Opinión técnica sobre iniciativa número 5311 de Reformas al Código Procesal Penal

Opinión técnica sobre iniciativa número 5311 de reformas al CÓDIGO PROCESAL PENAL: procedimiento de aceptación de cargos - decreto número 10-2019 del CONGRESO DE LA REPÚBLICA. I.

ANTECEDENTES

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) es una entidad que se ha encargado de estudiar las ciencias penales y trabajar de la mano de las instituciones del sector justicia desde hace más de veinte años. Es parte de la coordinadora de la Alianza por las Reformas, que nace en 2017 para impulsar las reformas al sector justicia.

Esta opinión nace de un estudio realizado por el ICCPG durante la discusión de la ley de aceptación de cargos y que ha sido actualizado debido a la aprobación del decreto en noviembre de 2019 para uso de la Alianza por las Reformas, en donde confluyen 35 organizaciones de la sociedad civil.

Desde octubre del 2016, en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República se ha discutido el proyecto de ley que pretende reformar el Código Procesal Penal (CPP), mediante la inclusión de un nuevo procedimiento penal denominado como “Aceptación de cargos”. Dicho proyecto de ley surge después de varias sesiones de discusión entre representantes de las instituciones del Sistema de Administración de Justicia y

Organizaciones de la Sociedad Civil, donde figura el ICCPG. Se conoce que uno de los objetivos del proyecto de ley es reducir los niveles de impunidad y dar respuesta a la mora judicial que padece el sistema penal. Este tipo de propuestas son necesarias, y que el Congreso de la República debe propiciar un espacio de análisis y discusión con actores importantes, sobre todo porque el proyecto deviene de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) Es importante aclarar, que el ICCPG considera que problemáticas como la mora judicial y la reducción de las cifras de impunidad, se pueden resolver mediante alternativas prácticas y propias de la política de persecución penal y política judicial. Las reformas al CPP efectuadas con los Decretos número 18-2010 y 07-2011, conocidas como “reformas de segunda generación”, trajeron consigo la implementación de otros tipos de prácticas procesales (celebración de audiencias y procedimientos especiales), con el fin de fortalecer el sistema acusatorio y adversarial. Sin embargo, el análisis

de datos estadísticos evidencia que los nuevos procedimientos especiales no han sido impulsados y abordados desde una perspectiva política criminal, por el sistema de justicia; para muestra de esto, en el período comprendido del 20112016 se habían realizado aproximadamente 170 procedimientos de delitos menos graves y 60 procedimiento simplificados, a nivel República, esto resulta preocupante tomando en cuenta que una de las características más consensuadas de los sistema penales latinoamericanos es que la mayoría de casos ingresados son por delitos menores y en flagrancia.

Otro aspecto que no ha sido fortalecido por las autoridades judiciales, a pesar de las reformas efectuadas en el 2010 y 2011 es el manejo, modernización y supervisión de la agenda

judicial. El ICCPG, en el 2016 analizó la programación, celebración y suspensión de audiencias en los once juzgados de instancia penal ubicados en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala. Los datos no son alentadores, de hecho, se identificó que solamente el 54% de las audiencias programadas en la agenda de los juzgados se realizaron de forma efectiva.

En virtud de lo anterior, el ICCPG considera importante hacer del conocimiento a la opinión pública nuestras consideraciones técnicas sobre la aprobación de la iniciativa de ley número 5311, Decreto número 10-2019 del Congreso de la República, Ley de Aceptación de Cargos, en el sentido de que su posible aprobación generaría una serie de problemas de gestión y organización dentro del sistema de justicia penal.

