Discurso de la secretaria de la Función Pública Arely Gómez

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Palabras de la maestra Arely Gómez González para la comida con la Barra Mexicana de Abogados 02 de Mayo 2017.

Muy buenas tardes a todas y todos ustedes,

Saludo con mucho aprecio y agradecimiento al Licenciado José Mario de la Garza Marroquín, Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y le agradezco la invitación para tener esta plática con agremiadas y agremiados barristas.

Así como a mi querida amiga, la Doctora Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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Saludo, también con mucho gusto, a las Consejeras de la Barra Mexicana, Licenciada Claudia de Buen Unna, Licenciada Laura Rodríguez Macías, y Licenciada Ligia Claudia González Lozano,

Y a la Licenciada Ana María Kudisch Castelló, Coordinadora de Educación Jurídica Continua de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Finalmente, un saludo y reconocimiento especial por el trabajo que está desempeñando en este Colegio, a la Licenciada Hilda García Islas, Coordinadora de Equidad de Género de la Barra Mexicana.

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Mi agradecimiento a todas y todos ustedes por la invitación. Saludo con beneplácito el interés que han tenido por abordar este tema, la equidad de género en la administración pública, y me siento honrada de haber sido invitada para compartir mi perspectiva al respecto.

PAUSA

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El tema de género y función pública es, antes que nada, un tema que parte de la distribución de roles que históricamente se ha dado a los hombres y a las mujeres en el espacio público.

En ese sentido, me parece que es importante comenzar clarificando a qué nos referimos, hoy en día, cuando hablamos de igualdad de género, en particular en su relación con otro concepto similar, como es el de equidad.

En este ámbito, igualdad de género significó, en un principio y de manera predominante, igualdad jurídica.

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Bajo la convicción de una igualdad entre hombres y mujeres por su condición humana, se establecía que no deberían existir leyes especiales que los distingan, excepciones a la aplicación de la ley o al ejercicio de los derechos que ésta reconoce.

Se trata, en este sentido, de una igualdad formal, y puede verse como una noción netamente liberal: un postulado que señala que partiendo de la igualdad ante la ley, el Estado se limitará a una función reactiva, en caso de que un individuo, hombre o mujer, se vea vulnerado en el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, no tardamos en reconocer, y hablo aquí de un proceso que he vivido tanto como mujer como en mi participación en el diseño y evaluación de políticas en la materia, que esta igualdad formal no era suficiente.

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Garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos no implica, directamente,

que los

derechos puedan ser efectivamente ejercidos.

Más allá del marco legal, las posibilidades de ejercer los derechos dependen de las condiciones particulares de cada individuo y del contexto social, laboral, económico y político en el que se encuentran. En el caso de las mujeres, ese contexto ha sido históricamente desfavorable.

Se trata, pues, de buscar una igualdad de facto, no sólo formal, una igualdad de hecho, sustantiva, que nos llama a asumir una posición proactiva que remueva los obstáculos que en los distintos ámbitos de lo público y lo privado restringen las posibilidades efectivas de las mujeres para ejercer sus derechos.

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Esta perspectiva es la que se denominó equidad de género, pero que hoy es incluida ya, también, en el término "igualdad de género".

Se trata de generar lo que se conoce como discriminación positiva: implementar acciones diferenciadas para hombres y mujeres que reduzcan las desigualdad de condiciones y eliminen las barreras legales, culturales, políticas y económicas que impiden la verdadera igualdad.

Quiero citar, aquí, al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando señala que:

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"un enfoque jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la igualdad de facto con el hombre, que el comité interpreta como igualdad sustantiva...en ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico entre mujeres y hombres para equilibrar las diferencias.

El logro del objetivo de la igualdad sustantiva, concluye el comité, exige una estrategia eficaz encaminada a

corregir la representación

insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer.

Fin de la cita.

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No importa el ámbito que analicemos, prácticamente cualquier barrera que se presenta a las mujeres, y que en ocasiones las mujeres mismas damos por hecho sin darnos cuenta, parten de estereotipos precisos y erróneos respecto a lo que es la mujer, lo que debe ser y el rol que les corresponde.

La característica fundamental de estos y otros prejuicios de exclusión o discriminación negativa, es que no resisten al análisis y se nos revelan como criterios "insensatos" para realizar una distribución racional y equitativa de bienes, derechos o cargas sociales.

En un esquema muy general, los prejuicios y estereotipos relativos al género, relativos a la diferencia entre hombres y mujeres, pueden verse en tres ámbitos: Versión 27 de octubre de 2016 DPR/CKP

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En primera instancia, los hombres son fuertes física y emocionalmente, así como con un predominio de la racionalidad, mientras las mujeres son débiles y predominantemente emocionales.

A partir de este primer nivel, se deriva el segundo estereotipo del hombre como proveedor y trabajador fuera del hogar, y la mujer como la que procura, ama de casa al cuidado de la familia.

