CÓDICO ÉTICO

CÓDIGO ÉTICO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA.1

Capítulo I. Estándares éticos y de calidad mínimos en la prestación de servicios jurídicos. Principios Generales.

Artículo 1. La independencia y libertad en el ejercicio profesional de la abogacía actúa en beneficio de la sociedad y del adecuado ejercicio profesional del abogado.

Artículo 2. Son abogados quienes, incorporados o no a un Colegio de Abogados en los Estados Unidos Mexicanos en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, ejercen las actividades propias de la Abogacía en defensa y representación de sus clientes.

Artículo 3. El abogado debe respetar escrupulosamente las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades de la profesión, incluidas las señaladas en el presente Código, absteniéndose en absoluto de ejercerla cuando se encuentre en algunos de los casos previstos. Debe evitar, en lo posible, su acumulación con cargos o tareas susceptibles de comprometer su 1 Oscar Cruz Barney.

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independencia , tomarle demasiado tiempo o resultar irreconciliable con el espíritu de la profesión.

Artículo 4. El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad que le son inherentes. Asimismo, el abogado que realice al mismo tiempo cualquier otra actividad debera abstenerse de aquélla que resulte incompatible con el correcto ejercicio de la abogacía, por suponer un conflicto de interés que impida respetar los principios del correcto ejercicio profesional contenidos en el presente Código y en el Código de Ética profesional del Colegio al que, en su caso, se encuentre incorporado.

Artículo 5. El ejercicio de la Abogacía sera absolutamente incompatible con: I. El desempeño de cargos, funciones o empleos públicos, en órgano o función del poder público, que comprometan su independencia y libertad; II. El ejercicio de las profesiones jurídicas cuya normativa particular así lo especifique; III. El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesiones incompatibles con la abogacía que impidan el correcto ejercicio de la misma.

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Artículo 6. El deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella asesorando, conciliando y defendiendo en Derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la Abogacía se halla vinculada.

Artículo 7. La diversidad de obligaciones a las que el abogado se encuentra sometido exige del mismo una independencia absoluta, exenta de cualquier presión, principalmente de aquella que surja de sus propios intereses o de influencias exteriores. El abogado debe ser técnicamente independiente de su cliente, puesto que ostenta la confianza de terceras partes y de los tribunales. Debe ser independiente respecto de los poderes públicos y, especialmente, de los jueces y magistrados. Esta independencia es también necesaria para mantener la confianza en la Justicia y en la imparcialidad del juez.

Artículo 8. El abogado debe ser independiente del Estado y de otros grupos de poder, y no debe permitir que su independencia se vea comprometida por las presiones indebidas de intereses económicos o de sus propios socios. En caso de ataque injustificado, que impida el libre ejercicio profesional, podra acudir al Colegio de 3

Abogados al que pertenezca en demanda de ayuda y el Colegio estara obligado a proporcionarla.

Artículo 9. Los abogados deben actuar con total libertad y garantía en la defensa de los intereses de su cliente, por lo que . Si los abogados no pueden expresar libremente y sin sufrir persecución por ello, ante cualquier foro y por cualquier medio lícito cuanto estimen oportuno para la defensa del interés que tienen encomendado, ccualquier limitación a la libertad e independencia del abogado atenta contra el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales.

Artículo 10. El abogado debe ser libre política, económica e intelectualmente en el ejercicio de su actividad como asesor y representante del cliente.

Artículo 11. El abogado debe obrar con honradez y buena fe. No ha de aconsejar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia.

Artículo 12. El abogado que en el ejercicio de su profesión cohecha a un empleado o funcionario público, falta gravemente al honor y a la ética profesionales, sin perjuicio de las infracciones o delitos que cometa conforme a la legislación aplicable. El abogado que se entera de un hecho de esta naturaleza, realizado por un 4

colega, esta facultado para denunciarlo ante el Colegio de Abogados y en su caso ante ola autoridaadutoridad que corresponda.

Artículo 13. Las relaciones de confianza con el cliente dependen directamente de la inexistencia de cualquier duda sobre la probidad, la honradez, la rectitud o la integridad del abogado. Para el abogado, estas virtudes constituyen obligaciones profesionales.

Artículo 14. Los abogados tienen las siguientes prohibiciones, cuya infracción se debera sancionar disciplinariamente por el Colegio al que en su caso se encuentren incorporados: I. Ejercer la abogacía estando incursos en causacuando el abogado esté dentro de alguno de los supuestos de incompatibilidad conforme a la ley aplicable o al presente código.

II. Prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como abogados; III. Actuar en ejercicio de las actividades propias de la Abogacía por interpósita persona.

