2006 - Junio

Actualidad Laboral

Actualidad Laboral REVISTA INFORMATIVA DE TRABAJO FUNDADA EN 1975

DIRECTOR: FERNANDO ELIAS MANTERO

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Nº 360 Lima - Perú JUNIO 2006

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LA JORNADA DE TRABAJO Dr. Fernando Elías Mantero

El tema de la jornada de trabajo ha adquirido inusitada importancia en los últimos tiempos como ha quedado demostrado con la promulgación y entrada en vigencia de normas legales que han establecido reglas para su registro y control, con la finalidad de limitar de manera real y efectiva dicha jornada, así como, asegurar el pago de lo que le pudiera corresponder al trabajador por trabajo en sobretiempo o asegurar, cuando menos, el otorgamiento de un descanso por tiempo equivalente.

De manera casi coincidente, el Tribunal Constitucional dictó una importante sentencia, mediante la cual se han establecido restricciones a las llamadas jornadas "acumulativas" o "atípicas" que ha establecido limitaciones importantes a esta modalidad excepcional de prestación de servicios.1 Este pronunciamiento puede tener el efecto de afectar el desarrollo de la jornada de trabajo en centros mineros o de naturaleza similar alejados de las ciudades, obligando al trabajador a permanecer más tiempo inactivo en dicho lugar y recortando la posibilidad de realizar visitas familiares más prolongadas como se lo permite el sistema de jornadas acumulativas o atípicas.

El control de la jornada de trabajo adquirió actualidad como consecuencia de una realidad, en un importante número de centros laborales los trabajadores permanecían trabajando más allá de la jornada laboral y, en muchos casos, no se les otorgaba la compensación respectiva. Esto determinó que fuera parte de la campaña política durante la elección presidencial, indicando, por lo menos uno de los candidatos, que de ser elegido controlaría dicha situación. Es del caso destacar que el dispositivo que estableció el registro de control de la jornada de trabajo se dictó en plena campaña electoral.

Dos días antes de la fecha para la elección en "primera vuelta" el Gobierno dictó el D.S. Nº 004-2006-TR, que introdujo cambios importantes en los mecanismos de control del horario de trabajo. Poco tiempo después, como consecuencia de las dificultades que planteaba la aplicación del dispositivo se dictó el D.S. Nº 011-2006-TR, que modificó un importante número de los artículos del primero.

Es así como el tema actualmente se encuentra regulado por el D.S. Nº 011-2006-TR, que mantiene sólo el Art. 1º del D.S. Nº 004-2006-TR y modifica todos los demás.

Los dispositivos al que nos referimos forman parte de las normas legales que regulan el tema de la jornada de trabajo y regímenes de descanso diario, semanal y anual.

IMPORTANCIA DE LA JORNADA DE TRABAJO: La jornada de trabajo es uno de los puntos más importantes en el desenvolvimiento de una relación de trabajo.

Su limitación fue una de las luchas más importantes e intensas en que participaron los trabajadores como reacción a jornadas que no tenían limitación y que los ubicaba en una situación de explotación extrema.

La limitación de la jornada de trabajo es una realidad en el mundo moderno y marca diferencia con los antecedentes remotos de la prestación de servicios en favor exclusivo del empleador sin limitación de ninguna clase. Nos referimos a la esclavitud, período prolongado en la evolución de la humanidad, durante la cual muchas personas estaban obligadas a laborar para otros, actividad que no tenía limitación de ninguna clase, en tanto que 1 Nos referimos a la sentencia de fecha 17 de abril de 2006 expedida en el expediente Nº 4635-2004-AA/TC. Que ha sido objeto de aclaración por medio de una sentencia posterior (fecha 11 de mayo de 2006) en la cuál se modificaron algunas partes de la primera (Ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia)

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la fuerza del esclavo podía ser aprovechada por el dueño como mejor le convenía y por el tiempo que estimara necesario.

El movimiento sindical y los trabajadores en general han dado, a través de los años, una lucha muy fuerte para lograr la limitación de la jornada de trabajo, y los dispositivos dictados no hacen sino crear las condiciones para que ella se dé en la práctica y no suceda lo que venía ocurriendo en una pluralidad de empresas, en las que los trabajadores se habían acostumbrado a prolongar su jornada laboral sin recibir, en muchos casos, ninguna remuneración adicional.

No se trata entonces de un derecho nuevo, pues la regulación de la jornada de trabajo se remonta al siglo XX y constituyó en su momento un objetivo fundamental de las banderas de la lucha sindical.

Durante muchos años se perseguía que la jornada laboral fuera reducida en todo lo posible. A partir de la época que conocemos como de "flexibilización" o "desregulación" la tendencia que se manifiesta es dictar nueva legislación, la que ha permitido cambios en el desenvolvimiento de las relaciones laborales. Uno de ellos fue la regulación de la jornada de trabajo que entre otras cosas le permite al empleador aumentar unilateralmente la jornada de trabajo hasta las 48 horas al mes.2 Existe, además, una estrecha vinculación entre dos conceptos contrarios y contradictorios. Nos referimos al trabajo o prestación del servicio y al descanso, que son aquellos períodos en que el trabajador se abstiene de realizar las tareas que le corresponde con la finalidad de reparar las energías perdidas en el desarrollo del trabajo.

Adicionalmente, se debe mencionar que el descanso, por ser reparatorio, está íntimamente vinculado al orden público laboral y como consecuencia de ello, sus reglas son bastante rígidas, salvo algunas excepciones de cumplimiento obligatorio.

REFERENCIAS AL TRABAJO Y REGIMEN DE DESCANSOS EN INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES: Teniendo en cuenta la importancia de la jornada de trabajo a nivel mundial ésta ha merecido la mayor atención por parte de la Organización Internacional de trabajo. La mejor prueba de ello la encontramos en el hecho que el primer convenio internacional es justamente el referido a la limitación de la jornada de trabajo.

Con posterioridad al referido convenio se aprobaron otros -no necesariamente ratificados por el Perúvinculados también a la limitación de la jornada laboral, no encontrándose por lo tanto vigentes.

El Convenio Nº 1 conocido como "Convenio sobre las Horas de Trabajo (Industria)" adoptado en el año de 1919 estuvo dirigido específicamente a los trabajadores de la industria, no comprendiendo al transporte por mar y por vía de agua interior, los que quedaban para ser regulados por una norma posterior.

El convenio, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2, debía comprender a todas las empresas industriales públicas privadas, "…, con excepción de aquellas en que solo estén empleados los miembros de una misma familia, ...". En forma expresa se exceptúa de los alcances del convenio declarándose que no era de aplicación "… a las personas que ocupen un puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza;" También se contempló la posibilidad que uno o más días de la semana el trabajo fuera inferior a ocho horas, pudiéndose autorizar sobrepasar el referido límite en los restantes días de la semana, bajo ciertas condiciones cuando ello fuera autorizado por la autoridad o pactado por convenio colectivo, siempre y cuando no se superara una hora de trabajo (Art. 2º Inc. b) del Convenio OIT Nº1, 1919).

Otra regla fijada también por el convenio, que constituye el antecedente remoto de la jornada de trabajo acumulativa estuvo prevista en el inciso c) del artículo segundo al señalar que: "… Cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar el límite de ocho horas más en los restantes día de la semana" 2 Esta facultad no es absoluta en tanto que el empleador no puede modificar unilateralmente la jornada de trabajo en la medida que exista una convención colectiva de trabajo por la cuál se haya establecido su limitación. Asimismo, si se modifica la jornada de trabajo ampliándose la misma, la ley laboral obliga al empleador a aumentar la remuneración en proporción a las horas adicionadas a la jornada de trabajo.

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Existen otros convenios internacionales de la Organización Internacional de Trabajo en los cuales se han regulado otros aspectos del trabajo extraordinario.

Entre los mencionados se encuentran los siguientes: - Convenio 14 relativo a la aplicación de descanso semanal en las empresas industriales.

- Convenio 67 de la OIT relativo a las horas de trabajo y al descanso en el transporte por carretera.

REGULACION DE LA JORNADA LABORAL Y EL REGIMEN DE DESCANSOS EN LA LEGISLACION NACIONAL: Nuestra legislación no le ha dado un tratamiento uniforme a la jornada de trabajo y régimen de descansos. Para los primeros se aplica el Dec. Leg. 854 modificado por la Ley Nº 27671 "Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo", así como su Reglamento aprobado por D.S. Nº 008-2002-TR que se publicó en la misma fecha en que se aplicó el Texto Unico Ordenado (TUO) del mencionado Dec. Leg 854. (El Peruano: 04-07-2002).

El segundo tema está regulado por el Decreto Legislativo 713 ( 07-11-1991) y su Reglamento el D.S. 012-92-TR (03-12-1992) El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 854 consta de IV Títulos, 13 Artículos y una disposición complementaria y final. El Reglamento tiene un total de 27 Artículos.

A estas normas tenemos que agregarles el D.S. Nº 004-2006-TR y D.S. Nº 011-2006-TR que modificó al primero de los nombrados.

Concepto de Jornada de Trabajo: En nuestro país no existe una definición legal de jornada de trabajo por lo que se hace necesario recurrir a una conceptual.

Se conoce como jornada de trabajo el tiempo en el cual el trabajador cumple con la prestación que le corresponde como consecuencia del contrato de trabajo. Por consideraciones de orden público se encuentra limitada por la ley en tanto que el trabajo origina un desgaste físico que debe ser reparado a fin de no perjudicar la integridad física del trabajador.

El complemento de la jornada de trabajo es el tiempo de descanso que generalmente sigue a todo período de trabajo. En la práctica reconocemos un tiempo de trabajo diario, semanal y anual, cada uno de los cuales va seguido de su respectivo tiempo de descanso.3 La duración de la jornada de trabajo está sujeta por lo general a una regla casi universal que la limita a ocho horas diarias y 48 horas semanales. Existen situaciones de excepción en que las jornadas máximas, tanto semanal como mensual son menores, o los períodos de descanso son mayores, originándose esta situación en consideraciones de orden público. Existen también situaciones especiales en función de la hora en que se cumple con la prestación.4 En la época actual la jornada de trabajo es uniforme tanto para varones como para mujeres. Hasta el 29 de julio de 1995 y, desde hacía muchos años, la mujer tenía una jornada laboral menor que la del varón (un máximo de 45 horas a la semana). Asimismo, se aplicaba la llamada "semana inglesa", que consistía en que la mujer debía descansar necesariamente el sábado en la tarde o el lunes en la mañana. La Ley Nº 26513 derogó las normas 5 3 Descanso diario, descanso semanal y descanso anual o vacacional.

4 Nos referimos al trabajo nocturno que por su propia naturaleza implica un mayor desgaste en la ejecución. Asimismo el descanso natural para el ser humano es el nocturno y no el diurno.

5 Nos referimos a las leyes 2851 y 4239.

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que sustentaron durante muchos años la mencionada diferencia de jornada laboral.6 La regulación de la jornada de trabajo en nuestra legislación interna toma como punto de partida lo señalado en el artículo 25º de la Constitución de 1993 que señala: "Artículo 25.- Jornada ordinaria de trabajo.

La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y compensación se regulan por ley o por convenio."

La Constitución de 1993 no es la primera en reconocer la jornada de trabajo a nivel Constitucional. También estaba mencionada en la de 1979. 7 No hubo mención alguna a ella en las Constituciones de 1920 y 1933. La inclusión de tan importante derecho en el texto Constitucional no hace sino asegurar la vigencia y permanencia del beneficio, en el entendimiento que sus lineamientos no pueden ser modificados por normas de menor jerarquía.

Asimismo permite su defensa en la vía constitucional.

Duración de la Jornada de Trabajo: De acuerdo con lo señalado en el artículo 1º del D.S. Nº 007-2002-TR (que reitera lo que señala la Constitución) la duración de la jornada es de 8 horas diarias ó 48 horas semanales como máximo, aclarando dicho dispositivo, como ya se explicó, que la jornada en referencia es tanto para varones como para mujeres mayores de edad. La forma como está redactado el dispositivo demuestra que existe una plena equiparidad de la jornada de trabajo para todo trabajador independiente de su género. La redacción se explica porque la legislación anterior establecía una jornada reducida para las mujeres en atención al sexo.8 Obviamente el sustento de la jornada es constitucional y por lo tanto la ley no hace sino reiterar lo expresado en la norma de mayor jerarquía.

Jornada de Trabajo de los menores de edad: La jornada de trabajo de los menores de edad es reducida con relación a la de los mayores y se regula por la "ley de la materia" que no es otra que el Código de los Niños y los Adolescentes que señala en su artículo 56º: "El trabajo del adolescente entre los doce y catorce años no excederá de cuatro horas diarias ni de veinticuatro horas semanales. El trabajo del adolescente, entre los quince y diecisiete años no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales."

Reducción de la Jornada Máxima Legal: La jornada máxima legal puede ser reducida por decisión unilateral del empleador o por acuerdo de partes. La primera puede ser expresada verbalmente o por escrito, establecida en el Reglamento Interno de Trabajo o finalmente acordada por las partes a través de una convención colectiva de trabajo o de un convenio individual.

La regulación de la jornada de trabajo por convención colectiva de trabajo plantearía dificultades para su

6 Algunos sostienen que la diferencia de beneficios en el régimen laboral de las mujeres frente a varones le originaron a estas perjuicios en el mercado de contratación. Además de las diferencias con respecto al horario, existían otras normas de "protección" especial a la mujer que posiblemente contribuyeron al mismo objeto. Recordamos, que a mérito de las normas existentes también recibía una indemnización especial por despido sin causa.

7 Artículo 44º.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho semanales. Puede reducirse por convenio colectivo o por ley.

Todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria se remunera extraordinariamente. La ley establece normas para el trabajo nocturno y para el que se realiza en condiciones insalubres o peligrosas. Determina las condiciones del trabajo de menores y mujeres.

Los trabajadores tienen derecho al descanso semanal remunerado, vacaciones anuales pagadas y compensación por tiempo de servicios.

8 Recordamos, que de acuerdo con lo señalado en la Ley Nº 4239 la mujer gozaba de una semana laboral reducida - 45 horas de trabajo a la semana-, y además de la llamada "semana inglesa" por la cuál debía descansar el sábado en la tarde o el lunes en la mañana.

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modificación ya que para ello se requeriría una nueva convención colectiva de trabajo, generalmente difícil de celebrar para lograr un incremento de la jornada contractual.9 Trascendencia de la Jornada Máxima de Trabajo: Como se ha indicado, la limitación de la jornada de trabajo tiene desde nuestra perspectiva interna el máximo de 8 horas diarias o 48 semanales. Esta limitación constituye un patrón mundial máximo patrocinado por la Organización Internacional de Trabajo, a través de diversos convenios internacionales. A su vez, es un reconocimiento de las luchas sociales que condujeron a la limitación de la jornada de trabajo.

Es por ello que la jornada de trabajo tiene limitaciones muy marcadas, es estrictamente voluntaria y la imposición al trabajador de una jornada mayor de la máxima señalada en la Constitución y la ley constituye una infracción de tercer grado, esto es, como una de las de mayor gravedad.

EL HORARIO DE TRABAJO: Es la expresión individualizada de la jornada de trabajo. La ley lo define como "la hora de ingreso y salida", a lo cuál habría que agregarle también el tiempo de refrigerio. El horario puede ser variado en función del tipo de trabajo que debe realizar cada trabajador, no siendo necesariamente uniforme para todos.

El horario de trabajo tiene dos aspectos importantes: a) El primero es la oportunidad de su fijación; b) El segundo lo constituye su modificación. De acuerdo con la Ley (artículo 6º del D.S. Nº 007-2002-TR), el empleador es quien fija el horario de trabajo. No es necesario que lo señale por medio de un contrato expreso, en cuyo caso no podría ser modificado unilateralmente, salvo que se pactara expresamente la facultad de hacerlo de dicha forma lo que constituye una práctica usual cuando la prestación podría ser variada en el desarrollo del contrato.

De no existir dicha facultad convencional se aplicaría la facultad señalada en el mismo artículo 6º mencionado que señala: que el empleador está autorizado para modificar el horario de trabajo, sin alterar el número de horas trabajadas (esto es no puede incrementar la jornada convenida).

La posibilidad de modificar la jornada de trabajo se da en los planos individual y colectivo. En ambos casos, el derecho del empleador es el de introducir modificaciones hasta de una hora (que no se consideran sustanciales).

Las alteraciones por períodos mayores a una hora son susceptibles de cuestionamiento en la forma señalada en la ley, esto es, recurriendo a la Autoridad Administrativa de Trabajo (cuando el cambio fuera mayor a una hora y no estuvieran de acuerdo en el mismo la mayoría de trabajadores), o ante el Poder Judicial de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué se le ha concedido al empleador la posibilidad de variar unilateralmente el horario de trabajo por períodos reducidos de tiempo?

Consideramos que se sustenta en la necesidad que tiene el empleador de ordenar el horario de sus dependientes a fin de cumplir con los requerimientos de la producción.

Facultades del Empleador con relación al horario de trabajo: La Ley (Dec. Leg. 854 Art. 2º) le concede al empleador diversas facultades que no son absolutas, ellas son: a) Establecer la jornada ordinaria de trabajo, diaria o semanal. b) Establecer jornadas compensatorias de trabajo de tal forma que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor y en otras menor de ocho (8) horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria exceda en promedio de cuarenta y ocho (48) horas por semana. c) Reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal de trabajo, encontrándose autorizado a prorratear 9 Es posible que la reducción de la jornada dispuesta por el empleador (sin rebaja de remuneración) sea por un tiempo determinado. En este caso es importante que ello quede debidamente esclarecido a fin que no se considere una jornada reducida permanente.

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las horas dentro de los restantes días de la semana, considerándose las horas prorrateadas como parte de la jornada ordinaria de trabajo, en cuyo caso ésta no podrá exceder en promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo en un período de tres semanas. d) Establecer, con la salvedad del Artículo 9º de la presente Ley, turnos de trabajo fijo o rotativo, los que pueden variar con el tiempo según las necesidades del centro de trabajo. e) Establecer y modificar horarios de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR HORARIOS, JORNADA Y TURNOS DE TRABAJO: Por la trascendencia de un cambio de horario y su incidencia en la vida del trabajador, la Ley ha señalado un procedimiento para modificar el horario de trabajo, este se encuentra regulado en la segunda parte del artículo 2º del TUO del Decreto Legislativo Nº 854, en los términos siguientes: "Consulta y negociación obligatoria con los trabajadores involucrados en la medida.

El empleador, previamente a la adopción de alguna de las medidas señaladas en el numeral 1 del presente artículo, debe comunicar con ocho (8) días de anticipación al sindicato, o a falta de éste a los representantes de los trabajadores, o en su defecto, a los trabajadores afectados, la medida a adoptarse y los motivos que la sustentan.

Dentro de este plazo, el sindicato, o a falta de éste los representantes de los trabajadores, o en su defecto, a los trabajadores afectados, pueden solicitar al empleador la realización de una reunión a fin de plantear una medida distinta a la propuesta, debiendo el empleador señalar la fecha y hora de la realización de la misma. A falta de acuerdo, el empleador está facultado a introducir la medida propuesta, sin perjuicio del derecho de los trabajadores a impugnar tal acto ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a que se refiere el párrafo siguiente.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la adopción de la medida, la parte laboral tiene el derecho de impugnar la medida ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se pronuncie sobre la procedencia de la medida en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, en base a los argumentos y evidencias que propongan las partes."

