El Super Ciclo electoral latinoamericano: informe

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El Super Ciclo Electoral Latinoamericano Dr. Daniel Zovatto Informe actualizado al 31 de enero de 2018

1. Introducción

América Latina está atravesando por uno de los maratones electorales más importantes de las últimas décadas: entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018, la región celebrará ocho elecciones presidenciales. Dos ya han tenido lugar en noviembre y dicieimbre de 2017 (Chile, el 19 de noviembre la primera vuelta -y el 17 de diciembre el balotaje-, y en Honduras el 26 de noviembre) y seis van a producirse a lo largo de este 2018 (Costa Rica, el 4 de febrero; Paraguay, el 22 de abril; Colombia, el 27 de mayo; México, el 1 de julio; Brasil el 7 de octubre y Venezuela, sin fecha confirmada al cierre de este Informe -31 de enero de 2018-). A estos ocho procesos se sumarán las seis presidenciales de 2019: El Salvador, Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguay y Bolivia.1 Se trata de un conjunto de citas ante las urnas que poseen una doble trascendencia: En primer lugar, son importantes desde un punto de vista cuantitativo: se producen en la mayoría de los países de la región, en 14 de las 18 naciones latinoamericanas (excluyendo a Cuba).

Y, en segundo lugar, se trata comicios con peso específico desde un punto de vista cualitativo: las dos principales economías regionales (Brasil y México) celebran elecciones así como los tres países latinoamericanos con presencia en el G-20 –Brasil, México y Argentina-. Todos los miembros de Mercosur acuden a las urnas para elegir presidente, lo mismo que 4 de los 6 países centroamericanos y 3 de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico (México, Colombia y Chile). Incluso, Cuba (donde no existen elecciones competitivas y pluralistas) va a asistir al final de la presidencia de Raúl Castro quien ha anunciado el final de su mandato en abril de 2018 con lo que, por primera vez desde 1959, no habrá un miembro de la familia Castro al frente de los destinos de la isla.

1 Sobre el proceso electoral 2017-2019 en Latinoamérica, ver Daniel Zovatto El Super Ciclo Electoral latinoamericano. Brookings Institution. htpps//www.brookings.edu.blog. Tambien del mismo autor: Riesgos y oportunidades del super ciclo electoral en La Tercera. www. latercera.com

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Maratón Electoral latinoamericano Elecciones Presidenciales: 2017-2019

PAIS

FECHA

Chile

19 de noviembre (primera vuelta)

(Celebrada)

17 de diciembre (segunda vuelta)

Honduras (celebrada)

26 de noviembre de 2017

Costa Rica (celebrada la 1 vuelta. 4 de febrero de 2018 Segunda vuelta prevista para el 1 de abril) Paraguay

22 de abril de 2018

Venezuela

22 de abril de 2018

Colombia

27 de mayo de 2018

México

1 de julio de 2018

Brasil

7 de octubre de 2018

El Salvador

Febrero de 2019

Panamá

Mayo de 2019

Guatemala

Septiembre de 2019

Argentina

Octubre de 2019

Uruguay

Octubre de 2019

Bolivia

Octubre de 2019

Fuente: Elaboración propia

En las siguientes páginas analizaremos el contexto económico, político y social en el que se desarrollarán los 14 comicios presidenciales latinoamericanos. Además, se contemplará lo que desde un punto de vista constitucional, de cultura política y equilibrios político-ideológicos representa este cúmulo de elecciones y las características intrínsecas y extrapolables al resto de la región que tienen estas citas ante las urnas.

2. Contexto económico marcado por el estancamiento y la ralentización

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El contexto económico en el que van a tener lugar todos estos comicios presidenciales es el de un débil crecimiento, lejano, a la vez, tanto de los tiempos de bonanza de la Década Dorada (2003-2013) como de la época de crisis y recesión que se viviera en anteriores maratones electorales: por ejemplo, durante la “Media Década Perdida” (1997-2002) o en 2015-2016 (años en el que el PIB regional experimentó marcados descensos).

El FMI ha calculado que los países de Latinoamérica y el Caribe crecieron, en conjunto, en torno al 1,3% en 2017 y llegará al 1,9 % en 2018 y al 2,6% en 2019. 2 La actividad económica en América Latina apunta, por lo tanto, hacia una recuperación con respecto a los decrecimientos de años anteriores (2015 y 2016) pero de carácter moderado, a muy "baja velocidad", y que acontece gracias a que Argentina y Brasil han salido de la recesión así como a una mejora puntual de los términos de intercambio por el moderado incremento de los precios de las materias primas. El propio economista jefe del FMI para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, refuerza esta idea cuando destaca que la economía de la región "reanuda la marcha, pero a baja velocidad". En este sentido, las propias cifras del FMI muestran cómo Latinoamérica es la región del mundo que ha crecido más lentamente en 2017 y para 2018 solo superaría a la zona euro3:

2 FMI, “Perspectivas de la Economía Mundial, Actualización de las Proyecciones, Julio de 2017: La recuperación se está afianzando”. Abril, 2017 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017

3 FMI, “Actualización de las Perspectivas de la economía mundial”, enero de 2018 http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january2018

4 Fuente: FMI. Infografía: Página Siete

Estas cifras no hacen sino confirmar una tendencia que viene haciéndose patente en la región desde 2013: la mayoría de los países (salvo el prolongado caso de recesión de Venezuela o momentos puntuales de caída del PIB en Brasil, Ecuador o Argentina) no se hallan en una situación de crisis económica (ni siquiera dentro de una progresiva ralentización) sino que se encuentran atravesando por un periodo de inercia caracterizado por un débil o muy bajo crecimiento. En todo caso, una expansión insuficiente para absorber las demandas sociales, crear empleo de calidad y recortar el retraso en materia de desarrollo con el resto de economías mundiales más avanzadas, tal como lo ha señalado el Director Regional de la OIT para América Latina, José Manuel Salazar-Xirinachs, en diciembre de 2017, durante la presentación del Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. 4 De hecho, el Banco Mundial en su informe presentado en enero de 2018 señala que la economía mundial se expandiría un 3,1% este año, levemente por encima del 3% en 2017. El FMI, por su parte, es mas optimista y en el reciente Foro de Davos proyectó un crecimiento de 3.9% para la economía mundial durante el 2018. En ese contexto, América Latina doblaría su crecimiento anual promedio (respecto del 2017) al 2% y al 2,9% para 2019 por lo que la región consolidaría su recuperación económica. Sin embargo, sigue muy lejos de su máximo potencial y por detrás del crecimiento mundial: ese 2,9% queda por debajo de Asia y el Pacífico que registrarán un crecimiento promedio de 6,2%, de Medio Oriente y África del Norte (3,0), el Sureste Asiático (6,9) y África Subsahariana (3,2).5 Finalmente, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sitúa el crecimiento regional en el 2,2%, casi un punto por encima del anotado en 2017 (1,3%), pero por debajo de la expansión mundial que sería del 3%.6 En esta línea, economistas y dirigentes políticos vienen advirtiendo sobre la necesidad de incrementar el ritmo de expansión porque solo con expansiones de en torno al 4,55% se pueden generar los ingresos fiscales necesarios para invertir en la reducción de la pobreza y en atender la agenda de las clases medias. El propio Presidente peruano – 4 OIT, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, 2017. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Perú, noviembre 2017 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_613957.pdf

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Banco Mundial, “Global Perspective Prospetcs ”. http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

Washington,

enero

2018

6 CEPAL, “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017” Santiago de Chile, diciembre de 2017. https://www.cepal.org/es/publicaciones/bp

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quien también es economista- Pedro Pablo Kuczynski reconocía en junio de 2017 que “Perú y América Latina necesitan crecer entre 5% y 6% anualmente a fin de recuperar el tiempo perdido y generar los puestos de trabajo que necesitan las mujeres y los jóvenes para prosperar. (En América Latina) se ha perdido mucho tiempo al no crecer suficiente… es fundamental eso porque si no, no se crean los puestos de trabajo que necesitan las mujeres y los jóvenes”.7 La región, desde un punto de vista económico, está inmersa, desde hace un lustro, dentro de esa inercia económica de la cual aún no ha sido capaz de salir por la ausencia de cambios significativos en las condiciones económicas a escala internacional y debido a la ausencia de reformas estructurales internas. Es un nuevo periodo de la historia económica latinoamericana (tras la “Década Perdida” en los 80, las reformas de los 90, la “Media Década Perdida” de entre siglos y la “Década Dorada” de 2003-2013) marcado por el estancamiento y caracterizado por el crecimiento mediocre, claramente insuficiente para proseguir con la disminución de la pobreza y la reducción de las desigualdades.8 Entre 2003 y 2013 América Latina vivió un periodo de indiscutible bonanza económica (la llamada Década Dorada): rápido crecimiento entre 2003 y 2008, un puntual decrecimiento en 2009 y progresiva desaceleración entre 2010 y 2013. El cambio de coyuntura es patente desde entonces: Latinoamérica acumula, desde 2012, cuatro años de lento crecimiento (2012, 2013, 2014 y 2017) así como dos años en los que se registraron caídas de su PIB.

7 América Economía, “Perú y América Latina necesitan crecer 5% a 6% para generar empleos y oportunidades”. 9 de junio de 2017

8 Sobre los retos regionales en el nuevo marco de la IV Revolución Industrial ver Federico Steinberg y José Pablo Martínez, “La difícil coyuntura económica”. Real Instituto Elcano, ARI 32/2016-25/4/2016 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/! ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?

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Fuente: Real Instituto Elcano

A partir de 2013 la región ha visto como se profundizaba esa desaceleración con decrecimiento incluido en el bienio 2015-2016. En el actual contexto (2017-2019) la región no decrece (los datos del FMI inciden sobre que lo hace, y lo va a seguir haciendo, en positivo) ni disminuye el crecimiento (en realidad aumenta ligeramente con respecto al año anterior, es decir 2017). El problema medular radica en otro aspecto: el actual bajo crecimiento va camino de transformarse en una característica estructural de la región, el nuevo normal.

