Informe político: Empalme de Gobierno 2022

INFORME POLÍTICO: SECTOR POBLACIONAL MUJERES ¿Dónde están los derechos de las mujeres en el empalme?

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INFORME POLÍTICO: SECTOR POBLACIONAL MUJERES ¿Dónde están los derechos de las mujeres en el empalme?

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Introducción

¿Dónde están las mujeres en el empalme? Y ¿dónde estarán las mujeres en el nuevo Gobierno? Estas son las preguntas que guiaron la conformación del sector poblacional de mujeres. A lo largo de este proceso, expertas en temas relacionados con los derechos de las mujeres, enfoque de género y diferencial, asumieron la responsabilidad de indagar y sistematizar la situación actual de los recursos administrativos, jurídico, financieros y humanos que ejecutó el gobierno saliente de Iván Duque a favor de las mujeres, e identificar qué deberá priorizar el gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez.

Este informe tiene como objetivo de presentar los principales hallazgos recolectados por este equipo y recomendaciones surgidas en el marco de este proceso y lo ponemos a disposición del movimiento social de mujeres nacional, regional y territorial, para sumarnos a exigir la priorización e inclusión de las agendas que han construido las mujeres en sus diversidades durante años y esperan que esta sea la oportunidad de incorporarlas en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de establecer rutas de acción y ejecución, y que el gobierno entrante materialice el compromiso del Cambio con las Mujeres, en tanto sujetas políticas y de poder.

Así mismo, este informe espera contribuir al análisis de qué ha funcionado, qué procesos deben continuar, cuales deben fortalecer y cuáles decisiones o acciones pueden ir en contravía de los derechos de las mujeres, la participación y el reconocimiento de los movimientos y agendas de mujeres y feministas.

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Metodología del Empalme del equipo para la transversalización del enfoque de derechos de las mujeres y el enfoques de género y diferencial El señor Presidente Gustavo Petro y la señora Vicepresidenta Francia Márquez electos, designaron un equipo coordinador de empalme con el objetivo de recibir de manera formal, a través de un proceso transparente, efectivo y útil, la información y los resultados del gobierno saliente. Así como la gestión de los aspectos administrativos, contractuales, misionales y financieros para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento del Estado; a través de una transición constructiva de gobiernos, desde un diálogo armónico y respetuoso, distinto a una rendición de cuentas.

Entre los equipos Sectoriales se nombra la Comisión Poblacional con una Coordinación tripartita conformada por: Natalia Molina, Clemencia Carabali, Graybern Livingston, quienes, para darle dinamismo a este equipo, convocan a un grupo base de tres personas de apoyo y una persona representante por cada población. Para el caso del sector, del equipo base se convoca a Diana Caicedo, y como representante de la población mujeres a Magda Alberto.

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Así mismo, establece que esta comisión trabajará 8 poblaciones bajo el criterio de exclusión histórica (Mujeres, LGBTQ+, Indígenas, Afros, Negras, Palenqueras y Raizales, Rrom, discapacidad y Campesinado); por cada población o sector social se definieron unos referentes lideresas o líder, encargados de articular, coordinar, recolectar información realizar análisis de información y elaboración de informes; y finalmente establece que este equipo recogerá la información en el marco del empalme relacionada con las transversalización de los enfoques que estas poblaciones históricamente han demandado para eliminar las exclusiones, discriminaciones y violencias que viven.

Es importante reconocer que estos equipos se convocan casi dos semanas después de iniciado el empalme, lo que implicó retos de articulación y coordinación con el trabajo iniciado previamente desde otros sectores del Gobierno Nacional. Esto dificulto el acceso a información específica en términos de planes, programas y proyectos por parte de algunos sectores, dejando en evidencia el desafío que implica la aplicación del enfoque de derechos de las mujeres y de género en el sector público.

En este contexto, Diana, Natalia y Magda, de forma estratégica, proponen conformar una coordinación colegiada para sacar adelante temas relacionados con los derechos de las mujeres.

Para lograr el objetivo, esta coordinación colegiada: i. Reconoció los límites que implica trabajar la agenda de las mujeres en un equipo poblacional, ya que las mujeres no somos un sector o comunidad, sino el 52% de la población colombiana, la coordinación colegiada establece impulsar y posicionar los enfoques de los derechos de las mujeres, diferencial y enfoque de género como eje político y argumentativo. ii. Identificó que el nivel de impacto de los temas relacionados con los derechos de las mujeres está en tres frentes para este proceso de empalme: a. Trabajo de la vicepresidenta Francia Marquez directamente relacionado con el empalme con la vicepresidencia y la Consejería presidencial para la equidad de la mujer. b. Expertas que apoyaron directamente los empalmes con los equipos sectoriales.

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c. Ejercicio de transversalización por parte de este equipo, donde hicimos énfasis en los enfoques de derechos de las mujeres. iii. Priorizó los sectores administrativos a analizar en el marco del empalme.

Si bien los derechos de las mujeres son transversales a todos los temas y espacios del Gobierno, de acuerdo a los criterios y metodologías dadas por los equipos coordinadores del empalme se seleccionaron los sectores administrativos1 de relevancia para las mujeres y el acceso a sus derechos. iv. Convocó a un equipo de 26 expertas que apoyan recabar información en los 14 sectores priorizados. v. Convocó y explicó al equipo de expertas la metodología, matrices, alcances y limitaciones del proceso de empalme, así como los aspectos esperados en este proceso. Así mismo, se aclara que este trabajo fue voluntario, sin ninguna remuneración y no significa ningún compromiso de vinculación laboral con el gobierno entrante. vi. Este equipo tuvo 10 días para recabar la información solicitada en las matrices diseñadas desde el equipo de empalme designado, algunas pudieron tener reuniones directas con el gobierno saliente, otras con los equipos sectoriales del empalme y otras hicieron el trabajo solicitado a partir de la información entregada por el gobierno saliente en el Datálogo https://datalogo.dnp.gov.co/, información de las páginas web e informes de rendición de cuentas de las Entidades. vii Los hallazgos encontrados se presentaron al equipo coordinador del empalme a modo de semáforo como se solicitó y estableció metodológicamente: a. Rojo: aspectos que generan alerta, y deberán ser priorizados por parte del gobierno entrante. b. Amarillo: aspectos que se deben revisar, mejorar ajustar por parte del gobierno entrante.

1 Departamento Nacional de Planeación, Consejería Presidencial para Equidad de la Mujer- Fondo Mujer Emprende, Ministerio del Interior,-unidad Nacional de Protección, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Ministerio del Deporte, Departamento Administrativo de Prosperidad Social- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Implementación del Acuerdo de paz con enfoque de género.

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c. Verde: aspectos que son susceptibles a dar continuidad por su coherencia o compatibilidad con el programa del gobierno entrante. viii. La coordinación colegiada para los derechos de las mujeres y el enfoque de género, establece la necesidad de ir más allá de los informes y matrices solicitadas por el equipo coordinador del empalme, por ello, concluye la importancia de hacer un informe político para el movimiento social de mujeres, así como contribuir al proceso de empalme social y diálogos sociales que hará el gobierno del Pacto Histórico. ix. En este marco, la coordinación de este equipo hacen reuniones estratégicas con: a. Agencias de Cooperación Internacional b. Organizaciones Nacionales de Mujeres c. Expertas para contribuir en la apuesta del Sistema Nacional de Cuidado Si bien existe un espíritu de potenciar las voces y recoger las agendas e iniciativas a través de la realización de reuniones con otros actores externos al gobierno saliente, no fue posible ampliar este tipo de reuniones, por el limitado tiempo para esta tarea y el compromiso que requería entregar la información solicitada por el equipo coordinador del empalme. x. El tiempo de trabajo de este equipo fue en concreto tres semanas, por ello es importante aclarar que el objetivo de este equipo no es la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, ni de realizar procesos participativos para recoger recomendaciones para el nuevo gobierno. Sino su tarea fue recoger y recibir la información, financiera, técnica, jurídica, administrativa y misional que entrega el Gobierno saliente. xi. Sin embargo, comprendiendo la importancia de sumar las voces regionales y de las mujeres en sus diversidades, durante el mes de agosto se harán encuentros virtuales y presenciales para dialogar sobre este informe con las mujeres y sus organizaciones y seguir construyendo juntas el proceso de incidencia de cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

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xii. Con los insumos recolectados en el mes de agosto, este equipo de empalme se compromete a recolectar, sistematizar y entregar un documento de incidencia que sea herramienta para todas las mujeres con sus diferencias y diversidades en Colombia, así mismo dinamizar y materializar “El cambio es con las mujeres”, el cual debe ser antipatriarcal, antirracista, con enfoque diferencial2 y territorial y enmarcado dentro del programa de gobierno en cada uno de los ejes propuestos3.

Que los Derechos de las mujeres hicieran parte del Sector poblacional deja una alerta y nos permite hacer un llamado urgente para que este enfoque sea aplicado con el nivel de importancia y de ejecución para transitar a una democracia representativa y paritaria que cuente con la voz de las mujeres en su diversidad y reconozca su aporte fundamental para la elección de este gobierno del cambio.

Por ello, este equipo manifestó la importancia de los enfoques de derechos de las mujeres e interseccional en el andamiaje institucional y la configuración de las políticas de Estado que deberán tener estos enfoques y un fortalecimiento institucional que responda a las necesidades e intereses de las mujeres. El poder ejecutivo debe reconocer la necesidad de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión para la transición y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.

A continuación, se presentan los perfiles de las veintiséis (26) expertas que hicieron parte este equipo:

2.1. EQUIPO DE EXPERTAS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL EMPALME

2 Dentro del enfoque diferencial se hace una apuesta para hacer el reconocimiento étnico y antiracista, así como el de interseccionalidad, estos enfoques permiten el abordaje integral y antipatriarcal de las políticas públicas.

3 1.) Participación política y representación: las mujeres en el centro de la política de la vida 2. Hacia una sociedad cuidadora y con poder económico para las mujeres¸ 3. Hacia una vida libre de violencias contra las mujeres y por la garantía efectiva de sus derechos sexuales y reproductivos, 4. Mujeres, territorio y paz, 5. Ministerio de la Igualdad.

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Natalia Molina Coordinadora comisión población Politóloga con Maestría en Ciencias Sociales, Cooperación y Desarrollo. Estudiante de la maestría en Economía Internacional de Berlin School of Economics and Law (Alemania), y del programa europeo EPOG (Economic Policies in the Age of Globalization), donde trabaja temas relacionados con macroeconomía. Trabajó para la empresa RENAC AG, líder en capacitación en energías renovables y eficiencia energética.

Actualmente escribe su tesis titulada “Zonas de Reserva Campesina como una alternativa de política pública contra la deforestación en la Amazonía Colombiana”, desde la perspectiva de los SSE.

Diana Caicedo Apoyo al equipo coordinador comisión poblacional Abogada feminista, Defensora de derechos humanos, epecialidata en Gerencia Social y candidata a magister en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Con más de 16 años de experiencia en materia de justicia de género ha liderado proyectos

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institucionales en materia de atención y representación jurídica a mujeres víctimas de VBG en Bogotá y Medellín. Consultora internacional y docente universitariaIntegrante activa de las plataformas de mujeres: la Mesa por la Implementación de la Ley 1257 de 2008 (Ley de no violencias contra las Mujeres), la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (organización líder de causa ajusta por el aborto en Colombia) y la Corporación Gea Jurisgeneristas (ONG dedicada a promover la justicia para las mujeres), como Directora ejecutiva.

Magda Yaneth Alberto Cubillos Represente del sector mujeres en la comisión Poblacional Licenciada en Psicologia y Pedagogia. Magister en Salud Sexual y Reproductiva.

Defensora de la paz y derechos humanos de las mujeres.

Con más de 10 años de experiencia laboral en temas relacionados en la formulación, ejecución y seguimiento a Políticas Públicas con enfoque de género. Participó en el proceso de incidencia para la creación de la Secretaría de la Mujer en Bogotá y asesoró diferentes entes territoriales para la conformación de los Consejos Consultivos de mujeres y la institucionalidad para los derechos de las mujeres.

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Representante de las organizaciones nacionales en la primera instancia de mujeres que dan seguimiento al enfoque de género en el acuerdo de paz. Se destaca su participación en diversos espacios de participación y representación política de las mujeres como el grupo asesor de ONU Mujeres, la Mesa Por la Vida y la Salud de las Mujeres y Mujeres por la paz.

Andrea Marcela Cely Forero Experta temas de niñez y juventud ICBF Doctora en Estudios Sociales en América Latina, Magister en Estudios Culturales y Politóloga.

Ha trabajado con organizaciones sociales a nivel nacional, especialmente en regiones cómo Catatumbo, Norte del Cauca y Nariño con ONG Planeta Paz y Asociación Minga. En el campo público apoyó la implementación de la Política de Juventud coordinando el equipo territorial Distrital del Programa de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia y, actualmente, trabajó con niñas y niños de la zonas rurales.

Anne Paola Mendoza González Experta Sector de Planeación Nacional Politóloga, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Estudios Feministas y de Género.

Cuenta con 10 años de experiencia en planificación y gestión pública desde el enfoque de género, articulando temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, la promoción de la equidad de género y el cierre de brechas. He prestado servicios como consultora técnica en temas de VBG en entidades públicas y organizaciones de Cooperación Internacional (ONU Mujeres y OIM).

Angélica María Puentes Robayo Experta Sector de Planeación Nacional Ingeniera industrial, especialista en planeación, gestión y control del desarrollo social, magister en desarrollo humano con experiencia en planes y políticas de desarrollo territorial, enfoques poblacional-diferencial y de género. Formulación,

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seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos, políticas públicas de planeación, hábitat, movilidad y social.

Documentación investigación social y estructuración de trazadores presupuestales poblacionales y sectoriales. Habilidades de articulación interinstitucional, análisis de información cuantitativa, documentación, sistematización y lineamientos públicos, indicadores y fuentes de información. Asesora planes de desarrollo.

Carolina Tejada Sánchez Paz y enfoque de Género Licenciada en Ciencias Sociales. Magíster en Comunicación y Educación, y cursa especificación en Desarrollo Territorial y gestión pública.

En la actualidad dirige el Observatorio Distrital de víctimas del conflicto armado en Bogotá. Asesora el proceso de constitución de la carrera de comunicación y periodismo para la paz, de la Universidad de Nariño, sede Ipiales. Por más de 10 años ha sido parte del consejo de Redacción del Semanario VOZ. Dirigió por más de 2 años la separata impresa VOZ territorios, sobre análisis e investigación sobre los conflictos territoriales en el país.

Durante cinco años formó parte de la Junta Directiva Nacional del CPDH. Hizo parte del equipo técnico (desde la sociedad civil) del Consejo Nacional de Paz, encargados de acompañar la construcción de la política pública contra la estigmatización.

Trabajó en la oficina de ddhh de la Universidad Distrital, desde el cual acompañó el Observatorio de ddhh Alfredo Correa de Andreis.

Camila Salazar López Experta Sector de Planeación Nacional Antropóloga con experiencia de 10 años en el sector público en temas de presupuestos sensibles al género, planeación con enfoque de género y participación

Katerinne Rocio Ángel Ortegon Experta temas de trabajo sexual Profesional, Docente Educación Comunitaria con énfasis en DDHH. Defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales.

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Dory Clemencia Capera Leitón Experta Sector Educación Docente de Ciencias Sociales. Especialización en gestión Educativa. Especialización en dificultades de aprendizaje escolar. Maestría en educación.

Dirigente sindical, representante de los docentes al comité distrital de formación docente, Ejecutiva de la CUT Bogotá Cundinamarca Departamento de la Mujer Derechos Humanos y solidaridad, Directora de la escuela de género y nuevas masculinidades de la CUT Bogotá Cundinamarca

Ennue Nathaly Fajardo Rosas Experta para el Sector Salud Médica Cirujana, feminista, Magister en Enfermedades Tropicales, estudiante de la maestría de Epidemiología.

