Somos poder, poder constituyente #1 by Agencia Estudiantil de Prensa

Somos poder, poder constituyente

Crece la audiencia-Convocatoria nacional del proceso de Constituyentes por la Paz | Constituyentes Regionales: la Paz en Marcha | Pre-Constituyente Regional: en BĂşsqueda de la Paz desde el Tolima | Elementos para proyectar el proceso constituyente en el Tolima: diagnĂłstico de problemĂĄticas

Contenido

Presentación

Crece la audiencia Convocatoria nacional del proceso de Constituyentes por la Paz

Constituyentes Regionales: la Paz en Marcha

Entrevista a Andrés Gil, uno de los voceros de Marcha Patriótica y responsable del trabajo de las Constituyentes Regionales

Pre-Constituyente Regional: en Búsqueda de la Paz desde el Tolima

1. La paz desde el ángulo de los campesinos y cafeteros | 2. La paz desde el punto de vista de los indígenas | 3. La locomotora mineroenergética: una piedra en el camino de la paz

Elementos para proyectar el proceso constituyente en el Tolima: diagnóstico de problemáticas

Insumos para proyectar soluciones y comenzar a construir una constitución popular

Presentación

El diálogo ha vuelto a tocar la puerta de nuestra historia. Después de 10 años de arremetida militarista, agudización del conflicto armado y degradación de su dinámica, el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-EP se han sentado en una mesa de conversaciones. Los objetivos: ponerle fin a más de 50 años de confrontaciones armadas y proyectar las bases de una paz estable y duradera. Pese a que este propósito es totalmente admirable, el pueblo colombiano no puede quedarse expectante ante lo que ocurre en La Habana-Cuba. Teniendo en cuenta que el conflicto armado implica a centenares de grupos sociales y la construcción de la paz involucra a todas y todos, el pueblo necesita tomar la iniciativa y pujar por un acuerdo de paz benéfico para los sectores sociales y populares más desfavorecidos del país, elaborando propuestas de nuevo país. En este sentido, las organizaciones sociales partícipes en el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la Paz, efectuado en 2011, lanzamos la iniciativa de las constituyentes por la paz con justicia social como una forma de jalonar un gran movimiento por la paz en Colombia y, en especial, como una opción para pujar por la solución política del conflicto social y armado. A más de un año de presentada esta propuesta, y con la complacencia Somos poder, poder constituyente

de otras organizaciones sociales, populares y políticas que se han venido sumando, presentamos unos aportes básicos para continuar desarrollando esta iniciativa a lo largo y ancho del Tolima y entre los sectores sociales víctimas de las políticas imperantes. Eso sí: Los presentes elementos son producto de los encuentros, reuniones y acciones que las gentes de a pie del Tolima han efectuado en defensa de sus derechos y por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Aunque no está dicho todo, esperamos que el presente material se aun aporte para pensar la paz desde el Tolima y, en particular, desde aquellos que no tenemos voz dentro de la estructura del Estado, desde quienes somos marginados en la toma de decisiones y desde el ángulo de

quienes el ejército oficial apunta sus armas, cada vez que marchamos y protestamos.

Constituyentes por la Paz con Justicia Social

Crece la audiencia Convocatoria nacional del proceso de Constituyentes por la Paz Febrero 20 de 2013

La paz con justicia social es un derecho y un anhelo histórico de los colombianos y colombianas. Desde la Independencia en el siglo XIX, miles de hombres y mujeres han entregado su vida por conocer en nuestra Patria una sociedad más justa y equitativa. Desde distintos rincones de Colombia se escucha, en la hora actual, un inmenso clamor por la solución política del conflicto para sembrar las bases de la paz con justicia social. Trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, intelectuales, sectores de la iglesia, la gente del común, claman en un coro polifónico por la paz en cada provincia y región de nuestro territorio. La paz con justicia social es una responsabilidad con las generaciones futuras y con el mundo Una paz estable, vinculante y duradera debe construirse con la participación determinante del constituyente primario. En nuestra tradición republicana ese poder constituyente reside en el pueblo, en la gente del común. Por ello, Simón Bolívar, en su mensaje a la Convención de Ocaña, en 1828, manifiesta: “También participo yo de la mayor ventura devolviéndoos la autoridad que se había depositado en mis cansadas manos; tocan a los queridos del pueblo las atribuciones soberanas, los derechos supremos, como delegados del omnipotente augusto de quien soy súbdito y soldado”. En la tradición emancipatoria de Nuestra América los procesos que nacen desde abajo, Somos poder, poder constituyente

desde las entrañas del pueblo, posibilidades de cada situación. Sus emergen para permanecer. Debemos reivindicaciones, formas de perseverar en que los distintos organización, tipos de movilización, caminos que elijan los movimientos repertorios culturales, imaginarios, sociales (Congresos; Cabildos; Rutas; símbolos, etc., se comprenden como Mingas; Marchas; etc.) siempre un ejercicio autónomo y soberano por potencien la soberanía popular. La paz la paz de Colombia. con justicia social debe ser refrendada (…) Estamos convocando a todos por el pueblo; esta es nuestra los colombianos y colombianas a responsabilidad histórica y ejemplo de iniciar este proceso (…), coherencia con nuestra historia comprometiendo nuestra experiencia democrática. vital a gestar Constituyentes por la paz Las Constituyentes por la solución con justicia social en Colombia. Allí política y la paz con justicia social en donde cualquier voz de un compatriota Colombia son una manifestación de la esté decidida a contribuir a este largo plena confianza en el constituyente proceso, encontrará aquí su espacio, primario, que en este momento debe que parafraseando al poeta y dirigir el destino de esta patria pensador colombiano Jorge Zalamea: estremecida por la guerra, la injusticia “Crece la audiencia... y seguirá y los límites a la democracia. Las creciendo”, por la paz de nuestra Constituyentes las concebimos como “dulce y tremenda tierra”. experiencias de organización, acumulación y politización de las Las Constituyentes por la gentes del común y los solución política y la paz sectores sociales y con justicia social en populares Colombia son una manifestación de la organizados; expresión plena confianza en el constituyente permanente de una primario, que en este momento debe construcción dirigir el destino de esta patria democrática, directa, estremecida por la guerra, la comunitaria y injusticia y los límites a la autogestionaria del democracia”. poder popular desde abajo. No tienen como propósito conformarse en estructuras formales, sino en procesos dinámicos orientados por el propio pueblo. Las Constituyentes pueden ser locales, regionales o sectoriales, según las condiciones y