En las proyecciones de enero de 2018, el mismo Werner, a la vez que hablaba de “recuperación en ciernes” sostenía que “más allá del corto plazo, la región enfrenta dificultades a mediano plazo. Como venimos subrayando, a pesar de la aceleración económica en curso, el crecimiento del producto latinoamericano está regresando a una media decepcionante. Teniendo en cuenta el atenuado crecimiento potencial y los riesgos a la baja a mediano plazo, es necesario redoblar los esfuerzos por reconstituir los márgenes de protección e implementar políticas estructurales encaminadas a eliminar los cuellos de botella que traban el crecimiento y a mejorar la resiliencia”.9 A estas cifras bajas de expansión contribuye además que las dos grandes economías regionales registran desde 2015 decrecimientos o en la actualidad un crecimiento muy mediocre. El FMI sitúa en el 0,3 % el crecimiento económico de Brasil en 2017 y en el 1,9 % el de 2018. El pronóstico de crecimiento para México en 2017 ronda el 2,3 %. Es decir que los problemas de la región van más allá de la crisis estructural de Venezuela y están más relacionados con las incertidumbres y falta de reformas que afectan a los dos 9 Alejandro Werner, “América Latina y el Caribe en 2018: Recuperación económica en ciernes”, en Diálogo a fondo. Blog del FMI, https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8634

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gigantes (Brasil y México celebran elecciones en 2018) y a países importantes como Colombia y Chile inmersos en procesos de cambio político. Brasil encarna esa situación de recuperación exigua e insuficiente para afrontar los retos sociales. En efecto, hasta el 2020 Brasil va a alargar su mediocre incremento del PIB, lejos del 5% deseable. De igual forma México, entre 2018 y 2020, no saldría de la horquilla del 2,1 al 3% de expansión.

No hay crisis, no existe desaceleración (respecto del 2017) pero tampoco existe capacidad para entrar en una dinámica de crecimiento fuerte, sólido y sostenido:

Fuente: Banco Mundial Las causas del estancamiento son, por lo tanto, puntuales (crisis política en Brasil, inminentes elecciones en México, colapso económico en Venezuela, incertidumbres en Argentina, Chile, Perú y Colombia), pero también estructurales. Esos déficits

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estructurales se producen por la falta de reformas de gran calado en América Latina, capaces de favorecer que la región logre mayores niveles de crecimiento económico.

Sin reformas estructurales, el crecimiento regional está condenado a ser, como se ve en el siguiente gráfico, una larga línea recta, ligeramente por encima o por debajo del nivel medio del periodo 1991-2016 (1,6%), tan solo con ligeras oscilaciones.

Fuente: FMI

Como vienen apuntando reiteradamente la CEPAL, la OIT, el BID, el Banco Mundial y CAF-Banco de Desarrollo, el único camino de América latina para romper con esta tendencia hacia el estancamiento de la expansión económica y salir de las cifras mediocres de crecimiento pasa por aplicar reformas estructurales que cuenten con suficiente consenso político para garantizar su prolongación y sustentación en el tiempo.

Reformas que mejoren la competitividad y productividad latinoamericanas a través de unas políticas públicas que favorezcan la inversión en capital físico y humano así como la diversificación productiva y de mercados de exportación a la vez que incentiven la

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innovación y el emprendimiento para introducir valor añadido a las ventas en el exterior y vincular a la región a las principales cadenas de valor internacional.10 Competitividad y productividad son dos de los talones de Aquiles de la economía regional. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su Monitor de Comercio Exterior 2017, destacaba que en el último lustro, el valor total de los productos exportados por América latina se contrajo un 11% y que solo México mejoró en un 30%. Latinoamérica en su conjunto sufre "un rezago de competitividad generalizado, con la única excepción de los productos primarios agropecuarios". Sin México la competitividad exterior de Latinoamérica y el Caribe se desploma y el resultado es que la región ha perdido cuota sobre el total de exportaciones mundiales: del 6,16% del comercio global en 2010 pasó al 6,07% en 2015.11 Estas cifras aún son peores en los nuevos ámbitos comerciales surgidos a raíz del cambio tecnológico, los referidos a servicios de telecomunicaciones, informática, servicios financieros, las regalías por el uso de propiedad intelectual y otros servicios empresariales. En la última edición de Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, la CEPAL analiza el desempeño del comercio de servicios modernos de la región, con alto valor agregado e intensivos en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Según el documento, en este ámbito “América Latina y el Caribe sigue siendo un actor marginal. Su participación en las exportaciones mundiales del total de servicios en 2016 fue de apenas un 3,1%, comparada con un 5,6% en las exportaciones mundiales de bienes. Específicamente, su cuota en la exportación de servicios modernos fue de solo 1,8%. El dinamismo exportador de la región depende de la puesta en marcha de políticas públicas activas de largo plazo. Se necesitan también estrategias público-privadas con objetivos claros para promover el capital humano y el ecosistema digital, incentivar las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, así como profundizar la integración regional en servicios”.12 Por su lado, los trabajos de CAF-Banco de Desarrollo de América latina vienen destacando que los avances sociales logrados en la región solo podrán conservarse, 10 Germán Ríos, “Los retos para la transformación productiva de América Latina”. Economía y Desarrollo vol. 156 no. 1 La Habana ene.-jun. script=sci_arttext&pid=S0252-85842016000100004

2016

http://scielo.sld.cu/scielo.php?

11 Giordano, Paolo; Ramos, Alejandro; Michalczewsky, Kathia; Ramos, Bárbara; “Monitor de Comercio e Integración 2017: Más allá de la recuperación: La competencia por los mercados en la era digital” BID, Washington, 2017. https://publications.iadb.org/handle/11319/8642#sthash.aLngMP3N.dpuf

12 Cepal, “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe: recuperación en un contexto de incertidumbre”. Santiago, 2017 https://www.cepal.org/es/publicaciones/42315perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-recuperacion-un

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consolidarse e incrementarse si van vinculados a mejoras en la logística y las infraestructuras, especialmente las referidas al transporte, energía, telecomunicaciones y gestión integral del agua. Nuevas y mejores infraestructuras tienen un efecto directo en el aumento de la productividad, en la reducción de las desigualdades y en la calidad de los servicios públicos. En los Informes “IDEAL: La Infraestructura en el Desarrollo Integral de América Latina”, elaborados por CAF, se calcula que América Latina debería aumentar las inversiones hasta en 3 puntos porcentuales con respecto al PIB si pretende acceder a la categoría de región desarrollada, lo cual supondría doblar la inversión actual que se sitúa en torno al 3-3,5%.13 Estas reformas son, a corto o medio plazo, ineludibles y no deberían ser pospuestas ni siquiera por coyunturales aumentos de los precios mundiales de las materias primas.

Tras el maratón electoral de 2017-2019 los nuevos gobiernos de la región afrontarán el gran reto de poner en marcha una nueva oleada de reformas, que como en los años 80 y 90, sitúen a la región en vías de su modernización al hilo de las transformaciones vinculadas a la IV Revolución Industrial. El otro camino (que puede ser el elegido por gobiernos sin sólidos apoyos en el legislativo –y por lo tanto sin fortaleza política para acometer el reto reformista- o por aquellos contrarios a impulsar semejantes reformas) consiste en paralizar las reformas por el alto coste político que conllevan, lo cual tiene como consecuencia directa alargar en el tiempo un escuálido crecimiento que no contribuye a una sustancial mejora económica y social de estos países.

Estas elecciones de 2017-2019, por lo tanto, tendrán lugar en un contexto económico de bajo crecimiento lo cual pone en riesgo las importantes conquistas sociales logradas durante la pasada década en materia de empleo, disminución de los niveles de desigualdad y reducción de la pobreza. De hecho, los efectos de la desaceleración sobre el contexto social ya se están percibiendo: la pobreza pasó, en 2016, de afectar a 168 millones de personas a 175 millones en Latinoamérica. Según la CEPAL, la pobreza aumentó un punto porcentual, al pasar del 28,2% al 29,2%. De igual forma se detuvo la reducción de la desigualdad: entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron mejoras en la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini, el cual se movió del 0,497 en 2013 al 0,491 en 2014, mientras que en 2010 se encontraba en 0,507. 14 Joana Silva, economista principal de la oficina para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial, confirma que “la desigualdad sigue reduciéndose pero a un ritmo más lento desde 2011. Un menor crecimiento podría ralentizar aún más la reducción de la brecha salarial. El estancamiento de las economías, dice, requerirá que los Gobiernos empleen

13 Carlos Skerk; Abel Mejía; Raúl Katz; Raúl García; Pblo Givogri; Germán Lleras; Jorge Kohon: “IDEAL 2014. La infraestructura en el desarrollo de América Latina”. CAF; Bogotá, 2015-06.

14 Cepal, “Panorama Social de América Latina 2016”. Santiago de Chile. Agosto 2017 https://www.cepal.org/es/publicaciones/41598-panorama-social-america-latina-2016

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más recursos en la expansión de la educación y la generación de empleo para evitar perder el progreso de los últimos años”.15 Y el Informe del Banco Mundial (“Desigualdad del ingreso en América Latina.

Comprendiendo el pasado para preparar el futuro”) sugiere que para promover un crecimiento sostenible con equidad, la expansión debe apoyarse en dos pilares: en primer lugar en el impuso al crecimiento de la productividad, eliminando las políticas públicas que amparan a empresas ineficientes mediante subsidios a las empresas y favoreciendo las políticas antimonopolio y de competencia. Y en segundo lugar, continuar expandiendo la cobertura y la calidad de la educación y la capacitación; mejorar la calidad (no solo el acceso) a la educación de los niños de hogares pobres.16 3. Consecuencias políticas del cambio económico Este bajo e insuficiente crecimiento económico, la ineficiencia de las administraciones para ofrecer servicios públicos eficientes y la revolución de expectativas frustradas entre las clases medias y populares tiene una incidencia directa sobre el modelo político y el sistema de partidos. De hecho, este súper ciclo electoral (2017-2019) tiene lugar, además, en un momento de deterioro de la confianza hacia la democracia y sus instituciones en la región. El informe de la séptima encuesta regional del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) señala que el apoyo a la democracia registra en el subcontinente una abrupta caída (de casi 12 puntos desde 2012 a 2017) pasando del 69% al 57,8%). Disminución que se traduce en una mayor insatisfacción con respecto a la democracia, un fuerte descenso en la adhesión a los gobiernos, un bajo nivel de confianza en las elecciones y en las principales instituciones de la democracia representativa, en particular en relación al poder judicial y a los partidos políticos.17

15 Joana Silva, “¿Cuáles son las claves para cerrar las brechas salariales?”. El País, 10 de noviembre 14, 2017

16 Julián Messina y Joana Silva, “DESIGUALDAD DEL INGRESO EN AMÉRICA LATINA comprendiendo el pasado para preparar el futuro”. Grupo Banco Mundial, 2017 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28682/211039ovSP.pdf

17 Elizabeth J. Zechmeister, Noam Lupu y Mollie J. Cohen, “Democracia y gobernabilidad en las Américas: principales resultados del Barómetro de las Américas de LAPOP”. Vanderbilt University. 28 de Septiembre de 2017 https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB030es.pdf

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El informe Americas Barometer 2016/17 muestra, asimismo, el incremento del deterioro que percibe la opinión pública latinoamericana sobre el funcionamiento de sus instituciones democráticas. Además, no deja de subir la percepción de la corrupción vinculada a la política. El respaldo a la democracia en los países de la región ha disminuido al 57,8% en el último estudio frente al 66,4% del informe de 2014, la cifra más baja desde que la Universidad de Vandebilt comenzó a elaborar en el 2004 este tipo de trabajos. Elizabeth Zechmeister, Directora de LAPOP, subraya que “no pensamos que haya un inminente riesgo de colapso en los países de la región, pero estamos muy preocupados por la descomposición que el público está reportando en sus experiencias diarias y en sus valoraciones. La población es muy pesimista [y se está expresando de una manera muy negativa] sobre la forma en que ellos están viviendo la democracia”.

