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INVESTIGACIÓN: CORTE POR LO SANO


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24 de marzo de 2010 | número 100 (la tele)

Ana Ferrari, Esteban Mariño y Liliana Gómez son querellantes en la megacausa Feced. Será el segundo juicio oral en Rosario a represores y comenzará el 27 de abril.

“Si no se juzga a los represores no hay futuro como sociedad” Por Guillermo Griecco

Javier García Alfaro

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A CHARLA CON LOS TESTIGOS DE la causa Feced fue en un bar céntrico, con patio al aire libre especial para fumadores. Enredaderas y sombrillas atajaban los pesados rayos de sol que caían del cielo en pleno mediodía rosarino. Unos albañiles agarraban a mazazos una pared de una vieja cancha de paddle lindera al patio del bar, donde se construye una playa de estacionamiento, lo que por momentos rompía con la calma del lugar. Ana Ferrari, Esteban Mariño y Liliana Gómez son querellantes en la causa Feced, la más resonante de la ciudad y la región vinculada al terrorismo de Estado. El próximo 27 de abril comenzará el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2, que abarca el accionar de la patota dirigida por el ex comandante de Gendarmería Agustín Feced, al frente de la policía rosarina y del Servicio de Informaciones (SI), un centro clandestino de detención que funcionó en el emblemático edifico de Dorrego y San Lorenzo durante los primeros años de la dictadura cívico-militar. Los tres querellantes cayeron presos en 1976 y estuvieron en cautiverio en el SI, aunque después de un tiempo pasaron a cárceles “formales”. Son sobrevivientes de un plan sistemático de aniquilamiento de personas perpetrado por las Fuerzas Armadas contra su propio pueblo. Desde que salieron de prisión batallan “por la memoria y la justicia”. Con Feced en el averno, la causa fue recaratulada por el tribunal con los nombres de los imputados: Ramón Genaro Díaz Bessone, José “El Ciego” Lo Fiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky. Por el SI pasaron más de tres mil personas. Hay 87 víctimas y los testigos de aquel horror que ofrecerán sus testimonios en el juicio superan los 160. En esta entrevista con el eslabón, Ferrari, Mariño (Gauchito para los amigos) y Gómez hablan desde sus entrañas. De sus relatos se desprende un revival de la ebullición setentista; brota el miedo, el recuerdo del encierro, el exilio interno; aire de libertad, memoria, búsqueda de verdad y justicia, y los sueños colectivos que hoy vuelven a despertar. —¿Qué sensaciones aparecen al ver que después de tres décadas los principales responsables del Servicio de Informaciones, como de otros centros clandestinos en otras causas judiciales, están sentados en el banquillo, encausados finalmente en un proceso de juicio y castigo? —EM: A partir de los juicios me encontré con una compañera que la creía muerta, desaparecida. Vino especialmente de Europa. Se me cayeron las medias y me temblaban las piernas. Ya en los 80 con los Juicios por la Verdad y la Justicia empezamos a hacer las cosas distintas. Pero después la amnistía de Alfonsín (leyes de Obediencia Debida y Punto Final) y el indulto de Menem en los 90 fueron un golpe muy duro y nos costó mucho revertir esa situación. En lo personal siento que estos juicios son ahora el corolario de toda la pelea desde que salí de la cárcel en el 82. Los tres, desde que salimos de la cárcel comenzamos a poner un granito de arena para lle-

gar a los juicios. El robo del expediente de la causa Feced en los Tribunales provinciales (año 84) también nos golpeó mucho. Nos encontrábamos en la calle y nos dábamos cuenta de que la mayoría de los compañeros no estaban más, pero teníamos que avanzar en la búsqueda de justicia. La apertura de los juicios me conmovió muchísimo, ya que había llegado a pensar que nunca lo íbamos a lograr, pero siempre insistiendo. Si no se juzga a los represores de la dictadura, que fue lo peor que nos ocurrió después de la batalla de Caseros, con la matanza de federales en el sigo XIX, no hay futuro como sociedad. Como los militares, hay partícipes civiles que se enriquecieron, y en algún momento tendremos que ir también por ellos. Siempre pensando en hacer justicia con un marco político favorable. —LG: A veces creo que no somos conscientes de que estamos ante un hecho histórico. Compañeros que pudieron denunciar lo que pasaba; un hito fue también el 84 cuando se abre la causa Feced. En realidad estas causas son de todos, la causa Feced es de todos, porque es una causa judicial que se construyó con el aporte de muchísimos compañeros que pasaron por el SI y el rol fundamental de los abogados que viabilizaron la parte jurídica. A veces se hace muy difícil para los compañeros declarar con el tipo que lo torturó a sus espaldas. También creo que a veces no tenemos el acompañamiento que nos gustaría tener. Hay pocos medios que cubren el juicio (Guerrieri-Amelong). En esto tiene responsabilidad el tribunal por cerrar el acceso a la prensa con la no televización. Cuando voy a tribunales me transporto treinta años para atrás, y después tengo que salir y pegar un salto al presente. Los juicios son la lucha de treinta años de un montón de gente. Estos tipos están sentados ahí como si nada hubiese ocurrido, y también es cierto que seguimos teniendo trabas judiciales. —AF: Me duele la ausencia de tanta gente que hizo tanto por estos juicios. Es

un gran esfuerzo poner el cuerpo en un lugar doloroso. No podemos vivir en una sociedad armónica, con felicidad, si no se juzgan a los principales criminales de la historia. Porque si no, ¿con qué escalas de valores juzgás a un pibe que roba zapatillas, si primero no fueron juzgados los que asesinaron, se enriquecieron y generaron que ese pibe tenga que salir a robar un par de zapatillas? Miles de víctimas pasaron por la cárcel, la tortura, el exilio, por la desaparición, por la muerte, y el plan económico de hambre y desempleo dejó millones de víctimas. Los juicios reivindican una historia de militancia y de los que ya no están. Yo salí de la cárcel en el 79 y estuve temblando por lo menos tres años. Julio López está presente entre nosotros cada vez que hay que ir al tribunal a declarar. Hay un avance en los medios de los que vuelven a pedir el indulto y la reconciliación. Ese discurso oculta que no hay reconciliación posible en base a la verdad, la memoria y la justicia. Nosotros pudimos contar lo que pasaba adentro de los centros clandestinos de detención. Durante mucho tiempo fuimos uno de los dos demonios, pero hubo un quiebre en ese relato en el 2001, un quiebre del neoliberalismo. —¿Cómo y dónde iniciaron su militancia política? ¿Qué los motivó a participar? ¿Arrancó en la familia, en la universidad o en el barrio? —AF: Mi hermano mayor era cura y participaba en el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Otro hermano, yo soy la número once de doce, había sido seminarista y en 1969, durante la resistencia, estaba en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y lo mataron, eso fue definitorio en mi vida con apenas 11 años. El día que traían el cuerpo de mi hermano, con otros compañeros que habían caído en Taco Ralo (Tucumán), me crucé enfrente de mi casa donde vivía el Torito Aguirre, ex jugador de Central, en condiciones muy humildes, y le dije que por él daría la vida, con once años. Mi hermano había muerto por los

desposeídos y mi promesa fue dedicar la vida a la justicia, como que el 50 por ciento de la sociedad que estaba proscripta no lo estuviera más. El peronismo estaba proscripto y yo adhiero al peronismo desde muy chica. A los 14 me fui con mi hermana a vivir a una villa donde militábamos sin estar en un espacio orgánico. Ahí armamos un dispensario, una vecinal, armábamos grupos de jóvenes. Fueron pocos años de militancia con relación a los años que venimos peleando por el juicio y castigo. Pero aquellos años fueron más vertiginosos y con la alegría de estar convencidos de que el triunfo era nuestro. —EM: Mi mamá era instructora de catequistas en la iglesia de Pompeya, en barrio Belgrano. Pero los dos hijos mayores no le tomaron la comunión, lo que causó una crisis familiar terrible. Mi familia era radical, pero radical gorila, de los que estaban de acuerdo con los fusilamientos de 1955, pero el hijo le salió peronista. Hay una historia tapada por sectores del establishment, que también intentaron tapar los bombardeos a la Plaza de Mayo. Hicieron lo mismo en el 1976. Todos tenemos derechos a ser felices. Mi inicio en la militancia tiene que ver con la muerte del estudiante de la JP

el eslabón Periódico mensual fundado el 2 de setiembre de 1999 por Julián Lafuente, Rodrigo Miró, Jerónimo Principiano, Matías Ayastuy y Juan Emilio Basso Feresin. Propietario: Asociación Civil Cadena Informativa | RPI Nº 234.810 | Fecha de cierre: 20/03/2010 | Edición especial 24 de marzo Producción periodística: Cooperativa La Masa | Director: Juan Emilio Basso Feresin Grupo editor: Santiago Garat, Jerónimo Principiano, Guillermo Griecco, Manolo Robles | Diseño Gráfico: Javier García Alfaro Contacto: (0341) 435-3719 | Nodo TAU. Tucumán 3950 | e-mail: eleslabon@tau.org.ar


