Shock eléctrico a los privatizadores 18 de febrero de 2019

Shock eléctrico a los privatizadores

José Antonio Almazán González

Desde el pasado 8 de diciembre, cuando en Malpaso, Chiapas, el presidente López Obrador anunció los lineamientos centrales de su Plan Nacional Eléctrico, el shock eléctrico se veía venir. A una semana de haber asumido la presidencia, asentó tajantemente su compromiso de dar por terminado los 36 años de neoliberalismo en México, congratulándose de que no pudieron privatizar las 60 plantas hidroeléctricas propiedad de la CFE.

Ante cientos de trabajadores y técnicos de la CFE planteó como ejes centrales de su proyecto eléctrico, acabar con la corrupción; revertir el desmantelamiento de la CFE al obligarla a cerrar sus plantas de generación, para darle preferencia a la compra de energía a las empresas eléctricas privadas; y privilegiando la rehabilitación y modernización de su parque hidroeléctrico, como parte de su programa nacional de electricidad, para alcanzar el objetivo de fortalecer a la CFE y abaratar el precio de la luz.

En el balance del nefasto periodo neoliberal, AMLO fue categórico. En materia eléctrica, dijo, éramos autosuficientes y ahora la CFE solo genera el 50% de la energía eléctrica que se consume. El otro 50% lo generan los privados. Todo eso, señaló, lo tenemos que revisar pues los particulares venden a precio elevadísimos y además, por si fuera poco, se les subsidia. Se privilegió, la producción de energía eléctrica a partir del uso del gas que tuvo que ver con un negocio bien planeado y organizado.

Por su parte, Manuel Bartlett, Director General de la CFE, especificó: la CFE fue deliberadamente descapitalizada, se le impusieron limitaciones financieras y una insuficiencia tarifaria. No hubo una transferencia integral de subsidios que tuvo que pagar con sus propios recursos. Se limitó su mantenimiento y modernización y se cambió su misión de empresa pública para convertirla en una fuente de negocios de las grandes trasnacionales eléctricas. Concluyendo que su situación financiera es crítica, al borde de la quiebra y su nivel de endeudamiento representa una pesada carga anual.

Por lo mismo, resulta inevitable recordar el caso de Luz y Fuerza del Centro, pues con una estrategia similar, el gobierno de Felipe Calderón pudo justificar el ilegal e inconstitucional decreto de extinción liquidación, igualmente plagado de corrupción y de documentos secretos que pretenden ocultar el latrocinio.

Lo nuevo en la conferencia matutina del 11 de febrero fue la referencia directa a los contratos leoninos, ejemplificado con el caso de los gasoductos, entre las empresas eléctricas privadas y la CFE, a costos muy elevados que ha provocado que el precio de la luz en México sea uno de los más elevado a nivel mundial. En México, reconoció AMLO, el precio de la electricidad es más caro que en Estados Unidos y lo que pretende “es que se logre, en el marco de la ley, una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria.” Se va a convocar, precisó, a ese propósito a las empresas particulares, en un plan de conciliación para buscar reparar el daño. Para darnos una idea, si esto no cambia, tan solo en 2019 las empresas eléctricas privadas se embolsarán más de 127 mil millones de pesos.

Lo novedoso de lo declarado el 11 de febrero fue la personalización de las políticas privatizadoras, para dejar de hablar en abstracto. En esta ocasión se mencionó por sus nombres a sus principales operadores y responsables. Las referencias directas a Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, prácticamente paralizaron como una descarga eléctrica al auditorio de periodistas. Más aún cuando a la lista se agregaron funcionarios que ocuparon cargos relevantes en la administración pública en materia eléctrica y que después pasaron a ser empleados de las empresas trasnacionales beneficiadas por las privatizaciones, para servirles como consejeros o ejecutivos.

Sin embargo, AMLO actúa con cautela. Seguramente en el proceso de entrega recepción de la transición gubernamental, conoció los archivos secretos del monstruo neoliberal y la mafia del poder; la cual durante más de tres décadas imperó y desgobernó a México, conduciéndolo a la tragedia de pobreza, miseria, desempleo, inseguridad y violencia, falta de crecimiento y pérdida de soberanía alimentaria y energética.

Los millones de documentos clasificados como reservados por el INAI, para mantenerlos fuera del alcance de la opinión pública y los ciudadanos, dan cuenta de los actos de entrega y robo a la Nación perpetrado por los neoliberales vende patrias y sus empresas favoritas y consentidas; comenzando con los que se beneficiaron con la venta de garaje de 1,150 empresas del estado y continuando con la entrega del patrimonio nacional, del petróleo, las riquezas del subsuelo, la industria eléctrica, etc. Dichos actos, contrarios al interés nacional, darían pie y sustento a la aplicación inmediata del párrafo segundo del artículo 108 constitucional: por traición a la patria.

Empero, en la estrategia de AMLO no se contempla ni la revancha ni la confrontación, pero si poner un punto final, buscando la reconciliación nacional. Por ello, una frase relevante en su discurso del 11 de febrero fue el afirmar que se busca revertir la privatización, “sin autoritarismo, utilizando el marco legal que se tiene y convenciendo a particulares, porque…queremos que haya inversión privada, nacional y extranjera, pero queremos que las empresas extranjeras actúen con dimensión ética.”

La tarea no será para nada fácil, pues las empresas trasnacionales y sus personeros nativos no precisamente son madres de la caridad y no quieren desprenderse de sus privilegios y fabulosas ganancias y algunas como CARSO ya respingaron; pero la estrategia de AMLO es clara, caminar sin precipitaciones y sin mover demasiado el avispero de los vende patrias, buscando asentar su proyecto de nación concebido como la 4ª Transformación; en una lucha contra viento y marea para acabar con la corrupción.

No obstante, las lecciones de la historia son más que elocuentes y no hay que olvidarlas.

Como lo demuestran diversos estudios, investigaciones y ensayos desde la perspectiva del pensamiento crítico, la corrupción es consustancial al funcionamiento del capitalismo, en tanto modo de dominación y acumulación basada en la explotación de la fuerza de trabajo.

Dicho de otra forma, la lucha en contra de la corrupción implica contar con una óptica emancipadora, ética y moral, condición básica para un cambio social profundo. AMLO cuenta con esa virtud y con una irreprochable honestidad; además predica con el ejemplo.

Nos toca a todos, como pueblo organizado y ciudadanos libres, hacer también nuestra tarea.