En esa misma línea, la última edición del Latinobarómetro muestra el grave problema de confianza que enfrentan las instituciones de la región donde el porcentaje de

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ciudadanos que afirma estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia apenas alcanza el 30%.18

Finalmente, la democracia entendida como el mejor sistema de gobierno disminuye seis puntos porcentuales entre 2016 y 2017 del 75% al 69%. La satisfacción con la democracia cae por cuarta vez consecutiva del 34% en 2016 al 30% en 2017 y en diez países menos de un tercio de la población está satisfecho con la democracia. Solo en tres-Uruguay (57%), Nicaragua (52%) y Ecuador (51%)- hay una mayoría satisfecha con esta forma de gobierno.19

18 Manuel Alcántara, “La democracia a la defensiva en América Latina”. Política Exterior. 9 de octubre de 2017”. Política Exterior, 9 de octubre de 2017

19 Latinobarómetro, “Informe 2017”. Buenos Aires http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

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Existe, además, no solo un desgaste de la democracia sino también de quienes la dirigen. Desde que el cambio de tendencia económica se hizo patente en América latina en 2013-2014, los diferentes oficialismos de la región están sufriendo no solo un fuerte desgaste sino derrotas en las urnas. América latina está presenciando un fuerte desgaste de los oficialismos, la mayoría de izquierda o centroizquierda, porque esta era la tendencia predominante hasta 2015. Un desgaste producido por una coyuntura económica que ha empeorado; porque los gobiernos poseen menos recursos debido a la caída de las exportaciones; y porque las sociedades mayoritariamente clasemedieras exigen un mejor funcionamiento de los servicios públicos y exteriorizan más su descontento.

Como apuntara en su día Steven Levitsky “el retroceso de la izquierda tiene dos causas principales. El primero es el desgaste natural después de haber gobernado por tres o cuatro periodos presidenciales… Después de tres periodos, los gobiernos pierden los reflejos políticos; se distancian de la gente, y muchas veces, crece la corrupción. Aun cuando no son muy corruptos (como en el caso de la Concertación en Chile), la gente se cansa. Tarde o temprano, el desgaste afecta a todos los gobiernos. Doce años (Argentina) o 13 años (Brasil) en el poder es mucho. Nada es permanente en la democracia. Nadie gobierna para siempre”.

Además del desgaste meramente político, existen otros factores estructurales vinculados al nuevo contexto regional e internacional en materia económica. “El segundo factor que debilita a la izquierda latinoamericana es el fin del boom de las materias primas. El boom se acabó, y algunas economías han caído en recesión. Las crisis económicas –

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serias en Brasil y Argentina, infernal en Venezuela–generan descontento. Y los electores descontentos no suelen reelegir a sus gobiernos”, concluye Levitsky.20 La existencia en América latina de unas administraciones públicas ineficaces e ineficientes a la hora de proveer de adecuados servicios a la ciudadanía está provocando la movilización y las protestas de esas clases medias y la caída de la popularidad de la mayoría de los presidentes. Se trata de un fenómeno que se viene dando en toda la región a lo largo de este decenio: en 2011 las clases medias salieron a las calles en Chile para reclamar mejor educación pública. En 2013 esos mismos sectores ocuparon las calles brasileñas pidiendo mejoras en el transporte público. Y en 2015 la corrupción movilizó a las clases medias guatemaltecas lo que desembocó en la caída del presidente Otto Pérez Molina. fuertes protestas sociales, lideradas por esas heterogéneas clases medias.

Los años del auge, junto a la disminución de la pobreza, vieron aparecer una amplia clase media: entre 70 y 95 millones de personas alcanzaron ese estatus entre 2003 y 2013. Pero se trata de una clase media muy heterogénea que, en su parte más baja, se encuentra muy expuesta al peligro de regresar al estrato social del que proceden. Sobre todo porque no existe un colchón protector y amplias coberturas sociales. El bajo crecimiento, de apenas el 1 o 2% promedio regional, no es suficiente para responder a las crecientes expectativas de la clase media, a la vez que pone en riesgo las importantes conquistas sociales logradas durante el periodo 2003-2013. Tampoco alcanza para reducir la pobreza con celeridad (de hecho ésta y la desigualdad han vuelto a aumentar) ni para crear el número de empleos de calidad que la región necesita. La OIT sostiene que 2017 fue el tercer año consecutivo en que aumentó el desempleo en la región (pasó de 7.9% en 2016 a 8.4% en 2017), totalizando 26.4 millones de personas que buscan empleo y no lo encuentran.21 Esas clases medias son las que sienten frustradas sus expectativas frente a unos gobiernos que se ven superados por la desafección hacia sus respectivas gestiones y por la falta de recursos para impulsar políticas públicas. Ludolfo Paramio señala que “lo que ha cambiado en la década pasada es que ha aparecido un tercer tipo de clase media, unas clases medias emergentes a partir de la pobreza. Paralelamente se han dado en algunos países fenómenos de polarización política, en los que las clases medias asentadas se han mostrado fuertemente hostiles a gobiernos que no amenazaban sus intereses inmediatos,

20 Steven Levitsky, “¿El fin del giro a la izquierda?” El Confidencial 7/4/2015 http://www.confidencial.com.ni/archivos/articulo/21384/iquest-el-fin-del-giro-a-la-izquierdan

21 OIT, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, 2017. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Perú, noviembre 2017 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_613957.pdf

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pero cuyas actuaciones eran percibidas como un riesgo para el mantenimiento futuro de su estatus”.22

Tendencias político-electorales en América latina (2017-2019) Desde una perspectiva regional comparada, los procesos electorales que se desarrollarán hasta 2019 presentan una serie de tendencias de alcance latinoamericano –más allá de las especificidades de cada nación-, producto, al menos en parte, de la coyuntura social y económica descrita: 1. La gran mayoría de estas elecciones se caracterizan por un alto grado de incertidumbre, no existiendo favoritos indiscutibles por lo que los resultados permanecen muy abiertos.

Desde finales de 2015 la mayoría de las elecciones latinoamericanas se deciden no solo en segunda vuelta (en aquellos países que la tienen regulada) sino con una mínima diferencia en el balotaje entre los dos candidatos que las disputan. Sin duda existen excepciones: por ejemplo en Nicaragua donde Daniel Ortega fue re-reelecto en 2016 alcanzando el 72% de los votos frente al de su principal rival del PLC que conquistó el 15%; o en la República Dominicana donde Danilo Medina (también reelecto) se impuso con una diferencia de 25 puntos sobre Luis Abinader. O un último y reciente caso, el de Sebastián Piñera quien superó a Alejandro Guillier por más de 9 puntos en el balotaje chileno de 2017.

Pero en el resto de comicios la incertidumbre previa se alargó incluso hasta el balotaje: así ocurrió cuando Mauricio Macri se impuso a Daniel Scioli por menos de 3 puntos (2015); Pedro Pablo Kuczynski a Keiko Fujimori por menos de un punto (2016); Lenín Moreno por poco más de dos puntos sobre Guillermo Lasso y en Honduras, Hernández aventajó en 1,5 puntos a Nasralla (ambas en 2017), cabiendo señalar que en los dos primeros casos además hubo reversión de resultado (es decir que quien ganó en la primera vuelta luego perdió en el balotaje).

País/Año Argentina 2015 Perú 2016

Resultados Mauricio Macri (51,3%) Daniel Scioli (48,6%) Pedro Pablo Kuczynski (50,12%) Keiko Fujimori (49,8)

Diferencia 2,7% 0,32%

22 Ludolfo Paramio, “Clases medias, política y democracia”. en Grynspan, Rebeca; Paramio, Ludolfo (coords.) Monográfico Clases medias en sociedades desiguales Pensamiento Iberoamericano, 2012 no.

10 p. 273-294.

17

Ecuador 2016

Honduras 2017

Lenín Moreno (51,16%) Guillermo Lasso (48,84%) Juan Orlando Hernández (42,9%) Salvador Nasralla (41,4%)

2,3%

1,5%

Fuente: Elaboración propia

Incluso otros procesos electorales no presidenciales se han saldado con resultados también muy ajustados: en el referéndum de reforma constitucional de 2016 en Bolivia, donde Evo Morales aspiraba a que se aprobara la posibilidad de concurrir a la reelección en 2019, ganó la opción negativa de forma muy ajustada (el "No" obtuvo el 51,3% frente al 48,7 del “Sí”). En Colombia el Plebiscito para ratificar los acuerdos de paz de La Habana de octubre de 2016 se saldó con el triunfo del “No” por medio punto, con el 50,2% frente al 49.7% que se decantó por el ‘Sí’.

Esta situación contrasta con lo ocurrido en el anterior rally electoral, 2011-2014, cuando la mayoría de los candidatos oficialistas no solo se imponían en primera vuelta (sobre todo en contextos de reelección) sino que aventajaban a los opositores ampliamente. El caso más significativo fue el de Argentina donde Cristina Kirchner, pese a venir de un mandato turbulento (huelga del campo, fallecimiento de Néstor Kirchner, derrota en las legislativas de 2009, crisis económica de 2009-2010) logró reelegirse en primera vuelta aventajando en casi 40 puntos a su rival. Hubo otros casos de victorias arrolladoras como la de Evo Morales en Bolivia quien en 2014 superó a su principal rival en más de 40 puntos; Rafael Correa en Ecuador tuvo una ventaja de más de 30 y Michelle Bachelet en Chile quien superó en más de 20 a Evelyn Matthei.

País/Año Argentina (2011) sin balotaje Guatemala 2011 (balotaje)

Venezuela 2012, sin balotaje México 2012, sin balotaje

Resultados balotaje Cristina Kirchner 54,1% 37,3% Hermes Binner 16,8% Otto Pérez Molina 7,5% 53,7% Manuel Baldizón 46,2% Hugo Chávez 55% 11,8% Henrique Capriles 44,3% Enrique Peña Nieto 6,7% 38,2% Andrés Manuel López Obrador 31,5%

Diferencia

18

República Dominicana 2012 (sin balotaje) Chile 2013 (en el balotaje) Honduras 2013 (sin balotaje)

Danilo Medina 51,2% 4,8% Hipólito Mejía 46,4% Michelle Bachelet 62,1% 24,1% Evelyn Matthei 37,8% Juan Orlando Hernández 8,1% 36,8% Xiomara Castro 28,7%

Ecuador 2013 (sin balotaje) Bolivia 2014 (sin balotaje) Uruguay 2014 (con balotaje) Paraguay 2014 (sin balotaje) Fuente: Elaboración propia

Rafael Correa 57,17% Guillermo Lasso 22,6%

34,5%

Evo Morales 61,3% Samuel Doria 24,2% Tabaré Vázquez 56,6% Alberto Lacalle Pou 43,3% Horacio Cartes 45,8% Efraín Alegre 37,1%

41,1% 13,3% 8,7%

Otras victorias fueron mucho más ajustadas como la de Ollanta Humala en Perú: aventajó en solo tres puntos a su rival -Keiko Fujimori- (51,55 frente a 48,45); o en Colombia la de Juan Manuel Santos sobre Óscar Iván Zuloaga (50,7% vs 45%) tras quedar segundo en la primera vuelta. En Brasil poco más de tres puntos separaron a Dilma Rousseff de Aecio Neves (51,6 a 48,3) en 2014 y en Venezuela en 2013 la diferencia entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles superó escasamente el 1,4% (50,6 a 49,12).