Coordinadora del núcleo Colombia del grupo de Soberanía Sanitaria y Salud Internacional de CLACSO. Miembro del equipo de coordinación de la Asociación Latinoamérica de Medicina Social. Coordinadora del Programa Salud Pal Barrio en Cali. Más de 10 años de experiencia en salud con Zonas de Reserva Campesina y organizaciones de base comunitaria en ámbitos urbanos. Experiencia de trabajo en OPS/OMS, Ministerio de Salud y Protección Social, TEPHINET y en proyectos de cooperación enfocados en mujeres rurales en Centroamérica.

Hada Marleng Alfonso Piñeros Experta para el Sector Agricultura y Mujeres Rurales Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Psicóloga Social Comunitaria con 18 años de experiencia en la coordinación de programas y proyectos sociales con énfasis en el empoderamiento de las mujeres rurales desde un enfoque de derechos.

-Concejal municipio de Manta (Cundinamarca) electa por dos periodos -Participación en varios escenarios de incidencia a fin de posicionar la agenda de las mujeres rurales a través de la construcción de la Política Pública de Mujer y Género e Igualdad de Oportunidades.

Consejera Nacional de Planeación, representante del sector Mujer Rural.

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Laura Morales Experta para el sector Ambiental Ecóloga especialista en gestión ambiental urbana. Hace parte de la red de líderes climáticos The Climate Reality Leadership Corps, la plataforma #EmergenciaClimaticaYa, el Movimiento Laudato Si’, Global Shapers Armenia Hub, y es fundadora y líder del primer capítulo colombiano de la iniciativa Citizens’ Climate Lobby. Ha participado en discusiones de alto nivel de la Asamblea de las Naciones Unidas para el medio ambiente (UNEA) Global Compact y COP26

Laura Maria Florez Experta para temas internacionales y nuevo congreso de la República Biologa Investigatora, PhD Inmunología de la universidad Paris VI, coordinadora Nodo Colombia Humana Alemania y Feministas y Plebeyas de Colombia Humana.

Lina Milena García Sierra Experta sector Justicia y violencias contra las mujeres.

Edilesa Localidad Usaquén de Bogotá Abogada, Magister en Estudios Culturales, candidata a PHD en Derecho, docente de Maestría en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, investigadora en crímenes de odio contra las mujeres.

Lina Tatiana Lozano Ruiz Experta para el sector Ministerio del Interior Antropóloga. M.A en Estudios de Género y las Mujeres con más de 10 años de experiencia en la transversalización del enfoque de género y violencias basadas en género, en particular con enfoque diferencial y en contextos de crisis humanitarias y conflicto armado. A nivel institucional, ha trabajado como asesora en temas de género y VBG en la CPEM, en la Comisión de la Verdad y con la cooperación internacional para el acompañamiento a Defensoras y Defensores de DDHH, en el fortalecimiento de organizaciones de víctimas de violencias sexuales y brindando asistencia técnica a instituciones en el nivel territorial y nacional para la prevención y atención de las VBG.

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Luz Marina Lurduy Ortegon Experta para el sector de Prosperidad social Feminista. Activista del movimiento social de mujeres Colombia. Trabajadora Social con interés particular en desarrollar procesos de promoción investigación, educación y organización que contribuya a la ciudadanía plena de las mujeres. El centro de mi actuación y formación ha estado en el área de formación, organización social y desarrollo humano, Mujer y género, Derechos económicos y civiles. Fortalecimiento de proyectos sociales y económicos con mujeres. Experiencia en gestión local para el diseño, desarrollo, administración y seguimiento o monitoreo de Proyectos.

Vinculada a la administración pública, en el diseño y puesta en marcha de Política pública de equidad, y en consultorías para la formulación de estas en lo regional y local; Participa en redes feministas y acciones políticas y pedagógicas con Líderes, servidoras y servidores públicos, de organización y Docente Universitaria.

Martha Buritica Experta temas de incidencia y participación Política Pedagoga Social Comunitaria, Especialista Género: Escuela de Estudios de Género - Universidad Nacional.

Con más de 20 años de experiencia en procesos de incidencia y participación política de las mujeres. Integrante del movimiento social de Mujeres. Feminista y comprometida en la vida personal y profesional con la lucha por los derechos humanos, el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y el desarrollo de su liderazgo individual y colectivo.

Martha Liliana Rengifo Montealegre Sector Educación y Paz y enfoque de Género Politóloga con especialización en Justicia, víctimas y construcción de paz y con Maestría en curso de Estudios Políticos .

Ha trabajado en diferentes campos educativos formales y no formales dentro de la ciudad en las apuestas de educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía.

Ha apoyado procesos de participación y educación popular, procesos investigativos en memoria y derechos humanos desde una perspectiva integral.

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Lleva una década trabajando por los derechos de las mujeres y la prevención del feminicidio desde una apuesta conmemorativa de la memoria de Rosa Elvira Cely desde Ni una más.

Migdonia Rueda Experta para el Sector de Prosperidad Social Trabajadora Social, especialista en Proyectos de Desarrollo, con experiencia en formulación y seguimiento a políticas públicas, planes de desarrollo, con enfoque de género, derechos humanos y territorial; diseño de herramientas metodológicas para recolección de información y elaboración de diagnósticos sobre las situaciones de género, violencias contra las mujeres; así mismo manejo y diseño de procesos de formación y fortalecimiento organizativo, a organizaciones de mujeres y sociales.

Docente universitaria en Trabajo Social Comunitario; Enfoques de Género y Diferenciales y Desarrollo, como una de las nuevas tendencias de la intervención social..

Miosoris Castillo Burgos Experta para temas regionales y el sector del Ministerio del Interior Psicóloga con diplomados en derechos humanos y derechos de la población afro descendiente. Políticas públicas. Veedurías y control social a la gestión pública.

Gerencia para la gobernabilidad. Ex candidata a la alcaldía del municipio de Guachené, Cauca.

Paula Herrera Idárraga Experta para el sector del Ministerio del Trabajo Ph.D. en Economía de la Universidad de Barcelona. Su investigación se ha centrado en temas relacionados con discriminación de género, desajuste educativo, la informalidad y las desigualdades regionales para Colombia. Es directora de un proyecto sobre economía y género, el cual busca promover la inclusión de género en la economía como un componente importante en los currículos de los programas de pregrado y posgrado de los departamentos de economía en las universidades colombianas. Cofundadora de Quanta - Cuidado y Género.

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Rubi Daniela Vega Sotelo Experta para el Sector Agricultura y Mujeres Rurales Técnico Promotor de desarrollo empresarial rural. Experiencia: Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Secretaria de Solidaridad y Derechos Humanos,Asociación Por La Defensa Del Agua, La Tierra Y El Territorio - POLICARPA PÁRAMO, Comisión Nacional de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente Apoyo Técnico Región Andina de la CLOC / VC.

Salomé Valencia Experta para el Sector Salud Médica, feminista, Magister en Salud Pública y Epidemiología, Magister en Salud Pública y Gestión Sanitaris, Especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva.

Doctora en medicina e investigación traslacional. Co-líder del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, Integrante La Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres.

Experiencia: Universidad de Antioquia, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, Fundación Suiza para el Desminado, OMS-OPS, Médicos sin Fronteras, Oriéntame, UNFPA.

Sofia Gómez Cabrera Experta temas juveniles y mirada regional Fondo Emprender Candidata a grado en Ciencia Política Unicauca Diplomado en para la incorporación del enfoque de género en el accionar público Diplomada introducción a las teorías feministas Diplomado de construcción de paz y enfoque de género. Implementación de las resoluciones del consejo ONU sobre la agenda de mujer y paz Activista feminista, con experiencia en investigación de comunidades vulnerables y en proyectos de cooperación internacional con enfoque de género y análisis de conflicto armado. Llevo varios años trabajando con jóvenes, mujeres campesinas y de asentamientos urbanos en Cauca, Tolima y Valle del Cauca.

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Viviana lozano Ducuara Experta para el Sector Hábitat y vivienda.

Sociología con maestría en Hábitat, con amplia experiencia en políticas públicas, enfoques de género, diferencial, Étnico, territorial y ambiental en líneas de trabajo de derechos humanos, organización y participación ciudadana, hábitat y vivienda, ordenamiento y Planeación territorial.

Además de sus perfiles técnicos se destaca que todas hacen parte de procesos políticos, comunitarios territoriales o nacionales de mujeres o feministas.

De izquierda a Derecha. Magda Alberto, Dalila Gómez. Reunión Sector poblacional. Presidencia de la República. 6 de julio de 2022.

Reunión Sector poblacional. ICBF, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Interior, Consejería Presidencial para Equidad de la Mujer. Presidencia de la República. 6 de julio de 2022.

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Balance técnico, político y financiero: los principales retos que reciben Gustavo Petro y Francia Márquez

El equipo del sector poblacional de los derechos de las mujeres clasificó los hallazgos en tres aspectos: a) técnico. b) político y c) financieros. a) Aspectos técnicos: En los aspectos técnicos se recolectaron los principales planes, lineamientos, programas y proyectos que han liderado, formulado e implementado los sectores administrativos en materia de los derechos de las mujeres en Colombia.

El balance general de dicha recolección permitió identificar que existe una reciente formulación y aprobación de lineamientos, marco legal y Conpes relacionados con derechos de las mujeres, la aplicación predominante de enfoques asistencialista1 y familista2. En este sentido el reto del nuevo Gobierno es reformular algunos de estos instrumentos y formular planes de acción participativos y ampliarlos a enfoques más garantistas de derechos3. b) En lo político: Si bien el gobierno saliente planteaba impulsar los derechos de las mujeres, sus resultados y acciones fueron limitadas, para algunos casos excluyentes y no lograron llegar a todos los territorios y sectores,

1 ​El asistencialismo se refiere a “la acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o grupos de individuos en condiciones de desprotección o de vulnerabilidad, de manera temporal o permanente” DESTARAC, M. F. PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 2 Se entiende por aquel que busca poner los intereses y la continuidad de la familia por encima de sus integrantes, presumiendo que, al proteger la unidad familiar, se garantizan los derechos de todos los miembros del núcleo familiar (Chaparro González & Guzmán) Rodríguez, 2013). Su principal crítica es que quiénes han asumido la responsabilidad de proteger, a través de las labores de cuidado, a las familias son las mujeres sin ningún tipo de reconocimiento a su trabajo.

3 Enfoque de género, enfoque de derechos humanos, enfoque étnico, enfoque diferencial y el enfoque territorial.

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por lo cual, no respondieron a las necesidades estructurales de las mujeres en su diversidad, y en muchos casos no contó con las voces del movimiento social de mujeres en sus múltiples miradas. Por esta razón, el reto del nuevo gobierno es implementar la transversalización del enfoque de derechos de las mujeres e interseccional4 como una acción estratégica evidenciada en políticas públicas y lineamientos que promuevan la transformación y cambio cultural del sector público. En este sentido, se busca que el discurso político se sustente en acciones como la asignación de presupuesto, ajustes razonables en todos los sectores con la creación de oficinas y direcciones para elevar los asuntos de género a niveles de decisión dentro de las entidades, y la creación del Ministerio de la Igualdad poniendo en el centro a las mujeres en sus diversidades. y a la vez promover la transformación y el cambio cultural de las y los servidores públicos y la sociedad en su conjunto. c) En lo financiero: El actual gobierno implementó el Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer, cuyo objetivo es la inclusión del enfoque de género en el ciclo de planeación de las políticas públicas. De acuerdo con la información arrojada por la plataforma de Seguimiento a los Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación, mediante el trazador presupuestal para la equidad de la mujer de género, vigencia 2022, el gobierno saliente etiquetó 71 proyectos para esta dimensión con una apropiación total de $24.737.720 (millones de pesos) de los cuales $5.856.216 (millones de pesos) se destinaron para la política transversal de equidad de género, Sin embargo, en materia de impacto y cierre de brechas no hay forma de determinar si a través de estos proyectos se mejoraron o no las condiciones de vida y posición de las mujeres, si se mitigó la discriminación, o hubo una reducción de las violencias y exclusión que ellas viven en los diferentes escenarios. Al respecto, es de la mayor importancia la asignación de recursos de presupuesto público, dirigidos a proyectos y programas orientados a eliminar las brechas de género y superar la falta de responsabilidad política, al dejar que este tipo de programas descansen en los recursos de la cooperación internacional.

Finalmente, la apuesta y reto para el gobierno entrante será la transversalización del enfoque de derechos de las mujeres para reconocer en todos los sectores las exclusiones históricas que afectan de manera diferencial a las mujeres, implica la aplicación de planes, acciones, proyectos que incluyan los enfoques de derechos de las mujeres con mirada , interseccional diferencial, territorial y étnico.

4 En conjunción con miradas antipatriarcales y antiracistas entre otras.

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3.1 Hallazgos sectores priorizados 3.1.1 Departamento Nacional de Planeación - DNPBajo el liderazgo del DNP dos temas son claves para la garantía de los derechos de las mujeres y el cierre de brechas: (i).. Trazador Presupuestal para la Equidad de la Mujer. Si bien, el Trazador Presupuestal resulta ser un avance para la planeación con enfoque de género, el principal reto será garantizar el principio de universalidad de implementación en el sector público, por lo tanto, fortalecer las herramientas para la formulación técnica y financiera de los proyectos de inversión con enfoque de género a nivel nacional y descentralizado.

El Trazador Presupuestal debe diseñarse de tal forma que mejore la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia de la política gubernamental con enfoque de género. Esto implica examinar el impacto de los proyectos de inversión tanto en los individuos como en los hogares, e incluir una consideración del impacto del presupuesto en el trabajo remunerado y no remunerado. Para así co-construir, adaptar y retroalimentar criterios para la formulación de proyectos de inversión a nivel nacional y descentralizado que habiliten tomar decisiones que impacten en el cierre de brechas entre hombres y mujeres. (ii) Plan de acción de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres: Hacia el Desarrollo Sostenible del País (CONPES 4080/2022), si bien el trazador busca estar en sintonía con esta, el reto para el gobierno entrante será revisar y ajustar este CONPES, pues hay temas estructurales en materia de derechos de las mujeres que no se integraron, como es el caso de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y otros se quedaron sin financiación. El ajuste al Plan de Acción de este CONPES requiere una nueva ronda de trabajo con los Ministerios para determinar sus compromisos en materia financiera para los próximos 10 años, identificando los objetivos a vincular en la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo que guarden relación con la propuesta programática del nuevo gobierno y garantizando una destinación presupuestal año a año en la Ley del Presupuesto General de la Nación. El Plan de Acción debe consultar y reflejar una mayor armonía entre las voces, propuestas, necesidades y expectativas del movimiento social, territorial y regional de mujeres y las entidades del Gobierno nacional.

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Finalmente, para fortalecer la apuesta de Cambio con las Mujeres de este gobierno dentro del Departamento Nacional de Planeación, el gobierno entrante tiene el reto de pensarse una reestructuración interna de la entidad, elevando la capacidad de Subdirección de Género al nivel de Oficina Asesora, con un equipo humano amplio e interdisciplinar experto en los enfoques mencionados que imparte lineamientos para orientar la planeación y estructuración de Políticas Públicas y otros instrumentos de planeación que contribuyan al cierre de brechas y avanzar hacia la igualdad en el país.

3.1.2. Consejería Presidencial para equidad de la mujer - CPEM. La CPEM en el marco de sus funciones (artículo 11 del Decreto 1784 del 04 de octubre de 2019) ha venido implementando la Política Pública Nacional para la equidad de género de las mujeres a través de los siguientes ejes: 1. Más mujeres en economía. Un millón de mujeres con oportunidades económicas (Fondo mujer emprende, Compras públicas con enfoque de género, Proyecto tipo de regalías mujer, Bono soberano social-capítulo de género, Mujeres TICS/STEM).

2. Más Mujeres en política. Aumentar y fortalecer la participación de las mujeres (Escuela de participación política para mujeres, Observatorio de violencia política contra las mujeres, Protocolo de violencia contra las mujeres en política, Listas paritarias, Consejos de juventud, Más mujeres más democracia).

3. Mujeres, paz y seguridad. Empoderamiento de mujeres en construcción de paz (Reparación de mujeres víctimas, Generación de oportunidades económicas para la paz, Participación, Lideresas y Defensora de derechos humanos).