El artículo 7º del Reglamento complementa algunos aspectos operativos de la norma al señalar: "La solicitud del sindicato, o a falta de éste de los representantes de los trabajadores, o en su defecto, de los trabajadores afectados, para llevar a cabo la reunión a que hace referencia el segundo párrafo, inciso 2) del Artículo 2º de la Ley deberá realizarse dentro de los tres días siguientes de recibida la comunicación del empleador. En dicha solicitud se deberá sustentar la medida distinta a la propuesta por el empleador y justificar las razones de la oposición a la medida planteada por éste. Recibida la solicitud, el empleador citará a la correspondiente reunión dentro de los tres días siguientes.

De ocurrir un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que haga indispensable introducir alguna de las modificaciones previstas en el numeral 1) del Artículo 2º de la Ley será suficiente para proceder a ellas, contar con la aceptación escrita del o los trabajadores involucrados."

Reducción de la Jornada de Trabajo: La jornada de trabajo constituye uno de los elementos fundamentales en el contrato de trabajo, tanto en lo que se refiere a la duración de la prestación del servicio como de la oportunidad de su ejecución. Por ello, la regla general es que la jornada solamente se puede modificar de común acuerdo, salvo que el empleador se hubiese reservado contractualmente dicha facultad por la propia naturaleza del servicio, o que se trata de los cambios permitidos por la ley. En algunos casos, se da la variación de hecho de la jornada de trabajo, cuando ello se produce por acción o determinación de uno de los sujetos de la relación laboral, sin objeción del otro.

Cuando se analiza el tema de la modificación de la jornada nos encontramos ante dos posibilidades claramente definidas que son: a) El incremento de la jornada de trabajo;

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b) La reducción de la jornada de trabajo.

Entre las dos situaciones mencionadas existe una diferencia de tratamiento, la primera está referida al incremento de la jornada que se puede dar por decisión unilateral y por acto contractual, temas que serán analizados en las páginas siguientes del presente comentario.

La reducción, a su vez, tiene dos modalidades claramente definidas que son: a) La reducción de la jornada por decisión unilateral del empleador; b) La reducción de la jornada por acto contractual.

En lo que se refiere a la reducción de la jornada por decisión unilateral del empleador, la que a su vez puede ser por un período transitorio o de manera definitiva, debemos indicar que el empleador puede tomar dicha decisión en cualquiera de las mencionadas modalidades, en la medida que no se produzca una rebaja remunerativa, pues para que ella se dé se requeriría necesariamente el consentimiento del trabajador afectado. ¿Puede el empleador reducir la jornada de trabajo a menos de cuatro horas diarias?

En concordancia con lo expuesto anteriormente, podría llevar a cabo tal reducción en forma unilateral, en la medida que ella no afecte el derecho del trabajador, sea a la remuneración o a aquéllos beneficios para cuyo otorgamiento la ley señale una prestación laboral superior a 4 horas diarias.

El artículo 3º del Decreto reglamentario señala: "La reducción de la jornada por convenio o decisión unilateral del empleador a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 1º de la Ley, no podrá originar una reducción en la remuneración que el trabajador haya venido percibiendo, salvo pacto expreso en contrario". ¿Puede el empleador disponer la reducción de la jornada de trabajo por períodos definidos?

Como ya se adelantó a pie de página 9, si lo puede hacer en la medida que comunique que el cambio es transitorio y que no se produzca la rebaja remunerativa. De preferencia la reducción de jornada por un período determinado, debe ser comunicada por escrito al trabajador para que no se pueda alegar posteriormente que el cambio fue permanente, impidiéndose el regreso al horario anterior.

Modificaciones al Horario de Trabajo: El empleador tiene determinadas facultades para la modificación de jornadas, horarios y turnos de trabajo. Ellas están precisadas en el artículo 2º del D.S. Nº 007-2002-TR, norma que contempla diversas hipótesis. En el inciso e) se le otorga la facultad de: "Establecer y modificar horarios de trabajo". Esta facultad puede ser objeto de precisión dentro del contrato de trabajo original; esto se da en aquellos casos en que el empleador se reserva el derecho de modificar el horario de trabajo a su sola firma o conveniencia.

En caso de que se desee modificar una situación existente, debe procederse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 6º del D.S. Nº 007-2002-TR que señala: "Es facultad del empleador establecer el horario de trabajo, entendiéndose por tal la hora de ingreso y salida, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 2º inciso d). Igualmente está facultado a modificar el horario de trabajo sin alterar el número de horas trabajadas. Si la modificación colectiva de horario es mayor a una hora y la mayoría de trabajadores no estuviera de acuerdo, podrán acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se pronuncie sobre la procedencia de la medida en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, en base a los argumentos y evidencias que se propongan las partes. La resolución es apelable dentro del tercer día.

Si la modificación tiene carácter individual, la impugnación de la medida por el trabajador se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Lo expuesto anteriormente nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

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1.- El empleador puede modificar la oportunidad en que se inicie o concluya el horario de trabajo en la medida que no altere el número de horas trabajadas (no obstante que la alteración puede ser aumentando o reduciendo la jornada de trabajo la regla es para ambas situaciones).

2.- En la medida que el cambio no sea mayor a una hora se considera que la modificación está dentro de las facultades del empleador y no es susceptible de cuestionamiento alguno por parte de los trabajadores sea en forma individual o colectiva. El cambio por período mayor sería susceptible de cuestionamiento como también lo sería los incrementos "sucesivos" en períodos posteriores encaminado a lograr un cambio sustancial del horario en forma progresiva.

Las hipótesis analizadas están referidas a la modificación del horario sin incremento de jornada.

3.- De producirse el cambio por un período mayor se podrían dar las dos situaciones previstas en la Ley; esto es, tratándose de una modificación colectiva el reclamo impugnatorio tendría que estar avalado por la mayoría de los trabajadores. En este caso, la minoría disconforme tendría que someterse a la aceptación de la mayoría porque los acuerdos celebrados por la mayoría tienen que ser aceptados por la minoría, mas aún cuando se trata de un hecho con efectos generales, como es el caso del horario o cambio de jornada.

En caso que la modificación sea individual, esto es, se encuentre referida solamente a determinados trabajadores, estos tendrían derecho de formular su reclamación, la que se llevaría a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de la Ley Procesal de Trabajo.

Publicidad del Horario de Trabajo: El artículo 2º del D.S. Nº 008-2002-TR establece que el horario de trabajo debe ser objeto de publicidad dentro del centro laboral. La norma a que nos referimos señala que tal requisito debe darse: a) Mediante la colocación de carteles o avisos en lugares visibles del establecimiento; b) Por cualquier otro medio adecuado.

En estas comunicaciones debe precisarse el momento en que se inicia y culmina la jornada de trabajo, así como la oportunidad en que se hace efectivo el refrigerio.

De la lectura de las normas relacionadas a los actos de publicidad del horario surgen algunas interrogantes que es necesario esclarecer.

Es usual que el horario de trabajo sea colocado en el lugar por el cual acceden los trabajadores al centro de trabajo o en donde registran su asistencia. Existiendo la posibilidad de coexistencia de diversos horarios de trabajo, se puede cumplir con el requisito indicado, tanto de la manera señalada anteriormente, como colocando carteles en cada una de las áreas que tiene su propio horario de trabajo.

Señala la Ley, de otro lado, que el horario de trabajo puede ser publicitado "por cualquier otro medio adecuado".

Ello significa que el cartel es únicamente una de las opciones. Este requisito, podría verse cumplido cuando se hace referencia al horario en el Reglamento Interno de Trabajo, así como también si se inserta dentro de las boletas de pago que se le entregan periódicamente a cada trabajador (aunque esta opción en la práctica no resulta conveniente por razones de espacio en la propia boleta).

Lo importante es poder demostrar que los trabajadores conocen del horario de trabajo que está obligado a cumplir. El requisito no está dirigido al público que concurre a la empresa, de tal manera que en caso de optarse por el sistema de publicidad del horario por medio de carteles no sería necesario que estos se encuentren ubicados en un lugar de acceso al público en general. Después de todo, el horario de trabajo es un asunto de naturaleza interna. ¿Es obligatorio que el empleador comunique a las Autoridades de Trabajo la existencia del horario de trabajo?

No existe ninguna norma que señale tal obligación aunque tal práctica se mantiene todavía en muchas

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empresas como un rezago burocrático pues debemos recordar que en una determinada época la intervención de la Autoridad de Trabajo en los temas laborales llevaba a las partes a una permanente comunicación de sus actos. ¿Qué sucede cuando existen varios horarios de refrigerio?

Es conveniente colocarlos dentro del aviso respectivo. ¿Está facultada la Autoridad de Trabajo para aprobar los horarios de trabajo que comunican las partes?

La respuesta es negativa, pues no existe ninguna obligación de realizar un trámite como el mencionado que resulta ser de exclusivo interés e incumbencia de las partes.

JORNADAS COMPENSATORIAS DE TRABAJO Y PRORRATEO DE HORAS DE TRABAJO: Se conoce como jornada compensatoria de trabajo aquella por la cual el trabajador realiza trabajo extraordinario que es compensado con tiempo equivalente de descanso en otra oportunidad. La compensación puede asimilarse con las figuras conocidas como "canje" o "trueque" y por lo tanto no se paga con recargo alguno ya que ella se da con períodos de descanso equivalente a los trabajados de manera extraordinaria.

La ley permite lo que se llama el "prorrateo" de las horas de trabajo. Por esta figura se incrementa el trabajo en algunos días, mientras que en otros es inferior; siendo el objeto de su implantación que el exceso en la jornada de ciertos días produzca una reducción o eventual eliminación de la jornada en otros días (por ejemplo cuando se labora 9 horas veinte minutos al día de lunes a viernes para no trabajar el día sábado).

En estos casos el exceso de la jornada de ocho horas no se considera como trabajo extraordinario sino como jornada prorrateada. En la práctica equivale a no trabajar en horas extras razón por la cual no surge el derecho a la sobretasa.

Este exceso en la jornada no significa de otro lado que se afecte el derecho del trabajador al descanso semanal de los trabajadores.

Facultad de extender la jornada de trabajo: Se le ha concedido al empleador la facultad de incrementar unilateralmente la jornada de trabajo a 8 horas diarias ó 48 horas semanales cuando existiera una jornada menor a la misma estando obligado en este caso a incrementar la remuneración en forma proporcional. Esta facultad es distinta de la señalada en el artículo 6º que está referida al cambio de horario sin incremento de jornada.

Esta facultad no es susceptible de cuestionamiento como se da en los casos contemplados en los artículos 2º y 6º de la norma.

El artículo 8º del reglamento señala determinados límites con respecto a la ampliación de la jornada en forma unilateral al señalar: "en el caso previsto en el artículo 3º de la ley, no se podrá ampliar la jornada de trabajo para alcanzar la jornada ordinaria máxima, cuando la reducción de esta haya sido establecida por ley o convenio colectivo, salvo que se haga por la misma vía". ¿Toda extensión de la jornada de trabajo debe ir acompañada de un incremento remunerativo?

La respuesta es negativa ya que la ley contempla dicha situación como obligatoria únicamente en los casos de modificación de la jornada por decisión unilateral del empleador. Las partes son libres de pactar la duración de la jornada en la medida que no supere el límite legal o constitucional o que por medio de un acuerdo individual se establezca una jornada superior a la que se ha establecido por una convención colectiva.10 10 Esta es la razón por la cuál los empleadores por lo general no aceptan establecer la jornada de trabajo por medio de una convención colectiva en tanto que obligaría a que todos los contratos individuales tuvieran dicha limitación en la medida que la convención hubiese sido pactada con una organización que tuviera la calidad de "organización más representativa".

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El incremento de remuneración por efecto del ejercicio de esta facultad está definido en el artículo 11º 11 del D.S. Nº 007-2002-TR, aquélla que de acuerdo con el artículo 39º del TUO del Dec. Leg. 728 reciba el trabajador.12

Reducción de la jornada de trabajo: La reducción de la jornada de trabajo se puede dar por vía unilateral o bilateral. Está permitida por decisión unilateral del empleador en la medida que el trabajador no sufra reducción de sus remuneraciones o perjuicio económico, esto es, manteniéndose las condiciones de trabajo y remunerativas que percibe el trabajador. No habría ninguna razón para cuestionar una decisión como la señalada, en la medida que es más favorable para el trabajador (trabaja menos y gana igual). La reducción de la jornada puede ir aparejada con una rebaja remunerativa (en la medida que al hacerlo no se cumpla con las prescripciones de la remuneración mínima vital), siempre y cuando exista "pacto expreso en contrario".13 Es conveniente que el pacto se celebre por escrito y no se recurra al argumento de la ratificación tácita por el transcurso del tiempo ya que podría cuestionarse su calidad de "pacto expreso".

Personal no comprendido en la jornada máxima de trabajo: El artículo 5º del TUO considera a determinados trabajadores como "no comprendidos en la jornada máxima de trabajo". El sentido de la disposición es comprensible y guarda concordancia con lo señalado en el Convenio Nº 1 de la OIT, pero podría ser cuestionado en una contrastación con el dispositivo constitucional que regula las horas extras que no contempla ninguna excepción al límite máximo de la jornada. En todo caso, lo conveniente hubiese sido regular la excepción expresamente en la Constitución o utilizar una terminología diferente que transmitiera la idea pero en otros términos, ya que en esencia no se cuestiona que un sector de trabajadores no esté sujeto a un control de trabajo en función del horario, sino de otras consideraciones.

La Ley considera como "... no comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia".

Se conoce como trabajador de dirección al que trabaja en estrecha relación con el empleador y que representa sus intereses. Su definición la encontramos en el artículo 43º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que considera como tal: "al que ejerce la representación general del empleador frente a otros trabajadores o a terceros o que lo sustituye, o que comparte con aquel las funciones de administración y control o de cuya actividad o grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial".

Generalmente, estos trabajadores no están sujetos a control por fiscalización de asistencia midiéndose su labor por los resultados obtenidos.

Los trabajadores de dirección tienen un régimen diferente de aquellos calificados como de confianza, los que no están exceptuados de la jornada de trabajo y cuyo trabajo extraordinario debe ser compensado, salvo que no estén sujetos a control por fiscalización en función de la labor específica que realiza.

11 "Artículo 11º.- Se entiende por remuneración ordinaria aquella que, conforme a lo previsto por el Artículo 39º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, perciba el trabajador, semanal, quincenal o mensualmente, según corresponda, en dinero o en especie, incluido el valor de la alimentación.

No se incluyen las remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, así como aquellas otras de periodicidad distinta a la semanal, quincenal o mensual, según corresponda."

12 "Artículo 39º.- Constituye remuneración para efectos de esta Ley el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre qué sea de su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen naturaleza remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituye o cena."

13 Esta situación se encuentra expresamente señalada en el artículo 2º del D.S. Nº 008-2002-TR, Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo.

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Es importante destacar que el TUO no menciona como personal no comprendido en la jornada máxima a los trabajadores de confianza.

De manera cuestionable el artículo 11º del Reglamento (a pesar de que el TUO no los menciona), se refiere a los trabajadores de confianza estableciéndose una distinción que la propia ley no señala al precisarse: "No se encuentran comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de confianza cuyas características se encuentran definidas en el artículo 43º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por D.S. Nº 003-97-TR, exceptuándose de lo previsto en este artículo, a los trabajadores de confianza no sujetos a un control efectivo de trabajo".

En consecuencia, la norma reglamentaria establece una doble situación como es la de: a) trabajadores de confianza sujetos a control de tiempo trabajado y b) trabajadores de confianza no sujetos a control de tiempo trabajado.

Trabajadores no sujetos a control o fiscalización superior inmediata: Se trata de trabajadores que laboran en forma autónoma (caso del cobrador o vendedor comisionista) o de un representante del empleador en un lugar diferente del centro de trabajo. Se entiende que la falta de fiscalización está referida al control horario o a la modalidad de ejecución de la labor (caso del administrador de una agencia bancaria).

Trabajadores que presten servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia: Esta clase de servicios implica la ejecución de actividades que no son contínuas en las que la prestación se alterna o puede ser sustituida con períodos prolongados de descanso. Tal sería el caso del cuidado nocturno de un establecimiento que tuviera habilitado un lugar para descansar, o cuando reside en el centro de trabajo. También podría ser el caso de un servicio de emergencia hospitalaria.

El caso más reconocido de estos servicios es el de la vigilancia o guardianía que puede ser activa o pasiva. En la primera, el vigilante no descansa, su actividad es ininterrumpida. En la segunda la labor consiste básicamente en permanecer en el lugar.

Tiempo de refrigerio: De acuerdo con lo señalado en el artículo 14º del Reglamento se define como horario de refrigerio "... el tiempo establecido por la Ley que tiene como finalidad que el trabajador lo destine a la ingesta de su alimentación principal cuando coincida con la oportunidad del desayuno, almuerzo o cena, o de un refrigerio propiamente dicho, y/o al descanso" La definición mencionada nos hace ver que el refrigerio tiene naturaleza alimenticia o eventualmente de descanso, concepto este último no señalado expresamente en la ley y que podría ser comparado con la "hora de recreo" en un régimen escolar o de aprendizaje.

La regulación del refrigerio la encontramos en el artículo 7º del TUO que le atribuye las siguientes características: 1.- Se concede a los trabajadores que laboran en horario corrido.

2.- El empleador es quién señala el horario de refrigerio -se entiende de acuerdo con sus necesidades operativas admitiéndose, sin embargo, el pacto en contrario, esto es que la oportunidad del horario pueda ser acordada por las partes.

3.- El refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo, salvo que por convenio colectivo se disponga algo distinto.14 Esto significa que el tiempo de refrigerio no es remunerado, estando sin embargo facultadas las partes 14 La ley estableció que mediante convenio colectivo se podía acordar que el refrigerio no formaría parte de la jornada de trabajo, salvo que por convención colectiva de trabajo se señalara lo contrario. En el reglamento, como siempre suele suceder, se introducen situaciones no previstas en la ley. El segundo párrafo del Art. 15º dice que " el horario de refrigerio no forma parte de la jornada ordinaria, salvo que por convenio colectivo o pacto individual se disponga lo contrario.

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para considerarlo como parte de la jornada de trabajo, en cuyo caso esta se reduce en lo que va el tiempo de refrigerio.

4.- El reglamento ha formulado algunas precisiones con respecto a la ejecución del refrigerio al señalar: a) Que deberá coincidir en lo posible con los horarios habituales de desayuno, almuerzo o cena. b) El refrigerio se debe otorgar durante el horario de trabajo (con la salvedad que antecede) no pudiendo otorgarlo ni antes, ni después del mismo, pues ello implicaría una desnaturalización. c) La duración del refrigerio no puede ser menor de 45 minutos. Puede establecerse un período de refrigerio mayor pero siempre con la característica de una duración relativamente corta puesto que si el horario de refrigerio es prolongado se concluirá que la jornada de trabajo no es corrida si no partida. ¿Durante el refrigerio el trabajador debe permanecer en el centro de trabajo o puede retirarse del mismo?