2. Como consecuencia del bajo nivel de popularidad de la mayoría de los actuales gobernantes, la tendencia predominante se inclina hacia la alternancia (como ha ocurrido en Chile), aunque con excepciones (Honduras).

Las elecciones que vienen celebrándose desde 2015 muestran un constante castigo a los oficialismos y una reducción en los niveles de apoyo hacia los presidentes y los diferentes gobiernos de la región.

Desde que el cambio de tendencia económica se hizo patente en América latina en 2013-2014, los oficialismos de la región (desgastados políticamente por amplios periodos en el poder, mal manejo en los referente a sus políticas públicas, los escándalos de la corrupción y por una menor capacidad financiera para desplegar políticas sociales y estrategias clientelares a causa de la bajada de ingresos fiscales) están sufriendo castigos electorales en las urnas. Un primer ejemplo de este proceso fueron las derrotas del kirchnerismo en Argentina o del chavismo en las legislativas,

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ambas en 2015. En el caso argentino, el kirchnerismo, tras 12 años en el poder, fue desalojado de la Casa Rosada. En el caso venezolano la oposición antichavista, reunida en torno a la Mesa de Unidad Democrática, lograba ganar en diciembre de 2015 por primera vez desde 1998 unas elecciones al chavismo y alcanzaba la mayoría de escaños en el legislativo. Las derrotas de los diferentes oficialismos han ido sucediéndose en el último bienio: en 2016, la opción defendida por Evo Morales en el referéndum de febrero (el “Sí” a una reforma constitucional que habilitaba su reelección) fue derrotada como lo fueron también el PT y Nueva Mayoría en las elecciones locales de Brasil y Chile así como el PRI en las mexicanas de 2016. Otro fuerte voto de castigo para un gobierno lo recibió Juan Manuel Santos que perdió en el plebiscito de octubre de 2016 en Colombia: diversas fueron las razones que confluyeron en la victoria del “No”, algunas de las cuales estaban vinculadas con el desgaste, rechazo y altos niveles impopularidad del presidente colombiano.

2016 trajo además el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, un opositor, en Perú, lo cual no hacía sino ratificar una tendencia histórica en el país andino donde los oficialismos nunca logran permanecer en la presidencia por dos periodos consecutivos desde la caída de Fujimori. Al igual que en Guatemala, en donde también se produjo el triunfo de un opositor (Jimmy Morales) en 2015.

Ya en 2017, en las elecciones chilenas, el oficialista Alejandro Guillier obtuvo el peor resultado de un oficialismo chileno desde 1989 en la primera vuelta y finalmente su coalición, Fuerza de Mayoría, perdió en el balotaje por más de 9 puntos frente a Chile Vamos de Sebastián Piñera. En esa segunda vuelta, Piñera se impuso de forma mucho más holgada de lo esperado al presidenciable oficialista quien se vio lastrado por su débil campaña y por el frío apoyo que recibió del Frente Amplio renuente a respaldar a los herederos de la Concertación.

Incluso, la victoria del oficialismo en Honduras (en unas elecciones muy irregulares que permitieron la reelección de Juan Orlando Hernández) en los comicios del 26 de noviembre escondía un voto de castigo para el gobernante en ejercicio pues el 57% de los votantes lo hicieron contra la reelección del mandatario. Hernández obtuvo el 42,9% de los votos y el resto fue a parar a partidos contrarios a la continuidad presidencial.

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Fuente: TSE de Honduras

3. La reelección, en sus diferentes variantes (alterna, continua e ilimitada), va a ser

una presencia constante a escala regional en el periodo electoral 2017-2019

América latina, región en la que la reelección era una opción minoritaria cuando se iniciaron las transiciones democráticas en la década de 1980, vivió una primera oleada de reformas favorables a la reelección inmediata en los años 90 impulsada por Alberto Fujimori en Perú (1993), Carlos Menem en Argentina (1994) y Fernando Henrique Cardoso en Brasil (1997). Una segunda marea de reformas continuistas se dio en la primera década de este siglo liderada por Hugo Chávez, quien pasó de promover la reelección inmediata en la constitución de 2000 a la indefinida tras el referéndum de 2009. Le seguirían después Álvaro Uribe en Colombia, Evo Morales en Bolivia y

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Rafael Correa en Ecuador. Ya en la actual década otros dos países se movieron en esa misma dirección. Nicaragua eliminó en 2014 (vía judicial) el impedimento constitucional que existía y pasó a permitir la reelección indefinida: en noviembre de 2016, Daniel Ortega fue reelegido por segunda vez consecutiva.

En Honduras, a inicios de 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicables los artículos de la Constitución que prohibían la reelección presidencial lo cual posibilitó que el presidente Juan Orlando Hernández aspirara y consiguiera su reelección consecutiva. También cabe citar otros ejemplos: el de Ecuador, país en el cual el expresidente Rafael Correa apoyó una reforma constitucional dirigida a permitir la reelección indefinida (la cual fue aprobada en 2015), si bien luego decidió no presentarse a la re-reelección en las elecciones de febrero de 2017. En la República Dominicana se reimplantó en 2015 la reelección inmediata, lo que le permitió al presidente Danilo Medina presentarse de nuevo en las elecciones de mayo de 2016 y ser reelegido. Por el contrario, en Paraguay, el presidente Horacio Cartes tuvo que renunciar a sus pretensiones continuistas en 2017 cuando las protestas ciudadanas contra la reelección echaron para atrás la reforma constitucional promovida por el oficialismo colorado y sus aliados opositores con el objetivo de permitir que Cartes concurriera en los comicios de 2018.23 El último ejemplo es el de Bolivia, en noviembre de 2017. Aunque la Constitución boliviana establece que un presidente no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos y pese a que Morales perdió un referéndum en febrero de 2016 en el que intentaba anular esa limitación, el Tribunal Constitucional Plurinacional de la nación andina emitió un fallo a favor de las intenciones continuistas del mandatario. El fallo declaró "inconstitucionales" los artículos de la ley electoral boliviana que limitaban la cantidad de periodos continuos a los que puede optar cualquier autoridad boliviana elegida por voto popular, establecido hasta entonces en dos.

Como resultado de todo este periodo de reformas, 14 de los 18 países de la región permiten la reelección, aunque con modalidades diversas: alterna (Chile, Uruguay, 23 Sobre la tendencia reeleccionista en América latina hay mucho escrito desde la academia, sobre todo desde la Ciencia Política. Ver, por ejemplo, capítulo IV tesis doctoral de Daniel Zovatto, “REFORMA POLÍTICO-ELECTORAL E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA TERCERA OLA DEMOCRÁTICA (1978-2009)”. UCM, 2013; También Mario D. Serrafero,. “LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL INDEFINIDA EN AMÉRICA LATINA”. Revista de Instituciones, Ideas y Mercados Nº 54 | Mayo 2011 | pp. 225-259; Daniela Campello y César Zucco, “Merit, Chance, and the International Determinants of Government Success” (12 de agosto de 2014); Javier Corrales, Javier, “The incumbent’s advantage in Latin America: larger than you think”, Vox Lacea, 2012.

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Panamá, Perú, Costa Rica y El Salvador); consecutiva (Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras y República Dominicana) e indefinida (Venezuela, Nicaragua y Ecuador).

Sólo México, Guatemala, Paraguay y Colombia no admiten ningún tipo de reelección.

En 2017 ha habido ejemplos de dos de las modalidades continuistas: la reelección consecutiva se ha producido en Honduras donde el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, triunfó en los comicios y se aseguró un segundo período. Esta senda va a tratar de ser continuada por Nicolás Maduro en Venezuela en 2018, candidato presidencial del chavismo, quien no tiene ningún tipo de impedimento constitucional para optar a ser reelecto sin límite de periodos. La reelección alterna, tras un periodo de ausencia, ha tenido lugar en Chile donde Sebastián Piñera, presidente entre 2010 y 2014, regresará en marzo de 2018 a La Moneda para el periodo 2018-2022.

La reelección (sobre todo bajo su modalidad consecutiva o indefinida) se ha transformado en una herramienta a la que están acudiendo numerosos dirigentes latinoamericanos debido a su alta eficacia para mantenerse en el poder. Por ello, todas las reformas pro reelección consecutiva o indefinida fueron hechas con nombre y apellido desde el poder y para beneficiar de forma directa e inmediata a su impulsor.

Desde 1978 a la fecha, sólo un presidente que modificó la Constitución para reelegirse no lo logró: Hipólito Mejía en la República Dominicana en 2004. La experiencia comparada regional de las últimas décadas evidencia asimismo el alto impacto de la reelección para mantenerse o regresar al poder. A la fecha, casi la mitad de los 10 presidentes latinoamericanos en funciones de América del Sur llegó al poder vía reelección: Tabaré Vázquez en Uruguay y Michelle Bachelet en Chile (modalidad alterna), Evo Morales en Bolivia y Juan Manuel Santos en Colombia (modalidad consecutiva).

Como señala Javier Corrales, “los candidatos que ocupan cargos públicos disfrutan de una ventaja distintiva sobre el resto porque pueden manipular las instituciones estatales, los recursos del estado y la opinión pública. Dado que la tenencia de la oficina estatal es la posición legal más poderosa que cualquier persona puede tener en un país dado, mientras más tiempo permanezca en el poder, más probable es que adquiera lealtades políticas. Con el tiempo, el presidente hace más citas en la burocracia, en los tribunales, en el ejército. Él o ella tiene mayores oportunidades de usar el presupuesto para ofrecer contratos y favores al sector privado, y puede expandir sus poderes dentro del partido gobernante, bloqueando el surgimiento de alternativas… a otra razón por la que los presidentes ganan tan grande en América Latina, en relación con los Estados Unidos, tiene que ver con la desunión de la oposición. Excepto por unos pocos casos, los partidos de la oposición en América Latina rara vez se unen para las próximas elecciones. Una oposición dividida trabaja para la ventaja del presidente: debilita la posibilidad de que los retadores ganen, y también conduce a una mayor diferencia de puntos para el ganador”.24 24 Javier Corrales, “The incumbent’s advantage in Latin America: larger than you think”, Vox Lacea, 2012.

