SUPLEMENTO POLÍTICO - HP 806

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Lunes 22 de agosto de 2016

ElElmejor mejoranálisis análisisde delalacoyuntura coyuntura

Reprueba la izquierda en transparencia

Los partidos políticos en Durango encabezan la lista de las instituciones públicas más opacas, algunos como en el caso del PAN, obtuvieron un resultado aprobatorio, sin embargo los partidos Morena, PRD, PT y MC, no hicieron el más mínimo esfuerzo por mostrar a la ciudadanía información pública, según el último informe del IDAIP Por: Redacción HP Págs. 04 y 05

Avanza nueva conformación del Tribunal Electoral Federal El 30 de octubre es la fecha límite para que el nuevo Trife quede conformado. Actualmente, la SCJN ya hizo la primera selección, pues de 126 aspirantes eligió a 42, posteriormente reducirá el número a 21 y por último, el Senado deberá ratificar a 7 magistrados Por: : GEA y Asociados Págs. 06 y 07

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El 2017, último año para correcciones

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a capacidad, habilidad personal y política de José López Portillo le permitieron a lo largo de su sexenio acumular tanto logros como fracasos nunca vistos en épocas recientes.

En materia de discursos a la nación, como gran orador, nos presenta dos piezas de antología para el análisis. Ambas impecables por su capacidad comunicativa, incluso en sus resultados de percepción por parte de la ciudadanía, pero totalmente opuestos en cuanto al efecto para el bien general del país.

En su toma de posesión, aquel primer día de diciembre de 1976, JLP hizo gala de convencimiento y convocatoria. Después del desastroso final del sexenio de Luis Echeverría, plagado de satanizaciones, enfrentamiento entre los sectores, devaluación, inflación, deuda y crisis económica, en un solo mensaje a la nación le dio la vuelta al ánimo del país. Convocó a la alianza para la producción y todos los sectores la aceptaron.

Así, el sexenio comenzó con un ambiente radicalmente distinto de trabajo y solidaridad.

En el polo opuesto, durante su último informe de gobierno, López Portillo volvió a hacer gala de una magnífica oratoria que llegó hasta el histrionismo de pedir perdón, llorar por los pobres y expropiar la banca al grito de “… no nos volverán a saquear”.

Si bien aplaudido por la mayoría de los presentes, la realidad es que con aquella pieza oratoria logró –aunque fuera momentáneamente— salvar la cara de tener que reconocer que se había equivocado y que sus políticas nos hundieron en una nueva crisis.

Esto viene al caso de cara al IV Informe de Gobierno y el inicio del último tercio de la presente administración. Todo, en medio de una aprobación nunca antes tan baja para un sexenio y con crisis en los flancos económico, social, de seguridad y político en los partidos, en muchos de los gobiernos estatales y por el hartazgo

de la ciudadanía frente autoridades y representantes populares.

Se ha especulado que habrá cambios en el gabinete, que habrá ajustes en estrategias, que la política económica para 2017 será particularmente austera y corregirá las serias desviaciones que se viven en materia de deuda pública.

Lo cierto es que el que viene, será el último año en el que Enrique Peña Nieto y su equipo tendrán la libertad de actuar y llevar a cabo los correctivos que sean necesarios para enderezar el barco y permitir un fin de sexenio sin nueva crisis.

Porque 2018 será el año del proceso electoral, de los gastos de campaña, de las partidas especiales para tener contentos a los potenciales votantes, de los “cierres espectaculares”, del fin de fiesta y, para no variar, de quienes reclamen su “año de Hidalgo”.

Poco se podrá corregir de fondo en el último tramo del sexenio. Así, el actual gobierno está obligado no únicamente a enviar señales de prosperidad sino a realizar acciones espectaculares que recuperen la confianza y la credibilidad.

El resultado de las encuestas de prácticamente todas las empresas dan cuenta que la aparición televisiva diaria del mandatario y sus principales colaboradores, que las inauguraciones, banderazos, discursos, toma de selfis y demás acciones mediáticas que se reportan no han logrado al menos detener la caída sino es que mejorar la imagen.

OPINIÓN Herminio Rebollo

Poco se podrá corregir de fondo en el último tramo del sexenio Hoy hace falta más el mensaje político, el hacer sentir la fuerza del Ejecutivo de manera cotidiana, cosas tan extremas como la renuncia de todo el gabinete para escoger los mejores, el encarcelamiento de algún alto funcionario (pez gordo), la cancelación de obras, la renovación de políticas, etcétera. Creo no exagerar en el tema ya que no habrá forma de enderezar la aprobación presidencial haciendo exactamente lo mismo que se ha hecho hasta ahora.