En la medida que el tiempo que se conceda se lo permita el trabajador es libre de tomar el refrigerio donde mejor le parezca ya que como se ha indicado éste es un tiempo de interrupción del trabajo encaminado a tomar alimentos o para descansar. ¿En qué momento debe fijarse el tiempo de refrigerio?

De acuerdo con lo señalado en el artículo 15 del Reglamento el refrigerio debe "... coincidir en lo posible con los horarios habituales del desayuno, almuerzo o cena. El empleador establecerá el tiempo de refrigerio dentro del horario de trabajo, no pudiendo otorgarlos, ni antes ni luego del mismo".

En la práctica el otorgamiento de refrigerio plantea en algunos casos algunas dificultades. Uno de estos casos se da cuando el trabajo es continuado y la actividad no puede paralizarse sin causar perjuicio a la producción. La ley no da una solución al respecto; en la práctica muchas veces el trabajador simplemente no toma el refrigerio y continúa prestando el servicio. En este caso, tendría derecho a cobrar el sobretiempo respectivo y el empleador se expone a una sanción por incumplimiento de una norma que, como se ha señalado, tiene la calidad de disposición de orden público.

SOBRETIEMPO: Siguiendo criterios que vienen aplicándose desde hace tiempo y que han tenido una constante expresión jurisprudencial, el artículo 9º de la norma que se analiza establece la naturaleza voluntaria del sobretiempo, tanto en su otorgamiento como en su prestación. Ello significa que como regla general el empleador no le puede imponer al trabajador la prestación de trabajo extraordinario, como tampoco puede este último imponerle al primero la obligación de proporcionarle trabajo extraordinario, o de continuar facilitándole dicha prestación si esta se ha producido durante determinado periodo de tiempo.

La segunda parte del artículo 9º del Texto Unico Ordenado que se analiza señala: "nadie puede ser obligado a trabajar horas extras salvo en los casos justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los bienes de los centros de trabajo o la continuidad de la actividad productiva".

Trabajo extraordinario o en sobretiempo: Se considera como trabajo extraordinario o prestado en sobretiempo, el trabajo aquél que se da en exceso de la jornada legal o contractual (antes o después de ella), que conduce a superar cualquiera de las dos. El sobretiempo se establece en base a la jornada legal (8 horas diarias ó 48 horas semanales), o la contractual, cuando esta es menor a la legal. Es así que cuando un trabajador es contratado para prestar servicios por 7 horas diarias, cualquier exceso a la misma debe considerarse como trabajo extraordinario.

Existe -salvo variación autorizada- el sobretiempo diario cuando se excede de la jornada legal o convencional sea en forma diaria o semanal. Se da el sobretiempo diario cuando en un determinado día se trabaja más del tiempo establecido en la ley o del contrato cuando sea menor al pactado. Un trabajador que labora 12 horas en un día pero tiene una jornada contractual de 40 horas a la semana, habrá trabajado - y por lo tanto tendrá derecho a ser remunerado o compensado por dicho período, aunque en el cómputo semanal no se hubiera excedido de las 48 horas.

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El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto para el trabajador como para el empleador. Ello significa que el trabajador no está obligado a trabajar en horas extras (salvo los casos de excepción especialmente previstos legal o jurisprudencialmente). Ni el trabajador puede imponerle al empleador la prestación de servicios extraordinarios.

La ley señala con toda claridad la oportunidad en que se puede generar el trabajo en sobretiempo. En primer término, antes de la hora de ingreso o después de la hora de salida. La referencia aunque obvia era importante por existir la creencia de que el sobretiempo se genera únicamente por permanecer trabajando después de la hora señalada, pero no por ingresar antes.

Compensación por el trabajo en sobretiempo: Cuando se da el trabajo en sobretiempo existen dos opciones: 1.- El pago del valor del sobretiempo que debe ser establecido por las partes. De no existir convenio que lo establezca se aplicará el pago con un recargo respectivo que no podrá ser menor de 25% por las dos primeras horas y 35% para las restantes. Así lo indica el artículo 10º del TUO. 2.- La del trabajo prestado en sobretiempo con el otorgamiento de un período de tiempo equivalente de descanso.15 De acuerdo con lo señalado en el dispositivo legal mencionado en el acápite anterior la compensación del trabajo en sobretiempo con períodos de descanso equivalente tiene que ser acordada por el empleador y trabajador. Por lo tanto no puede ser impuesto unilateralmente como obligatoria. Indudablemente puede darse de manera expresa o tácita.

Por la propia naturaleza voluntaria del trabajo en sobretiempo este se presta eminentemente a negociación. Así por ejemplo el trabajador podría negarse válidamente a trabajar en horas extras si no lo desea, o si no considera que la propuesta de pago sea satisfactoria. Por ejemplo, podría aceptar trabajar en horas extras en la medida que no le den periodos equivalentes de descanso, sino períodos mayores. Con esta misma lógica podría negarse a trabajar horas extras si considera que no le es satisfactorio el recargo del 25% ó 35% que señala la Ley. Lo indicado significa que el trabajador "no puede ser obligado a trabajar horas extras" (salvo el caso de excepción señalado en la Ley en el segundo párrafo del artículo 9º, esto es, "en los casos justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva"). Está, además, contemplado en el artículo 19º del Reglamento que expresa: "Para los fines del artículo 9º de la Ley, constituye caso fortuito o fuerza mayor, el hecho que tiene carácter inevitable, imprevisible e irresistible que haga necesaria la continuación de la prestación de labores del trabajador fuera de su jornada ordinaria. En este caso el trabajo en sobretiempo es obligatorio para el trabajador y se remunera con la sobre tasa…".

El trabajador que se niega a laborar horas extras no está incurso en la causal de despido de resistencia a las órdenes del empleador a que se refiere el inciso a) del artículo 25º del D.S. Nº 003-97-TR. Justamente para proteger al trabajador de cualquier eventual imposición del empleador el tercer párrafo del artículo 9º considera "…como infracción administrativa de tercer grado de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, y sus Normas Reglamentarias".

Otro efecto derivado de la imposición del empleador de realizar trabajo extraordinario es la obligación del empleador de "…pagar al trabajador una indemnización equivalente al 100% del valor de la hora extra, cuando este demuestre que le fue impuesta". ¿Puede acordarse de antemano al momento de la contratación que todo trabajo en sobretiempo será necesariamente compensado con períodos equivalentes de descanso? ¿Cuál es el valor de un acuerdo de esta naturaleza?

15 En algunos casos el trabajador ha considerado que la compensación se le deba dar con una cantidad de tiempo mayor de la que señala la ley como recargo. Esto es pretende que en compensación se le de 25% 0 35% más de descanso. Esta posibilidad solamente se podría dar si es que el empleador la aceptara voluntariamente y no está contemplada en la ley.

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No hay nada que prohíba un acuerdo en el sentido indicado pero es necesario aclarar que este no es inmutable ni permanente y que tiene un valor relativo ya que se entiende renovado día a día, lo que significa que puede ser variado en cualquier momento por el empleador. En primer término, siendo el trabajo en sobretiempo voluntario no puede ser objeto de renuncia anticipada. En todo caso de celebrarse el trabajador podría negarse a trabajar en sobretiempo o condicionar su prestación al pago en efectivo. En consecuencia, un acuerdo como el señalado tiene un valor relativo por cuanto no es posible renunciar a los beneficios establecidos por la ley.

La respuesta puede cambiar cuando la pregunta se plantea con respecto al empleador. Esto es en caso de haberse pactado una jornada permanente mayor de 8 horas que implique el pago de horas extras en beneficio del trabajador ¿puede el empleador revocar unilateralmente dicha decisión? Consideramos que no y que en la medida que el trabajador exija el cumplimiento de dicha obligación el empleador estará obligado a respetarla. Hay que tener en cuenta que la voluntariedad en el trabajo de las horas extras es un derecho irrenunciable para el trabajador pero no para el empleador.

La Ley permite otra posibilidad que es la compensación por el trabajo en sobretiempo mediante el otorgamiento de "… periodos equivalentes de descanso" una de las preguntas que se formulan con mayor frecuencia con respecto a la compensación, es que si esta debe ser bonificada" como lo es la remuneración del sobretiempo. De acuerdo con la lógica que sustenta la pregunta el descanso debería incrementarse proporcionalmente en un 25% ó 35% según sea el caso. Entonces, de acuerdo con el sentido de la pregunta si un trabajador labora 8 horas extras la compensación se produciría por 8 horas, o ellas quedarían incrementadas en un 25% y se convertiría en 10 horas.

La respuesta la encontramos en el cuarto párrafo del artículo 10º del TUO, que estamos analizando que se refiere a "períodos equivalentes de descanso".

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PAGO DEL TRABAJO EN SOBRETIEMPO: Esta conducta ha sido considerada como infracción del tercer grado de conformidad con el D. L. Nº 910. Esta calificación (como la mas grave de las infracciones) nos hace ver la importancia que tiene para el legislador el cumplimiento de la jornada de trabajo, puesto que considera de la misma gravedad el obligar al trabajador a realizar trabajo extraordinario contra su voluntad, así como también la no remuneración del mismo. ¿En qué casos es obligatorio el trabajo en sobretiempo?

El trabajo extraordinario obligatorio, como ya se adelanto, solamente se presenta en casos de extrema urgencia señalados explícitamente (casos de extrema urgencia producidos por caso fortuito o fuerza mayor, el peligro sobre bienes o personas o de la actividad productiva).

El segundo párrafo del artículo noveno establece la obligatoriedad de prestar trabajo en sobretiempo cuando "... la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva".

El artículo 19º del reglamento establece los hechos que constituyen caso fortuito o fuerza mayor.16 El trabajador que se compromete excepcionalmente a trabajar en sobretiempo está obligado a cumplir con su compromiso, pudiéndosele sancionar disciplinariamente si incumple el mismo. Estas son aquellas situaciones en que el empleador le propone al trabajador prestar un servicio extraordinario excepcional, siendo aceptado por el servidor, quien posteriormente incumple con obligación contraída. ¿Cómo se establece la remuneración que sirve de base para el pago del sobretiempo?

16 El dispositivo mencionado indica: "Para los fines del artículo 9 de la ley, constituye caso fortuito o fuerza mayor, el hecho que tiene carácter inevitable, imprevisible e irresistible que hagan necesaria la continuación de la prestación de labores del trabajador fuera de su jornada ordinaria. En este caso el trabajo en sobretiempo es obligatorio para el trabajador y se remunerado con la sobretasa que establece el artículo 10º de la ley".

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Lo importante es establecer el valor hora de la remuneración. Para este efecto se divide el valor de la remuneración diaria entre el número de horas trabajadas por el trabajador.17 Algo que también debe tenerse presente es el valor de los componentes de la remuneración que sirve como base de cálculo. Al respecto el artículo 11º del TUO se refiere a la "remuneración ordinaria", remitiéndose al artículo 39º del TUO del Decreto Legislativo 728, percibida en forma "... semanal, quincenal o mensual, según corresponda" en dinero o en especie, incluido el valor de la alimentación." (artículo 11º del Dec. Leg. 854) De manera expresa se señala las remuneraciones no consideradas para establecer el valor hora al señalarse en el segundo párrafo del mencionado artículo 11º: "No se incluyen las remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, así como aquellas otras de periodicidad distinta a la semanal, quincenal o mensual, según corresponda" Siendo el trabajo en horas extras voluntario "Nadie puede ser obligado a trabajar horas extras, salvo en los casos justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o a los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva".

La ley sanciona la conducta del empleador encaminada a obligar al trabajo en horas extras:

DE LA JORNADA NOCTURNA: El tema de la jornada nocturna obliga a definir la forma de su calificación. La segunda parte del artículo 8º de del TUO la define como aquella laborada entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. Existe la posibilidad de prestación de una jornada mixta cuando parte de ella se da fuera del horario mencionado.

Remuneración del trabajo nocturno: La remuneración de la jornada nocturna esta sujeta a una regla especial que señala que el trabajador "… que labora en horario nocturno no podrá percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima mensual vigente a la fecha de pago con una sobretasa del treinticinco por ciento (35%)". En caso de que el trabajador estuviera percibiendo una cantidad mayor no tendrá derecho a ningún pago especial porque no se trata de una "bonificación" sobre la remuneración que percibe, sino más bien una especie de "remuneración mínima por trabajo nocturno". De tal manera, quien percibe una remuneración ordinaria superior en 35% a la remuneración mínima vital no podría aspirar a ningún pago adicional. En el caso de los trabajadores que laboran por turnos y que reciben una bonificación que los hace superar en la oportunidad que trabajan cada turno está referida remuneración con el 35% recargo, tampoco percibe suma adicional.

Tratándose de una jornada mixta la determinación de la remuneración mínima "… se aplicará en forma proporcional al tiempo laborado en horario nocturno", vale decir, si el trabajador labora en un turno de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. su remuneración por el tramo nocturno debe respetar el mínimo indicado, (esto es deberá ser modificado con dicho porcentaje o la parte necesaria para cubrirla) el que no se aplicará a la parte del tramo diurno.

En algunos casos la jornada de trabajo es mixta en la cual, parte de la prestación se da en jornada diurna, y otra parte en nocturna. En estos casos el reglamento ha establecido que la regla para determinar la remuneración mínima que corresponde percibir por el trabajo en horario nocturno "... se aplicará en forma proporcional al tiempo laborado en horario nocturno" Regla especial para el trabajo nocturno de los adolescentes: la Ley 27737 en su artículo 57 señala: "se entiende por trabajo nocturno el que se realiza entre las 19: 00 y las 07: 00. El juez podrá autorizar excepcionalmente el trabajo nocturno de adolescentes a partir de los 15 hasta que cumplan los 18 años, siempre que éste no exceda de cuatro horas diarias. Fuera de esta autorización queda prohibido el trabajo nocturno de los adolescentes.

17 Esto significa en primer lugar que el valor de la hora extra no se obtiene dividiendo la remuneración diaria entre 8 ( que es la jornada máxima legal ), sino entre el número de horas que le corresponde trabajar al trabajador de acuerdo con la ley o su contrato. Ello significa que no hay una fórmula única sino que depende de cada caso. Si el trabajador tiene un horario convenido de 6 horas diarias el valor hora se obtiene dividiendo la remuneración diaria entre 6.

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Jornada nocturna rotativa: El precepto legal pretende que de manera preferente y cuando esto sea posible la jornada nocturna se labore en forma rotativa de tal manera que los trabajadores vayan alternando su trabajo, tanto en la jornada diurna como la nocturna. El fundamento de esta prescripción es que el trabajo nocturno en principio debe ser excepcional para el ser humano.

Es importante destacar que la regla mencionada no es imperativa ya que la Ley señala que esta rotación debe darse "en lo posible" la terminología utilizada facilita que el tema sea tratado en negociación colectiva, fundamentando eventualmente una decisión arbitral ya que el solo hecho de que la Ley lo señale como una conveniencia facilitará que se opte por una propuesta que se planteé de la manera indicada.

MENCION A LAS HORAS TRABAJADAS EN EL LIBRO DE PLANILLAS El libro de planillas constituye desde hace muchos años la fuente de información más precisa con respecto a la relación laboral. Su regulación actual está considerada en el D.S. Nº 001-98-TR (modificado en parte por el D.S. Nº 017-2001-TR. Este se refiere al tema de la jornada de trabajo en el artículo 14º que señala: "Artículo 14º.- Las planillas, además del nombre y apellidos del trabajador, deberán consignar por separado y según la periodicidad de pago, los siguientes conceptos: a) Remuneraciones que se abonen al trabajador tomando en consideración para este efecto, lo previsto en el Artículo 6º del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR; b) Número de días y horas trabajadas; c) Número de horas trabajadas en sobretiempo"

RESUMEN Y CONCLUSIONES: I.-

La jornada de trabajo es uno de los temas más importantes en el desenvolvimiento de una relación de trabajo. Su limitación fue una de las luchas más importantes e intensas en que participaron los trabajadores como reacción a jornadas que no tenían limitación y que los ubicaba en una situación de explotación extrema.

II.-

Nuestra legislación no le ha dado un tratamiento uniforme a la jornada de trabajo y régimen de descansos.

Para los primeros se aplica el Dec. Leg. 854 modificado por la Ley Nº 27671 "Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo" así como su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 008-2002-TR que se publicó en la misma fecha en que fue publicado el Texto Unico Ordenado (TUO) del mencionado Dec. Leg 854. (El Peruano: 4 de julio del año 2002). El segundo está regulado por el Decreto Legislativo 713 (07-11-1991) y su Reglamento el D.S. Nº 012-92-TR (03-12-1992).

III.- Se conoce como jornada de trabajo el tiempo en el cual el trabajador cumple con la prestación que le corresponde como consecuencia del contrato de trabajo. Por consideraciones de orden público se encuentra limitada por ley en tanto que el trabajo origina un desgaste físico que debe ser reparado a fin de no perjudicar la integridad física del trabajador.

IV.- La duración de la jornada de trabajo está sujeta por lo general a una regla casi universal que la limita a ocho horas diarias y 48 horas semanales. Existen situaciones de excepción en que la jornada máxima, tanto semanal como mensual es menor, o los períodos de descanso son mayores, originándose esta situación en consideraciones de orden público. Existen también situaciones especiales en función de la hora en que se cumple con la prestación.

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El horario de trabajo es la expresión individualizada de la jornada de trabajo. La ley lo define como "la hora de ingreso y salida", a lo cual habría que agregarle también el tiempo de refrigerio. El horario puede ser variado en función del tipo de trabajo que debe realizar cada trabajador, no siendo necesariamente uniforme para todos.

VI.- La jornada de trabajo constituye uno de los elementos fundamentales en el contrato de trabajo, tanto en lo que se refiere a la duración de la prestación del servicio como de la oportunidad de su ejecución. Por ello, la regla general es que la jornada solamente se puede modificar de común acuerdo, salvo que el empleador se hubiese reservado contractualmente dicha facultad por la propia naturaleza del servicio, o que se trate de los cambios permitidos por la ley. En algunos casos, se da la variación de hecho de la jornada de trabajo, cuando ello se produce por acción o determinación de uno de los sujetos de la relación laboral, sin objeción del otro.

VII.- Se conoce como jornada compensatoria de trabajo aquella por la cual el trabajador realiza trabajo extraordinario que es compensado con tiempo equivalente de descanso en otra oportunidad. La compensación puede asimilarse con las figuras conocidas como "canje" o "trueque" y por lo tanto no se paga con recargo alguno ya que ella se da con períodos de descanso equivalente a los trabajados de manera extraordinaria.

VIII.- La ley permite lo que se llama el "prorrateo" de las horas de trabajo. Por esta figura se incrementa el trabajo en algunos días, mientras que en otros es inferior; siendo el objeto de su implantación que el exceso en la jornada de ciertos días produzca una reducción o eventual eliminación de la jornada en otros días (por ejemplo cuando se labora 9 horas veinte minutos al día de lunes a viernes para no trabajar el día sábado).