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4. Si bien tanto en América del Sur como en América Central parecen imponerse en las preferencias los candidatos favorables a tomar medidas de corte liberal y pro mercado (como evidencian los casos de Piñera en Chile y Hernández en Honduras), también persiste un importante apoyo a candidatos de corte populista, sesgo nacionalista y proteccionista sobre todo en Brasil (con un radicalizado PT) y México (López Obrador).

El inicio del cambio de coyuntura política en 2015 (el “giro al centroderecha” en algunos países) vinculado a las transformaciones de coyuntura económica (la desaceleración) ha provocado que se extienda la idea de que el populismo se encuentra en decadencia o en retroceso en Latinoamérica. Hasta ahora las clases medias (más pragmáticas que ideologizadas y ubicadas mayoritariamente en el centro político) parecen estar decantándose por candidatos moderados de centroderecha, consolidando de esta manera el giro ideológico (“el giro al centroderecha”) que la región inició en esa dirección con la elección de Mauricio Macri o la victoria de la Mesa de Unidad Democrática en las legislativas de Venezuela y de Pedro Pablo Kuczynski. Lo iniciado en Argentina y Venezuela en 2015 y en Perú en 2016 recientemente se reconfirmó con la elección de Sebastián Piñera en Chile.

De todas formas, lo cierto es que, en la actual coyuntura, el giro hacia el centroderecha y el triunfo de candidatos que proponen medidas de corte liberalizante y aperturista convive con la emergencia de candidatos y figuras que defienden soluciones nacionalistas y proteccionistas.25 En México lidera las encuestas Andrés Manuel López Obrador históricamente crítico con las reformas liberalizantes implementadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Y en Brasil quien está al frente de los sondeos hasta ahora es Lula da Silva (a expensas de lo que ocurra con su candidatura en ámbitos judiciales) que sostiene un discurso reivindicativo de su figura y obra como gobernante (durante el período 2003-2010), un mensaje desafiante contra quienes sacaron del poder al PT y una propuesta contrarreformista con respecto a las medidas de reforma puestas en marcha por el gobierno de Michel Temer (2016-2018).

Por su parte, López Obrador ha dirigido sus ataques contra la clase política tradicional (“la mafia del poder” en sus propias palabras) y se ha mostrado enemigo de las medidas promercado del periodo Peña Nieto y de hecho, aspira a revertir en un referéndum la apertura a la iniciativa privada de Pemex, ha logrado construir un discurso muy 25 Informe de Llorente y Cuenca: “El nuevo populismo de América Latina, un movimiento más vivo que nunca“, 19 de septiembre del 2017

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atrayente para amplios sectores de la ciudadanía. Su campaña se sostiene en mensajes contrarios al “establishment”, en pro de un gobierno más transparente y con alto contenido nacionalista (clave en esta coyuntura en la que al otro lado de la frontera se encuentra Donald Trump quien sostiene una política ajena a los intereses de México). A López Obrador le favorece además el fuerte desgaste y descreimiento de la ciudadanía con respecto a los partidos tradicionales: el PAN gobernó doce años (2000-2012) y el PRI (que después de 70 años de gobiernos ininterrumpidos fue derrotado en el 2000 y regresó a los Pinos en el 2012), y ninguna de ambas experiencias lograron calmar los deseos de cambio de la población ni llevar a México a un crecimiento sostenido y elevado. Parecería, asimismo, que se ha instalado la creencia de que “ya le toca o es el momento de López Obrador (candidato que fue derrotado en 2006 y 2012 y que en ambas ocasiones denunció fraude)” y que ha llegado el tiempo de dar la oportunidad al único partido (Morena) que junto al PRD no ha gobernado México desde que en 2000 acabó la hegemonía priista.

En Brasil, frente a la continuidad del reformismo de Temer que supondría la victoria en las elecciones del PSDB, Lula da Silva ha sido, hasta la ratificación de su sentencia, la figura que encarnaba el rechazo a esas medidas: lucha por convertirse en candidato, aunque el peso de los escándalos que le rodean, sus múltiples causas y las implicaciones judiciales hacen cada vez mas difícil su participación en la campaña presidencial. Para algunos analistas, Lula se encuentra más cerca de entrar en la cárcel que de llegar a Planalto después de que el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), de la ciudad de Porto Alegre en segunda instancia ratificara, el pasado 24 de enero, por unanimidad, la condena contra Lula por corrupción y elevara la pena a 12 años frente a la de nueve años y medio dictada en primera instancia el pasado julio por el Juez Moro.

La condena puede llegar a frenar las aspiraciones de Lula si el Tribunal Superior Electoral (TSE) impugna su candidatura utilizando el mecanismo de “ficha limpia”.

Sin Lula da Silva en la carrera, el PT, en solitario o a través de alianzas con otras fuerzas de izquierda, planteará la campaña como una forma de reivindicación de Lula y su época de prosperidad y bonanza como contrapunto a los tiempos de recortes que encabeza Temer. No en vano cuando el expresidente ha salido a las calles para respaldar las protestas en contra de la actual administración la idea que ha dejado en el ambiente es precisamente esa, la de que sostiene la bandera antireformista, tal y como atestiguan sus propias palabras: "Queremos no solo la salida de Michel Temer, sino también frenar las reformas puestas en marcha por su Gobierno y que sea el pueblo quien elija en las urnas a su presidente”. El actual Lula da Silva difiere mucho del que fue presidente entre 2003 y 2010: predomina en él una actitud revanchista, reivindicativa y victimista lejos del pragmatismo que le caracterizó en su anterior etapa y que se plasmó en la “Carta a los brasileños” de 2002 en donde diseñó su imagen de reformista moderado y confiable para los mercados. Lula se presenta más que nunca como el candidato de los pobres que desafía el predominio de las “élites neoliberales” por haber provocado la caída de Rousseff y desalojado al PT. Sostiene que “en todos nuestros países ya

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derrotamos una vez el proyecto neoliberal y no tengo duda que seremos capaces de derrotarlo nuevamente".26 5. El bloque de países miembros del Alba, en el mejor de los casos, se mantendrá en el actual nivel de presencia, pero no se vislumbra un crecimiento vía electoral o nuevos adherentes al eje formado por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

La heterogénea izquierda latinoamericana fue predominante durante la primera década del siglo XXI, a lo largo del conocido “giro a la izquierda” (1998-2009), término unificador de una realidad muy diversa que escondía un centroizquierda reformista (Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, Ollanta Humala en Perú o Álvaro Colom en Guatemala) y un bloque adscrito al “socialismo del siglo XXI” (Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales) que obtuvo el apoyo de Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay) y los Kirchner en Argentina.

Pero desde la caída de Zelaya en 2009 (mediante golpe de estado) ese bloque ha venido perdiendo preponderancia regional de manera progresiva y permanente: el fallecimiento de Hugo Chávez (2013), la destitución de Fernando Lugo (2013), la caída de Dilma Rousseff via juicio político (2016) y la pérdida del poder del kirchnerismo (2015). Esa disminución convive con la fortaleza de algunos de los máximos exponentes del bolivarianismo: del correísmo en Ecuador (reelección de Correa en 2013 y de su heredero, Lenín Moreno en 2017 si bien hoy enfrentado con el primero) o del sandinismo orteguista en Nicaragua (reelección de Daniel Ortega en Nicaragua en 2016).27 La elección venezolana de 2018 ( aún sin fecha) y la boliviana de 2019 se transforman en citas claves para evaluar la fortaleza del “socialismo del siglo XXI” ya que estarán en juego la continuidad de Evo Morales en Bolivia y del chavismo en Venezuela. Sobre todo teniendo en cuenta el proceso de ruptura que está teniendo lugar en Ecuador entre 26 Algunas de sus últimas declaraciones reafirman el tono victimista, personalistas y autoreferencial: “El condenado no soy yo, es el pueblo brasileño (...). Todo lo que están haciendo es para que no sea candidato, pero lo voy a ser… Cuanto más me persiguen, más subo en sondeos”.

27 Sobre el giro a la izquierda se ha escrito abundantemente. Ver Ludolfo Paramio, “Giro a la izquierda y regreso del populismo”. NUSO. Septiembre - Octubre 2006; Soledad Stoessel, “Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI. Revisitando los debates académicos” Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

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Rafael Correa y Lenín Moreno. En efecto, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, impulsa una reforma constitucional vía referendum (que se llevará a cabo el 4 de febrero) cuya principal consecuencia, de ser aprobada la pregunta especifica sobre el tema, es cerrar de manera definitiva la posibilidad (via reelección) de un eventual regreso de Correa al poder en 2021.

Finalmente, en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente (controlada por el gobierno de Maduro) decidió adelantar las elecciones previstas para finales de 2018 a antes del 30 de abril y le ordenó al Consejo Supremo Electoral (también bajo control de Maduro) fijar fecha. Nicolás Maduro, por su parte, ya anunció su intención de ser el candidato del oficialismo y buscar su reelección. De esta manera el ejecutivo adelanta los comicios antes de que la situación económica marcada por la hiperinflación y la recesión entre en un callejón sin salida. El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación venezolana se disparará a 13.000% y proyecta que la economía venezolana se contraerá un 15% este año, lo que significa una disminución acumulada del Producto Bruto Interno (PBI) de casi el 50% desde el 2013. Además, el chavismo, adelantando elecciones, atrapa a la oposición a contrapié: desunida, con sus principales líderes (Henrique Capriles, Leopoldo López y Antonio Ledezma) inhabilitados y sin una estrategia común (se encuentran divididos entre presentarse a las elecciones o no concurrir). Por último, el régimen ha continuado con su estrategia de utilizar y forzar las leyes para obstaculizar la actuación opositora e irla dejando cada vez más arrinconada y con el margen de acción muy reducido. En ese sentido se inscribe la decisión del régimen de impedir que la coalición opositora pueda concurrir a los comicios.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral excluir a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de ir unida a los comicios por considerar que su participación contravendría la prohibición de doble militancia: la MUD está conformada por diversas organizaciones.

6. La mayoría de las elecciones en América latina se decide en segundas vueltas o con resultados muy ajustados en procesos marcados por una alta volatilidad y fragmentación del voto.

Las elecciones en Honduras y Chile de 2017 han sido, por razones diversas, un ejemplo de algunos de los rasgos que caracterizan la actual coyuntura política latinoamericana: resultados ajustados (como en el caso hondureño) o comicios que se deciden en segundas vueltas tras una primera cita donde predomina la alta fragmentación del voto (el caso chileno).

Los países donde está contemplada la realización de segundas vueltas (todos salvo México, Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela y Nicaragua) han celebrado, de forma mayoritaria, balotajes desde que en 2014 ganara Evo Morales en primera vuelta. Así se han decidido los comicios de 2015 en Guatemala y Argentina, de 2016 en Perú y en Ecuador y Chile en 2017, siendo la única excepción la República Dominicana en 2016.