MEDIOS | ON THE RECORD

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universitaria Ángel Tacuarita Brandazza en 1972. Yo estudiaba en el Superior de Comercio, donde había militancia juvenil. Soy uno de los fundadores de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en Rosario. Pintábamos “Luche y vuelve”. Íbamos con el tizón en el bolsillo para escribir “PV” en las paredes sin tener demasiada conciencia, y al otro día veíamos que las pintadas en realidad estaban por todas partes. En ese momento no militaba en ningún lado, era pura rebeldía. Lo de Ezeiza (la vuelta de Perón) me marcó mucho. Con Perón y la Constitución del 49 hubo una avalancha de conquistas para la sociedad argentina, que ni siquiera pudo desmantelar del todo la dictadura, si no que las desmanteló otro peronista, Carlos Menem. Después, hubo tipos que me marcaron. Raúl Milito, Roberto De Vicenzo, Oscar Bouvier, el Gallego Labrador. Hoy no están, esa es la cuestión, a los mejores los mataron y quedamos nosotros que, con 18 años, éramos unos pollitos. Éramos la causa del escarmiento para doblegar a la sociedad. Hoy en la franja de los cincuenta falta cierta densidad ideológica. Nosotros fuimos la excusa, porque la razón fue instalar un modelo económico perverso. —LG: Yo vengo de un colegio de monjas y de familia antiperonista. A mi movilizó la búsqueda de justicia social. Tuve una ruptura con la Iglesia oficial a partir de los curas del Tercer Mundo. También la militancia fue producto de una época. Había una necesidad de cambios profundos y en ese momento lo veíamos posible, y la discusión era cómo y en cuánto tiempo. El peronismo tenía una significación muy especial, y por eso me acerqué. Sigo creyendo en el peronismo como cambio social, creo que es bueno renovar pero no tirar lo que hay. En aquella época vos tenías 16 años y sabías que tenías posibilidades de morir, porque cada tres o cuatro días te enterabas de la caída de un compañero. Eso era muy terrible. —¿Cuál fue la experiencia que les tocó vivir con la llegada de la dictadura en el ‘76? —EM: A mí me llevaron en el ‘76 al Servicio de Informaciones, no al Pozo, que era el subsuelo. Te pasaban al Pozo cuando ya te legalizaban, te dejaban bañar. En cambio, en el SI te cagabas encima, estabas atado, vendado, te pateaban. —AF: En El Pozo hasta te podía traer algo tu familia… —LG: Si te sacaban la venda de los ojos, sabías que tenías muchas chances de que te largaran. —EM: Lo que parece lo mejor era lo peor. Arriba estaba la Favela, donde llevaban los cuerpos de los compañeros, donde estaban las camillas de tortura. El SI fue el lugar institucional de la represión en la provincia de Santa Fe. En un vértice de ese edificio estaba el centro clandestino de detención. Ahí se muestra claramente el plan creado para el exterminio de personas. —AF: Hasta iban curas a los actos institucionales… —LG: Y a dos cuadras estaba la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, donde se dirigía todo. —EM: Por el SI pasaron no menos de cuatro mil personas. A algunos los llevaban por averiguación de antecedentes, para que escarmienten y después se iban. —LG: No puedo creer que los vecinos no hayan escuchado nada ni visto nada. Yo entré al SI en junio de 1976, y cuando me pasaron al Pozo me acuerdo que estaban detenidos los padres de Ana (Ferrari). Después nos trasladaron a la Alcaidía. Muchos de los detenidos eran trabajadores del frigorífico Swift. —AF: Por el SI pasaron peronistas, militantes de izquierda, sindicalistas. La

“¿con qué escalas de valores juzgás a un pibe que roba zapatillas, si primero no fueron juzgados los que asesinaron, se enriquecieron y generaron que ese pibe tenga que salir a robar un par de zapatillas?”

patota venía a amedrentar, no había mucho lugar para el debate político adentro. —EM: Yo pasé por la cárcel de Coronda. Ahí había tres grupos organizados, que se identificaban con Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Poder Obrero, que conformamos una coordinadora de grupo que se llamó La Tripa. Trabajábamos unidos dentro de la cárcel, y también nos comíamos golpizas feroces. —AF: Mis viejos fueron detenidos en junio del ‘76 y yo en octubre de ese mismo año, pero por el lado de mi cuñada, porque la fueron a buscar a ella. Van a la casa de Manolito, que era mi marido, y ahí nos detienen. Fue todo muy violento, porque yo estaba con mi hijo Gerardo, que era un bebé, al que tironearon y que finalmente se pudo quedar con los abuelos. Tomé verdadera dimensión de la maquinaria del terror cuando fui detenida. Al estar con los ojos vendados uno enseguida se daba cuenta de los silencios, los ruidos, cuáles eran las sacadas para ir a la sala de tortura. —¿Cómo vivieron la vuelta a la democracia, el reencuentro con compañeros… —EM: Yo salí de la cárcel en el 82 y seguí militando en la agrupación Montoneros. Me reencontré con Osvaldo “El Viejo” Cambiasso, con Pepe Berra, Hugo

Basso, La Tana. A los pocos días me golpeó mucho el asesinato de Cambiasso y la posterior disputa interna por el control político de la organización. Después de la dictadura, los que quedamos no supimos hacer una síntesis de lo que había que hacer en ese momento. —AF: Cuando yo salí de la cárcel me pasó que caminaba por calle Córdoba y no encontraba a nadie. La soledad social y a la mañana temprano los colectivos vacíos, lo que daba cuenta de la pérdida de puestos de trabajo. Al tiempo empecé otra vez a militar, cuando ya vivía en Buenos Aires. En el 84 me volví a Rosario, y si bien no milité en ningún organismo de derechos humanos, siempre estuve cerca colaborando. Con el menemismo y el indulto llegó un exilio interno, que se rompió con la llegada de la agrupación H.I.J.O.S. a la militancia. Llegaron para decir que no estaba todo cerrado y que seguía la búsqueda de justicia. —Con la apertura de los juicios en Rosario se instaló una consigna que dice “los juzga un tribunal, los condenamos todos”. ¿Por dónde creen que pasa esa condena social y, en este sentido, si creen que hay una batalla cultural contra la dictadura que se ganó? —LG: Yo creo que hay una batalla cultural ganada, y siempre lo comparo con Chile y España. Acá hay gente que