IX.- Se le ha concedido al empleador la facultad de incrementar unilateralmente la jornada de trabajo a 8 horas diarias ó 48 horas semanales cuando existiera una jornada menor a la misma estando obligado en este caso a incrementar la remuneración en forma proporcional. Esta facultad es distinta de la señalada en el artículo 6º que está referida al cambio de horario sin incremento de jornada.

X.-

La reducción de la jornada de trabajo, se puede dar por vía unilateral o bilateral. Está permitida por decisión unilateral del empleador en la medida que el trabajador no sufra reducción de sus remuneraciones o perjuicio económico, esto es, manteniéndose las condiciones de trabajo y remunerativas que percibe el trabajador

XI.- El trabajo en sobretiempo es voluntario tanto para el trabajador como para el empleador. Ello significa que el trabajador no está obligado a trabajar en horas extras (salvo los casos de excepción especialmente previstos legal o jurisprudencialmente). Ni el trabajador puede imponerle al empleador la prestación de servicios extraordinarios.

XII.- Se considera como trabajo extraordinario o prestado en sobretiempo, el trabajo aquel que se da en exceso de la jornada legal o contractual (antes o después de ella), que conduce a superar cualquiera de las dos.

El sobretiempo se establece en base a lo jornada legal (8 horas diarias ó 48 horas semanales), o la contractual, cuando esta es menor a la legal. Es así que cuando un trabajador es contratado para prestar servicios por 7 horas diarias, cualquier exceso a la misma debe considerarse como trabajo extraordinario.

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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA JORNADA DE TRABAJO Y TEMAS AFINES:

¿Qué son las jornadas de trabajo compensatorias?

Ellas se dan cuando se incrementa el número de horas de trabajo de determinados días de la semana a fin de laborar un menor número de horas en otros días de la semana o tener un número mayor de días de descanso.

Ejemplo: Esta situación se presenta por ejemplo en aquéllas empresas que han establecido trabajar 9.30 horas de lunes a jueves y el viernes de 8.00 a.m. a 1.30 p.m., en total son 43.30 horas a la semana. El objeto es darles a los trabajadores un mayor tiempo de descanso, ya que en vez de tener dos días de descanso a la semana tienen dos días y medio.

Este tipo de horario por lo general se aplica en actividades de oficina y no en las industriales en las que podría ser incompatible. (Ver respuesta a la siguiente pregunta)

¿Es legalmente aceptable que se pueda trabajar cinco días de la semana 9 horas y treinta minutos, a fin de no trabajar el día sábado? ¿La hora y media de trabajo diaria en exceso que sobrepasa las ocho horas, debe ser considerada como trabajo extraordinario?

En principio debemos señalar que nuestro país ha ratificado el Convenio Número 1 de la Organización Internacional de Trabajo denominado "Sobre horas de trabajo", (la ratificación se produjo mediante Decreto Legislativo Número 10195) en el cual se consagra como regla general la jornada diaria de ocho horas o cuarenta y ocho horas a la semana.

Este convenio está referido a los trabajos industriales, señalándose en el acápite b) de su artículo segundo que en ciertos casos, cuando la duración del trabajo uno o varios días de la semana es inferior a ocho horas se podrá autorizar se sobrepase el horario en los demás días de la semana. Se dice sin embargo que el exceso de tiempo previsto no puede ser mayor de una hora diaria. Este convenio sin embargo, está específicamente referido a la Industria y no a las actividades no industriales.

De lo expuesto, resulta que en las actividades no consideradas industriales sería factible trabajar en el horario señalado. El exceso diario no originaría el pago de horas extras ya que se trata de una jornada de trabajo compensatoria a fin de no trabajar en todo o parte de otro día de la semana.

¿La facultad de dirección del empleador le permite ampliar el horario de trabajo que ha sido establecido por convención colectiva de trabajo en aplicación del Decreto Legislativo Nº 854?

No tiene tal facultad en razón que los convenios, que son actos bilaterales, solamente se podrían modificar por otros de igual jerarquía. La excepción se daría en aquéllos casos en que en el contrato de trabajo el empleador que contrata a un trabajador por una jornada de trabajo menor de 8 horas diarias o 48 horas semanales, se reserva la facultad de incrementar dicha jornada cuando lo estimara conveniente.

¿Qué es un turno de trabajo rotativo?

Es aquél en el cual cambia el horario en que se lleva a cabo la prestación del servicio. Generalmente se alterna entre dos o tres turnos: diurno y nocturno o turnos de mañana, día y noche. Es usual que los trabajos rotativos en turnos diferentes tengan una remuneración diferenciada, sea establecida unilateralmente por el empleador o fijada por convención colectiva de trabajo.

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¿Cuándo se compensa el trabajo en sobretiempo con un tiempo igual de descanso, es obligatorio bonificar este con un 25% adicional de descanso?

La respuesta es negativa ya que la sobretasa solamente se da cuando se paga el trabajo extraordinario en efectivo y no cuando se compensa con un período igual de descanso.

¿Cuál es la situación de los trabajadores de confianza en lo que se refiere al pago de horas extraordinarias?

Tienen derecho a percibirlas si es que las trabajan sujetos a fiscalización en razón que no han sido excluidos de la percepción del beneficio. Recuérdese que la ley hace referencia únicamente a los trabajadores de dirección.

¿Es conveniente que el horario de trabajo se encuentre fijado contractualmente?

Consideramos que no es conveniente en la medida que al fijarse contractualmente solamente puede variarse de la misma forma. Lo más conveniente para el empleador es reservarse contractualmente la facultad que la ley le concede en el artículo 2° del Decreto Legislativo 854.

¿Puede establecerse en un horario de trabajo que el trabajador no tendrá período de refrigerio y que debe tomarlo durante la prestación del servicio?

No es posible la renuncia al período de refrigerio que es un tiempo dedicado a ingerir alimentos y simultáneamente para un breve descanso. Tratándose de un precepto de orden público no está sujeto a renuncia.

¿Cuáles son los efectos derivados de que a un trabajador no se le otorgue período de refrigerio?

El principal efecto sería la aplicación de una multa por no cumplir con las disposiciones legales en materia laboral. Eventualmente podría reclamarse el pago del valor equivalente al tiempo de refrigerio no otorgado.

¿La sola permanencia en el centro de trabajo es considerado como jornada extraordinaria?

La sola permanencia en el centro de trabajo no debería ser considerada como trabajo extraordinario. Sin embargo, actualmente y por efecto del D.S. Nº 011-2006-TR, existe la presunción de que toda permanencia en el centro laboral fuera del horario de trabajo es para prestar un servicio y por lo tanto se considera horas extras, salvo prueba en contrario. El dispositivo que nos referimos ha creado una presunción juris tantum (esto es, una que admite prueba en contrario), con respecto a dicha permanencia.

¿Dentro de qué término se puede reclamar el pago de horas extraordinarias trabajadas?

Dentro del término de prescripción señalado en la ley que es de cuatro años computados a partir de la terminación de la relación laboral.

¿Cómo se fija el tiempo de refrigerio?

Es facultad del empleador aunque muchas veces se ponen de acuerdo trabajador y empleador.

¿La asignación por alimentación se considera para el pago de horas extraordinarias?

La respuesta es afirmativa por así indicarlo expresamente el artículo 11° del Decreto Legislativo 854.

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¿Debe pagarse la sobretasa por trabajo nocturno en columna aparte de planillas?

No es necesario hacerlo pues basta que la remuneración del trabajador sobrepase el Ingreso Mínimo Vital en un 30%.

¿Pueden los trabajadores de tres turnos rotativos tener la misma remuneración?

La respuesta es afirmativa en la medida que la remuneración será superior al Ingreso Mínimo adicionado en un 30%.

¿Cuál es la ventaja de pagar la sobretasa en columna aparte?

Ella solo se da cuando los trabajadores de turnos rotativos perciben remuneraciones cercanas al mínimo, en cuyo caso se paga la sobretasa solamente al que labora en horario nocturno y no por el trabajo en otros turnos.

¿El trabajo de balances semestrales y anuales genera la obligación de pagar sobretiempo?

A nuestro juicio sí por no existir norma alguna que declare lo contrario. Tales trabajos no generaban horas extras durante la vigencia del D.S. de 26 de junio de 1934. Este dispositivo - cuyo texto no se encuentra repetido en las normas legales vigentes- señalaba: "No se considerará como horas extraordinarias las que se dediquen oportunamente a la confección de los balances semestrales y anuales en el caso de los empleados de comercio".

Es posible que la referida disposición no se encuentre incluida en la legislación vigente en razón que actualmente el balance se desarrolla en la mayoría de los casos en forma permanente. Ello debido a la utilización de las computadoras en su elaboración.

¿Cómo es que se calculan las horas extras adeudadas por servicios prestados en años anteriores cuando la remuneración era diferente a la última percibida por el trabajador?

En los casos de reclamos por horas extras la remuneración a ser considerada para el cálculo de las horas extras es la percibida en cada oportunidad por el trabajador. En consecuencia no se considera la última remuneración.

El cálculo de ciertos beneficios en base a la última remuneración solamente se presenta cuando existe una norma legal que así lo indica expresamente.

¿Quién tiene que probar la prestación de servicios en horas extras?

De acuerdo con los principios que regulan la carga de la prueba, el trabajador que invoca haber laborado horas extras tiene que demostrar la realidad de su prestación. Para este efecto cuenta con el Registro de Horas de Trabajo a que se refiere el D.S. Nº 011-2006-TR, que es un documento que debe llevar obligatoriamente el empleador y que además debe ser conservado durante determinado período de tiempo.

¿Existe algún dispositivo que expresamente limite el número de horas extras diarias o semanales que se puede trabajar?

No existe tal dispositivo salvo en el caso de regímenes especiales. Un caso es el de los trabajadores de la industria para los cuales si bien no existe un dispositivo expreso les resulta de aplicación lo señalado en el artículo 1° del Convenio 1 OIT. Existen otros casos especiales como es el caso de los Tripulantes Técnicos de Aeronaves que en principio están impedidos de exceder determinadas jornadas de trabajo.

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RESUMEN DE PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES SOBRE JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS PUBLICADOS POR LA REVISTA ACTUALIDAD LABORAL

ADMINISTRADORES: JORNADA DE TRABAJO: HORAS EXTRAS: "... su empleador y de control frente al personal tienen la calidad de trabajadores de dirección conforme a lo previsto en el artículo 43º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en consecuencia por mandato del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 854 no se encuentran comprendidos dentro de la jornada máxima de labores..." Actualidad Laboral, Mayo 2001 p.76 ADMINISTRADORES: PAGO DE DOMINGOS Y FERIADOS TRABAJADOS: EXCLUSION DEL PAGO DE HORAS EXTRAS: Si bien los administradores, por estar excluidos de la jornada legal, no tienen derecho al pago de horas extras, les corresponde cobrar el trabajo realizado en los días domingos y feriados. Actualidad Laboral, Octubre 1980 p.36 CASO DE INAPLICACION DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS A LOS TRIPULANTES TECNICOS Y LOS AUXILIARES DE LA AERONAVES DE LA AVIACION COMERCIAL: "Que, en la instancia de mérito ha establecido que durante todo el tiempo en que el actor estuvo ligado jurídicamente a la demandada hubo relación laboral, considerando no sólo que hubo prestación personal de servicio y relación de subordinación entre las partes, sino también porque la Ley número quince mil doscientos cincuentiséis (Trabajo de Tripulaciones de las Aeronaves Civiles Comerciales, destinadas al Transporte de Pasajeros) vigente durante el período en que el actor prestó servicios, expresamente contempla que todo empleador está obligado a cumplir con las leyes de trabajo para todos los tripulantes de una aeronave, dentro de los cuales se encuentran los técnicos (piloto al mando, copiloto, navegante, mecánico de a bordo o ingeniero de vuelo) y los auxiliares o asistentes (sobrecargos y aeromozas)". Actualidad Laboral, Junio 2003 p.58 HABER INDEMNIZATORIO: HORAS EXTRAS FIJAS Y PERMANENTES: El criterio uniforme de la jurisprudencia del Tribunal de Trabajo incluye, en el cálculo de la remuneración indemnizatoria, los pagos extras, si los percibe el trabajador en forma regular y permanente al momento del cese. Actualidad Laboral, Marzo 1981 p.59 HABER INDEMNIZATORIO: HORAS EXTRAS.FUNDAMENTO DE ADICIONAR SU PROMEDIO A LA REMUNERACION COMPUTABLE: El criterio de

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adicionar el promedio diario de horas extras a la remuneración computable para el pago de la compensación por tiempo de servicios, se basa en la necesidad de considerar el promedio real de ingresos vitales del trabajador y su familia. Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.370 HABER INDEMNIZATORIO: INTEGRACION: HORAS EXTRAS: La inclusión de una cantidad en el cálculo del haber indemnizatorio, depende de su fijeza y permanencia, no se computan las horas extras prestadas durante ocho meses en un lapso de veinticuatro. Actualidad Laboral, Noviembre 1980 p.55 HABER INDEMNIZATORIO: INTEGRACION: HORAS EXTRAS: Reiterada jurisprudencia del tribunal de trabajo ha establecido que las horas extras son computables para determinar la remuneración que permite calcular la compensación por tiempo de servicios en aplicación de la Ley 12015, aun cuando las sumas por ese concepto sean variables. Actualidad Laboral, Marzo 1981 p.58 HORAS EXTRAORDINARIAS: CARACTER VOLUNTARIO: El empleador tiene la facultad de otorgar o suprimir la implantación de horas de acuerdo con las necesidades de la producción que lo requiera; así mismo, es voluntario aceptar o no trabajar en horas extras por parte del servidor, salvo pacto o convenio en el sentido contrario. Actualidad Laboral, Abril 1983 p.72 HORAS EXTRAORDINARIAS: CARACTER VOLUNTARIO: Es facultad del empleador otorgar o suprimir la implantación de horas extras si la necesidad de su actividad así lo exige, así como es facultad del trabajador aceptar o no el trabajo en horas extras. Actualidad Laboral, Enero 1983 p.66 HORAS EXTRAORDINARIAS: IMPROCEDENCIA: No es procedente el pago de horas extras cuando la prestación laboral ha consistido en la custodia de un bien en forma no permanente y no restringida a la duración de una jornada. Actualidad Laboral, Marzo 1980 p.44 HORAS EXTRAS Y DOMINGOS FERIADOS: PRUEBA EXPRESA: Los extremos de la demanda referentes a horas extras y días domingos y feriados, deben ser objeto de probanza especial. Actualidad Laboral, Julio 1980 p.53

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Comentarios HORAS EXTRAS: IMPORTE MINIMO: A falta de pacto o convenio sobre el particular, las horas extras deben remunerarse en una suma no inferior a la remuneración ordinaria bonificada en 25% de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6º del Convenio Nº 1 de OIT aprobado por R.L. 10195. Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.80

Actualidad Laboral tribunal de trabajo y de ejecutorias supremas, el empleador tiene la facultad de otorgar o suprimir las horas extras si la necesidad de la producción así lo exige; esto quiere decir que el otorgamiento de aquellas es voluntario tanto para quien lo otorga como para el beneficiado. Actualidad Laboral, Octubre 1979 p.45

HORAS EXTRAS: "Que la sentencia impugnada al haber amparado el pago por horas extras ha contravenido no sólo normas de autoridad presupuestal sino también normas de orden público y de fiel cumplimiento." Actualidad Laboral, Agosto 2000 p.65

HORAS EXTRAS: CARACTER VOLUNTARIO: El trabajo en calidad de sobretiempo es voluntario para el trabajador y el empleador, entendiéndose entonces que para la concesión de éstas debe haber un acuerdo entre ambas partes. Actualidad Laboral, Noviembre 1998 p.47

HORAS EXTRAS: PERIODO DE PRUEBA NO SE COMPLETA CON HORAS EXTRAS: El período de prueba tiene una duración de tres meses calendario, no susceptible de ser completado con las horas extras prestadas por el trabajador. Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.27

HORAS EXTRAS: COMISIONISTAS: SU PAGO NO ES EXIGIBLE POR LOS VENDEDORES COBRADORES A COMISION: El comisionista vendedor-cobrador no tiene derecho a percibir pago por horas extras por no estar sujeto a la jornada legal. Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.253

HORAS EXTRAS: "Que, la Ley no exige la existencia de convenio para que surta efecto las horas extraordinarias siendo procedente el mismo para los efectos del pago y sobretasa a convenir, con el mínimo que establece nuestro ordenamiento legal". Actualidad Laboral, Mayo 2003 p.60

HORAS EXTRAS: COMPUTO: Las horas extras se pagan, a falta de pacto colectivo, con la sobre tasa de veinticinco por ciento (25%) de acuerdo al artículo 6º. del Convenio Internacional de Trabajo 1, aprobado por Resolución Legislativa 10195 del Congreso del Perú, pero con los salarios vigentes en cada año y no con la última remuneración. Actualidad Laboral, Agosto 1982 p.40

HORAS EXTRAS: CARACTER VOLUNTARIO DE SU OTORGAMIENTO, PRESTACION Y SUPRESION: El empleador tiene la facultad de otorgar o suprimir las horas extras si la necesidad de la producción así lo exige; el trabajo en horas extras es voluntario, tanto para quien los otorga como para quien los presta. Jurisprudencia Administrativa, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.59 HORAS EXTRAS: CARACTER VOLUNTARIO: HORAS EXTRAS: SU OTORGAMIENTO Y PRESTACION SON VOLUNTARIOS: Corresponde al empleador otorgar y suprimir horas extras. El trabajador es libre o no de prestarlas. Jurisprudencia Administrativa, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.230 HORAS EXTRAS: CARACTER VOLUNTARIO: Las horas extras no son obligatorias para el trabajador ni son exigibles al empleador. La supresión de horas extras, la implantación de turnos de trabajo y la fijación del horario de trabajo son atribuciones del empleador en virtud de su derecho directriz. Actualidad Laboral, Mayo 1976 HORAS EXTRAS: CARACTER VOLUNTARIO: No siendo las horas extras una condición esencial del contrato laboral, la supresión de las mismas no altera ni modifica en absoluto las condiciones de trabajo. De acuerdo a uniforme jurisprudencia laboral, emanada del

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HORAS EXTRAS: FIJEZA Y PERMANENCIA PARA SU INCLUSION EN EL HABER COMPENSATORIO: Si se acredita que el trabajador efectuó sobretiempos en forma permanente, aunque no los haya cumplido durante igual número de horas en cada una de las semanas, su promedio debe integrar el haber compensatorio por hallarse superado el criterio de fijeza en la prestación de los mismos, por el de regularidad. Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.248 HORAS EXTRAS: GUARDIAN: Dado el carácter pasivo de las labores desarrolladas por el guardián, no resulta amparable el extremo de horas extras. Actualidad Laboral, Setiembre 1991 p.49 HORAS EXTRAS: IMPROCEDENCIA DE PAGO DE HORAS EXTRAS Y DE TRABAJOS EN DOMINGOS Y FERIADOS EN CASO DE VIAJES PROLONGADOS: El pago de sobretiempos, domingos y feriados es improcedente en los casos en los que la naturaleza del servicio exige la realización de viajes prolongados, lo que no implica un sobretiempo permanente, ni menos fijo, ni un trabajo continuo en día de descanso semanal, ya que los viajes no tienen lugar, ni podrían serlo, diariamente.

Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.127

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HORAS EXTRAS: INFORME PERICIAL: Los informes periciales deben detallar la información de los libros de planillas sobre la frecuencia y el volumen de horas extras pagadas al trabajador para que sea el juez quien tome la decisión sobre su inclusión en las remuneraciones devengadas. Actualidad Laboral, Setiembre 1992 p.46

Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.148

HORAS EXTRAS: PRUEBA EXPRESA DE SU PRESTACION: El pago de horas extras requiere de prueba expresa y no puede ordenarse su abono por presunciones procesales, aun cuando el demandado este rebelde. Actualidad Laboral, Diciembre 1990 p.44

JORNADA DE TRABAJO: CAMBIO DE VESTIMENTA: Constituyendo la jornada legal o contractual condición de trabajo sobre la que se calcula suma de dinero como compensación económica, salvo los casos establecidos por ley o convenio, la prestación de servicios responde a un numero efectivo de horas trabajadas, no procediendo incluir periodos cortos de tiempo no sujetos a control, como es el caso de aquel que requiere del trabajador para cambiar la vestimenta de trabajo, por tratarse de un supuesto no arreglado a ley. Actualidad laboral, Febrero 1980 p.46

HORAS EXTRAS: PRUEBA TESTIMONIAL: INSUFICIENCIA EN LA PRUEBA TESTIMONIAL PARA ACREDITARLAS: La prueba de testigos en la jurisdicción laboral resulta insuficiente para acreditar el trabajo en horas extras. Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p.149 HORAS EXTRAS: PRUEBA: Las horas extras se prueban con la existencia de la autorización del empleador para laborar fuera de la jornada de trabajo e incluso la de los domingos y feriados. Actualidad Laboral, Noviembre 1999 p.74 HORAS EXTRAS: REBELDIA: El pago de horas extras requiere de prueba expresa, y puede ordenarse su abono por presunciones procesales aun cuando el demandado esté rebelde. Actualidad Laboral, Abril 1991 p.44 HORAS EXTRAS: REDUCCION: La jornada laboral extraordinaria es potestad del empleador y facultativo del trabajador, que la primera puede establecer según sus necesidades del servicio o de la producción y los segundos pueden aceptarla o no de acuerdo a sus conveniencias. No resulta de aplicación lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 24514 que establece la obligación del empleador de pedir autorización a la autoridad administrativa de trabajo lo que está referido únicamente a la reducción de horas de trabajo menor a la jornada de 48 horas semanales. Actualidad Laboral, Abril 1991 p.49 HORAS EXTRAS: TRABAJADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE: La jornada de los trabajadores de transporte terrestre, no genera horas extras. Actualidad Laboral, Abril 1997 p.65 HORAS EXTRAS: TRABAJOS EFECTUADOS ANTES Y DESPUES DE LA JORNADA LABORAL: Los trabajos preparatorios, o sea los que deben realizarse antes del comienzo de las labores y los complementarios, o sea los que deben ejecutarse una vez concluidas, que se realizan en forma permanente, cuando constituyen prolongaciones de la jornada, se encuentran sujetos a pago de horas extras.

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HOSTILIDAD: HORAS EXTRAS: No constituye hostilidad que no se le permita laborar horas extras a un grupo de trabajadores que lo venía haciendo desde hace 15 años. Actualidad Laboral, Mayo 1988 p.38

JORNADA DE TRABAJO: GUARDIANES: HORAS EXTRAS: Las disposiciones sobre la jornada máxima de trabajo, no son de aplicación a los guardianes, cuando su labor es pasiva y no están sujetos a fiscalización inmediata superior. Actualidad Laboral, Mayo 1988 p.24 JORNADA DE TRABAJO: GUARDIANES: IMPROCEDENCIA DE HORAS EXTRAS: De acuerdo con lo previsto en el art. 3 del D.S. de 26 de junio de 1934, los servidores que realizan las labores de guardianía, por materializar tareas pasivas, intermitentes y sin fiscalización superior alguna, no les corresponde percibir horas extras. Actualidad Laboral, Abril 1987 p.57 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS: INFUNDADO: TRABAJO EXTRAORDINARIO: "Que, con relación a la denuncia por interpretación errónea del artículo nueve del Decreto Legislativo ochocientos cincuenticuatro, referido al reconocimiento y pago por horas extras o trabajo en sobretiempo, debe considerarse que cuando la citada norma señala que el trabajo es voluntario quiere decir que, en principio, nadie puede ser obligado a realizar trabajo extraordinario sin su previo consentimiento, salvo los casos justificados que la misma Ley prevé. Al respecto, cabe destacar que el artículo veintitrés in fine de la actual Carta Magna, aplicado por la Sala de Vista, prohíbe la realización de trabajo sin la debida retribución; por tanto, cuando el recurrente señala que no genera pago alguno los servicios extraordinarios que se hubiesen efectuado si es que no hubo consentimiento y control por parte del empleador, hace distinciones donde la ley no distingue; tanto más si la Sala de mérito ha concluido que en autos está acreditado que el actor prestó servicios más allá de su jornada legal, tal como se aprecia de los cuadros demostrativos de asistencia de personal de fojas seiscientos noventiuno a setecientos veintiséis, que

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Comentarios cubren de enero de mil novecientos noventiséis a diciembre de mil novecientos noventiocho, donde consta que el demandante trabajó en sobretiempo de modo sistemático y continuo." Actualidad Laboral, Junio 2004 p.71 REMUNERACION VACACIONAL: INCORPORACION DE PROMEDIO DE HORAS EXTRAS: La remuneración vacacional conforme a la Ley 13683 y su Reglamento se computan sobre la base de la remuneración que en forma habitual percibe el trabajador cuando labora, por lo que debe considerarse el promedio de lo pagado por horas extras. Jurisprudencia Judicial, Manual de Jurisprudencia Laboral Tomo I p. 60 RETENCION DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS: El empleador que retiene la compensación por tiempo de servicios de un trabajador por supuestos daños y perjuicios está obligado a demostrar que el inicio de una acción judicial sobre daños y perjuicios dentro del plazo establecido en la ley para que resulte procedente la retención de la compensación por tiempo de servicios. Actualidad Laboral, Setiembre 1993 p.41 TRABAJO EN HORAS EXTRAS: La prueba testimonial es insuficiente para acreditar que una prestación de servicios se llevó a cabo con trabajo realizado en horas extras. Actualidad Laboral, Agosto 1980 p.58 TRABAJO EN SOBRETIEMPO: INSTRUMENTACION: "Que, por regla general, el empleador que requiera de su trabajador que labore horas extras, debe instrumentar los medios que acrediten dicho trabajo de sobretiempo, no sólo con el objeto de cautelar el derecho del trabajador, sino también de garantizar en su propio beneficio la efectividad del trabajo en sobretiempo."

Actualidad Laboral, Marzo 2003 p.101 TRABAJO EXTRAORDINARIO: "Que, dentro del marco constitucional descrito, el artículo nueve del Texto Unico Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo aprobado por Decreto Supremo

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Actualidad Laboral cero cero siete - dos mil dos-TR prevé "El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación"; de allí se infiere que nadie puede ser obligado a trabajar en horario extraordinario, ni a su pago, salvo que previamente existiera acuerdo entre empleador y empleado para realizar el trabajo en jornada extraordinaria o atípica." Actualidad Laboral, Diciembre 2005 p.77

TRABAJO EXTRAORDINARIO: NATURALEZA DEL ACUERDO PARA TRABAJAR HORAS EXTRAS: ACUERDO TÁCITO: "Que, cuando el artículo noveno del Decreto Legislativo número ochocientos cincuenticuatro señala que el trabajo es voluntario únicamente refiere que, en principio, nadie puede ser obligado a realizar trabajo extraordinario sin su previo consentimiento, salvo los casos justificados que la misma ley prevé; Que, consecuentemente, del texto de la norma no se infiere que el acuerdo para la realización de horas extras tenga que ser necesariamente expreso como sostiene la recurrente, de manera que atribuir dicho carácter para concluir que se ha interpretado erróneamente la norma denunciada supone distinguir donde la ley no distingue." Actualidad Laboral, Agosto 2003 p.71 TRABAJO EXTRAORDINARIO: NATURALEZA VOLUNTARIA CARGA DE LA PRUEBA: "que, de conformidad con el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 854 (texto vigente en la época) el trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación, por lo que quien alega haberlo prestado tiene la obligación de demostrar fehacientemente que le fue ordenado u autorizado por su empleador el laborar en horas extras; TERCERO: que, en su resolución del 17 de enero de 2001 la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido el criterio que tratándose del trabajo en sobretiempo, la carga probatoria corresponde al trabajador, dada la naturaleza extraordinaria de dicha prestación;" Actualidad Laboral, Enero 2005 p.81

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LEYES Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte.

LEY Nº 28735 (El Peruano: 18-05-2006)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO:

Legislación en vehículos de transporte terrestre interprovincial de pasajeros y de turismo interprovincial y ferrocarriles de transporte de pasajeros en el ámbito nacional.

Artículo 3º.- Accesibilidad Las autoridades administrativas, empresas operadoras de aeropuertos, de terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y de estaciones de ruta; los explotadores aéreos, de servicios de transporte terrestre interprovincial de pasajeros, de turismo interprovincial y operadores ferroviarios de transporte de pasajeros, deberán adoptar las siguientes medidas de accesibilidad para los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores: 1. En los Aeropuertos, Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta y Terminales Ferroviarios, Marítimos y Fluviales de nuestro país deberán adoptar las siguientes medidas de accesibilidad:

El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES EMBARAZADAS Y ADULTOS MAYORES EN LOS AEROPUERTOS, AERODROMOS, TERMINALES TERRESTRES, FERROVIARIOS, MARITIMOS Y FLUVIALES Y MEDIOS DE TRANSPORTE Artículo 1º.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que regula la atención de los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y estaciones de ruta, aeronaves, vehículos de transporte terrestre y ferrocarriles, a efectos de garantizar el respeto a los principios de igualdad de derechos, de movimiento y de elección y, el derecho a desenvolverse con el mayor grado de autonomía e independencia posible; así como a la seguridad en su traslado y movilización.

Artículo 2º.- Ambito de aplicación La presente Ley se aplica en todos los aeropuertos, aeródromos y aeronaves de naturaleza civil y comercial, incluyendo las aeronaves militares que transportan personal civil; en los terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y estaciones de ruta;

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1.1 Construcción de rampas para pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

1.2 Colocación de señalizaciones, incluidas las visuales y sonoras.

1.3 Adaptación de servicios higiénicos.

1.4 Instalación de teléfonos públicos accesibles.

1.5 Implementación de un ascensor, mobiliario especial en las salas de espera y de embarque y adecuación de cafeterías, tiendas y otros servicios que se brinde en los aeropuertos; así como, cumplir con las Normas Técnicas de Edificación a que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 27920.

1.6 Otras medidas necesarias para lograr el acceso pleno de los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores a las instalaciones y servicios.

2. Los Explotadores Aéreos, los Operadores de Transporte Terrestre Interprovincial de Personas de Ambito Nacional y los Operadores Ferroviarios deberán adoptar en las aeronaves, ferrocarriles y vehículos de transporte, las siguientes medidas de accesibilidad para pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores: 2.1 Implementar plataformas elevadoras que permitan el embarque de personas con impedimentos en silla de ruedas.

2.2 Contar con una silla de ruedas especial de abordaje, que permita el traslado de la persona con discapacidad al interior del medio de transporte.

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Legislación 2.3 Implementar cartillas de instrucción en el sistema braille u otro análogo para personas con discapacidad visual.

2.4 Implementar señales visuales para personas con discapacidad auditiva.

2.5 Implementar asientos especiales, con abrazaderas rebatibles, ubicados de preferencia cerca de las puertas de salida.

2.6 Sólo en caso de evidente riesgo de la integridad física del pasajero se podrá exigir un certificado médico.

2.7 Sólo se podrá exigir un acompañante cuando sea evidente que el pasajero no puede valerse por sí mismo, o lo recomiende un certificado médico.

2.8 El equipaje deberá llevar un distintivo especial para facilitar su identificación y brindar atención preferente al pasajero.

2.9 Los animales guías que acompañen a los pasajeros invidentes deben transportarse de conformidad con las normas que establece el reglamento de la presente Ley. Artículo 4º.- Servicio especial 4.1 Toda persona que preste servicio en aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales ferroviarios, marítimos y fluviales; debe estar capacitada para atender adecuadamente las necesidades de los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

4.2 El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, brindará capacitación al personal comprendido en la presente Ley, sobre sus alcances y cumplimiento.

Artículo 5º.- Deberes de los pasajeros Los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores tienen la obligación de informar de manera indubitable al adquirir el pasaje o reservar el vuelo, con veinticuatro (24) horas de anticipación, salvo casos de emergencia, las atenciones especiales que requieran de acuerdo a su condición.

La empresa que extiende el pasaje o hace la reserva de viaje tiene la obligación de notificar al responsable del medio de transporte, respecto a los pasajeros que requieran atenciones especiales.

Artículo 6º.- Sanciones El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o multa a las empresas, de hasta

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Actualidad Laboral cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), atendiendo a la gravedad de la falta, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la Ley Nº 27920, por incumplimiento de Normas Técnicas de Edificación, cuando correspondan.

Artículo 7º.- Difusión de la Ley Los medios de comunicación social del Estado se encargarán de la adecuada difusión de la presente Ley. El CONADIS coordinará con los medios de comunicación privados para la difusión de la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES PRIMERA.- Plazo de adecuación e imposición Las empresas a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley se adecuarán a lo dispuesto en ésta, dentro del plazo de un (1) año, contado desde la fecha de su publicación.

SEGUNDA.- Reglamentación El Poder Ejecutivo en un plazo de sesenta (60) días a partir de la vigencia de la presente Ley, dictará las normas reglamentarias pertinentes así como las sanciones administrativas a imponerse.

TERCERA.- Disposición Derogatoria Deróganse y/o modifícanse todas las normas que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DIAZ PERALTA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

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Actualidad Laboral Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil seis.

DAVID WAISMAN RJAVINSTHI Segundo Vicepresidente de la República Encargado del Despacho de la Presidencia de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD Presidente del Consejo de Ministros

Ley que modifica el artículo 14º de la Ley Nº 27803, sobre las condiciones para la jubilación adelantada del régimen especial de la Ley Nº 25009 LEY Nº 28738 (El Peruano: 19-05-2006)

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 14º DE LA LEY Nº 27803, SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA JUBILACION ADELANTADA DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA LEY Nº 25009 Artículo 1º.- Modificación del artículo 14º de la Ley Nº 27803 Modifícase el artículo 14º de la Ley Nº 27803, conforme al texto siguiente: "Artículo 14º.- De la Jubilación Adelantada Podrán acceder al beneficio de Jubilación Adelantada establecido en el inciso 2) del artículo 3º, los ex trabajadores del Régimen Pensionario del Decreto Ley Nº 19990, normas modificatorias y complementarias, así como de la Ley Nº 25009 - Ley de Jubilación Minera, y Decreto Supremo Nº 05497-EF - TUO de la Ley del Sistema Privado de Fondos de Pensiones, comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley e inscritos

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Legislación en el Registro Nacional, siempre que tengan a la fecha de publicación de la última relación de ex trabajadores cesados irregularmente: a) Para el caso de los ex trabajadores sujetos al régimen del Decreto Ley Nº 19990, normas modificatorias y complementarias, cuando menos 55 años de edad, en el caso de los hombres y 50 años de edad en caso de las mujeres y cuenten con un mínimo de 20 años de aportación a la fecha de vigencia de la presente Ley. b) Para el caso de los ex trabajadores sujetos al Régimen Especial de la Ley Nº 25009, cuando cumplan los requisitos señalados en los artículos 1º y 2º de la citada norma. c) Los ex trabajadores comprendidos en el Régimen Pensionario del Decreto Supremo Nº 054-97-EF - TUO de la Ley del Sistema Privado de Fondos de Pensiones y que a su vez estuvieren comprendidos en los beneficios de la Ley Nº 27803, podrán acceder al beneficio de Jubilación Adelantada en el Sistema Nacional de Pensiones. Para tales efectos cada Administradora de Fondos de Pensiones - AFP procede a desafiliar a cada trabajador que lo solicite por escrito en un plazo no mayor de cinco (5) días de recibida la solicitud, según el procedimiento que establezca el reglamento de la Ley. La pensión se reducirá hasta un máximo de cuatro por ciento (4%) por cada año de adelanto de edad respecto a la edad establecida en el Régimen General de Jubilación regulado en el Decreto Ley Nº 19990 y normas modificatorias y complementarias, según se trate de hombres o mujeres respectivamente. En ningún caso se modificará el porcentaje de reducción por adelanto en la edad de jubilación ni se podrá adelantar por segunda vez. Para el caso de los ex trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de la Ley Nº 25009, la fórmula para determinar la cuantía de la pensión será la establecida en la norma que a dicho Régimen les sean aplicables.

Para la determinación de la cuantía de la pensión se tomará en cuenta la remuneración de un trabajador en actividad de igual nivel.

El Estado reconoce excepcionalmente los años de aporte pensionarios, desde la fecha de cese hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, siempre que no hayan reiniciado actividad laboral directa con el Estado.

En caso de producirse el deceso o fallecimiento de un trabajador comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, se reconocerá la pensión correspondiente a su cónyuge o hijos menores de

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Legislación edad, de acuerdo a lo establecido por el sistema previsional respectivo."

Artículo 2º.- Reglamento de la Ley Encárgase al Poder Ejecutivo la reglamentación de la presente Ley en el plazo máximo de treinta (30) días calendario de publicada la presente Ley. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil seis.

Actualidad Laboral Ley que promueve el canje o redención de las acciones de inversión LEY Nº 28739 (El Peruano: 23-05-2006)

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO Presidente del Congreso de la República

GILBERTO DIAZ PERALTA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA POR TANTO: No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente de la República, en cumplimiento de los artículos 108º de la Constitución Política y 80º del Reglamento del Congreso, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO Primer Vicepresidente del Congreso de la República

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Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE EL CANJE O REDENCION DE LAS ACCIONES DE INVERSION Artículo 1º.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico necesario para la promoción del canje o redención de las acciones de inversión.

Artículo 2º.- Definiciones Para los efectos de la presente Ley, salvo indicación en contrario, se entiende por: a) Acción: bien mueble destinado a la circulación que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima, que otorga a su propietario la calidad de accionista. Para los efectos de esta Ley, bajo el término acción se incluyen las participaciones sociales que representan el Capital Social de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada que, por cualquier razón, hubieran emitido acciones de inversión. b) Acciones de Inversión: las reguladas por Ley Nº 27028. Sus antecedentes fueron las acciones laborales, luego denominadas acciones de trabajo. c) Acciones Preferentes: son acciones que confieren algún privilegio frente a las acciones ordinarias. d) Accionista: persona natural o jurídica titular de un número determinado de acciones en una sociedad anónima. e) Canje: intercambio de acciones de inversión por otros valores mobiliarios, permitido por la presente Ley. f) CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. g) Días: comprende días naturales.

