México En 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto. Al tiempo de su asunción, se firmó un acuerdo entre partidos políticos, denominado Pacto por México, que apuntaba a mostrar consensos en una serie de reformas estructurales para mejorar la situación económica, social y competitiva de México. Como consecuencia de ese pacto, en junio de 2013 se firmó el decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica. Los ejes de esa reforma fueron el fortalecimiento de los derechos fundamentales como acceso a la información y derechos de los usuarios, la actualización del marco legal del sector y el fortalecimiento del marco institucional. Se trata de una reforma particular porque algunos principios rectores de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión se encontraban establecidos en la Constitución. Por lo tanto, fue necesaria una reforma constitucional para modificar la regulación del sector. Esa reforma estableció en la carta magna detalles minuciosos sobre la reglamentación y las políticas de inclusión TIC. Por ende, se generó un entorno favorable, aunque con algunas ambigüedades: las reformas tienen el peso de estar establecidas en la Constitución, lo que da un marco de previsibilidad. Pero es por esa misma razón que pueden darse algunas dificultades para flexibilizar procedimientos y plazos con respecto a lo establecido en la Constitución. Entre otras cosas, la ¨Reforma¨ apuntaba principalmente a promover un diseño institucional pro competencia así como a garantizar la autonomía del regulador. De la reforma se han valorado cambios como la apertura a la inversión extranjera directa, hasta 100% en telecomunicaciones y hasta 49% en radiodifusión (antes de la reforma, el sector de radiodifusión estaba cerrado al capital extranjero y el de telecomunicaciones estaba limitado al 49%, con excepción de la telefonía móvil, que tenía una apertura total);; la posibilidad de que los concesionarios presten todo tipo de servicios bajo un esquema de concesión única, el adelantamiento de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para diciembre de 2015;; el fortalecimiento del regulador, entre otros. Sin embargo, siguen sin generar la suficiente confianza cuestiones como: la decisión de un ente y una ley convergente y al mismo tiempo el establecimiento de preponderancia por sectores, en lugar de por servicios o mercados. A esta decisión, lo que se le critica es que deja sin analizar, entre otros aspectos, el mercado de televisión por suscripción dónde hay una fuerte concentración. Esta última queda sujeta al poder sustancial de mercado. Por otro lado, quienes defienden la preponderancia por sector utilizan, entre otros argumentos, el hecho de que el establecimiento de reglas de preponderancia por servicio hubiera afectado a servicios como el trunking, dónde un solo proveedor tiene más del 90% del mercado y al mismo tiempo es un servicio con alto nivel de sustitución. Independientemente de cuán a favor o en contra se encuentre cada actor respecto de los argumentos, lo que ocurre es que las reformas siguen generando niveles de incertidumbre. En cuanto a la preponderancia, también existen debates en torno a cómo funcionarán las reglas establecidas y cómo será el proceso de monitoreo ex post para flexibilizar las medidas luego de que se cumplan los objetivos. Por otra parte, para los proceso de reglamentación se hace un uso intensivo de la consulta pública, lo que contribuye al diálogo.
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