Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES

CODHES – AFRODES Consultoría para los Derechos Humanos y el DesplazamientoCODHES

Documento borrador Contextos Regionales en los Talleres Regionales de Protección Colectiva

Preparado por: Equipo de Reparación Integral a Pueblos Indigenes y Comunidades Afrocolombianas; enfasis en Consulta Previa.

Sonia Londoño Ariel Palacios Helmer Eduardo Quiñones Mendoza CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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Tabla de Contenido Tabla de Contenido..................................................................................................................... 2 INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 3 FACTORES TRANSVERSALES QUE INCIDEN EN EL DESPLAZAMIENTO Y OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA...........4 i) Una exclusión estructural de la población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor marginación y vulnerabilidad................................................................................................................ 5 ii) La existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales y que ha favorecido su despojo.....................................6 iii) la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos de los afro colombianos, lo cual ha estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población afro descendiente para abandonar sus territorios................................................................7 iv) Otro factor transversal: El impacto desproporcionado del conflicto armado sobre niños, niñas, mujeres y jóvenes afrocolombianos...................................................................................................... 7

CONFLICTO ARMADO Y SUS IMPACTOS TERRITORIALES..............................................9 a) Costa Pacífica................................................................................................................................. 10 Quibdó –Chocó.......................................................................................................................................................... 11 Buenaventura –Valle del Cauca........................................................................................................................ 13 Tumaco -Nariño....................................................................................................................................................... 16 Guapi –Cauca............................................................................................................................................................ 19 b) Región Caribe................................................................................................................................ 21 Cartagena –Bolívar................................................................................................................................................ 21 c) Región Andina............................................................................................................................... 23 Soacha –Cundinamarca........................................................................................................................................ 23

CONCLUSIONES Y DESAFIOS DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL ............................25 RECOMENDACIONES PRELIMINARES................................................................................. 28

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CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA Codhes-Afrodes “La realidad actual propone tener nuevos elementos para el análisis de afectaciones en tanto que se integran nuevas variables para el análisis de las territorialidades afrocolombianas”.

Ariel Palacios.

INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como propósito dar a conocer la situación de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) en territorios de pueblos y comunidades afrocolombianas, particularmente en la costa Pacífica, que comprende los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, y Chocó. Adicionalmente se presentará un contexto de Soacha y Cartagena.

El contexto que se presentará en este documento, da cuenta del escenario en el cual las entidades del Estado deben cumplir sus obligaciones institucionales en materia de protección, atención, asistencia y reparación integral, en el marco de las disposiciones jurisprudenciales y normativas vigentes.

En ese sentido, en esta introducción se dará cuenta de los factores transversales que inciden en el desplazamiento forzado, y en otro tipo de violaciones, a partir del diagnóstico realizado por la Corte Constitucional en el auto 005. Posteriormente se abordará el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre niños, niñas, jóvenes y mujeres de comunidades afrocolombianas, y luego, un análisis de impactos territoriales del conflicto armado. Finalmente, desafíos de la respuesta estatal frente a la protección y garantía de derechos de comunidades afrocolombianas.

Cabe anotar que la crítica situación de las comunidades afrocolombianas en el contexto del conflicto armado, derivó en la audiencia realizada en 2007 en la Corte Constitucional, y posteriormente en la expedición de auto 005 de 2009 –en el marco del seguimiento a la sentencia T025 de 2004-, proferido este alto tribunal. En dicha providencia, la Corte identificó riesgos que demuestran el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afrocolombianas y en la agravación de la situación de vulnerabilidad extrema, discriminación y marginación tanto individual como colectiva de esta población.

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El riesgo extraordinario de vulneración de los derechos territoriales colectivos de las comunidades afrocolombianas por el desplazamiento forzado interno El riesgo agravado de destrucción de la estructura social de las comunidades afrocolombianas por el desplazamiento forzado interno, el confinamiento y la resistencia El riesgo acentuado de destrucción cultural de las comunidades afrocolombianas por el desplazamiento forzado interno, el confinamiento y la resistencia El riesgo extraordinario de agudización de la situación de pobreza y de la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado interno, el confinamiento y la resistencia

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El riesgo extraordinario de agudización del racismo y la discriminación racial por el desplazamiento forzado interno El riesgo acentuado de desatención para las comunidades que optan por la resistencia y el confinamiento El riesgo agravado de afectación del derecho a la participación y de debilitamiento de las organizaciones comunitarias afrocolombianas y del mecanismo de consulta previa El riesgo agravado de vulneración del derecho a la protección estatal y de desconocimiento del deber de prevención del desplazamiento forzado, del confinamiento y de la resistencia de la población afrocolombiana El riesgo acentuado de afectación del derecho a la seguridad alimentaria de la población afrocolombiana El riesgo acentuado de retornos sin condiciones de seguridad voluntariedad y dignidad

Hoy, 4 años después de la expedición del auto 005, los factores de riesgo identificados por la Corte Constitucional en 2009 persisten y se han acentuado, mientras se mantienen el incumplimiento del Gobierno Nacional respecto a las órdenes en materia de protección de los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas victimas de desplazamiento 1 y las obligaciones de derecho internacional aplicables, en particular el Convenio 169 de la OIT.

FACTORES TRANSVERSALES QUE INCIDEN EN EL DESPLAZAMIENTO Y OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA Según la III Encuesta Nacional de Verificación realizada en 2010 por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, “por grupo étnico, es clara la predominancia del grupo afrocolombiano, que representa el 22,5% de la población desplazada(…) mientras que los grupos indígenas representan un 6,4% (…) Estos datos permiten confirmar la especial fuerza con que estos dos grupos han sido golpeados por el desplazamiento, en la medida en que su participación en la población desplazada supera con creces la participación que, según el censo de 2005, tienen en la población total del país 2”. Entre tanto, Global Rights y Afrodes (Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados) estiman que la representación de afrocolombianos en el universo de población desplazada asciende al 37% (1.2 millones de desplazados) 3, lo cual evidencia un fuerte impacto cuantitativo del desplazamiento forzado sobre este sector de la población.

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En el auto 005 la Corte ordeno: i) plan específico de protección y atención para comunidades afrocolombianas ii) plan de caracterización de territorios ancestrales, iii) implementación ruta étnica, iv) adoptar en cada caso y de manera urgente, las medidas necesarias para garantizar que la población afrocolombiana confinada, reciba atención humanitaria de emergencia de manera integral, oportuna y completa, respetando los criterios de especificidad cultural aplicables,v) diseñar un plan integral de prevención, protección y atención a la población afro colombiana, con la participación efectiva de las comunidades afro y el pleno respeto por sus autoridades constituidas, y de las autoridades territoriales concernidas, vi) Ministerios del Interior y de Justicia y de Defensa deben presentar a la Defensoría del Pueblo, informes bimensuales sobre las acciones tomadas para obtener el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó.

2 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. 2011. El Reto Ante La Tragedia Humanitaria Del Desplazamiento Forzado: Garantizar La Observancia De Derechos De La Poblacion Desplazada II. Corcas Editores. Colombia, pg 66.

3 Mesa de organizaciones afrocolombianas. 2012. Informe de evaluación a la respuesta del gobierno nacional a las órdenes de protección de la población afrocolombiana emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el auto 005 de 2009. Altavoz editores. Colombia.

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CODHES – AFRODES Sobre esta realidad, la experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall, refirió en su informe 4 de visita oficial a Colombia en 2010 (del 1 al 12 de febrero de 2010) 5 la grave situación de riesgo que viven los pueblos afrocolombianos y la vigencia de los fenómenos de desplazamiento, además de deficiencias estructurales en la protección de sus derechos.

De igual modo, en el auto 005 de 2009, la Corte Constitucional identificó los factores que inciden en el desplazamiento de población afrocolombiana: (i) una exclusión estructural de la población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor marginación y vulnerabilidad; (ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales y que ha favorecido su despojo; y (iii) la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos de los afro colombianos, lo cual ha estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población afro descendiente para abandonar sus territorios.

i) Una exclusión estructural de la población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor marginación y vulnerabilidad La agudización del conflicto armado ha encontrado cabida en el escenario de pobreza extrema de territorios del Pacifico, puntualmente los departamentos: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

Como también se pondrá de manifiesto en la valoracion aquí presentada, las condiciones históricas de exclusión y empobrecimiento han constituido telón de fondo para las nuevas dinámicas de expropiación y control territorial en el marco del conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados.

Los estudios adelantados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2011) 6 evidencian que mientras el NBI de territorios como Bogotá corresponden a 9,2%, en el departamento de Chocó este índice es de 79,2%, siendo superior también en los demás departamentos del Pacífico colombiano con alta presencia de población afrocolombiana como Cauca (46,6%), Nariño (43,8) y Valle del Cauca (15,7%). Otro tanto sucede en Bolívar (46,6%) y, San Andrés y Providencia, en donde habita la población raizal con NBI del 40,8%”. De manera que en departamentos con población mayoritariamente afrocolombiana el índice de necesidades básicas insatisfechas es superior al promedio nacional.

