¿Bajó la luz?

¿Bajó la luz?

José Antonio Almazán Glz 3 de mayo de 2015 Una de las muchas promesas incumplidas con las que Felipe Calderón intentó justificar el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, además de los cientos de miles de empleos que se generarían con el artero golpe al SME y su Contrato Colectivo de Trabajo, fue precisamente el que bajarían los precios de las tarifas eléctricas. Es lo mismo que prometió Peña Nieto para su inconstitucional reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, eliminando de un tajo la Exclusividad Nacional tanto la explotación del petróleo como la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y ha sido lo mismo desde que Salinas de Gortari inició la privatización eléctrica en 1992.

Por supuesto, las promesas de los neoliberales y vende patrias no se han cumplido. La economía está y seguirá estancada. Los cientos de miles de empleos que el gobierno de Peña Nieto anunció para convencer de las bondades de la privatización energética se suman al rosario de mentiras oficiales desde la época de Salinas de Gortari y las mismas promesas de que el “adelgazamiento del Estado” y la venta de más de mil empresas generarían crecimiento y desarrollo, más escuelas, mejores carreteras, suficientes hospitales, e ingresos y salarios remuneradores como lo establece todavía el artículo 123 constitucional.

Una de las más socorridas mentiras de los neoliberales vende patrias es que la privatización energética provocaría la disminución del precio de la energía eléctrica, particularmente de la tarifa eléctrica doméstica. Sin embargo, una revisión del precio de la energía eléctrica de 2001 a 2015 echa por tierra las afirmaciones del gobierno de Peña Nieto, el PRI y sus ridículos y burlones spots.

En este periodo el precio del KW en la tarifa eléctrica doméstica se incrementó en un 143%, en tanto la inflación creció 79%, pero los salarios solo lo hicieron un 66%, convirtiendo el consumo de energía eléctrica en una mercancía de lujo. ¡Ah!, pero los voceros oficiales dicen “¿ya viste que bajó la luz?”. Sin embargo, la comparación del precio del KW de diciembre de 2014 y enero de 2015 exhiben la burla sangrienta, pues se reduce a una disminución de menos 4 centavos por Kw, que para un consumo bimestral de 250 kW en promedio, representa menos de 9 pesos o lo que es lo mismo a 15 centavos diarios. El asunto se agrava después de los 250 KW de consumo mensual pues se cae en la temida Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que saquea los bolsillos de cientos de miles de usuarios eléctricos y se pone peor en las zonas de verano cálido o muy cálido, en donde el uso doméstico intensivo de electricidad es una cuestión de supervivencia.

En resumen ni el precio de la gasolina y la electricidad han bajado, se trata solo de un ardid publicitario ligado a la campaña electoral y para intentar vanamente de levantar la deteriorada imagen pública de EPN y el PRI. Pero la realidad es otra, PEMEX y CFE están siendo desmanteladas y con pérdidas crecientes en sus finanzas, so pretexto de habilitarlas como empresas productivas. Se huele el tufo de despidos masivos de miles de trabajadores pertenecientes al SUTERM y al STPRM, cuyos dirigentes son cómplices

incondicionales de estas agresiones laborales y el SME sigue demandando a Peña Nieto que cumpla su palabra de resolver en forma definitiva el largo conflicto del SME, cuyos trabajadores continúan resistiendo demandando la recuperación de sus trabajos y el respeto a los derechos contractuales adquiridos de más de 20 jubilados.

Desde esta perspectiva y de las demandas y necesidades del pueblo de México las plataformas electorales de la mayoría de los partidos políticos no ofrecen nada nuevo. En algunos casos como Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza ni siquiera han actualizado sus plataformas electorales considerando las inconstitucionales reformas a los artículos 25,27 y 28 y sus leyes reglamentarias ya aprobadas. De los 10 partidos políticos seis se ubican, desde diferentes ángulos y propuestas, en el bando de la privatización energética: PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza, Partido Humanista (PH) y Encuentro Social (PES); y solo tres partidos políticos, desde diferentes enfoques y posiciones, rechazan la privatización del petróleo y la electricidad y las contrarreformas a artículos 25, 27 y 28 de la Constitución como son el PRD, PT y MORENA. A la lectura de sus plataformas electorales, el PAN reivindica su carácter precursor en la privatización del petróleo y la electricidad, pone el acento en la inversión de capital privado en la producción de energía limpia y renovable así como profundizar las reformas privatizadoras a las trizas que dejaron del artículo 27 constitucional. El PRI además de reivindicar sus inconstitucionales reformas privatizadoras se pronuncia a favor de la integración energética subordinada a los intereses del imperio del Norte tal y como se contempla en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), pero sin mencionarla explícitamente. El PVEM sin tapujo alguno se declara a favor del ASPAN. Nueva Alianza reclama también la paternidad de las reformas inconstitucionales a los artículos 27 y 28 constitucionales. El PH avala las reformas estructurales, incluida la energética, pero advierte el riesgo de afectar la propiedad social. Al PES, como si nada hubiese pasado, solo les preocupa la indemnización inmediata o participación pública de ejidos y comunidades cuando sean afectadas por líneas de conducción eléctrica o pozos petroleros, etc.

En el caso del PT se declara en contra de las inconstitucionales reformas a los artículos 25, 27 y 28 y llama a revertirlas. Algo similar propone el PRD, así como asumir un proceso de asociación energética con América del Norte. En el caso de MORENA no solo es el rechazo a la privatización energética y borrón y cuenta nueva frente a los recibos de CFE, sino al conjunto de las contrarreformas estructurales: en la educación, en lo fiscal, laboral, telecomunicaciones, etc., pero fundamentalmente partiendo de principios éticos y morales y rechazando alianzas inconfesables como el llamado Pacto por México. Ésa es la gran diferencia y su compromiso con las luchas del pueblo y los movimientos sociales, como reclamar justicia en el caso de Ayotzinapa y solución a los conflictos del SME y de Mexicana de Aviación, entre muchos otros.