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En este sentido, los resultados en Chile estuvieron marcados por el fraccionamiento del voto en primera vuelta con una fuerte disminución del respaldo a las dos coaliciones históricas preeminentes. Esas dos alianzas (Fuerza de Mayoría y Chile Vamos), que en 2013 reunieron, en primera vuelta, casi tres cuartos de los votos (más del 70%), sufrieron una marcada pérdida de respaldo en 2017 en cuya primera vuelta canalizaron escasamente un 59% de los sufragios.

Las dos fuerzas históricas, de centroderecha y centroizquierda, vieron emerger coaliciones y alternativas que les drenaron apoyos: a la izquierda surgió el Frente Amplio, que reunió el 20,2% de los sufragios, y a la derecha el candidato independiente José Antonio Kast que rozó el 8% de los sufragios. Esta mayor fragmentación del voto condujo a una segunda vuelta que en un primer momento se presentaba con bastante incertidumbre ya que ambas coaliciones llegaban empatadas en las encuestas de cara al balotaje.

Fuente: Servel

En ese balotaje, Sebastián Piñera (Chile Vamos, centroderecha) se impuso con mayor amplitud de lo esperado al candidato oficialista de centroizquierda: aventajó por más de nueve puntos a Alejandro Guillier, de Fuerza de Mayoría (la antigua Concertación y Nueva Mayoría) quien se vio lastrado por problemas de estrategia de campaña y por el frío apoyo que recibió del Frente Amplio, renuente a respaldar de forma plena y abierta a los herederos de la Concertación.

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Fuente: Servel Unos resultados los chilenos, sorprendentes tanto en su primera como en su segunda vuelta, que muestran los cambios que están aconteciendo en la sociedad desde un punto de vista generacional y grupal, los cuales inciden en el comportamiento electoral, tal y como señala Héctor Soto: “Para que la política chilena pueda sincerarse tendrá que hacer un ejercicio socrático de autoconocimiento, por decirlo así. Solo hace dos semanas la Nueva Mayoría terminó por comprobar que era minoría. El Frente Amplio se encontró con una votación muy superior a la que sus propias dirigencias esperaban. El gobierno, que durante cuatro semanas superó sus depresiones y llegó a convencerse de haberlo hecho magnífico, supo sin margen de dudas que el sentir de la gente no era tan distinto de lo que por años habían estado diciendo las encuestas. Y la derecha, que siempre confió en que iba a ganar, terminó encontrándose con la victoria varias semanas después de lo que pensó, y en proporciones que tampoco estaban en sus cálculos. El tipo de gente, de demandas y de pulsiones que haya detrás de estos cambios es lo que los partidos y el gobierno deberán tratar de identificar. Mientras no lo hagan, mejor que ni se muevan”.28 Honduras, donde la legislación electoral no contempla la celebración de balotajes, dio un ejemplo de dos tendencias político-electorales muy presentes en la actual coyuntura en América Latina: el reeleccionismo a como de lugar y los resultados ajustados. El presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, venció( tras un recuento polémico, accidentado e irregular y por un margen muy estrecho) a Salvador Nasralla, líder de la Alianza Opositora. Entre ambos hubo una diferencia de tan solo 1,5 puntos: 42,9% para Hernández frente al 41,4% para Nasralla.

Las elecciones en Costa Rica se perfilan como otro ejemplo de comicios que se deciden en segunda vuelta, en procesos marcados por una alta volatilidad y fragmentación del voto.

28 Héctor Soto, “Ejercicio de autoconocimiento”. La Tercera, 31 de diciembre de 2017

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El país centroamericano vivirá el tercer balotaje de su historia en 2018 (desde 1949 solo hubo en 2002 y 2014) en unos comicios en las que según las encuestas ninguno de los 13 candidatos superará el 20% y tres o cuatro se encuentran en empate técnico.

A lo largo de la campaña la intención de voto se ha caracterizado por el alto fraccionamiento ya que ningún candidato ha conseguido traspasar el 30% de la intención de voto en primera vuelta. Además, en seis meses, cuatro candidatos han experimentado fuertes e importantes cambios en su intención de voto: Juan Diego Castro ha pasado del 6 al 18%, Antonio Álvarez Desanti del 25 al 14%, Hernández del 1% al 8% y en enero emergió Fabricio Alvarado.

La volatilidad y la incertidumbre son dos de las principales características de esta campaña y el salto de Fabricio Alvarado refuerza esa característica pues tenía 3 puntos de intención de voto en diciembre y llegó al 17% a finales de enero.

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Todo ello conduce a una inevitable segunda vuelta y muy probablemente con resultado ajustado ya que el electorado se dividirá en dos partes muy similares entre favorables a un candidato “tradicional” y a otro “novedoso”. La campaña, como la anterior de 2014, está marcada también por la alta indecisión (que rondaba el 40% del electorado a medidos de 2017–cifra que ha bajado al actual 30%) lo cual provoca un balotaje muy abierto no exento de sorpresas.

Igualmente, en Colombia al hegemónico viejo bipartidismo (Liberales vs Conservadores) le sucedió desde 2002 la bipolaridad uribismo vs antiuribismo que a pesar de su heterogeneidad interna se concentraba en dos alternativa. En 2018 ese modelo ha saltado por los aires y lo que predomina es una fuerte fragmentación. Existe una profunda división en la izquierda junto a una también dividida –aunque en menor medida- derecha. A la derecha, el uribismo (Iván Duque), el pastranismo (Marta Lucía Ramírez) y Alejandro Ordóñez han alcanzado un acuerdo para, en consulta interpartidista del próximo 11 de marzo, escoger un candidato de unidad a la Presidencia. La otra fuerza de centroderecha es la que encabeza el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Las izquierdas acuden aún más fragmentadas. En ese sector, por lo menos habrá cinco candidaturas que cubren un amplio espectro: de centroizquierda (Humberto de la Calle del Partido Liberal con Clara López como su candidata a la Vice Presidencia y por el otro lado Sergio Fajardo, como líder de la Coalición Colombia) y de izquierda más radical (Gustavo Petro/Carlos Caicedo y “Timoshenko” de parte de las FARC ahora como partido político).

7. En la gran mayoría de los ocho procesos (de 2017 y 2018), el alto nivel de fragmentación de los partidos políticos y la irrupción de un mayor número de candidaturas independientes propiciará que los presidentes electos no cuenten con mayoría propia en el Congreso, lo que anticipa un periodo de compleja gobernabilidad.

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Los resultados ajustados y la fragmentación de voto en América Latina están provocando que buena parte de los presidentes no tengan mayoría propia en los legislativos lo que hace más compleja la gobernabilidad. Latinoamérica se está poblando de países con “gobiernos divididos” en los que el presidente no cuenta con respaldo suficiente en el legislativo.29 Cuando se da un caso de “gobierno dividido” en ocasiones puede degenerar en un choque de legitimidades entre un presidente electo por sufragio universal directo y una legislativo opositor al Jefe del Estado que también cuenta con una legitimidad surgida de las urnas. Así, el modelo presidencialista latinoamericano entra en colisión con unos parlamentos heterogéneos, fragmentados, sin mayorías claras y donde el mandatario no cuenta con apoyos suficientes.

Toda esta situación desemboca o bien en “choques institucional” como en Brasil (que acabó con la destitución de Dima Rousseff en 2016), en Perú (Pedro Pablo Kuczynski se salvó de ser destituido gracias al acuerdo con un sector del Fujimorismo que produjo el indulto de Alberto Fujimori) o en Venezuela (donde Nicolás Maduro, forzando los límites constitucionales, creó un organismo suprainstitucional, la Asamblea Constituyente, para anular a la opositora Asamblea Nacional).

Semejante pérdida de respaldo en el legislativo puede tener consecuencias muy graves para la gobernabilidad y la institucionalidad. Prueba de ello es caso brasileño en el que el “presidencialismo de coalición”, que dio estabilidad a los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y a Lula da Silva, saltó por los aires en la segunda presidencia de Dilma Rousseff. La crisis en la relación entre Rousseff y el PMDB, eje de la coalición oficialista, desencadenó un choque de poderes y una parte de la oposición y de exaliados del PT y de Rousseff impulsaron un juicio político contra la presidenta que acabó con ella fuera de Planalto y sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.

En otros países la débil presencia del ejecutivo en el legislativo se salda con la parálisis administrativa (Guatemala y Costa Rica) o con serias dificultades para impulsar las reformas (Argentina y El Salvador). Los ejemplos de esa tensión legislativo-ejecutivo abundan en la actual coyuntura y pueden degenerar en bloqueo legislativo como en la Guatemala de Jimmy Morales o en la Costa Rica de Luis Guillermo Solís. En este último caso, Solís fue electo en 2014 en segunda vuelta con el 77% de los votos pero su partido, el PAC, solo contaba con 13 de los 57 escaños (era, de hecho, la segunda minoría). El resultado ha sido una administración caracterizada por la parálisis institucional y legislativa así como la imposibilidad de encontrar consensos para solucionar el principal problema del país: un déficit fiscal que ronda el 6,2% del PIB y que de no ser abordado adecuadamente llegaría al 7.1% en 2018 y al 7.9% en el 2019.

29 Sobre los problemas institucionales en gobiernos divididos ver Manuel Alcántara Sáez y Francisco Sánchez, “LAS RELACIONES EJECUTIVO-LEGISLATIVO EN AMÉRICA LATINA: UN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE VETO - INSISTENCIA Y CONTROL POLÍTICO”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 112. Madrid, Abril-Junio 2001; y María Amparo Casar, “Quince años de gobiernos sin mayoría en el Congreso mexicano”. Política y gobierno. vol.20 no.2 México ene. 2013.

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En otros escenarios el problema no es de bloqueo sino de compleja gobernabilidad.

Mauricio Macri ha experimentado en carne propia lo difícil que es gobernar sin contar con mayoría en ambas cámaras. Para aprobar sus principales reformas (tanto las del bienio 2015-2016 como las iniciadas a finales de 2017) ha necesitado recabar el apoyo de los gobernadores y los legisladores opositores, del peronismo no kirchnerista, y enfrentar unas complejas negociaciones que finalmente le han permitido sacar adelante reformas como la previsional -no sin fuertes protestas en las calles lideradas por la izquierda radical y el kirchnerismo-. A la vez también se ha visto en la necesidad de posponer la reforma laboral por no contar con suficientes apoyos dentro y fuera del legislativo.

8. Los graves escándalos de corrupción que recorren la región (potenciados por los casos Lava Jato y Odebrecht), vinculados con la cuestión del financiamiento político, y los altos niveles de inseguridad ciudadana serán dos temas muy presentes en la casi totalidad de las campañas electorales. Las reformas económicas, de un matiz o de otro, necesarias para salir de la ralentización se convertirán en el tercer gran asunto en torno al cual giren las citas ante las urnas en este 2018.

