formato de tutela Dosis Personal novienbre 2018

Medellín, xx de Octubre de 2018 Señor: Juez de la Republica Reparto La Ciudad.

Asunto: Tutela contra el Ministerio del interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, Ministerio de defensa Nacional Accionante: Nombre de cada uno Accionado: Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Gloria María Borrero Restrepo, Guillermo Botero Nieto.

Nombre de cada uno, identificado con la cédula de ciudadanía No xxxxxxxxx expedida en x ciudadxx residente en Medellín, obrando en causa propia, por medio del presente escrito presento a usted acción de tutela contra los ministerios del interior, justicia y el derecho y defensa nacional por la vulneración de los derechos constitucionales 13, 15, 16 y 24 1.

Igualdad: Articulo 13 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

2.

Intimidad: Artículo 15 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”

3.

Libre Desarrollo de la Personalidad. Artículo 16 “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

4.

Locomoción: artículo 24 “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.”

Que está siendo desconocido de acuerdo con los siguientes: HECHOS PRIMERO: Que la constitución y la ley colombiana han permitido el uso de la dosis personal y se ha cuantificado las cantidades que son permitidas para consumo de los ciudadanos y no pudiendo consumir en espacio público se ha respetado el fuero interno de la persona permitiendo que esta lleve consigo lo que requiere para su consumo propio en el marco de la Constitución y la ley SEGUNDO: El 1 de octubre de 2018 se expidió el decreto 1844 que en su artículo primero reza: “1. Adiciónese el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", Cambiando las reglas para los consumidores violentando la Constitución en sus artículos: 13, 15, 16 y 24, en especial el 16 que tiene pronunciamiento de Corte.

TERCERO: Que ha sido claro en la jurisprudencia colombiana el derecho al porte de estupefacientes bajo la modalidad de dosis personal y sobre esto ya se cuenta con jurisprudencia.

CUARTO: Que se prohíbe el porte aun cuando no se esté consumiendo en espacios públicos y se tenga solo para uso personal y en espacios privados tratando entonces de intervenir en el fuero interno de la persona y limitando la movilidad del consumidor al portar lo que requiere y usa solo para si mismo.

QUINTO: Que la Constitución Nacional en los artículos 13, 15, 16 y 24 protegen a los consumidores permitiéndoles la igualdad, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y la libre locomoción FUNDAMENTOS DE DERECHO Los anteriores hechos constituyen una violación a mi derecho fundamental a: 1.

De cara al artículo 13 superior siento que soy desconocido, perseguido, culpado y multado por ejercer un derecho propio que tengo de mantener mi dosis de cannabis de cara y en comparación al consumo de otras sustancias tales como el alcohol y el tabaco ya que si bien estas tienen usos restringidos en cuanto a espacios y edades ejercen sobre el cuerpo de sus consumidores efectos similares y en algunos casos peores que el cannabis en mi organismo, siendo así entonces una vulneración al artículo 13 superior que reza: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

Es claro que la regularización con multa y decomiso del cannabis por el mero porte me pone en desventaja e inferioridad de derechos en comparación con quienes consumen alcohol que pueden portarlo y transitar libremente con la sustancia en tanto no consuman en espacios públicos. Esto evidencia que no hay un trato justo e igualitario por parte del Estado, no está entonces promoviéndose las condiciones para que el trato sea igual de forma real y efectiva, el trato por parte de las autoridades es no solo diferenciado sino castigado cuando se nos encuentre la dosis de uso y consumo personal que se hará en espacios privados toda vez que la multa y decomiso no se hará cuando se consuma en espacios públicos o prohibidos sino con el mero porte y además de ello violenta la presunción de inocencia considerando que por el mero porte consumiremos en espacio público, delante de menores y que se hará con ellos y no es así, solo se hace de forma privada.

2.

Por otro lado la misma regulación compromete el fuero interno de la persona, aquel fuero que no implica en modo alguno la vulneración de derechos de los demás y que claramente es lo que busca proteger el decreto en sus considerando cuando indica que busca la protección de los menores que es completamente plausible pero no por ello puede restringirse mi derecho bajo el supuesto que serán afectados y sin evidencia de ello, no puede dañarse la comunidad ni afectar la vida en sociedad el mero hecho de llevar conmigo lo que consumiré única y exclusivamente cuando me encuentre en el ámbito de mi privacidad personal. Esto implica que el decreto se convierte en dañino cuando violenta de forma directa mi intimidad impidiéndome desarrollar mi activad de consumo por la prohibición de llevarlo hasta donde lo requiera, en cuanto a esto reza el articulo 15 superior: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”

El hecho de ser requisado, se me multe y se me decomise el cannabis que utilizo para utilizar en el marco de mi fuero personal en la intimidad de mi vida donde no afecto a nadie, no daño la convivencia y no genero ningún tipo de inseguridad para mí o para otras personas. Esto viola entonces de forma directa y molesta por parte del Estado colombiano mi intimidad.