Asimismo, cabe anotar que en las comunidades afrocolombianas, el goce efectivo del derecho a la educación no es una realidad, particularmente porque las tasas de analfabetismo en departamentos con mayoría afrocolombiana, son a todas luces más altas que en otros departamentos e incluso están por encima del promedio nacional. En preescolar, se constata que de los 45 municipios con población afro, entre el 71 y el 100% tienen una tasa promedio de cobertura del 76%, mientras que el promedio nacional es el 86%. De igual modo, el citado estudio del PNUD -2011- refiere que; “hay municipios del Norte del Cauca con más de 50% de afros donde se alcanzan solo 6,4 años de 4

Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Sra. Gay McDougall. (2011). Disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7476 5

Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Informe de la Experta Independiente sobre Cuestiones de las Minorías, Sra. Gay McDougall. Misión Colombia. (A/HRC/16/45/Add.1), 25 de enero de 2011.

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PNUD. 2011. Afrocolombianos Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Disponible en URL: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66140 Búsqueda realizada el día 28 de Mayo de 2012.

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CODHES – AFRODES escolaridad, es decir que en promedio su población solo alcanza educación básica primaria”.

Además, puntualiza que el analfabetismo en San Basilio de Palenque es 8,6%, mientras que en Colombia es 2.01% y la meta ODM del 1%. Igualmente, indica que en Buenaventura el 10% de la población no termina un ciclo completo de educación.

ii) La existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales y que ha favorecido su despojo El despojo y abandono de territorios afrocolombianos ha estado marcado por el interés de actores económicos, en ocasiones en connivencia con actores armados, de controlar los recursos naturales y en general los territorios de las comunidades afrocolombianas. El Pacífico es un territorio geoestratégico debido a su biodiversidad, el auge de la actividad minera, y su condición de corredor para el comercio de armas y narcotráfico. La importancia de la región en materia de minería (cobre, oro y platino), explotación de madera, y proyectos agroindustriales, además de su trascendencia geopolítica, ha generado un auge de obras de infraestructura como carreteras, canales interoceánicos, y electrificación, entre otras megaobras y macroproyectos.

Según un Informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) sobre derechos territoriales de indígenas y afrocolombianos “En 2011, se habían expedido 168 títulos mineros en los resguardos indígenas y existían 978 solicitudes en curso. Al mismo tiempo, los títulos otorgados en territorios de comunidades afrocolombianas alcanzaban los 236, con 1.868 solicitudes en curso” 7. Lo cual evidencia los intereses que se ciernen sobre territorios afrocolombianos y explica la intensificación del conflicto en el Pacífico Colombiano.

Es así como el actual modelo económico, basado en economías extractivas y con un creciente impulso a la inversión extranjera, se contrapone con modelos de desarrollo propios. En recientes notas de prensa, se ha tildado a los grupos étnicos, y su ejercicio del derecho a la consulta previa, como el palo en la rueda para el desarrollo del país. Esta visión que estigmatiza a los grupos étnicos y sus derechos, implica también un incremento de los riesgos para pueblos y comunidades que exigen el ejercicio del derecho a la consulta previa como un mecanismo para su pervivencia física y cultural.

Es así como uno de los factores que inciden en el desplazamiento forzado, el confinamiento y en general la intensificación del conflicto armado en territorios de comunidades afrocolombianas, es el desarrollo de tales megaproyectos. No obstante, dichos factores, identificados por la Corte Constitucional como vinculados y subyacentes al conflicto armado, son invisibilizados y no se han tomado medidas específicas para proteger los derechos fundamentales y colectivos de los grupos étnicos en este contexto.

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Comisión Colombiana de Juristas. 2012. Informe sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en Colombia. Disponible en URL: CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES iii) la deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos de los afro colombianos, lo cual ha estimulado la presencia de actores armados que amenazan a la población afro descendiente para abandonar sus territorios.

Respecto al goce de derechos territoriales de comunidades afrocolombianas, la Corte Constitucional en su sentencia T-909 de 20098, señala que: “Debe asegurarse el respeto por la cultura y valores espirituales de las Comunidades Afro descendientes y ha de resaltarse la importancia que adquiere el nexo de tales valores culturales con el territorio. En ese orden, ha de reconocerse y protegerse de modo efectivo el derecho de propiedad y posesión de los territorios ancestrales y ha de someterse a consulta previa y, en dado caso, a indemnización por perjuicios causados con ocasión del desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales que se adelanten en los territorios de estas Comunidades. Finalmente, debe garantizarse que únicamente se procederá a trasladar y a reubicar a las Comunidades Afro descendientes en casos imperiosos siempre y cuando medie el consentimiento manifestado de manera libre y con pleno conocimiento de causa por parte de sus integrantes.”

No obstante, el reconocimiento del derecho de propiedad ha tenido un avance bastante lento: El Programa de Protección de Tierras de Acción Social –Actualmente Unidad de Restitución de Tierras- calculó que “831.473 personas (159.899 familias), es decir al menos el 60% de la población afrodescendiente que habita la región del Pacífico, no tienen garantizado su derecho a la tierra” 9.

A pesar de lo anterior, cabe aclarar que las comunidades negras, son sujetos colectivos de derechos, independientemente de que hayan obtenido o no títulos de propiedad de sus territorios. Tal como lo señala el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha determinado que “el fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos que han dado lugar a sistemas consetudinarios, de tenencia de la tierra, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales, existen aún sin actos estatales que los precisen, o sin título formal de propiedad”10.

Finalmente es perentorio señalar que a pesar del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los territorios colectivos de comunidades afrocolombianas, y lo que a este respecto identificó la Corte Constitucional en el auto 005, se han violado sistemáticamente sus derechos territoriales. Sin embargo, aún no existe claridad respecto a la magnitud del despojo y abandono de tierras de comunidades afrocolombianas. Y aunque la Corte Constitucional ordenó la caracterización territorial y la implementación de la ruta étnica de protección de derechos territoriales, al momento no se ha concretado la implementación efectiva de estas medidas.

iv) Otro factor transversal: El impacto desproporcionado del conflicto armado sobre niños, niñas, mujeres y jóvenes afrocolombianos

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Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T- 909 de 2009. M.P.: Mauricio González Cuervo, Bogotá D.C., diciembre 7 de 2009.

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Programa de protección de tierras y territorios- Acción Social -2010-, citado en página 49 del informe de la CCJ ya mencionado.

10

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. pg 29 Numeral 69.

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CODHES – AFRODES El impacto desproporcionado del conflicto armado sobre niños, niñas, jóvenes y mujeres afrocolombianas es evidente y fue constatado por la Corte Constitucional en el auto 251 de 2008, auto 092 de 2008 y reiterado en el auto 005 de 2009. En materia de afectaciones por parte de niños, niñas y jóvenes, el informe alternativo EPU, revela que: las cifras de Sistema General sobre los Niños y el Conflicto armado en Colombia, el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales se ha generalizado y es sistemático. El texto en comento, señala que “el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales se han generalizado y son sistemáticos(…). entre enero de 2009 y agosto de 2011, se verificaron 343 casos de reclutamiento y utilización de NNA (niños, niñas y adolescentes) en 23 de los 32 departamentos, demostrándose que las NNA afrocolombianos e indígenas son más vulnerables a esta violación y que la edad de reclutamiento puede empezar a los ocho años”11 En consecuencia, el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes encuentra un escenario favorable en el contexto de pobreza y exclusión social, ya que hoy pocos jóvenes afrocolombianos acceden a educación superior, no cuentan con posibilidades de empleo digno, y pocos logran terminar la educación media, de manera que ante la falta de oportunidades, la única opción posible para las y los jóvenes es la entrada a la fuerza pública o a grupos armados ilegales.

El impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las mujeres y en particular sobre mujeres afrocolombianas fue advertido por la Corte Constitucional en la sentencia T 025 de 2004, y particularmente, en el auto 092 de 2008. En la providencia en mención el alto tribunal cita un informe de la CIDH, el cual señala que “la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es particularmente crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres, situación que se agrava dentro del ámbito del conflicto armado. Enfrentan dos estratos de discriminación desde que nacen: el primero por pertenecer a su grupo racial y étnico y el segundo por su sexo. Al estar expuestas históricamente a dos formas de discriminación, son doblemente vulnerables a ser abusadas y victimizadas por los grupos armados en su lucha por controlar recursos y territorios. Según ya se ha señalado, los actores armados explotan y manipulan factores de desventaja social en determinados grupos como estrategia de guerra y en el caso de las mujeres indígenas y afrocolombianas, hay más de un factor de vulnerabilidad que pueden abusar”. Es así como en el contexto del conflicto armado muchas mujeres afrocolombianas, como Ana Fabricia Córdoba –asesinada en junio de 2011-, han asumido liderazgo de procesos de reparación a víctimas y restitución de tierras, sin contar con medidas de protección acordes con su nivel de riesgo.