Finalmente, y aquí llegamos al nivel donde analizaríamos la presencia de las mujeres en el ámbito gubernamental, el tercer estereotipo es el de que el hombre, al ser fuerte y racional, es quien se puede desenvolver en el hogar y participar en la esfera pública. La mujer, en cambio, queda restringida al ámbito de lo privado.

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Es de todos sabido, por ejemplo, que la mayoría de las democracias modernas no reconocieron el voto a la mujer sino hasta el siglo XX.

Es válido preguntarnos,

¿Por qué no era

reconocido antes?

Porque, a partir de los prejuicios descritos, se pensaba no sólo que la mujer podía afectar la objetividad de la deliberación pública, sino que el hombre, la pareja, era el idóneo para traducir los intereses de su mujer y su familia y representarlos dentro de las instituciones democráticas y gubernamentales.

Hoy, efectivamente, esa perspectiva ha cambiado.

La pregunta, sin embargo, es qué tanto heredamos aún algunos de esos prejuicios o formas sutiles de los mismos.

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Incluso, aun cuando la mujer ha salido del hogar, ¿qué tanto se replican aun esquemas como los que implicaban esos estereotipos?

Si tuviéramos que simplificar, entonces, diríamos que el rol de la mujer ha sido históricamente restringido a funciones de cuidado, de procuración, excluida de los procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado.

Pensemos, sin embargo, no sólo en lo que sucede en la vida familiar. Pensemos también, por ejemplo, en el predominio de las mujeres como enfermeras, y el predominio de los hombres como médicos.

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En el caso del servicio público la situación prevaleciente no es muy distinta.

En general, en todos los ámbitos y niveles de gobierno, las preconcepciones, los prejuicios equivocados, discriminatorios y excluyentes, entran en conflicto con la noción predominante respecto a la naturaleza de la administración pública.

La visión clásico-weberiana de la burocracia como un aparato estrictamente racional, metódica y calculadora se impone y excluye a la mujer bajo una idea falsa de su predominante emotividad.

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En esta dicotomía, los prejuicios devienen en una idea, no necesariamente reconocida explícitamente, de que hay rasgos específicos propiamente femeninos que pueden llegar a ser inadecuados para lo que se considera un buen administrador y tomador de decisiones.

Esto ha conducido a un predominio de las mujeres en áreas como la cultura, el turismo o la política social, sectores que incluso se les ha llamado "feminizados" o "ligeros" con poca presencia en campos como defensa, procuración de justicia, de política económica o interna.

Aunque el número de mujeres que participamos en el servicio público va en aumento, la mayoría se dedica a funciones de apoyo, desarrollando tareas rutinarias asociadas al tipo de trabajo secretarial.

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Sin menoscabo de la importancia de estas labores, debemos reconocer que la presencia predominante de mujeres en ellas respecto a la de los hombres, es clara evidencia de la vigencia de mecanismos de exclusión que, ejercidos tanto por hombres como por mujeres, dejan a estas últimas fuera de los procesos de toma de decisiones en materia gubernamental.

Como han señalado algunas estudiosas del tema, las funciones y el reconocimiento que se les da a las mujeres en estos cargos, a menudo no se derivan de las habilidades y tareas objetivas, sino de la relación individual con el jefe directo y los criterios que este tenga para valorar el trabajo.

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Si me permiten, quiero precisar el argumento con algunas cifras: en nuestro país, sí hay una presencia equilibrada entre hombres y mujeres dentro de la administración pública, prácticamente 50 y 50 porciento.

Sin embargo, solamente el 29% de todas las mujeres que forman parte del servicio público están en niveles de toma de decisiones.

En toda América Latina y el Caribe, por ejemplo, el la presencia de las mujeres en funciones de alto rango en 1988 era del 5%. Para el año 2012, la proporción se incrementó al 11%. Si seguimos con esta taza de crecimiento, nos llevaría aproximadamente 30 años lograr alcanzar el 30%.

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Actualmente, en nuestro país, de entre todos los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, sólo una es mujer, la Licenciada Claudia Pavlovich, Gobernadora del Estado de Sonora.

De hecho, después de más de sesenta años que a las mexicanas se les reconoció el derecho a votar y ser votadas, sólo ha habido siete gobernadoras, en los estados de Colima, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, la Ciudad de México y Yucatán.

En el gabinete legal y ampliado del Gobierno Federal, de treinta miembros, sólo seis somos mujeres. Prácticamente todas ellas, con excepción quizá de una servidora y la Maestra Rosario Robles, titular de la SEDATU, encabezan áreas que, como señalé, se asocian a temas "ligeros" o feminizados.

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Así, las cuatro mujeres restantes encabezan la Secretaría de Cultura, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Sistema Nacional DIF.