Las respuestas a los grandes temas que arrastra el sexenio ya se han comenzado a intentar. En la entrevista con Joaquín López Dóriga estuvieron las interrogantes principales: la corrupción, las reformas estructurales, la falta de popularidad, la inseguridad, Ayotzinapan, las elecciones. Falta ahora profundizar en las respuestas.

Se ve difícil que en un solo discurso pueda cambiar el ánimo social y la aceptación general. Sin embargo el ejemplo lopezportillista permite acreditar que es posible intentarlo por el lado positivo, cuando menos antes que tener que echar mano del histronismo y las medidas desesperadas. Estamos muy a tiempo de intentarlo.

El gobierno está obligado no únicamente a enviar señales de prosperidad sino a realizar acciones espectaculares que recuperen la confianza y la credibilidad

Hojas Políticas es editado por HP. • Director: Rafael Herrera Piedra • Editor: Richard Ibarra • Coordinador de Análisis Nacional, Héctor Moreno • Coordinador de Diseño, Esequiel Vásques. • Coordinador Gráfico, Eduardo Gutiérrez Colaboradores: Juan Lorenzo Simental, David Mendívil, César Gaytán.

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Encabezan partidos la opacidad Redacción HP

Los partidos Movimiento Regeneración Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, son los más cerrados al acceso a la información pública

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ompitiendo de palmo a palmo con algunos ayuntamientos de Durango, la mitad de los partidos políticos alcanzan el peor nivel entre los 118 sujetos obligados inscritos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Durango.

Y es que además de estar todos lejos de los entes mejor calificados por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), seis de los 10 partidos están reprobados en la última evaluación publicada. De estos, cuatro obtienen cero de calificación.

Como prueba de lo anterior, basta señalar que tres de estos organismos ni siquiera cuentan con una página web propia; mientras que el resto, muestra serias deficiencias en la forma que expone la información de carácter obligatorio.

Sin embargo la gravedad de la opacidad partidista radica en el hecho que son ellos, o sus representantes, los principales promotores de la transparencia. Ellos mismos, incluso, aprobaron una legislación con la que no cumplen a plenitud.

El partido más transparente fue el PAN

Izquierda, la más opaca El IDAIP decidió como una estrategia, realizar verificaciones mensuales a los 118 sujetos obligados para después, en bloque, exponer el ponderado cuatrimestral de cumplimiento. A los partidos no les fue bien y mucho menos a la izquierda.

Los resultados indican que Movimiento Ciudadano inició el año como uno de los mejor evaluados, obteniendo claramente un cumplimiento aprobatorio, con calificación al 72 por ciento durante el mes de enero, lo que le colocó por encima de casi la mitad de los más de 100 entes que deben someterse a la legislación vigente.

Sin embargo dio un salto hacia atrás al mes siguiente, pues para febrero, ya no cumplió con uno solo de los requisitos obligatorios.

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Así, al cierre del primer cuatrimestre de 2016, MC terminó con solo 72 de los 400 puntos posibles en la evaluación.

Pero no fueron los peores: el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Morena, no hicieron el más mínimo esfuerzo por cumplir y, todos los meses, se quedaron en ceros.

Esa evaluación, por cierto, fue exactamente la misma en todo 2015, cuando tampoco obtuvieron siquiera un punto de los mil 200 considerados a lo largo del año.

La coincidencia entre estos partidos es que se presentan con una ideología de izquierda.

La derecha, también está reprobada Pero la reprobación en la evaluación del IDAIP no es exclusiva de los partidos de izquierda: también los del centro y derecha fallan.

Las cifras indican que en el primer cuatrimestre, obtuvieron menos del 60 por ciento de los reactivos (tomado como parámetro de aprobación) seis de los 10 partidos políticos con registro local.

Además de los ya relatados partidos de izquierda, no rebasaron el 60 por ciento de los puntos el Partido

Duranguense (PD) y Encuentro Social.

En el caso del Duranguense, sin embargo, avanzó si se compara la calificación de abril con la de enero, pero la más recientemente expuesta, no fue la más alta de ese periodo.

El PD alcanzó en enero un 32 por ciento de cumplimiento, en febrero, saltó al 73 por ciento, en marzo bajó de nuevo, para colocarse en 65 por ciento y en abril se posicionó en el tercer lugar entre los partidos locales, con 66 por ciento. Al cierre del primer cuatrimestre, alcanzó 236 de los 400 puntos posibles.