“

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Constituyentes Regionales: la Paz en Marcha Por Hernรกn Camacho Febrero 21 de 2013

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Uno de los voceros de Marcha Patriótica habló con VOZ sobre el magno proceso de Constituyentes Regionales por la Paz. ¿Qué son? ¿Cuál es su objetivo y quiénes pueden participar? Son algunos interrogantes a los que dio respuesta Andrés Gil, quien ha liderado el proceso y le explica al país cual es el proyecto de paz que se construirá a partir del 20 de febrero. -Expliquémosle a nuestros lectores del mundo ¿de dónde llega la idea de Constituyentes por la Paz? Las Constituyentes por la Paz con Justicia Social se originan luego de toda la movilización social que despertó el Encuentro de Barrancabermeja en 2011, donde más de 700 organizaciones de todo tipo y de todo punto geográfico del país, se dieron cita en un evento inspirado por organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas por el territorio que a raíz de su experiencia en medio del conflicto quisieron poner en la mesa su visión, su resistencia y compartirla para construir una gran propuesta ciudadana de paz. -El Encuentro de Barrancabermeja lo recordamos por El Diálogo es la Ruta. ¿Esa en últimas es la fórmula propuesta por los colombianos? El Diálogo es la Ruta con la intención de rescatar el papel del ciudadano, de las gentes del común, de ese constituyente primario en la paz. Y las ideas del encuentro de unidad fueron llegando a la necesidad

de la solución política, por eso ese encuentro es el inicio de un proceso político importante. Partiendo de la idea de no esperar a que un gobierno tuviera la iniciativa de discutir la paz. Es la ampliación de la base por la paz que es un proceso permanente y muy amplio. -¿Pero cuál paz? Ese Encuentro fue un proceso para generar espacios de politización diferente al consenso mediático que el establecimiento colombiano le ha impuesto a los colombianos: una idea de permanente guerra como única salida para la solución de los problemas del país. La militarización y el aumento del gasto público en armas, en tecnologías de combates no pueden resolver el conflicto. Totalmente equivocados los que piensan así. -Es decir la paz con justicia social. Sí. El conflicto se resuelve con inversión pública en salud, en educación en atender los problemas sociales del país y en volcar la estructura poco democrática a una que integre fuerzas sociales distintas, capaces de trasformar el país y volverlo incluyente, tolerante pero sobre todo verdaderamente democrático. Ese proceso de Constituyentes es también en la perspectiva de vincular las ideas del pueblo por la paz que se discute en el proceso de conversaciones en La Habana. -¿Quiénes pueden participar? Todos. Las constituyentes pueden

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ser locales, municipales, sectoriales, barriales, comunales a las que pueden llegar delgados de veredas, municipios, caseríos, delegados de organizaciones sociales, delegados de instituciones, de partidos políticos, es decir todo colombiano que confluya en la idea que el diálogo es la ruta a la paz. Y que la paz con justicia social sea una perspectiva definitiva. Amas de casa, estudiantes, trabajadores, desempleados, sindicalistas, no sindicalistas. Mujeres, jóvenes afros, indígenas, etcétera. Todos los ciudadanos son constituyentes primarios. -¿El constituyente primario se reviste de poder constituyente? Por supuesto, el ciudadano de a pie es una persona que se preocupa por plantear su opinión de los problemas, tal opinión se debe tener en cuenta para la solución de esos mismos problemas reales de cada colombiano. No puede el ciudadano de a pie pensar que los parlamentarios tradicionales representen ese interés. Estas Constituyentes son la manera de decir que los intereses de las gentes del común los representan las gentes del común. Todo eso es poder constituyente ratificado en un

mandato. -¿Los mandatos son el poder delegado? Sí son las decisiones de paz, las perspectivas de paz desde el pueblo colombiano. Allí se ratifica cuál es la paz: que no es precisamente la paz de Álvaro Uribe, de Francisco Santos, de Ardila Lülle, del grupo Santo Domingo, no. Es la paz del pueblo que no ve solamente el acallar los fusiles o la entrega de la insurgencia. Es la paz con justicia social. -A propósito de esos tipos de paz que excluyen temas de la Mesa en La Habana como el modelo económico. ¿Qué temas discuten las Constituyentes? Los temas neurálgicos para Colombia. La explotación del suelo en las comunidades con proyectos megamineros en contra de la vida, o la educación pública de calidad que proponen los estudiantes en cada una de las marchas, o las políticas públicas excluyentes de las comunidades, o la reformulación de un sistema de salud público y garantista para todos, o la justicia, o la garantía de participación política de las comunidades, o la garantía de una reforma agraria integral. Todos los