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defiende a Videla, como Duhalde que quiere que vayamos todos juntos, o la Pando. Pero me parece que no hay cabida para una gran movilización a favor de Videla. En Chile hay movilizaciones a favor de Pinochet y en España a favor de Franco. Igual nos falta mucho. —AF: Creo que los familiares de las víctimas de la dictadura y los organismos han hecho un trabajo importantísimo. Nunca quisimos revancha, sólo justicia. En los últimos años hemos valorado la democracia, porque nosotros fuimos una generación que venía de dictadura en dictadura. Ya no es posible instalar un discurso a favor de la dictadura, es anacrónico. Macri puso un funcionario ligado a la dictadura y a los pocos días lo tuvo que bajar. Entre las barbaridades que hicieron no hay que olvidarse del robo de bebés, que es una de las cosas que conmueve. Ahora la pelea es por la aparición de nietos e hijos robados y por recuperar la identidad de los cuerpos desaparecidos. —EM: Todos los que tienen menos de 45 años, sean del sector político que sean, no se bancan ni moral ni ética ni ideológicamente el robo de bebés, la desaparición de personas, ni la tortura, en fin, un sistema represivo. Ahí se nota que hay una batalla cultural ganada. —¿Cómo ven la actual coyuntura política? —AF: Llegamos al Bicentenario y sigue la disputa por dos modelos de país. Empezó con Moreno, siguió con la guerra civil entre unitarios y federales, después con el yrigoyenismo, el peronismo, la lucha de los 70. El kirchnerismo, que llegó de casualidad al gobierno, armó una agenda que nos sorprendió. Planteó disputas que estaban silenciadas; qué se hace con los derechos humanos, con la renta extraordinaria, con la Corte Suprema, con Latinoamérica, con el Alca, con las jubilaciones. También hay riesgos de retroceso, como muestra Chile. Acá hay una derecha brutal agazapada con ganas de volver. Yo adhiero al kirchnerismo críticamente. El desafío es cómo hacer para que cada vez más gente adhiera a este espacio para ir por más distribución de la riqueza y por más empleo. Hay que dejar diferencias de lado y no desaprovechar esta oportunidad. —EM: Yo milito hoy en el Movimiento Evita. Con el kirchnerismo se abrió otra vez la discusión política como método para resolver los problemas de la sociedad. La política de derechos humanos es muy importante, y también la vuelta a las negociaciones paritarias para los trabajadores, para disputar el ascenso social a través de los sueldos. Este gobierno cometió muchos errores, pero lo quieren voltear no por los errores sino por los aciertos. La ley de Medios, el fin de las AFJP, el Banco Central, su política latinoamericana. El peronismo llegó al 50 por ciento de la distribución de la riqueza. Este gobierno agarró con el 15, y ahora estamos en el 30 por ciento. Se hizo mucho pero todavía estamos lejos. Las nuevas generaciones deberán ocupar espacios para llegar a ese objetivo. —LG: Algunas cosas del kirchnerismo me sorprendieron. Se volvió a hablar de cosas que jamás pensé que se iban a volver a hablar. Lo podría resumir en el rol del Estado como ente de intervención en la economía. Pasó con la 125 y las retenciones a la soja, y ahora pasa con el Banco Central. La intervención del Estado afectando al poder económico trajo como resultado una oposición feroz. Es la primera vez que se nombra a una persona al frente del Banco Central que no viene del establishment económico, y hay sectores que critican las formas. Otra cosa que instaló este gobierno es la cultura del trabajo. Habrá que ver ahora cómo se afecta a la corporación judicial, donde todavía hay mucho de otra época.


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NOTA DE TAPA | A ORILLAS DEL PARANA

el eslabón

CAUSA GUERRIERI-AMELONG: COBERTURA DEL PRIMER JUICIO CONTRA LOS GENOCIDAS EN ROSARIO

La hora de los alegatos Presentamos la cuarta entrega del Diario del Juicio, el seguimiento audiencia por audiencia que el eslabón y redaccionrosario.com realizan desde el inicio del proceso oral y público que se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario contra cinco represores del Batallón 121 del Ejército. por Juane Basso

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L TRIBUNAL ORAL FEDERAL N° 1 de Rosario viene llevando adelante desde el 31 de agosto del año pasado el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar, cinco centros clandestinos de detención que operaron bajo la órbita del Batallón de Inteligencia Militar 121 de Rosario. En el proceso se juzga la conducta de cinco renombrados represores que actuaron en la zona de Rosario, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, a los que se les imputan los secuestros ilegales de una treintena de jóvenes, la aplicación de tormentos físicos y diecisiete homicidios agravados por la desaparición de los cuerpos de los asesinados.

El juicio Guerrieri tuvo el lunes 15 de febrero una insólita reacción por parte del imputado Amelong, quien provocó al público y sacó de su compostura a la propia presidente del Tribunal, Beatriz Caballero. “El que está siendo juzgado es usted”, le aclaró la jueza. La de ese lunes fue quizás una de las audiencias más difíciles para las víctimas, familiares y sobrevivientes del primer juicio contra los represores de la dictadura de Rosario, debido al tenor de las declaraciones de Amelong –uno de los imputados de la causa– que pidió ampliar su declaración y se dedicó a señalar supuestas contradicciones de los testigos que lo acusaron a lo largo del proceso. Luego de un largo receso por la feria judicial, y diferentes obstáculos que retrasaron el reinicio de la causa que investiga los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, la Calamita, la Intermedia, escuela Magnasco y Fábrica Militar; una sala colmada de público estuvo varias veces a punto de ser desalojada por las palabras hirientes que profirió el imputado, quien hizo uso y abuso de su “derecho de defensa material”. “Amelong se dedicó a señalar supuestas contradicciones de los testigos de la causa, fundadas en sus propias anotaciones, que a todas luces son antojadizas y no se ajustan a los testimonios que dieron los sobrevivientes y familiares”, explicaron las abogadas de H.I.J.O.S Ana Oberlin y Nadia Schujman. “Incluso el mismo Amelong reconoció en un momento que eran sus anotaciones, y que en algunos casos se puede haber equivocado en lo que escribió”, agregaron. La declaración del imputado estuvo plagada de provocaciones al público y los testigos y Oberlin tuvo que pedirle al tribunal que le llame la atención a Amelong, “cuyas declaraciones estaban rayando el cinismo”, indicó la representante legal de varias de las víctimas. Los dichos de Amelong, que tuvieron como blanco a los testigos Rafael Bielsa, Jaime Dri y Alicia Gutiérrez, entre otros, exaltaron a gran parte del público al punto que la jueza Barabani hizo desalojar de la sala a una militante de H.I.J.O.S

Jorge Contrera

15 de febrero Cinismo Genocida

que le gritó a Amelong que “cuando torturaban no le daban recesos a las víctimas”, en un momento en el que el defensor del represor había solicitado un corte para que el imputado descanse. En un tramo de su declaración, Amelong quiso deslegitimar el testimonio de una de las víctimas señalando que esta “había tenido un hijo extramatrimonial”, lo que provocó una explosión de bronca entre los asistentes y generó la enérgica aclaración de la presidenta del tribunal –que hasta el momento había sido muy permisiva– : “Acá el que está siendo juzgado es usted”, reprendió la jueza. Según los abogados de H.I.J.O.S, “el represor tergiversó constantemente las palabras de los testigos, los hizo decir cosas que nunca dijeron y mintió abiertamente”.

16 de febrero Amelong a los manotazos

En la audiencia del martes 16 de febrero, el teniente “Daniel” –alias con el que actuó en el marco del aparato represivo montado por el terrorismo de Estado–, volvió a cargar contra las declaraciones de los testigos de la causa, del mismo modo que lo había hecho durante la audiencia anterior. También cargó contra el represor Gustavo Bueno, quien declarara a fines del año pasado en el marco de este juicio desde Brasil, lugar en el que fue capturado por la Interpol. Bueno, en su declaración, había confirmado muchos de los dichos del otro represor que habló en esta causa, Eduardo Costanzo, y al igual que éste ventiló graves delitos de lesa humanidad cometidos por los imputados. En su declaración de ese martes, Amelong intentó desvirtuar los dichos de Bueno, de la misma forma que lo hizo con los de Costanzo, y lo tildó de “un enfermo mentiroso”.

Amelong es uno de los represores que más ha puesto a prueba el estómago de los que han asistido a las audiencias a lo largo todo el juicio. Siempre provocativo, desde el primer día apareció con una vincha que atacaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y luego, en varias oportunidades, se dedicó a provocar tanto a las víctimas como al público. Al cierre de la jornada, el abogado de la agrupación H.I.J.O.S Rosario, Lucas Ciarniello analizó con el eslabón la actitud de Amelong: “Son manotazos de ahogado de alguien que sabe que no puede evitar su condena por la fuerza de la prueba acumulada, y que sólo pretende dilatar lo inevitable, es decir terminar sus días en la cárcel”, planteó el letrado, quien consideró que “nada de lo que dijo el imputado puede complicar seriamente la causa”.