3.

Libre Desarrollo de la Personalidad. Consagrado en el Artículo 16 de la constitución política de Colombia de 1991, “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” Con respecto a este artículo que cuenta con un amplio desarrollo desde lo normativo y donde históricamente se ha anclado todo el tema del consumo, libertades individuales de los consumidores y regularización de la dosis personal es importante tener en cuenta los siguientes fallos: Sentencia C - 221 de 1994: “Que una persona que no ha cometido ninguna infracción penal -como lo establece el mismo artículo- sea obligada a recibir tratamiento médico contra una "enfermedad" de la que no quiere curarse, es abiertamente atentatorio de la libertad y de la autonomía consagradas en el artículo 16, como "libre desarrollo de la personalidad". Resulta pertinente, en este punto, remitir a las consideraciones hechas atrás acerca del internamiento en establecimiento psiquiátrico o similar, considerado, bien bajo la perspectiva del tratamiento médico, bien bajo la perspectiva de la pena. Si se adopta la primera, la norma resulta inconstitucional por violentar la voluntad del destinatario mediante la subrogación de su capacidad de decidir, por la decisión del juez o del médico.

Cada quien es libre de elegir (dentro de nuestro ordenamiento) qué enfermedades se trata y si es o no el caso de recuperar la "salud", tal como se concibe de acuerdo con el criterio oficial. Si se adopta la segunda, la evidencia de inconstitucionalidad es aún mayor, pues no sólo es inconcebible sino monstruoso y contrario a los más elementales principios de un derecho civilizado, que a una persona se le sancione sin haber infringido norma alguna, o se le compela a recibir un tratamiento médico que no desea.”

Agrega: “Para dilucidar "in toto" la constitucionalidad de las normas que hacen del consumo de droga conductas delictivas, es preciso relacionar éstas con una norma básica que, para este propósito, resulta decisiva. Es el artículo 16 de la Carta, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo hace en los siguientes términos: "Todas las personas tienen derecho al libre

desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico".

La frase "sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico", merece un examen reflexivo, especialmente en lo que hace relación a la expresión subrayada. Porque si cualquier limitación está convalidada por el solo hecho de estar incluida en el orden jurídico, el derecho consagrado en el artículo 16 Superior, se hace nugatorio. En otros términos: el legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquéllas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución.”

Además resolvió Declarar EXEQUIBLE el literal j) del artículo 2o. de la ley 30 de 1986. Y los artículos 51 Y 87 de la ley 30 de 1986.

Lo cual genera que quede así el literal j) “Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.

No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad.”

Por su parte la sentencia C - 491de 2012 que resuelve: Entre los fundamentos de la decisión la corte plantea: “10. Examinada la constitucionalidad de este precepto en la sentencia C-221 de 1994, la Corte lo encontró contrario a los principios de dignidad humana y de autonomía individual. Al respecto precisó: “Es el reconocimiento de la persona como autónoma en tanto que digna (artículo 1o. de la C.P.), es decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y, ante todo, sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena”. (…)“El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser decididos.

Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen”. (…)“Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo

bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa forma de vida, en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que, por ese camino, se propone alcanzar la justicia”.

“Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”.

Con posterioridad a la despenalización del porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas mediante la Sentencia C-221 de 1994, se presentaron varios intentos de reforma constitucional, ya sea por intermedio del trámite del referendo constitucional del artículo 378 de la C.P, o por el mecanismo ordinario mediante acto legislativo, previsto en el artículo 375 de la C.P[12]. Las primeras propuestas se enfocaron en la modificación del artículo 16 de la C.P., que contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Estas iniciativas pretendían sancionar la conducta con penas distintas a las privativas de la libertad, para garantizar los derechos individuales y colectivos y se enfocaban a defender los derechos de los niños.

A partir del año 2007, tal como aparece documentado en la sentencia C-574 de 2011, las diferentes iniciativas de reforma se enfocaron, ya no en el artículo 16 de la C.P., sino el 49 superior, norma esta que consagra el derecho a la salud. El cambio de perspectiva se fundamentó en las sentencias dictadas por la Corte Constitucional que han señalado que la farmacodependencia es una enfermedad y que por ende no se puede tratar al adicto como un delincuente, sino como un enfermo” Y concluirá “Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 376 de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética, a las que se refiere el precepto acusado.”