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temas de trasformación del país serán discutidos, debatidos y mandatados. -Ese proceso constituyente ya se echó a andar. Pero no es fácil un proceso amplio, se presumen muchos inconvenientes y enemigos. ¿Es así? Hay dificultades de distinto tipo. La primera es la estigmatización permanente a toda actividad de las fuerzas progresistas que acompañan la paz y los señalamientos de las Fuerzas Militares, algunos medios masivos de comunicación que se han prestado ingenuamente o no, a esa estigmatización. Pero también nos han intentado endilgar a las Constituyentes un proceso electoral desdibujando un proceso importante de legitimidad política de los colombianos. Y el otro tipo de dificultades es premeditadamente confundir las constituyentes por la paz con las asambleas constituyentes que proponen los uribistas y sus aliados. Esa constituyente son muy diferentes a las nuestra. -¿El objetivo, la meta de las constituyentes? La constituyentes quieren convertir la paz en un sentir nacional. Condicionar al Estado a no levantarse

de la mesa de conversaciones y ampliar a los sectores populares la discusión de los temas de la Agenda. Afirmar que el gobierno es el único dueño de la llave de la paz es equivocado. La llave es del pueblo. -¿A dónde llegarán esos mandatos? A una gran constituyente en Bogotá (...). Allí se reunirán todos los delegados de las Constituyentes Regionales, locales, departamentales, sectoriales para mandatar la paz. Alentar un proceso gigante de socialización a todos aquellos que no estuvieron en las constituyentes y convocaremos a trasformar el país desde las necesidades y desde las soluciones de las gentes del común. -Defíname las Constituyentes Regionales por la Paz. Esto es una marcha que no tiene atrás, del constituyente primario por la paz.

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PreConstituyente Regional: en Búsqueda de la Paz desde el Tolima Conclusiones

El pasado 19 y 20 de julio, labriegos, jornaleros y gentes de a pie de Dolores, Planadas, Rioblanco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Roncesvalles, Rovira, Ibagué y Cajamarca, junto con integrantes de organizaciones como ASTRACATOL, Congreso de los Pueblos, SINDESENA, Marcha Patriótica, Unidos por el Sur, ASODEUSUARIOS, ASTRACAMBRIN, la Juventud Comunista Colombiana, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la ANDES, entre otras, disertamos en torno a la paz y sus posibilidades. Como producto inicial de esta reflexión, identificamos algunos de los problemas que actualmente dificultan su concreción y postulamos unas soluciones tendientes a superar tales problemáticas, entendiendo que si solucionamos los problemas que padecemos en nuestra vereda, barrio, colegio, corregimiento, municipio, podremos dar pasos gigantes en la consecución de la paz. 1. La paz desde el ángulo de los campesinos y cafeteros 1.1 Un diagnostico muy breve En la actualidad, una buena porción de los campesinos de Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Roncevalles, Rovira, Ibagué, Cajamarca y Dolores, vivimos en condiciones de pobreza y miseria notables, especialmente aquellos quienes nos ubicados a más de 3 o 4 horas de las cabeceras municipales. Al respecto, los indicadores más usuales ponen esta situación al Somos poder, poder constituyente

descubierto: la mayoría de nosotros estamos ubicados sobre las pendientes de las montañas; poseemos y trabajamos predios irregulares topográficamente; comercializamos nuestros productos sin pretender mayores ganancias porque los costos de transporte son muy elevados y los de compra muy bajos; habitamos viviendas sin suelos o con pisos hechos a base de cemento y un poco de anilina, con paredes de madera, ladrillo sin pañete e incluso bahareque, con pocas alcobas usualmente ocupadas por 3, 4 o 5 personas, con techos de zinc, unidades sanitarias reutilizadas o dañadas, sin acceso a agua tratada, sin ductos de aguas negras y lluvias; y, para colmo de males, sin acceso cercano a la salud, la educación, la recreación y el deporte. Junto a esto, como campesinos de las áreas mencionadas somos los más afectados por la agudización del conflicto armado. La pretensión de los gobiernos de turno por controlar los territorios en los que nunca tuvo presencia, ha agudizado las confrontaciones armadas entre la insurgencia y la Fuerzas Militares, poniéndonos en el medio y recortando nuestras libertades: por un lado, a los militares no les interesa involucrarnos en la dinámica del conflicto como ocurre en Herrera-Rioblanco y, por otra, nos considera que quienes vivimos en y del campo somos auxiliadores o integrantes de las fuerzas insurgentes. Sin apartarse de estas situaciones,

quienes dependemos del cultivo del café afrontamos el deterioro de nuestra actividad productiva y, por tanto, de nuestras condiciones de vida. El alto costo de producción del grano y su bajo precio de comercialización, desgastan nuestros bolsillos, desmejoran nuestros niveles de vida y empeoran los ingresos de los jornaleros que contratamos. Además, las deudas adquiridas con los bancos se convierten en una soga que nos asfixia a quienes procuramos cultivar el café y las limitantes impuestas por el ejército colombiano a la circulación de los abonos y demás insumos hacia las fincas, dificultan nuestras posibilidades productivas. En palabras más concretas, los campesinos y caficultores pequeños más alejados de los centros poblados de varios municipios del sur y suroriente del Tolima, vivimos, producimos y reproducimos nuestra vida para sobrevivir, sin satisfacer los mínimos básicos contemplados en la Carta Constitucional o la declaración universal de los Derechos Humanos. 1.2 Algunas propuestas encaminadas a la búsqueda de la paz 1.2.1 La paz es producción agrícola y un ingreso decente En la proyección de la paz, los campesinos requerimos de una atención especial en cuanto a nuestra vida productiva: en lo inmediato, aclamamos el aseguramiento de nuestra producción y una retribución garante de nuestro bienestar, es decir necesitamos poseer legalmente un