17 de febrero Represor contra represor

En la audiencia del miércoles 17 de febrero, Eduardo “Tucu” Costanzo, uno de los cinco acusados en el juicio, pidió hablar para responder a Juan “Daniel” Amelong –quien lo había tratado de “enfermo mentiroso”–, y confirmó que éste estuvo presente en el campo La Intermedia el día que “fueron asesinados catorce militantes montoneros, antes de tirarlos en avión a la Bahía de Samborombón”. “Yo estoy orgulloso de haber colaborado con la Justicia, dando nombre y apellido de los culpables. Vengo denunciando desde 18 años atrás, cuando no había Justicia ni querellantes que me escucharan. Debo recordarle a los querellantes que no deberían medir a todos con el mismo método. Si soy culpable de algún homicidio, tortura, aceptaría la pena”, remató el “arrepentido” Costanzo. La audiencia del juicio que se sigue contra los responsables de los cinco cen-

tros clandestinos de detención y torturas de la dictadura en Rosario, por donde pasaron más de sesenta detenidos –de los cuales una veintena continúan desaparecidos–, se inició ese miércoles con el cierre de la ampliación declaratoria del imputado Amelong, que luego de ocupar las dos jornadas anteriores con sus ataques verbales contra los testigos, aceptó que el tribunal le hiciera algunas pocas preguntas. Después de que finalizara Amelong, el represor Costanzo pidió retruco. “Amelong quiere desacreditarme”, dijo el Tucu, y señaló una serie de hechos para demostrar que Amelong sí estuvo presente el día de los asesinatos a catorce militantes montoneros perpetrados en el campo La Intermedia, propiedad de la familia Amelong. “Me acordé que en La Intermedia estuvo el cura Mac Guire. Un día (Ariel) López y yo fuimos a trasladarlo de la Intermedia al destacamento. Pero eso fue dos o tres meses después que mataron a los catorce”, dijo Costanzo, para demostrar cuán comprometido estaba con los asesinatos y otros secuestros el entonces teniente Juan “Daniel” Amelong. Costanzo describió una serie de detalles del día de los homicidios para acreditar que Amelong participó de los mismos. “Eso que dice Amelong que sólo arreglaba autos es mentira”, indicó el Tucu. Y agregó: “En la cadena de mandos, después de Fariña y Marino González venía él”.

23 de febrero El Alegato de los H.I.J.O.S

A 33 años de ocurridos los delitos que juzga el Tribunal Oral Federal de Rosario N°1, las abogadas y militantes de la agrupación H.I.J.O.S, Ana Oberlin y Nadia Schujman, expusieron el martes 23 de febrero su acusación final contra los cinco imputados del primer juicio contra represores de la dictadura en Rosario. “Queremos que este proceso haya tenido sentido para los testigos y las víctimas que tuvieron que venir aquí a exponer su dolor, volver a transitar, a renovar, lo que vivieron”, solicitaron las jóvenes letradas a los magistrados. En un extenso, pormenorizado y detallista alegato –es decir la acusación final–, las abogadas analizaron el contexto de los hechos que se les imputan a los represores de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica de Armas, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Las representantes de la querella encuadraron los delitos en “un plan sistemático” aplicado en todo el país y “cometido en el marco de un genocidio”, y realizaron una minuciosa descripción de cada uno de los delitos fundados en la prueba testimonial y documental producida a lo largo del juicio, tras lo cual justificaron su pedido de “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para todos los acusados. “Sin dudas lo deseable hubiera sido que la Justicia llegara mucho antes, cuando todavía podían gozarla muchas personas que tristemente hoy no están acá, como Fidel Toniolli y Cecilia Nazábal, que tanto hicieron para que llegara este momento y no pudieron verlo”, comenzó diciendo la doctora Schujman, quien también lamentó la tardanza de la Justicia “para varios de los culpables que hoy no están en el banquillo de los acusados porque han muerto, como el Gene-


NOTA DE TAPA | A ORILLAS DEL PARANA

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ral Galtieri, Juvenal Pozzi o Jáuregui, que se dieron el lujo de morir impunes”. La letrada destacó el valor de la realización de este juicio, entre otras razones, por permitirles a querellantes y víctimas “hablar de cosas que durante muchos años quisieron obligarnos a callar, a olvidar: de los desaparecidos, de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, de quiénes eran, qué querían, por qué luchaban, de las razones por las que los desaparecieron, los secuestraron, los torturaron, los violaron, se robaron a sus hijos, sus bienes, destrozaron sus vidas y las de sus familia”. La abogada de H.I.J.O.S dio un duro golpe al falso nacionalismo varias veces esbozado por los represores, cuando indicó: “Estos juicios deben marcar también un antes y un después para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Condenar a quienes se desviaron del rol que les asigna nuestra Constitución Nacional debe ser un ejemplo para las nuevas generaciones de sus integrantes, que ya no deberían cargar con la responsabilidad de lo cometido por los genocidas y podrán así retomar el diálogo histórico con la generación de los Libertadores encarnados en la figura de José de San Martín, quien dijo, cuando fue llamado a reprimir las protestas del interior del país: «Jamás derramaré la sangre de mis compatriotas»”. Schujman graficó el objetivo del terrorismo de Estado señalando que “fueron inescindibles, por un lado, el accionar represivo desplegado por las Fuerzas Armadas y, por el otro, la voluntad convergente de sectores concentrados de la economía nacional e internacional en transformar radicalmente la estructura económica, productiva y social de nuestro país, y reformular profundamente el rol del Estado”. Luego agregó que “la brutalidad del esquema represivo puesto en funcionamiento durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, no fue producto de la “demencia” de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, si no el resultado de un plan sistemático gestado al calor de un intento de restauración de las clases dominantes de nuestro país y de sus aliados externos”.

La carga de la prueba

El alegato de H.I.J.O.S continuó en palabras de la abogada –e hija de un desaparecido–, Ana Oberlin, quien hizo una descripción de los destinos sufridos por los familiares de sus representados, los desaparecidos Eduardo Toniolli, Fernando Dante Dusex, Raquel Negro, y resaltó el valor de la mayoría de las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes, entre las que se destacaron las de Jaime Dri –único testigo vivo de la Quinta de Funes–, Olga Moyano, Carlos y Alejandro Novillo, Stella Buna y otros. Oberlin se encargó de recordar toda la prueba testimonial que inculpa a los cinco represores enjuiciados, como la que acreditó “las durísimas torturas” a las que fueron sometidos la totalidad de los detenidos desaparecidos de la causa, el reconocimiento por parte de varios de los ex detenidos del “rostro de sus captores” y la documentación aportada por “información desclasificada de los Estados Unidos, México, Paraguay y el propio Estado nacional”, que compromete a los imputados.

El caso de Raquel

Con relación al caso de la desaparecida Raquel Negro, que fue secuestrada junto a su hijo de dos años y estaba embarazada de mellizos, Oberlin se detuvo especialmente para destacar “el particular estado en el que transcurrió su cautiverio”. La abogada recordó que “fue demostrado en el procesos que Raquel estaba embarazada de casi 7 meses, de mellizos, al momento de su secuestro”.

“En estas circunstancias –señaló Oberlin a los jueces–, en las cuales cualquier mujer atraviesa por un momento especial tanto respecto a las modificaciones físicas como emocionales, Raquel fue sometida a múltiples situaciones de degradación, como el resto de sus compañeros y compañeras de cautiverio, pero con el agravante de que su estado la colocaba en un lugar de muchísima más vulnerabilidad. El tribunal pudo ver los lugares en los cuales permaneció detenida y hacerse una idea de las horrendas condiciones en las que vivieron los detenidos, principalmente en el centro clandestino de detención conocidos como escuela Magnasco, donde permanecieron tabicados, sin camas, en el suelo y haciendo sus necesidades en un balde”.

Cadena perpetua

Sobre el destino de catorce de los detenidos desparecidos que pasaron por los centros clandestinos investigados en la causa, Oberlin aseguró que “todo el caudal probatorio analizado en forma integral es claro en el sentido de que los detenidos fueron asesinados y, además, dicha consideración es acorde al marco en el cual se sucedieron estos hechos, dentro de los lineamientos generales del plan sistemático de represión clandestina e ilegal que sufrió nuestro país, donde la decisión de ejecutar a las víctimas y hacer desaparecer sus cuerpos fue una práctica extendida, como se probara ya en el Juicio a las Juntas”. Al cierre del largo y fundado alegato –que duró unas siete horas entre lunes y martes– y luego de detallar la prueba producida a lo largo de cinco meses de juicio contra cada uno de los imputados, Oberlin señaló que los cinco acusados “deberán responder en calidad de coautores por los delitos que ya mencionamos –homicidios calificados con alevosía, cometidos con el fin de encubrir otros delitos, como la aplicación de tormentos por ser perseguidos políticos; y privación ilegítima de la libertad agravada por durar más de un mes, y por mediar violencia y amenazas–, perpetrados en el marco de un plan sistemático de represión clandestina, ya que estos acusados conformaron un grupo operativo organizado en el marco del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que se hizo cargo del secuestro, tortura, desapariciones físicas y muerte de personas”. Oberlin concluyó el alegato con un claro mensaje de la trascendencia histórica que adquiere este juicio para esta generación de jóvenes y para sus compañeros y representados Eduardo Toniolli (hijo), Fernando Dusex (hijo), Sebastián Álvarez y Sabrina Gullino (hijos de Raquel Negro). “Esta sentencia no va a poder reparar lo que los imputados con su accionar doloso generaron –apuntó Oberlin–, no va a poder hacer que Eduardo Toniolli, el hijo, al que también le dicen Cabezón, pueda sentarse a hablar con su papá de política, esa pasión que los unía; o que pueda jugar al TEG con él o ir a ver a Ñuls. Tampoco va a hacer que Fernando, el hijo de Fernando Dussex, le pueda contar a su papá que se está por recibir de arquitecto y que se casó con una mujer extraordinaria. Tampoco va a hacer que Sebastián Álvarez pueda tomarse unos mates con Raquel, su mamá, y contarle lo bien que se lleva con Sabrina, una de los mellizos a quien encontró después de más de 30 años. Pero lo que sí va a hacer esta sentencia es devolverles la credibilidad en las instituciones del Estado y les va a demostrar que ustedes, señores jueces, no son nuevos garantes de la impunidad; y además, va a hacer que los responsables de estos hechos estén donde tendrían que haber estado siempre: en la cárcel. Por eso pedimos prisión perpetua”.