II. CONSIDERACIONES SOBRE DECRETO NÚMERO 10-2019. LEY DE ACEPTACIÓN DE CARGOS El Decreto aprobado pretende instaurar un nuevo procedimiento especial (Aceptación de Cargos) a partir de la incorporación de 12 artículos al Código Procesal Penal, puntualmente se adiciona el Título Sexto al Libro Cuarto sobre Procedimientos Específicos, además contiene dos artículos con disposiciones transitorias. En términos generales el procedimiento de aceptación de cargos comprende: • • • • • •

Objeto e implicaciones del procedimiento de aceptación de cargos; Diligenciamiento del procedimiento; Beneficios por la aceptación de cargos; El derecho de retractación y la imputación como acusación; Deber de declarar como testigo (ampliación de la colaboración eficaz); y Deber de reparación para el imputado que acepte los cargos.

Creemos que algunos contenidos de la iniciativa en cuestión son preocupantes no es la más esperados, por lo que presentamos a continuación propuestas de modificaciones al proyecto de ley:

1. Sobre los procedimientos especiales y formas anticipadas de finalización del proceso La previsión de formas de enjuiciamiento distintas al procedimiento ordinario responde a diferentes casusas según el tipo de proceso. Alberto Binder clasifica genéricamente estas formas específicas de encauzar los conflictos en: a) procedimientos especiales, cuando existe una estructuración especial que influye en todo el procedimiento; y b) juicios especiales, cuando lo que adquiere características especiales es sólo la estructura del juicio (2013, p267).

Esta clasificación de vías especiales halla su fundamento en: a) la pretensión de simplificar la respuesta estatal para algunos casos sea porque la sociedad requiere una respuesta mucho más rápida, o bien porque la trascendencia de la infracción no justifica el despliegue de mayores recursos; b) en la menor intervención estatal (delitos de acción privada); y c) en el aumento de garantías en el proceso penal.

proceso o salidas alternas, se debe partir tratando al delito desde el enfoque del conflicto primario, que implica asumir que lo central será atender el daño o dolor degenerado a la víctima.

Esto significa un escenario favorable para el trabajo judicial, pues los incentivos estarán colocados en pacificar ese conflicto, intentando dar una respuesta satisfactoria a la víctima y tratar la situación del imputado.

Ante esto, y aun cuando se ha escuchado la exposición de quienes han elaborado la Iniciativa de Ley que se analiza, en esta propuesta no es posible encontrar las razones político criminales para considerar que la creación de un procedimiento especial sea en razón de buscar respuestas mucho más rápidas (Eje: Inmediatez para la reparación), o porque se trata de casos que no envisten mayor connotación especial para el uso de todos los recursos que dispone el sistema penal, de hecho, la propuesta se dirige a dar el mismo tipo de respuesta a todos los casos penales, lo cual hace recordar una característica propia de los sistemas inquisitivos que se conocía como el principio de legalidad procesal.

En ese orden de ideas, desde el ICCPG concebimos a las formas anticipadas del proceso como un mecanismo destinado, en primer lugar, a la búsqueda de respuestas de mayor calidad, que satisfagan a las partes y que involucren una menor dosis de violencia estatal. No se trata de otra cosa que reconocer el conflicto entre el imputado y víctima y darle preeminencia en la búsqueda de soluciones que satisfagan sus intereses. Y, en segundo lugar, se pretende que a través de su aplicación, provocar una descongestión en el sistema penal, de modo tal de permitir que el Ministerio Público pueda ocuparse de los casos más graves y complejos, procurar torcer la selectividad burocrática que termina por ocuparse solo de procesar los conflictos de bagatela, deslegitimando así la respuesta punitiva del sistema penal.

Desde el ICCPG se considera que cuando se aborda el tema de las formas anticipadas del

2. Sobre la facultad del juez para modificar la calificación jurídica En la tercera lectura y aprobación por artículos del Decreto número 10-2019, se realizó una enmienda al “Artículo 491 ter. Trámite” que puede tener efectos negativos para el sistema procesal penal vigente.