De la misma línea, SENTENCIA SP2940-2016 de 09 de marzo de 2016 de la corte suprema de justicia que dictamina: “Contenido: nueva interpretación de la corte suprema de justicia sobre dosis personal de estupefacientes. Se aclara que el porte de una sustancia estupefaciente relativamente superior a la dosis personal fijada por la ley que no tenga fines de fabricación, comercialización o tráfico no debe ser procesado como delito, siempre y cuando su único propósito sea el consumo derivado de la enfermedad o adicción del portador. Así mismo, se precisa que la acción del sujeto

activo de la conducta debe ser compatible con el consumo de la sustancia y que este sea únicamente en la modalidad de uso personal, ya que si se convierte en un almacenamiento indiscriminado de cantidades la conducta ha de ser penalizada según las normas previstas en la legislación penal. Finalmente se señala que, de ahora en adelante, tratándose de consumidores o adictos que porten o lleven consigo sustancias con esa específica finalidad, la de consumo personal, no pueden ser judicializados por la justicia penal y su proceder es de competencia de las autoridades administrativas de salud en el orden nacional, departamental o municipal. No obstante, la cantidad de dosis personal puede constituir ilícito cuando no está destinada para uso personal.”

Estas sentencias muestras con suficiencia que las intenciones de penalizar el consumo de drogas han sido detenidas por las cortes porque violan derechos plasmados en la constitución política colombiana de 1991.

Fundamento la presente acción en el artículo 86 de la constitución Política, decreto 2591 de 1991 y decreto 1382 de 2000.

4.

Considero que la libertad de locomoción es y ha sido un derecho que a lo largo de la vida he podido desarrollar y ejercer en tanto no he sido privado de la libertad por orden judicial, el articulo 24 superior me garantiza no solo la libertad de hacerlo sino la tranquilidad de movilizarme en tanto lo hago en el marco de la Constitución y la ley, la prohibición de portar que será castigada con decomiso y multa claramente me impide movilizarme mientras lleve conmigo el cannabis que históricamente y amparado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en uso de mis facultades Constitucionales y legales decido de forma autónoma, voluntaria y responsable consumir, consumo que finalmente no hago en espacios públicos, abiertos al público, con menores o en presencia de ellos y dosis que no utilizo para vender o regalar. El decreto claramente me impide forma indirecta movilizarme como ciudadano libre que soy reza el artículo 24 de la Constitución Nacional que: “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.”

El derecho a la circulación que me permite la constitución de forma indirecta y so pena de ser multado me es prohibido por el decreto en tanto este ejerciendo el derecho al consumo recreativo en el marco del libre desarrollo de la personalidad que me cobija la normatividad del país.

PETICIÓN 1.

Que se tutele el derecho a la igualdad en tanto no se decomise ni se me multe cuando porte mi dosis personal de cannabis al igual que quien consume y porta para ello otras sustancias como el alcohol.

2.

Que se tutele mi derecho a la intimidad en tanto requiero para mi uso personal y esparcimiento pacifico el uso del cannabis y que no se me decomise ni se me genere multa por el mero hecho de portarla.

3.

Que se me tutele el derecho al libre desarrollo de la personalidad en tanto no se me vulnere el derecho a portar mi dosis personal y para consumo propio de cannabis 4.

Que se me tutele el derecho a la libre locomoción que me es vulnerada cuando me siento amenazado, perseguido y no protegido en igualdad de condiciones frente a otros colombianos en tanto me muevo en el territorio portando mi dosis personal so pena de ser multado y que me decomisen mi propiedad.

PRUEBAS Solicito al señor juez con el propósito de sustentar esta acción, se sirva tener como pruebas y darle pleno valor probatorio a los siguientes documentos:      

Constitución Política Colombiana de 1991 Ley 30 de 1986 Sentencia C – 221 de 1994 Sentencia C – 491 de 2012 Ley 500 de 2000 Sentencia SP2940 de 2016 ANEXOS

1. Copia del documento de identidad.

2. Copia de esta tutela para archivo del juzgado DECLARACIÓN JURAMENTADA Bajo juramento declaro que no se ha promovido otra acción de tutela con base en los hechos aquí narrados ni bajo mi nombre y/o datos personales ni en la ciudad ni otro lugar del país NOTIFICACIONES El suscrito puede ser notificado en la secretaria de su despacho o en la Dirección de correo electrónico xxxxxxxx@xxxxx.com o la dirección física xxxxxxxxxxxxxx de la ciudad de Medellín.

Atentamente,

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ACCIONANTE: Nombre de cada uno CC. No xxxxxxxxx expedida en Medellín