4. Mujeres libres de violencias. Reducir violencia contra las mujeres (Mecanismo articulador, Tecnología de la 4a revolución industrial para prevenir violencias, Fortalecimiento Comisarías de familia, Protocolos con enfoque sectorial, INÉS: Justicia a la puerta).

5. Fortalecimiento institucional. Implementación de políticas afirmativas a favor de mujeres a nivel nacional y territorial (Secretarías de la Mujer Departamentales, Trazador Presupuestal con enfoque de género, Casas de las mujeres empoderadas).

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Si bien hay avances importantes que requieren ser retomados y que los proyectos existentes se ajustan a las iniciativas del Pacto Histórico, será necesario fortalecer los enfoques sobre los cuales se abordan, de tal manera que se incluyan perspectivas diferenciales que recojan, reconozcan y transformen la realidad de las mujeres desde sus diferencias y diversidades, los enfoques de derechos humanos, género, interseccional, territorial, de curso de vida, entre otros.

La CPEM lideró el contenido del CONPES 4080 de 2022, el cual contiene el nuevo marco de política de Estado por la equidad de las mujeres, sin embargo este no necesariamente es vinculante en su contenido y estructura para el nuevo gobierno nacional, por lo que será importante la revisión y validación amplia y participativa.

Preliminarmente se observa que no contiene una metodología clara para el monitoreo, seguimiento y evaluación. Adolece de principios, enfoques, estrategias, derechos priorizados, objetivos específicos y plan de acción suficiente, dejando por fuera asuntos esenciales para la transformación de las causas estructurales y desigualdades históricas.

Focalizar sus objetivos únicamente en la mujer rural, si bien es una apuesta política necesaria, impide el reconocimiento de otras mujeres desde sus diversidades; hacer énfasis en lo productivo como eje central desconoce otras realidades que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Por tanto, el Conpes debe ser un instrumento que reconozca ante todo el potencial político e incidente de las mujeres.

Dentro de los retos de la CPEM bajo el liderazgo la Vicepresidenta y en alianza con la bancada de congresistas del Pacto Histórico está gestionar un paquete legislativo en función de la formulación del Proyecto de Ley que contiene la creación, estructura orgánica y funcionamiento del Ministerio de la Igualdad y lineamientos de política pública que se orienten a acciones estructurales para la garantías de los derechos de las mujeres en Colombia. La creación del Ministerio de la Mujer (Conpes 4080 de 2022) o la creación del Ministerio de la Igualdad (Programa de Gobierno-Plan de Desarrollo 2022-2026), implica una institucionalidad robustecida que incluye y prevé la asignación presupuestal suficiente y costo fiscales asociados.

3.2.1.2 Fondo Mujer Emprende Se destaca en el gobierno saliente la creación del Fondo mujer emprende: si bien es un fondo creado para ayudar a mujeres a conseguir créditos o apoyos económicos para sus negocios, los requisitos para acceder a estos beneficios son excluyentes,

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acordé a los testimonios y experiencias regionales de las mujeres; estos apoyos han marginado las propuestas de economías populares y solidarias, a excepción de dos sectores, el microcrédito rural y el fondo emprender ella del SENA, que lograron ser más democrático y vinculante.

El hallazgo principal fue el presupuestal, este fondo cuenta con varios recursos vinculados a convenios con sectores privados, el Fondo Emprender Mujer aún no ha recibido los recursos destinados por el Presupuesto General de la Nación para su financiación y para la vigencia 2023 se solicitaron nuevos recursos. A partir de una reorientación de las líneas estratégicas para el acceso de las mujeres al Fondo estos recursos pueden ser optimizados para democratizar el crédito a las mujeres sin importar su condición económica, pertenencia étnica, ubicación geográfica o diversidad funcional.

Además, es importante tener en cuenta que el Fondo también recibe financiación de cooperación internacional y de donantes privados, a la fecha aún no se tienen las cifras del presupuesto total del Fondo.

Para el cuatrienio se recomienda apoyar el acceso a mujeres que tienen que acudir a créditos “gota a gota” para subsistir en las economías populares y que se traduzca en líneas de crédito para organizaciones de economía popular de mujeres, promover acceso de pequeñas y medianas empresas, a créditos con bajas tasas de interés.

También se recomienda ampliar el acceso al crédito para la mujer rural campesina y promover emprendimientos culturales y artísticos.

3.2.3 Ministerio del Interior El Ministerio del Interior históricamente ha impulsado temas fundamentales para las mujeres como son: la lucha contra la trata de personas, la participación política, la Política Pública de Prevención y Protección y de Garantías, el fortalecimiento a mujeres pertenecientes a pueblos étnicos y el desarrollo de acciones de territorialización y coordinación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana-PISCC. En el marco de la Estrategia contra la Trata de Personas, es importante que el nuevo gobierno aproveche las partidas presupuestales y los recursos de la cooperación internacional para fortalecer la territorialización del Protocolo para Identificar, Proteger y Asistir Víctimas de Trata de Personas en Contextos Migratorios1 y realizar 1 Sentencia T-236 de 2021

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asistencia técnica sobre las rutas disponibles con las entidades territoriales, de modo que se establezcan presupuestos para la atención y protección de las víctimas en las entidades territoriales. Se requiere trabajar en medidas sobre prevención de captación de víctimas en contextos digitales y actualizar la Ley 985 de 2005 de acuerdo con el nuevo contexto y los cambios en el marco normativo nacional en materia de VBG. En materia de participación política, se requiere revisar y fortalecer la estructura del Plan de Promoción a la Participación Política de las Mujeres y las Escuelas de Formación Política que ha desarrollado el Ministerio, Las cuales resultan de poco impacto para la garantía de este derecho..

El MinInterior tiene además a su cargo medidas para fortalecer la participación política de mujeres comunales, en el marco del CONPES 3955 de 2018, ajustar sus actividades específicas es necesario para que éstas generen mayores impactos y revisar el funcionamiento de las 23 Comisiones de Equidad Mujeres implementadas2 .

Armonizar los diálogos ciudadanos que se propone el actual gobierno con los Mecanismos de Diálogo Formal o Consejos Consultivos Territoriales de Mujeres para fortalecer la participación representativa ciudadana de las mujeres3. Adicionalmente, deberán desarrollarse las acciones sobre fortalecimiento de la participación política de las mujeres contempladas en el Plan Marco de Implementación, las cuales no han empezado a implementarse. Además, se debe contemplar el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas4) y puesta en marcha de acciones de su plan de acción. Así como promover los procesos de consulta previa, en los que se aumente la participación efectiva de las mujeres.

En cuanto a la Política de Garantías, el MinInterior coordina el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos - PIG. Se requiere fortalecer el PIG y generar un nuevo plan de acción cuatrienal a partir de las lecciones aprendidas de los pilotos territoriales para generar lineamientos nacionales que establezcan sus enfoques, ejes, líneas de acción y competencias institucionales del nivel nacional y territorial, más allá de lo establecido en la Resolución 0845 de 2018. Para cumplir con el PIG es necesario destinar recursos y fortalecer la capacidad técnica y financiera para la concurrencia en su territorialización.

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Ley 1981 de 2019 Ley 1757 de 2015 Decreto 1097 de 2020

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En cuanto a las medidas de protección colectivas, se requiere fortalecer el enfoque de género en el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 de 2018) y armonizar este con la oferta institucional y mecanismos de protección colectiva para las organizaciones de mujeres, a los que estas pueden acceder a través del Decreto 2078 de 2017, de modo que la ruta de protección pueda ser integral. También se sugiere avanzar en la incorporación del enfoque de género en la Política de No Estigmatización, que es competencia de esta cartera.

Sobre la prevención de las violencias contra las mujeres en el marco de la Política de Seguridad Ciudadana y construcción de PISCC, se requiere revisar el alcance de las actividades que viene realizando el Ministerio; sin embargo, se debería aprovechar que existe una partida presupuestal importante en un proyecto de inversión asociado a este proceso, para fortalecer la asistencia técnica territorial en materia de VBG y para desarrollar Consejos de Seguridad Territoriales para las Mujeres que estén asociados al Plan Nacional Integral para Prevenir las VBG y Erradicar el Feminicidio.

3.2.3.1 Unidad Nacional de Protección - UNP Durante el gobierno de Iván Duque, con la expedición del Decreto 1139 de 2021 se modificó la estructura de la UNP, incluyendo el funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM Mujeres. Este decreto generó barreras para el reconocimiento en la presunción del riesgo en los núcleos familiares de mujeres que solicitan medidas de protección, además de limitar la participación de las organizaciones en los procesos de evaluación y valoración del riesgo. En ese sentido, se requiere modificar estas medidas regresivas que ponen carga probatoria adicional sobre las mujeres y que generan barreras para el reconocimiento de medidas de protección individuales.

Adicionalmente, se requiere fortalecer la incorporación efectiva del enfoque de género en la Ruta de Protección Colectiva; la implementación del Protocolo de Evaluación y Valoración del Riesgo para Mujeres lideresas y Defensoras; la mayor capacitación de las personas que hacen parte de esquemas de protección (tercerizados) y a funcionarios de la UNP; y la mayor vinculación de mujeres para hacer parte de los esquemas de protección..

A su vez, es necesario fortalecer el enfoque de género en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, dado que se ha identificado que los esquemas de protección dirigidos a mujeres en proceso de reincorporación

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son limitados. La mayoría de las mujeres reincorporadas cuentan con esquemas en función de ser beneficiarias de sus compañeros permanentes o en su defecto, como resultado de esquemas colectivos. Esto dificulta la visibilidad y participación efectiva de estas mujeres en la vida pública y política, desconociendo sus liderazgos y necesidades específicas de protección, así como las violencias basadas en género y violencias políticas que les afectan.

3.2.4. Ministerio de Justicia El Ministerio de Justicia durante el Gobierno Duque realizó avances legislativos e investigaciones que pueden ser de utilidad para consolidar políticas en materia de justicia y política criminal durante el nuevo gobierno.

El Ministerio de Justicia ha venido desarrollando procesos de capacitación para robustecer la capacidad de las autoridades administrativas y judiciales con competencias relacionadas con el acceso a la justicia y a la tierra de las mujeres rurales, a las que es necesario dar continuidad, particularmente en territorios PDET y en el marco de las iniciativas de reformas rurales5.

Respecto de las violencias basadas en género y particularmente de la atención a la violencia intrafamiliar, en respuesta a la Sentencia T-735 de 2017 que exhortó al Ministerio para poner en marcha el rediseño de las Comisarías de Familia, se aprobó la Ley 2126 de 2021. Para su efectivo cumplimiento es necesario fortalecer las actividades de asistencia técnica y de difusión de lineamientos para asegurar la implementación de las nuevas competencias de las Comisarías en todo el país, para lo que será necesario fortalecer los equipos del Ministerio en el marco del Plan Nacional Integral para Prevenir las VBG y Erradicar el Feminicidio, que debe incluir entre otros aspectos el Sistema Nacional de alertas tempranas y continuar la capacitación a funcionarios públicos.

También, respecto de las violencias basadas en género se deberá revisar los avances sobre la coordinación de sistemas de justicia para las mujeres pertenecientes a pueblos étnicos sobre los que ha venido trabajando esta cartera, así como las Estrategias en marcha para el acompañamiento y acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual tanto en la justicia ordinaria, como en la justicia transicional.

5 Ya existe un Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la tierra y una Guía para mujeres rurales en el acceso a la justicia y a la tierra, cuya difusión debe mantenerse.

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El gobierno saliente deja una base de avance en la formación a operadores de justicia y a estudiantes que cursan consultorio jurídico en universidades de todo el país en enfoque de género, no obstante, tales módulos no llevan la formación a profundidad. Sobre los procesos de formación para la Rama Judicial esta debería fortalecerse y convertirse en un requisito o al menos en una acción afirmativa para ascensos o participación en concursos públicos de méritos.

Respecto de la Política Criminal y la situación de las mujeres en las cárceles colombianas, el Ministerio ha venido realizando investigaciones sobre la participación de las mujeres en la cadena de valor del narcotráfico y la situación de mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas, las cuales deberán ser un insumo para revisar la política criminal y carcelaria y asegurar que en esta se incorpore el enfoque de género, para identificar penas alternativas a la prisión, adecuación de infraestructura, ampliar la oferta de proyectos productivos transformadores en los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional -ERON y otras medidas diferenciales dirigidas a las mujeres, así como tramitar las órdenes judiciales en materia de política criminal, en el marco de la Sentencia T-153 de 1998 que resolvió declarar y notificar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, donde el enfoque de derechos de las mujeres en cualquier acción emprendida debe ser transversal y diferencial..

El principal reto del sector justicia será aumentar la inversión para mujeres y equidad de género y enfocar tal recurso en la garantía del acceso a la justicia para las mujeres a través de apuestas tecnológicas, información a ciudadanía y simplificación de rutas de denuncia para víctimas de VBG en consonancia con lo definido establecido en Decreto 806 de 2020 y en articulación con la Rama Judicial.

3.2.5 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural La dependencia responsable de implementar el enfoque de género en el sector de agricultura es la dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, a través de esta dirección se debe coordinar, diseñar y evaluar las políticas, planes, y proyectos integrales de desarrollo rural con enfoque territorial, encaminadas a la provisión de bienes públicos rurales, que inciden en el bienestar social y económico de las mujeres rurales, articulando así el accionar de las demás dependencias y agencias del sector para dar cumplimiento a lo planteado en la Ley 731 de 2002 conocida como la Ley de mujer rural.

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En este contexto, se identificó que esta dirección ha adelantado programas en términos de 1. Acceso y formalización de tierra 2. Restitución de Tierras Despojadas 3. Proyectos Productivos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) 4. Fomento a la asociatividad y a la participación rural 5. Modelo de apoyo a la comercialización 6. Certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias y Ganaderas 7. Programa Mis Finanzas Cuentan 2021 – 2023 8. Inclusión Financiera 9. Fondo de Fomento Agropecuario. Sin embargo, a este equipo información recabada por el grupo de empalme no fue posible conocer los ni los resultados, ni el impacto, ni la eficiencia de estos programas.

Los retos para el nuevo Gobierno radican principalmente en garantizar la integralidad en el acceso a la tierra para las mujeres, en este sentido se debe reconocer, fortalecer y garantizar la participación de los colectivos de mujeres rurales diversas, incluyendo a las mujeres de pueblos étnicos en todo el ciclo de las políticas públicas y reconocer de manera integral de garantía de derechos a las mujeres rurales.

Para esto será un reto elevar la capacidad de la Dirección de Mujer Rural para que pueda contar con una amplia capacidad técnica, administrativa, operativa y financiera que llegue a los territorios. Articulando su accionar para garantizar el enfoque de género en la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz, reglamentar e implementar la ley 731 de 2012.

Asimismo, es importante reconocer el Decreto 1731 de 2021 del Fondo de Fomento para la Mujer Rural (FOMUR). El Fondo ya está estructurado, se creó la cuenta especial y tiene recursos, se debe garantizar que estos recursos lleguen a las mujeres rurales y prevenir hechos de corrupción.

3.2.6. Ministerio de Salud El balance desde el sector salud identificó los siguientes avances del gobiernos saliente en materia de derechos de las mujeres: 1) avances en la atención a mujeres migrantes, 2) avances en la política de salud menstrual, 3) protocolo de víctimas de violencias, 4) Comisión intersectorial - Decreto 1005 de 2022 que reglamenta la organización y funcionamiento de la comisión intersectorial de salud pública. 5) Observatorios de equidad, de migraciones y de violencias de género.

Algunos hallazgos destacados de este sector son: 1) Preocupa el incremento de la mortalidad materna, el embarazo adolescente, y el desabastecimiento de métodos

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anticonceptivos durante la emergencia por Covid-19. 2) Una oportunidad es la necesidad de lineamientos en materia de IVE acorde a la sentencia 055-2022. 3) La resolución del Plan Decenal de Salud Pública que ya salió, será primordial ajuste y con ello que las organizaciones de mujeres que promueven los derechos sobre la salud integral de las mujeres participen activamente. 4) Revisar y reformular el Plan Nacional de Salud Rural, consultando a las comunidades en concordancia con lo acordado en el Acuerdo de paz. 5) Falta de orientación y seguimiento de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva y de violencias basadas en género.

