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Juicios justos
El derecho a un juicio justo es un derecho humano. Es una de las garantías universalmente aplicables reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento clave del sistema internacional de derechos humanos adoptado en 1948 por los gobiernos del mundo. Desde entonces, el derecho a un juicio justo reconocido por la Declaración Universal ha pasado a ser un principio legalmente vinculante para todos los Estados como parte del derecho internacional consuetudinario. Los principios fundamentales de justicia procesal son aplicables en todo momento, incluidos los estados de excepción y las situaciones de conflicto armado. El derecho a un juicio justo se ha reafirmado y desarrollado desde 1948 en tratados legalmente vinculantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Numerosos tratados internacionales y regionales adoptados por la ONU y por organismos intergubernamentales regionales, así como otros instrumentos que no tienen la consideración de tratados, lo han reconocido y han integrado algunos de sus elementos como derechos fundamentales. Estas normas de derechos humanos se elaboraron de forma que fueran aplicables en todos los sistemas legales del mundo, teniendo en cuenta la rica diversidad de procedimientos jurídicos existente, y establecen las garantías mínimas que todos los sistemas deben proporcionar para garantizar que se hace justicia y que se respetan el Estado de derecho y el derecho a procesos penales justos. Son aplicables en las investigaciones, los arrestos y las detenciones, así como en todas las etapas de procedimiento previo al juicio, durante el proceso judicial propiamente dicho, las apelaciones, la sentencia y la pena. Estas normas internacionales sobre la celebración de juicios justos constituyen el acuerdo colectivo de la comunidad internacional sobre los criterios para evaluar en qué forma los Estados tratan a las personas sospechosas de haber cometido un delito (desde los más atroces a los más leves), a las que han sido acusadas de ello o son declaradas culpables. Este Manual es una guía sobre esas normas.
El propósito de este Manual Este Manual pretende servir de guía práctica de las normas pertinentes de derechos humanos para todas aquellas personas que se ocupan de analizar en qué medida un proceso penal o sistema de justicia cumple las normas internacionales de justicia procesal. El propósito de la obra es que sea utilizada por quienes asisten a juicios en calidad de observadores y por quienes se ocupan de evaluar las garantías presentes en una causa concreta, así como por quienquiera que desee comprobar si el sistema de justicia penal de un país concreto garantiza el respeto de las normas internacionales para la celebración de juicios justos. También puede resultar útil a título orientativo o como instrumento de formación para legisladores, jueces, fiscales y abogados defensores. Evaluar si un proceso penal es justo es una tarea compleja y abarca múltiples facetas. Cada caso es diferente de los demás, y debe examinarse teniendo en cuenta tanto sus particularidades como el conjunto de su contexto. La evaluación se centra normalmente en el hecho de si el modo en que se lleva a cabo el procedimiento cumple la legislación nacional, en si esas leyes nacionales están en consonancia con las garantías internacionales de justicia procesal, y en si la forma y la práctica en que esas leyes se aplican están asimismo en consonancia con las normas internacionales. Cabe subrayar que, por lo general, el análisis del grado de justicia en el enjuiciamiento de un caso concreto requiere del examen del