IV. Compartir locales o servicios con profesionistas cuya actividad sea incompatible, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional o pudiera dar lugar a incurrir en violación de alguno otro de los deberes que le corresponden;

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V. Mantener vínculos asociativos de caracter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía.

Artículo 15. En el ejercicio de su actividad profesional los abogados en ningún caso deberan: I. Conferir, sin la debida supervisión, el desempeño de la Abogacía o de comisiones relacionadas con ésta, a personas que carezcan de título profesional registrado o de la autorización correspondiente; II. Autorizar con su firma, sin previo analisis y evaluación, como si fuera trabajo propio y con motivo de su Ejercicio Profesional, escritos, opiniones, consultas, dictamenes y cualquier otro acto analogo efectuado por quien no esté autorizado para ejercer; III. Revelar o utilizar algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo del trabajo profesional desempeñado, con las excepciones establecidas en estael presente código; IV. Asesorar, patrocinar o representar, simultanea o sucesivamente, a quienes tengan intereses opuestos en un mismo negocio conexo sin perjuicio de poder realizar, con el consentimiento de todos los interesados, cualquier tipo de gestión conducente al provecho común;

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V. Disponer indebidamente, en provecho propio o de un tercero, de cualesquier tipo de bienes, informaciones o documentos que le hubieran sido suministrados por sus clientes para el desempeño del trabajo profesional convenido; VI. Con cualquier otra obligación derivada del presente Código, los Códigos de Ética Profesional del Colegio al que se encuentren incorporados, y las leyes o reglamentos aplicables a la materia.

Capítulo II. La defensa de la defensa.

Artículo 16. El Estado debe asegurar la independencia técnica y la libertad en el ejercicio profesional de la abogacía, para el mejor interés de la sociedad y la protección del secreto profesional. Las autoridades de los tres Poderes en sus diferentes niveles y demas organismos regulatorios deben actuar en conforme a este principio.

Artículo 17. El Colegio de Abogados que corresponda, por conducto del órgano interno que corresponda, de su Presidente, o de la persona o personas que cualquiera de estos órganos designe, debera encargarse, conforme a sus procedimientos internos, de la defensa de cualquier asociado, por la interferencia o persecución que alguna autoridad siga o pretenda seguir en su contra, con motivo de 7

su ejercicio de la profesión. Asimismo, seran materia de la Defensa de la Defensa aquellos casos en que, aun cuando no se trate de asociados, la naturaleza de la interferencia o persecución afecte el ejercicio de la profesión de abogado, incluso en otros países.

Se entiende que existe interferencia, persecución o afectación en el ejercicio de la profesión, cuando los hechos motivo de la petición presentada se adecuen a cualquiera de los siguientes supuestos, en forma enunciativa mas no limitativa: I. Cuando cualquier autoridad interfiera indebidamente, en la relación entre cliente y abogado o ponga en entredicho la integridad o capacidad profesional de éste; II. Cuando cualquier autoridad pretenda vincular o vincule al abogado con sus patrocinados, clientes, representados o con las causas que se sigan a éstos, por el solo hecho de haberlos representando profesionalmente; III. Cuando se inflija al abogado hostigamiento, presión, influencia, intimidación o cualquier tipo de perturbación en el desempeño de sus funciones profesionales; IV. Cuando sin causa legal se obligue al abogado a renunciar a la representación o asesoramiento de sus clientes o a abandonar el patrocinio del caso de que se trate;

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V. Cuando la autoridad intimide u obligue al cliente a renunciar a los servicios de su abogado; VI. Cuando la autoridad pretenda violar el secreto profesional del abogado; VII. En cualquier otro caso en que la autoridad amenace, de cualquier manera, el libre ejercicio de la profesión de abogado o el derecho de cualquier persona a ejercer su defensa.

Capítulo III. Del Secreto Profesional del Abogado Artículo 18. El secreto profesional es tanto un derecho como, a su vez, una obligación o deber que tiene el abogado en la relación con su cliente.

Artículo 19. El privilegio de la secrecía de las comunicaciones entre un abogado y su cliente cuando éste enfrenta un procedimiento sancionador por parte de la autoridad, sea cual fuere su naturaleza, constituye una medida de protección que deriva de los derechos constitucionales a la intimidad, de defensa y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Artículo 20. El secreto profesional constituye un deber de sigilo, en sentido amplio y genérico que se extiende no sólo a las

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confidencias y propuestas del cliente, sino a las del adversario, las de los compañeros y a todos los hechos y documentos de los que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

Artículo 21.

El Abogado tiene el deber de preservar la

confidencialidad de la información y de los documentos que el cliente le refiera para estar en condiciones de producir su defensa.