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pedazo de tierra, trabajarla, hacerla productiva, sacar sus frutos y comercializarlos en la idea de acceder a un ingreso decente. Por lo tanto, un título de propiedad sobre un terreno es necesario y un apoyo adicional en función de garantizar la productividad de la tierra adquirida: asistencia técnica y asesoramiento profesional, subsidios o préstamos sin algún tipo de interés, condonación de las deudas existentes con los bancos, vías de acceso y tránsito adecuadas durante los 365 días del año y precios de comercialización de los productos favorables a la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas. 1.2.2 La paz es buen vivir, es vida digna Con el ánimo de proyectar el buen vivir, las anteriores marcas de la vida rural deben ser superadas por el Estado, en específico las de la vida del campesinado de los municipios mencionados. La vida digna de todos los campesinos, en este sentido, se edifica desde una residencia ajustada espacialmente al número de ocupantes, estructurada en materiales de construcción pertinentes al lugar donde viven las familias campesinas y con compartimentos aptos para la cocina, el baño, la ducha y el lavarropas. También, el buen vivir se construye garantizando nuestro goce pleno al agua potable, la energía eléctrica y de un conjunto de mecanismos garantes de la salubridad: los sistemas de acueducto rurales son indispensables en esta dirección, así como la

extensión de redes eléctricas a todos los asentamientos campesinos y la construcción y puesta en marcha de sistemas de desagüe y saneamiento básico para todas y cada una de las familias y comunidades campesinas ubicadas en las lejanías de las cabeceras municipales. Finalmente, y en tanto componente fundamental de la paz, nuestra vida digna se debe proyectar con salud, educación, recreación y deporte. Contrario a las falsas posibilidades que nos ofrecen los gobernantes de turno y el actual orden existente, los campesinos y campesinas aclamamos el acceso universal, real y oportuno a la salud, no un acceso distante a los puntos de residencia de las comunidades, ni muchos menos a medias; también, exigimos gozar del derecho a la educación en términos de cobertura, permanencia y pertenencia de conformidad con las particularidades regionales y

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poblacionales: los campesinos necesitamos cualificar a nuestras jóvenes generaciones como personas, partícipes de la vida política de la región y el país, y dotados de los elementos teóricos, conceptuales y técnicos para desenvolverse como actores vinculados a la vida económica; en una última dirección, los dependientes del campo demandamos que nuestros jóvenes exploten su tiempo libre recreándose o practicando algún deporte, pero no a horas de sus veredas, sino con todas las posibilidades del caso: espacios cercanos con instalaciones adecuadas y sin presencia de las Fuerzas Militares. 1.2.3 La paz implica cambios en el ejército colombiano Un ejército que involucra en la dinámica del conflicto armado al campesinado que se supone defiende, pero lo considera como su enemigo, no es garante de la paz; por el

contrario, es responsable de deteriorar nuestra vida en comunidad, por cuanto incentiva las desconfianzas, promueve la división y se encarga de señalar a los líderes. Por ende, una condición de la paz se asocia con la necesidad de replantear el presupuesto, tamaño y rumbo del ejército. Los objetivos: destinar los recursos en defensa hacia otras prioridades, especialmente a resolver las necesidades inmediatas de cada uno de nosotros y de sus comunidades; reducir la presión y el control sobre quienes no protagonizamos las confrontaciones armadas; y, encauzar las fuerzas militares hacia cometidos diferentes que no valoren al campesinado y al pueblo como su enemigo. En lo inmediato, y con el fin de reducir la participación de los jóvenes en el conflicto armado, el ejército colombiano debe renunciar al reclutamiento forzado, abandonando las batidas, los retenes y los patrullajes diurnos y nocturnos con este fin. Los jóvenes campesinos, aquellos dedicados a la labores del campo, no necesitan cargar un fusil, necesitan formarse y gozar de todas las herramientas para desenvolverse en la sociedad. Igualmente, un aporte decisivo para la paz tiene que ver con el cese bilateral de los fuegos: los campesinos no seremos campesinos si seguimos viviendo entre las balas de los bandos en contienda. 1.2.4 La paz implica una nueva política cafetera Desde que los campesinos y, en

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particular, los pequeños caficultores no podamos producir café y comercializarlo de tal manera que los ingresos nos garanticen resolver nuestras necesidades inmediatas, nuestra vida digna es imposible. Por lo tanto, una nueva política que asegure la producción y garantice la comercialización del grano a precios justos y razonables, es una condición de la paz. Entre los problemas que debe resolver esta nueva política figuran las siguientes: los campesinos dependientes de la caficultura necesitamos que nuestras actuales deudas con los bancos sean condonadas como condición indispensable para nuestro buen vivir, ya que si tales deudas persisten nuestros niveles de vida se deterioran en el corto o largo plazo; asimismo, requerimos la estabilización de los costos de compra del café con base en parámetros distintos a los establecidos internacionalmente y una agremiación que realmente nos represente, incorporando a los pequeños caficultores no carnetizados; y, finalmente, necesitamos salvaguardar las zonas cafeteras donde históricamente se ha cultivado el grano, en oposición a las áreas destinadas a la minería y los proyectos hidroeléctricos. Como los más autorizados para definir la política son los mismos cafeteros y no funcionarios ajenos al gremio, los campesinos dedicados al cultivo del café consideramos oportuno reunirnos en una Somos poder, poder constituyente

Constituyente Cafetera, entendida como el espacio de reunión de los inscritos en el gremio para elaborar y validar las nuevas medidas que regirán al sector. 1.2.5 Paz en clave de participación Si bien la paz implica una serie de cambios en el orden social, político y económico, su logro no dependerá de la bondad de otros o unos cuantos. La paz, tal y como la concebimos los campesinos del Tolima, se teje con la intervención activa y decisiva de nuestra mano. Contrario a la tendencia que ha predominado en los últimos 22 años en el país, la cual se ha caracterizado en delegar en unos pocos la elaboración de las políticas del sector, los campesinos exigimos intervenir directamente en la construcción de esas medidas, ya que es la única prenda de garantía para que correspondan a nuestras realidades y necesidades, y no favorezcan a un puñado de familias adineradas o a intereses extranjeros. En esta perspectiva, quienes vivimos en y del campo requerimos de la participación más amplia con el fin de proyectar las políticas que necesitan para vivir en paz y para validarlas. 1.3 Otras propuesta conducentes a la paz - Tendiendo en cuenta que como campesinos debemos definir las políticas correspondientes a nuestro sector social, también debemos efectuar un ejercicio permanente de seguimiento al desarrollo de tales políticas y a quienes las ejecutan.

