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TERCERA PARTE LA INVESTIGACIÓN FALSIFICADA, LAS LÍNEAS ROJAS, LA CAMPAÑA SUCIA La investigación judicial más importante de la historia reciente de México, la que debió ser realizada de la forma más honesta y profesional, fue convertida en un engaño tan grande como torpemente ejecutado. Un engaño en el que se acrecienta la importancia de lo que se quiere ocultar: las líneas rojas que las autoridades han defendido como las murallas de un convento medieval.
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onociendo que hay interés de generar desconocimiento, o el querer involucrar a nuestro Ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala, el gobierno de la República rechaza categóricamente los señalamientos. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 14 de enero de 2015. Debemos ser claros de lo que ahí sucedió, ya que esto fue obra de la delincuencia organizada y de las autoridades municipales. La Federación ha actuado conforme al marco jurídi-
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co vigente y ha hecho su mayor esfuerzo para que este delito no quede impune. Reitero: quien falló fue la autoridad municipal infiltrada, éste es el nivel que corresponde a tales hechos. Almirante secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz, 10 de diciembre de 2014. Lo lamentamos mucho, es muy lamentable y lo sentimos como todos. Pero querer involucrar al Ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave. General secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, 5 de octubre de 2015. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban de omisión, las mismitas. No hay una sola evidencia, una sola, de la participación del Ejército; ni siquiera había un grupo razonable. Procurador general de la República Jesús Murillo Karam, 27 de enero de 2015. La fecha clave era el 9 de noviembre de 2014: a pesar de la enorme crisis política y social abierta por los crímenes de la noche de Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto decidió sostener un programa de viaje a China, en visita de Estado, y a Australia para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Desde el inicio de su gobierno en diciembre de 2012, se propuso proyectar la imagen de exitoso reformista, lo que se reflejó en elogiosas portadas de medios internacionales, y ahora no necesitaba que algún mandatario extranjero le intentara dar lecciones de derechos humanos o Estado de derecho. Su posición estaba debilitada, además, porque, en una maniobra de control de daños, su gobierno había cancelado el 6 de noviembre, subrepticiamente, un contrato de 3 mil 750 millones de dólares para construir un tren de alta velocidad que uniera las ciudades de México y Querétaro, asignado con ventajas a un consorcio en el que participaba Juan Armando Hinojosa, un contratista beneficiado con numerosas asignaciones públicas por Peña Nieto desde que era gobernador del Estado
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de México. La unidad de investigación dirigida por Daniel Lizárraga, del equipo de la periodista Carmen Aristegui, había descubierto que el presidente y su mujer vivían y pronto serían dueños de una mansión de 7 millones de dólares que era propiedad de Hinojosa. Para limitar el impacto de la revelación, se pensó necesario parar el ferrocarril. El problema era que el socio más importante de Hinojosa en este asunto era la China Railway Construction Corporation, un enorme consorcio cuyas acciones sufrieron una caída inmediata de casi 6% en la bolsa de Hong Kong, y que en Beijing hubo cólera por el “descarrilamiento” de un proyecto que era presumido como “el reconocimiento global de la tecnología ferroviaria china”.1 El caso de los 43 desaparecidos resultaba muy incómodo para Peña Nieto, quien desde el principio trató de desentenderse de él. Había ocurrido en un municipio y en un estado que se encontraban bajo el gobierno formal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre el que pareció fácil concentrar la culpabilidad. En su primera reacción significativa, el 30 de septiembre, Peña Nieto declaró que “el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”,2 de manera que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, del PRD, debía hacerse cargo. La jugada tuvo corta vida: no había duda de que se trataba de actos del crimen organizado, lo que colocaba el asunto bajo la jurisdicción federal. La opinión pública no perdonaba a Aguirre Rivero, a quien se cree cómplice y beneficiario del imperio delincuencial de Iguala, ni al alcalde José Luis Abarca y su esposa, a quienes se permitió escapar de la ciudad y hallar escondite. Pero el impacto emocional en la sociedad crecía y contrastaba con la distancia que mostraba el presidente, lo que fue enfocando la indignación en su persona. El 18 de octubre, la PGR atrajo el asunto. Y Ángel Aguirre, quien era gobernador de Guerrero por segunda vez (primero lo fue por el PRI, de 1996 a 1999, en reemplazo de Rubén Figueroa Alcocer, quien renunció al puesto por la matanza de Aguas Blancas), abandonó su resistencia y dejó el puesto el 23 de octubre, a cambio de no ser investigado por su relación con el imperio criminal de Iguala (repitiendo el camino de Figueroa Alcocer). La responsabilidad quedó sobre quien dijo que no era asunto suyo: Peña Nieto.