El reto principal para el gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez debe ir encaminado a: 1) incrementar la participación real y efectiva de las mujeres en el sector (presupuestal, paridad en la toma de decisiones). 2) Revisión e implementación real de la política de Sexualidad y salud sexual y reproductiva.

3) Sistemas de información que tengan un enfoque claro de género, que incluso reconozca prácticas ancestrales del cuidado de la salud de comunidades y pueblos étnicos.

3.2.7. Ministerio del trabajo La mayoría de los programas y acciones que ha adelantado el Ministerio de Trabajo son medidas de reconocimiento6 y es importante avanzar en medidas de redistribución y de reducción de las desigualdades para las mujeres. En el informe de empalme, se presentaron pocos indicadores y políticas públicas que puedan evidenciar los avances en materia de derechos de las mujeres desde el sector trabajo. Sin embargo, se evidencia el trabajo articulado con organizaciones multilaterales, cuyo reto para el gobierno electo será continuar fortaleciendo estas relaciones y construir otras con el sector privado para aumentar los recursos necesarios del Ministerio y promover una política que le apueste al bienestar, la disminución de las brechas salariales y la autonomía económica de las mujeres. Es necesario evaluar los enfoques desde los que se han venido implementando estas acciones para que puedan ser más efectivas y permitan mejores resultados en los indicadores laborales de las mujeres en términos de empleos formales, salarios e ingresos en la vejez.

6 Son acciones afirmativas que buscan la igualdad de género, pero no permiten una transformación estructural inmediata. Algunas medidas que responden a ello son el programa y el sello Equipares, el índice de paridad de género, y los programas de subsidio a las mujeres que se desempeñan como madres comunitarias y trabajadoras domésticas.

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El Ministerio del Trabajo debe liderar articuladamente política de cuidado, debe reconocer, redistribuir y reconocer el Trabajo de Cuidado No Remunerado y tener un enfoque de empleabilidad para las mujeres y de ingresos en la vejez. El Estado debe asegurar una adecuada compensación salarial y garantizar la representación y negociación colectiva de las trabajadoras del sector de cuidado remunerado, así como de las mujeres campesinas que ejercen esta labor y que además se encuentra estipulado en el Acuerdo de paz. Es indispensable que el Ministerio de Trabajo priorice la elaboración de los lineamientos para cumplir con el mandato de trabajo decente en las actividades de cuidado en las ciudades y el campo y promueva la ratificación de los convenios 149, 156, 183 y 190 de la OIT. El gobierno entrante tiene el reto de implementar la Sentencia T-629 de 20107, T-736 de 2015 y T-109 de 20218 pasando del diagnostico a acciones como el censo sin estigmatización e iniciar control y vigilancia del trabajo sexual.

Asi mismo, desarrollar rutas de denuncia y acompañamiento a víctimas de abuso sexual/ explotación/ abuso laboral, para el caso que de las mujeres que se asumen como trabajadoras sexuales.

Crear espacios de participación y concertación con líderes y organizaciones para dar cumplimiento a la Sentencia T-594 de 2016 que exhorta al Ministerio de Trabajo a elaborar “una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual, de acuerdo con los lineamientos establecidos en esta decisión y en las Sentencias T-629 de 2010 y T-736 de 2015 que indican se priorice la adopción de medidas que protejan a esta población en el campo laboral y que cuente con la participación de sus representantes”.

En relación con el acoso laboral y el acoso sexual laboral el Ministerio debe promover el cumplimiento del marco legal9 a través de Decretos reglamentarios que otorguen lineamientos, incentiven la sanción disciplinaria y promuevan la denuncia ante las autoridades competentes por hechos victimizantes ocurridos en Entidades Públicas y Empresas privadas.

7 T-629 de 2010-Mediante la cual la corte constitucional declara el trabajo sexual como trabajo legal y trabajo digno.

8 T-109 de 2021- Mediante la cual la corte constitucional declara la obligación de relaciones laborales en la industria webcam 9 T-109 de 2021- Mediante la cual la corte constitucional declara la obligación de relaciones laborales en la industria webcam

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3.2.8 Ministerio de Educación Los derechos de las mujeres y el potencial transformador de la educación parecen ubicarse al margen del reconocimiento del impacto social, cultural y económico que atravesó las vivencias por cuenta de la pandemia, sobre niñas, mujeres jóvenes y mujeres. En balance, no es fácil identificar que los planes, programas y proyectos del MEN emplean una mirada situada para poder medir sus alcances en favor de la disminución de la brecha de género y aquellos que los tienen no cuentan con acciones específicas, ni indicadores que permitan medir su impacto. Se pueden destacar actualizaciones de abordajes pedagógicos, protocolos o resoluciones para las instituciones educativas para la prevención y atención integral de las violencias basadas en género10, pero son acciones mínimas a la magnitud de la entidad.

Es necesario que el gobierno entrante atienda la necesidad educativa y de transformación cultural desde el sector donde se dictan los lineamientos correspondientes a la formación integral con perspectiva de género y diferencial11 en todas las instituciones educativas, desde la educación inicial a la educación superior, para el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, desde un enfoque histórico-participativo, así como brindar las garantías de una vida libre de violencias y se implementen de forma obligatoria procesos de educación sexual integral. Para esto se ve necesario generar una estrategia transversal que no quede en un ejercicio nominal que atraviese todos los planes de la entidad.

Para poder realizar el programa de gobierno, donde exista una centralidad del cambio con y para las mujeres, es necesario robustecer misionalmente la dinámica intersectorial, por ejemplo, es preciso que sectores como Educación y Cultura se orienten en el corto, mediano y largo plazo a cimentar las bases de los cambios que como sociedad se requieren para que como colombianos y colombianas podamos vivir en paz.

La emisión de la Resolución 014466 el 25 de julio-2022 emite los lineamientos de prevención, detección y atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en las Instituciones de Educación Superior (IES) para las 10 Entornos para la vida, la convivencia y la ciudadanía en este programa se encuentra la expedición de la Directiva No. 01 del 4 de marzo de 2022, con orientaciones para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, con acciones precisas para prevenir, combatir y actuar ante, toda forma de violencia sexual en entornos escolares. (Esta directiva es una directiva de emergencia que debe anclarse al SIUCE y generar una política preventiva integral dentro de la entidad.)

11 Dentro de esta mirada integral de género, la interseccionalidad debe dialogar con las cátedras y proyectos transversales, como la cátedra afrocolombiana, negra, palenquera y raizal o procesos como la socialización del Informe de la Comisión de la Verdad.

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Instituciones de Educación Superior. Sin embargo, la emisión de esta resolución ad portas de terminar el Gobierno Duque da cuenta que el cierre de brechas no fue prioridad en la directiva de sector en esta administración. Orientaciones de tal magnitud pudieron hacerse desde el momento en el que las situaciones de vulneración se hicieron visibles antes, durante y después de la pandemia en los establecimientos educativos de todo tipo, sin contar el grado de subregistro en estos casos.

3.2.9 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Elsectorde ambiente durante elgobierno de Iván Duque priorizó temas que responden a la seguridad alimentaria12, gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas13, y la generación de empleos a través de los viveros y procesos de reforestación y siembras14. Algunos programas locales se han enfocado en la participación de mujeres, sin embargo, no hay cifras ni datos disponibles para comprender cuál ha sido el alcance, el impacto y el cumplimiento de objetivos trazados en dichos programas y no hay claridad sobre el monitoreo y acompañamiento posterior para garantizar su continuidad. Por lo cual, se hace urgente que el gobierno entrante priorice un diagnóstico sobre el impacto del cambio climático en las mujeres en su diversidad, con el fin de avanzar en un desarrollo sostenible que le apunte al principio de igualdad de género y al cumplimiento de posicionar a Colombia como potencia mundial de la vida.

En concordancia, el plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez hacen un fuerte énfasis en la garantía de una vida digna a través de la soberanía alimentaria, por lo que uno de los principales retos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible es formular y llevar a cabo planes de acción concretos que coloquen en el centro de la lucha contra el cambio climático la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria que responda a la reducción de desigualdades en los territorios rurales con la medición de impacto frente a las brechas de igualdad de género, la niñez, la juventud y la pobreza.

12 Programas de fortalecimiento de capacidades para mujeres lideresas en torno a proyectos de seguridad alimentaria, y actividades económicas sostenibles.

13 La gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SINAP debe responder a los principios de no discriminación, la igualdad intergeneracional y de género, y el reconocimiento de la dignidad de poblaciones que las habitan.

14 Estableció la meta de siembra de árboles que ha generado hasta ahora 5000 empleos directos para mujeres en asistencia técnica para diseños, monitoreos, seguimiento y labores en viveros, siembras y mantenimiento.

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3.2.10 Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio - Mujeres Respecto a la cartera de vivienda y puntualmente en materia de derechos de las mujeres, el gobierno saliente de Iván Duque entrega programas alrededor de los subsidios familiares15 de vivienda, sin identificar la proporción que tienen especialmente para hogares con jefatura femenina o jefatura femenina única, este enfoque familista de los programas de vivienda no se enfocan en disminuir las brechas de acceso a vivienda y tenencia de tierra por parte de las mujeres.

Es por esto que al gobierno entrante de Gustavo Petro y Francia Marquez se recomienda implementar estrategias que permitan por un lado el acceso de las mujeres a una vivienda digna con enfoque territorial, ambiental, de género y diferencial, así como alternativas de bancarización flexibles y justas al diferente tipo de economía que las mujeres tienen en las regiones, para esto es fundamental la democratización de los créditos, lo cual permitirá el acceso a la vivienda con progresividad que incluya líneas especiales complementa todas con subsidios para la compra y el mejoramiento de la vivienda popular con priorización para las mujeres.. Adicionalmente, es fundamental avanzar con mecanismos y promoción de la producción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en condiciones adecuadas y dignas tanto en entornos urbanos como rurales del país y promover espacios habitacionales y entornos públicos inclusivos y seguros para las mujeres en las capitales del país16.

3.2.11 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social En las apuestas y líneas de acción17 del DPS en el marco de su plan estratégico institucional, se identificó que no fue incorporado el enfoque de género y derechos de las mujeres, desconociendo que hay un aumento de la feminización de la pobreza, particularmente con ocasión de la pandemia.

15 PLa Ley 1448 del 2022 define acciones para el acceso y la planificación de su uso en las zonas de reserva campesina con participación activa de las comunidades, hombres y mujeres rurales. Decreto 902 de 2017 reconoce la economía del cuidado en los procesos de acceso y formalización a la tierra y establece la priorización de las mujeres rurales mediante la titulación conjunta para cónyuges o compañeros permanentes 16 Para el logro de estas acciones es necesario la revisión y adecuación de Ley 2079 del 14 enero del 2021: “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE VIVIENDA, de la Resolución 410 del 2021: Por la cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural- PNVISR en el marco de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural”, Y de la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Para la inclusión de diferentes organizaciones sociales, comunitarias consolidadas para la gestión y prestación de servicios públicos en las regiones del país.

17 Las siete (7) líneas de acción son habilidades para la vida, apoyo al consumo, oportunidades productivas, infraestructura social, acceso a servicios sociales básicos en salud, educación y otros; equidad digital, y MIPG.

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Se desconocieron las necesidades diferenciales de los hogares con jefatura feminización; situación que se agrava en tanto, menciona el propio DPS que el indicador de pobreza extrema con el programa que nadie se quede atrás18.: Respecto a las transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas, si bien, aligeraron la carga sobre los hogares pobres del país, es necesario fortalecer la incorporación del enfoque de género y diferencial en programas particularmente tanto del DPS y ministerios que abordan las condiciones y variables de la pobreza multidimensional como las condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda; de tal forma que haya complementariedad entre la transferencia y la oferta de otros programas sociales para que efectivamente variables como los gastos del hogar se reduzcan; dado que aunque se menciona que hubo articulación, no es claro el resultado en indicadores de la reducción de la pobreza multidimensional.

El DPS marco 8 proyectos dirigidos a inversiones que contribuyen a la equidad de la mujer en el país, sin embargo, no se identifica que haya sido una asignación destinada puntualmente al cierre de brechas de género, por lo que se puede deducir que se hizo una división de los recursos dirigido a la población de acuerdo con cuántos hombres y mujeres se atienden, sin consideraciones de las necesidades y particularidades de estos.

El reto está en el rediseño de las líneas de acción estratégicas, incorporando el enfoque de género y diferencial para las mujeres, que reflejan estrategias de acompañamiento a los hogares con jefatura femenina y mujeres en pobreza y encaminados hacia la renta básica para las mujeres.

Finalmente, es necesario fortalecer el rol del DPS, presentando información relacionada con la situación de pobreza que viven las mujeres y recomendar al presidente y los ministerios, especialmente el Ministerio de la Igualdad, acciones para el desarrollo de nuevas políticas públicas que contribuyan especialmente a la superación de la feminización de la pobreza en el país.

3.2.11.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) El ICBF desde el 2017 con la Resolución 1264 crea las Mesas técnicas de Género, Diversidad Sexual y étnica, con planes de acción y mecanismos de implementación para todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Sin embargo, en el Gobierno 18 Acciones coordinadas para la reducción de la pobreza extrema fue de -206,67%, pobreza monetaria del -144,07% y pobreza monetaria rural del -15,49%; y a nivel regional llama la atención el indicador de pobreza monetaria extrema de la Guajira con -302,44% y -5,45 del Chocó donde hay una tasa alta de hogares con jefatura femenina.

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saliente su funcionamiento se concentró en la contratación de “Asistencias técnicas” a nivel nacional y regional que funcionan con talleres virtuales sin su respectivo seguimiento y evaluación. Asimismo, se creó “modalidad Katunaa19” a partir de las cifras de violencia sexual contra niñas y niños por parte de Medicina Legal, dejando en evidencia las debilidades del Observatorio de la entidad que no cumple con su objetivo y tampoco cuenta con información discriminada en razón de género, etnia, ni diversidad sexual, será un reto su fortalecimiento.

En este orden, los principales retos se encuentran en vincular al ICBF al Sistema de Alertas Nacional propuesto en el programa de gobierno. Del análisis que arroje el sistema será importante priorizar en el Plan de choque acciones contra la violencia sexual a niñas y niños y articular con el sector Educación, para enfrentar, prevenir, atender y sancionar de forma más eficaz las demandas de acoso y violencia sexual de niñez, adoslecencia y juventud que se están visibilizando en las instituciones educativas y que viven espacialmente las mujeres de estas edades.

En relación con la asistencia técnica del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se sugiere articularlo con las Campañas nacionales para la transformación de los estereotipos de género, dándole un lugar protagónico a niñas, niños, adolescentes y juventudes para provocar un gesto de confianza y de escucha directa e intergeneracional.

Finalmente el mayor reto está en el reconocimiento del trabajo digno y remuneraciòn justa, madres comunitarias, quienes siguen luchando por condiciones laborales dignas y por la alimentación en sus hogares comunitarios, desde principios de soberanía alimentaria de los niño/as que están a su cuidado, algunos/as incluso en condiciones de abandono, contexto de conflicto, con capacidades diversas , entre otros.

3.2.12. Ministerio del Deporte El gobierno entrante propuso incrementar la participación de niñas, en las Escuelas Deportivas para Todos: se pasó de atender 22% de niñas en 2019 a 38% en 2022. Sin embargo, no se ha garantizado la participación paritaria, ni en la inversión relacionada.

Decreto 941 de 2022 para promover y planificar el deporte femenino competitivo 19 La Modalidad Katünaa para la prevención de riesgos específicos en niñas y niños pretende evidenciar las características y necesidades específicas presentes en niñas, niños, sus familias, comunidades y territorios. Lo anterior, con el fin de implementar disposiciones de carácter diferencial que aborden las problemáticas emergentes que se constituyen en barreras para la participación, el bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.

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y de alto rendimiento20 establecimiento de un porcentaje mínimo del 30% de los recursos firmados por parte del Ministerio del Deporte con las Federaciones Nacionales a ser invertidos en el deporte femenino. No obstante, se establece que cada Federación debe hacer una caracterización de la participación de las mujeres como línea base para establecer el porcentaje a destinar, pero no se brinda orientaciones para que esto se haga con análisis de enfoque de género. Y no establece monitoreo y seguimiento a dicho decreto.

