La necesidad de optimizar las tecnologías en los servicios de la plataforma del SAT en tiempos de pandemia

Ante la pandemia provocada por el coronavirus disease (Covid-19) es necesario que las autoridades gubernamentales tengan, por lo menos, el mismo nivel tecnológico que están utilizando las empresas, con el objetivo de que puedan proveer los servicios públicos que son indispensables para la población

INTRODUCCIÓN

Dr. Leopoldo Reyes

Equiguas, Socio de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales

El año de 1983 será considerado para los anales de la historia, como aquel en el que por primera vez comenzó a funcionar el Internet y, desde entonces, la evolución de las telecomunicaciones y su integración con las tecnologías fue siendo cada vez más disruptivo.

Al uso de la gran red de datos y la transferencia de los mismos, se incorporó la cotidianeidad de la sociedad, de manera que su aprovechamiento fue primero por los gobiernos y sus instituciones, después por las empresas y finalmente, por las personas.

Actualmente, los vocablos Big Data o Internet de las Cosas, son términos tecnológicos que acercan cada vez más a los individuos y sus actividades diarias con los avances tecnológicos de última generación.

Y que gracias a modelos de inteligencia artificial, simuladores, minería de datos y modelos algorítmicos, permiten no solamente el desarrollo de aspectos tan simples como programar una lavadora o encender las luces de un hogar estando a miles de kilómetros de distancia, desde un celular o cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet, sino también hacen posible cuestiones sumamente complejas como el diseño de prótesis o riñones artificiales; operaciones quirúrgicas desde computadoras a distancia o automóviles conducidos desde complejos centros de datos, entre otros avances científicos que ya se preparan para los próximos años.

Sin duda, esto para quienes nacieron a finales del siglo pasado es verdaderamente sorprendente.

AVANCES TECNOLÓGICOS

En el contexto de los avances tecnológicos descritos, durante los últimos tres meses en un entorno de aislamiento social decretado por nuestras autoridades sanitarias, las Tecnologías de la Información, las telecomunicaciones y las plataformas digitales, han sido de gran ayuda no solamente para mantener comunicados a la gran mayoría de las personas, empresas y gobiernos, sino que también han permitido organizar, estructura y realizar actividades preventivas y de combate a la pandemia que hoy padecemos.

Además, han servido para mantener de alguna manera la actividad económica en aquellas empresas cuyos procesos no requieren de una presencia física de manera preponderante, o cuando menos, pueden desempeñar la mayor parte de su actividad económica a través de la digitalización de su modelo de negocio.

Esto último, para la economía mexicana resulta fundamental, dado que el gobierno no ha tenido hasta hoy una política clara de apoyo al sector productivo, con la finalidad de evitar el cierre de empresas y, con ello, la pérdida de fuentes de empleo.

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria decretada a finales de marzo del presente año, diversas autoridades han venido recomendando a las empresas el uso del teletrabajo –el home office– y la aplicación de diversas herramientas tecnológicas para aprovechar aquellas actividades que permitan labores a distancia, y con ello lograr, de alguna manera,

que la planta productiva se mantenga activa; que los trabajadores puedan seguir generando para obtener su salario, y que los centros de trabajo busquen nuevas formas de optimizar los procesos administrativos y de producción.

Pero tal y como sucede en muchas ocasiones, quienes dan el consejo son precisamente los que menos lo aplican; mientras que las empresas hoy se han reinventado en muchos de sus procesos, principalmente en los aspectos administrativos, los relativos a las ventas, la mercadotecnia, informática, diseño, logística, servicios digitales, comunicación, entre otros, las oficinas gubernamentales carecen de las más mínimas aplicaciones informáticas que les permitan continuar con muchos de los servicios que son fundamentales para la ciudadanía.

Cabe destacar que en anteriores administraciones, la gobernanza electrónica era una de las políticas públicas a las que más se les dio impulso, pero desafortunadamente, con el presente gobierno, al parecer no hay mucho interés en aplicar la misma prioridad al tema, no obstante la necesidad que se tiene, al margen de lo que ayudaría en estos momentos, dadas las consecuencias del aislamiento social forzoso que hemos mantenido por más de tres meses a causa de los múltiples contagios del Covid-19.