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Actualidad Laboral h) Empresa: sociedad y, cuando sea el caso, la sucursal en el Perú de una sociedad constituida en el extranjero, reguladas por la Ley General de Sociedades. i) Ley de Sociedades: Ley General de Sociedades Nº 26887. j) Oferta Pública: la invitación, adecuadamente difundida, que una empresa dirige al público en general, o a determinados segmentos de éste, para realizar cualquiera de los actos jurídicos previstos en esta Ley, referidos al canje o redención de las acciones de inversión. k) Organo social competente: la Junta General de Accionistas o de Socios y en el caso de sucursales el órgano social competente conforme a la Ley que rija la principal. Si se contara con la respectiva facultad, el Directorio o, para el caso de la sociedad anónima cerrada sin Directorio, el Gerente General. En caso de procedimientos concursales, la Junta de Acreedores.

I) Plazo: el que se computa conforme el artículo 183º del Código Civil. m) Redención: el acto por el cual los titulares de acciones de inversión disponen de dichos valores a cambio del pago de su precio en dinero, con la finalidad de que la empresa las amortice para todos los efectos legales con arreglo a esta Ley. n) Registro: el Registro Público del Mercado de Valores a que se refiere el TUO. o) TUO: Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Supremo Nº 0932002-EF. p) Valores Mobiliarios: aquellos a los que se refiere el artículo 3º del TUO.

Legislación Oferta dirigida a los titulares de las acciones de inversión, pudiendo optar por una o más de las siguientes modalidades: 1. Canjearlas por acciones representativas del capital social, con o sin derecho a voto, o acciones preferentes de la empresa; 2. Canjearlas por bonos, papeles comerciales u otros valores mobiliarios emitidos por la empresa; 3. Redimirlas por el pago de su valor en dinero.

Las empresas están facultadas a formular ofertas sucesivas conforme a la presente Ley. Artículo 5º.- Formulación de la Oferta La empresa que decida formular la Oferta, referida en el artículo anterior, debe consecutivamente, cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo 3º.- Ambito de aplicación Se encuentran comprendidas en las disposiciones de la presente Ley, las empresas que tengan emitidas acciones de inversión, inscritas o no en el Registro, las cuales podrán ofrecer a los titulares de dichos valores, el canje por otros valores mobiliarios, o la redención de las mismas.

Al formular y, en su caso, ejecutar y cumplir la Oferta, la empresa deberá proveer un trato equitativo a todos sus titulares de acciones de inversión que ella hubiera emitido.

1. Adoptar la decisión expresa de formular la Oferta mediante acuerdo tomado por el órgano social competente, de conformidad con sus normas estatutarias. Las empresas que tengan emitidas acciones de inversión inscritas en el Registro deben comunicar dicho acuerdo como hecho de importancia, de conformidad con la normativa del mercado de valores.

2. Efectuar la publicación de no menos de 3 avisos, en el Diario Oficial El Peruano y en uno de amplia circulación del domicilio principal de la empresa oferente, con intervalos de 5 días, el último de los cuales debe ser publicado con una antelación no menor de 15 días a la fecha de inicio del canje o de la redención. Sin perjuicio de lo anterior y con sujeción a las normas que dicte CONASEV sobre el particular, la empresa podrá utilizar cualquier otro medio de difusión, para que los titulares tomen conocimiento de la oferta y recaben información suficiente para una adecuada toma de decisión.

3. Las empresas deberán publicar en su página web, en caso de que la tuvieran, y en la página web de CONASEV la relación de titulares de acciones de inversión que aparezcan registrados en la matrícula de acciones de inversión o en el registro correspondiente de la institución de compensación y liquidación de valores; dicha relación no incluirá la tenencia personal de cada titular. CONASEV brindará las facilidades a las empresas para la publicación en su página web.

Artículo 4º.- Modalidades Para que las empresas se acojan a las disposiciones de la presente Ley, deben formular una

Artículo 6º.- Contenido del aviso Los avisos a que se refiere el artículo anterior deben contener, cuando menos, la siguiente información:

Toda indicación de números de artículos que no señale la norma a que corresponde, se entiende referida a la presente Ley.

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Legislación a) Nombre de la empresa que realiza la Oferta, y en su caso, el o los nombres originales de las empresas emisoras; b) La oferta de canje o redención. En caso de canje, se debe precisar la naturaleza, valoración y características de los valores que se ofrecen en canje, la relación de canje correspondiente, así como el régimen de los remanentes que no alcancen a cubrir la relación de canje. En caso de redención, el valor de redención y el plazo en que se efectuará el o los pagos respectivos, que no excederá de treinta (30) días de la fecha de finalización de la Oferta; c) Lugar donde los titulares pueden recabar la información y documentación relativa a la Oferta; d) Plazo de vigencia de la Oferta, así como su fecha de inicio y fin, el que comprenderá un período mínimo de cuarenta y cinco (45) días naturales; e) Información precisa sobre la forma en que se debe aceptar la Oferta o, en su caso, rechazarla; f) De ser el caso, indicación de la página web donde se haya publicado la relación de titulares de acciones de inversión, conforme al numeral 3 del artículo 5º; y, g) Cualquier otra información que determine la CONASEV, con carácter general o particular.

Artículo 7º.- Determinación de valor de canje o redención para la Oferta El valor de canje o redención es determinado en función a lo siguiente: 1. El valor de canje o redención de las acciones de inversión, inscritas o no en el Registro, es determinado por el registro de entidades valorizadoras inscritas como tales en cualquiera de los Colegios de Contadores Públicos Departamentales de la República, banco, banco de inversión o empresa de consultoría no vinculada a la empresa oferente, a los accionistas principales, ni a sus administradores, de reconocida independencia y solvencia moral y profesional.

La empresa designa la entidad encargada de determinar el valor de canje o redención, a partir de un registro de entidades valorizadoras, creado exprofesamente por CONASEV para tal efecto. Los criterios para efectuar la valorización serán establecidos mediante norma de carácter general aprobada por CONASEV. El valor de redención para las acciones de inversión inscritas en el Registro no puede ser menor a la cotización promedio ponderada del último semestre registrada en Rueda de Bolsa.

2. Después de la primera valorización y antes de

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Actualidad Laboral cerrar la Oferta, a pedido de la empresa o de los titulares accionistas de inversión, CONASEV podrá designar a otra entidad valorizadora inscrita como tal en cualquiera de los Colegios de Contadores Públicos Departamentales de la República, banco, banco de inversión o empresa de consultoría no vinculada a la empresa oferente, a los accionistas principales, ni a sus administradores, de reconocida independencia y solvencia moral y profesional, para determinar el valor de canje o redención.

Este pedido para designar a otra entidad valorizadora deberá ser publicitado en la página web de CONASEV y se deberá habilitar una lista de adherentes.

El costo de esta valorización lo asume la parte solicitante. En el caso de que el solicitante sea un accionista de inversión los costos serán a cuenta del valor total de redención o canje de las acciones de inversión.

Los criterios para esta segunda valorización, las condiciones para la lista de adherentes y la elección del mayor valor de redención serán establecidos mediante norma de carácter general aprobada por CONASEV. 3. En cualquiera de los casos anteriores, la empresa deberá poner a disposición de los titulares de acciones de inversión los supuestos, la tasa de descuento, los métodos, procedimientos o cálculos utilizados para determinar el valor propuesto de canje o redención, así como la denominación o razón social de la entidad que realizó la valorización.

4. Las normas de carácter general que emita CONASEV, así como la información que las empresas pongan a disposición de los titulares de acciones de inversión, referidas a la determinación del valor de canje o redención, seguirán los principios generales para la transparencia del mercado contenidos en el TUO y deberán ser publicadas en sus respectivas páginas web.

Artículo 8º.- Aceptación, rechazo y silencio La aceptación, el rechazo o el silencio de los titulares respecto de la Oferta, se rigen, según sea el caso, por las siguientes reglas: 1. Aceptación expresa: la cual genera un derecho de crédito a favor del titular contra la empresa.

2. Rechazo: que debe efectuarse de manera expresa por el titular, mediante carta notarial o carta simple con cargo de recepción de la empresa, a su elección, dentro del plazo de vigencia de la Oferta.

Los titulares de acciones de inversión que

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Legislación

Actualidad Laboral rechacen la Oferta, mantienen la calidad jurídica de tales.

3. Silencio: 3.1Una vez concluido el plazo de la Oferta, la empresa pública un aviso conteniendo el nombre de aquellos titulares que no hayan manifestado aceptación ni rechazo a la oferta conforme a los numerales anteriores, reiterando su intención de canjear o redimir las acciones de inversión y para que en un plazo de treinta (30) días manifiesten su voluntad. Dicho aviso debe ser publicado en el diario de mayor circulación nacional, en un plazo no mayor de quince (15) días, en su página web, en caso de que la tuviera y en la página web de CONASEV.

9.3

9.4

sus normas reglamentarias para la inscripción de valores mobiliarios emitidos por Oferta Pública, sin que ello altere su calidad de Oferta Pública. A estas Ofertas Públicas se les aplicarán las normas especiales que para tal efecto CONASEV emita, las que regularán la información de carácter mínimo que las empresas deben presentar para la adecuada toma de decisiones por parte de los titulares de acciones de inversión.

Sin perjuicio de la presentación de información conforme a lo prescrito en el numeral anterior, la inscripción de los valores mobiliarios que pudieran ofrecer en canje es facultativa para la empresa.

Para los efectos de la presente Ley, la creación de nuevas acciones como consecuencia de los aumentos de capital que se acuerden o la emisión de obligaciones u otros títulos convertibles en acciones, no genera el derecho de suscripción preferente señalado en la Ley de Sociedades.

3.2De no manifestar voluntad en el plazo indicado en el párrafo anterior, el silencio es interpretado como manifestación de la voluntad en el sentido de aceptar la Oferta de canje o redención propuesta, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 142º del Código Civil.

Esta aceptación tácita genera un derecho de crédito a favor del titular contra la empresa, aplicándose las siguientes reglas: a. Si la Oferta es de canje, la empresa emite los valores a favor de los titulares que correspondan; b. Si la Oferta es de redención, la empresa consigna al Banco de la Nación, el importe del valor total de redención de los titulares que no manifestaron voluntad. Estos o sus herederos podrán reclamar el dinero consignado, previa acreditación. La empresa debe proporcionar la información disponible, que obra en su poder, relativa a los titulares de acciones en cuyo favor se hace la consignación a efectos de que recaben los fondos que les correspondan.

Artículo 10º.- Facultad sancionadora 10.1 CONASEV tiene facultades de tipificación de las infracciones y de imposición de las respectivas sanciones por el incumplimiento de las normas de la presente Ley y disposiciones complementarias que se dicte.

10.2 Las entidades valorizadoras sancionadas por CONASEV, por faltas graves y muy graves, no podrán participar nuevamente en la determinación del valor de canje o redención de otras acciones de inversión, por el plazo que se determine en la respectiva resolución de CONASEV. 10.3 Los supuestos de las infracciones y las sanciones serán establecidos en las normas reglamentarias.

Artículo 9º.- Efectos para la empresa 9.1 La realización de cualquiera de los actos jurídicos mencionados en el artículo 4º no genera la obligación de la empresa de adaptarse a la modalidad de sociedad anónima abierta conforme a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 249º de la Ley de Sociedades, salvo que se cumpla alguna de las demás condiciones en dicho artículo.

9.2 A las Ofertas de canje o redención que se formulen conforme a la presente Ley no les son aplicables los requisitos en el TUO y

Artículo 11º.- Excepción de realizar una Oferta Pública de Adquisición 11.1 Aquellos tenedores de acciones de inversión que, como consecuencia de la Oferta de canje alcancen una participación significativa del capital social de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y Compra de Valores por Exclusión, estarán exceptuados de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

11.2 La excepción de realizar una OPA establecida en el numeral anterior no será

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Legislación aplicable para aquellas personas naturales o jurídicas que, dentro de los seis (6) meses anteriores, contados a partir de la fecha de aprobado el canje, hayan adquirido directa o indirectamente, en un solo acto o actos sucesivos, obligaciones convertibles en acciones con derecho a voto, certificados de suscripción preferente de acciones con derecho a voto u otros valores similares que dan derecho a la suscripción o adquisición de acciones con derecho a voto, así como acciones con derecho a voto o acciones de inversión de una sociedad que tenga al menos una clase de acciones con derecho a voto representativas de su capital social inscritas en la bolsa de valores, y como consecuencia de ello alcancen una participación significativa del capital social de dicha sociedad, según el Reglamento mencionado en el numeral anterior, al momento de realizarse el canje.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA.- Derechos registrales Para la inscripción del aumento de capital en el Registro de Personas Jurídicas del Sistema Nacional de Registros Públicos que se origine en el canje previsto en esta Ley, basta la presentación de copia certificada notarial del acta de la sesión del órgano social competente para decidir el aumento. Dicha inscripción está sujeta al pago de derechos registrales.

SEGUNDA.- Acciones en tesorería Para determinar el valor de canje o redención de las acciones de inversión se deberá tomar en cuenta el valor de las acciones representativas del capital social, con o sin derecho a voto, que se encuentren en la tesorería de la empresa.

TERCERA.- Emisión de acciones de inversión en fusiones Entiéndese que el numeral 3) del artículo 2º de la Ley Nº 27028 incluye aquellos casos en que se produzca fusión entre empresas, bajo cualquiera de sus modalidades, en las que participe una persona jurídica con acciones representativas del capital social y acciones de inversión emitidas y otra(s) sólo con acciones comunes y no acciones de inversión. La emisión de acciones comunes que pueda haber lugar como consecuencia de dicha fusión genera la obligación proporcional de emisión de nuevas acciones de inversión.

CUARTA.- Aplicación Supletoria Es de aplicación supletoria a la presente Ley las disposiciones del TUO y sus normas reglamentarias, en lo que resulte pertinente y siempre que no se opongan a la presente Ley.

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Actualidad Laboral DISPOSICIONES FINALES PRIMERA.- Norma derogatoria Deróganse la Tercera Disposición Final del TUO de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, cuyo texto fue aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, así como todas las disposiciones, normas reglamentarias y complementarias que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. SEGUNDA.- Exoneración de medidas de austeridad A efectos de dar cumplimiento a la presente Ley y ante restricciones de recursos humanos, CONASEV, previa evaluación, podrá incorporar nuevo personal mediante contratos de trabajo de naturaleza temporal, cumpliendo con el requisito de concurso público para lo cual queda exceptuada de lo señalado en el literal d) del artículo 6º de la Ley Nº 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006.

El personal contratado sólo realizará tareas que se deriven de la aplicación de la presente Ley y vinculadas a las acciones de inversión.

TERCERA.- Reglamentación El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa (90) días de publicada la presente Ley, dictará las normas reglamentarias necesarias para su mejor aplicación.

CUARTA.- Vigencia de la Ley La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO: Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión de la Comisión Permanente realizada el día nueve de febrero de dos mil seis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108º de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil seis.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO Presidente del Congreso de la República GILBERTO DIAZ PERALTA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

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Actualidad Laboral

DECRETOS SUPREMOS Modifican el D.S. Nº 004-2006-TR, que establece disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada DECRETO SUPREMO Nº 011-2006-TR (El Peruano: 06-06-2006)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el artículo 25º de la Constitución Política reconoce el derecho a una jornada máxima de trabajo; en expresión de la necesidad de que la persona humana se desarrolle y relacione en espacios distintos o complementarios al trabajo; Que, el artículo 23º de la Constitución Política establece que ninguna persona está obligada a prestar servicios sin la debida remuneración; e igualmente, el artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 854, establece la obligación de pagar el trabajo en tiempo extra; Que, de otro lado, el inciso c) del artículo 8º del Convenio Nº 1 establece la obligación de llevar registros al tiempo de trabajo; Que el Decreto Supremo Nº 004-2006-TR dispone la obligación de los empleadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de llevar un registro de asistencia, el cual requiere ser complementado para su mejor aplicación; De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú; DECRETA: Artículo 1º.- Modificación del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR Modifíquense los artículos 2º a 8º del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, en los siguientes términos: "Artículo 2º.- Contenido del registro El registro contiene la siguiente información mínima: - Nombre, denominación o razón social del empleador.

- Número de Registro Unico de Contribuyentes del empleador.

- Nombre y número del documento obligatorio de identidad del trabajador.

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Legislación - Fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo.

- Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo.

Artículo 3º.- Medio para llevar el registro El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida.

En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso.

Artículo 4º.- Retiro de control Sólo podrá impedirse el registro de ingreso cuando el trabajador se presente al centro de trabajo después del tiempo fijado como ingreso o del tiempo de tolerancia, de existir. Si se permite el ingreso del trabajador, debe registrarse la asistencia.

Toda disposición que establezca un registro de salida previo a la conclusión de labores está prohibida.

Artículo 5º.- Disposición del registro El empleador debe poner a disposición el registro, cuando lo requieran los siguientes sujetos: 1) La Autoridad Administrativa de Trabajo; 2) El sindicato con respecto a los trabajadores que representa; 3) A falta de sindicato, el representante designado por los trabajadores; 4) El trabajador sobre la información vinculado con su labor; y, 5) Toda Autoridad Pública que tenga tal atribución determinada por Ley. Artículo 6º.- Archivo de los registros Los empleadores deben conservar los registros de asistencia hasta por cinco (5) años después de ser generados.

Artículo 7º.- Presunciones Si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y/o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario, objetiva y razonable.

Los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido el horario de trabajo.

Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del

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Legislación Artículo 9º del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, en caso el trabajador, a pesar de su negativa, se le imponga la realización de trabajo en sobretiempo, se configurará una situación de trabajo impuesto sancionado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto por dicha norma.

Artículo 8º.- Infracciones Son infracciones de tercer grado: - Imponer trabajo sobre la jornada máxima legal o convencional.

- No pagar o no compensar el trabajo en sobretiempo.

- No otorgar tiempo de refrigerio.

Actualidad Laboral sujetas al régimen laboral de la actividad privada el presente Decreto Supremo N° 004-2006-TR, modificado por el presente Decreto Supremo, entrará (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS en vigencia a partir del 1 de enero de 2007.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de junio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República CARLOS ALMERI VERAMENDI Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo ______________________________________

Son infracciones de primer grado: - No contar con el registro de control de ingresos y salidas.

- Impedir al trabajador el registro de su ingreso o salida.

- No exhibir de manera permanente a todos los trabajadores el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso, en el lugar del centro de trabajo donde se establezca el registro de control de asistencia.

- Efectuar registros de ingreso y salida sustituyendo al trabajador.

No poner a disposición el registro de asistencia a los sujetos referidos en el artículo 5º."

FE DE ERRATAS D.S. Nº 011-2006-TR (El Peruano: 09-06-2006)

Mediante Oficio Nº 205-2006-SCM-PR, la Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 0112006-TR, publicado en la edición del día 6 de junio de 2006.