Otros alegatos

Los alegatos de las querellas comenzaron el lunes 22 de febrero, cuando la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana María Figueroa, realizó su acusación contra los cinco imputados. Luego del alegato de H.I.J.O.S fue el turno de las abogadas Daniela Asinari y Gabriela Durruti, representantes de Adela de Forestello, Juan Rivero y Ramón Verón. Al cierre de la jornada desarrolló su acusación final Virginia Blando, abogada de la también ex detenida en Fábrica de Armas, Adriana Arce. En todos los casos, la pena solicitada por las querellas coincidió en el pedido de prisión perpetua para los cinco represores del Batallón 121.

8 de marzo El Alegato de la Fiscalía

Con varias demoras y suspensiones en el medio, que estiraron aún más el dilatado juicio que lleva el nombre de dos de los imputados, Guerrieri-Amelong, por ser la carátula de dos causas respectivas que fueron acumuladas, el lunes 8 de marzo finalmente la fiscal Mabel Colalongo logró concluir su acusación contra los cinco represores del Destacamento 121 de Inteligencia Militar de Rosario. Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo tuvieron que escuchar durante unas tres horas y media el tramo final del alegato de la representante del Ministerio Público. “No existió orden de detención de autoridad competente, ni escrita, ni causa legítima alguna. En todos los casos la detención se produjo de modo violento, los autores vestían de civil, aunque pertenecían a una fuerza del Estado y utilizaban autos sin identificación”, señaló Colalongo, para argumentar el carácter ilegal de las detenciones cometidas por los represores. Las órdenes que recibían los imputados también eran de origen “ilegal”, explicó la fiscal, ya que “no fueron dispuestas por autoridad competente, y no se exhibieron en el juicio órdenes de detención”. Esto se reflejó para Colalongo en “el ocultamiento de las víctimas, es decir la clandestinidad de la detención. Y en las respuestas negativas de los Hábeas Corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, a los que no se daba información”. En ese tramo de su alegato, la fiscal recordó la declaración del testigo Horacio Ballester, militar del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), quien desmintió ante el mismo tribunal la supuesta obediencia debida que algunos represores alegaron. “No había por qué cumplir una orden manifiestamente ilegal”, indicó Colalongo. Y agregó: “Los hechos fueron perpetrados como fieles militantes del plan criminal, pudiendo actuar de otro modo, apegados a la ley. Por ello se justifica la división de zonas en zonas y sub zonas. Estos señores fijaban los blancos, ellos elegían a los sospechosos. No existen causas que excluyan culpabilidad”. La fiscal expresó además que “cuando se producen los hechos juzgados ya el derecho internacional los señalaba como delitos de lesa humanidad”; y detalló que esta figura se cumple debido a hechos probados en el juicio como “ataque sistemático, masivo, ininterrumpido, hacia una población determinada”. La fiscal apuntó que los delitos “fueron cometidos con violencia. Ya la sola privación implica violencia, pero aquí existió mayor violencia, aún más, con amenazas”. Y agregó que “en todos los casos las víctimas fueron sometidas a tormentos, tratos crueles e inhumanos, interrogatorios bajo tormentos, picana eléctrica, simulacro de fusilamiento,

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falta de higiene, crueldad con que eran tratados en los centros clandestinos de detención, encapuchamiento desde sus detenciones, ataduras de pies y manos en su cautiverio, incomunicación total con el exterior y entre los detenidos”. Colalongo aseguró que los homicidios de las víctimas se dieron en “concurso premeditado entre dos o más personas, de modo tal de garantizarse la impunidad”. Agregó en su acusación el agravante de la alevosía y amplió: “Todo lo realizaban a los fines de procurar impunidad: uso de apodos, no usar uniformes, autos civiles, lugares ocultos, no dar información, dictar leyes de auto amnistía, ocultar cadáveres, no dar información de la suerte de las víctimas”. La fiscal fundamentó que “el ocultamiento de los cadáveres no puede ser obstáculo para juzgar los homicidios, ya que esto sería aceptar la legalidad de la ilegalidad”, y afirmó que “teniendo en cuenta la participación de todos los imputados en los centros clandestinos de detención, todos son coautores directos de cada privación ilegítima de la libertad y cada homicidio”. La fiscal Colalongo realizó un abordaje a hechos y dichos de los imputados señalados a lo largo del juicio y enrostró a Guerrieri varias máximas del General José de San Martín. “Seguramente San Martín no lo aceptaría en sus filas”, dijo la representante del Ministerio Fiscal. Finalmente elevó al tribunal su solicitud de prisión perpetua para los cinco imputados: “Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrepentimiento de los acusados”.

9 de marzo “La defensa de los indefendibles”

El martes 9 de marzo se iniciaron los alegatos de los abogados defensores de los cinco imputados del juicio. “Esta defensa no va a negar la existencia del plan sistemático durante la dictadura militar, que está probado en el Juicio a las Juntas”, reconoció en una parte de su exposición Mariana Grasso, la representante legal del teniente coronel Pascual Guerrieri. Apenas comenzó la audiencia, testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y gente del público, desplegaron las fotos de los desaparecidos y la jueza Beatriz Caballero ordenó desalojar la sala. “La idea fue que las víctimas ausentes, los compañeros que no están porque sus cuerpos fueron ocultados por los asesinos, que no pueden mirar a la cara a sus verdugos, estén ahí, y que se tengan que bancar la presencia de los desaparecidos”, dijeron desde los


página 6 | diario del juicio GREMIALES | EL LABURANTE organismos que conforman el Espacio Juicio y Castigo.

Los abogados del diablo

Luego del ruidoso episodio comenzó el alegato de la abogada oficial, representante legal de Pascual Guerrieri, Mariana Grasso, quien realizó una muy fundamentada defensa que intentó relativizar algunos aspectos de la contundente prueba producida durante el proceso, aunque reconoció hechos como “el plan sistemático aplicado durante la dictadura militar”. Grasso apeló al derecho internacional e hizo alusión a varios autores de la biblioteca garantista, con la intención de atemperar la pena solicitada por las querellas y la fiscalía. La abogada de Guerreiri citó entre otros a “Darío Solo, sociólogo, marxista” y a Hannah Arendt, por dar algunos ejemplos. La defensora oficial se refirió a la cobertura periodística del juicio. “Afecta la garantía de imparcialidad. En todos los casos los justiciables eran tratados

con el apelativo de genocidas o asesinos”, dijo Grasso. La abogada del represor apuntó también contra “el paso del tiempo” como estrategia para debilitar la fortaleza de las declaraciones de los testigos. Grasso quiso mostrarse respetuosa con los sobrevivientes: “Los cuestionamientos de las testimoniales en modo alguno son en cuanto a su sinceridad, si no que es un proceso de contaminación necesario que tiene que ver con el paso del tiempo”. La abogada oficial explicó que “la misión de la defensa es marcar las fisuras en la hipótesis acusadora” y se dedicó a plantear, según su análisis de la prueba, cuáles fueron esas fisuras, para terminar pidiendo la absolución de su defendido, en base a que consideró que había demasiadas “dudas” respecto de lo producido en el juicio. Finalizada la audiencia, el eslabón consultó a varios de los abogados de las víctimas, que reconocieron la dedicación que puso en su tarea la defensora oficial, pero que coincidieron en señalar que “lo