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La estrategia de la PGR no fue seguir todas las posibles rutas indagatorias, llegaran a donde llegaren, sino quitarle el problema de encima al presidente, que se preparaba para su gira por el Pacífico. En sólo cuatro días, el 22, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ya había llegado a lo que llamó “línea única de investigación”3: el cártel de Los Rojos había infiltrado a los normalistas y los quiso utilizar para sabotear el evento de la esposa del alcalde José Luis Abarca o para invadir el territorio de su rival, Guerreros Unidos. En apenas dos semanas, la PGR fue capaz de identificar a los supuestos victimarios de los estudiantes, ubicar un basurero donde habrían asesinado e incinerado a los 43 desaparecidos, llegar al sitio al que habrían arrojado sus restos y hallar una parte de ellos (en el río San Juan Cocula; el 6 de diciembre, un laboratorio identificó un fragmento óseo, que se dijo que fue encontrado ahí, como perteneciente al alumno desaparecido Alexander Mora Venancio), e incluso detener al matrimonio Abarca, que se hallaba prófugo. En ese tiempo, conformó una versión de los hechos que debía ser irrefutable y definitiva. Al momento de preguntarse cómo fue que esta administración permitió que el caso se saliera de control de una forma tan abrumadora, y por qué se comprometió tan pronta y profundamente con una hipótesis improvisada y carente de respaldos materiales y testimoniales sólidos, habrá que considerar que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tuvo que apresurarse a salir por la tarde del 7 de noviembre, 36 horas antes de la partida de Peña Nieto, a presentar una teoría prácticamente final4 de lo que había ocurrido en uno de los casos más complejos y dolorosos que ha enfrentado México en su historia reciente. Su conferencia de prensa fue un desastre televisado. Murillo Karam no convenció y, además, le dio munición a la rabia al acuñar sin querer una máxima brevísima que se convirtió en un hashtag exitoso, duradero y autorreplicable: “Ya me cansé”,5 dijo al descartar preguntas. Convertida en #YaMeCansé, y después en #YaMeCansé2, #YaMeCansé8, #YaMeCansé15 y más (como forma de evadir el asedio de los bots o falsos usuarios con los que se montaron campañas para “bajar” la etiqueta de las tendencias mundiales de Twitter), la prosa mínima de
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Murillo Karam vehiculó durante meses las expresiones de hartazgo de la sociedad mexicana con Peña Nieto y sus funcionarios: el #YaMeCansé se extendió en diversos tonos, de la calle a los salones palaciegos, de las guitarras del Metro a los conciertos multitudinarios. Los mensajes en redes sociales empezaban con #YaMeCansé y seguían con “de su ineptitud y cinismo”, “de tenerles miedo a los que dicen que nos protegen”, “de que el gobierno sea parte del crimen organizado”, “de que el presidente no dé la cara y huya al extranjero”. Monero Rapé, un caricaturista, dibujó al país como un hoyo lleno de esqueletos: #YaMeCansé “de vivir en una narcofosa”. El #YaMeCansé animó también manifestaciones que se hicieron progresivamente más frecuentes y de mayor alcance en numerosas ciudades del país. Empezando con el “uno, dos, tres” y continuando pausadamente con cada número en reclamo de los desaparecidos, hasta terminar en “cuarentaiuno, cuarentaidós, cuarentaitrés, ¡justicia!”, se acuñó lo que debe ser la consigna más larga en la memoria de las protestas sociales, repetida en todo el mundo en las que fueron llamadas Acciones Globales por Ayotzinapa. Grupos de artistas lanzaron iniciativas para darle representación plástica a la exigencia de justicia; compañías de teatro y danza improvisaron escenarios al aire libre para amplificar el mensaje, y salas y cabarets, como El Vicio, se abrieron gratuitamente para albergar sus espectáculos; diversos músicos, entre ellos Botellita de Jerez y Fernando Rivera Calderón, compusieron piezas reflexivas y dolorosas; Michelle Solano convocó a decenas de cantantes para refrasear con su angustia el himno nacional: “¿Cómo vamos a explicar tanta sangre derramada, cuando pregunten; a los desaparecidos, la libertad de los asesinos, la absolución de los genocidas?; Mexicanos, mexicanas al grito de guerra, pero no hay guerra, la muerte aquí es legal”; cineastas realizaron documentales independientes, como Un día en Ayotzinapa, de Rafael Rangel; Ayotzinapa: crónica de un crimen de Estado, de Xavier Robles; y Mirar morir. El Ejército en la noche de Iguala, de Coizta Grecko;6 en Nueva York, la artista plástica mexicana Andrea Arroyo reunió a más de 300 creadores del mundo que realizaron piezas para su “Tributo a los desaparecidos”.