Artículo 22. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y abogado, inserta en el derecho de aquel a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos.

Artículo 23. Corresponde al abogado explicar al cliente el concepto y alcances del secreto profesional, así como las consecuencias de su rompimiento.

Artículo 24. Es deber del abogado mantener como materia confidencial las conversaciones y correspondencia habidas con él o los abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento. El abogado no podra aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, comunicaciones 10

o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo.

Artículo 25. En el cumplimiento de la obligación profesional que tiene el abogado de guardar el secreto profesional se aplican los siguientes principios: a) Ni siquiera la exoneración por parte del cliente le permite difundir sus confidencias; b) El secreto profesional es de orden público, general, absoluto e ilimitado en el tiempo; c) El abogado no debe declarar como testigo en un procedimiento —incluso finalizada la relación profesional— por hechos conocidos en virtud de dicha relación incluso si es llamado por el propio juzgado o tribunal, sin perjuicio de su obligación de atender la llamada judicial, ni puede ser obligado a ello; d) La obligación de secreto se extiende a todos los miembros del despacho del abogado afectado y a cualquier abogado que le sustituya en la defensa por cualquiera de los mecanismos posibles; e) La confidencia no puede ser utilizada sea cual sea el medio de comunicación por el que se transmita la misma; f) No es necesaria la advertencia de “confidencialidad” de la

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comunicación, pues se presupone, tampoco de la celebración de un convenio de confidencialidad entre el cliente y el abogado. g) La prohibición incluye la grabación de conversaciones de presencia, telefónicas, electrónicas y telematicas sin previa advertencia y conformidad, que quedan dentro del ambito del secreto profesional; h) La obligación de secreto también se extiende a las propuestas de acuerdo hechas por la propia parte contraria no sólo por su abogado. i) El secreto profesional incluye las comunicaciones, consultas y correspondencia intercambiada entre el cliente y su abogado.

Artículo 26. La obligación del secreto profesional tiene las siguientes excepciones: a) La autorización expresa, por escrito, del abogado emisor; b) La concurrencia de causa grave, y de ser posible, previa autorización por el órgano de gobierno del Colegio de Abogados en que, en su caso, se encuentre incorporado el abogado. Una causa grave es aquella que pone en peligro la vida o la seguridad e integridad física de las personas; c) La oportuna rendición de cuentas al cliente. Los documentos

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o informaciones remitidas por el abogado contrario tiene como fin, en la mayoría de los casos, avanzar soluciones sobre un futuro litigio. Por dicho motivo deben ser conocidos por el cliente y nada obsta para que el abogado depositario de la confidencia se la muestre, siempre y cuando no entregue copia pues, en tal caso, la cadena confidencial quedaría rota y el cliente podría dar curso a la misma. Los documentos sí podran ser entregados y utilizados por las partes cuando se hayan suscrito transaccionalmente por éstas (o por sus abogados si tienen poderes suficientes para ello), pues en este momento

adquieren

caracter

contractual

y

dejan

de

ser

confidenciales pasando a ser, por su propia naturaleza, disponibles.

Artículo 27. El privilegio del secreto profesional no opera cuando existan indicios que puedan implicar al abogado ya no como defensor, sino como copartícipe de un ilícito.

Capítulo IV. Cobro de honorarios y provisión de Fondos Artículo 28. El abogado tiene derecho a una compensación económica digna y adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. El abogado debera informar a su cliente de lo que pide en concepto de honorarios y el importe de los mismos que debera ser justo y razonable. La cuantía 13

de los honorarios podra ser libremente convenida entre el cliente y el abogado, con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal.

A falta de pacto expreso en contrario, para la fijación de los honorarios se podran tener en cuenta, como referencia, los factores orientadores del colegio en cuyo ambito actúe, aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del mismo, normas que, en todo caso, tendran caracter supletorio de lo convenido y que se aplicaran en los casos de condena en costas a la parte contraria.

La compensación económica podra asumir la forma de retribución fija, periódica o por horas. Respecto a las costas recobradas de terceros se estara a lo que libremente acuerden las partes, que a falta de pacto expreso habran de ser satisfechas efectivamente al abogado.

Artículo 29. El abogado tiene derecho a solicitar y percibir la entrega de cantidades en concepto de fondos a cuenta de los gastos suplidos, o de sus honorarios, tanto con caracter previo como durante la tramitación del asunto.

Su cuantía debera ser acorde con las previsiones del asunto y el importe estimado de los honorarios definitivos. La falta de pago de la provisión autorizara a renunciar o condicionar el inicio de las tareas profesionales, o a cesar en ellas.