A continuación citaremos un ejemplo de violación de derechos de las mujeres en el contexto del conflicto armado: “Un jefe paramilitar de uno de los barrios de Buenaventura tiene una relación abusiva con una niña de 13 años de edad. El paramilitar le controla cuáles pueden ser sus amistades, las idas al colegio, con quién se puede reunir y con quién no. Delante de todo el mundo la manosea y cuando está embriagado o drogado, la viola y hace escándalo de ello. Algunas niñas ven está situación y se molestan, para otras es atractiva, pues el paramilitar le compra a la víctima bonita ropa, comidas finas y algunas cosas que en el barrio son lujosas”12

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Situación de los derechos humanos en Colombia 2008-2012. Informe Alternativo. para el Examen Periódico Universal. Mayo 2013

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Informe Corporación Casa de la Mujer, citado en: El Estado y la violencia sexual contra las mujeres en el marco de la violencia sociopolítica en Colombia. Informe presentado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos a la Representante Especial del Secretario General para Violencia Sexual en contextos de conflictos armados, señora Margot Wallström, con motivo de su visita a Colombia. 2012 CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES Pese a la gravedad de la situación, la impunidad es altísima, lo cual se debe, entre otros, a los bajos niveles de denuncia, lo cual se explica por i) las amenazas a mujeres que deriva en el temor de denuncia, ii) las barreras institucionales y de acceso a la justicia, iii) la persistencia de patrones de discriminación que tienen como consecuencia la revicitmización de las mujeres: varias de las mujeres víctimas han señalado que al momento de hacer denuncia por violencia sexual funcionarios a cargo o miembros de la fuerza pública justifican la agresión “por que las mujeres se lo buscan”.

En conclusión, cabe señalar que aunque situación de mujeres afrocolombianas es particularmente crítica, por la múltiple discriminación de la que son víctimas, la respuesta institucional no contempla medidas específicas de protección, asistencia y reparación con este enfoque.

CONFLICTO ARMADO Y SUS IMPACTOS TERRITORIALES Este acápite da cuenta de la situación de territorios afrocolombianos, como aportes a una lectura de contexto de la situación específica de determinadas regiones, ciudades y municipios. La caracterización general del pacífico parte del boletín de desplazamientos masivos 2012 elaborada por el Sistema de Información de Codhes –Sisdhes-, la información respecto a Tumaco, Buenaventura y Soacha fue tomada del informe de desplazamiento intraurbano realizado por Codhes en el año 2012, finalmente información sobre Guapi, Quibdó y Cartagena, hacen parte del trabajo de investigación del equipo Codhes, cuya caracterización está en proceso de continua actualización.

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Costa Pacífica

Es evidente y creciente la agudización del conflicto armado en la región pacífica, lo cual se puede constatar a partir de las cifras y eventos de desplazamientos masivos durante el año 2012, así como en la configuración de confrontaciones armadas y desplazamientos en años anteriores. Según el informe Desplazamiento Creciente y Crisis Humanitaria Invisible realizado por Codhes, en el 2011 los cinco municipios con mayor arribo de personas desplazadas fueron “Antioquia (64.043 desplazados), Nariño (28.694), Cauca (15.549), Valle del Cauca (17.489), y Córdoba (10.561); a ellos se agrega el distrito capital (41.246). Estas cifras permiten constatar una mayor concentración en el occidente del país, que al parecer obedece a la intensidad de la guerra (…), así como a intereses de apropiaciones a tierras y territorios en torno a economías extractivas y al mantenimiento del control sobre poblaciones”13 Durante 2012 se presentaron 86 eventos de desplazamiento masivo en los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, lo que equivale a por lo menos 33.120 personas, el 68,3% de la población desplazada masivamente a nivel nacional.

Según el número de eventos los municipios más afectados fueron Buenaventura, Caloto, Tumaco y Miranda, donde sucedieron 36 eventos y salieron 13.672 personas.

Asimismo, se presentaron 8 eventos de desplazamiento múltiple o multifamiliar en los que salieron 320 personas de Policarpa (Nariño), El Carmen de Atrato, Riosucio, Medio Baudó (Chocó), Pradera (Valle del Cauca) y Miranda (Cauca).

En cuanto a la causalidad de los desplazamientos se comprende a partir de la presencia y accionar de los siguientes actores armados: FARC, ELN, Grupos Posdesmovilización (como Los Rastrojos, Águilas Negras, Los Urabeños y La Empresa) y la fuerza pública14. De manera recurrente, los enfrentamientos armados entre los actores mencionados, los bombardeos de la fuerza pública, las amenazas individuales y colectivas, los homicidios selectivos y la presencia de MAP/MUSE, fueron los hechos causantes de los desplazamientos masivos15.

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CODHES. 2012. Documentos Codhes 25: Desplazamiento Creciente y Crisis Humanitaria Invisibilizada. Ediciones Anthropos.

Bogotá-Colombia. Página 16.

14 Adicionalmente, el monitoreo de CODHES encontró que en varios desplazamientos los responsables no fueron identificados.

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A estas causas se suman, en menor medida, casos de violencia sexual, ataque a grupos de erradicadores de cultivos de uso ilícito, cese de actividades debido a paros armados, restricciones a la movilidad y ataques a la infraestructura petrolera.

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CODHES – AFRODES Los departamentos de Chocó y Nariño presentan una mayor diversidad de actores armados (fuerza pública, Águilas Negras, Los Rastrojos, FARC y ELN) y una mayor cantidad de municipios donde ocurrieron los desplazamientos frente a lo ocurrido los otros departamentos.

En el Valle del Cauca se presentan dos escenarios distintos de desplazamiento forzado: por un lado, en Buenaventura debido a la disputa de La Empresa con Los Urabeños y, por otro lado, a causa del enfrentamiento entre las FARC y la fuerza pública en los municipios de Florida y Pradera.

Para el departamento del Cauca, la constante e intensa interacción bélica entre la fuerza pública y las FARC y los ataques sistemáticos a la población civil en el nororiente y suroccidente del departamento han determinado la crisis humanitaria. En igual sentido, la relación bélica entre esta guerrilla y la fuerza pública constituyó la causa de los desplazamientos masivos ocurridos en el occidente de Risaralda.

Quibdó –Chocó Caracterización general Quibdó tiene una densidad poblacional de 115.981, más del 90% se habita el perímetro urbano y menos del 10% habitan los 27 asentamientos rurales que constituyen el municipio. Cabe resaltar que estas nuevas estimaciones tienen estrecha relación con los fenómenos de movilidad que en los últimos 7 años se han presentado en todo el Departamento del Chocó. En las mediciones realizadas en el Censo 2005 la población de Quibdó presentaba una ocupación urbana del 77,56%. Ahora bien, siendo Quibdó la ciudad afrocolombiana por excelencia con un 95,3% de afrocolombianos, presenta un Índice de Calidad de Vida (ICV) que oscila entre el 64,2 y 55,9%. El PNUD resaltó que entre mayor incidencia tienen las poblaciones afrocolombianas en los departamentos o localidades, más alto es el NBI. En efecto, Quibdó lo constata con un NBI de 90,2%.

La ciudad de Quibdó en el orden de producción y actividad económica ha presentado durante los últimos 20 años una serie de cambios como consecuencia de la debilidad institucional y el conflicto.

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CODHES – AFRODES En primer lugar, por el reordenamiento territorial promovido el fenómeno de desplazamiento forzado que ha ocasionado un acelerado cambio del porcentaje rural y urbano. En particular este hecho ha constituido un abandono obligado del campo y con ello un fijo abandono de las prácticas de producción de cultivos tradicionales y de recolección de alimentos que apalancaban la economía local. En segundo lugar, por el apalancamiento de las nuevas prácticas de producción minero energética que en compañía de los cultivos de nivel expansivos amarrados a una constante política institucional de orden nacional que no solo mantienen, sino que reinstalan los índices de empobrecimiento relacionado.

Presencia de Actores Armados Uno de los factores que imposibilitan salir de las trampas de pobreza en el departamento es la presencia de estructuras armadas guerrilleras: FARC, EPL y ELN, quienes además de ver en este un territorio olvidado por el Estado, lo identificaron desde 1980 como estratégico no solo para el repliegue militar, sino para el dominio de otras conexiones territoriales en materia de gestión económica y provisión de armas por sus zonas de influencia regional; Antioquía, Córdoba, Risaralda y Caldas. En Colombia se ha evidenciado que las expresiones del conflicto a nivel territorial han tenido fuertes relaciones con el uso y dominio de la tierra, pues bien en el Departamento del Chocó las fuerzas guerrilleras tuvieron un dominio de proyectos económicos que incidieron en la región.

La aparición de las fuerzas paramilitares AUC en 1994 resulta ser de mucha importancia en tanto que su objetivo central constituyo poner en marcha un modelo de producción diferente en el marco de sus procesos de expansión. En efecto, es clara la relación del conflicto por la tierra en Chocó se ha mantenido con grandes piques de confrontaciones, ataques y violaciones a los derechos de la población civil en momentos de puja por el control territorial. Hace aproximadamente una década el conflicto presento un recrudecimiento por el posterior aparecimiento de rutas de flujo de mercancías ilegales y en los últimos dos años por el control de la explotación minero energética y otras formas de megaproyectos.

Violaciones a derechos Humanos y DIH En la actualidad los grupos armados controlan el territorio, entre ellos, las FARC, ELN, nuevas articulaciones de las AUC, particularmente los Urabeños y Rastrojos; quines de forma posterior a procesos de desarme continúan ejerciendo sus acciones militares con gran sistematicidad. La vigencia de las afectaciones por la presencia de grupos armados ilegales, constituye una falta de profundidad en la política pública regional para detener los problemas de desplazamiento y deterioro ambiental del territorio.