Como pueden ver, en la toma de decisiones y la participación política de la mujer, todavía queda mucho por avanzar.

Quiero resaltar aquí que, de no atenderse como es debido, y en eso estamos poniendo nuestros esfuerzos desde la Secretaría de la Función Pública, esta situación genera un círculo vicioso que refuerza tanto los estereotipos como la exclusión.

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Me refiero a la manera en la que muchos tienden a explicarse la infrarrepresentación de las mujeres en puestos de decisión, que es a través de los mismos prejuicios que las excluyen, es decir, bajo la idea de que no poseen ni las aptitudes ni el compromiso necesario.

Estas percepciones, como pueden ya imaginar, continúan evitando que las mujeres desempeñen tareas que demostrarían sus aptitudes y por ende romper el círculo vicioso.

Comprendiendo eso, es mucho más clara la necesidad de implementar medidas positivas de inclusión, para que

las mujeres podamos

desmentir con hechos los prejuicios que sustentan la exclusión.

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En nuestro país, puedo decir que aunque existe toda vía un largo trecho por recorrer,

estamos

avanzando de manera considerable en la materia.

Contamos, por principio, con un sólido marco jurídico-institucional, así como políticas específicas de equidad de género que son guías Y recursos fundamentales para seguir avanzando.

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El detonante de este marco normativo fue la ratificación por México, en 1981, de la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, con la cual el Estado Mexicano asumió el compromiso de implementar todas las medidas a su alcance para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Esta Convención, además, cobró más fuerza en 1999, cuando México firmó el Protocolo Facultativo de la misma, que reconoce al Comité de la Convención la facultad de emitir observaciones a nuestro país en la materia.

En el ámbito internacional podemos citar también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida también como Convención Belém do Pará, Versión 27 de octubre de 2016 DPR/CKP

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así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que incluyen la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Estos compromisos internacionales que fue asumiendo México derivaron en legislaciones nacionales que precisan lineamientos y acciones para lograr estos objetivos.

La primera y más importante de ellas es quizá la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que entró en vigor en el año 2006, y de la que se derivan el Sistema y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

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En la tarea legislativa fue para mí un privilegio presentar de manera conjunta en el 2012, a mi paso por el Senado, la iniciativa de Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer, en una medida afirmativa, la obligación de los partidos para incluir en sus candidaturas a al menos un 50% de mujeres.

Esta medida, esta cuota, es aplicable tanto en candidatas y candidatos propietarios como suplentes, para evitar la conocida práctica de las "juanitas", que tanto daño le hizo al acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

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Para el Presidente Enrique Peña Nieto, además, el tema ha sido una prioridad desde el inicio de su sexenio. Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se incorporó por primera vez la perspectiva de género como una estrategia transversal, que debe estar presente y guiar cada una de las acciones de gobierno.

De este eje estratégico, se derivó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres: Prolgualdad, que se compone por 6 objetivos, 36 estrategias y más de 300 líneas de acción que están siendo implementadas por diversas dependencias de la Administración Pública Federal.

Desde la Secretaría de la Función Pública, tenemos una obligación legal y moral de ser ejemplo en materia de igualdad de género.

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Como su propio nombre lo dice, la Secretaría que encabezo define y promueve la implementación, entre otras, de las políticas de administración, control y recursos humanos de las dependencias de la Administración Pública Federal.

Así, en este sentido, por ejemplo, al comienzo de mi gestión en la Secretaría, creamos la Dirección General de Igualdad de Género, que cuenta con atribuciones que van más allá que las de cualquier dependencia.

Mientras en otras dependencias las unidades de género tienen un ámbito de acción interno, la Dirección de la Secretaría tiene la atribución y responsabilidad de impactar de manera transversal en toda la Administración Pública Federal.

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A través, por ejemplo, de los Órganos Internos de Control, de los Comités de Ética, de la política de recursos humanos y el servicio profesional de carrera, todas estas, áreas propias de Función Pública, esta Dirección ha comenzado a impulsar la perspectiva de género en cada una de las dependencias del Gobierno Federal.

Entre las distintas acciones que se están desarrollando, se incluye la participación en el análisis del marco vigente en materia de Servicio Profesional de Carrera.

En este ámbito, se trabaja por identificar áreas de oportunidad que permitan, por un lado, eliminar las características de los procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal, así como de los criterios de permanencia, que puedan tener sesgos excluyentes contra las mujeres.

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Por el otro, se analizan las áreas del Sistema en el que puedan incorporarse mecanismos positivos de inclusión y visibilización de la mujer, a través, prioritariamente, de un lenguaje incluyente. Este último es un tema que estamos impulsando también por otros medios, y que constituye una prioridad en toda política de inclusión e igualdad de género.

A través de esta Dirección General, estamos también por lanzar la convocatoria al Premio a la Cultura de la Igualdad y Perspectiva de Género en la Administración Pública.