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El 20 de noviembre de 2014 –el mismo día en que el general con mando directo en la noche de Iguala recibía un importante ascenso–, las protestas alcanzaron un clímax en lo que puede haber sido la mayor concentración ciudadana (no corporativa ni institucional, y seguramente la más diversa) de protesta en la historia reciente de México, con la confluencia de cuatro grandes marchas en el Zócalo de la capital nacional, una plaza de 57 mil metros cuadrados.
LA DESAPARICIÓN NO ES DEFINITIVA COMO LA MUERTE Esto ocurría en un país que en este milenio se ha ido acostumbrando a las tragedias, cada una más grave que la anterior pero menos brutal que la siguiente. Mortandades y matanzas se habían sucedido sin cobrarle una factura fatal a la élite, incluido un incendio provocado para asegurar la impunidad de un grupo político priista, que se extendió a la vecina Guardería ABC y mató a 49 bebés, en Hermosillo, Sonora, y en el que las condenas fueron limitadas al personal operativo, en tanto que los posibles autores intelectuales ni siquiera fueron investigados.7 Pasó sin provocarles zozobra, como podrían haber pasado también los crímenes de Iguala. Existían, sin embargo, varias diferencias fundamentales: la desaparición no es definitiva, como la muerte, y conlleva la posibilidad de reversión, el sentimiento poderoso de querer cambiar el destino y la urgencia de actuar de inmediato; las víctimas eran estudiantes pobres de la sierra, muchos de ellos indígenas, con los que la nación tiene una deuda que no ha querido pagar; los crímenes no habían sido cometidos en la clandestinidad por un grupo desconocido, sino en el centro bullicioso de una ciudad por la policía, a lo largo de horas y bajo la mirada del Ejército; y los alumnos de Ayotzinapa son un grupo organizado, activo, aguerrido y largamente vinculado en redes a otros similares, lo que le concede una importante capacidad de convocatoria y movilización. Aunque están ubicados en la margen de izquierda radical del espectro político, la gravedad de la afrenta y la magnitud de
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la indignación les permitió superar, de manera natural, el aislamiento discursivo y práctico; eslóganes y consignas que eran considerados propios de alas extremistas, empezaron a ser coreados y cantados por otros sectores, desde movimientos sindicales hasta contingentes de costureras indígenas y estudiantes de escuelas privadas: “No has muerto, camarada, tu muerte será vengada; vestido de verde olivo, políticamente vivo; cuidado con Guerrero, estado guerrillero”. La mira de los indignados se elevó hasta expresar su reproche y su objetivo con bronca sonoridad en una gran inscripción sobre la plancha del Zócalo, realizada por el grupo de ilustradores Rexiste: “Fue el Estado”. Ese 20 de noviembre, un gigante de papel, que representaba al presidente de la República, fue encendido en llamas en el corazón cívico de México. Maltratado por los chinos y regañado en Australia, y frente a denuncias de las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional de que México había entrado en una grave crisis de derechos humanos, Peña Nieto regresó el 16 de noviembre a encontrar un país en barruntos de insurgencia cívica. “Aspiro”, advirtió, “a que no lleguemos a este extremo de hacer uso de la fuerza pública”.8 Grupos de provocadores daban pie a la intervención de la policía antimotines, que no atacaba a quienes causaban disturbios, sino a los manifestantes pacíficos, y agentes de civil hostigaban y detenían legal e ilegalmente a activistas, que después recibían el tratamiento de criminales peligrosos y eran enviados a lejanos penales de alta seguridad. En un intento de mostrar sensibilidad y liderazgo, Peña Nieto envió un mensaje a la nación, el 27 de noviembre, en el que aseguró escuchar y sumarse “al clamor ciudadano que exige justicia” y que “el grito de ‘todos somos Ayotzinapa’ es un llamado a seguir transformando a México”. Si esto significa que había un debate interno entre los hombres de Peña Nieto, o que consideraron la posibilidad de reconducir la investigación de una manera seria y profesional, no hay constancia de ello. Prevaleció la línea de apegarse a la versión que Murillo Karam bosquejó el 7 de noviembre, confirmó en otra conferencia de prensa el 7 de diciembre e intentó grabar en piedra en una más, el 27 de enero de 2015, con la actitud terminante y severa de un