En efecto, en 2012 además de la adjudicación de licencias y concesiones sobre territorios afrocolombianos se expidieron dos resoluciones que declaran gran parte de los territorios titulados y de posesión ancestral como zona estratégicas mineras. Sin duda alguna las conexiones entre la

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CODHES – AFRODES explotación territorial y el desplazamiento forzado son evidentes. Al tanto que en el Departamento del Chocó se presentaron 17 casos de desplazamiento masivos. Es importante no perder de vista que el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica de Colombia constato que entre Enero y Julio de 2011 se registraron 5154 desplazados en el Departamento.

El año 2102 fue de grandes complejidades territoriales, no solo por la crisis institucional, sino por los constantes paros armados que declararon los grupos armados. Esta situación de confinamiento y restricción de la movilidad ha agudizado las condiciones de vida de la población, víctima continua de asesinatos, ataques, paros armados y confinamientos. Las violaciones al DIH se vienen ejerciendo y cada vez más se pierde el principio de distinción. La Coordinación Regional del Pacifico denunció puso en conocimiento de la opinión pública un número superior a 80 muertes violentas en el año 2012.

Buenaventura –Valle del Cauca.

Caracterización general.

Buenaventura es uno de los puertos más importantes de la Costa Pacífica; por el circula aproximadamente el 60% de la mercancía que ingresa o sale del país. Es el municipio con mayor extención territorial del Valle del Cauca (6.785 km2, que representan el 28,6% de la superficie departamental); su zona urbana corresponde al 0,35% de su extensión, y está dividida en doce comunas divididas a su vez aproximadamente 158 barrios; por su parte el área rural que comprende el 99,64% del territorio, está dividida en diecinueve corregimientos (SAT, 2011). limita al norte con el Deparatamento de Chocó, al sur con el Deparamtento del Cauca, al oriente con los municipios de Jamundí, Calima-Darién, Dagua y los farallones de Cali y al norte con el Océano Pacífico.

Buenaventura es uno de los territorios acuáticos ancestrales de mayor importancia para la población afrocolombiana, según estimaciones del DANE para el año 2012 la población del puerto asciende a 377.105 habitantes, de los cuales el 89% de la población se reconoce como negra, mulata, afrodescendiente o afrocolombiana y el 1% como indígena, perteneciente a los pueblos Wounaan, Embera, Páez, Epedara Siapidara y Katíos (SAT, 2011).

En el municipio es actual testigo de la discriminación histótica de las comunidades y pueblos afrocolombianos en el país. El 35,8% de sus habitantes presenta Necesidades Básicas Insatisfechas 16 y los datos del Acueducto Distrital de 2008 indican que el 62,7% de ellos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, superando por más de 50 puntos porcentuales el promedio nacional, mientras el 20% está por debajo de la línea de indigencia; la tasa de desempleo para el año 2010 alcanzó el 63,7% superando en más de 50 puntos porcentuales al promedio de la nación, y el subempleo se encontró alrededor del 15%. Situación que configura un agudo cuadro de marginación y vulneración extrema de la población afrocolombiana de Buenaventura, y da cuenta de la persistente exclusión estructural identificada en el Auto 005 por la Corte Constitucional como una de las causas trasversales del desplazamiento y la crisis hunanitaria de la población afrocolombiana.

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Informe sobre Violencia contra las mujeres en el Distrito de Buenaventura, emitido por el Sistema de Alertas Tempranas -SAT- de la Defensoría del Pueblo.

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CODHES – AFRODES Presencia y accionar de grupos armados Además de la Fuerza Publica en el municipio de Buenaventura hacen presencia actores armados como las FARC, que despliega su accionar desde la decada del 70 con presencia activa desde los 80’s con la creación del Frente 30, y grupos paramilitares que se consolidaron progresivamente en el Valle del Cauca con la caida del cartel de Cali desde la decada del 90; dando lugar a grupos paramilitares como los Rastrojos y los Machos. La caida del Cartel es también un antecedente de la expansión de las FARC hacia la zona urbana de Buenaventura.

La convergencia de estos actores armados legales e ilegales y los grupos de interes que los sustentan, políticos y económicos, explican el conflicto escalado y prolongado que desde finales de la decada del 90 se presenta en Buenaventura. Conflicto armado que se agudiza en el periodo 20002012, primero con la entrada del Bloque Calima y el Frente Pacífico hasta su supuesta desmovilización (2000-2004), y posteriormente, con el accionar bélico de los grupos paramilitares posdesmovilización, en especial, la Empresa, los Urabeños y los Rastrojos. Quienes desde el 2005 hasta nuestros días, se disputan el control político, económico, social y territorial de Buenaventura y el Departamento del Valle del Cauca, en el marco del más cruento conflicto armado con la Fuerza Pública y las FARC. De ahí las graves y sistemáticas violaciones al DIH y a los DDHH de las que han sido víctimas en las últimas dácadas los pueblos y comunidades afrocolombianos, al igual que la población indigena del Departamento y en el municipio de Buenaventura.

Violaciones a los DDHH y el DIH Entre las violaciones a los DDHH y el DIH de las que ha sido víctima las población afrocolombiana en el territorio rural y urbano de Buenaventura, en especial en los barrios de bajamar, se ha identificado un desproporcionado desplazamiento forzado (ver gráfica 1), en particular desplazamientos masivos e intra urbanos; además según los datos de CODHES, entre los años de 1999 y 2011, a Buenaventura llegaron aproximadamente 63.717 personas.

Gráfica 1. Desplazamiento Forzado en Buenaventura

Elaboración: CODHES Como lo ha constatado el equipo de desplazamiento intraurbano de CODHES el fenómeno que mejor refleja la crisis humanitaria que vive actualmente Buenaventura en el marco de este conflicto es el aumento dramático de los desplazamientos intraurbanos masivos. Entre el mes de octubre y las primeras semanas de noviembre de 2012, se presentaron 8 desplazamientos masivos, en los cuales CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES 4.854 personas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente dentro de los límites del mismo municipio.

Otras de las violaciones sistemáticas al DIH y a los DDHH de las que son víctima la población afrocolombiana en medio del prolongado conflicto armado en el puerto de Buenaventura son los asesinatos, las desapariciones (gráfica 2), las masacres, ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los confinamientos o toques de queda. Entre las víctimas más efectadas están los niños, niñas y jóvenes, quienes además son víctimas de reclutamiento por los diferentes actores armados, al igual que las mujeres quienes son víctimas sistemáticas de difentes formas de violencia de genero, en particular violencia sexual. En este marco de violencia generalizado los líderes y lideresas afrocolombianas de Buenaventura y del Departamento son blanco continuo de ataques, amenazas, hostigamientos y asesinatos perpetrados por los diferentes grupos armados en conflicto, quienes según ha constatado CODHES en sus visitas a campo, continuamente les hacen señalamientos como colaboradores de sus grupos enemigos o los declaran objetivo militar por su trabajo en defensa de los derechos humanos de sus comunidades.

Gráfica 2. Homicidios y desapariciones en Buenaventura

Fuente: Medicina Legal. Elaboración: CODHES. Entre otras instituciones la Diocesis de Buenaventura manifestado su indignación por estas violaciones porlongadas al DIH y DDHH, y ha alertado sobre la agudización del conflicto armado que hoy vive el Distrito de Buenaventura, relacionada con el enfrentamiento entre los grupos paramilitares autodenominados "La Empresa y "Los Urabeños", quienes se encuentran en la disputa por el control del territorio y el dominio de zonas de desarrollo portuario, rutas de narcotráfico, y recursos minerales naturales 17. El en 2012 en Buenaventura se contaron 122 asesinatos; en el mes de octubre, cuando inició la guerra entre ´la Empresa’ y ‘los Urabeños’ hasta diciembre hubo más de 50 homicidios. En el 2013 la disputa sigue y ya ha dejado 23 muertes 18.

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Diócesis de Buenaventura. Nueva retoma paramilitar en Buenaventura. Comunicado del 2 de Noviembre de 2012. En: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/buenaventura2.html 18 Véase Diario el País Buenaventura, la 'joya' que se disputan las bandas de los 'Urabeños' y la 'Empresa'. Enero 22 de 2013. En: http://www.pacificocolombia.org/novedades/buenaventura-joya-disputan-bandas-urabenos-empresa/796 CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES Tumaco -Nariño Caracterización general.

El municipio de Tumaco es el principal puerto petrolero sobre el Pacífico, y el segundo en importancia en Colombia después de Coveñas, se encuentra ubicado en el suroccidente colombiano, en la Costa Pacífica nariñense. Cuenta con una extensión territorial de 360.172 hectáreas, de las cuales 358.797 pertenecen a la zona rural y 1.375 al área urbana. Limita al norte con los municipios de Francisco Pizarro, Roberto Payán y Mosquera sobre la zona de San Juan de la Costa, al oriente con el municipio de Barbacoas, al occidente con el Océano Pacífico y al sur con la República de Ecuador (PIU, 2010).