- Los campesinos necesitamos de todas las garantías para organizarnos. Por ende, el gobierno y el Estado, en todos sus niveles, las debe brindar, pero manteniéndose al margen. Así, el tejido social de las comunidades puede corresponder a sus prioridades y no a los intereses de quienes dirigen una alcaldía o gobernación. - Los campesinos debemos gozar de la capacidad para destituir a sus representantes o voceros ante las instituciones, si no expresan su sentir y aspiraciones. - Una Asamblea Nacional Constituyente es escenario propicio para concretar los cambios que exige la paz que aclamamos, ya que permite definir la base de nuevas políticas para el sector. Por lo tanto, las comunidades campesinas debemos promoverla y los gobernantes la deben garantizar. - Con motivo a la preparación de un paro cafetero, los campesinos, pequeños caficultores, jornaleros y demás actores de las comunidades del Sur y Sur-Oriente del Tolima, tomamos la iniciativa y llamamos a un paro agrario para el 19 de Agosto, como otro escenario tendiente a luchar por la paz que proponemos, es específico para luchar por una nueva política agraria y una vida digna. 2. La paz desde el punto de vista de los indígenas En una dirección similar a la expresada por el campesinado, los indígenas Nasa y Pijao convergentes en el Tolima subrayamos tajantemente

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que el orden existen actual atenta contra la dignidad de nuestras comunidades. Por ejemplo, la Constitución Política día a día tolera la vulneración de los Derechos Humanos y permite la violación de los derechos propios y ancestrales de nuestros pueblos; además, deposita en manos de las Fuerzas Militares unas facultades ajenas a sus deberes patrióticos: señalar, acusar y hasta asesinar a los indígenas recios e inconformes que sólo luchan por el buen vivir de sus comunidades ante las políticas lesivas de los gobiernos de turno y el Estado; incluso, permite la intervención extranjera en nuestros territorios, desmejorando nuestros vínculos con la tierra y la vida natural. En suma, el orden jurídico existente es contrario a nuestros anhelos permanentes de bienestar. Ante esto, los representantes de los pueblos Nasa y Pijao insistimos en la urgencia de atacar estos problemas y otros tantos como prenda de garantía de una paz estable y duradera, es decir ubicamos el logro de la paz como el producto del buen vivir de nuestras comunidades. Por consiguiente, consideramos pertinente echar a andar la convocatoria y

realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en tanto nos permitirá construir un nuevo piso sobre el cual perfilemos nuestra vida digna. Entre las deudas históricas que debe saldar dicha constituyente, sin pretender enunciar todas, se encuentran las siguientes: Una educación realmente basada en nuestras realidades, particularidades ancestrales y necesidades inmediatas: en la idea de rescatar y preservar la historia y sabiduría de los pueblos ancestrales, garantizar el diálogo de tales conocimientos con los otros socialmente construidos y responder a las exigencias y expectativas de cada comunidad indígena del departamento, los Nasa y Pijao consideramos urgente repensar la política educativa proyectada por el Estado, ya que nuestras comunidades necesitan un numero significativo de etnoeducadores formados solidamente y las condiciones inseparables a tal exigencia: instituciones educativas adecuadas en términos infraestructurales, ayudas didácticas pertinentes, actualización académica constante, entre otras.

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Un trabajo digno: al igual que lo aclamado por los jornaleros y los trabajadores en general, los indígenas que nos desenvolvemos como asalariados necesitamos realizar nuestra actividad laboral bajo el amparo de todas las condiciones básicas y garantes de la vida digna: un ingreso que resuelva nuestras necesidades fundamentales sujeto a tiempos de trabajo estables, acceso a salud y pensión, y posibilidades de capacitación permanente. La defensa y protección de nuestros territorios: hoy por hoy nuestros territorios representan un botín para unos pocos. Una serie de empresas privadas y extranjeras han puesto sus ojos en sus riquezas naturales, con el fin de explotarlos y comercializarlos; incluso, se amparan en la legalidad existente y manipulan a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para hacerlo. Paradójicamente, el gobierno no hace algo, por el contrario emite leyes y decretos que facilitan la entrega de nuestros territorios sin consultar siquiera a las comunidades indígenas. Ante esto, consideramos urgente abrazar el lugar donde crecimos, recreamos nuestras tradiciones y

producimos nuestra vida, con el propósito de defenderlo, rodearlo del hambre de unos pocos y garantizar nuestra vida. Derecho pleno a la consulta previa libre e informada: según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos indígenas tenemos el derecho a que se nos consulte cuando el Estado o una empresa pretenden intervenir en nuestros territorios. Sin embargo, el ansia de unos pocos viene vulnerando esta posibilidad consagrada en el orden establecido. Por lo tanto, insistimos en ubicar como un aporte para la paz, el respeto y la materialización de nuestro derecho a la consulta previa, ya que recrea el diálogo con nuestros saberes y somete a disposición nuestra el futuro de los territorios donde vivimos. Unas Fuerzas Militares diferentes a las existentes: como victimas de una persecución permanente por parte del ejercito colombiano, por cuanto insisten en catalogarnos como colaboradores de la insurgencia incrustada en las montañas y bosques de nuestros paisajes, coincidimos en un necesario cambio de las funciones de las fuerzas militares. Los pueblos indígenas anhelantes de tranquilidad no podemos seguir siendo señalados como lo vienen haciendo, por el contario necesitamos que nos aseguren nuestro bienestar y no una vida bajo el miedo. La participación directa y decisiva en las decisiones que nos involucran: al margen de la consulta previa, la