Se limita la inversión a la participación deportiva de mujeres y niñas, sin tener en cuenta las barreras, discriminaciones y violencias basadas en género presentes en las estructuras de las Federaciones nacionales. Para el gobierno entrante es un reto realizar ajustes que permitan transversalizar el enfoque de género teniendo en cuenta las necesidades y vulnerabilidades de mujeres y niñas particulares al sector deportivo.

Se brinda apoyo económico a las ligas profesionales femeninas. No obstante, no es claro cómo esta contribuye a la transformación de las estructuras de poder patriarcal y machista presentes en el fútbol, basket, voleibol entre otras.

Como otras instancias creadas por este gobierno, se crea la Comisión de Estudios de VBG en el sector DRAF. Pero falta presencia de academia, expertas técnicas, colectivo(s) de mujeres..

La Oficina Asesora de Planeación y los sistemas de información , como en otros sectores no cuenta con información desagregados, con presupuesto etiquetado o con lineamientos para la transversalización de estos enfoques.

Se resalta que existe el Protocolo para la prevención, atención y erradicación de violencias basadas en género creado por MinDeporte, no obstante, las federaciones y ligas en los territorios dan a conocer que no es clara su operatividad, implementación y articulación interinstitucional. Se debe avanzar para que estas incorporen efectivamente apuestas de códigos de conducta y gobernanza y protocolos propios de prevención de Violencias.

Para atender casos de violencias basadas en género en el sector DRAF, dentro de las cuales está la Línea 01 8000 11 40 60. A la fecha no se ha realizado un proceso de 20. Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 3° de la Ley 181 de 1995 y 4° de la Ley 1967 de 2019, y se adiciona la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1085 de 2015, Único Reglamentario del Sector Deporte, para promover y planificar el deporte femenino competitivo y de alto rendimiento.

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evaluación a este proyecto que se concebía como proyecto “piloto” para identificar su pertinencia y alcance real e impulsar la articulación de esta líneas y sistemas de atención de la nación.

Será un imperativo para el gobierno entrante revisar las normativa e instancias de participación e incidencia destinadas a temas de género en sector, validando su efectividad, participación incidente y paritaria de las mujeres.

3.2.13 Implementación del acuerdo de paz con enfoque de género.

El compromiso con la paz y sus enfoques del gobierno saliente fue limitado, pese a sus anuncios internacionales de voluntad, eso no se reflejó en compromisos presupuestales e indicadores de impacto para el logro de este proceso. Así pues, se plantearon 51 compromisos de género establecidos en los indicadores del Plan Marco de Implementación. Sin embargo, es menester ampliar los compromisos del gobierno, reconociendo las más de 100 medidas que tiene el acuerdo para las mujeres y personas LGBTI, así proyectar una mejor focalización de la población beneficiaria, las acciones a implementar y el impacto de las mismas.

Así mismo, se deben reconocer y fortalecer las instancias creadas en el marco del acuerdo, con especial atención a la Instancia Especial de Mujeres para el seguimiento del enfoque de género en el acuerdo de paz21, definir su figura jurídica y la destinación específica de recursos para el funcionamiento de la misma.

Garantizando su diálogo constante con la CSIVI22 y Alta Instancia de Género de Gobierno (Decreto 1418-2018), y la cual tiene por función coordinar las entidades del Estado para la inclusión del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz. En el marco de la resolución 132523 Las organizaciones Nacionales y regionales han venido trabajando en el impulso del primer Plan de Acción Nacional de Mujer, Paz y Seguridad de Colombia con participación de la sociedad civil. Que el gobierno acepte formular este plan será parte de las acciones para construir paz.

Se debe fortalecer la política pública de víctimas articulada con las disposiciones generales del acuerdo de paz. El principal reto es trabajar en rutas de atención y 21 https://www.instanciagenero.org/ 22 https://cepdipo.org/csivi/ 23 Resolución 1324 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf

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reparación integral para mujeres víctimas, incluyendo criterios de priorización que tengan en cuenta las prácticas de cuidado que inciden en sus proyectos de vida.

También se debe avanzar en la implementación de las 18 acciones de género del CONPES 3931 de Reincorporación, en particular el acompañamiento técnico y financiero para la efectiva reincorporación de las mujeres con inclusión en los espacios directivos, garantías con sistemas de cuidado que faciliten su participación, inclusión en proyectos productivos y económicos. Seguimiento a la Mesa de Género del Consejo Nacional de Reincorporación en un diálogo permanente con el CNR. En el saliente gobierno quedó el Programa de Protección Integral para las y los integrantes del partido político que surgió del acuerdo, antiguas FARC-EP, el cual integra la estrategia de seguridad y protección a mujeres excombatientes. Sin embargo, es necesario revisar el plan y ponerlo en concertación con las firmantes del acuerdo, consenso con Comunes, y procesos de socialización y seguimiento con las mujeres excombatientes en los territorios, ya que este proceso no se dio de manera amplia y participativa.

Además, se requiere reactivar la Comisión Nacional de Garantías y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección como lo determina el acuerdo final de paz ,así como garantizar la participación de las organizaciones de mujeres en la misma.

Adicionalmente, retomar las recomendaciones que ya han realizado las mujeres representantes de la sociedad civil en materia de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales con enfoque de género.

Se debe ampliar la oferta en materia de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, fortalecer la asistencia técnica y asegurar que se incorpore el enfoque diferencial y de género para reconocer las especificidades de las mujeres recolectoras y productoras. Para los procesos de erradicación manual es necesario fortalecer la coordinación y articulación entre la fuerza pública y las comunidades, para garantizar que no se generen acciones con daño y que se puedan articular otros sectores que garanticen el acceso a otras fuentes de ingresos y mantener la suspensión de la aspersión aérea como ha señalado la Corte Constitucional.

3.2.14 Internacional A nivel Internacional algunos de los puntos críticos son los referentes a la trata de personas, la promoción de una migración segura para las mujeres, en especial para las trabajadoras del cuidado y la erradicación de violencias basadas en género

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para mujeres migrantes. El nuevo gobierno debe concentrar esfuerzos en la eliminación de la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y en la garantía de derechos de las personas migrantes, como prioridad para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través del apoyo a Colombia y a los países de destino. Será un reto A nivel institucional la creación del viceministerio de migraciones y una reforma a consulados y embajadas es necesaria, para que estas instituciones estén al servicio de la ciudadanía en la zona de fronteras y en el exterior.

Respondiendo a estas necesidades de las mujeres a nivel nacional e internacional, la cooperación internacional ha reemplazado muchas de las labores del estado en los territorios y continuará apoyando a Colombia durante la transición del nuevo gobierno mientras se generan las nuevas políticas públicas, legislación, implementación, fortalecimiento institucional y formación de funcionarios públicos con enfoque de género.

3.3 Reunión Empalme equipo derechos de las mujeres con las Agencias de Cooperación Internacional El proceso de empalme realizado por el equipo de derechos de las mujeres del sector poblacional se propuso el diálogo directo con las agencias de Cooperación internacional. Esto en la medida que agencias y entidades como Onu Mujeres, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Abogados Sin Fronteras Canadá, Embajada de Suecia, Embajada de Chile, Embajada de Canadá, Embajada Británica, Delegación de la Unión Europea, Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD-, AECID,​​​​ Diakonia, FOKUS, MAPP/OEA, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD-, FAO, Misión de Verificación ONU, Instituto Republicano Internacional, OIM, OIT, UNICEF, USAID, Programa Mundial de Alimentos – PMA-, entre otros, han sido actores imprescindibles en la materialización de acciones, programas y proyectos en favor de las mujeres. Quienes aceptaron nuestro llamado y participaron en una mesa con 30 personas de la cooperación.

De la conversación se resalta la voluntad de la Cooperación para acompañar y apoyar al gobierno nacional elegido democráticamente en el proceso electoral de 2022.

En este sentido, desde las Agencias se manifiesta su interés de seguir apoyando los procesos, planes y proyectos que bajo el Programa de Gobierno y posterior Plan

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Nacional de Desarrollo, y en el marco de los estándares internacionales impulsar la garantía de derechos de las mujeres y cierre de brechas.

En este sentido se reitera el compromiso con la paz, concretamente en impulsar acciones que amplíen la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, así como dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Paz para la garantía de derechos de las mujeres, y la implementación de acciones con enfoque de género, especialmente con respecto a mujeres víctimas, campesinas, rurales, de pueblo étnicos, mujeres lesbianas, bisexuales y transgéneros, excombatientes, las lideresas y defensoras de derechos humanos. También hay expectativa sobre la posibilidad de que el gobierno promueva nuevos diálogos de paz con otros actores armados e impulse las medidas correspondientes a las garantías de derechos de las mujeres excombatientes.

Con respecto a la situación de crisis humanitaria y migratoria del país, se señaló que en Colombia aumentó el desplazamiento forzado, el reclutamiento y confinamiento, y persisten escenarios de crisis humanitaria que se exacerban por las dinámicas de flujos migratorios mixtos que impactan al país, con efectos importantes sobre las vidas de las mujeres. En este contexto es necesario avanzar en materia de prevención y protección a víctimas de trata, así como de mujeres en situación de desplazamiento forzado y migrantes, es un eje de trabajo permanente que requiere de sostenibilidad y continuidad en la agenda conjunta entre el Gobierno entrante y la Cooperación Internacional Asimismo, se plantea la necesidad de continuar trabajando en aras de reducir las violencias basadas en género y promover la igualdad y equidad. En este sentido, se deben fortalecer las rutas de atención, protección y el acceso a la justicia.

En cuanto a los procesos de transversalización de los enfoques de género y diferencial se ha identificado la importancia de no solo centrar esfuerzos en el Ministerio de la Igualdad, sino de generar esfuerzos en todos los sectores de la administración nacional.

En este sentido, el reto es aumentar los recursos de todo tipo en materia de género y derechos de las mujeres debe ser un imperativo en la medida que se avanza en políticas a favor de los derechos de las mujeres, que la cooperación también tendrá el reto de aumentar los recursos en beneficio de las mismas.

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Así mismo, la claridad respecto de políticas, planes, programas y proyectos para la garantía de los derechos de las mujeres facilitará que la Cooperación internacional distribuya estratégicamente sus recursos, es decir, en lugar de ponerlos en iniciativas aisladas y desarticuladas, que no generan un impacto transformador para las mujeres.

Finalmente para que el nuevo gobierno cambie estructuralmente la situación de las mujeres en el país, deberá realizar un trabajo mancomunado y organizado con la Cooperación, siempre con el acompañamiento y asesoría de las organizaciones nacionales, territoriales y regionales de mujeres y feministas y permita que el impacto de sus acciones sea más efectivo y transforme la realidad de las mujeres en sus diversidades e identidades y en todos los territorios del país.

Reunión con agencias de cooperación. 22 de julio de 2022

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3.4 Diálogo con las Organizaciones de Mujeres Para presentar la metodología de empalme y continuar los diálogos los retos que tiene el gobierno entrante este equipo se reunió con algunas representantes de organizaciones nacionales, con el fin de presentar su voluntad de articulación, reconocimiento del movimiento nacional territorial y regional de mujeres y feminista e intercambiar algunas reflexiones sobre los derechos de las mujeres en este gobierno.

En esta reunión dio un saludo la Ministra de Cultura Patricia Ariza quien dio a conocer al movimiento de mujeres su interés de vincular de forma transversal estos enfoques en su ministerio.

Reunión con agencias de cooperación. 22 de julio de 2022

Artemisas Asociación de Mujeres por La Paz y la Defensa de los Derechos De La Mujer Colombiana Asociación Nacional de Mujeres de Colombiana Candidatas del Pacto Histórico Casa de La Mujer

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Católicas por el Derecho a Decidir Comisión Nacional de Mujeres Indígenas Corporación Centro de Apoyo Popular – CENTRAP Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIASE Corporación Gea Jurisgeneristas Corporación Sisma Mujer El Pacto ético por un país en paz Federación Democrática Internacional de Mujeres Feministas y Plebeyas Humanas Colombia Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) jóvenes Colombia Humana Kolectiva Feminista Mesa Nacional de seguimiento a la Ley 1257 de 2008 LGBTI por la Paz Mesa por la Vida y Salud de Las Mujeres Mujeres Colombia Humana, Mujeres de la Cauca Humana y Juventud Humana Cauca Mujeres en escena por la Paz Mujeres Indígenas Mujeres Jóvenes Mujeres por la Paz Raíces Diversas Red de Mujeres Rurales Red Nacional de Mujeres Ruta Pacifica de las Mujeres Soy Porque Somos Asociación red de mujeres del Norte del Cauca Redmunorca Asociación Red Departamental de mujeres del Cauca Redemuc

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4.

Recomendaciones para el gobierno electo Una vez presentado el balance general y específico por sector administrativo, a través de los hallazgos enunciados por las expertas se generan recomendaciones que el gobierno electo de Gustavo Petro y Francia Márquez puede implementar en el marco de sus primeros 100 días de gobierno.

4.1. Decálogo de los derechos de las mujeres para los primeros 100 días Paridad.

Implementar acciones concretas para materializar la paridad, reconociendo las mujeres en sus diversidades, en los escenarios de decisión que garantice efectivamente la equidad e igualdad de oportunidades en la provisión de los empleos del nivel directivo de la Rama Ejecutiva del orden Nacional1 e impulsar el Proyecto de Ley de la Reforma de participación ciudadana, promoviendo la paridad, la alternancia, la universalidad2 y la prevención de la violencia política contra las mujeres, desde una mirada diferencial e interseccional. Derechos sexuales y reproductivos. Desarrollar los lineamientos en el Ministerio de Salud y/o Decreto de reforma Sanitaria que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Sentencia C-055 de 2022, en consonancia con el exhorto dirigido al Gobierno Nacional y al Congreso de la República por la Corte Constitucional.

1 En consonancia con la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2002 proferido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2 De acuerdo con lo establecido en el Art. 262 de la Constitución Política, Reformado por el Acto Legislativo 2 de 2015.

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Acuerdo de paz.

Realizar el compromiso de la implementación del Acuerdo de Paz y sus enfoques ampliando el alcance, más allá de los 51 indicadores de género y retomando las más de 100 medidas del acuerdo de paz en materia de derechos de las mujeres y personas LGBTI; y con la formulación participativa del Primer Plan Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Transversalización.

Institucionalizar la transversalización del enfoque de género con una mirada interseccional y territorial para la garantía de los derechos de las mujeres con el impulso de la creación de direcciones, unidades u oficinas de género en todos los Sectores del nivel nacional como acción política de contenido afirmativo que denote la voluntad por la equidad, la igualdad de oportunidades y fortalecimiento del plan plurianual de inversiones con presupuestos sensibles al género.

Renta Básica.

Implementar con prioridad la renta básica permanente para las mujeres cabeza de familia con la finalidad de dar cumplimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política y el bloque de Constitucionalidad colombiano y al programa de gobierno Colombia es mujer garantizando la autonomía económica de las Mujeres.

Violencias basadas en género.

Aprobar el Plan Nacional Integral para Prevenir las Violencias Basadas en Género y erradicar el Feminicidio e instalar la primera mesa nacional de seguridad para las mujeres y prevención del feminicidio para hacer seguimiento y atención prioritaria a casos y elaborar la propuesta inicial del Sistema Nacional de Alertas Tempranas de Feminicidio.

Política Pública de Mujer rural.

Impulsar la aprobación de la Política Pública de Mujer rural que garantice su autonomía económica, el acceso a la tierra y reconocimiento como: defensoras del territorio y la sostenibilidad alimentaria, de la biosfera, la sostenibilidad y tejedoras de la vida y la paz, en el cumplimiento de la Ley 731 de 20023 y leyes conexas.

3 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales y tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.

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Protección de Lideresas y Defensoras de DDHH. Ratificar el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos - PIG y su compromiso con el desarrollo del nuevo plan de acción para el cuatrienio.

Ministerio de Igualdad.