Durante los últimos 12 años, una de las dependencias que más había mostrado avances en temas de gobernanza electrónica era el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Así, por ejemplo, la Reforma Fiscal 2014 fue testigo de toda una transformación y una reingeniería del sistema tributario mexicano, en la cual el órgano recaudador de impuestos cosechó los avances tecnológicos que comenzaron por aquel lejano 2004.

En ese año, se incluyeron en el Código Fiscal de la Federación (CFF), los “medios electrónicos”, con la entonces Firma Electrónica Avanzada (FEA, luego Fiel y actualmente e.firma), y la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC), con las cuales, los contribuyentes dieron sus primeros pasos en una plataforma digital que administró por primera vez una base de datos, que contenía una gran cantidad de información de contribuyentes, tanto de personas físicas como de morales, y en la cual, se interactúa

desde aquel entonces, llevando a su máxima expresión, la frase: La información es poder

La robustez que fue tomando la plataforma digital del SAT tuvo un impulso sin precedentes a inicios del sexenio del expresidente Peña Nieto, con las revisiones electrónicas y con los cruces de información, gracias a la contabilidad electrónica y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica (CFDI).

Llegó a ser tan funcional la plataforma de gobernanza electrónica del gobierno federal en sexenios anteriores, que los elementos que la conformaban permitían incluso, efectuar diferentes trámites de una empresa de manera remota en una plataforma digital que compartían varias dependencias de la administración pública federal.

Así, trámites como inscripciones o pre registros al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), o pre afiliaciones ante el SAT o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respectivamente, se podían efectuar desde una computadora, y posteriormente era necesario acudir a concluir el trámite ante las oficinas correspondientes.

Hoy en día, al parecer ese avance va en retroceso, pues no se puede ni siquiera obtener una cita para inscribir una empresa ante el RFC; si se venció la firma de una empresa y no se renovó electrónicamente, se tiene que acudir a las oficinas del SAT, con cita, pero el problema es que las citas son muy pocas o no las hay.

Si se acude directamente a las oficinas sin cita, y el trámite que se va a efectuar es para persona moral, el personal administrativo no lo gestiona y únicamente acierta a mencionar que se debe sacar cita por el portal ; que las citas se liberan a finales de cada mes; que debido a la pandemia hay poco personal y por ello son pocas las que se otorgan.

Pero precisamente para eso sirve la tecnología. Es decir, para no depender de personas, optimizar procesos y hacer más eficientes a las empresas y a las instituciones; de eso se trata la gobernanza electrónica. Por ese motivo, creció la recaudación cuando el SAT implementó los medios electrónicos con la reforma de 2014, debido a que sustituyó a los auditores con las revisiones electrónicas; sustituyó a los notificadores con el Buzón Tributario, y ahora que la pandemia

hace que el personal que atiende a la ciudadanía en las oficinas del SAT se ausente por protocolos sanitarios, es cuando más se necesita del uso de los mecanismos digitales que auxilien a la administración tributaria a mantener la actividad recaudatoria sin ningún tipo de inconveniente.

Hay que recordar que conforme al decreto de declaratoria de “emergencia sanitaria” emitido por el Gobierno Federal, la recaudación de impuestos fue declarada “actividad esencial”; lo cual pareciera un contrasentido si no se le proporciona al contribuyente las herramientas necesarias para cumplir con la obligación más elemental para poder pagar sus impuestos.

Es necesario que nuestras autoridades fiscales busquen que la tecnología sea un apoyo y no un obstáculo en el cumplimiento espontáneo y voluntario, que se regrese al esquema de otras administraciones donde se podía realizar el trámite de manera remota.

Así, cuando se regularice totalmente la actividad económica que se acuda de manera personal a ratificar el registro y la firma electrónica. Ya de por sí en tiempos de pandemia el pago de contribuciones puede ser considerado un gran compromiso social, pues que este no se convierta en un sacrificio imposible de cumplir.