Según las proyecciones del DANE para el año 2012, Tumaco cuenta con una población total de 187.084 habitantes, de los cuales 103.025 (55%) se ubican en la zona urbana. Aproximadamente el 50,2% de la población está compuesta por hombres, y el 49.8% por mujeres. Históricamente, las poblaciones que han habitado y construido el territorio de Tumaco son comunidades étnicas, fundamentalmente comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Awá y Epedara Siapidara.

El índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas es del 48,7% (Casi el doble del resto del país) y la pobreza afecta al 84,3% de la población y la miseria al 16% 19. Según el Departamento Nacional de Planeación, el porcentaje de población desempleada en el municipio llegó al 72,1% para el año 2011.

Presencia y accionar de grupos armados Como se evidencio en el caso de Buenaventura, en le municipio de Tumaco además de la Fuerza Publica hacen presencia actores armados como las FARC, que despliega su accionar desde la decada del 70 con presencia activa desde 1985 con la creación del Frente 29; en expansión progresiva con las columnas moviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana, esta última con amplio accionar en especial en la frontera con Ecuador y el casco urbano y rural del municipio de Tumaco.

La presencia de los grupos paramilitares se rastrea desde finales de la decada del 90 con la entrada de dos grupos, un primer grupo, adscrito a las ACCU, arribó a los municipios de Pasto e Ipiales, mientras el segundo grupo, adscrito al Bloque Central Bolívar, incursionó en el municipio de Tumaco proveniente del bajo Cauca. La unificación de las dos estructuras dio posterior lugar al desmantelado Bloque Central Bolivar de las de las AUC (Observatorio DDR, 2011).

En este conflictivo contexto armado, entre 2000 y 2005 la población de Tumaco fue testigo y víctima de las fuertes disputas entre las AUC y las milicias urbanas de las FARC por controlar territorios estratégicos de la zona rural y urbana de Tumaco. Esta disputa se profundizo con la desmovilización del Bloque Central Bolívar y la irrupción de los grupos paramilitares

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Los datos sobre NBI y porcentaje de la población por debajo de la línea de miseria son tomados de las proyecciones del DANE para el año 2011. La cifra sobre personas por debajo de la línea de pobreza fue tomada del acuerdo No. 012 del 30 de mayo de 2012, por el cual se aprobó el Plan de Desarrollo para Tumaco para los años 2012 – 2015.

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CODHES – AFRODES posdesmovilización, entre ellos las “Autodefensas Nueva Generación (ANG)”, “Autodefensas Campesinas Nueva Generación (ACNG)”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y “Águilas Negras”, quienes perpetuarán el accionar paramilitar en el departamento. Adicionalmente, “Los Rastrojos”, que como ya se mencionó, surgen en el contexto del conflicto en el Valle del Cauca, también harán presencia en Nariño y participarán de la disputa por el control territorial.

Particularmente para el caso de Tumaco, la desmovilización y los vacíos de poder dejados por el Bloque Libertadores del Sur son disputados por las Águilas Negras, Los Rastrojos y las milicias de las FARC. Se inicia así una confrontación entre los grupos paramilitares posdesmovilización y el grupo guerrillero por el control de los territorios estratégicos del municipio, que inicia en el 2005 y aún continúa en el 2013.

Según constató CODHES en visita de campo en enero de 2013, en la actualidad las FARC, en alianza con sus antiguos enemigos las Aguilas Negras, se disputan a sangre y fuego el control del casco urbano con los Rastrojos, y se presume la entrada de los Urbeños en esta confrontación armada por el control del territorio, las rutas del narcotráfico, los cultivos ilicitos y los reditos de la extorción generalizada y el control violento de la población, y en general, de toda la estructura productiva del municipio.

Violaciones a los DDHH y el DIH A pesar de que la Corte Constitucional para contrarrestar la aguda crisis humanitaria del municipio de Tumaco ordenó en el Auto 005 un Plan Específico de atención y protección para sus comunidades, las violaciones al DIH y a los DDHH de la población se han prolongado. Esto se refleja claramente en las desbordadas cifras de desplazamiento forzado del municipio (La gráfica 3 muestra el aumento progresivo que ha tenido la problemática del desplazamiento forzado en Tumaco), al punto que Tumaco para el año 2011 fue el tercer municipio receptor de población en situación de desplazamiento del país, con 15.296 personas recepcionadas 20 (CODHES, 2012).

Analizar las dinámicas progresivas de expulsión y recepción del municipio de Tumaco es pertinente, sobre todo porque los barrios ubicados en los territorios de bajamar suelen ser los mayores expulsores y receptores de población en situación de desplazamiento; en dichos barrios, el conflicto armado urbano se manifiesta con más fuerza debido a su ubicación geoestratégica en materia bélica y económica.

Gráfica 3. Desplazamiento Forzado en Tumaco

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Los 5 municipios a los cuales arribó el mayor número de población desplazada durante el año 2011 fueron Bogotá D.C. (41.246), Medellín (29.560), Tumaco (15.296), Turbo (8.935) y Cali (7.750).

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CODHES – AFRODES

Como lo puso en evidencia el Equipo de Desplazamiento Intraurbano de CODHES, buena parte de la población que llega al casco urbano de Tumaco buscando mejores condiciones de seguridad y huyendo de la violencia, se encuentra con un panorama desolador y debe desplazarse intraurbanamente. En este conflictivo marco de desplazamiento y despojo, llama la atención el despojo de viviendas urbanas, relacionado con la importancia que tiene el control de las mismas para el accionar de los grupos armados, en especial en las zonas de bajamar desde donde salen los alcaloides e ingresan las armas que nutren la confrontación.

La cruda guerra en el municipio de Tumaco afecta de manera especial y desporporcionada a los niños y jóvenes, quines son víctimas continuas de ataques y reclutamiento forzado, al igual que las mujeres y ñinas quienes son hostigadas y violentadas, en especial por diferentes modalidades de violencia sexual. En general la población de Tumaco es víctima continua de ataques desproporcionados, como fue el caso de la Bomba de alto poder que explotó en en centro de Tumaco el 2 de febrero de 2012, que dejo más de 10 víctimas mortales y decenas de heridos. Las desapariciones, desplazamientos y asesinatos, masivos y selectivos, se presentan de forma continua afectando a toda la población, bien sea en el casco urbano o rural. Entre las víctimas de los asesinatos sobresalen los lideres y lideresas del proceso organizativo afrocolombiano, como lo ejemplifica el asesinado de Miller Angulo el primero de diciembre de 2012.

En el período que va desde el año 2005 hasta el primer semestre del año 2012 la cifra de homicidios de Tumaco se ha mantenido bastante alta y relativamente constante (gráfica 4). Esto es una muestra de la intensidad que ha preservado la confrontación desde la época de la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur hasta finales del 2012. Según los datos del Observatorio del delito de la Secretaría de Gobierno de Tumaco, entre enero y noviembre del año 2012 se presentaron 229 homicidios, lo cual refleja que dicha problemática no da luces de mejora, y que las violaciones de derechos humanos resultado, del conflicto siguen siendo uno de los elementos trágicos de la crisis que vive el municipio. Las desapariciones forzadas, si bien no alcanzan cifras tan alarmantes como los homicidios, también reflejan una problemática que ha sido constante durante los últimos siete años.

Gráfica 4. Homicidios y Desapariciones en Tumaco

Fuente: Medicina Legal. Elaboración: CODHES.

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CODHES – AFRODES Como se desprende del anterior análisis de la crisis humanitaria en Tumaco y como lo puso en evidencia la Diosesis de Tumaco21 la lucha por el control territorial y de la economía ilegal mantienen cautivos a barrios y comunidades enteras. De forma tal que persiste el estado de cosas inconstitucional evidenciado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025, mientras se profundizan las violaciones a los DDHH y el DIH de la población del Pacífico colombiano por el reiterado cumplimiento de las ordenes de protección de las que son sujeto la población afrocolombiana de conformidad con el Auto 005 y el plan específico de atención y protección de Tumaco ordenado en dicha providencia.

Guapi –Cauca Caracterización general El municipio de Guapi abarca un área de 2.688 kilometros cuadrados y cuenta con una población de 30.000 habitantes. Limita por el norte con el océano pacífico y el municipio de Timbiquí y Argelia; por el este con Timbiquí y Argelia, por el oeste con el océano pacífico y por el sur con el municipio de Santa Barbara de Iscuandé Nariño. Según el censo Dane -2005- en la Costa pacífica caucana: Guapi, Timbiquí y López de Micay habitan 58.688 personas.

Según el Dane –Censo 2005- en promedio el 68% de habitantes de la costa pacífica del Cauca tiene necesidades básicas insatisfechas. Adicionalmente, el 43% de la población residente en Guapi, ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 24,3% secundaria; el 2,0% ha alcanzado el nivel profesional, y el 1,1% ha alcanzado estudios de especialización maestría o doctorado.

La crisis humanitaria del Norte del Cauca y la postura de las organizaciones indígenas en 2012, puso en la agenda del país la situación de esta región, sin embargo, el impacto del conflicto armado en la Costa Pacífica Caucana es aún poco visible. En los municipios Guapi, Timbiquí y López de Micay, con población mayoritariamente afrocolombiana, han tenido lugar frecuentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. De igual modo, esta región del departamento reviste un gran interés económico, para el desarrollo de proyectos agroindustriales, y otro tipo de obras y actividades, de igual modo, como una de las rutas para el tráfico de drogas. En este escenario la minería ilegal es también un factor de riesgo para las comunidades de la Costa Pacífica Caucana.