Este premio

contempla vertientes específicas desde las cuales debemos atender el problema.

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Estas vertientes son, por ejemplo, la paridad entre hombres y mujeres no sólo cuantitativa, sino también en las características de sus funciones; los mecanismos de conciliación y corresponsabilidad; las estrategias para el combate a la violencia de género dentro de las dependencias, así como, justamente, el uso de un lenguaje incluyente.

Otro de los logros que hemos tenido ha sido la certificación bajo la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Esta Norma, aplicable en centros de trabajo tanto del sector público como privado, evalúa la implementación y ejecución, en sus procesos de gestión y de recursos humanos, de prácticas para la igualdad laboral y no discriminación,

que

favorezcan la inclusión y desarrollo integral de las y los trabajadores.

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En el caso de la Secretaría de la Función Pública, los distintos mecanismos con los que contamos nos merecieron dicha certificación. Actualmente, recibimos una calificación de bronce, y estamos próximos a solventar las observaciones necesarias para alcanzar el nivel oro.

Finalmente, quiero cerrar esta presentación exponiendo a ustedes una campaña que lanzamos desde la Secretaría de la Función Pública y que impulsamos en todos los foros que nos es posible, particularmente al abordar el tema de la igualdad de género.

Me refiero a la campaña "Mujeres contra la corrupción", una campaña que lanzamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

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La campaña consiste, específicamente, en un decálogo que servidoras y servidores públicos, así como cualquier ciudadana o ciudadano, pueden suscribir como un medio para asumir un compromiso en el combate a la corrupción.

Como saben, el tema más importante hoy en día en el ámbito gubernamental, y me atrevería a decir en la esfera pública de México, es el tema de la corrupción.

Se trata de un fenómeno que impacta de manera negativa en la economía, la convivencia social, el desarrollo, la calidad de vida, la seguridad y en cada uno de los sectores en los que participa el gobierno.

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El efecto más pernicioso de la corrupción, y que deja ver lo prioritario que es combatirlo, es que merma la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y con ello la solidez del Estado de Derecho, la gobernanza y la posibilidad de que las acciones de gobierno tengan los resultados que la sociedad demanda y merece.

¿Por qué me he detenido en este tema? Justamente porque la campaña "Mujeres contra la Corrupción" lo que nos muestra es que las estrategias de inclusión no pueden restringirse a estrategias de una discursividad centrada exclusiva y explícitamente en la igualdad de género.

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Las estrategias deben conectar la presencia pública de las mujeres con los problemas que efectivamente aquejan a nuestra sociedad, para hacer visible esa presencia, para hacer visible su trascendencia y a través de ello no sólo combatir los prejuicios que dudan de dicha trascendencia, sino mostrar la necesidad, lo indispensable que resulta la participación activa de las mujeres.

El decálogo, además, analiza un fenómeno público, una problemática que pudiera parecer no vinculada con el tema de género, desde una perspectiva, justamente, de la igualdad de género.

Muestra, en último término, que la corrupción afecta, y afecta de manera particular, el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

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Me permitiré, para cerrar, leer a ustedes los diez puntos que establece el decálogo, para invitarlos a asumir el compromiso y suscribirlo.

Leo ahora los diez puntos del decálogo, con el cual, al suscribirlo, me comprometo a: 1.Promover en mi entorno la ética pública como un compromiso no sólo de integrantes del servicio público, sino también de la ciudadanía.

2.Impulsar la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro de las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

3.Ejercer siempre de manera ética la autoridad que tengo frente a otras y otros, tanto en mi vida privada como en el ámbito público.

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4.Comprender y practicar el diálogo en todo momento como la vía para el entendimiento y la consolidación de un sentido de comunidad.

5.Participar directamente y fomentar la participación informada y responsable en procesos electorales, programas de gobierno y en el diálogo público continuo.

6.Denunciar ante las instancias correspondientes cualquier acto de corrupción del que tenga conocimiento, por más insignificante que parezca.

7.Tener la información necesaria para conocer, prevenir y denunciar los efectos negativos de la corrupción en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

8.Prevenir y denunciar cualquier caso de extorsión sexual en el hogar, la escuela o espacio de trabajo.

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9.Vigilar desde las instituciones de gobierno y desde la sociedad el uso correcto de los recursos públicos.

10. Participar de manera convencida, consciente y comprometida en este movimiento nacional en contra de la corrupción, reconociendo mi contribución al bienestar de todas y todos los mexicanos.

Son, pues, los diez puntos del Decálogo "Mujeres contra la corrupción". Como dije, a quienes coincidan con él, las y los invito a suscribirlo.

PAUSA

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Les agradezco una vez más la invitación a estar aquí con ustedes, así como su atención a esta exposición, me pongo a sus órdenes para atender sus dudas y comentarios.

Muchas gracias.

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