El gobierno debe garantizar que el Proyecto de Ley que cree este Ministerio, contenga figura administrativa robusta técnica y financieramente con la capacidad para atender las demandas del 52% de la población que somos las mujeres, y prevenir que se pierdan los enfoques de derechos de las mujeres, género, diferencial e interseccional frente a un eventual enfoque poblacional, faminista y asistencialista. Sistema Nacional de Cuidado Revisar los avances en la formulación de la Política y Lineamientos para el Sistema Nacional de Cuidados a través de la armonización de Marcos normativos e iniciativas nacionales, así como de intercambios de experiencias y buenas prácticas con organizaciones sociales y expertas en el marco de la Comisión Intersectorial de la Política Nacional de Cuidados..

4.2 Recomendaciones de cara al Ministerio de la Igualdad Creación de un Ministerio como líder de las políticas públicas para los derechos de las mujeres. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer como dependencia encargada a nivel nacional de liderar y diseñar los temas correspondientes a los derechos de las mujeres e igualdad ha sido insuficiente en la medida que no tiene ni autonomía, capacidad territorial, ni presupuesto suficiente para poder dar soluciones a las diferentes situaciones que afectan a las mujeres.

Este Ministerio debe tener en cuenta los siguientes elementos: 1. El Ministerio deberá contar con una institucionalidad con poder político, administrativo y financiero para erradicar las múltiples discriminaciones y violencias basadas en género que viven las mujeres y las niñas. Se sugiere un Viceministerio con respaldo político, técnico y financiero para hacer las veces de Mecanismo de adelanto nacional para las Mujeres, desde donde se oriente la implementación técnica de las políticas, las medidas y acciones tendientes a garantizar los derechos de las mujeres, de las

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personas LGBTIQ+, el cierre de brechas y la igualdad de entre hombres y mujeres.

2. Tener independencia presupuestal e institucional. El Ministerio debe contar con una partida presupuestal suficiente y con recursos de personal, financieros, técnicos y administrativos que le permitan ir más allá de las acciones de asistencia técnica, para pasar a impulsar acciones de coordinación nación- territorio, generar compromisos interinstitucionales e impulsar reformas y políticas públicas con todos los sectores en materia de derechos humanos de las mujeres.

3. Transversalizar el enfoque de derechos de las mujeres y de género con mirada interseccional, diferencial, territorial y étnica en todas las entidades del gobierno nacional, La responsabilidad de los derechos de las mujeres no es exclusiva del Ministerio de la Igualdad,sino que debe impulsar y coordinar la transversalización del enfoque de género en toda la estructura del Estado, ayudando a fortalecer y consolidar la institucionalidad de género en todos los sectores.

4. Territorialización. La promoción, protección y garantía de derechos de las mujeres se debe dar en todo el territorio nacional. En este sentido el Ministerio debe coordinar e implementar acciones en los 32 departamentos del país teniendo en cuenta la diversidad étnica, y diferencias entre el sector rural y el sector urbano. Asimismo, se deben tener en cuenta y reconocer las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de cada territorio y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental.

5. Enfoque Interseccional. Las acciones del Ministerio deben reconocer que las desigualdades que enfrentan las mujeres se configuran a partir de múltiples sistemas de opresión que operan simultáneamente(sexismo, racismo, capacitismo, adultocentrismo, clasismo, entre otros) configurando las experiencias de cada una ) en un contexto histórico, social y cultural determinado que debe ser considerado tanto en los diseños institucionales como en las acciones que se desarrollen.

6. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. El Ministerio deberá tener un enfoque de derechos humanos de las mujeres que le permita superar acciones asistencialistas y familistas para desarrollar acciones

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que busquen el cierre de brechas y el reconocimiento de las diferencias y diversidades que atraviesan la vida de las mujeres en el país.

7. Mecanismo Nacional de adelanto para las mujeres. El Ministerio de la Igualdad deberá asumir como parte fundamental de su quehacer el cumplimiento e impulso de los compromisos internacionales que tiene el país en materia de DDHH de las mujeres. También deberá impulsar el cumplimiento de las órdenes de las Cortes para la garantía de derechos de las mujeres víctimas y para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales que afectan el goce efectivo de sus derechos.

8. Composición del equipo de trabajo de la entidad. Se deberán generar todos los mecanismos institucionales posibles para asegurar que quienes hagan parte del nuevo gobierno y en particular de este Ministerio no sean personas con investigaciones en razón de hechos de VBG y discriminación.

El Ministerio deberá contar, e impulsar para todos los sectores, políticas claras de Tolerancia Cero a las VBG y a la Discriminación.

9. El Ministerio deberá promover y fortalecer los procesos organizativos de las mujeres y en coordinación con el Sector Interior, impulsar la creación del Mecanismos de Diálogo Formal entre las mujeres, su organizaciones sociales y el Estado. En los procesos de asistencia territorial se deberá impulsar el desarrollo de estos Mecanismos (Consejos Consultivos, Comités de Mujeres, Consejos de Mujeres, Etc.. ) 10. Fortalecer el Observatorio de Asuntos de Género. El Ministerio deberá impulsar procesos de investigación que indaguen sobre el avance en materia de derechos de las mujeres para fortalecer en articulación con los demás sectores la calidad y pertinencia de información en materia de género y DDHH de las mujeres para la toma de decisiones y orientación de la política pública.

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4.3 Recomendaciones sobre el Sistema Nacional de Cuidados El Sistema Nacional de Cuidados es una apuesta fundamental del Programa de Gobierno Potencia Mundial de la Vida es una apuesta que retoma la demanda histórica de las mujeres para el reconocimiento, redistribución y reducción del Trabajo de Hogar y de Cuidado No Remunerado.

El Decreto 1228 del 18 de julio de 20221 Establece la creación y funcionamiento de la Comisión Intersectorial de la Política Nacional de Cuidado, la cual tiene entre sus competencias la de “definir los lineamientos técnicos y las estrategias para la implementación de la Política Nacional de Cuidado” (Art.4). Será una tarea importante del nuevo gobierno revisar que esta instancia se armonice con otros desarrollos normativos e instancias existentes en la materia, como la Ley 1413 de 2010 y la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado2, de modo que se eviten reprocesos y se retomen lecciones aprendidas, así como para que se mantenga la participación de la sociedad civil en las discusiones sobre la creación del Sistema Nacional de Cuidados y de la Política Pública que lo pondrá en marcha.

Los enfoques a partir de los cuales se debe construir el Sistema Nacional de Cuidados son fundamentales en su concepción, por lo que se espera que al menos partan de los enfoques feminista, de género, antirracista, anticapacitista3, interseccional y territorial, y que se guíe por los principios de dignidad humana, autonomía, el derecho a la participación en la vida en comunidad y el pleno desarrollo de proyectos de vida para todas las personas.

El desarrollo de un Sistema Nacional de Cuidados deberá atender al envejecimiento poblacional y la creciente demanda de cuidados de larga duración, así como reconocer que la vida en sociedad depende del cuidado, y que las mujeres son quienes realizan la mayor parte de estas labores con poco o nulo reconocimiento social y económico.

1 https://www.asocapitales.co/nueva/2022/07/22/decreto-1228-del-18-de-julio-de-2022/ 2 https://mesaintersectorialdeeconomiadelcuidadocolombia.wordpress.com/ 3 Este se opone al capacitismo, es decir, a “un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida.

Atendiendo a estándares estrictos de apariencia, funcionamiento y comportamiento, el pensamiento capacitasta considera la experiencia de la discapacidad como una desgracia que conlleva sufrimientos y desventajas y, de forma invariable, resta valor a la vida humana. Como consecuencia de ello, suele inferirse que la calidad de vida de las personas con discapacidad es ínfima, que esas personas no tienen ningún futuro y que nunca se sentirán realizadas y ni serán felices. El capacitismo genera prejuicios sociales, discriminación y opresión contra las personas con discapacidad al orientar la legislación, las políticas y las prácticas.” Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad Catalina Devandas. Consejo de Derechos Humanos. 43er período de sesiones.

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En ese sentido, se debe avanzar hacia el reconocimiento pleno de que el Trabajo de Cuidado es un Sector Económico importante, compuesto tanto por quienes realizan actividades de cuidado no remuneradas, las cuales pueden representar hasta 21% del PIB, como aquellas que lo hacen de forma remunerada, pero con condiciones de precarización laboral, como son trabajadoras domésticas, personal de salud y de educación, tanto en los espacios urbanos como rurales; Onu Mujeres Colombia en el 2002, calculó que al menos 688 mil personas desempeñan estas labores, de las cuales el 94% son mujeres. Por tanto, es necesario establecer normas laborales para simultáneamente dignificar el empleo remunerado y reconocer el trabajo de cuidados no remunerado.

El Sistema debe proveer una infraestructura social y física de cuidado que reduzca el trabajo de cuidado. La base de la infraestructura social son las y los trabajadores del sector de cuidado, por lo que el sistema debe recompensar de manera adecuada a las y los trabajadores del cuidado, garantizarles condiciones de trabajo dignas y promover su representación en organizaciones.

Se deben asignar recursos presupuestales para los diferentes sectores que permitan la provisión eficiente y equitativa de los servicios de cuidados. La política debe garantizar que los hogares que no pueden contratar servicios de cuidado privados puedan acceder a servicios públicos y/o comunitarios de calidad.

Frente a los servicios comunitarios, en el país ya existen experiencias de cuidado, particularmente es importante identificar y acompañar técnicamente a mujeres rurales, para que puedan fortalecer sus capacidades. También los Pueblos Étnicos han desarrollado estrategias de cuidado colectivo y de participación en sociedad de personas con discapacidad y adultas mayores, que dan cuenta de la importancia de mantener a estas personas como parte activa de sus comunidades, lo que contribuye a su vez a la redistribución del trabajo de cuidado.

El Sistema Nacional de Cuidados no debe confundirse con un programa asistencial. Debe ocuparse de transformar tanto la división sexual del trabajo, como las desigualdades de derechos, oportunidades y representación de las mujeres.

El cuidado es una responsabilidad de la sociedad y por tanto hay que desfamiliarizarlo y desfeminizarlo.Así, el Sistema Nacional de Cuidado tiene el reto de no profundizar la dicotomía entre quién cuida y quién es objeto de cuidados, evitando poner sus esfuerzos institucionales sólo en uno de los dos. El Sistema deberá centrarse en la transformación de las condiciones estructurales que hacen que algunas personas

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no puedan participar activamente en la sociedad y generar oportunidades para que todas desarrollen sus propios proyectos de vida, previniendo así que otras personas -generalmente mujeres- tengan una sobrecarga frente al trabajo de cuidado no remunerado y evidenciando que no solo las familias tienen la responsabilidad de las mujeres con discapacidad sino el Estado y la sociedad.

En ese sentido, subsidios y reconocimientos económicos al trabajo de cuidado no deberán supeditarse a que haya una persona que se considera sujeto pasivo de cuidado, mientras que otra se dedica a cuidar, sino que deberán promover oportunidades para que todas las personas en las relaciones de cuidado puedan desarrollar plenamente sus capacidades, habilidades, proyectos de vida y participar plenamente en su comunidad, fortaleciendo las políticas de inclusión educativa y de empleabilidad para las mujeres, pero también para las personas con discapacidad.

Esto implica generar acciones de articulación institucional y de oferta de servicios que consideren el cuidado dentro de las competencias de las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, lo que implica una adecuación de los actuales servicios y generar nuevos; el Sistema Nacional no puede ser una suma de lo que ya existe, sin hacer análisis y los respectivos ajustes. Así, se espera que no se generen barreras en la arquitectura del Estado para el desarrollo de actividades que buscan generar condiciones para “vivir sabroso”, que no es otra cosa que condiciones de vida digna para toda la sociedad.

También implica fortalecer los procesos de asistencia personal para personas con discapacidad, de modo que los apoyos específicos que puedan requerir se provean por el Estado y dependan de personas distintas a sus familias. Esto simultáneamente fortalece el valor social que se otorga a personas que realizan trabajo de cuidado remunerado, mientras que permite liberar tiempo a quienes se consideran a sí mismas “cuidadoras”, además de proteger a personas con discapacidad, particularmente mujeres, de múltiples formas de violencia que pueden recibir en el ámbito familiar.

Adicionalmente, el reconocimiento social de la participación plena de las personas con discapacidad, podrá promover procesos de desinstitucionalización de personas con discapacidad, privilegiando modelos de vida en comunidad con sistemas de apoyos y asistencia personal, lo que incluso como han demostrado experiencias internacionales, resulta más eficiente para el gasto del Estado.

El cambio que Colombia espera con la elección del Pacto Histórico debe poner en el centro un Sistema en que el Estado asuma un rol cuidador para redistribuir y reducir

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el trabajo de cuidado que recae principalmente sobre las mujeres, generando el desarrollo de condiciones y oportunidades que permitan la participación plena de todas las personas en la sociedad y el desarrollo de proyectos de vida en condiciones de dignidad y autonomía para el buenvivir.

4.4. Recomendaciones para la garantía de los derechos de las mujeres al gobierno nacional electo en el Plan de Desarrollo: Para lograr el ¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!1, será innegociable que esta apuesta se refleja con elementos fuertes y con contundencia en el Plan de Desarrollo Nacional, para ello este equipo ha construido un primer insumo que contribuya para que las mujeres de Colombia continuemos esta discusión y puesta por Colombia Mundial de la Vida.

1 Guardianas del agua y de la tierra fértil, defensoras del territorio y de la biósfera, cuidadoras y tejedoras de la vida y la paz, bastiones de la economía; las mujeres sostienen el mundo. Para que Colombia sea una Potencia Mundial de la Vida, el cambio será con las mujeres; junto a ellas emprenderemos las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre, el derecho a una vida libre de violencias, a decidir sobre sus cuerpos y a realizar un proyecto de vida próspero y autónomo: ¡el cambio es con las mujeres!.

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5.

Conclusiones Políticas Nosotras ciudadanas comprometidas con la transformación del quehacer político y el programa de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida” hicimos entrega al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y a la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina el informe de empalme sobre los avances, retos y retrocesos del gobierno saliente en materia de derechos de las mujeres en Colombia. Es claro el avance en la construcción de una agenda institucional para proteger sus derechos, no obstante insuficiente respecto a la persistencia de brechas estructurales y culturales que enfrentamos las mujeres.

En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Boletines poblacionales: Género- Mujeres, hombres y personas de los sectores sociales LGTBI Corte a diciembre de 2019), las mujeres somos el 52% de la población. Este dato demuestra que las mujeres no somos una minoría, y que por el contrario integramos todos los sectores poblacionales sin excepción. Es erróneo considerar a las mujeres como “minoría social”, esta visión reproduce su exclusión en diversos espacios. Así mismo, los enfoques de políticas familistas y asistenciales impiden comprender y superar las desigualdades estructurales que reproducen la vulneración sistemática de los derechos fundamentales que garanticen una una vida digna y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Hacemos un llamado al gobierno nacional electo para desde el inicio de su mandato ejerza acciones para avanzar en la construcción de un proyecto político de país que reconozca, garantice y restituya los derechos de las mujeres en sus diversidades, que tenga como principios el reconocimiento de las mujeres como mayoría social, la representación en los espacios de concertación, la participación paritaria en todos los niveles de toma de decisión en una perspectiva de redistribución económica y de transformación de las condiciones para el ejercicio de poder. En tal sentido

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el enfoque de reducción de las desigualdades será irreversible. ¡El cambio es con las mujeres y esta es la oportunidad para redibujar el mapa político! Y para ello proponemos: Concretar su voluntad de cambio con las mujeres y niñas sujetas de derechos, avanzando con las propuestas para los 100 días de gobierno, construidas por este equipo de cara a las demandas históricas del movimiento de mujeres y feminista.

Crear espacios de co-construcción y de concertación con las mujeres en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo para la garantía de la inclusión, planeación y diseño de programas, estrategias, proyectos y rutas que garanticen los derechos de las mujeres como un eje político y transversal. Garantizando la participación en espacios propios, así como la participación transversal en todas las mesas que se formulen o definan.

Direccionar y fortalecer la capacidad institucional en todos los sectores para que se implemente la transversalización del enfoque de género de forma integral y con una mirada interseccional y territorial, con énfasis en la defensa y protección de los derechos de las mujeres.