La costa Pacífica Caucana es una región con un altísimo potencial aurífero y de explotación de otros minerales, “según el mapa de catastro minero que reposa en la Corporación Autónoma Regional del Cauca, hay más de 18 títulos mineros y 90 solicitudes pendientes para la explotación de minerales como el oro”22. De manera que la población se ha enfrentado a la envestida tanto de la minería legal como de la ilegal, actividad acompañada por presiones y amenazas por parte de actores armados.

Así mismo, el cultivo de palma aceitera y otros intereses del capital público y privado, que implican afectación de las comunidades del pueblo afrocolombiano, sin embargo dichos proyectos se han implementado sin garantías al derecho a la consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.

En ese sentido, “Además de ser un corredor, la posición del Cauca es estratégica, ejemplo de ello es la vinculación directa del Cauca en los procesos de integración económica del Pacífico. De hecho Colombia empieza a ser parte del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), espacio articulado al concejo empresarial de la cuenca del pacífico (PBEC). Lo cual implica en términos 21

Agosto de 2012, Comunicado Público de la Diocesis de Tumaco. EN: http://www.indepaz.org.co/?p=2549

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El Espectador. Entre la minería legal, ilegal y tradicional. La ruta del oro en el Cauca. 6 de marzo de 2012, CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES físicos, la creación de un corredor internacional en el pacífico colombiano. Lo cual, se corresponde con la dinámica de la economía capitalista mundial y su tránsito del atlántico al pacífico” 23, ello explica la intensificación del conflicto en los municipios de la costa pacífica caucana: Guapi, Lopez de Micay y Timbiquí.

Presencia y accionar de Actores Armados A partir del año 2000, inicia una fuerte presencia de FARC, ELN y paramilitares y su disputa por el control territorial. Según el programa presidencial de derechos humanos, entre 2004 y 2008 la región presenta niveles de confrontación bajos, los cuales se intensifican en 2009 24.

Las Farc hacen presencia en la región con los frentes 29, 30 y 60, entre tanto, el ELN con las columnas Milton Hernández y Lucho Quintero.

Posterior a la desmovilización paramilitar, grupos armados post desmovilización como Águilas Negras, Rastrojos y más recientemente los Urabeños.

Violaciones a Derechos Humanos y DIH Según Cococauca, en el año 2010, en Guapi – Cauca tuvieron lugar 26 asesinatos, 2 desapariciones forzosas, 9 artefactos explosivos (solo 1 explotó de manera controlada por la Policía), 3 veces amenazaron a Junpro como organización de la Regional Cococauca, 6 hurtos mayores, y las extorsiones son permanentes.

Durante el año 2011 Cococauca denunció confrontaciones entre la fuerza pública y las FARC, así como fumigaciones, y hostigamientos de grupos armados ilegales en municipios de la región, explosión de artefactos, que tuvieron como consecuencia la agudización de la crisis humanitaria en la costa pacífica caucana.

Las violaciones a derechos humanos y DIH persistieron durante el primer semestre del 2012. A pocos días del inicio de año, Cococauca denunció asesinatos, acciones bélicas y violaciones a derechos humanos y DIH. Los comunicados de Enero y Febrero refirieron muertes violentas cada dos días en Guapi, heridos, amenazas, enfrentamientos y acciones de control territorial por parte de los grupos armados que tuvieron como consecuencia el confinamiento de la población y el temor por el recrudecimiento del conflicto armado en la región. Igualmente, OCHA, en su boletín humanitario No. 5-6, del 27 de febrero al 18 de marzo, señaló que “Desde el 1 de marzo se han registrado al menos tres incursiones y ataques contra la Fuerza Pública por parte de grupos armados no estatales en la cabecera municipal de Timbiquí. Los ataques dejaron cuatro civiles heridos, entre

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Arcoiris. Fernanda Espinosa, 2012. Las razones detrás del conflicto en el Cauca. Publicado 14 de Agosto de 2012. Disponible en URL: http://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-razones-detras-del-conflicto-en-el-cauca/ 24 Programa presidencial de derechos humanos y DIH: Diagnostico de la situación de municipios habitados por las comunidades afrocolombianas priorizadas por la Honorable Corte Constitucional en el Cauca, CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES ellos un menor de edad. Además, hubo daños en las redes eléctricas y en viviendas y bienes civiles.

La zona céntrica del casco urbano ha sido desalojada”.

El fenómeno del confinamiento y el desplazamiento intraurbano, ha tenido lugar en el municipio de Guapi por causa del control de actores armados sobre territorios rurales y la cabecera municipal. El 13 y 14 de Febrero, se reportó el desalojo violento de 45 viviendas del Barrio Santa Mónica de Guapi, al parecer, por parte de los Rastrojos. Cococauca señaló en su comunicado que “En este barrio residen alrededor del 40% de personas desplazadas que están siendo revictimizadas, sitio donde también se aumentaron los reclutamientos forzados a menores.”.

Durante el segundo semestre del año 2012, El consejo comunitario mayor Cococauca, reportó acciones bélicas, fumigaciones a territorios colectivos, asesinatos, violencia sexual, víctimas de artefactos explosivos, en los municipios de la Costa Pacífica Caucana. En distintas regiones del país, organizaciones de base y étnico territoriales, han denunciado efectos nocivos de las fumigaciones sobre la salud y los cultivos de pancoger. En la costa pacifica caucana, las fumigaciones son frecuentes, las organizaciones han denunciado fumigaciones incluso en 3 ocasiones en menos de 15 días.

De igual modo, del 24 de julio al 19 de Agosto Cococauca reportó 4 explosiones en instalaciones de infraestructuras militares en Guapi y en zonas cercanas a estas, lo cual ha tenido como consecuencia el desplazamiento intraurbano de varias familias, el cual no es visibilizado en los registros, y ha provocado heridas y muertes a pobladores que habitan o transitan cerca de las instalaciones militares. Cabe anotar que las instalaciones militares, se encuentran muy cerca del casco urbano, lo cual implica riesgos para la población civil y en razón de ello, frecuentes infracciones al DIH. Al finalizar el año 2012, el 14 de noviembre, la base organizativa de Cococauca recibió amenazas por parte de las Águilas Negras, a través de un comunicado que incluye organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones étnicas y de población desplazada.

b) Región Caribe Cartagena –Bolívar Caracterización General Después de Cali que concentra la mayor cantidad de pobladores afrocolombianos con 550 mil, Cartagena le sigue con 321 mil, lo que se significa que es la segunda ciudad colombiana con más presencia de personas afrocolombianas. Según el censo de 2005, “la población de Cartagena es de 892.162 habitantes, de los cuales 321.459 se autoreconocieron como afrodescendientes, negros, raizales o palenqueros equivalentes al 36,0% del total” 25. Es relevante puntualizar que en comparación con las principales ciudades del país, Cartagena registra el mayor porcentaje de afrodescendientes frente al total de su población. Se concentran principalmente en las zonas más periféricas de la ciudad entre ellas la zona que rodea la Ciénaga de la Virgen. Si bien, la ciudad de Cartagena constituye para el país un atractivo turístico, sus zonas periféricas no escapan a la configuración de los fenómenos problemáticos que en Colombia emergieron como causa de la exclusión estructural y los efectos del conflicto armado y violencia generalizada. Una evidencia clara se valida en tanto que el Censo 2005 constato además que el 26,2% de la población de 25

Censo de Población y Vivienda. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 2005 CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES Cartagena presenta Necesidades Básicas Insatisfechas, siendo la ciudad con el mayor porcentaje. En efecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD en 2011 constató que el 35,1% de la población afrocolombiana presenta NBI respecto a la población no afrocolombiana con un 21,2%. Pero además la información que puede ser corroborada con los datos en la línea de base; el 91,4% de las viviendas pertenece al estrato 1, el 7,1% al 2 y sólo el 1,4% al estrato 3.

La baja participación en los escenarios de vida laboral es la principal causa de estos indicadores de goce efectivo de derechos. De manera que de acuerdo con la población afrocolombiana que los estudios sobre condiciones afrocolombianas en el país, evidencian que los afro cartageneros en su mayor parte son trabajadores informales o independientes y se continúa encontrando que “los ingresos de los encuestados son realmente bajos en las cuatro ciudades con mayor presencia afro entre las que se encuentra (Cartagena, Cali, Medellín y Buenaventura): la mayoría de ellos gana hasta un salario mínimo mensual, mientras que otro tanto obtiene hasta dos salarios mínimos” 26 Es importante que para el caso Cartagena las grandes problemáticas cada vez son más profundas, no solo por la exclusión estructural histórica, sino por el modelo de crecimiento que se implementa en el país, lejos de incluir a los afrocolombianos los despoja de sus territorios ancestrales. Los procesos de implementación de estructuras hoteleras no solo desplazan sus formas culturales de tener y ser en el territorio, sino que usurpa campos de vida laboral. Uno de los casos más graves está en la zona de las comunidades de la Boquilla donde la Corte Constitucional ha obligado a que se les garantice el derecho a la consulta previa. Ante la falta de garantías en el derecho a la consulta previa de la política nacional las comunidades mediante sus procesos organizativos han exigido sus derechos.