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juez harto de perder el tiempo con tonterías: “Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”.9 El 4 de diciembre, al dejar atrás la actitud de compasión, el presidente pidió que “superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia delante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno”. Así surgió otro hashtag, que con amargura denunciaba la ofensa: #YaSupérenlo. Después de la rueda de prensa de Murillo Karam del 27 de enero, Peña Nieto quiso contribuir a cerrar la crisis de los desaparecidos con un remate: “No debemos quedar atrapados en este triste instante de nuestra historia”, pues “lo peor que nos puede suceder es que seamos una sociedad que extrañe su pasado, que lamente su presente y que llore su futuro”. En esas semanas, los padres y las madres de los 43 desaparecidos se presentaron varias veces frente a las puertas del cuartel del 27 Batallón en demanda de que les permitieran entrar: querían buscar ahí las pistas de sus hijos, revisar las celdas o un supuesto crematorio clandestino, y tuvieron enfrentamientos con unidades militares dotadas de equipo antimotines, dispuestas a impedir su ingreso.
EL DERRUMBE DE LA VERDAD HISTÓRICA Las acciones del gobierno federal perfilan los objetivos que se impuso al verse obligado a asumir el caso y reconfigurar su estrategia: proteger la figura del presidente y, con él, la de la administración federal; mantener a las fuerzas armadas a salvo de todo cuestionamiento; proteger a figuras poderosas o influyentes que forman parte de la red de complicidades que incluye a Iguala; y evitar que se indague o debata la multimillonaria industria de la heroína y los opiáceos. Así se definió una ruta estratégica: ubicar las cosas en el nivel más bajo posible, estableciendo un cortafuegos o cinturón sanitario alrededor de Iguala, necesario para impedir que se presentara una epidemia de responsabilidades que pudiera alcanzar
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a funcionarios más elevados en jerarquía, y regiones más alejadas geográficamente. Los implicados, desde la narrativa gubernamental, no eran más que policías municipales, criminales municipales y políticos municipales de la región inmediata. Los personajes más influyentes de la administración federal se empeñaron en convencer mediante la repetición. Los periodistas e investigadores que apuntaron arriba de la línea oficial fueron reprendidos, y sus motivos, calificados de espurios, peligrosos o vacuos. Los altos jefes militares, que constitucionalmente deben mantenerse neutrales y evitar la política, realizaron numerosas intervenciones públicas en las que criticaron a “personas y grupos cuyos intereses nocivos son lastimar a las fuerzas armadas” (general Cienfuegos, 7 de diciembre de 2014) y pidieron a los mexicanos “reprobar las acciones de quienes, lejos de expresar su legítimo derecho a expresarse, generan violencia y destrucción” (almirante Soberón, 24 de noviembre de 2014). Y en Iguala todo cambió para permanecer igual: si la capital de la amapola hubiera dejado de funcionar como centro de acopio y envío de heroína, esto habría causado pérdidas multimillonarias con una importante caída en el contrabando de opiáceos a Estados Unidos. Pero las autoridades estadunidenses indican lo contrario: la tendencia a la alza de la entrada de heroína mexicana no se ha moderado.10 La magnitud del escándalo y la desconfianza hacia la investigación oficial tuvieron efectos inmediatos a nivel internacional. Por coincidencia, el mismo 26 de septiembre de 2014, víctimas de la violencia en Guerrero (entre ellos Sofía Mendoza, la viuda de Arturo Hernández Cardona, el líder cuyo asesinato por José Luis Abarca no fue investigado por la PGR) y sus abogados se encontraban en Washington, D.C., exponiendo sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una entidad de la Organización de Estados Americanos. Una semana después, el 3 de octubre, el organismo dio a conocer una resolución de medidas cautelares que le daba al gobierno mexicano un plazo de 10 días para “determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes” y “proteger la vida y la integridad de los heridos”:11 mientras Peña Nieto seguía insistiendo en que era un asunto de competencia estatal, ya empezaba a ocuparse el sistema internacional.