En la página 320317: DICE:

Artículo 2º.- Vigencia El presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 3º.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Segunda.- Debido a la programación anual del presupuesto público, para las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada el presente Decreto Supremo entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2007.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS Primera.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo podrá emitir, mediante resolución ministerial, disposiciones específicas sobre la obligación del llevado de registro regulado en el presente Decreto Supremo, para actividades económicas que por su naturaleza lo requieran.

Segunda.- Debido a la programación anual del presupuesto público, para las entidades públicas

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DEBE DECIR: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS Segunda.- Debido a la programación anual del presupuesto público, para las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada el Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, modificado por el presente Decreto Supremo, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2007.

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Legislación

Actualidad Laboral Establecen monto de la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley Nº 21933

b) Para los pensionistas por derecho derivado, se aplicará lo dispuesto en los artículos 54º, 57º y 59º del Decreto Ley Nº 19990, no pudiendo ser la suma total de las pensiones de derecho privado que el causante genere inferior a S/. 270,00

DECRETO SUPREMO Nº 076-2006-EF

c) Para los pensionistas de Invalidez S/. 415,00

(El Peruano: 01-06-2006) Artículo 2º.- De la verificación Para otorgar el beneficio establecido en la Ley Nº 28550, la Oficina de Normalización Previsional deberá verificar que el pensionista de FODASA perciba como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley Nº 21933.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 26404 señala que la Oficina de Normalización Previsional - ONP asuma el pago de las pensiones que corresponden a los beneficiarios del ex Sistema Asistencial de Estibadores Matriculados en el Puerto del Callao - FODASA; Que, el artículo 1º de la Ley Nº 28550 establece que el monto de la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley Nº 21933 -Incorpora a los Estibadores al Régimen de Prestaciones de Salud que administra el S.S.P.- FODASA, no podrá ser inferior al monto de la pensión mínima establecida en la Ley Nº 27617, modificada por la Ley Nº 27655 y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 0282002-EF; Que, mediante el artículo 2º de la Ley Nº 28550 se encarga al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la reglamentación de la citada Ley; De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y el Decreto Legislativo Nº 560;

Artículo 3º.- Del financiamiento La aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 28550 y el presente reglamento se atenderá con cargo a los recursos que se le otorgue a la Oficina de Normalización Previsional, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas queda facultado para proponer las normas necesarias que posibiliten su financiamiento.

Artículo 4º.- Del refrendo El presente Decreto Supremo, será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de mayo del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI Ministro de Economía y Finanzas

DECRETA: Artículo 1º.- Pensión Mínima De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 28550, la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley Nº 21933 - Incorpora a los Estibadores al Régimen de Prestaciones de Salud que administra el S.S.P. - FODASA, queda establecida conforme se señala a continuación:

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28192 que regula procedimiento a seguir luego de producida la declaración de nulidad de contratos de afiliación con una Administradora Privada de Fondos de Pensiones - AFP

a) Para los pensionistas de Derecho Propio:

DECRETO SUPREMO Nº 077-2006-EF Con 20 años o más años de aportación S/.415,00 Con 10 años y menos de 20 años de aportación S/.346,00 Con 6 años y menos de 10 años de aportación S/.308,00 Con 5 años o menos de 5 años de aportación

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S/.270,00

(El Peruano: 02-06-2006)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

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Legislación CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 28192, se aprobó el procedimiento a seguir luego de producida la declaración de nulidad de contratos de afiliación con una Administradora Privada de Fondos de Pensiones - AFP; Que, la Disposición Final Unica establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, de manera conjunta con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, emitirán el Reglamento de la mencionada Ley; De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y en el Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; DECRETA: Artículo 1º.- Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28192 que regula el procedimiento a seguir luego de producida la declaración de nulidad de contratos de afiliación con una Administradora Privada de Fondos de Pensiones - AFP, y que, como anexo, forma parte integrante del presente dispositivo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de junio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República FERNANDO ZAVALA LOMBARDI Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28192 QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR LUEGO DE PRODUCIDA LA DECLARACION DE NULIDAD DE AFILIACION CON UNA ADMINISTRADORA PRIVADA DE FONDOS DE PENSIONES - AFP Artículo 1º.- Ambito de las causales de Nulidad de Afiliación De acuerdo con las disposiciones vigentes, se consideran como causales de nulidad de afiliación en una AFP las siguientes: i. Haberse comprobado, según el procedimiento establecido, que la firma del trabajador en un contrato de afiliación con una AFP ha sido falsificada;

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Actualidad Laboral ii. Cuando la afiliación a una AFP, celebrada bajo responsabilidad del empleador, no haya cumplido con las normas que regulaban dicha forma de afiliación; iii. Cuando se compruebe la inexistencia del afiliado.

El plazo para la presentación de las solicitudes de nulidad de afiliación por las causales citadas se sujetará a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2001º y en el artículo 1993º del Código Civil, y a las disposiciones complementarias dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Artículo 2º.- Situación previsional de los afiliados comprendidos bajo nulidad de afiliación en el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) Por efecto de la resolución de nulidad de afiliación al SPP que se produzca en atención a alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, la situación previsional del trabajador conllevará a su retorno al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), en caso hubiese pertenecido a dicho sistema de pensiones, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 1º de la Ley Nº 28192.

En caso el trabajador no registre antecedentes previsionales distintos del SPP, podrá incorporarse al SNP bajo una nueva y primera inscripción, tal como lo señala el inciso b) del artículo 1º de la Ley Nº 28192.

Artículo 3º.- Procedimientos para la nulidad de afiliación en el SPP Las solicitudes de nulidad de afiliación en una AFP que se hubiesen presentado de conformidad con las causales señaladas en el artículo 1º del presente Reglamento, se sujetarán al procedimiento de devolución y regularización de aportes al SNP establecido en los artículos 53º y 54º del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP, aprobado mediante Resolución Nº 080-98-EF/SAFP y sus modificatorias.

Artículo 4º.- Destino de los aportes previsionales de los afiliados que se inscriban o retornan al SNP Todos los aportes previsionales y su rentabilidad acumulada tendrán como destino el Fondo Consolidado de Reservas (FCR), no procediendo en ningún caso la devolución de aportes obligatorios al afiliado, en caso exista un saldo a favor producto de la diferencia de tasas de aporte entre el SPP y el SNP. Artículo 5º.- Pago de diferencia de aportes entre el SNP y el SPP por diferentes tasas de aporte Los procedimientos para la declaración y devolución al SNP de aportes obligatorios al SPP así

JUNIO 2006

Actualidad Laboral como el pago de la diferencia de aportes y la regularización de aportes correspondientes al SNP, deberán sujetarse a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 105-2001/SUNAT, debiendo cumplirse con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 28192, en términos de la no aplicación de intereses, multas u otros conceptos de carácter compensatorio, moratorio o de otra índole o denominación, con excepción de aquellos casos en que la causal de nulidad de afiliación resulte atribuible a la AFP o al empleador.

Artículo 6º.- Nulidad de afiliación en el SPP para el caso de trabajadores pertenecientes al régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530 En caso de trabajadores incorporados al Régimen del Decreto Ley Nº 20530, la transferencia de aportes por nulidad de afiliación del SPP se realizará al Fondo para la Asistencia Previsional creado por la Ley Nº 28046.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS Primera.- La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), en su condición de entidad que lleva a cabo la recaudación de los aportes previsionales del SNP, establecerá las condiciones y cronogramas que se requieran, a fin de dar estricto cumplimiento respecto del destino final de los aportes transferidos por efecto de las nulidades de afiliación en una AFP, en términos de lo establecido en el párrafo primero del artículo 2º de la Ley Nº 28192.

Segunda.- Las solicitudes de nulidad de afiliación que se encontrasen en trámite de remisión, por parte de la AFP, de la información del Anexo XXXIII del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP, por efecto de la causal a que hacía referencia el inciso e) del artículo 51º del mencionado Título, respecto a tener derecho, al momento de su incorporación al SPP, a una pensión de jubilación en el SNP, se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento Operativo de que trata la Resolución SBS Nº 795-2002.

Asimismo, aquellas solicitudes de nulidad de afiliación de trabajadores comprendidos en el Régimen de la Ley Nº 25009 que, al 1 de julio de 1999, hubiesen cumplido con las condiciones establecidas en la referida ley para acceder a una pensión de jubilación y hubiesen, presentado su solicitud de nulidad de afiliación hasta el 7 de enero de 2000, se sujetarán a lo dispuesto en la Resolución SBS Nº 264-2004.

JUNIO 2006

Legislación Respecto de aquellas solicitudes de nulidad de afiliación que se presentaron dentro de los plazos establecidos y se encontrasen en trámite por efecto de la causal a que hacía referencia el inciso f) del artículo 51º del Título V del compendio en referencia, derogado mediante Resolución Nº 185-99-EF/SAFP, con relación a la acreditación de la existencia real o potencial de daño o perjuicio para el afiliado y sobre las que la AFP no ha emitido pronunciamiento, la AFP deberá asumir como criterio para proceder a su culminación, el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a una pensión de jubilación bajo el Sistema Nacional de Pensiones al momento de la presentación de la solicitud de nulidad, debiendo la AFP enviar la Declaración Jurada a la SBS mediante la cual solicita la nulidad de afiliación, si correspondiese.

Tercera.- Los ex trabajadores comprendidos bajo los alcances de la Ley Nº 28299, modificatoria de la Ley Nº 27803, continuarán con sus trámites de desafiliación del SPP conforme las disposiciones establecidas por la Superintendencia mediante Resolución SBS Nº 1750-2004.

Cuarta.- Precísese que el afiliado que haya obtenido la nulidad a partir de la vigencia de la Ley Nº 28192 queda exceptuado del pago pendiente de los intereses, multas u otros conceptos de carácter moratorio, compensatorio o de otra índole o denominación. Asimismo, la ONP no está obligada a devolver los intereses, moras y multas pagados hasta antes de la publicación de la Ley Nº 28192.

Quinta.- Los casos de anulabilidad de la afiliación a una AFP serán evaluados de conformidad con los procedimientos que sobre la materia haya dispuesto la SBS en el Título V del Compendio de Normas del SPP y disposiciones complementarias.

Sexta.- Encargar a la SBS, a la ONP y a la SUNAT la adecuación de sus correspondientes normas a lo establecido en la Ley Nº 28192 y el presente reglamento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Unica.- Anualmente, la SBS y la ONP deberán revisar sus bases de datos de afiliados o asegurados, según el caso, con el fin de detectar la posible duplicidad de registros, de modo tal que éstos se encuentren correctamente asignados al sistema previsional que les corresponda.

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Legislación

Actualidad Laboral

Ratifican Acuerdo sobre Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, suscrito con la República de Nicaragua

Ratifican Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo, Técnico y de Servicio de las Misiones Diplomáticas y Consulares realizado mediante Intercambio de Notas con la Embajada Real de los Países Bajos

DECRETO SUPREMO Nº 022-2006-RE

DECRETO SUPREMO Nº 024-2006-RE

(El Peruano: 04-06-2006)

(El Peruano: 04-06-2006)

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

(*) El presente Acuerdo entró en vigencia el 22 de junio de 2006.

CONSIDERANDO: Que, el "Acuerdo entre la República del Perú y la República de Nicaragua sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares", fue suscrito el 26 de noviembre de 2004, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua; Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento internacional; De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º, 118º inciso 11) de la Constitución Política del Perú y el artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente de la República para celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; DECRETA: Artículo 1º.- Ratifíquese el "Acuerdo entre la República del Perú y la República de Nicaragua sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares", suscrito el 26 de noviembre de 2004, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de junio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República OSCAR MAURTUA DE ROMAÑA Ministro de Relaciones Exteriores

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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO: Que, el "Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo, Técnico y de Servicio de las Misiones Diplomáticas y Consulares", fue realizado mediante Intercambio de Notas Nº 1315/2.005 de la Embajada Real de los Países Bajos, de 25 de octubre de 2005 y la Nota RE (SEU-ECO) Nº 6-15/44, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de 25 de octubre de 2005; Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento internacional; De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente de la República para celebrar y ratificar Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; ________________________________ (*) CONVENIOS INTERNACIONALES.- Entrada en vigencia del Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo, Técnico y de Servicio de las Misiones Diplomáticas y Consulares. (El Peruano: 22-06-2006) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Oficio RE (GAB) Nº 0-3-A/175, comunica que el "Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo, Técnico y de Servicio de las Misiones Diplomáticas y Consulares", realizado mediante intercambio de Notas Nº 1315/2005 de la Embajada Real de los Países Bajos, de 25 de octubre de 2005 y la Nota RE (SEU-ECO) Nº 6-15/44, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de 25 de octubre de 2005 y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 024-2006-RE, de 1 de junio de 2006, publicado el 4 de junio de 2006. Entrará en vigencia el 22 de junio de 2006.

JUNIO 2006

Legislación

Actualidad Laboral DECRETA: Artículo 1º.- Ratifíquese el "Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo, Técnico y de Servicio de las Misiones Diplomáticas y Consulares", realizado mediante Intercambio de Notas Nº 1315/2005 de la Embajada Real de los Países Bajos, de 25 de octubre de 2005 y la Nota RE (SEU-ECO) Nº 6-15/44, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de 25 de octubre de 2005.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de junio del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República OSCAR MAURTUA DE ROMAÑA Ministro de Relaciones Exteriores

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Aprueban Lineamiento "Presentación del formulario Declaración Jurada sobre Información de Planilla (s) de Pago del mes de junio de 2006" RESOLUCION MINISTERIAL Nº 219-2006-TR (El Peruano: 10-06-2006)

Lima, 7 de junio de 2006 VISTO: El Oficio Nº 165-2006-MTPE/2/9.3, de la Directora General de la Oficina de Economía del Trabajo y Productividad; el proveído del Despacho Viceministerial de Trabajo, de fecha 24 de mayo de 2006; y, CONSIDERANDO:

JUNIO 2006

Que, la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece la función de evaluar la política y normatividad en materia de remuneraciones e ingresos del mercado de trabajo; Que, el Decreto Supremo Nº 007-TC, dispone la realización de estudios socioeconómicos y la elaboración de información estadística en materia de remuneraciones y empleo; Que, anualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regula la obligación de los empleadores de proporcionarle información de las Planillas de Pago de remuneraciones de los trabajadores percibidas en el mes de junio de cada año; Que, el Decreto Supremo Nº 018-85-TR, encarga a la Oficina de Economía del Trabajo y Productividad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la recepción anual de las Planillas de Pago correspondiente al mes de junio; Que, con dicho objetivo, se ha formulado un Lineamiento que establece las normas para la presentación del formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006", por lo que resulta necesario aprobarlo para los fines pertinentes; Con la visación del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, De conformidad con lo establecido en el artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el literal d) del artículo 12º de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar el Lineamiento Nº 001-2006MTPE/2/9.3 "Presentación del formulario DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006", el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Publicar en la página Web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo www.mintra.gob.pe el Lineamiento aprobado por el artículo 1º de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETI SOLER Ministra de Salud Encargada de la Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo

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Legislación "PRESENTACION DEL FORMULARIO DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006"

Actualidad Laboral La presente obligación es asimismo aplicable a las Cooperativas de Trabajadores, que cuenten a nivel nacional en total con cinco (5) o más socios trabajadores, las mismas que además presentarán la información requerida en el Rubro VIII.

LINEAMIENTO Nº 001-2006-MTPE/2/9.3 OBJETIVO Establecer las normas para la presentación del formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO" correspondiente al mes de junio de 2006.

ALCANCE A los empleadores cuyos trabajadores se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, incluidas las Cooperativas de Trabajadores.

AMBITO Nivel Nacional.

BASE LEGAL - Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

- Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, inciso d) del artículo 38º.

- D.S. Nº 007-TC, mediante el cual se dispone la realización de estudios socio-económicos y la elaboración de información estadística en materia de remuneraciones y empleo.

- D.S. Nº 018-85-TR, mediante el cual se encarga a la Oficina de Economía del Trabajo y Productividad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la recepción anual de las planillas de sueldos y salarios correspondientes al mes de junio.

- D.S. Nº 016-2003-TR, Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

NORMAS APLICABLES 1. DE LA OBLIGATORIEDAD Los empleadores sean personas naturales o jurídicas, que cuenten a nivel nacional en total con cinco (5) o más trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, están obligados a presentar el formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006".

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2. DE LA PRESENTACION DE LA INFORMACION 2.1 El empleador presentará por cada provincia un formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006", para el caso de los empleadores que tienen varios centros de trabajo en una misma provincia, deberán consolidar la información por cada provincia, consignando la dirección del centro de trabajo, de aquella que tiene el mayor número de trabajadores.

Ejemplo: si un empleador a nivel nacional cuenta con 35 trabajadores, de los cuales 12 corresponden al centro de trabajo de la provincia de Lima, 6 a la provincia de Nazca, 9 a la provincia de Espinar, 5 a la provincia de Ilo y 3 a la provincia de Casma, deberá presentar donde corresponda un formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006" por cada provincia.

Los empleadores que están autorizados para llevar centralizadas sus planillas de pago, presentarán un formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006" por cada provincia, asimismo para facilitar el cumplimiento podrán realizar la presentación en el lugar donde se elaboran las planillas de pago, debiendo enviar el cargo a sus respectivas sucursales u otros, para fines de sustentar el cumplimiento del Lineamiento ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, 2.2 Para fines estadísticos de conocer la Remuneración Mensual Promedio, deberá considerarse la remuneración de los pagos permanentes de cada trabajador por treinta (30) días independientemente si laboró algunos días del mes, se encuentre de vacaciones, subsidio o licencia con goce de haber.

La remuneración de los pagos permanentes de los trabajadores de pesca, portuarios entre otros de naturaleza similar, deberá considerarse por el trabajo realizado en el mes de junio.

2.3 El formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006" se presentará por duplicado, sin enmendaduras.

2.4 El formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006" tiene carácter de

JUNIO 2006

Legislación

Actualidad Laboral declaración jurada, por lo tanto, el empleador no presentará copias de las planillas de pago, reservándose el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el derecho de efectuar la fiscalización posterior, de conformidad con lo previsto en el Art. 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2.5 Una vez recepcionado el formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006", la modificación posterior que realice el empleador con respecto al rubro III y VIII, será considerada como presentación extemporánea, debiendo regirse según el punto 4 del presente Lineamiento.

2.6 Los empleadores, incluidas las Cooperativas de Trabajadores que cuenten a nivel nacional en total con 1 a 4 trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, están exceptuados de la presentación.

3. DEL CRONOGRAMA RECEPCION

Y

LUGAR

DE

3.1 La recepción se realizará del 5 al 25 de Julio de 2006, de acuerdo al Anexo Nº 01.

3.2 En Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao) la información será recibida en la Playa de Estacionamiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Av. Salaverry Nº 655 Jesús María) en el horario de 8:00 a.m. A 5:00 p.m.

3.3 En las demás circunscripciones del Departamento de Lima, la información será recibida en las Zonas de Trabajo y Promoción del Empleo de Huacho o Cañete, según corresponda.

3.4 En los demás Departamentos, la información será recibida en las Direcciones Regionales o en las Zonas de Trabajo y Promoción del Empleo, según la ubicación geográfica del centro de trabajo.