Con Encuentro Social pasó algo similar, aunque jamás alcanzó una calificación aprobatoria. En su caso, inició enero con 58 por ciento de cumplimiento, en abril bajó a 47 por ciento. Al cierre del primer cuatrimestre tuvo 197 de los 400 puntos posibles.

Los aprobados En suma, son cuatro los partidos políticos que obtienen calificación aprobatoria en materia de transparencia, sin embargo, tienen deficiencias que los dejan lejos de cumplimiento pleno a la norma.

El mejor evaluado es el Partido Acción Nacional (PAN), que obtuvo 316 puntos de los 400 posibles para

hojas políticas el periodo enero-abril. Fueron producto de una estabilidad en cumplimiento, que inició el año con 74 por ciento y cerró abril con 80 por ciento.

El segundo en calificación es el Partido Verde Ecologista, que sin embargo, vino a menos en cumplimiento: en enero alcanzó el 99 por ciento y, en abril, cerró con apenas 26 por ciento. Sumó 308 de los 400 posibles.

En tercer sitio apareció el Partido Nueva Alianza, con evaluación aprobatoria en los cuatro meses y 278 puntos de calificación final.

El Partido Revolucionario Institucional, por otra parte, se fue hasta el cuarto sitio en transparencia, aunque con una evaluación apenas aprobatoria: 269 de 400 puntos o lo equivalente a un 6.5 de calificación.

En su caso, inició el año con 82 por ciento de cumplimiento, pero cayó hasta repetir, en marzo y abril, con apenas el 57 por ciento de cumplimiento.

Opacidad, mal generalizado Aunque los partidos políticos aparecen entre los sujetos con mayor incumplimiento en materia de transparencia, la opacidad luce como un mal general. Esto porque entre los 118 sujetos obligados, únicamente

Sujeto PAN PVEM Panal PRI PD PES MC PT PRD Morena

Enero 74% 99% 64% 82% 32% 58% 72% 0% 0% 0%

Febrero 82% 92% 74% 71% 73% 45% 0% 0% 0% 0%

Marzo 80% 91% 70% 57% 65% 47% 0% 0% 0% 0%

Abril 80% 26% 70% 57% 66% 47% 0% 0% 0% 0%

05 Suma 316 308 278 269 236 197 72 0 0 0

uno cumplió al 100 por ciento con los requisitos en el primer cuatrimestre del año: la Entidad de Auditoría Superior del Estado.

Muy cerca, con 399 de 400 puntos posibles, apareció el Ayuntamiento de Durango; mientras que el tercero fue para el Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, que obtuvo 389 puntos.

El concentrado correspondiente al mes de abril, indica que en ese periodo fueron cinco los sujetos que alcanzaron el 100 por ciento de cumplimiento; 62 más estuvieron en el rango de 80 a 99; 18 “panzaron”, al estar entre el 60 y 79; y 35 reprobaron, al cumplir con menos del 60 por ciento de los requisitos.

Los partidos de izquierda no hicieron ni el más mínimo intento de transparentar sus actividades

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Elección del Trife legitimará el 2018 GEA y Asociados

Antes del 30 de octubre deberá quedar conformado el nuevo Tribunal Electoral Federal; entre sus tareas pendientes está decidir si le quita el registro al PVEM por violar reiteradamente las normas electorales

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os últimos 40 años de la historia política de México han estado marcados por su largo y complejo proceso de construcción de la democracia electoral. El monopolio del acceso al poder del que disfrutó el PRI durante siete décadas comenzó a desmontarse a finales de la década de los 70 y desde entonces se han construido instituciones –nuevas normas, el Registro Federal de Electores, el Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales— que garanticen que los procesos electorales se apeguen a los valores y normas de la democracia.

El resultado ha sido en términos generales positivo. Actualmente se tiene un sistema electoral abierto, multipartidista, con las libertades necesarias para que los ciudadanos voten sin presiones, alternancia en los puestos de gobierno y representación plural en el Congreso.

No obstante, el sistema electoral aún presenta problemas que le restan legitimidad a las elecciones, se trata del uso excesivo de recursos ilegales en las campañas, de la reglamentación ineficaz del acceso 22 DE AGOSTO DE 2016

a los medios de comunicación para fines electorales, de la compra de votos de los ciudadanos más pobres mediante dádivas de todo tipo, entre otros temas.