Una de las situaciones que demuestran la necesidad urgente de presentar un programa que permita optimizar y aprovechar toda la capacidad tecnológica que tiene la plataforma electrónica del SAT –más aún en esta época de pandemia–, es la entrada en vigor de las reformas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), respecto de la nueva regulación encaminada a establecer las diversas obligaciones fiscales contempladas en el nuevo Capítulo III BIS “De la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México”, debido a que este último contempla un nuevo mecanismo de tributación, mediante el cual las plataformas digitales son habilitadas como retenedores del impuesto al valor agregado (IVA), por lo que los consumidores de los bienes y servicios que se transaccionan mediante estas, son objeto del traslado y retención del mencionado tributo.

Dentro de las nuevas disposiciones en materia del IVA que se señalan, se encuentra precisamente la obligación formal de empadronarse ante el RFC por parte de los residentes en el extranjero que no cuenten con establecimiento permanente en México, que presten servicios digitales dentro del territorio nacional a través de sus plataformas digitales.

De esa manera, estos contribuyentes estarían en posibilidad de emitir los CFDI a quienes realicen la contratación de esos servicios, y estarían regulados por la legislación que entró en vigor a partir del 1 de junio del presente año –en plena pandemia–.

Sin embargo, ante la inoperancia y falta de aprovechamiento de la capacidad tecnológica de las herramientas con las que cuenta el SAT, las nuevas disposiciones se convierten en “letra muerta”.

Y es que en el momento en que una de las entidades, sociedades o figuras jurídicas extranjeras equiparadas a una persona moral residente en el extranjero que se ubique en los supuestos del Capítulo III Bis de la LIVA, pretenda gestionar su inscripción al RFC en nuestro país, y simplemente no pueda realizar ese trámite por no haber citas para acudir a cualquiera de los módulos autorizados para ello, todos los avances tecnológicos y esfuerzos científicos, así como las millonarias inversiones de gobiernos pasados por dotar al órgano recaudador más importante del país, de la más alta tecnología para hacerlo más eficiente, se pierden por la falta de una estrategia eficaz ante una situación de crisis que ha rebasado cualquier previsión en términos de contención sanitaria.

Y si bien, el contacto humano es riesgoso, pues entonces pongamos a la tecnología al servicio de la sociedad, para que no se detengan las actividades que hoy son necesarias y fundamentales para mitigar los efectos que la pandemia está provocando también en los ámbitos económico y productivo de la nación.

CONCLUSIONES

Las Tecnologías de la Información han venido ocupando un papel fundamental en el desarrollo económico del país, pero particularmente en el caso de México, han demostrado una especial utilidad en el entorno tributario, debido a que han hecho más

eficientes los diversos procesos de la administración hacendaria, particularmente en lo referente a la recaudación.

Los científicos vaticinan que el ser humano será desplazado por la inteligencia artificial en un sinfín de actividades económicas y productivas en los próximos 50 años.

Incluso se menciona que oficios, carreras y profesiones completas desaparecerán ante el empuje disruptivo de la tecnología, por lo que negar o desaprovechar lo que hoy se tiene desarrollado, es condenar a las nuevas generaciones al rezago y a la dependencia económica de quienes invierten y apuestan por la investigación y desarrollo científico. Por ello, debemos apostar por la investigación científica y aplicar lo que ya se tiene.

Hoy en día, el SAT está ante un gran reto coyuntural:

1. Regresar a las anacrónicas prácticas del pasado y condenar a todo un país que requiere de la modernidad –no solamente del sistema de gobierno–, que le brindan los sistemas informáticos, los cuales le permiten una buena gestión administrativa del RFC, y con ello recaudar cobrando lo justo en términos legales y constitucionales, identificando y sancionando al defraudador e incorporando sus sistemas de información al entorno global que representa el reto de la economía digital, o bien

2. Simplemente quedarse en el “discurso oficial”, desaprovechando poco más de 20 años de trabajo continuo de administraciones anteriores, que al margen de ideologías políticas y de colores partidistas, tuvieron claridad en ese objetivo de la gobernanza electrónica.

Por tanto, considerando que quien suscribe siempre ha sostenido el hecho de que: Sin tributo no hay Estado, entonces lo importante es que el sistema fiscal mexicano funcione, sea eficiente y genere el pago justo, oportuno y voluntario. De no ser así, simplemente, no sirve.

Así que si hay tecnología que ayude a cuidar al funcionario de los contagios del Covid-19, y de paso se pueda cumplir con el servicio para el cual fue creado el SAT, lo más sensato es que se aplique. •