En los últimos meses, el sector agrícola mexicano ha vivido dos acontecimientos de gran relevancia: la prohibición de 35 plaguicidas y el incremento de aranceles al tomate mexicano por parte de Estados Unidos. Ambos hechos reflejan un cambio profundo en el entorno productivo y comercial del campo nacional, que exige a los productores adaptarse con rapidez a nuevas condiciones tanto internas como externas.
Por un lado, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación marca un paso hacia una agricultura más sostenible. La medida busca eliminar del mercado sustancias con efectos adversos comprobados sobre la salud humana y el medioambiente, como el aldicarb, carbofurán o el endosulfán.
Sin embargo, el desafío no termina con su prohibición. Para muchos productores, especialmente los pequeños y medianos, la sustitución de estos insumos implicará costos adicionales, ajustes técnicos y la necesidad de capacitación en manejo integrado de plagas o alternativas biológicas. En este contexto, será necesario qu