“Roberto De Vicenzo, militante montonero” por Gustavo De Vicenzo

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A VERDAD ES QUE NOSOTROS siempre buscamos saber dónde o qué había sucedido con el cuerpo de mi papá desaparecido. Pero bueno, después de tantos años, 34, uno sinceramente ya no lo esperaba. Así que la noticia nos impactó mucho, es una mezcla de dolor, alivio, alegría y tristeza, no sé, todo junto. Igualmente el dolor estuvo siempre en nuestra familia; tanto por mi papá como por mi mamá, hemos aprendido un poquito a vivir con esto, es algo que está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Personalmente siento que nos estamos encontrando con mi padre, el día que me devuelvan los restos será una gran momento, que podremos compartir algo juntos, yo no tengo recuerdos de él, ni tampoco de mi mamá, tan sólo tenia seis meses cuando se los llevaron. Será un sentimiento muy fuerte poder reencontrarme con mi padre, aunque sean sólo huesos, pero ese día aunque sea un día triste, habrá que vivirlo con alegría porque es la recuperación de su identidad, su lucha, ya no será un NN, hoy, ya mismo vuelve a ser Roberto Enrique Darío De Vicenzo, militante montonero. Papá y mamá, donde estén les quiero decir: Gracias, gracias por haber luchado del lado del pueblo. Gracias por pensar en lo colectivo y no en lo individual. Gracias por luchar por un mundo más justo. Gracias por resistir esa feroz dictadura y aunque esto les costara la vida, dar la vida por los demás es de una inmensa generosidad. Gracias por todo. Por otro lado quería agregar que el modelo económico y su brazo ejecutor y represivo han querido, no sólo desaparecer cuerpos de personas, sino ideas, esas ideas de libertad, igualdad, justicia y acciones colectivas de los pueblos, pero de a poco la historia fue cambiando y si bien hoy no tenemos un triunfo definitivo, en casi toda Latinoamérica vemos pueblos y gobiernos que reivindican aquellas ideas revolucionarias, que son las mismas que mis padres y muchos más, llevaron adelante. Especialmente acá en la Argentina y a partir del 2003 cuando Néstor Kirchner hace eje de su política los derechos humanos, tan ninguneada por anteriores gobiernos democráticos.

A partir de este cambio, yo he podido recuperar la fe en la política, la esperanza y la alegría. Gracias a este cambio hoy llegaron los juicios y con ello la investigación que hace posible el recupero de la identidad de mi papá. No sólo de él, también de los hijos de desaparecidos, ayer fue el 101, mañana será el 102, y así seguiremos luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Hasta que no encontremos a todos, seguiremos adelante y hasta no ver a todos los genocidas y sus cómplices en cárceles comunes y que reciban sus condenas seguiremos adelante, reparando todo el daño que causaron, no sólo a nosotros, si no a toda la sociedad. Por último quería agradecer a todas las personas que lucharon desde el principio, una de ellas es mi tía Ana Moro. Gracias por todo, tía. Y a las Madres de Plaza de Mayo que todos los jueves nos encontramos en la plaza 25 de Mayo con ese grupo de gente tan hermoso que se formó ahí. Además quería agradecerle a los H.I.J.O.S que me brindaron la oportunidad de ser querellante, a Nadia y a Juane en representación de todos, gracias, al Equipo de Antropología Forense, gracias por hacer ese trabajo que es tan importante para nosotros ¡sigan adelante! También quiero recordar tanto a mis padres, como a mis abuelos que ya no están, que me criaron con tanto esfuerzo, también a mi abuela Mimí, aquí presente, a mi hermano Darío y por supuesto a mi compañera Cintia y mis dos hijas Abril y Lara que las amo. Gracias a todos los amigos, familiares y diferente organizaciones que nos han acompañado, a los que están y a los que se fueron, gracias a la Secretaria de Derechos Humanos y a la prensa presente y por supuesto a todos los ustedes. Roberto Enrique Darío De Vicenzo ¡Presente, ahora y siempre! Miriam Susana Moro ¡Presente, ahora y siempre! 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos ¡Presentes, ahora y siempre! * Gustavo De Vicenzo es uno de los hijos del militante montonero desaparecido Roberto Enrique Darío De Vicenzo, cuyos restos fueron identificados a principios de marzo. Este texto fue leído por Gustavo en la conferencia de prensa que su familia brindó para informar sobre el hallazgo en la sede local de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

el eslabón

expuesto por Grasso no puede modificar en nada la suerte de los imputados, ya que la prueba es contundente”.

16 de marzo “Las personas desaparecidas han sido víctimas de homicidio”

El martes 16 de marzo el juicio continuó con el alegato del defensor –de oficio– de Eduardo Costanzo. “Esta defensa no niega la existencia del plan sistemático”, reconoció el abogado de Costanzo, Germán Artola, del mismo modo que ya lo había hecho la semana anterior la representante legal del teniente coronel Pascual Guerrieri. “No hay duda que las personas desaparecidas han sido víctimas de homicidio. No hay duda que los testigos han sido veraces, pero sólo el paso del tiempo ha modificado sus versiones”, dijo Artola ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario. El defensor oficial admitió también la “existencia del Plan Cóndor”. Artola hizo un alegato cargado de citas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y La Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de atemperar los cargos que pesan sobre su defendido, del que señaló que actuó bajo la coacción de sus superiores, reeditando el concepto de obediencia debida. La audiencia de ese martes se la llevó entera el relato de Artola, que no concluyó su alegato al cierre de la jornada.

17 de marzo “Perdona nuestros pecados”

La jornada del miércoles 17 de marzo comenzó con el último tramo de la defensa del represor Eduardo Tucu Costanzo. “Los testimonios y aportes realizados por mi defendido fueron indispensables para el avance de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad”, expresó Germán Artola al cierre de su exposición. En la audiencia anterior ya había solicitado la absolución de Costanzo. Luego del receso del mediodía, a la tarde arrancó la defensa de Jorge Fariña, Juan Amelong y Walter Pagano, en manos de los abogados –también de oficio– Héctor Galarza Azzoni y Juan Fopiani. “El tribunal se encuentra ante una oportunidad histórica, ya que este es sin dudas el juicio más importante desde la creación de la Justicia Federal de Rosario, el juicio más importante por la gravedad de los hechos investigados, en cuanto al marco histórico en el cual se insertan, y también en cuanto a la sanción solicitada por las querellas y la Fiscalía”, disparó Galarza Azzoni provocando una mueca de cierta desaprobación –vista por muchos de los presentes– en el rostro de uno de sus defendidos: Juan Amelong. Fopiani, a su turno, abordó la defensa específica del represor Pagano y demandó su sobreseimiento “por extinción de la acción penal por prescripción”. Luego, el abogado de oficio volvió a la carga con un argumento ya esgrimido por otros defensores de los imputados: “Pasados tantos años, los testimonios están contaminados, principalmente por la gran difusión periodística de los hechos y de las personas imputadas”. Finalmente el defensor de Pagano recordó un planteo utilizado por la defensa de Guerrieri para solicitar la absolución de su representado: “Nunca una pena puede llegar al fin de la vida de un imputado, ya que ella equivale a la pena de muerte”.

18 de febrero Misión: anular la prueba

El abogado de Juan Amelong, Walter Pagano y Jorge Fariña, Héctor Galarza Azzoni, pidió en la audiencia del jueves