Han puesto sobre la opinión pública; que “la política nacional atraviesa los territorios en lo local a partir de los proyectos específicos, como hemos visto los puentes portuarios, lo turístico y el Caso Barú.

Otra de las problemáticas que se evidenciaron en el 2011 mediante la ola invernal fue la fragilidad de los sectores periféricos donde la comunidad afro cartagenera está habitando. Los medios masivos difundieron la crisis humanitaria por causas de inviernos, pero nunca hicieron la relación de afectación con la variable étnica. De las 6414 personas afectadas que registramos en nuestro Boletín sobre desplazamiento en 201127 se puede inferir que más de la mitad fueron afrocolombianos.

Sigue siendo dramático el panorama de distribución y garantías mínimas en derechos, pero también en condiciones materiales (en la distribución del ingreso, en el acceso a los bienes públicos, en las oportunidades para los hombres y las mujeres, en lo ambiental y en el potencial de desarrollo entre subregiones), hace del Caribe un escenario de contradicciones. Pero además la problemática de profundidad en el marco del conflicto y violencia evidencia que Cartagena a 2011 ha tenido un registro en recepción de población desplazada de 67 476 personas y de expulsión de 8893, lo que significa que es una de las mayores ciudades de recepción en el país.

Los registros de asesinatos de mujeres también llaman llamaron la atención durante 2011, en tanto que en Cartagena, según cifras suministradas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el 2011 fueron asesinadas 28 mujeres. El observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica reportó que entre Enero a Julio de los años 2011 y 2012 se cometieron 415 homicidios.

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Correa Montoya, Guillermo, Alexander Pérez Álvarez, Victor Hugo Viveros Bermúdez, María Edith Morales, y Jorge Hernán Flórez Acosta. Precario Pero Con Trabajo ¡Otros Están Peor! . Medellín: Escuela Nacional Sindical, 2011.

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Boletín Codhes -2011. El Desplazamiento No para. Pág. 7 CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES

c) Región Andina Soacha –Cundinamarca Caracterización general El municipio de Soacha se encuentra dividido en seis comunas, compuestas por 368 barrios y dos corregimientos. Limita por el norte con los municipio de Bojacá y Mosquera, por el sur con los municipios de Sibaté y Pasca, por el occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama y por el oriente con Bogotá D.C. El municipio presenta conurbación con la capital de la República en la zona más alta de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar y a lo largo de la Autopista Sur con la localidad de Bosa. Dicha conurbación explica muchos de los problemas conjuntos de violencia y desplazamiento forzado que comparten Bogotá y Soacha. Según las proyecciones del DANE para el año 2012, Soacha cuenta con una población total de 477.918 personas, de los cuales 472.152 habitan en la zona urbana.

Así mismo, los datos del DANE indican que aproximadamente el 16,1% de la población de Soacha tiene Necesidades Básicas Insatisfechas NBI.

Presencia y accionar de Actores Armados En principio, y de fundamental importancia para las FARC, es un corredor estratégico de movilidad que comunica con el Meta y el Caguan, hacia el suroeste, y hacia Huila y Tolima por el occidente.

Adicionalmente, el control del municipio permite dominar una zona conurbada con Bogotá y cercana al corredor del Sumapaz. Finalmente, permite acceder a fuentes de ingresos provenientes de rentas ilegales y mercados de criminalidad.

Para la década de los 90, las FARC llegaron a operar en Cundinamarca con una estructura de cerca de siete frentes y cinco columnas móviles. Sin embargo, el accionar de la subversión en Soacha se explica a partir de la incursión de grupos guerrilleros a la capital del país.

La llegada oficial del paramilitarismo a Bogotá y Soacha se da en el año 2001, con el anuncio de Carlos Castaño a los medios de comunicación de la conformación del Frente Capital.

La dinámica reciente del accionar de los grupos armados ilegales en Soacha se mantiene bastante estable con relación al período posterior al año 2005. Los actores armados conservan sus intenciones de realizar control territorial y social fundamentalmente a través de la intimidación, con el objetivo de obtener control sobre una masa poblacional profundamente empobrecida, injerencia autoritaria en proyectos comunitarios y dominio sobre fuentes ilegales de ingresos tales como vacunas, extorsiones y manejo de expendios de drogas.

El accionar de los grupos armados ilegales, además, ha tendido a incrementarse en la zona de Altos de la Florida, ubicada en la comuna 6 del municipio, en donde han proliferado la figura del “tierrero”, persona que controla la venta ilegal de lotes, y las urbanizaciones “piratas”. Dichas actividades se encuentran bajo el control de los actores armados.

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CODHES – AFRODES El actor que ejerce control predominante sobre los territorios marginales del municipio es el grupo posdesmovilización Los Rastrojos. Las Águilas Negras y pequeñas células urbanas de las FARC hacen presencia en menor medida, pero no por eso su accionar deja de tener consecuencias en las disputas por el control y en las violaciones de derechos humanos a la población civil.

Violaciones a derechos humanos y DIH Según datos del Plan Integral Único de atención a población desplazada, PIU del municipio, el 82,1% de la población habitante del municipio procede de otras zonas del país. Esto tiene que ver, en parte, con los altos flujos de población desplazada que ha recibido el municipio en las últimas décadas, pero a su vez se relaciona con procesos migratorios mucho más antiguos.

Las cifras de CODHES indican que desde el año 1999 hasta el año 2011, 37.182 personas llegaron desplazadas al municipio. Estas personas se han establecido en sectores marginales del casco urbano y han llevado a cabo procesos caóticos de ocupación del territorio.

En el contexto de disputa por el control territorial en Soacha se mantienen los reclutamientos forzados y la vinculación de niños, niñas y jóvenes con actividades ilegales o para engrosar las filas de los combatientes. Permanecen, de igual manera, las extorsiones y vacunas al comercio como fuente de financiación de los actores armados y de las bandas de delincuencia común. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia basada en género por parte de actores armados legales e ilegales. Estas tres modalidades de acción de los grupos armados aún causan desplazamientos forzados intraurbanos entre la población de Soacha.

Una de las principales actividades controladas por los grupos armados y generadoras de rentas ilegales son el microtráfico y el manejo de expendios de drogas, mejor conocidos como ollas.

Con relación a la población afrodescendiente que llega desplazada a barrios marginales del municipio, hay que mencionar que se han presentado procesos de exclusión y estigmatización fundamentados en la discriminación racial. En el mes de enero del año 2012, la violencia racial en contra de la comunidad afrodescendiente generó el desplazamiento masivo intraurbano de 12 familias provenientes del sector de Altos de la Florida.

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CONCLUSIONES Y DESAFIOS DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL La exclusión estructural de comunidades afrocolombianas se constata en su marcada vulnerabilidad y en la débil respuesta institucional para la garantía y protección de sus derechos. Ello va de la mano con la invisibilidad estadística y la ausencia de estudios rigurosos y sistemáticos que permitan caracterizar la situación de derechos humanos, y el goce efectivo de derechos de pueblos y comunidades afrocolombianas. El hecho de adolecer de un censo y caracterización adecuada constituye una barrera para la formulación de políticas para afrocolombianos acordes a su realidad y particularidades culturales.

Una aproximación a esta realidad, es el trabajo realizado por el PNUD 28, el cual contrastó los datos generales del país con la situación de territorios afrocolombianos a la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM. En ese sentido, la exclusión estructural de la población afrocolombiana que se refleja en altos índices de pobreza, analfabetismo, y en general en un precario goce efectivo de derechos, especialmente de sus derechos fundamentales, encuentra explicación en el racismo y discriminación racial, y en todo caso, en la falta de comprensión de lo que implica un Estado pluriétnico y multicultural.

Respecto a la respuesta institucional frente al desplazamiento, confinamiento y resistencia de comunidades afrocolombianas, la Corte Constitucional en el auto 005 constató que: “La respuesta de las autoridades estatales a la situación de los afrocolombianos afectados por el desplazamiento forzado interno, así como por fenómenos de confinamiento, resistencia y retornos sin condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad ha sido insuficiente. Esa desatención se expresa 28

Ibid CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES principalmente en la falta de un enfoque diferencial a favor de estos colombianos desplazados.

Hasta el momento no hay una política enfocada en las necesidades especiales de la población afro desplazada: la atención a esta población se circunscribe a los programas y políticas diseñados para la población desplazada en general, con el agravante de que la población afro es la más marginada dentro de la atención que se brinda a las personas desplazadas”. Frente a la magnitud de la crisis humanitaria y violación sistemática de los derechos fundamentales y colectivos de las comunidades negras, la respuesta institucional sigue siendo precaria, y no es proporcional a los daños causados, ni se corresponde con la garantía de derechos de sujetos de especial protección constitucional.