Dejar de formular las políticas públicas consideradas como “fuertes” desde la mirada masculina, pues las políticas económicas, de defensa y seguridad, y de trabajo atraviesan de manera diferenciada a las mujeres. Este componente siempre ha sido esencial, pero en la actualidad debe ser prioridad para responder ante un contexto post pandémico, en cuál, el impacto sobre las mujeres en Colombia es diferenciado.

La formulación de las políticas públicas con enfoque de género deberá incluir el enfoque territorial, interseccional, anti-racial e intersectorial que permita el reconocimiento de los derechos de las mujeres en su diversidad étnica, de identidad de género, de orientación sexual, capacidades diversas y una mirada desde las desigualdades socioeconómicas.

De cara al Ministerio de la Igualdad será fundamental concertar con la comunidad académica, la ciudadanía, las entidades del Estado y sectores económicos qué significa la Igualdad para el contexto colombiano, cuáles son los principales retos y acciones para alcanzarla. Aquí las propuestas de los movimientos de mujeres y feministas nacionales, territoriales y regionales serán determinantes.

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Darle cumplimiento a los mandatos y los compromisos adquiridos por el presidente y la vicepresidenta electa pactados en el programa de gobierno, así como en los espacios de diálogo y debate con las mujeres y feministas.

Sin la participación de las mujeres no hay democracia, garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres en materia de prevención y atención de las violencias basadas de género, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en hacer efectiva la participación política de las mujeres, en garantizar el goce pleno de una vida en paz y con derecho al territorio y la tierra, a su autonomía económica en condiciones dignas y en el reconocimiento y la redistribución de las labores de cuidado que históricamente han recaído sobre las mujeres, en el que las niñas y las adultas mayores, las mujeres jóvenes y adultas, las mujeres en su diversidad gocen una vida en libertad; sea el mandato y compromiso para transformar a la sociedad colombiana en una más justa y en la que el cambio por la vida contemple a más de la mitad de la población.

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Anexos

Recomendaciones

para la garantía de los derechos de las mujeres en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2023 -2027 COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES! Guardianas del agua y de la tierra fértil, defensoras del territorio y de la biósfera, cuidadoras y tejedoras de la vida y la paz, bastiones de la economía; las mujeres sostienen el mundo. Para que Colombia sea una Potencia Mundial de la Vida, el cambio será con las mujeres; junto a ellas emprenderemos las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre, el derecho a una vida libre de violencias, a decidir sobre sus cuerpos y a realizar un proyecto de vida próspero y autónomo: ¡el cambio es con las mujeres!

Para garantizar el desarrollo institucional !El cambio es con las mujeres! y la apuesta programática de incorporar la perspectiva de género desde un carácter diverso e interseccional en la institucionalidad y los programas de política será necesario que el Plan de Desarrollo: - Incorpore y se oriente bajo los enfoques de género, diferencial, antirracista, de derechos humanos y territorial, que le permitan al Gobierno Nacional desde un análisis interseccional ejecutar intervenciones técnicas y administrativas acordes con las necesidades y realidades de las poblaciones y territorios.

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- Con el objetivo de romper con las desigualdades, la exclusión y la guerra que aún es latente en buena parte del territorio nacional en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo: parte general o bases, plan plurianual de inversiones y disposiciones instrumentales, se incorporen y desarrollen los enfoques de género, diferencial, de derechos humanos y antirracista con proyección territorial e interseccional que permitan desde una mirada crítica evidenciar las desigualdades sociales de la población. Por lo tanto es necesario que la estructuración del presupuesto general de la Nación y la Ley anual de presupuesto se elaboren bajo estos enfoques y se asignen los recursos específicos para los programas y proyectos orientados a garantizar el cierre de brechas, la igualdad de género y los derechos de las mujeres, se superen la discriminación y exclusión social.

- Consolidar el TRAZADOR PRESUPUESTAL DE GÉNERO como herramienta del ciclo de planeación de nivel nacional y territorial, acompañado de instrumentos para la formulación técnica y financiera de los proyectos de inversión y un mecanismo de monitoreo que evidencie los avances en el cierre de brechas de género en el país.

La siguiente Tabla resume tres tipos de propuestas realizadas por las mujeres en función de los Ejes Programáticos presentados en el plan de gobierno del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez: 1. Dirigidas en específico a la formulación del PND, específicamente para el capítulo “El Cambio es con las Mujeres”; 2. Propuestas que pueden desarrollarse a partir de la gestión del gobierno y sus Ministerios y entidades asociadas; y 3. Propuestas que pueden priorizarse para ser impulsadas en el Legislativo.

Eje programático 1.

Participación política y representación: las mujeres en el centro de la política de la vida.

- Las mujeres ocuparán, al menos, el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder.

- El sistema educativo cerrará las brechas de género y fomentará capacidades de

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liderazgo de las mujeres, combatiendo estereotipos que reproducen la desigualdad.

- Toda la institucionalidad y los programas de política estarán orientados por una perspectiva de género de carácter interseccional Feminista y antipatriarcal..

- Las mujeres tendrán prioridad y especial protección para acceder a las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación.

PROPUESTAS A INCORPORAR EN EL PND, CAP. EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES Participación política y ciudadana de las mujeres Fortalecer las escuelas de formación política dirigidas a las mujeres en toda su diversidad y desarrollar lo establecido en el Acuerdo de Paz en materia de participación política para las mujeres.

Fortalecer los procesos organizativos de las mujeres en las regiones, sus capacidades en materia de incidencia y veeduría ciudadana.

PROPUESTAS DESARROLLO PROGRAMÁTICO EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO Participación política y ciudadana de las mujeres (min. Interior) Impulsar la reforma política y reforma al código electoral y/o apoyar estos procesos en desarrollo de los proyectos del Congreso de la República, teniendo presente los aspectos: * Desarrollar la paridad política en todos los escenarios de elección

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popular y en la elección de altos cargos de toma decisión promoviendo la representación de las mujeres desde su diversidad étnica, de clase, territorial, discapacidad y de género (no binaries y mujeres trans). * Reformar la Ley 581/2000, para garantizar la paridad en todos los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. E impulsar medidas que conlleven a la representación de las mujeres desde sus diversidades. * Revisar y reforzar los mecanismos de seguimiento, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública (Ley 1475/2011) frente al uso de los recursos provenientes de la financiación estatal para las actividades que promuevan la inclusión política de las mujeres, jóvenes y minorías étnicas.

(Tarea bajo la responsabilidad del CNE) * Promover y acompañar el desarrollo de protocolos y rutas de atención intersectoriales efectivas para atender los casos de violencia política y los casos de VBG al interior de las Partidos.

En el marco de los procesos de consulta previa, impulsar la participación de las mujeres y población LGBTIQ+ de los pueblos étnicos en estos espacios. Se deberá diseñar mecanismos para que su voz y propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta en cada una de las etapas de consulta. (Min. Interior) Avanzar en la implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, asegurando la formulación y el esquema de financiación del Plan de Acción 2022 -2025 del Programa Integral.

Visibilizar, promover y fortalecer los liderazgos sociales y comunitarios de las mujeres Negras, indígenas y del pueblo Rrom, de mujeres con discapacidad. (Min. Interior) Promover los Mecanismos de Diálogo Formal o Consejos Consultivos Territoriales de Mujeres para fortalecer su participación ciudadana y la interlocución entre las entidades territoriales y las organizaciones de mujeres en su diversidad. Estos Mecanismos deberán conformarse teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres.

(Tarea compartida Min. Interior - CPEM (Min. Igualdad).

Desarrollar las escuelas de liderazgo social para las mujeres y laboratorios de ciudadanías activas y democracia al interior de los planteles educativos, orientados

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a remover los estereotipos y discriminaciones de las mujeres en los diferentes escenarios de la vida social. (Min. Educación – CPEM/Min. Igualdad).

Desarrollar Escuelas de Liderazgo Social y Político dirigidas a mujeres comunales, organizaciones de base y mujeres candidatas a cargos de elección popular para fortalecer sus conocimientos sobre DDHH de las mujeres, género, enfoque diferencial y estructura y funcionamiento del Estado. Se priorizará la intervención en aquellos territorios en donde la participación de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ es baja, así como en pueblos y comunidades étnicas. (MinInterior- CPEM/ MinIgualdad) La participación ciudadana de las mujeres debe estar orientada a garantizar su participación real, efectiva y paritaria en todos los espacios tanto institucionales, formales, comunitarios y público/políticos. De manera que la inclusión de las mujeres a estos escenarios debe guiarse bajo el reconocimiento de su diversidad

Acceso y derecho a la educación Continuar con los programas de educación, etnoeducación y escenarios de diálogos de saberes que reconozcan los saberes ancestrales y protejan las prácticas tradicionales de las mujeres y población LGBTIQ+ pertenecientes a pueblos étnicos en clave del autocuidado, salud y cuidado colectivo. (Min. Educación – Min. Interior - MinSalud- Min. Cultura) Consolidar la presencia y permanencia de las mujeres en todos los ciclos educativos, promoviendo el acceso a la educación de calidad en aquellos territorios donde su presencia es baja. (Min. Educación) Desarrollar acciones afirmativas que incentiven a las mujeres a continuar sus ciclos de formación en la educación superior y las motive para vincularse a carreras STEM. (Min. Educación) Construir una apuesta educativa no sexista, antirracista y antipatriarcal, que desestructure los comportamientos violentos y discriminatorios en los contextos educativos relacionados con la pertenencia étnica, procedencia territorial, condición de discapacidad, orientación sexual e identidad de género, entre otros.

Garantizar una educación para la democracia y la paz en todas las instancias educativas formal y no formal. (Min Educación – Min. Cultura)

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PROPUESTAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO Reformar Ley 152 de 1994 (Ley orgánica de Plan de Desarrollo) que incorpore medidas de equidad de género que permitan afianzar la planeación participativa y vinculante, con perspectiva de gobernanza territorial, diferencial e interseccional.

Nuevo Código Electoral.

Reforma de participación Ciudadana garantizando la Paridad,Alternancia e universalidad.

Eje programático 2.

Hacia una sociedad cuidadora y con poder económico para las mujeres.

Crearemos un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y recompense, reduzca y redistribuya el trabajo de cuidado feminizado a través de instrumentos de política pública - El empleo decente será garantizado, así como la igualdad salarial.

- Las mujeres accederán prioritariamente a la distribución y formalización de la propiedad de la tierra, a la educación superior pública y gratuita y al crédito.

- Proteger y empoderar a las mujeres cabeza de familia garantizando un ingreso mínimo básico por encima de la línea de pobreza.

- No habrá prescripción en la persecución de los bienes del hombre irresponsable con el cuidado de sus hijos.

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PROPUESTAS A INCORPORAR EN EL PND, CAP. EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES Sistema nacional de cuidados.

Crear el Sistema Nacional de Cuidados partir de los enfoques feminista, de género, antirracista, anticapacitista1, interseccional y territorial, bajo los principios de dignidad humana, autonomía, el derecho a la participación en la vida en comunidad y el pleno desarrollo de proyectos de vida para todas las personas. El SNC debe atender al envejecimiento poblacional y los cuidados de larga duración, reconocer que el Trabajo del Cuidado es un sector económico importante, que buena parte de estas labores son desarrolladas por las mujeres y es necesario su reconocimiento social y económico. De manera que las acciones se deben orientar a transformar las causas estructurales y necesidades de servicios que sobrecargan a algunas personasespecialmente a las mujeres. Para la puesta en marcha del SNC se debe garantizar la infraestructura social y física que reduzca el trabajo del cuidado, recompensando de manera adecuada a las y los trabajadores del cuidado, garantizando condiciones de trabajo dignas y su representación en organizaciones. El SNC deberá promover oportunidades para que todas las personas en las relaciones de cuidado puedan desarrollar plenamente sus capacidades, habilidades, proyectos de vida y participar plenamente en la vida de sus comunidades.

1 Este se opone al capacitismo, es decir, a “un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Atendiendo a estándares estrictos de apariencia, funcionamiento y comportamiento, el pensamiento capacitista considera la experiencia de la discapacidad como una desgracia que conlleva sufrimientos y desventajas y, de forma invariable, resta valor a la vida humana. Como consecuencia de ello, suele inferirse que la calidad de vida de las personas con discapacidad es ínfima, que esas personas no tienen ningún futuro y que nunca se sentirán realizadas y ni serán felices. El capacitismo genera prejuicios sociales, discriminación y opresión contra las personas con discapacidad al orientar la legislación, las políticas y las prácticas.” Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad Catalina Devandas. Consejo de Derechos Humanos. 43er período de sesiones.

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Renta básica para la estabilización socioeconómica.

Implementar una política de renta básica para las mujeres que les permita el acceso a oportunidades y el desarrollo de sus proyectos de vida . Para el éxito de esta política se incorporará a la implementación del Sisben IV las variables asociadas al enfoque diferencial e interseccional, como identidad de género, orientación sexual, etnia, edad, enfoque anticapacitista, víctimas del conflicto armado, migrantes, entre otras, que facilite el acceso y servicios de atención a mujeres cabeza de familia, a las mujeres más pobres y sus familias. Se mejoran los criterios recolección y actualización de la información para el Registro Social de hogares (Decreto 812/2020) a través de la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística del sistema estadístico nacional tarea que será liderada por el DANE. Será necesario el fortalecimiento de la interoperabilidad de los Sistemas de Información de Beneficiarios por parte del DPS.

PROPUESTAS DESARROLLO PROGRAMÁTICO EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO Sistema nacional de cuidados - SNC Garantizar una ruta de empleabilidad que esté articulada con los servicios de cuidado y asistencia personal para la prestación de servicios de cuidado. (Min Trabajo - SENA)

Autonomía económica y bienestar social Reorientar las medidas de acceso, posición y estabilización socioeconómica de las mujeres hacia la garantía de los derechos económicos y redistributivos para las mujeres haciendo énfasis en:

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* Fomentar el desarrollo empresarial, productivo y asociativo de las mujeres jefas de hogar o en informalidad, mediante el acceso informado e inmediato con acompañamiento a créditos para mitigar el acceso a créditos “gota a gota”. (Min Trabajo - DPS) * Promover acceso de pequeñas y medianas empresas de mujeres que incentiven la empleabilidad principalmente de mujeres, a formas de financiamiento cooperativos , rotativos o créditos con bajas tasas de interés para promover la empleabilidad (Min. Comercio – SENA - DPS). * Desarrollar la política Línea de acceso al crédito para las mujeres rurales y campesinas en cumplimiento de la Ley 731/2002, que les garantice el acceso a instrumentos financieros y educación para sus finanzas, ampliación de la oferta a créditos y garantías del Estado que respalden estos créditos.

(Min. Agricultura – DPS – SENA) Plan integral, para soberanía y autonomía económica de las mujeres pertenecientes a Pueblos étnicos y población LGBTIQ+, en el marco de la reparación integral: * Concertación de acciones orientadas justicia económica para las mujeres pertenecientes a Pueblos Étnicos y población LGBTIQ´+ partiendo de su conocimiento y experiencias. (Min. Interior – Min. Comercio – DPS) Desarrollar los contenidos establecidos en el punto 1 del Acuerdo de Paz, Reforma Rural Integral, relacionados con el acceso y titulación de tierras, fortalecimiento de capacidades asociativas, asistencia técnica y acceso a tecnologías para la producción, infraestructura en servicios básicos, el empleo rural y educación. (Min Agricultura - ART– Consj. para la Estabilización – DPS – SENA) Dentro de la agenda de reforma pensional y de manera temporal garantizar el acceso de las mujeres desde su diversidad y condiciones sociales a los BEPS y fortalecer el programa Piso de Protección Social. (Min. Trabajo – Colpensiones) Analizar los impactos diferenciales de las políticas económicas en la vida de las mujeres, sus consecuencias y la incidencia en la feminización de la pobreza de cara al contexto de pandemia. (Min Trabajo – DANE – DNP)

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Trabajo digno, estabilidad laboral y protección social.

