El sector dispositivos también está más maduro, la innovación ya no está sólo centrada en el Smartphone sino también en otros objetos como relojes, pulseras, y otros que están por venir, etc. Vale mencionar el caso de los precios de las computadoras que siguen siendo la herramienta de oficina necesaria. Computadoras obsoletas generan costos innecesarios de mantenimiento. En este sentido, la renovación resulta importante para el ámbito productivo, en especial las pequeñas y medianas empresas. Una política orientada hacia la renovación de dispositivos también podría significar oportunidades para una nueva industria electrónica si se mira el mundo de los nuevos objetos conectados con una perspectiva de largo plazo. No se debe olvidar que parte del éxito de la telefonía móvil ha sido el subsidio al terminal y esas políticas están cambiando tanto desde el punto de vista del operador como desde el punto de vista de la regulación que apunta al dispositivo liberado para dar poder al usuario a la hora de contratar el servicio. Un caso positivo es el de Colombia y su política de eliminación de aranceles de importación para productos tecnológicos en el año 2011, y anteriormente la eliminación del IVA a las computadoras. Sin embargo, al cierre de este estudio determinaba el incremento las alícuotas para dispositivos, generando fuertes críticas de toda la cadena de valor. Las políticas de Fondos de Acceso del Servicio Universal (FASU) aún guardan temas a resolver. Brasil casi no han utilizado los fondos, Argentina los ha activado recientemente y en otros países caso, como el de Venezuela, es limitad la información sobre su estado de actividad. El último punto analizado en este informe es el de los impuestos. Las reducciones impositivas encuadradas en una política de largo plazo no logran permear en la agenda de discusión. En algunos países se establecieron medidas coyunturales positivas y necesarias para reducir la barrera de acceso a servicios en los sectores de más bajos recursos. Pero se sigue sin prestar atención a los efectos de los impuestos sobre el total del ecosistema. Y este debe ser un tema a resolver en el futuro próximo. Por ejemplo, suponiendo que se cerrara la brecha en cuanto a penetración de servicios móviles y con un escenario de empresas más maduras, será necesario revisar las cargas tributarias para generar un entorno capaz de estimular el consumo de servicios en usuarios de bajo uso. Por otra parte, en general los Planes TIC son políticas públicas y no política de Estado de largo plazo, lo que deriva, en que con los cambios de gobierno, se discontinúen acciones. Si se quiere que la reducción de brecha sea trasformadora, deberá ser importante la incursión en políticas de Estado o al menos consensos para la continuidad de aspectos de los planes que obtienen resultados positivos. Para eso es necesaria una evaluación del punto al que se ha llegado y sus impactos. Algo que muchas veces no está como práctica de seguimiento de los programas TIC. En el caso de los ¨Planes TIC¨ solo algunos establecen mecanismos formales de participación y consultas con el sector privado. Esto trae aparejadas al menos dos problemáticas. La primera es reducir la credibilidad de todos los stakeholders sobre la efectividad de los mecanismos de participación. Contribuyendo de esta manera a incrementar la incertidumbres sectorial y estructural (país). La segunda es desestimar la reducción de asimetrías de información entre los hacedores de políticas públicas y los prestadores de servicios como un proceso para generar mayor conocimiento en pos de mecanismos de reducción de brecha digital que sirvan para las políticas públicas actuales y las futuras, e indirectamente y difícil de estimar, su impacto en la reducción de la inversión en el corto plazo.
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