El incumplimiento de la normatividad que protege derechos de las comunidades afrocolombianas, como la ley 70 de 1993, el Convenio 169 de la OIT –ratificado a través de la ley 21 de 1991-, el auto 005, es sintomático de las debilidades de la institucionalidad para proteger los derechos de estas comunidades. La normatividad vigente para atención y reparación de comunidades afrocolombianas, el decreto ley 4635, no fue consultado debidamente con las comunidades afectadas, es decir no observó los estándares del Convenio 169 de la OIT, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. De manera que las debilidades estructurales de los procesos de consulta se vieron reflejadas en la llamada consulta y contenidos del Decreto Ley 4635, los cuales no reflejan el enfoque diferencial afrocolombiano, como lo evidencia que buena parte de ellos se ciñen a lo estipulado en la ley 1448.

A pesar de estas fallas, en tanto marco legal vigente para la atención y reparación de víctimas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, este debe implementarse, sin embargo su implementación efectiva avanza a un ritmo bastante lento. Algunas de las dificultades en la implementación del Decreto Ley 4635, son: i)

Uno de los principios del decreto ley 4635 es la reparación transformadora, “como una oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el caso colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los sectores más vulnerables y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de justicia.”29, sin embargo no son claros los mecanismos para la aplicabilidad de este principio.

ii)

A la fecha no ha sido aprobado el registro de sujetos colectivos, que es la puerta de entrada para las medidas de atención y reparación colectiva, mientras este registro se aprueba, las comunidades afrocolombianas accederán por vía del registro único de víctimas a las medidas establecidas en la ley 1448 de 2011.

iii)

Autoridades y funcionarios de entes territoriales desconocen el marco normativo para la atención y reparación de víctimas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y remiten a las víctimas de grupos étnicos a la ley 1448. En varias ocasiones, funcionarios y funcionarias se han referido al decreto ley 4635 como decreto reglamentario, lo cual desconoce su carácter autónomo de la ley 1448 y que es una medida con el mismo rango que la ley en mención.

29

UMPRIMNY RODRIGO Y SAFFON MARIA PAULA. 2009. Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En: Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. ICTJ. Opciones Gráficas Editores, Bogotá –Colombia. Pg 24.

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CODHES – AFRODES iv)

El desconocimiento de la nueva normatividad, ha tenido como consecuencia que no se tomen declaraciones de casos de confinamiento y de otros hechos vicitmizantes distintos del desplazamiento forzado.

v)

No se han articulado efectivamente las órdenes del auto 005 con los planes integrales de reparación colectiva, y medidas de atención a comunidades desplazadas y confinadas.

vi)

No se evidencia coordinación interinstitucional efectiva, es decir un sistema de atención y reparación para víctimas comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ni claridades en la coordinación nación territorio bajo los principios de complementariedad, subsidiariedad y concurrencia respecto a la implementación de las medidas del decreto ley 4635.

vii)

Implementación de la ley 1448 y decreto ley en el contexto del conflicto armado.

Líderes y líderesas del proceso organizativo afrocolombiano y de víctimas han sido amenazados, y asesinados, como sucedió recientemente con Miller Angulo quien hacía parte de la Mesa Departamental de Vícitmas (Nariño) y el espacio transitorio de participación a nivel nacional.

viii)

En materia de Derechos humanos y persecución a líderes afrocolombianos. Es sustancial señalar que en el marco del informe alternativo del Examen periódico Universal – EPU, se constató que Colombia es uno de los países más peligrosos para la defensa de los DDHH. “Entre Enero 2008 y Junio del 2012, por lo menos 923 personas fueron agredidas por esa causa. De ellas 142 fueron asesinadas y 6 desaparecidas forzadamente. Entre Enero de 2008 y Diciembre de 2010, el promedio mensual de agresiones se mantuvo alrededor de 14. En 2011 se elevó a 19 por mes y en el primer semestre de 2012 pasó a 27 cada mes. Los líderes afrodescendientes, indígenas, comunales y abogados de las personas reclamantes de tierras, fueron los blancos de ataques más recurrentes”30. Lo anterior evidencia que las amenazas y asesinatos de líderes afrocolombianos en los últimos dos años, no son casos aislados, sino que demuestran la tendencia del recrudecimiento del conflicto armado.

De igual modo, las autoridades de consejos comunitarios son víctimas de amenazas por intereses en sus territorios y por la defensa de sus derechos. Esta situación pone en grave peligro la autonomía y autodeterminación de consejos comunitarios, y el proceso organizativo afrocolombiano a nivel nacional.

ix)

En materia de medidas de protección de derechos territoriales en el marco del decreto ley 4635, es paradójico el hecho de que dicha normatividad no contemple la implementación de la ruta étnica para la protección de derechos territoriales, medida que el decreto ley indígena (4633) sí incorporó en el título correspondiente a restitución.

x)

Buena parte de las víctimas de desplazamiento intraurbanos son afrocolombianos, sin embargo, según un informe realizado por Codhes en esta materia, “existe una negación sistemática del fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano por parte de las autoridades locales, acompañado de un alto grado de estigmatización de las mismas contra la población desplazada. Se ha naturalizado un discurso según el cual el

30

Informe Alternativo al Examen Peródico Universal CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES problema del desplazamiento forzado es ajeno al ente territorial, que se ha convertido en una ´víctima de las víctimas´ en la medida en que los desplazados desangran las arcas del municipio”. xi)

Los Conpes 3726 y 3712 no contemplan financiación suficiente para las medidas de atención y reparación de víctimas afrocolombianas. Aunque el decreto ley 4635 establece que el Conpes tendrá un titulo especial para comunidades el cual contendrá “el plan de ejecución de metas, presupuesto suficiente con continuidad y oportunamente disponible y el mecanismo de segumiento e instrumentos de corrección, así como determinará anualmente la destinación los mecanismos de transferencia y ejecución, el monto de los recursos y las entidades responsables”, en la práctica, el Conpes –No 3726 presenta una estimación de costos de plan de financiación sobre la base de una caracterización inadecuada. Es así como la estimación de los costos del Plan de Financiación de la Ley 1448 de 2011 para grupos étnicos parte de la base del Registro Único de Población Desplazada, según el cual del total de población en situación de desplazamiento registrada el 9,6% eran afrocolombianos. Lo cual contrasta cifras de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, que refiere un porcentaje de afrocolombianos del 22,5% en el total de población desplazada. Esta diferencia es significativa respecto al RUPD -9,6%y se profundiza aún más al contrastarla con estimaciones de la AFRODES -37%-, de manera que parecen obviarse los problemas de subregistro. De igual modo, y como lo reconoce el documento Conpes, la caracterización tampoco refleja hechos victimizantes distintos al desplazamiento forzado. En consecuencia, el presupuesto destinado para la atención y reparación a víctimas de grupos étnicos es insuficiente y no es proporcional al número de víctimas, ni al impacto de los daños.

RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para avanzar en la garantizar efectiva de los derechos de los pueblos y comunidades afrocolombianas en lo que sigue será central: Primero. La institucionalidad debe avanzar a una reconstrucción de los imaginarios que localizan erróneamente a la población afrocolombiana, por tanto que los mapas demográficos para la población afrodescendiente han cambiado históricamente y en este momento “particular y privativo” han empezado a tener otras connotaciones como consecuencia del desplazamiento forzado. Un ejemplo claro de ello, radica en que era una población particularmente rural en su 65% y frente a ello el panorama ha cambiado de forma sustancial. A demás revelado por las ciudades con mayor presencia de población afrocolombiana en situación de desplazamiento como lo son Tumaco, Cali, Quibdó Cartagena y Bogotá.

Segundo. El tratamiento de los diversos temas afrocolombianos que merecen una adecuada intervención estatal han tenido un carácter de baja profundidad o irrelevancia estatal, lo cual CONTEXTO REGIONES TALLERES PILOTO PROTECCIÓN COLECTIVA PARA AFRODES 2013

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CODHES – AFRODES constituye elemento de alta preocupación ante la falta de coordinación interinstitucional. Cada caso que se acompaña con el personal de expertos por parte de la sociedad civil, encuentra en el ámbito institucional más que un doliente de las violaciones, una serie de obstáculos y poco interés por resolver los problemas de fondo en el corto y mediano plazo. Los procesos de atención institucional que respecto al pueblo afrocolombiano se ejecutan no superan un examen sobre goce efectivo si se tomase cada uno de los casos, ante ello, nos resta decir que la magnitud del drama, no ha tiene una comprensión institucional mucho menos los funcionarios podrán interiorizar buenas prácticas en atención.

Tercero. La situación de las comunidades afrocolombianas que no han logrado salvaguardar su derecho colectivo al territorio, deben ser sujetos de acción institucional prioritaria, adecuada y provista de todos los mecanismos de protección. Ello significa que este mecanismo que se adopte debe ser determinado con base en los criterios de diferenciación establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben guardar ajustes institucionales de manera que tenga efectos concretos de protección. En estricto sentido, estos mecanismos podrían ser aplicados en todos aquellos territorios del pueblo afrocolombiano por fuera del Pacífico que se les haya violentado y negado sistemáticamente su propiedad territorial.

Cuarto. El modelo de protección colectiva a diseñar, deberá ser sensible a las características contextuales de los territorios afrocolombianos, con un enfoque diferencial, con la participación y consulta de las y los afectados, que de cuenta de las diferentes situacionales organizativas y de conflicto armado que afrontan los lideres y lideresas afrocolombianos en sus dinámicas territoriales.

Este modelo deberá tener como eje central la protección integral de sus familias y organizaciones.

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