Estos últimos problemas han provocado que en los últimos procesos electorales crezca el número de impugnaciones legales que ponen en duda los resultados electorales. Para atender las quejas de las elecciones locales, cada una de las 32 entidades federativas tiene un Tribunal Electoral Estatal y, para las elecciones federales, existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que tiene la decisión de última instancia –sus decisiones son inapelables—.

Incluso en el caso de las quejas estatales, ya que las decisiones de los tribunales estatales pueden ser impugnados –lo que siempre sucede—y los partidos quejosos recurren al tribunal federal.

Por esa razón, aunque el Trife es una institución poco conocida, su relevancia dentro del sistema electoral ha crecido. Pero su actuación no ha estado exenta de polémica, ya que

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Su papel de árbitro de procesos electorales cada vez más impugnados es decisivo para la legitimidad de los procesos electorales

algunos de sus fallos, todos de gran importancia, han sido muy criticados por los partidos y especialistas en la materia, entre ellos los siguientes: 1. En 2006, López Obrador impugnó el triunfo de Felipe Calderón y solicitó que se volvieran a contar todos los votos. El Tribunal ordenó un recuento parcial y declaró válida la elección presidencial, ya que es la instancia que califica como válidas o inválidas las elecciones.

2. En 2015 anuló la elección de gobernador de Colima y ordenó que se llevara a cabo de nuevo.

3. Le redujo una multa al PVEM que le había fijado el INE por publicidad ilegal, de 322 a 214 millones de pesos.

4. Le restituyó al Partido del Trabajo su registro para poder seguir compitiendo electoralmente, una vez que el INE se lo había anulado.

5. Restituyó la candidatura de Ricardo Monreal a la gubernatura de Zacatecas, luego que el INE se la había retirado por no haber entregado el reporte de gastos de la precampaña.

Como se puede observar, el tipo de fallos del Trife afectan aspectos

hojas políticas centrales de los procesos electorales: registro de los partidos, sanciones y multas, candidaturas, calificación de las elecciones; entre otros.

Que sus fallos sean definitivos no los ha eximido de críticas. De hecho, varios han sido muy cuestionados y las discrepancias entre el INE y algunos magistrados del Tribunal son evidentes y públicas. Todo ello ha generado sospechas sobre su actuación imparcial.

El hecho que cada vez más los partidos recurran al Trife para dirimir sus discrepancias y conflictos, requiere que este cuente con la mayor legitimidad posible y que sus resoluciones sean acatadas sin dudas sobre su apego a la normatividad electoral.

Y más cuando se avecina una contienda presidencial que será muy competida y que se llevará a cabo en un contexto de enorme desprestigio de las instituciones estatales y de creciente polarización política entre los partidos y en la sociedad.

En días recientes, el Tribunal ha comenzado a ser noticia, pues antes que termine octubre de este año, los siete magistrados que son su máxima autoridad serán renovados.

Es una oportunidad para que el Trife deje atrás los cuestionamientos y llegue a los procesos electorales de 2017 (Estado de México, Coahuila y Nayarit) y de 2108 con una legitimidad renovada.

Ello dependerá en buena medida de que el proceso de elección de sus siete magistrados se haga con transparencia y que los candidatos elec-

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La Suprema Corte de Justicia y el Senado comparten la responsabilidad de elegirlo

tos sean personajes independientes de los intereses del gobierno, de los partidos y de las televisoras.

El procedimiento para elegirlos es el siguiente: • Inscripción de aspirantes. A partir de julio se inscribieron 126 candidatos.

• Preselección de candidatos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo, en la primera quincena de este mes, una primera depuración mediante entrevistas y revisión de los currículums, de los 126 aspirantes y preseleccionó a 42.

• Elaboración de siete ternas (21 candidatos). A partir del 16 de este mes y hasta el 4 de octubre, el pleno de los 11 magistrados de la SCJN entrevistará a los 42 candidatos para seleccionar, mediante el voto de los 11 magistrados a 21, a los cuales serán divididos en siete ternas que serán enviadas al Senado de la República.

• Elección de los magistrados por el Senado. El Senado de la República tiene 15 días para escoger, mediante una mayoría calificada de dos terceras partes del total de 128 senadores, a uno de los candidatos de cada una de las siete ternas. Si en algún caso ningún candidato de la terna obtuviera esa mayoría, el Senado le pedirá a la

SCJN que envíe una nueva terna en un plazo de tres días.

• El Tribunal deberá quedar conformado a más tardar el 30 de octubre. Dos de ellos servirán para un periodo de tres años, otros dos estarán en el cargo seis años y los tres restantes lo ocuparán nueve años.