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La presión sobre Peña Nieto se incrementó, hasta que el 12 de noviembre de 2014 su gobierno aceptó formalmente la integración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para realizar una “verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” sobre “búsqueda en vida de las personas desaparecidas”, “líneas de investigación para determinar responsabilidades penales” y un “plan de atención integral a las víctimas”. Los nombres de los cinco integrantes del grupo fueron valorados y aceptados por la CIDH y el gobierno mexicano el 16 de enero de 2015, con el compromiso de este último de darles pleno acceso a los expedientes y causas penales y a la información gubernamental, recursos y medios para realizar su trabajo, así como la seguridad necesaria, con inmunidad legal.12 Sus miembros son: el español Carlos Beristáin, experto en atención integral a víctimas; la colombiana Ángela Buitrago, especialista en desapariciones y asesinatos políticos; el chileno Francisco Cox Vial, abogado que trabajó en el proceso de extradición de Augusto Pinochet; la guatemalteca Claudia Paz y Paz, exfiscal general de su país, destacada en investigación de crimen organizado; y el colombiano Alejandro Valencia, experto en derechos humanos que colaboró en comisiones de la verdad de Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.13 La “verdad histórica” de la PGR no fue nunca aceptada por los padres y madres de los desaparecidos, por los estudiantes de Ayotzinapa ni por los movimientos que los acompañaban. Durante meses el gobierno evadió sus críticas, descalificó las que hacían organizaciones civiles nacionales e internacionales e ignoró las evidencias periodísticas sobre la presencia e intervención de las fuerzas federales y el Ejército en la noche de Iguala, sobre las inconsistencias de su versión del supuesto destino de los 43 y sobre la persistencia del dominio criminal en Iguala. Al paso del tiempo, para un gobierno envuelto en escándalos y a cuatro meses de unas elecciones legislativas federales, se hizo demasiado costoso sostener en la PGR a Murillo Karam, quien fracasó en su intento de cerrar el caso y desactivar el descontento. Renunció el 27 de febrero y su nombramiento como embajador en Portugal, que debía compensarlo, fue tan difícil de defender que no llegó al trámite de ratificación en el Senado. Lo reemplazó en la PGR la senadora del PRI Arely Gómez.
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Casi 16 semanas después del acuerdo de su creación, el GIEI llegó a México el 2 de marzo de 2015, con un primer mandato de seis meses. El 29 de junio, en un informe preliminar, reconoció la colaboración gubernamental en general pero con la queja de que llevaba tres meses esperando, sin respuesta, que le permitieran entrevistar a los militares que fueron testigos de lo ocurrido en la noche de Iguala.14 El 23 de julio la Oficina Especial para el Caso Iguala, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer un documento sobre el estado de la investigación que revela numerosas omisiones e inconsistencias en los trabajos de la PGR y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Varias de ellas indican que estos organismos ni siquiera realizaron procedimientos elementales, como elaborar las fichas de identificación de los 43 desaparecidos, con datos básicos como edad y características físicas, o establecer si los restos óseos encontrados pertenecen al género humano o a alguna otra especie.15 En un segundo reporte parcial, del 17 de agosto, el GIEI denunció que le seguían impidiendo entrevistar a los militares mediante la imposición de condiciones inaceptables para hacerlo.16 Presentó Ayotzinapa I, el informe de ese primer mandato, el 6 de septiembre. En 560 páginas desmontó la investigación de la PGR y sus conclusiones: entre los normalistas no había criminales; no se pensó que iban a sabotear el acto de la esposa del alcalde porque ya había terminado; fueron seguidos desde que salieron de Ayotzinapa, por lo que no había dudas de quiénes eran ni de qué estaban haciendo; fueron atacados, matados y secuestrados frente a miembros de corporaciones estatales y federales y del Ejército; algunos fueron probablemente llevados a Huitzuco por policías de ese municipio; no fueron incinerados en el basurero de Cocula; y es improbable que los restos, incluido el fragmento óseo de Alexander Mora, hubieran sido hallados donde se indicó, en el río San Juan Cocula. Además, las diligencias de la PGR fueron realizadas con procedimientos erróneos, por personal no capacitado, y sus conclusiones fueron obtenidas a partir de confesiones de personas que posiblemente fueron torturadas, y sin apoyo de evidencias sólidas17 (el gobierno aceptaría un segundo mandato del GIEI, que produjo el informe Ayotzinapa II, en abril de 2016).