18 de marzo la nulidad de las declaraciones de otros dos integrantes de la patota, Eduardo Costanzo y Gustavo Bueno, y de los testimonios más importantes de la causa. Galarza, que el miércoles había concluido con el alegato por Walter Pagano –pidió la absolución del represor–, se dedicó a la defensa de sus otros dos defendidos. El abogado realizó una defensa que puso más énfasis en tratar de desacreditar los procedimientos de cómo fueron producidas las pruebas durante el juicio, que en refutar las pruebas en sí mismas. Su exposición fue una larga cadena de pedidos de nulidades. Con relación al coronel Fariña, Galarza pidió la “nulidad de su detención y los actos que se sucedieron en consecuencia, y la absolución del mismo”. Al igual que lo hicieron sus colegas defensores de Guerrieri y Costanzo, solicitó la prescripción de la acción penal en beneficio de Amelong, Fariña y Pagano y se remitió a los argumentos de los otros defensores. También basado en tecnicismos procesales, Galarza reclamó la nulidad de las declaraciones de varios de los testigos, entre ellos el de Jaime Dri, único sobreviviente de la Quinta de Funes, cuya declaración es una de las claves del juicio. Demandó la nulidad de varios de los reconocimientos realizados por testigos y de la inspección ocular del coimputado Eduardo Tucu Costanzo. Incluso reclamó la nulidad de los reconocimientos que las víctimas hicieron en la década del ochenta ante la Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas (CONADEP), “por ser actos en los cuales la defensa de mis asistidos no pudo estar”. Galarza apuntó especialmente contra los dichos de Costanzo, el represor que confesó –dando nombres y apellidos– los delitos cometidos en los cinco centros clandestinos de detención por donde pasaron la treintena de víctimas por las que se inició este juicio y que detalló cómo fueron asesinados catorce militantes antes de ser cargados en un camión y posteriormente subidos a un avión que los arrojó a la Bahía de Samborombón. El abogado de oficio planteó que tanto las declaraciones de Costanzo como la de Gustavo Bueno –el otro represor que ventiló los crímenes cometidos por los cinco imputados del Batallón 121– debían ser anuladas. En cuanto a Costanzo, Galarza afirmó –al igual que lo hiciera su defendido Juan Amelong cuando hizo uso de la palabra–, que “cada vez que habló lo hizo por un interés económico”, aunque no aportó ningún documento que pruebe esa afirmación. El defensor de Amelong, Fariña y Pagano, fundamentó su pedido de nulidad de los dichos de Bueno en Brasil –lugar al que se trasladó el tribunal para tomarle la declaración, en la que ratificó un testimonio brindado ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1984–, porque a su criterio no se cumplieron los requisitos que exige el código procesal penal. Del mismo modo que lo hizo en la audiencia anterior, cuando expuso el alegato por Walter Pagano, Galarza solicitó la absolución de sus otros defendidos Juan Amelong y Jorge Fariña.

Al cierre de esta edición especial de el eslabón 24 de marzo, el juicio llegaba a su tramo final. Sólo restaban las palabras finales de los represores –un derecho que hasta el momento no se conoce si utilizarán–; las llamadas réplicas y dúplicas, es decir un debate abierto entre los abogados querellantes y los defensores; y la tan esperada sentencia que no tenía fecha cierta todavía.


GREMIALES | EL LABURANTE

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edición especial 24 de marzo | página 7

MEMORIA Y PSICOLOGÍA

Mordidos por la historia Por Lucía Rodríguez

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NTRE LAS MÚLTIPLES ACCIONES llevadas a cabo en Chaco para alcanzar la instancia final (aún sin fecha) de los juicios por la masacre de Margarita Belén y el caso Caballero, una de las iniciativas más fuertes que se trabajaron desde la Comisión Provincial por la Memoria fue la instauración del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Este dispositivo interdisciplinario de trabajo, creado en 2008 por decreto provincial, combina la tarea de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y militantes por los derechos humanos, que tiene como consigna el acompañamiento a las víctimas en este largo y complejo proceso en el que su testimonio se vuelve una herramienta fundamental para la construcción tanto de la historia como del concepto de justicia. Silvana Pérez es la coordinadora del área psicológica del Programa y destaca la experiencia del trabajo desde la importancia de habilitar la palabra y pensando a la finalidad de la justicia como reparatoria. “La historia no es una sumatoria de hechos, no es hacer presente recuerdos pasados, no es del orden de la rememoración; la historia hace al sujeto a partir de una inscripción. Habilitar la palabra y promover la escucha en el marco de los juicios es una promesa de inscripción”, señala. —¿Cómo comenzó el proyecto de coordinación? —Esta respuesta tiene dos aristas: la del grupo y la personal. Y no están tan separadas. Al ingresar en el año 2001 al equipo interdisciplinario del poder judicial y al comenzar paralelamente una especialidad en psicología forense en Buenos Aires, tomé contacto con menores víctimas de abusos sexuales y violencia. En esta experiencia comprendí que el proceso de acompañamiento y asistencia es sumamente importante y que este debe acompañar el camino judicial permitiendo desplegar el plano colectivo (la importancia de la ley en lo social) y subjetivo del mismo (lo que va ocurriendo al sujeto víctima y su entorno cercano). Por otra parte vengo de una familia de militantes sociales que han sufrido el impacto de la dictadura en sus vidas. Particularmente, yo nací en el año ‘75 y he sufrido desde muy pequeña ese impacto. Lo cual complejiza la tarea: como terapeuta y también como afectada, mordida por esta historia. En cuanto a la construcción grupal como equipo técnico consideramos importante historizar el programa. Debido a la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, resulta necesario el desarrollo de estrategias de protección integral a los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en contextos de acceso a la justicia. Esto produjo efectos de re-actualización del terror en los afectados directos y al conjunto de la sociedad. En el marco de la política reparatoria a las violaciones de derechos humanos, el Ejecutivo Nacional decidió implementar el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Testigos y Querellantes, Víctimas del Terrorismo de Estado.

Cruzada Solidaria

En el marco del inicio de los juicios históricos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia del Chaco durante la última dictadura, el eslabón habló con Silvana Pérez, del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Relato y reflexiones sobre el testimonio y el testigo como claves en la historización de un tiempo indeleble y la escucha como herramienta insoslayable.

Detalle del monumento que conmemora a las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. Esto movilizó a un conjunto de profesionales y militantes de derechos humanos para elaborar un proyecto concordante con el programa nacional destinado a la asistencia integral a todas las víctimas del terrorismo de Estado en la provincia del Chaco, planteando un perfil definido a la atención integral de las víctimas y testigos. —¿Qué significa asistencia integral en el marco de este programa? —Al tomar como eje el concepto de Reparación Integral, se plantea la necesidad de pensar los efectos psico-sociales que ha producido el terrorismo de Estado en los sujetos víctimas y su entorno. Los efectos del daño alcanzan esferas psíquicas, familiares y sociales que convocan al campo de la salud mental e imponen una obligación de parte del Estado a brindar asistencia integral a las víctimas y a todo el tejido social afectado. Desde el programa, pensamos que la única manera de iniciar un real proceso de reparación es posible a partir del análisis y comprensión de un momento histórico no sólo en el sentido sociológico o historiográfico que nos compromete como ciudadanos, sino desde lo existente más específicamente en tanto memoria de lo subjetivo. Por esta razón

el enfoque se plantea incluir el eje de la salud mental. La escucha en sí misma es un primer paso en lo terapéutico que permite al sujeto y a su entorno una nueva mirada sobre sus vivencias, posibilitando una organización interna diferente. —¿Cómo definir al testimonio y al testigo a la hora de trabajar desde el acompañamiento? —Entendemos por testimonio un poder dar cuenta de lo vivido, y testigo, como aquel que relata lo vivenciado y acontecido. Teniendo en cuenta esto, nuestro trabajo consiste en la tramitación de una operatoria psíquica, que implica dos movimientos. Por un lado se trataría de que el sujeto, en el encuentro con otro, pueda hablar de su horror y este ser escuchado, aquello que históricamente ha sido desmentido, cuestionado y desvirtuado. Allí se abre el sendero a la elaboración del relato de la persona, que sólo podrá tomar estatuto reparatorio en tanto se produzca el segundo movimiento. El segundo movimiento consistiría en el pasaje de lo privado, relato del sujeto, a lo público, espacio jurídico. Es decir, en tanto verdad histórica que ingresa en el marco de la legalidad.

El bloqueo de la memoria es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta la destrucción del entramado social en aquello que lo identifica como tal. La inducción al olvido ha sido parte de la política criminal y elemento esencial de la eficacia genocida. Lo que se intenta olvidar sin ser inscripto, retorna como síntoma. Cuando el hecho se desencadena, la experiencia traumática es parte de una estrategia represiva institucionalizada, los recursos individuales para la reparación son insuficientes, ya que es una parte sustancial supeditada al modo de cómo procesa la sociedad la violencia ejercida por el terrorismo de Estado. La finalidad de la justicia es reparatoria. El objetivo del juicio es poner término a la incertidumbre de las partes. Supone un acto de justicia y constituye un acto reparatorio. Pone término a la incertidumbre, asigna a las partes una justa distancia entre la violencia y la justicia, reconoce al culpable como actor. De este modo, la ley convoca a constituirse como testigo. Testigo de una vivencia, de un real, de un exceso de violencia que rompe las barreras de protección subjetiva, de esto debe hablar. Lo real de un trauma que no cesa de no inscribirse, un significante rechazado, un duelo que no termina. La Ley ofrece un espacio-tiempo de legitimación de la verdad. —¿Cómo se vive en lo personal la experiencia de trabajar con los testigos y sus vivencias? —Hoy hablaba de mi vivencia particular y decía: Tarea más difícil como terapeuta en tanto somos también afectados, mordidos por esta historia. ¿Es posible una transferencia en este ámbito con un terapeuta que no sea “tocado” por esta historia? la palabra se pone en marcha a partir de un vínculo de confianza, de cierta comunidad-identidad. Del lado de la intervención terapéutica es necesaria cierta exposición: permitir ser tocado por la historia, por una historia que nos atraviesa a todos, juntos en un camino de inscripción. Siendo importante cierta cercanía y cierta distancia en tanto ellos llevan las marcas en sus cuerpos del dolor, de la pérdida de seres queridos, padres, hermanos, compañeros, separación de sus hijos pequeños y de sus parejas. Poder hablar de esta historia moviliza estas marcas y hay que poder acompañar esto, habilitando la palabra.


