edicion 185 martes 12 de junio 2012

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DIARIO ALFIL martes 12 JUN 2012

SEMIrRÁPIDAS Judiciales

Drogas: problemas para poner en marcha el fuero provincial Por José Ángel Villalba joseangel.villalba@yahoo.com.ar

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ontra todas las expectativas favorables que despertó, en su momento, el anuncio de la creación del fuero provincial antidroga, como forma para combatir la venta al menudeo de estupefacientes, la realidad indica que su puesta en práctica llevará más tiempo del que se prevé. La demora podría ser, tal vez, de más de un año para que empiece a funcionar, ya que son numerosos los aspectos que hay que contemplar, tanto desde lo presupuestario (más organismos, más edificios, más personal, etc.), cuanto desde la adecuación de sus estructuras y preparación del personal que será destinado a esas tareas. El proyecto enviado por el gobierno provincial a la Legislatura, que podría aprobarlo en breve tiempo, se refiere a la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional Nº 23.737 sobre estupefacientes, para que sean los organismos judiciales provinciales, _en vez de los federales, como hasta ahora_ los que lleven adelante la investigación y sanción de esa modalidad delictiva que, día a día, carcome los estratos más bajos de la sociedad.

Advertencia del TSJ Pero, ha sido el propio Poder Judicial de la Provincia el que, a través de sus principales representantes, ha puesto sobre aviso a los legisladores y al mismo gobierno de José Manuel de la Sota, respecto de los inconvenientes con que tropezará la iniciativa para funcionar adecuadamente, aun a pesar de que sean aceptadas las reformas que propusieron la semana anterior. Como se sabe, el pasado miércoles acudieron a la Legislatura los vocales del

Tribunal Superior de Justicia María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y Luis Rubio, junto con la fiscal general adjunta, María Martha Cáceres de Bollatti, quienes se reunieron con legisladores y les expusieron los inconvenientes que plantea a la Justicia provincial la aplicación de la adhesión a la ley nacional.

gestión con una carga de tareas que lo pondría en riesgo de colapso, con todo lo que eso significa.

Esperando las partidas

Cálculo automático de condenas

Por un lado, los funcionarios judiciales señalaron que necesitarán una asignación presupuestaria mayor de dinero, pero a su vez pusieron reparos al proyecto original, en cuanto deja supeditada la financiación del proyecto a que el Estado Nacional haga el aporte correspondiente. Sobre ese punto los representantes del TSJ recordaron a los legisladores que la Provincia de Buenos Aires, en más de siete años que lleva su adhesión a la Ley nacional, todavía no recibió el dinero que debía aportarle la Nación. Por ese motivo, consideraron que para que el sistema funcione, tendría que ser la Provincia la que adelante esas partidas y luego gestione ante la Nación el pago correspondiente. También señalaron que una vez aprobada la adhesión no podrá comenzar a funcionar de inmediato y agregaron que una de las consecuencias del nuevo sistema, cuando esté vigente, será la transferencia, a la jurisdicción provincial, de un gran número de causas penales que hoy se tramitan en la Justicia federal, vinculadas con investigaciones de diversas operaciones de tráficos de drogas en menor escala. En ese orden, se prevé que alrededor del 80 por ciento de esas causas de la Justicia Federal pasarán, una vez aprobada la adhesión a la ley nacional, a la órbita de la Justicia provincial, con lo cual el fuero provincial antidroga arrancará su

La semana pasada se dio a conocer oficialmente, a través del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que ya se encuentra en condiciones de ser utilizado por magistrados y funcionarios provinciales, el sistema informático que permitirá efectuar el cálculo de condenas en forma automática. Se trata, según se informó de una herramienta que fue desarrollada a partir de un software libre, por personal del Area de Informática del Poder Judicial, mediante la cual a través de la incorporación de los datos de las sucesivas detenciones y cese de medidas de coerción aplicadas al imputado, juntamente con el agregado del tipo y monto de condena que se le aplica, permite mostrar en el acto la fecha de vencimiento de la condena y las fechas en que la misma persona estará en condiciones de acceder a la libertad condicional y a la libertad asistida. Esa herramienta informática ya está siendo utilizada en la sede judicial de San Francisco, donde se realizan juicios abreviados en el marco del llamado nuevo modelo de gestión en el proceso penal, para delitos cometidos en flagrancia. El sistema fue sometido a diversas pruebas por parte de diferentes organismos judiciales, tras lo cual y luego de efectuarse algunas correcciones, fue aprobada por el TSJ como “herramienta provechosa para los distintos tribunales del fuero penal”.

Abogados reclaman por incumbencias La Federación Argentina de Abogados (FACA) reclamó mayor participación de los abogados en diversos temas, como el de los acuerdos prenupciales, que hoy son tratados en el Congreso de la Nación, en el marco del proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial. Los reclamos se sustentan en las conclusiones a las que llegó la entidad profesional, tras la reunión de la Junta Extraordinaria, y que fueron elevadas a consideración de la comisión que elaboró el anteproyecto y al Ministerio de Justicia de la Nación. En el caso de los contratos prenupciales, la FACA considera necesaria la asistencia letrada de los contrayentes, para garantizar el resguardo del derecho de defensa, así como también estima imprescindible la homologación a través de un juez. Sobre el mismo punto, los letrados expresaron su queja porque el proyecto prevé que esos acuerdos matrimoniales deben ser hechos mediante escritura pública, con lo cual se da a los escribanos una participación que afecta las incumbencias de los abogados, en desmedro de esta profesión.

Capacitación de estudiantes de derecho Con el objetivo de brindar capacitación a los estudiantes de derecho, para desempeñarse en las áreas jurídicas del Estado provincial, se firmó recientemente un convenio entre la Facultad de Derecho de la UNC y el gobierno provincial. El acuerdo, que fue suscripto por el decano de Derecho, Ramón Yanzi Ferreira y el jefe de Gabinete, Oscar González, prevé de ese modo dar cumplimiento a la Ley de Educación Superior, que exige que los estudiantes realicen prácticas profesionales, durante el desarrollo de su carrera. Quedó estipulado que los estudiantes serán seleccionados por la Facultad de Derecho y esa nómina quedará a consideración de la Provincia.


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