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Veinte días después, tras un ayuno de 43 horas, las madres y los padres de los desaparecidos marcarían el primer aniversario de la noche de Iguala con otra Acción Global por Ayotzinapa, sin conocer el destino de sus hijos y con una sola certeza: durante 12 meses el gobierno había tratado de engañarlos.
1 “México: el tren bala, la mansión presidencial y el enojo de China”. Reportaje de María Elena Navas, BBC Mundo, 11/nov/2014. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141111_mexico_china_reaccion_cancelacion_tren_men 2 “Exige Peña a Aguirre asumir responsabilidad por hechos en Iguala”. Nota de Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 30/sep/2014. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/30/lamenta-pena-hechos-violentos-en-guerrero-gobierno-coadyuvara-en-indagatoria-pena-6991.html 3 “PGR: edil y esposa, responsables de desaparición de normalistas”. Nota de Doris Gómora, El Universal, 22/oct/2014. http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/alcalde-y-esposa-ordenaron-represion-contra-estudiantes-pgr-1048196.html 4 “Palabras del procurador Jesús Murillo Karam, durante conferencia sobre desaparecidos de Ayotzinapa”. Transcripción de La Jornada. 7/nov/2014. http://www. jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/07/intervencion-del-procurador-de-la-republica-jesus-murillo-karam-durante-la-conferencia-de-prensa-para-exponer-el-caso-de-los-estudiantes-de-ayotzinapa-4374.html 5 Fragmento de la conferencia del 7 de noviembre de 2014 en un video de YouTube. https://youtu.be/SRqQm-6dAA0 6 Tráileres de Un día en Ayotzinapa, https://www.youtube.com/watch?v=cGS2CAsD1ME; Ayotzinapa. Crónica de un crimen de Estado, https://www.youtube.com/watch?v=8Qli9Z38Cr8; y Mirar morir. El Ejército en la noche de Iguala, https://www. youtube.com/watch?v=eQolfFfKWjU 7 Recopilación de artículos sobre la Guardería ABC en Aristegui Noticias. http://aristeguinoticias.com/tag/guarderia-abc/ 8 “Espero no lleguemos al extremo de usar fuerza pública: EPN”. Nota de agencias, 16/nov/2014. http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/video-esperono-lleguemos-al-extremo-de-usar-fuerza-publica-epn-1416168337?fb_comment_ id=740055689420194_740129206079509#f23bb124e4d7d8 9 Transcripción de las palabras del procurador Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón de Lucio, conferencia de prensa del 27 de enero de 2015. http://wwwnew.pgr.gob. mx/prensa/2007/bol15/Ene/b01715.shtm 10 “Con heroína blanca, el Cártel de Sinaloa conquista la Coste Este de EU”. Reportaje de J. Jesús Esquivel, Proceso, 14/may/2016. http://www.proceso.com.mx/440674/ heroina-blanca-cartel-sinaloa-conquista-la-costa-este-eu 11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 28/2014. Medida cautelar 409-14. 3/oct/2014. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/MC40914-ES.pdf 12 Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, dentro de las medidas cautelares MC/409/14, del 12/nov/2014, y addendum del 18/nov/2014. http://media.wix.com/ugd/3a9f6f_7681a5e91f594a16a27e8573ed60c5a8.pdf 13 “Integrantes del GIEI”, en la página del Grupo Interdisciplinario de Exper-
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tos Independientes. bros-del-giei/cjg9
http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!miem-
14 “GIEI-Ayotzinapa. Avances y pendientes”, en la página del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 29/jun/2015. http://prensagieiayotzi.wix.com/ giei-ayotzinapa#!GIEIAyotzinapa-Avances-y-pendientes/cul3/55ca2dfc0cf2244af608ff2d 15 CNDH 2015. Informe Estado de la investigación del ‘Caso Iguala’, del 23/jul/2015. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//slider/caso.pdf 16 “Avances y pendientes, a dos semanas de emitir el informe del GIEI”, en la página del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 17/ago/2015. http:// prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!Avances-y-pendientes-a-dos-semanas-de-emitir-el-informe-del-GIEI/cul3/55d4948f0cf23f7ba76f8e80 17 GIEI 2015. Informe Ayotzinapa I. 6/sep/2015. https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHNzFHaEs3azQ4Tm8/view?usp=sharing
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