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cual nos permite tomar parte en la vida política del país, como pueblos indígenas consideramos necesario participar en las demás decisiones que afectan el curso de nuestra existencia y de nuestros cercanos. Por ende, creemos que un insumo determinante para la paz se asocia con una necesaria ampliación de los mecanismos de participación, toma de decisiones e incidencia de las comunidades en la conducción de la administración pública y el Estado. Finalmente, y de la mano de estos elementos, los indígenas Nasa y Pijao nos comprometemos a llevar estos aportes a todas nuestras comunidades, discutirlos y enriquecerlos. La edificación de la paz con justicia social demandará de todos y desde la base aportaremos los insumos necesarios para garantizar su consecución. 3. La locomotora mineroenergética: una piedra en el camino de la paz Durante los últimos 8 años, la riqueza del Tolima ha germinado nuevamente. Los ojos de muchos están puestos en las dos cordilleras que cruzan el departamento, en particular sobre sus montañas y ríos. Sin embargo, y a nombre del desarrollo y el bienestar, unos cuantos le están apostando a quedarse con los productos que se extraerían de la explotación de las tierras y las fuentes hídricas. Sobre esta premisa, el gobierno de Juan Manuel Santos diseñó, como

uno de los pilares del desarrollo económico del país, la locomotora minero-energética. Lamentablemente, los rieles de dicha locomotora han comenzado a estropear la vida de los tolimenses y, en particular, de las comunidades campesinas y poblaciones rurales de varios municipios del departamento. ¿Por qué? Precisamente porque altera la dinámica económica en una región, divide las comunidades, limita los derechos a la expresión y la protesta, e implica el aumento de la presencia militar y para-oficial. Detengámonos en cada uno. 3.1 La locomotora altera la dinámica económica en una región La puesta en marcha de un proyecto de exploración y explotación minera o uno hidroeléctrico, encarece el costo de vida de las gentes de una región. Al aparecer contratistas, obreros, técnicos, asistentes, entre otro tipo de trabajadores, con ingresos superiores y constantes a los que había caracterizado a la mayoría de pobladores de un determinado lugar, ocasionan directamente el incremento del valor de los alimentos y los arriendos. Como sus ingresos son mayores y los comerciantes y arrendatarios necesitan aumentar sus ganancias, cobran más por lo que venden y alquilan. El problema es que tales costos no son sólo para quienes tienen salarios medianamente decentes, sino para la totalidad de habitantes de la región, desconociendo que los ingresos de estos últimos no son iguales a los de Somos poder, poder constituyente

los demás. También, este tipo de proyectos desplazan la producción campesina. Sin perder de vista que todos se están adelantando en las zonas rurales de nuestro departamento, dichos proyectos atentan contra la agricultura, por cuanto le quitan terreno (en el caso de las exploraciones y explotaciones mineras), reducen las fuentes hídricas que nutren los cultivos, como ha ocurrido con la hidroeléctrica sobre el río Amoyá, o sustraen a los labriegos del trabajo de la tierra: recordemos que las empresas que ejecutan los proyectos, una vez llegan a las regiones, ofrecen trabajos por doquier y en detrimento de la actividad agrícola. 3.2 La locomotora divide las comunidades Así como los proyectos mineros y energéticos cooptan a los campesinos para los trabajos de construcción que cada uno demanda ofreciendo empleos, las empresas también se encargan de dividir a las comunidades. Como una mina o una hidroeléctrica implican, en alguna medida, el consentimiento de la gente de la región, las empresas procuran ganarlo a través de prebendas. Inicialmente, intenta persuadir a las comunidades exponiéndoles las ventajas de los proyectos, pero ocultando sus consecuencias. Cuando las comunidades expresan cierta resistencia, acuden a quienes están de acuerdo con la realización del proyecto, los compran y los convierten

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en funcionales a sus intereses: ellos se convierten en los agentes promotores de los proyectos dentro de las gentes que no están de acuerdo con el fin de ganar su aceptación. En el momento en que esto no ocurre, las tensiones entre las comunidades aumentan y unos terminan haciendo unas cosas y otros otras. Por lo tanto, la idea de unidad común que pretende el bienestar se pierde. 3.3 La locomotora limita los derechos a la expresión y la protesta Una vez las empresas logran dividir a las comunidades, pero se encuentran ante grupos que se oponen, optan por restringir los derechos a la libre expresión y la protesta. En calidad de enemigos, los opositores son objetos de chismes, señalamientos o persecuciones. La idea: deslegitimarlos frente al resto de las comunidades. Infortunadamente, esto va acompañado de límites al acceso y circulación de información acerca de los proyectos y de chantajes a las comunidades tendientes a limitar sus manifestaciones en contra de las empresas. 3.4 La locomotora implica el aumento de la presencia militar y para-oficial Actualmente, los proyectos mineros e hidroeléctricos más importantes del departamento están ubicados en lugares donde la presencia militar es bien numerosa. El problema de esto radica en que el

ejército se convierte en uno de los principales aliados de las empresas ejecutoras de los proyectos. Cuando la insatisfacción de las gentes aumenta, estas fuerzas del orden intervienen. Y como están ubicas en áreas cercanas a donde están las insurgencias, se dedican a señalar a los campesinos y pobladores opositores a las minas e hidroeléctricas de guerrilleros o colaboradores de los grupos insurgentes. Sin embargo, esta no es la única estrategia empleada por quienes están al frente de los proyectos mineros e hidroeléctricos. En el momento en que los pobladores se han organizado y desarrollado protestas notables, en una complicidad velada con las fuerzas militares oficiales aparecen grupos al margen del Estado que amenazan a los opositores. Inicialmente, comienzan por los líderes y luego siguen con los demás. A veces atentan contra un integrante de los movimientos opositores para generar miedo entre las gentes. Lo más preocupante es que los alcaldes, concejos, gobernadores, diputados y demás organismos del Estado no hacen algo para contrarrestar este tipo de manifestaciones.