En la conformación de la lista de 42 candidatos se encuentran funcionarios del Trife, de tribunales electorales estatales, del Instituto Nacional Electoral, del poder Judicial y algunos abogados independientes y académicos.

Será hasta que se elaboren las siete ternas con los 21 candidatos finales que se pueda hacer un análisis del perfil del próximo Tribunal.

Se menciona que la SCJN cuidará que entre ellos estén representados los tribunales electorales, así como miembros de servicio del actual Trife y algunos candidatos independientes y si tienen la independencia que está demandando la sociedad.

Hay mucho en juego, ya que hay asuntos pendientes de enorme relevancia –quizá la más importante sea resolver una demanda para que se le retire el registro al PVEM, partido que reiteradamente violó la legalidad electoral durante la elección federal de 2015— además de arbitrar la elección del Estado de México en 2017 y, sobre todo, la elección presidencial de 2018.

Al considerar que esta será muy competida por la fragmentación del voto y que en caso que no se corrijan las deficiencias y lagunas del marco normativo electoral, habrá cientos de denuncias e impugnaciones.

Que haya un árbitro electoral confiable y legítimo será una condición indispensable para que le legitimidad del nuevo Presidente de la República no sea cuestionada.

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La verdad sobre Tanhuato

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a Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el pasado jueves su investigación sobre lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 en el Rancho El Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán, donde elementos de la Policía Federal (PF) abatieron a 42 presuntos delincuentes. El 1 de junio de 2015, publiqué en estas mismas páginas el artículo “Tanhuato, dudas razonables” donde planteaba preguntas sobre lo ocurrido en el supuesto enfrentamiento.

Ahora, la CNDH afirma, con pruebas contundentes, que por lo menos 22 de los fallecidos fueron ajusticiados arbitrariamente por los policías. Entonces escribí que “en un enfrentamiento de carácter militar en cualquier parte del mundo suele haber no solo muertos sino también heridos y gente que ante la superioridad del adversario se rinde y entrega.

No es el caso donde 42 presuntos delincuentes fueron abatidos y solo un integrante de la PF perdió la vida”.

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Y planteaba que “ante los hechos de Tanhuato, solo tengo preguntas. ¿Frente a la superioridad numérica de los integrantes de la PF, nadie de los presuntos delincuentes se rindió? ¿Los disparos de los integrantes de la PF fueron tan certeros que no provocaron ningún herido? ¿La moral de combate de los supuestos delincuentes es tan alta que prefieren morir peleando que entregarse? ¿El caso del Rancho el Sol es excepcional y no sigue la dinámica de lo que ocurre en casos semejantes?”

Añadía que “las explicaciones que escucho y leo de los funcionarios, en particular del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, no responden a las preguntas que planteo. Es posible que estemos realmente ante un hecho único donde unos delincuentes con una altísima moral de combate en defensa de su ‘causa’ deciden luchar hasta el final antes de entregarse”.

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OPINIÓN Rubén Aguilar

@RubenAguilar

Y que “de acuerdo con declaraciones de Rubido García, ‘siguiendo los protocolos’ se invitó por megáfono a los presuntos delincuentes a entregarse, pero solo tres de éstos respondieron al llamado. Galindo Ceballos afirma de manera categórica que ‘no hay una sola ejecución’. Los datos y argumentos de los funcionarios públicos deberían probar, para el bien de todos, el carácter único de lo que pasó. Hasta ahora ofrecen afirmaciones, pero no evidencias de lo que ocurrió. La falta de explicaciones contundentes plantea dudas razonables sobre los hechos”.

Entonces decía que “de acuerdo con la versión oficial, participaron 100 policías federales que se enfrentaron a 45 presuntos delincuentes, en proporción de dos a uno, durante tres horas, en una extensión de 112 hectáreas. Los enfrentamientos ocurrieron en diversos sitios de la propiedad. ¿En todos esos espacios se aplicaron los protocolos y se pidió a los presuntos delincuentes que se rindieran? ¿Ante la muy evidente superioridad numérica, nadie se rindió?”.

La sólida investigación de la CNDH, después de un año y dos meses de los sucesos, responde con precisión a mis preguntas. Lo que en realidad sucedió, en contrario del informe oficial de la PF, es que los supuestos delincuentes no murieron en un enfrentamiento sino que por lo menos 22 de éstos fueron ajusticiados por la policía de élite que tiene el país. Ante las pruebas toca ahora a la justicia actuar.