumbrarse hasta transcurridos unos años, lo que, por otra parte, convertirá a la e-Administración en un motor de la sostenibilidad de la sociedad permitiendo, no sólo mantener, sino mejorar la calidad de los servicios públicos, unos servicios que permitirán a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios y ahorrar tiempo en la realización de todo tipo de gestiones administrativas, y también a la propia Administración, que gestionará de forma más eficiente las transacciones y recursos internos.
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Actividades REI HACIENDA PÚBLICA <Del
21 de marzo al 3 de abril de 2011 se ha celebrado el Taller Virtual “ADMINISTRACIÓN FISCAL ELECTRÓNICA” impartido por Bartolomé Borrego Zabala, Vocal Responsable de la División de Nuevas Tecnologías en la Delegación Especial de la A.E.A.T. en Andalucía, Ceuta y Melilla. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico y Miembro del Órgano Rector de la Comisión de Protección de
Datos en Andalucía de ANDCE a través de la Asociación Empresarial Andaluza de Comercio Electrónico. < Del 17 al 30 de Octubre de 2011 se ha celebrado el Taller Virtual “PROCEDIMIENTO DE CONTROL TRIBUTARIO”, impartido por Ignacio Méndez Cortegano, Jefe de la Dependencia Regional de Inspección en la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla.
INTEGRANTES DE LA REI EN HACIENDA PÚBLICA Distribución por países (1.460 participantes)
EQUIPO COORDINADOR Las actividades de la REI en Hacienda Pública son coordinadas por profesionales pertenecientes a distintas instituciones. Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo de la REI; nuestro objetivo es contar con sus aportaciones, sugerencias, comentarios... CLAUDIA DELGADO Coordinadora Temática Española REI HACIENDA PÚBLICA
ZACARÍAS SALAS Coordinador Temático Español. REI Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera (RAMIF)
TERESA JUANA BEREN Coordinadora Temática Latinoamericana REI HACIENDA PÚBLICA
MARIA CLAUDINA CONDE Coordinadora Temática Latinoamericana REI Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera (RAMIF)
CRISTINA MOURIZ Coordinadora de Formación Área Hacienda Pública Fundación CEDDET
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Actividades REI HACIENDA PÚBLICA CONCLUSIONES FORO DE EXPERTO
La aplicación práctica de la firma electrónica en las relaciones con las Administraciones Públicas EXPERTO: BARTOLOMÉ BORREGO ZABALA. Vocal Responsable de la División de Nuevas Tecnologías en la Delegación Especial de la A.E.A.T. en Andalucía, Ceuta y Melilla. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Andaluza de Comercio Electrónico y Miembro del Órgano Rector de la Comisión de Protección de Datos en Andalucía de ANDCE a través de la Asociación Empresarial Andaluza de Comercio Electrónico
nº de mensajes: 29 nº de personas participantes: 10 nº de países participantes: 8 PARTICIPANTES Bartolomé Borrego Zabala Clara Evangelina Gaitán Fajardo Ronald Heran Canelas Urquidi Lisbhet Laverde Vasquez Jose Luis Lafuente Terceros Javier Bustos Aguilar Norma Dionicia Mayorga Escalante Froilán Trebejo Peña Orlando Donis Castellanos Illiana Rodríguez Quirós COMENTARIO Moderar un Foro sin un sustento previo como puede ser un Curso previo o una evaluación posterior resulta verdaderamente complicado, ya que cuando la participación en el mismo es de carácter voluntaria, suele dejarse para después. Así ha sido en este Foro. La primera semana estuvo escasa de participación, si bien, empezó a animarse en la segunda, en la que empezaron a intervenir de manera asidua nuevos participantes, incluso hasta una vez finalizado oficialmente el mismo, lo que compensó la escasa participación de la primera.
CONCLUSIONES El presente Foro podemos decir que se ha caracterizado por haber mantenido unas relaciones fluidas, agradables y satisfactorias, tanto en el plano profesional como personal, y en el cual se han vertido opiniones y experiencias de los participantes en sus Administraciones que han servido para enriquecer nuestro acerbo de conocimientos en esta materia. En el Foro hemos podido contrastar y comparar los distintos niveles de implantación de la firma electrónica en el ámbito de la Administración fiscal de cada uno de los países de los intervinientes, observándose algunas diferencias de implantación, lo que no quiere decir que no se esté trabajando en ello, ya que, de una manera u otra, los países que muestran un cierto retraso en la implantación de esta tecnología, tienen implementados, al menos, sistemas básicos de firmas, identificación y cifrado de documentos. A la vista de las aportaciones realizadas podemos constatar el nivel avanzado de implantación de la firma electrónica en diversos procedimientos administrativos como el envío telemático de declaraciones tributarias, la constitución
de empresas en línea, o la contratación electrónica, las subastas electrónicas, que permiten una identificación y autenticación eficaz tanto por la propia Administración como por los ciudadanos con las debidas garantías jurídicas y técnicas. Cabe hacer una especial mención el desarrollo que esta herramienta ha tenido y tiene en el ámbito aduanero y de comercio exterior en países como Colombia, y en materia de contratación pública y subastas electrónicas como en Costa Rica. Asimismo ha quedado también patente el interés en implantar el uso de la firma electrónica en materias como las notificaciones electrónicas administrativas, y extender la obligatoriedad del uso de esta herramienta entre determinados colectivos.