Se tiene claro, que toda forma anticipada de finalizar el proceso penal debe cumplir con requisitos y presupuestos procesales, esto implica que la actividad del MP estriba en realizar una tarea de negociación con el sindicado y resguardando los derechos de las víctimas. Posteriormente, se somete a control jurisdiccional para verificar que se haya cumplido los presupuestos legales y que no se vulneren garantías fundamentales de los sujetos procesales.

Sin embargo, en la enmienda de curul de este artículo se aprobó con un párrafo que puede tener consecuencias negativas:

“Si la evidencia del Ministerio Público no fuera suficiente a criterio del órgano jurisdiccional podrá modificar la calificación jurídica.”

Esto implica que el Juez tendrá la facultad de decidir de manera discrecional (o arbitrariamente) si el trabajo de investigación realizado por el MP es completo o no, esto es una intromisión a las competencias del fiscal y también tergiversa las funciones del juez de garantías, que simplemente no tiene competencia para valorar prueba. Lo discrecional de esta disposición también estriba en el poder

de cambiar la calificación jurídica, es decir, que no solo se puede beneficiar al acusado con reducción de pena, sino que el juez también puede cambiar el delito por el que imputó cargos el MP. Lamentablemente, nuestro sistema penal aún padece de prácticas arbitrarias y de corrupción, en donde los jueces han sido señalados por actos que favorecen a la impunidad. Entonces, esta facultad que además de desnaturalizar las

competencias que le corresponden al juez, favorecería a lograr acuerdos espurios entre defensores, acusados y el juez de garantías, ignorando por completo el trabajo de investigación del MP. Hay que recordar que la imputación impone la explicación de la materialidad ilícita y la autoría, en términos prácticos significa exponer la calificación jurídica al imputado en la audiencia de primera declaración, que en un sistema acusatorio corresponde exclusivamente al Fiscal, no al juez.

3. Excepciones para la aplicación del procedimiento de aceptación de cargos Con el riesgo de repetir algunos conceptos, no debemos olvidar un presupuesto teórico conceptual importante sobre las formas anticipadas del proceso: el reconocimiento de que en una sociedad democrática se deben gestionar los conflictos de modo tal de dejar solo la pena para los hechos más graves y significativos (principio de ultima ratio), asumiendo que el conflicto primario que subyace a un caso penal es el que involucra a las partes, esto es, víctima e imputado, y no al Estado. No obstante, la infracción a la norma y los intereses del Estado son parte de un conflicto secundario que, solo en determinados casos, podrá tener igual o mayor entidad que el conflicto primario y bloquear, de ese modo, la posibilidad de que las partes puedan arribar a un acuerdo (Eje. Delitos contra la vida, actos de terrorismo, delitos de lesa humanidad, entre otros) Por ello, la regulación normativa de las formas anticipadas de finalización del proceso, procedimientos especiales o salidas alternas, no pueden obviar los principios descritos anteriormente. Dicho esto, es preciso reconocer que la regla debiera ser que todos los hechos son pasibles de acuerdo entre las partes, para luego procurar determinar en qué casos podría haber un excepcional interés público prevalente que inhiba la posibilidad de acuerdo entre las partes.

De esa manera, en su momento propusimos al Congreso de la República que los delitos de interés público que debían contemplarse en el proyecto de ley, y por ende, no estarían sujetos a procedimiento de aceptación de cargos, tales como: Genocidio; Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; Desaparición forzada; Tortura; Asesinato; Plagio o secuestro; Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexuales y contra el Pudor; Violencia contra la mujer; Parricidio; Femicidio; Delitos cuya pena máxima sea superior de quince años de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; Tráfico ilegal de guatemaltecos y delitos conexos; y Lavado de dinero y delitos conexos.