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Elementos para proyectar el proceso constituyente en el Tolima diagnóstico de problemáticas

Si el proceso de constituyentes pretende sentar las bases de la paz con justicia social, proyectando las soluciones a los más acuciantes de las grandes mayorías, entonces debe partir de los problemas concretos que diariamente experimentan e impactan a los pobladores de una vereda, barrio, región, municipio o departamento. Aunque los campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, estudiantes, mujeres y otros sectores sociales y populares del Tolima, han sido afectados por las políticas de los gobiernos de turno, dichas afectaciones al día de hoy no sólo involucran a sector por separado, sino a todos en su conjunto. De esta manera, los ajustes nocivos al sistema educativo dejaron de ser un asunto de los profesores y los estudiantes y se están convirtiendo en una preocupación de otros actores sociales; igualmente ocurre con la salud y la explotación de los recursos naturales e hídricos: hoy por hoy no son un asunto de aquellos a quienes inmediatamente involucra, sino de otros sectores que, de una u otra manera, se ven afectados por lo que los gobiernos hagan estos campos. Una muestra más palpable de esto se manifiesta en los diagnósticos e ideas elaboradas por las comunidades campesinas, indígenas y sectores populares con motivo al Paro Nacional del 12 de octubre de 2012, el paro cafetero de febrero de 2013 y el reciente Paro Nacional Agropecuario y Popular de agosto-septiembre.

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Incluso, los eventos que los antecedieron como la conformación del Consejo Patriótico Departamental (CPD) de la Marcha Patriótica en el Tolima llevado a cabo el 18 y 19 de julio de 2012, el pre-Cabildo sobre Tierras, Territorios y Recursos Naturales celebrado el 7 de agosto del mismo año en Chaparral, y la preConstituyente Regional: en Búsqueda de la Paz desde el Tolima, señalaron que muchos de los problemas de los sectores participes en tales encuentros, han dejado de ser los problemas de unos cuantos, por cuanto han comenzado a involucrar y afectar a otros tantos. Teniendo en cuenta que los problemas que afectan la economía campesina tocan de alguna forma a quienes viven en las urbes y que todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, el goce del deporte, la movilidad vial y el acceso a los

servicios públicos domiciliarios es un asunto que le compete a todos, entonces entre todos deben pujar para salir de la olla en la que se encuentran. Por esta razón, el proceso constituyente que se inauguró el pasado 19 y 20 de julio, aspira a continuar su camino proyectando actividades, tareas, propuesta y apuestas de cara a superar las agudas condiciones de vida de la mayoría, entendiendo que la mejor forma de aportar a la edificación de la paz es garantizando la vida digna de todos. En estén sentido, y con base en las elaboraciones de quienes se sentaron a reflexionar y discutir lo qué está pasando con su diario vivir en los eventos enumerados, se presenta la siguiente síntesis de problemas que, hoy por hoy, definen a quienes viven en el departamento del Tolima.

TEMA: EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH) Problemas Causas El Derecho Internacional Humanitario (DIH) no es respetado por las Fuerzas Militares, en particular por el ejército y la policía. En municipios como Planadas, Rioblanco, Chaparral y otros, los militares permanecen a menos de 200 metros de las escuelas y los centros poblados; además, no diferencian a los combatientes insurgentes de la población civil, involucran a los niños en la dinámica del conflicto sometiéndolos a proporcionar información del adversario, y manipulan y victimizan a las mujeres de las áreas donde hacen presencia. En cuanto al uso de la violencia durante las protestas, la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), usan armas no convencionales como canicas proyectadas por armas, voladores, granadas de gas saturadas de metralla, entre otros artefactos.

- El Estado no asegura la aplicación del DIH por parte de las Fuerzas Militares. - La doctrina que orienta el accionar del ejército, la policía y las demás fuerzas del orden, concibe al pueblo como un potencial subversivo o colaborador de las insurgencias.

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TEMA: LA PROTESTA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO Problemas

Causas

El legítimo derecho a la protesta afronta varias limitaciones. De un lado, es vinculada permanentemente con las insurgencias: del conjunto de manifestaciones, movilizaciones y paros del 2010 hasta hoy, la gran mayoría han sido emparentadas con los grupos subversivos. De otro, es fuertemente reprimida por las fuerzas del orden. Finalmente, es señalada constantemente por los medios de información de responder a las orientaciones de las guerrillas, omitiendo las voces de quienes las protagonizan.

- El Estado no garantiza el derecho a la protesta consagrado en la constitución política. - Los organismos encargados de proteger los DDHH y, en especial, el derecho a la protesta, no cumplen su función. - La doctrina que orienta el accionar del ejército, la policía y las demás fuerzas del orden, al concebir al pueblo como un potencial subversivo o colaborador de las insurgencias, reprime y arremete brutalmente contra los manifestantes.

TEMA: LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN EL TOLIMA Problemas

Causas

Al igual que ocurre con el legítimo derecho a la protesta, la oposición política es señalada, perseguida y violentada. Señalada porque los medios de información y los funcionarios del Estado, entre ellos los policías y militares, tildan a los opositores como voceros de las guerrillas. Perseguida porque desde la institucionalidad agencian montajes judiciales contra los líderes de las organizaciones políticas de la oposición. Y violentada porque las Fuerzas Militares en complicidad con grupos paramilitares pretenden atentar contra las expresiones políticas opuestas a los partidos que están alrededor del gobierno de Juan Manuel Santos.

- El Estado no garantiza las reglas de oposición por medio de un estatuto de la oposición y no salvaguarda derechos políticos asociados con la participación en la vida pública como la libertad de expresión, asociación, etc.