La corrupción, y la preocupación por la falta de transparencia, es un tema central en todos los comicios y recorre la región entera como el último informe de Transparencia Internacional, de 2016, se encarga de evidenciar. Ahí se ve cómo el 62% de los latinoamericanos considera que la corrupción se ha incrementado en el último año, y solo un 10% cree que ha disminuido. Y según el Informe LAPOP en la mayoría de los países de la región (en 15 de los 18) más del 50% de los encuestados considera que todos los políticos están involucrados en corrupción:

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Por lo tanto, la corrupción ha golpeado a los gobiernos pero también a los partidos políticos. Ha decaído la confianza en los partidos políticos que nunca fue alta y ha bajado a mínimos de las últimas dos décadas. Según el Informe Latinobarómetro de 2017 los partidos son la instituciones en las que menos confía la población (solo lo hace un 15%). La prueba más clara de ese desprestigio creciente de los partidos ha tenido lugar en Colombia donde por primera vez en la historia hay más candidatos presidenciales que acceden a esa condición vía recolección de firmas que a través de partidos (8 han recogido firmas frente a 5 que está apoyados por partidos).

El escándalo Lava Jato ha puesto contra las cuerdas a numerosos gobiernos latinoamericanos como el de Pedro Pablo Kuczynski en Perú y ronda las gestiones de Juan Manuel Santos en Colombia y Danilo Medina en República Dominicana. Además, afecta, de una forma u otra, a las distintas campañas electorales, en especial en Brasil pero también en México y Colombia.30

30 Sobre cómo afectan los escándalos de corrupción a América latina y a los procesos electorales del periodo 2017-2019 ver Mélany Barragán, “¿Puede la corrupción tumbar un gobierno en América Latina?”. Política Exterior, 10 de enero de 2018

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El tema de Odebrecht se ha politizado y ha acabado siendo utilizado como arma partidista que ha debilitado a oficialismos como el de Kuczynski en Perú. En Brasil hay en torno a ochenta detenidos entre políticos y empresarios y el presidente, Michel Temer, y los exmandatarios Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva se han visto implicados.

En Ecuador, las investigaciones también han llegado al más alto nivel. El 13 de diciembre, el juez de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana condenó a seis años de prisión al número dos del gobierno de Rafael Correa y vicepresidente de Lenín Moreno, Jorge Glas, por recibir sobornos de Odebrecht. En Venezuela, la destituida fiscal Luisa Ortega publicó un video en el que el presidente de Odebrecht aseguraba haber entregado 35 millones de dólares a la campaña de Maduro en las elecciones de 2013. El ex candidato presidencial guatemalteco Manuel Baldizón fue detenido en Miami (EE.UU.), y está señalado por haber recibido al menos 3,6 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

Además del Lava Jato, otros escándalos inciden sobre los procesos electorales: por ejemplo en México con la corrupción vinculada al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto (el caso “casa blanca”). De hecho la decisión del PRI de elegir como candidato presidencial a José Antonio Meade, el ex secretario de estado de hacienda, responde a que se trata de una figura no solo atrayente para el votante de centroderecha sino sobre todo un político que no ha sido golpeado por la corrupción. Igualmente la desafección ciudadana hacia un sistema penetrado por la corrupción explica la permanencia de Andrés Manuel López Obrador al frente de las encuestas. El líder de Morena ha transformado la crítica al sistema y a lo que califica como “mafia del poder” (donde incluye a los partidos tradicionales, PRD, PAN y PRI) en el eje de su campaña. Como señala el analista político Leo Zuckermann, “el talón de Aquiles del PRI y su candidato presidencial es la corrupción. Se lo han ganado a pulso. Aunque Meade sea un político honesto que no se haya robado ni un quinto a lo largo de muchos años de servicio público en gobiernos del PAN y del PRI, lo que tiene indignado a la población es la manera de gobernar de muchos priistas que se han enriquecido abusando del poder. La triste realidad para Meade es que, al ser el candidato del PRI, carece de la credibilidad para convencer que resolverá esta terrible lacra”.31 En la campaña electoral para las presidenciales en Brasil el involucramiento en el escándalo Lava Jato afecta a todo el espectro político (desde el PMDB de Michel Temer al PSDB de Aecio Neves y Geraldo Alckmin pasando por el PT de Lula) lo que explica el auge en las encuestas de una figura emergente, ajena a los partidos tradicionales y crítica con el sistema, como Jair Bolsonaro. En ese sentido, el director de Datafolha, Mauro Paulino, explica el “fenómeno Bolsonaro” por su “marca emocional que el propio candidato alimentó al defender combatir la violencia con violencia y con su discurso moralizador que han sido comprados con mucha convicción”.

31 Leo Zuckermann, “La corrupción, el PRI y Meade”. Excelsior 9 de enero de 2018 http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2018/01/09/1212377

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Algo similar (el ascenso en las encuestas de candidatos anticorrupción) ocurre en Colombia: el involucramiento de los principales partidos y líderes con políticas clientelares y corrupción (la “mermelada” en lenguaje político colombiano) se encuentra detrás del ascenso de una figura de rasgos “macronistas” como Sergio Fajardo de Coalición Colombia, una alianza política transversal y heterogénea que reúne centristas, izquierdistas (Polo) y a los verdes. Su mensaje se fija en la lucha contra la corrupción y toda una forma de entender la cultura política colombiana: “Nosotros tenemos un problema ético: de la forma en la que se llega al poder, así se gobierna; los que pagan para llegar, llegan para robar. Un voto comprado es un robo asegurado. ¿Y cómo roban?

Con puestos y con tratos: mermelada. Nosotros hacemos una ruptura desde el comienzo, no pagamos un peso por un voto y hacemos una política diferente. Y eso nos da la oportunidad de llegar al poder y gobernar de una manera diferente. No tenemos que repartir el Estado en manos de particulares y podemos gobernar con transparencia”. De hecho, en el lanzamiento de la propuesta programática de Coalición Colombia (Alianza Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano), el primero de los puntos de su programa es la lucha contra la corrupción y el clientelismo y su sello distintivo la transparencia, el cumplimiento de las reglas de juego y la honestidad.

De igual forma incide el “caso cementazo” en la campaña para las presidenciales de Costa Rica.

En Honduras, golpeada durante la gestión de Juan Orlando Hernadez por el escándalo del Seguro Social, el principal referente opositor fue Salvador Nasralla también una figura ajena a los partidos tradicionales cuyo mensaje político estaba centrado en la condena a la reelección de Hernández y en la crítica a la corrupción (no en vano Nasralla en 2013 fundó el Partido Anti Corrupción).

Existe, por lo tanto, un caldo de cultivo que favorece la aparición y ascenso de candidatos independientes, antistablishment, outsiders antipolíticos que encuentran en las denuncias de corrupción la palanca que propicia su éxito político. Explotan con habilidad la desafección hacia los sistemas y partidos históricos, hacia la clase política tradicional y tratan de encauzar la frustración de expectativas con respecto a unas administraciones públicas ineficaces e ineficientes a la hora de poner en marcha estrategias para mejorar la calidad de los servicios en materias de salud, educación y transportes así como en seguridad ciudadana.

Se trata de candidatos y liderazgos aparecidos al margen de los partidos tradicionales: López Obrador encabeza Morena, fuerza nacida fuera del predominio del PRI, PAN y PRD; Juan Diego Castro va como candidato del PIN, partido marginal del sistema costarricense, lo mismo que Fabricio Alvarado de un fuerza circunscrita a los sectores evangélicos, el Partido Restauración Nacional que solo contaba con un diputado en 2014-2018; Jair Bolsonaro no pertenece al PSDB ni al PMDB o PT sino que se ha unido a una fuerza muy pequeña como el Partido Social Liberal: Salvador Nasralla creó en 2013 un nuevo partido –Anti Corrupción-; y el guatemalteco Jimmy Morales no

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pertenecía en 2015 a ninguna de las principales formaciones del momento sino que terminó encabezando el Frente de Convergencia Nacional (FCN).

Estos liderazgos pueden ser de antiguos miembros de partidos tradicionales (López Obrador –expriista y experredista- o Juan Diego Castro -exPLN) que en la actual coyuntura han roto con sus antiguas formaciones. Son candidatos, en extremo personalistas, que no están respaldados por aparatos partidistas ni cuentan con cuadros suficientes con experiencia a la hora de gobernar. Estos candidatos emergentes provienen, en ocasiones, de ámbitos mediáticos (Jimmy Morales era un actor, Salvador Nasralla un periodista deportivo y Juan Diego Castro aparecía en uno de los telenoticieros más importantes del país) y su mensaje político se resume en una apuesta por la polarización con respecto a la clases y partidos políticos tradicionales y un esfuerzo por sostener mensajes directos, simplificadores y centrados en una crítica global al sistema y a sus representantes a los que señalan como únicos responsables, culpables e integrantes de un sistema corrupto.

Junto a la corrupción, otros dos temas muy presentes históricamente entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, como la inseguridad ciudadana y la economía/desempleo, continuarán marcando el eje de los debates políticos. En este último punto existe una amplia coincidencia en todas las fuerzas políticas en torno a la necesidad de impulsar reformas. Pero en lo que no hay consenso es en torno a cuál debe ser el tenor de las mismas. En el caso chileno, por ejemplo, tanto Piñera como Guillier enarbolaban las banderas reformistas pero uno con tintes más liberalizantes (Piñera) y otro con propuestas más estatistas e intervencionistas (Guillier).

Un debate que, de una forma u otra, va a permear las elecciones mexicanas (López Obrador defendiendo la paralización de las reformas de la administración Pera Nieto y Meade apelando a continuarlas e incluso ampliarlas). De igual forma, en Brasil, Jair Bolsonaro desde la extrema derecha y un PT (con o sin Lula) más radicalizado por la izquierda buscarán encauzar el voto de rechazo a las reformas de Michel Temer, mientras que los candidatos del PSDB o del PMDB (ahora MDB) defenderán dar continuidad al plan de reformas que ha sostenido el gobierno.

La corrupción ha golpeado a los gobiernos pero también a los partidos políticos. Ha decaído la confianza en los partidos políticos que, a pesar de que nunca fue alto, ha bajado a mínimos de las últimas dos décadas. Según el Informe Latinobarómetro de 2017 los partidos son la instituciones en las que menos confía la población (solo lo hace un 15%). La prueba más clara de ese desprestigio creciente de los partidos ha tenido lugar en Colombia donde por primera vez en la historia hay más candidatos que acceden a esa condición vía recolección de firmas que a través de partidos (8 han recogido firmas frente a 5 que está apoyados por partidos).

9. En algunos procesos los niveles de abstención van a ser muy elevados sobre todo en Chile (como consecuencia de un cambio del sistema de votación que no

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ha incentivado la participación) y en Colombia (históricamente el país con uno de los niveles más altos de abstención de la región).