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Debera rendir cuenta pormenorizada de las cantidades percibidas en concepto de gastos, al término de su participación o en el momento en que el cliente lo requiera.

Artículo 30. El abogado debe evitar toda controversia con el cliente acerca de sus honorarios, hasta donde esto sea compatible con su dignidad profesional y con su derecho a una adecuada retribución por sus servicios. En caso de surgir la controversia, procurara que se someta al arbitraje de su colegio de abogados. Si se viere obligado a demandar al cliente, es preferible que se haga representar por un colega.

Artículo 31. Es indecoroso todo procedimiento para conseguir clientes mediante agentes o corredores, participaciones en los honorarios o asociaciones de cualquier índole. Lo anterior no impide ofrecer servicios pro bono a individuos, entidades, comunidades o comunidades que así lo requieran.

Capítulo V. Desarrollo Profesional y Certificación Artículo 32. El abogado tiene el deber de mantener sus conocimientos jurídicos actualizados, para lo que debera sujetarse a

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los reglamentos de actualización y de certificación, en su caso, que el Colegio de Abogados al que pertenezca mantenga en vigor, a fin de cumplir con los puntajes mínimos necesarios o con los parametros existentes para su certificación.

Artículo 33. Los colegios de abogados no constituyen entidades educativas; sin embargo, sin perjuicio de instrumentar sus propios programas de actualización para fines estrictamente profesionales, es recomendable que sus actividades académicas y de formación profesional estén vinculadas con universidades y centros de estudio o bien sean encargadas a éstas, permitiendo vincular a la academia con el ejercicio profesional.

Artículo 34. La certificación se podra realizar respecto de la profesión en general o respecto de una rama profesional o especialidad. La certificación profesional debera ser periódica, otorgada con imparcialidad, sobre bases objetivas y tener una vigencia mínima y una maxima contada a partir de su expedición.

Capítulo VI. Asistencia social profesional

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Artículo 35. El abogado, como miembro de una profesión que sirve al interés público de la justicia, tiene obligaciones no sólo frente al cliente, sus compañeros y otros profesionales del derecho, jueces y tribunales, poderes públicos y colegios de abogados, sino también frente a la sociedad.

Para el cumplimiento de tales deberes y, ademas, como expresión de su compromiso voluntario con la sociedad, los abogados deben promover y apoyar: a) El acceso a la justicia de las personas, colectivos o comunidades en situación de desventaja o exclusión social, garantizando la asistencia de un abogado y la independencia de éste; b) Las iniciativas orientadas a la participación de abogados en tareas de asesoramiento y formación para colectivos o comunidades con necesidad de recursos para la mas plena realización del derecho a la tutela judicial y el Estado de derecho; c) La formación de otros abogados, especialmente jóvenes abogados y quienes se propongan acceder a la profesión; d) La cooperación con los órganos del poder judicial, representantes de la justicia institucional, otros poderes públicos, universidades, escuelas de practica jurídica, embajadas y oficinas consulares, y organizaciones de la sociedad civil; e) El apoyo a las iniciativas de sus sociedades civiles inspiradas por los valores de pluralismo político y de participación ciudadana

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en los asuntos públicos, en especial las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la legislación, el buen gobierno, la garantía de la igualdad de acceso e interlocución con las administraciones públicas y la transparencia de sus instituciones y órganos; f) En general, cuanto sirva a la tutela de la diversidad y el derecho a la igualdad, al fortalecimiento del Estado de derecho, y a la defensa del derecho de defensa y los derechos humanos.

Artículo 36. La profesión de abogado impone el deber de asesorar y en su caso defender gratuitamente a los indigentes; el incumplimiento de este deber, si no median causas justificadas y suficientes de excusa, relacionadas con la actividad profesional que se cultive, el lugar de prestación de los servicios u otras circunstancias semejantes, es una falta grave que desvirtúa la esencia misma de la abogacía.

Artículo 37. La asesoría jurídica gratuita y el patrocinio de causas pro bono se podran efectuar ya sea directamente por el abogado en su practica individual o colectiva, dando cuenta de ello al colegio o bien mediante el apoyo a las asociaciones y bufetes jurídicos gratuitos del colegio de abogados al que se encuentre incorporado.

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Capítulo VII. Responsabilidad civil.

Artículo 38. Los abogados procuraran tener un seguro de responsabilidad civil profesional por una cuantía razonable, habida cuenta de la naturaleza y del alcance de los riesgos en los que puedan incurrir en el desempeño de su actividad.

Si el abogado se encontrara en la imposibilidad de contratar el seguro, debera informar al cliente de esa situación y de sus consecuencias.

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