Sin embargo, en la tercera lectura y aprobación por artículos del Decreto número 10-2019, Ley de aceptación de cargos, específicamente en el “Artículo 491 Quáter” inciso a) no se consideró al delito de lavado de dinero y otros activos y tampoco el de violencia contra la mujer, en las restricciones para su aplicación. Que no se haya incluido a la violencia contra la mujer en las restricciones, puede ser una ventaja o desventaja:

• La ventaja estriba en que más del 17% de los ingresos al sistema penal por año y a nivel república son por este delito (Diaz y Guzmán, ICCPG, 2018), por lo que una salida como la aceptación de cargos podría beneficiar a descongestionar el sistema penal; • La desventaja, es por la naturaleza del delito de violencia contra la mujer, estamos hablando de un delito con connotación de género y relaciones de poder, por lo que solo la aceptación de cargos, que conlleva beneficio de reducción de la pena para el imputado, no implica que se den garantías para resguardo de la seguridad a la integridad y vida de las mujeres víctimas, por lo que el riesgo de que se incurran en reincidencias es alto.

4. Sobre la restricción del “reincidente habitual” De igual forma, en la enmienda de curul aprobada para el “Artículo 491 Quáter”, puntualmente el inciso f) dispone: “Si se trata de reincidentes habituales por el mismo delito, no se tendrá derecho a rebaja de penas por aceptación de cargos”. Esta disposición contiene una contradicción con las normas del Código Penal vigente, toda vez que el concepto de reincidencia y habitualidad son totalmente distintos, lo cual se agravaría con la interpretación que puedan dar los jueces en la aplicación de la ley aprobada.

El artículo 27 del Código Penal, que regula las circunstancias agravantes, establece:

“Reincidencia

23. La de ser reincidente el reo. Es reincidente quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado, en sentencia ejecutoriada, por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena.

Habitualidad 24. La de ser el reo delincuente habitual. Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de dos delitos anteriores, cometiere otro u otros, en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas. El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena.”

Queda claro, que establecer el concepto “reincidente habitual” puede traer consecuencias negativas al sistema de justicia penal, toda vez que el ordenamiento jurídico vigente ha diferenciado las dos categorías penales de Reincidencia y Habitualidad, entonces un nuevo concepto como éste puede dar lugar a arbitrariedades en su implementación, ya sea por la aplicación de la aceptación de cargos para quien fuese reincidente, y con ello traer beneficios punitivos a quien no puede acceder a los mismos, o bien, que la restricción como tal sea aplicada mediante criterios discrecionales en cada caso concreto.

5. Sobre el deber de reparación digna El “artículo 491 Duodecies” aprobado mediante la enmienda de curul, establece la obligación de reparación por parte de quien sea beneficiado con la aceptación de cargos. Sin embargo, la disposición aprobada tiene algunas situaciones que afectarían el derecho de acceso a la justicia en caso de delitos cometidos contra particulares y dificultaría la forma de hacer efectiva la reparación, cuando el estado sea agraviado:

Cuando se habla sobre las condiciones socioeconómicas del imputado, se regula de manera muy escueta, lo que estaría sujeto a interpretación discrecional. Esto implicaría que las víctimas (incluyendo al estado) deban esperar un tiempo considerable para lograr obtener el 70% del monto definido como reparación. Sin duda alguna esto afecta gravemente el acceso al a justicia, porque en las otras medidas desjudicializadoras como el criterio de reparación, el juez accede a su aprobación porque la reparación cumple las expectativas de la víctima, es decir, toma en cuenta su opinión, caso contrario como se aprobó para la aceptación de cargos.

En los casos penales en que la víctima o afectado por el delito sea el Estado o administración pública, además de que no accedería a una reparación inmediata en beneficio de los intereses públicos, no se contempla que el beneficiado por aceptación de cargos se vea inhabilitado para el ejercicio de la función pública o ser contratista del Estado, tal como en su momento propusieron las organizaciones de sociedad civil. Recordemos que en casos de corrupción y criminalidad económica, los imputados y acusados se caracterizan por tener un perfil económico distinto al resto de personas que son absorbidas al sistema penal.