- Promover el ingreso de las mujeres al sector productivo y brindar garantías para su estabilidad laboral y protección social. (Min. Trabajo – SENA) - Estrategia gradual hacia la formalidad, requiere elaborar las categorías diferenciales sobre la informalidad (que diferencie entre, la posibilidad de acceder a un empleo o si se trata de una actividad de carácter productiva) que permita en el caso de las mujeres, identificar las áreas en las que se encuentran, el tiempo de trabajo, demandas y necesidades. En este proceso es importante trabajar en torno a los mitos sobre la pérdida de beneficios y apoyos sociales que se reciben por parte del Estado, transición entre el ingreso diario y pago mensual. Promover la asociatividad por áreas de ocupación(impulso de Clusters), generar procesos de certificación y cualificación en sus áreas de ocupación y generar líneas de crédito. (Min. Trabajo – Min. Comercio) - Respaldar los emprendimientos culturales que tengan incidencia local y beneficien a mujeres y población diversa en las diferentes regiones. (Min Cultura) - Crear un programa especial de formación y promoción de procesos productivos incorporados a cadenas de valor, redes y estrategias de mercado, compras públicas, que faciliten su sostenibilidad y crecimiento. (Min. Comercio, SENA) - Afianzar una apuesta política nacional encaminada a la reducción de la feminización mediante estrategias que aumenten y promuevan la participación de las mujeres en la contratación de la Nación y el desarrollo de cuotas en la contratación (en las listas de elegibles) para el sector público. (DAFP/ Comisión Nacional del Servicio Civil) - En la política de empleo, generar estímulos y exención de impuestos al sector privado para aumentar la vinculación laboral de las mujeres, implementar el Decreto 2733/2011, que da beneficios tributarios a empresas que contraten a mujeres víctimas de las VBG. Impulsar acciones orientadas a la equidad de género, la eliminación de estereotipos sexistas y prevención de las VBG en los contextos laborales. (Min Trabajo – DIAN)

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- Se debe crear una política pública nacional articulada con el SENA, las Cajas de Compensación Familiar, los centros de reclusión, del INPEC, y el sector privado que promueva la incorporación de las mujeres post penadas en el mercado laboral formal, de acuerdo con la ley 2208/2022. (Min. Justicia – Min. Trabajo – SENA) - Impulsar la inserción laboral y política de primer empleado de las y los jóvenes vinculados al Programa Jóvenes en Acción, con énfasis en mujeres LBT, NARP, indígenas, migrantes, con discapacidad y víctimas de violencias. (Min. Trabajo – SENA) - Adelantar acciones afirmativas orientadas a garantizar la igualdad salarial y laboral en los diferentes sectores de la economía.

Eje programático 3.

Hacia una vida libre de violencias contra las mujeres y por la garantía efectiva de sus derechos sexuales y reproductivos - Plan de choque para el desarrollo y la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, - Plan de acción integral contra el feminicidio y todas las violencias, creando un sistema nacional de alertas tempranas - Capacitación a funcionarios públicos del sistema judicial, la fuerza pública, y de los sistemas nacionales de salud y educación, entre otros, para facilitar la denuncia, la investigación, reducir la impunidad y la revictimización, protegiendo los derechos de las víctimas.

- Campañas nacionales para la transformación de estereotipos de género, prohibiendo contenidos que atenten contra la dignidad de las mujeres y las niñas.

- Avanzaremos en la eliminación de la trata de personas y la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y en la garantía de derechos de las personas en ejercicio de la prostitución.

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- Realizaremos esfuerzos transversales para mejorar el goce de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en el sistema educativo, el sistema de salud - Acceso efectivo y diferencial a métodos anticonceptivos y procedimientos claves para una higiene menstrual digna y para la garantía del derecho a decidir.

- Plan nacional de prevención integral del embarazo adolescente y acataremos la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto.

PROPUESTAS A INCORPORAR EN EL PND, CAP. EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES Plan integral para prevenir las vbg y el feminicidio.

El Plan Integral debe contener los lineamientos técnicos, jurídicos y operativos (armonización competencias y funciones) que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia, la atención oportuna ante la VBG y otros hechos de discriminación.

Estas orientaciones deben ser de alcance nacional, regional y territorial; es urgente dotar a los territorios de capacidad institucional para atender las VBG y los actos de discriminación mediante figuras de integración regional para que, en desarrollo de su función administrativa cumplan con sus responsabilidades en esta materia.

El Plan debe contemplar acciones de prevención, sensibilización y formación a servidoras/es; aportar en la transformación de los imaginarios sexistas y de los comportamientos de discriminación racial y los relacionados con la identidad de género y orientación sexual; desarrollar propuestas de corresponsabilidad sociedad-institucionalidad e intervención oportuna en territorios. Se dará especial atención a aquellos territorios con altos índices de VBG altos (Terridata); Situaciones de Crisis Humanitaria por presencia de actores armados y enclaves de economías ilegales; y territorios con crisis migratoria.

Sistema de alertas tempranas de violencias basadas en género.

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Crear el sistema de alertas tempranas como un mecanismo de acción urgente para atender casos de mujeres en riesgo de feminicidio; identificar, georreferenciar e intervenir oportunamente territorios con altos índices de VBG, establecer la oferta institucional dispuesta para atender a las mujeres y personas víctimas de las VBG. El Sistema no se limita a la generación de la alarma de riesgo, este procedimiento debe garantizar los traslados de protección para la mujer víctima de sus hijas e hijos, tutelaje jurídico - servicios psicosociales, medidas de restablecimiento y estabilización social, lo que implica revisar y poner en marcha las medidas contempladas en los Decretos Reglamentarios de la Ley 1257/2008. Así mismo, el sistema debe tener la capacidad de dar seguimiento al proceso judicial contra el presunto agresor.

PROPUESTAS DESARROLLO PROGRAMÁTICO EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO Derecho a una vida libre de violencias Garantizada puesta en marcha del Plan Integral contra la VBG y el feminicidio, se requiere otros despliegues institucionales para afianzar la apuesta como una política de estado que garantice a las mujeres el derecho a vivir libres de violencias: - Incluir en el Plan Integral una estrategia de salvaguarda para las mujeres indígenas, Negras, Afrodescendientes, Palenqueras y Raizales que garantice la ausencia de violencias especialmente en los territorios con presencia de grupos armado, con escenarios de crisis humanitarias y enclaves de economías ilegales y/o extractivas que agudizan los conflictos y pone en riesgo su vida e integridad. (Min. Salud – Min Interior – CPEM/Min. Igualdad – ICBF – Min. Justicia – Min Defensa) - Garantizar la interoperabilidad de los sistemas de Información: Sistema único de registro e información sobre casos de mujeres víctimas de las VBG (histórico de los casos). (DANE – Min. Salud - CPEM/Min. Igualdad) - Implementación del Decreto 1630/2019 mediante el desarrollo del Servicio integral en salud para mujeres hijos e hijas víctimas de las VBG. Para

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lo cual se requiere la elaboración de lineamientos operativos y técnicos para garantizar la prestación del servicio de salud integral para las mujeres víctimas de las VBG en el Plan Decenal de Salud que incluya: (Min. Salud) - Prevención primaria con el objetivo de evitar la violencia - Detección inicial de los diferentes tipos de violencias en el servicio médico.

Prestación de servicios de urgencia ante temas de violencias basadas en género (Salud física y mental) - Presentación de servicios de restablecimiento, programas de largo aliento orientados al restablecimiento y recuperación del trauma generado por la Violencia, con énfasis en salud mental y emocional.

- Armonización de instrumentos de atención, orientación y valoración del riesgo. De aplicabilidad por todas las entidades competentes en materia de atención, orientación, protección e investigación. (Min. Salud – Min Interior – CPEM/Min. Igualdad – ICBF – Min. Justicia – Min Defensa, con participación de Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses) - Dotar de capacidades técnicas, operativas y humanas al MECANISMO ARTICULADOR PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE SEXO Y GÉNERO (Decreto1710/202, de cara a fortalecer la articulación interinstitucional en los territorios para la operativización del Mecanismo Articulador. (Min. Salud –CPEM/Min. Igualdad – ICBF – Min. Justicia) - Diseño de estrategias que visibilicen las miradas y perspectivas críticas de las mujeres negras organizadas en torno a la función de la protección de las mujeres negras en sus territorios y contextos. En el que se incluya el conocimiento ancestral y las herramientas de orden psicoespiritual para el acompañamiento de estos procesos. (CPEM/Min. Igualdad – Min Justicia – Min Salud – Min Interior).

- Fortalecer los mecanismos de seguimiento a las leyes, 1257 de 2008, 1719 de 2014 y 1761 de 2015 y el desarrollo de los mismos en las regiones. (Min. Justicia - CPEM) - Avanzar en el cumplimiento y efectivización de las medidas de protección,

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atención y estabilización contempladas en la Ley 1257/2008. Hay que avanzar de manera especial en los temas de atención integral y garantías de protección, Decreto 1630/2019, se deben revisar y remover los obstáculos técnicos y jurídicos evidenciados por los territorios para el acceso a estos recursos en el acto administrativo de distribución emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. (Min. Salud) - Contrarrestar la impunidad en materia de VBG, se requiere ampliar y fortalecer las unidades especializadas en investigación de las VBG y Feminicidios. Los Departamentos deben contar con fiscalías especializadas en VBG y feminicidio, y equipos técnicos para la investigación de estos delitos. Impulsar el desarrollo de mecanismos de judicialización eficaz ante la primera denuncia para prevenir el feminicidio. (Min Justicia) - Fortalecer la formación en derechos humanos de las mujeres y las VBG al personal vinculado a las Comisarías de Familia, Fiscalía y Policía Nacional y demás sectores competentes. Aportar en el desarrollo de los contenidos en materia de derechos de las mujeres, género y violencias, enfoques diferenciales, antirracista e interseccional en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. (Min. Justicia) - Fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia a través de las Comisarías de Familia, lo que significa ampliar los recursos financieros para garantizar el personal necesario y la operación del servicio y mejorar el acompañamiento a las Comisarías desde el nivel central. (Ley 2126/2021). (Min. Justicia) - Diseñar el instrumento de seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección, de acompañamiento a las víctimas de las VBG. (Min Justicia – Policía Nacional)

Derechos sexuales y derechos reproductivos Elaboración de los lineamientos técnicos para la regulación de la IVE a través del exhorto al gobierno nacional que hizo la Corte Constitucional al Estado en el marco de la Sentencia C-055 de 2022. (Min. Salud) Retirar la vinculación del Estado al Consenso de Ginebra (naciones que están

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contra la legalización del aborto), por contrariar la normativa interna y la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en esta materia. (Min Salud – Min. Relaciones Internacionales) Desarrollar procesos de sensibilización e información sobre las Sentencias C355/2008 y C-055 de 2022, para avanzar en la despenalización social del aborto.

(Min. Salud).

Ante un proceso de referendo contra la sentencia del aborto, se deberá fortalecer la prestación y el acceso a los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.

(Min. Salud) Garantizar los recursos suficientes y la cobertura universal en salud, para garantizar el acceso a los servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal, atendiendo las necesidades especiales de determinados grupos poblacionales -eliminación de barreras de acceso económicas, geográficas, culturales e institucionales. (Min. Salud)

PROPUESTAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO Impulsar el desarrollo legislativo en torno a la despenalización del aborto Sentencia C-055 de 2022, incluidas medidas para el retiro de las investigaciones penales por el delito de aborto y condenadas.

Actualización de la Ley 985/05 sobre Trata: Requiere ser actualizada de acuerdo al nuevo contexto y marco normativo nacional.

Eje programático 4.

Mujeres, territorio y paz - Se garantizará la aplicación efectiva del enfoque diferencial y de género, tanto en el Acuerdo Final de paz, como en los procesos de diálogo político y judicial para el desmantelamiento pacífico del multicrimen en manos de organizaciones armadas.

- Ejecución de programas de protección ambiental y empleo.

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- Se reconocerá a las mujeres como agentes fundamentales en la transformación del campo y el mundo rural, así como el derecho a la ciudad

PROPUESTAS DESARROLLO PROGRAMÁTICO EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO Medidas de género acuerdo de paz Desarrollar los compromisos de género establecidos en el Acuerdo de Paz, lo que significa poner en marcha la estrategia de transversalización del enfoque de género para el cumplimiento del Punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”.

Para esta labor será necesario fortalecer y acompañar el trabajo de seguimiento a la incorporación del enfoque de género realizado por la Instancia Especial de Mujeres. (CPEM/Min. Igualdad – Consj. para la Estabilización).

Garantizar la asignación de los recursos contemplados en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, con un claro enfoque de antipatriarcal, feminista y de género.

(DNP) En desarrollo de lo establecido por el CONPES 4080/2000 elaborar el Plan de Acción Nacional para la implementación de la Resolución 1325/2011 de las Naciones Unidas. (CPEM/Min. Igualdad – Consj para la Estabilización – DNP) Asegurar la incorporación del enfoque de género y diferencial en los procesos de Refoma del Sector Seguridad y Defensa, incluyendo la Reforma de la Policía Nacional.

Medidas y garantías individuales y colectivas con una orientación comunitaria para la contribución e inclusión de las y los ex combatientes a la vida de los territorios y en la sociedad. (Consj. para la Paz – DPS – ARN) Avanzar en la consolidación del catastro multipropósito para dar seguridad jurídica de la propiedad, mejorar el uso de la tierra y en beneficio de la protección y preservación ambiental del suelo rural. (DNP – DANE – Inst. Agustín Codazzi)

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Promover el acceso y formalización de la tierra a la mujer rural garantizando mecanismos efectivos de participación de las mujeres rurales y campesinas (como las consultas previas), como activo productivo esencial para avanzar y combatir la feminización de la pobreza. (Min. Agricultura – ART) Es necesario revisar y ajustar Plan Nacional de Salud Rural garantizando la participación de las mujeres campesinas y rurales, de manera que la provisión de servicios e infraestructura en salud se ajuste a sus necesidades. (Min. Salud) Tomar medidas para establecer mecanismos oportunos y adecuados de resolución de conflictos sobre la tenencia y el uso de la tierra, como la creación de la jurisdicción agraria. (Min. Justicia – Min Agricultura)

Mujeres víctimas del conflicto armado Desarrollar los 13 Programas establecidos en el Marco del Auto 092 con el fin de contrarrestar el impacto desproporcionado del conflicto armado y desplazamiento forzado de mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

(Min. Interior – UARIV) Fortalecer la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y su plan de acción. (Min. Interior – AURIV) Impulsar una mesa técnica que dé respuestas oportunas a las mujeres y población LGBTIQ+ de pueblos étnicos en el proceso de posconflicto, en materia de reparación integral a víctimas, la restitución de tierras, los derechos colectivos, y los aspectos concernientes a las necesidades de las mujeres y población LGBTIQ+. (UARIV – Min. Interior – DPS) Armonización de los Decreto 660/2018 y el Decreto 2078/2017 para organizaciones de mujeres: Crear una Ruta unificada para acceder a oferta y mecanismos de protección colectiva para las organizaciones de mujeres. Actualmente se crean planes de acción independientes para cada Decreto pero las instituciones competentes son iguales, lo que simplificaría el acceso y lo diferenciaría de otro tipo de colectivos que acceden a través del Decreto 660/18.

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Derecho de las mujeres al territorio Las acciones de mitigación frente a la crisis ambiental deben incluir la noción del derecho de las mujeres al territorio. Es decir, garantizar la participación efectiva y posibilitar que las voces de las mujeres sean escuchadas y haya mecanismos de toma de decisión en los procesos de consultas previas. (Min. Ambiente) Se debe transversalizar el enfoque de género en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres de modo que las acciones desarrolladas por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tengan en cuenta las necesidades diferenciales de mujeres y niñas, así como el enfoque de género y diferencial en todas sus acciones (UNGRD - SNGRD) Priorizar una política de atención dirigida a las mujeres y sus familias que viven en asentamientos informales y/o en zonas de alto riesgo, en condiciones de exclusión y discriminación que acentúan las desigualdades sociales e inciden en la feminización de la pobreza. (Min. Vivienda)

PROPUESTAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO Reforma del Acto Legislativo 02 del 2021, para garantizar que las 16 curules de paz que representan a las víctimas que viven en territorios afectados por el conflicto armado, sean implementadas de forma paritaria lo que implica que en la la elección se garantice que 8 de estas curules será para las mujeres víctimas.

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INFORME POLÍTICO: SECTOR POBLACIONAL MUJERES ¿Dónde están los derechos de las mujeres en el empalme?

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