TEMA: LA SALUD EN EL DEPARTAMENTO Problemas

Causas

En materia de acceso, hay un grupo numeroso de personas que no gozan de esta posibilidad: no poder pagar por el servicio o encontrase distante de los puntos donde es ofrecido, configura una limitante. Igualmente, la cobertura es insuficiente, por cuanto garantiza la atención a quienes hoy integran el sistema de salud: en las zonas rurales los puntos de atención están cerrados o deteriorados y los que existen en centros poblados no dan abasto para el número de personas que deben atender.

- Privatización del derecho a la salud. - Desfinanciación del sistema de salud.

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En este marco, el servicio ofrecido por las enfermeras y médicos no responde a las expectativas y necesidades de los usuarios, ya que no ataca las enfermedades y malestares de la gente y cuando los médicos y enfermeras intentan hacerlo, los centros de salud o los hospitales no cuentan con los insumos y medicinas.

TEMA: LA EDUCACIÓN Problemas

Causas

En términos de acceso al sistema educativo, muchos jóvenes siguen quedándose por fuera. Aunque el gobierno ha declarado la “gratuidad” de la educación, los costos de permanencia en el sistema impiden que muchos niños y jóvenes en edad escolar mantengan en las aulas de clase. Frente a la cobertura, las instituciones educativas existentes no recogen a todos a quienes debe incluir: tanto en las zonas rurales apartadas como en las zonas periféricas de los centros poblados aún hay niños y jóvenes excluidos por el sistema educativo. El ejemplo más concreto de esta situación se expresa con las fusiones o cierres de las escuelas rurales y el desplazamiento de los docentes a otros lugares. En el caso de la educación superior, el panorama es similar: las Instituciones de Educación Superior públicas no logran recoger a quienes pujan por ingresar. En cuanto a la pertinencia, la educación no responde a los contextos donde se realiza, por el contario impone contenidos contrarios a las tradiciones y necesidades de los participan en el acto educativo, como ocurre en las comunidades indígenas, campesinas y en los centros urbanos, ya que abocan a los estudiantes a la competencia y a obedecer las reglas de juego predominantes. En el marco de todo lo anterior, la educación en departamento se viene realizando con profesionales y no licenciados, además, ha servido para involucrar a los estudiantes con el conflicto armado, porque desde las escuelas se promueve la inclusión en las fuerzas militares. Finalmente, la autonomía de la educación superior viene siendo socavada permanente: los estamentos constitutivos de la universidad no son quienes definen su rumbo, sino las políticas existentes; es decir, ya no son los profesores, estudiantes y egresados los que orienta el curso de la universidad, sino las prioridades exigidas por el Estado.

- Desfinanciación de la educación pública. - Las pruebas de estado (examen del IFECS) impide que muchos jóvenes ingresen a la educación superior. - La desfinanciación de la educación superior por parte del Estado central y el incumplimiento de la ordenanza que establece que el gobierno departamental de aportar unos recursos para el funcionamiento de la Universidad del Tolima y el Conservatorio del Tolima. - Unos parámetros que proyectan la educación al servicio de los intereses de unos pocos y no en beneficio de los muchos. - Un estatuto docente que desmerita al licenciado e incluye a los profesionales con el fin de minimizar las inversiones de Estado al respecto.

TEMA: ACCESO Y COBERTURA AL AGUA POTABLE Problemas

Causas

En la actualidad, el acceso y la cobertura al agua potable son

- Privatización del servicio y

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limitadas, porque depende de quienes puedan pagar y de las inversiones en infraestructura que pueda hacer una alcaldía o la gobernación. Como los costos son elevados y la existencia acueductos es mínima, muchos no pueden acceder al preciado líquido. Además, la reciente privatización del agua impide que quienes viven cerca de proyectos hidroeléctricos gocen de agua potable.

entrega a empresas privadas. - Reorientación del recurso hídrico en función de generar energía eléctrica y no para el consumo humano. - CORTOLIMA obstaculiza la regulación y no garantiza el acceso al agua. Es un obstaculizador.

TEMA: ACCESO Y COBERTURA A LA ENERGÍA ELECTICA Problemas

Causas

Actualmente, el acceso y la cobertura a la energía eléctrica son Privatización del acceso a la limitados, porque depende de quienes tenga la capacidad energía eléctrica. pagar y de las inversiones en infraestructura que pueda hacer una alcaldía o la gobernación. Teniendo en cuenta que los costos son elevados y las redes eléctricas no llegan a los lugares apartados, muchos no cuentan con el servicio.

TEMA: ACCESO Y COBERTURA AL SERVICIO TELEFÓNICO Y EL INTERNET Problemas

Causas

Las veredas y barrios periféricos de los centros poblados no Privatización del acceso a la gozan de un acceso pleno al Internet. Los costos del servicio y Internet y el servicio telefónico. la ausencia de recursos técnicos dificultan el acceso a la información y la cultura de importantes capas de la población. En cuanto al servicio telefónico ocurre algo similar: los altos costos de la tarifas impiden que los usuarios del servicio se puedan comunicar con otros.

TEMA: VIVIENDA DIGNA Problemas

Causas

Los pobladores más distantes de las cabeceras municipales y quienes no viven en lugares privilegiados de los centro urbanos, no cuentan con una vivienda que responda a sus necesidades. Tanto los campesinos como quienes habitan las ciudades viven en casas que no son propias, con acceso limitado a los servicios domiciliarios y, como ocurre con las viviendas rurales, en materiales que nos son propios de una vivienda digna.

- Ausencia de facilidades para adquirir las escrituras de las viviendas rurales. - Imposibilidad de acceder a una vivienda porque sus costos son muy elevados y el Estado no promueve la vivienda de interés social. - Los programas de vivienda dependen de la politiquería y el clientelismo.

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Somos poder, poder constituyente Noviembre de 2013 Edición y corrección de estilo Agencia Estudiantil de Prensa, AEP-FEU Fotografías www.constituyentesporlapaz.org Www.marchapatriotica.org Mayores informes www.constituyentesporlapaz.org http://agesdepren.blogspot.com

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