NUEVO SITIO NACIONAL POR LA MEMORIA

La persistencia en el rescate de las huelgas patagónicas de 1921

por Alfredo Montenegro

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28 KILÓMETROS DE CALAFATE, entre cañadones y pulcros galpones de esquila, un modesto monolito recuerda desde hace años a los peones rurales que, tras luchar entre 1921 y 1922 por sus derechos y paralizar con huelgas a las estancias, fueron fusilados por el Ejército enviado por el gobierno radical de Hipólito Irigoyen. Ahora, desde el 19 de marzo, frente el sitio donde se hallan las fosas comunes en las que fueron arrojados los cuerpos de los trabajadores rurales, se levanta un nuevo cenotafio que será señalizado como Sitio Nacional de la Memoria. La ruta provincial 15 avanza en Santa Cruz uniendo a El Calafate con el Glaciar Perito Moreno, recostada entre un cordón montañoso llamado Barrancas de Anita, en el que nidifican cóndores y pastan infinitos rebaños de ovejas. Ese camino de ripio transcurre en medio de la Estancia Anita, de unas 74 mil hectáreas, propiedad de la añeja familia Braun. “En el 2000 se inauguró el primer monolito, impulsado por una escuela de la zona y el entonces intendente Néstor Méndez, hoy diputado provincial. Pero con el tiempo fue abandonado y comenzó a deteriorase, por eso en 2006 lo recuperamos, a partir de organizarnos algunos vecinos para recordar a aquellas huelgas de los peones rurales”, dice Luis Milton Ibarra Philemon, presidente de la Comisión Permanente en Memoria de las Huelgas del 21 y director del Archivo Histórico del Museo del municipio de Calafate. El historiador ha sido colaborador del escritor y periodista Rodolfo Bayer, autor de la monumental investigación La Patagonia Rebelde. Y la persistencia y compromiso de los vecinos que conforman la comisión ha rescatado de la memoria lo que intentaron encubrir gobiernos, militares y estancieros de aquel sureño departamento de Lago Argentino. Ibarra Philemon resalta que la huelga se desató cuando los trabajadores pidieron mejoras en las condiciones de vida en estancias y ciudades patagónicas donde eran explotados. Europeos que habían llegado ya con ideas anarquistas

y reivindicaciones sociales extendieron la protesta por todo el territorio patagónico. Pero al registrarse enfrentamientos entre policías y trabajadores, el presidente Irigoyen envió al teniente Coronel Varela para llevar la calma. El militar informó a la presidencia sobre la situación de los trabajadores rurales y se firmó un convenio, por el cual los estancieros se vieron obligados a mejorar las condiciones de trabajo. Entre las peticiones se contaban acceder a botiquines con instrucciones en castellano o una vela más por peón. Pero la soberbia de los propietarios, desde la Sociedad Rural, se opuso al convenio; y ante la decisión de no acatarlo, los peones rurales retomaron la medida de fuerza. Ante ello, el coronel Varela regresó con la orden presidencial de imponer la paz que exigían los estancieros y la embajada británica. Así se produjeron los fusilamientos. Con los años, Bayer ha exigido a militares y radicales retomar el tema, aceptar las responsabilidades, pero aún hoy no han podido hacerlo. En tanto, la memoria se resguardó en los vecinos que formaron la comisión presidida por Ibarra Philemon. Cada 8 de diciembre realizan actos para retomar esa historia, invitan a Bayer, a legisladores y a investigadores. También han concurrido a los actos familiares de las víctimas, que han sido identificadas lentamente con el trabajo de Bayer y la comisión. Mientras tanto, desde atrás de los alambrados de La Anita, “parte del personal de la estancia participa en algunos actos realizados cada 24 de marzo”, señala Ibarra Philemon. Así, el humilde monolito sigue erguido frente a los cerros, entre el viento y el sol que se cuelan entre dos pinos que los vecinos han cuidado por años, para denunciar que en ese sitio entre 150 y 200 huelguistas fueron emboscados tras una asamblea y apresados en un galpón de lana cercano para luego hacerles cavar la fosa común donde los arrojaron tras asesinarlos. Esos hombres eran parte de los 1.500 asesinados por el Ejército durante el conflicto, según indicaba la Federación Obrera Regional Argentina (Fora).

La Anónima

En 1908, el asturiano José Menéndez y el ruso Mauricio Braun conformaron la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia –más conocida como La Anónima–, uniendo el poder de dos familias poderosas en el comercio y la explotación lanera. Federico Braun, descendiente de uno de los hombres poderosos de la región, es hoy propietario de la red de supermercados La Anónima y de estancias como La Anita. En un documental sobre los 80 años del maestro Bayer, el mismo escritor le hace una entrevista a Federico Braun, nieto del estanciero propietario de los campos donde se fusilaron y enterraron a los peones. En el encuentro le pregunta: “En concepto de indemnización a tanto obrero muerto en las estancias suyas, ¿no daría parte de su estancia en cooperativa a los peones?”. Pero el empresario le contesta: “No, jamás he pensado eso. Yo he creado trabajo; tengo 8 mil empleados, pago 100 millones de pesos en impuestos, soy creador de fuentes de trabajo. Además, yo no había nacido”.

Bayer también le pidió que dejara hacer excavaciones para ver el número de fusilados, a lo que el estanciero advirtió: “Bueno, lo permitiría, siempre que no traiga problemas ecológicos”. Y no lo permitió. La historia sigue, y en febrero de 2009 un aviso en Clarín solicitaba oficiales retirados de las fuerzas armadas para seleccionar un jefe de seguridad par el supermercado La Anónima. El capital acumulado con ayuda del sable hoy permite a Braun desarrollar su imperio económico. La propiedad privada parece no respetar a la memoria, y tanto el monolito y el nuevo monumento levantado por el área de Derechos Humanos de Santa Cruz deben estar por fuera de los alambrados de La Anita. Así como los vecinos rescatan la historia, el Estado debe reconocer su deuda y responsabilidad reactivando el pedido de investigación y esclarecimiento de los asesinatos de 1921. La historia de la impunidad de los estancieros que tienen a militares como mano de obra de sus saqueos, aún sigue.

Las huellas rescatadas Hace pocos meses Ibarra Philemon realizó un importante hallazgo. “Ubiqué un campo, cerca de la entrada el aeropuerto, donde hay dos chacras. Según lo señalado por Bayer, en ese lugar ocurrió una matanza de peones”, señala. “Hablando con el dueño del lugar –resalta–, me comentó que había encontrado un botín y una pipa, me acompañó al lugar, por donde pasaba una vieja huella, y coincidía con lo investigado por el autor de La Patagonia Rebelde”. “Cuando el hombre advirtió mi interés en el tema, me contó que un peón había encontrado cadáveres que enterró luego en un pozo más profundo”, explica el historiador del Calafate. “El lugar se ubica cerca de la entrada al aeropuerto, hay dos chacras

en la actualidad, sobre la ruta 40. Por allí pasa el arroyo nombrado como El Perro y eran campos de la familia Dickie, que fue rehén de los huelguistas”, agrega. “No escarbamos en la zona, se requiere un detector de metales y un antropólogo deberá ver cuántos fusilados hubo en el sitio. La idea es trazar un recorrido comunitario por la ruta de los peones en huelga. Los lugares son Puerto Irma, un intento poblacional que fracasó, donde hubo fusilamientos; la Estancia Rincón y otros sitios como la estancia Cerro Buenos Aires (sociedad de capitales argentinos y estadounidenses), cercana a Punta Bandera, que no permite investigar en sus dominios”, sostiene el incansable Ibarra Philemon.

el eslabón 100  

Periódico mensual hecho en Rosario, Argentina. Edición especial 24 de marzo de 2010.

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