Chile ha vuelto a marcar tanto en la primera como en la segunda vuelta de la elecciones de 2017 un bajo nivel de participación.

El índice de votación en las elecciones ha declinado progresivamente desde hace 30 años en el país andino: en 2009 se puso fin a la inscripción voluntaria y comenzó la inscripción obligatoria con el objetivo de incentivar la participación, lo cual, en realidad, no ha acabado de cuajar. Desde 1989 a 2013, la participación electoral en Chile se redujo en casi en un 50%. Pasó de un nivel de voto del 84,2% en 1989 al 59,6% en 2009. Esta elección fue la última con inscripción voluntaria en los registros electorales y en las elecciones presidenciales de 2013, ya con registro obligatorio, para la primera vuelta, en noviembre de 2013, votó poco más del 49%. En la segunda vuelta, diciembre de ese mismo año, lo hizo una cifra todavía más reducida, de tan solo el 42%, quizá provocado, entre otras circunstancias, por el claro favoritismo de Michelle Bachelet.

La académica de la Universidad Complutense, Marisa Revilla, señala en un trabajo reciente sobre desafección política que “desde 1990, el sistema que se venía aplicando era el de inscripción voluntaria en el censo electoral y voto obligatorio para quienes estuvieran inscritos. Su aplicación venía produciendo dos efectos; por un lado, la ausencia en el censo electoral de un grupo amplio y creciente de población; por otro lado, el voto obligatorio no obstaculizaba el aumento paulatino de la abstención… se puede observar que, entre 1989 y 2009, el número de inscritos solo aumenta un poco más de setecientos mil, mientras que, en ese mismo periodo, la población en edad de votar aumenta más de tres millones seiscientas mil personas. El cálculo nos dice que, en 2010,“el 32% de los mayores de 18 años no estaba inscrito en los registros electorales”.32 En las elecciones de 2017 la abstención aumentó con respecto a 2013: fue superior al 50% tanto en primera vuelta (46,7% de participación) como en la segunda (49,02%) donde aumentó debido a la fuerte polarización que trajo la competencia entre Piñera y Guillier.

Por su parte, en Honduras el abstencionismo rondó el 51%. Pese a la diversificación de las alternativas (Frente Amplio y José Antonio Kast en Chile y la Alianza Opositora en Honduras) los niveles de abstencionismo siguieron siendo muy elevados y es muy posible que ocurra algo similar en otras elecciones latinoamericanas de este 2018. En Costa Rica se calcula un nivel de abstención que rondaría entre el 30 y el 40% cifra que

32 Marisa Revilla Blanco (UCM), “Elección Presidencial en Chile 2013: crónica de una victoria anunciada” en Wences, I.; Conde, R. (eds.)(2015): Cambio político, desafección y elecciones en América Latina. Madrid: CEPC

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en Colombia podría elevarse por encima del 50% ya que las elecciones colombianas siempre se sitúan entre las de mayor abstención:

10. Como efecto del final abrupto de la presidencia de Dilma Rousseff (2016) y de la conclusión del período de gobierno de Michelle Bachelet en Chile (2018), existe la posibilidad de que, por primera vez en muchos años, no haya ninguna presidenta mujer en América Latina a partir de abril de 2018.

En este periodo la región puede quedarse sin mujeres-presidentas lo cual contrasta con anteriores etapas donde llegó a haber hasta cuatro (en 2014 coincidieron aunque por breves meses Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff y Laura Chinchilla).

En los años 90 solo hubo dos presidentas en la región: Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua entre 1990 y 1996 y Mireya Moscoso en Panamá desde 1999. En la pasada década y en la actual los casos aumentaron y muchas de ellas llegaron a la Jefatura del Estado y no solo gracias al apellido de su esposo.

Michelle Bachelet se convirtió en la primera presidenta de Chile al ser elegida en 2006.

Anteriormente fue ministra de Salud y de Defensa y en 2013 fue también reelecta. En Argentina, Cristina Fernández Kirchner fue elegida por primera vez en 2007 y luego reelecta en 2011. Antes de ocupar el cargo fue diputada y senadora. Dilma Rousseff fue la primera mujer en convertirse en Presidenta de Brasil en 2011. Fue ministra de Energía y jefa del Gabinete Civil de la Presidencia durante el gobierno del presidente

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Luis Ignacio Lula Da Silva. En Costa Rica, Laura Chinchilla fue presidenta entre 2010 y 2014.

Si bien es cierto que en 2018 puede haber una América Latina sin presidentas, de todas formas, la presencia femenina continuará aunque no sea en cúspide de los estados. En primer lugar, habrá mujeres candidatas presidenciales (Margarita Zavala irá como independiente en México; Marta Lucía Ramírez aspira a serlo en Colombia y Marina Silva en Brasil). En segundo lugar, destaca la importancia que algunas figuras femeninas están alcanzando en el panorama político regional: en ese sentido sobresale la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que no solo encabeza la mayor y más importante provincia del país sino que su popularidad se ha convertido en un trampolín para futuras responsabilidades. En la República Dominicana, Margarita Cedeño es vicepresidenta desde 2012 y en Ecuador, tras la caída del vicepresidente Jorge Glas, su puesto ha sido ocupado por una mujer, María Alejandra Vicuña. En Perú, la excandidata Keiko Fujimori es la líder de la oposición y la 2 Vice Presidenta y Preidenta del Consejo de Ministros es una mujer: Mercedes Araoz.

En resumen Este super ciclo electoral tendrá lugar en un contexto regional complejo, caracterizado por un nivel bajo de crecimiento, con signos preocupantes de deterioro en materia de calidad institucional y de la integridad electoral, con un malestar y desafeccion ciudadanas en aumento y una gobernabilidad crecientemente compleja.

El resultado de esta maratón electoral 2017-2019 será determinante para definir las características, dirección e intensidad del cambio político que vivirá la región en los próximos años; proceso de cambio que tendrá un fuerte impacto no sólo en el interior de los países sino también en relación con el proceso de integración regional. Estas elecciones presidenciales cobran aún mayor relevancia dado que coincidirán con las legislativas de medio período de los Estados Unidos y con el anunciado relevo en abril de Raúl Castro de la presidencia del Consejo de Estado en Cuba. 2018 por primera vez desde 1959 no habrá un Castro al frente del país aunque el actual mandatario dejará la presidencia pero no el poder (seguirá controlando las FFAA y el Partido Comunista).

Pero, al mismo tiempo, este conjunto de elecciones serán clave para evaluar la calidad de la democracia y la integridad de estos procesos en América Latina, en n momento en que (según el reciente Indice de la Democracia elaborado por la Unidad dee Inteligencia de The Economist) la democracia en América Latina (al igual que todas las regiones del mundo) experimentan un deterioro en relación con la calidad de las mismas. En ese sentido, lo ocurrido en los irregulares comicios venezolanos del 2017 (para la ANC, para elegir gobernadores y para elegir alcaldes), asi como las tambien irregulares elecciones de Honduras del pasado mes de noviembre, y los comicios celebrados en Nicaragua son un llamado de atención sobre la salud de las democracias regionales, los bajos niveles de integridad de sus procesos electorales y la debilidad de sus instituciones.

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En efecto, las elecciones presidenciales de 2017 dejan una Honduras aún más fracturada y con la institucionalidad y gobernabilidad dañadas. De nuevo, como en 2009, el país se halla inmerso en una grave crisis política que desnuda su histórica y crónica debilidad institucional, los altos niveles de corrupción y la falta de un árbitro electoral respetado por todas las fuerzas políticas, competente, independiente e imparcial. Se ha asistido primero (entre 2015 y 2016) a una manipulación de las leyes e instituciones con el único objetivo de mantener en el poder al actual mandatario. Se trató de una muestra más, como en la Nicaragua de Daniel Ortega, del alto grado de captura y cooptación que sobre las instituciones ejercen algunos ejecutivos.

Los comicios hondureños demuestran que en las elecciones “lo que cuenta es la cuenta del que cuenta” y no basta una jornada electoral tranquila para considerar válida la cita ante las urnas. Es imprescindible también un proceso electoral justo y equilibrado; un escrutinio y transmisión de resultados transparente; y un poder electoral imparcial. De cara al futuro, esta grave crisis política que vive Honduras muestra la urgencia de acometer un amplio proceso de diálogo político dirigido a poner en marcha una profunda reforma política-institucional que incluya, entre otras medidas, cambios en las reglas electorales y un nuevo TSE profesional, despolitizado y despartidizado.

No está claro aún la fuerza que el populismo (en auge en otros escenarios como la UE y EEUU) tendrá en este conjunto de elecciones latinoamericanas. Respecto de este tema, existe un dato en extremo preocupante que arroja la ya citada encuesta de Lapop de 2017: el 40% de los ciudadanos de las Américas apoyaría un golpe de Estado para combatir los altos niveles de crimen y de corrupción. Sintomático en este sentido es la aparición de candidatos con importante tirón electoral, que reivindican modelos de corte autoritario (Bolsonaro en Brasil) o encabezan críticas tajantes y absolutas al modelo imperante (Juan Diego Castro en Costa Rica o López Obrador en México) Lo que sí pareciera estar claro es que las clases medias (más pragmáticas que ideologizadas y ubicadas mayoritariamente en el centro político) jugarán un papel clave en todas estas elecciones. La falta de correspondencia entre esa clase media -que mejoró su nivel de consumo, más empoderada, más conectada gracias a las redes sociales y más exigente respecto de sus demandas y expectativas- y los bajos niveles de crecimiento económico que aquejan a la región incidirá en la gran mayoría de las campañas electorales.

La tensión entre esta nueva agenda de clase media (cargada de ilusiones, demandas y expectativas) y el sentimiento de frustración y temor a perder lo alcanzado o a no poder seguir consumiendo y progresando al mismo ritmo de los últimos años, aunado a la insatisfacción por la baja calidad de los servicios públicos, las altas tasas de inseguridad ciudadana y los graves escándalos de corrupción están alimentando un estado de malestar generalizado y una falta de confianza hacia las élites (políticas, empresariales y sindicales) que sin duda tendrán un fuerte impacto en los resultados de la mayoría de los procesos que forman parte del súper ciclo electoral.

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Como bien escribe Moisés Naím acerca de la clase media (a la que califica como el “huracán político” que está cambiando el mundo), si bien las consecuencias políticas de su comportamiento electoral son imprevisibles, lo que sí está claro es que el rechazo al “más de lo mismo” hace inevitable la irrupción de procesos de reacomodamiento políticos hasta hace poco inimaginables.

Brexit, Trump y Macron son tres ejemplos de este fenómeno a nivel global. Todo pareciera indicar que en el marco de la maratón electoral que América latina vivirá durante 2018 y 2019, en la región podrían llegar a darse reacomodamientos políticos de similar intensidad.