Sobre la inhabilitación para el ejercicio de la función pública o ser contratista del estado, una vez sea beneficiado con la aceptación de los cargos, cabe recordar que también desde sociedad civil organizada se ha propuesto la necesidad de implementar medidas legislativas para la modernización del sistema de adquisiciones del estado y servicio civil.

6. Riesgos de la declaración del imputado como testigo De acuerdo con el “Artículo 466 Undecies”, cuando el imputado decide someterse al procedimiento de aceptación de cargos, con el fin de obtener beneficios punitivos, tiene el deber de declarar como testigo en los delitos aceptados. Acá no queda una obligatoriedad sino a requerimiento del fiscal, lo cual puede o no suceder, que fue uno de los temas discutidos previamente. Nos preocupa el contenido de este artículo por varias razones:

a. Instaurar un procedimiento especial, como es la aceptación de cargos, debería en todo caso

guiarse con los objetivos político criminales descritos anteriormente (descongestión del sistema y abordaje del conflicto primario, que privilegia la garantía para la reparación del daño);

b. Que con esta norma se crearía un nuevo tipo de “colaboración eficaz”, lo cual contravendría los

principios de la Convención de Palermo y de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en el sentido de que esta figura de investigación para procesos de criminalidad organizada está dirigida para fenómenos criminales específicos, y por ello, su carácter es excepcional y a su vez, de esta forma la figura de colaborador eficaz podría verse desvirtuada pues podría utilizarse de manera indistinta al procedimiento de aceptación de cargos;

c.

La interpretación del artículo de proyecto genera riesgos, pues da lugar a comprender que todo delito sería abordado por las instituciones de persecución e investigación como delitos de delincuencia organizada, es decir, que privilegia una visión punitiva en el sentido de creer que en cada delito se involucrar una organización criminal y no una visión de gestión de la conflictividad y democrática que parte de analizar el conflicto entre las partes que dio lugar a la comisión del delito.

d. Sin olvidar, que dentro de la iniciativa no se regula lo concerniente a la posibilidad de impugnar la resolución judicial, por lo que se está afectando gravemente el derecho de defensa y tutela

judicial efectiva, que garantiza la Constitución Política y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

III. CONSIDERACIONES FINALES Una vez que se han analizado los aspectos del Decreto número 10-2019 del Congreso de la República, Ley de Aceptación de Cargos, se puede afirmar que persigue un objetivo ambicioso: resolver la problemática de la mora judicial y cargas inmanejables de trabajo en el sistema penal, mediante la instauración de una forma anticipada de finalización del proceso.

No obstante, consideramos que la aprobación de la iniciativa contraviene los principios del sistema adversarial y acusatorio, además de que el decreto se ha aprobado con el único propósito de beneficiar a un grupo selecto de imputados y acusados, como son las personas implicadas en casos de corrupción y criminalidad de cuello blanco, sin darse cuenta de que a su vez benefician a amplios sectores de la criminalidad lo que, de darse de manera sin la institucionalidad preparada, podría agravar las crisis sociales.

Consideramos que los problemas de mora judicial en el sistema penal se pueden superar

por medio de una política judicial efectiva, que considere la reorganización de los despachos judiciales, un programa de audiencias eficiente, oficinas de control de medidas sustitutivas, la coordinación interinstitucional y la dotación de recursos suficiente para las instituciones del sistema de justicia penal.

Desde el punto de vista político, se percibe como una forma de legislar en favor de diferentes acusados de corrupción ya que muchos de los actuales diputados pierden inmunidad en enero próximo por lo que de esta forma facilitaría que solucionaran sus casos sin llegar a la cárcel.

Además, personas que se encuentran en prisión podrían empezar a salir de ella, ante un escenario en el cual las fuerzas de corrupción y narcotráfico, sumada a una posible reconfiguración en la elección de cortes, puedan terminar de cooptar el sistema de justicia y favorecer el alce de la criminalidad y la violencia.