José A. Serrano Álvarez
dos en los catálogos de montes públicos49. El argumento esgrimido por la Administración era la labor tutelar que debía ejercer sobre los montes situados en ciertas áreas con independencia de quién fuese su propietario; argumento falso, puesto que en los Catálogos de montes no figuran los montes de propiedad particular, aunque sí algunos donde había una división de dominios y el dominio directo era de un particular. Era una prueba más del rechazo de la propiedad colectiva por un ordenamiento jurídico que sólo concebía la propiedad privada individual. En León, al igual que en otras áreas de montaña, la pervivencia de los usos comunales y el escaso impacto de las medidas desamortizadoras se podrían interpretar como la resistencia a modificar aquellos resortes sobre los que basaba la reproducción social, puesto que los comunales no sólo habían sido la base del sistema agrario en el siglo XIX, sino que en el primer tercio del siglo XX se convirtieron en la principal defensa frente a la miseria y la emigración. En este sentido, es comprensible que los vecinos utilizasen todas las estrategias posibles para conservarlos. Además, tenían un sentido identitario para el campesinado50, por lo que su defensa iba más allá de la importancia que tenían en la reproducción económica. En la defensa de los «derechos» colectivos no sólo se defendían «derechos», sino que se estaba afirmando el sentido de pertenencia a la comunidad.
3.2. Los comunales y el monte como centro de las políticas sociales: la defensa del derecho a decidir sobre el uso A principios del siglo XX, debido al crecimiento demográfico entre otras razones, se hacía evidente la necesidad de tierras de cultivo. Medidas como la desamortización no sólo no habían facilitado el acceso a la tierra a un sector amplio del campesinado, sino que había creado «trastornos» en la organización agraria. Así en León, una parte de las propiedades colectivas fueron vendidas con lo cual el campesinado vio empeoradas las condiciones de acceso a la tierra que había venido trabajando, de ahí no es extraño que los pueblos hiciesen un ingente esfuerzo económico para recuperarlas; porque además, la mayor parte de la tierra que conservaban estaba «intervenida». Este malestar era algo generalizado en el país, ya que incluso en la parte más meridional de España la desarticulación de los sistemas tradicionales de aprovecha-
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utilidad pública, ya que había sido comprado por los vecinos en 1890 a José García Cortinas, quien lo había comprado en 5.000 pesetas al Estado en la desamortización de propios [AHPL, Fondo ICONA. Legajo 25. «Documentación variada»] Como apunta BARREIRO MALLÓN (1996), la existencia de estos bienes comunales mantuvo el sentimiento comunitario y sostuvo vivos a los concejos abiertos de vecinos; los vecinos sentían la necesidad de defenderlos contra la amenaza de la usurpación, al igual que los habían defendido frente a los señores jurisdiccionales que habían intentado apropiárselos. Es más, la defensa de los derechos inmemoriales y la defensa del comunal eran estrategias que reforzaban la cohesión social, siendo ésa otra cara del colectivismo [MORENO FERNÁNDEZ (1996), p. 401]. Téngase en cuenta también que el campesinado no se define desde un punto de vista económico, sino que puede definirse como un modo de vida, «un complejo interactivo entre naturaleza, trabajo y sociedad» [DOMÍNGUEZ MARTÍN (1993), pp. 100-109 y (1996)].
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Hist. Agrar. 37 ·Diciembre 2005 · pp. 431-463