4. DE LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA INFORMACION A partir del día siguiente del vencimiento de los plazos establecidos en el cronograma del Anexo Nº 01, los empleadores podrán presentar extemporáneamente el formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006" sólo hasta el jueves 31 de agosto de 2006, abonando la multa respectiva de acuerdo a la escala establecida en el Anexo Nº 02.

JUNIO 2006

Los empleadores efectuarán la presentación extemporánea, mediante una carta simple en la Oficina de Tramite Documentario, cumpliendo lo establecido en el punto Nº 2 del presente Lineamiento y adjuntando el comprobante de pago original de la multa, abonada a nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Banco de la Nación (mediante el Sistema de Teleproceso) al código de Multas Nº 5290; para los empleadores del Departamento de Lima. Las Direcciones Regionales deberán precisar el código respectivo ó el número de cuenta corriente, donde los empleadores abonarán la multa y el lugar donde efectuarán la presentación.

Toda presentación extemporánea del formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006" posterior al 31 de agosto de 2006, origina la obligación de pagar la multa establecida en el Anexo Nº 02 más los intereses que se generen desde el 1 de setiembre de 2006 hasta la fecha efectiva del cumplimiento. El interés aplicable es la tasa de interés moratorio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establecida mediante Resolución Ministerial Nº 050-2000-TR. En caso que el empleador realice la presentación extemporánea, después de la visita inspectiva deberá adjuntar copia del pago de la multa que impuso la Oficina de Inspecciones por no haber cumplido con la presentación del formulario "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006", se precisa que en estos casos ya no le es aplicable la multa establecida en el Anexo Nº 02.

A partir del 1 de Setiembre de 2006, la Autoridad Administrativa de Trabajo a través de la función inspectiva, supervisará el cumplimiento del presente Lineamiento.

5. CONSULTAS - Oficina de Economía del Trabajo y Productividad Telef. Directo 315-6022 Central: 315-6000 Anexos: 4049 - 4050 - Oficina de PRODLAB Central: 315-6000 Anexos 4006 - 4007 - 4054 4055 - 4064: - El formulario se encuentra en la Página Web: www.mintra.gob.pe.

Oficina de Economía del Trabajo y Productividad

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MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006 1.- RUC

I. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DEL EMPLEADOR 2.- Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social

3.- Razón Comercial, Denominación ó Razón Social Abreviada, según sea el caso

4.- Dirección del Centro de Trabajo (*): Jr./Av./Calle/Psje./Urb./AA.HH (encerrar en circulo) 7.- DEPARTAMENTO

8.- PROVINCIA

5.- Nº

6.- Mz.

Int.

Lt.

Km.

9.- DISTRITO 10.- UBIGEO - CENTRO DE TRABAJO (No Llenar)

11.- Domicilio Fiscal: Jr./Av./Calle/Psje./Urb./AA.HH (encerrar en circulo) 14.- DEPARTAMENTO

12.- Nº

15.- PROVINCIA

13.- Mz.

Int.

Lt.

Km.

16.- DISTRITO 17.- UBIGEO - DOMICILIO FISCAL (No Llenar)

18.- Teléfono

20.- Correo Electrónico

19.- Fax

21.- Fecha de Inicio de Actividades DIA MES

AÑO

22.- CIIU (Revisión 3) (No Llenar)

23.- Actividad Económica Principal. (Describir la actividad que actualmente realiza)

24.- Principales Productos o Servicios. (De la actividad que actualmente realiza) a.

c.

b.

d.

25.- Entidades de Intermediación Laboral (Otras entidades no marcar) 25.1.- Empresas Especiales de Servicios TEMPORALES (personas jurídicas que contratan con empresas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades mediante el destaque de sus trabajadores para desarrollar labores de naturaleza ocasional o de suplencia) COMPLEMENTARIOS (personas jurídicas que destacan a empresas usuarias personal para desarrollar actividades accesorias o no vinculadas al giro del negocio de éstas) ESPECIALIZADOS

(personas jurídicas que brindan servicios de alta especialización en relación a la empresa usuaria que las contrata. La empresa usuaria carece de facultad de dirección respecto de las tareas que ejecuta el personal destacado por la empresa de servicios especializados)

25.2.- Cooperativas de Trabajadores TRABAJO TEMPORAL (prestan servicios a empresas usuarias, destacando a sus socios trabajadores para desarrollar labores correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia) TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO

(prestan servicios a empresas usuarias, destacando a sus socios trabajadores para desarrollar labores de carácter complementario o especializado)

26.- Tipo de entidad o empresa según régimen de propiedad. (marcar) a. Organismo Público

(*)

b. Empresa Pública

c. Empresa Privada

d. Empresa Mixta

e. Cooperativa de Trabajadores

Para los empleadores que tienen varios centros de trabajo en una provincia, deberá consignar la dirección de aquel, que tiene el mayor número de trabajadores.

Para las Empresas Especiales de Servicios y Cooperativas de Trabajadores, que no cuenten con sucursales en provincias, deberán considerar la dirección del centro de trabajo de la empresa usuaria.

II. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL DEL MES DE JUNIO 27.- NUMERO TOTAL DE

28.- NUMERO DE TRABAJADORES

TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL (1)

29.- NUMERO DE TRABAJADORES

DE LA PROVINCIA

CON REMUNERACION MINIMA VITAL

(2)

DE LA PROVINCIA A DECLARAR (3)

A DECLARAR

(1) Consignar el número total de trabajadores de la empresa en las diferentes provincias del país.

(2) Consignar el número de trabajadores de la provincia declarada en el casillero Nº 8.

(3) Consignar el número de trabajadores de la provincia declarada, que perciben Remuneración Mínima Vital (S/. 500.00 mensual).

III. TRABAJADORES Y REMUNERACIONES DE PLANILLA(S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE LA PROVINCIA A DECLARAR Deberán llenar esta información los empleadores y cooperativas de trabajadores (socios trabajadores en el rubro VIII) que cuentan con trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

30.- TIPO DE

31.-

CONTRATO Y CATEGORIA OCUPACIONAL

32.- REMUNERACIONES MENSUALES TOTALES (SIN CENTIMOS) NUMERO

A. INDETERMINADOS

CONCEPTOS REMUNERATIVOS

(1)

CONCEPTOS

TOTAL

PAGOS

PAGOS

NO

DE

PERMANENTES

NO PERMANENTES

REMUNERATIVOS

TRABAJADORES

MENSUALES

(Horas Extras y Otros)

[a]

[b]

TOTAL GENERAL [a]+[b]+[c]

[c]

(2)

-EJECUTIVOS -EMPLEADOS -OBREROS B. SUJETOS A MODALIDAD

(3)

-EJECUTIVOS -EMPLEADOS -OBREROS C. A TIEMPO PARCIAL

(4)

-EJECUTIVOS -EMPLEADOS -OBREROS D. EXTRANJEROS

(5)

-EJECUTIVOS -EMPLEADOS -OBREROS

TOTAL NOTA: - La información debe presentarse por cada provincia, los empleadores que cuenten con varios centros de trabajo en una misma provincia, deberán consolidar la información de dicha provincia - Para fines de conocer las REMUNERACIONES MENSUALES PROMEDIO, deberá considerarse la remuneración de los pagos permanentes de cada trabajador por 30 días, independientemente si laboró algunos días del mes, se encuentre con subsidio o licencia con goce de haber.

La remuneración de los pagos permanentes, de los trabajadores de pesca, portuarios y de naturaleza similar, deberá considerarse por el trabajo realizado en el mes de junio.

- No considerar el pago por vacaciones truncas, gratificaciones truncas, cts y reíntegros (1) Corresponde a las remuneraciones pagadas al número total de trabajadores del casillero Nº 31, se divide en: (a) Pagos Permanentes: Son aquellas remuneraciones de libre disponibilidad del trabajador tales como: remuneración básica, asignación familiar, alimentación principal, remuneración principal imprecisa (comisión o destajo), incremento por AFP, entre otras. (b) Pagos No Permanentes: Son aquellas remuneraciones, que eventualmente percibe el trabajador tales como: horas extras, bonificación por turno, bono por productividad, entre otras. (c) Conceptos no Remunerativos: Son los establecidos en los artículos Nº 19° y 20° del D.S. Nº 001-97-TR; T.U.O. de la Ley de la CTS. (2) Son contratos individuales de trabajo que no tienen plazo de vencimiento y pueden celebrarse en forma verbal o escrita.

(3) Son contratos de trabajo a plazo fijo que deberán constar por escrito, debiendo consignarse su duración y la causa que los motiva.

(4) Son contratos de trabajo con jornada de labor no mayor de 4 horas diarias en promedio, dependiendo de la jornada del centro de trabajo.

(5) Son contratos de trabajo de personal extranjero, según el D.L. Nº 689. Considerar las remuneraciones en nuevos soles.

IV. TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y SUJETOS A NEGOCIACION COLECTIVA 33.CATEGORIA OCUPACIONAL

34.- NUMERO DE

35.- NUMERO DE TRABAJADORES

TRABAJADORES

SUJETOS A NEGOCIACION

SINDICALIZADOS (1)

COLECTIVA (2)

-EMPLEADOS -OBREROS

(1) Considerar a los trabajadores afiliados en sindicatos, delegaciones de trabajadores u otros.

(2) Son aquellos trabajadores comprendidos dentro de su ámbito que representa la organización sindical, que negocian sus aumentos remunerativos y condiciones de trabajo a través de pliegos de reclamos.

V. NUMERO DE PERSONAL QUE LABORA A TRAVES DE ENTIDADES DE INTERMEDIACION LABORAL Y/O INDEPENDIENTES (DEL MES DE JUNIO) No deberán llenar el casillero 37 las Empresas de Servicios Temporales, Complementarios, Especializados y Cooperativas de Trabajadores.

37.- NUMERO DE PERSONAL QUE PRESTAN SERVICIOS 36.-

(1)

EN LA EMPRESA A TRAVES DE :

CATEGORIA

EMPRESA DE

EMPRESA DE

EMPRESA DE

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

TEMPORALES

COMPLEMENTARIOS

ESPECIALIZADOS

OCUPACIONAL

39.- NUMERO DE COOPERATIVA DE

TRABAJO

TEMPORAL

COOPERATIVA

38.- CATEGORIA

DE

PERSONAL POR

OCUPACIONAL

TRABAJO Y FOMENTO

CUARTA CATEGORIA

DEL EMPLEO

(2)

-EJECUTIVOS -EMPLEADOS

-PROFESIONALES

-OBREROS

-TECNICOS

TOTAL

TOTAL

(1) Se consignará el número de personal que prestan servicios en la empresa a través de diferentes entidades de intermediación laboral.

(2) Se consignará el número de personal que prestan servicios a la empresa en forma independiente

VI. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

(Según el Anexo 5 del D.S. Nº 009-97-SA y D.S. Nº 003-98-SA) SI

40.- ¿Están

NO

afiliados sus trabajadores al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo?

VII. MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES (DEL MES DE JUNIO)

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

41.- TIPOS DE MODALIDADES FORMATIVAS

SUBVENCION O ASIGNACION MENSUAL DEL TOTAL DE PARTICIPANTES

42.- DEL APRENDIZAJE 43.- PRACTICA PROFESIONAL 44.- DE LA CAPACITACION LABORAL JUVENIL 45.- DE LA PASANTIA 46.- DE LA ACTUALIZACION PARA LA REINSERCION LABORAL

TOTAL

VIII. COOPERATIVAS DE TRABAJADORES NUMERO DE SOCIOS TRABAJADORES E INGRESOS TOTALES (DEL MES DE JUNIO) 49.- INGRESOS MENSUALES TOTALES (SIN CENTIMOS) 47.- SOCIOS TRABAJADORES

(1)

48.- NUMERO

PAGOS

TOTAL DE

PERMANENTES

NO PERMANENTES Y

SOCIOS

MENSUALES

BENEFICIOS ASOCIATIVOS

TOTAL GENERAL

LABORALES MENSUALES

[a]+[b]

ACTIVOS [a]

PAGOS

[b]

EN PLANTA DESTACADOS TOTAL

NOTA: - Para fines de conocer los ingresos mensuales promedio, deberá considerarse el ingreso de cada socio trabajador por 30 días, independientemente si laboró algunos días del mes, se encuentre con subsidio o licencia con goce de haber.

(1) Corresponde a los ingresos pagados al número total de socios activos del casillero Nº 46, se divide en: [a] Pagos Permanentes: Son todos los ingresos que regularmente percibe el socio trabajador como prestación por la labor que éste realice. [b] Pagos No Permanentes y Beneficios Asociativos Laborales: Son aquellos ingresos, que eventualmente percibe el socio trabajador.

IX. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Ley Nº 27050) 51.- NUMERO DE PERSONAS

50.- TIPOS DE DISCAPACIDAD

DEPENDIENTES

(del rubro III y VIII) SEGÚN TIPO DE CONTRATO

INDETERMINADOS 52.- DE LA LOCOMOCIÓN

55.- DE LA CONDUCTA 56.- DE LA SITUACIÓN

TIEMPO EXTRANJEROS PARCIAL

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

(del casillero 39)

(del rubro VII)

(1)

53.- DE LA COMUNICACIÓN 54.- DE LA DESTREZA

SUJETO A MODALIDAD

INDEPENDIENTES

(2)

(3) (4) (5)

(1) Problemas al andar y desplazarse.

(2) Problemas de visión, audición y habla.

(3) Problemas de balance corporal, manipular manos y dedos (motora fina).

(4) Problemas de relaciones personales, intelecto: autista, retardo mental, síndrome de down y alteraciones mentales.

(5) Uso de marcapasos, epilepsia, insuficiencia renal, hemofilia.

X. UBICACIÓN ACTUAL DE SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS, ANEXOS U OTROS DE LA PROVINCIA

DECLARADA (del casillero 8) Deberán llenar esta información, los empleadores que han CONSOLIDADO en la provincia declarada varios centros de trabajo.

(No Llenar) Nº

DIRECCION

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

UBIGEO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

- De ser necesario utilice hojas adicionales.

El presente documento tiene carácter de Declaración Jurada, siendo materia de fiscalización posterior de conformidad con lo previsto en el Art. 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo a través de la función inspectiva, sujetándose a las sanciones administrativas y penales a que hubiera lugar en caso de proporcionar información falsa.

NOTA: El formulario debe estar sin enmendaduras.

IDENTIFICACION DEL DECLARANTE O REPRESENTANTE LEGAL APELLIDOS Y NOMBRES : CARGO : D.N.I. Nº : C.E. Nº : PASAPORTE Nº : FIRMA

Legislación

Actualidad Laboral ANEXO Nº 01

CRONOGRAMA PARA LA RECEPCION DE LA "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO" DEL MES DE JUNIO DE 2006

Modifican la R.M. Nº 192-2006-TR, mediante la cual se constituyó Grupo de Trabajo para implementar esquema a fin de mejorar la calidad en la producción de las normas y regulaciones RESOLUCION MINISTERIAL Nº 221-2006-TR

REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (ULTIMO DIGITO)

FECHA

(El Peruano: 11-06-2006)

Lima, 7 de junio de 2006 0 2 4 6 8

-

1 3 5 7 9

5, 6 y 7 de Julio 10, 11 y 12 de Julio 13, 14 y 17 de Julio 18, 19 y 20 de Julio 21, 24 y 25 de Julio

VISTOS: El Oficio Nº 001-2006-MTPE/GT-PMCN, de fecha 25 de mayo de 2006, del Coordinador de la Comisión; el Memorándum Nº 1170-2006-MTPE/4, de fecha 7 de junio de 2006, de la Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y, CONSIDERANDO:

ANEXO Nº 02 MONTO DE MULTAS QUE DEBERAN SER ABONADAS POR LOS EMPLEADORES QUE CUENTAN A NIVEL NACIONAL EN TOTAL CON CINCO (5) O MAS TRABAJADORES Y NO CUMPLIERAN CON PRESENTAR OPORTUNAMENTE EL FORMULARIO "DECLARACION JURADA SOBRE INFORMACION DE PLANILLA (S) DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2006

Nº DE TRABAJADORES

1 - 4 (*) 5-9 10 - 20 21 - 50 51 - 100 101 - 500 501 a más

% UIT

3% 5% 8% 12% 15% 25% 30%

MONTO DE LA MULTA (En Nuevos Soles)

102.00 170.00 272.00 408.00 510.00 850.00 1,020.00

(*) Para los empleadores que cuentan a nivel nacional en total con cinco (5) ó más trabajadores y no presentó el formularlo de alguna provincia donde tiene menos de cinco (5) trabajadores.

UIT: 3,400.00 Nuevos Soles a partir del 01.01.2006 según D.S. Nº 176-2005-EF.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 192-2006TR, de fecha 16 de mayo de 2006, se constituyó en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un Grupo de Trabajo que asuma la responsabilidad de la ejecución, coordinación y el cumplimiento de la implementación de un esquema institucional y operativo para el mejoramiento de la calidad en la producción de las normas y regulaciones, a través de una metodología que incluya, entre otros elementos, el análisis de impacto económico - legal de las propuestas normativas y los principios de transparencia, eficiencia y eficacia; Que, mediante documentos de vistos y por convenir al servicio, resulta conveniente modificar la Resolución Ministerial citada precedentemente, incluyendo como integrante y responsable de la ejecución, en el Grupo de Trabajo a que se refiere el considerando anterior, al Director Nacional de la Micro y Pequeña Empresa; Con la visación del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, De conformidad con lo establecido en el Artículo 37º del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; el literal d) del Artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR; SE RESUELVE: Artículo Unico.- Modificar el Artículo Unico de la Resolución Ministerial Nº 192-2006-TR, de fecha 16 de mayo de 2006, por el siguiente texto: "Artículo Unico.- Constituir en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un Grupo de Trabajo

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JUNIO 2006

Actualidad Laboral que asuma la responsabilidad de la ejecución, coordinación y el cumplimiento de la implementación de un esquema institucional y operativo para el mejoramiento de la calidad en la producción de las normas y regulaciones, a través de una metodología que incluya, entre otros elementos, el análisis de impacto económico - legal de las propuestas normativas y los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios que ocupan los siguientes cargos: Responsables de la ejecución - Director Nacional de Promoción del Empleo y Formación Profesional; - Director Nacional de Relaciones de Trabajo; - Director Nacional de la Micro y Pequeña Empresa; - Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica; - Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto - Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima - Callao.

Responsable de la coordinación - Asesoría Técnica de la Alta Dirección".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER Ministra de Salud Encargada de la Cartera de Trabajo y Promoción del Empleo

Aprueban "Directiva Administrativa para el Correcto Uso del Correo Electrónico en el Ministerio de Salud" RESOLUCION MINISTERIAL Nº 521-2006MINSA (El Peruano: 12-06-2006)

Lima, 30 de mayo de 2006 Visto el Expediente Nº 06-011991-001, que contiene el MEMORÁNDUM Nº 237-2006/DG-OGEI/ MINSA de la Oficina General de Estadística e Informática; CONSIDERANDO:

JUNIO 2006

Legislación Que, el Ministerio de Salud utiliza el correo electrónico institucional como una herramienta importante de comunicación e intercambio de información interna y externa, con la finalidad de mantener la comunicación y la coordinación entre las diferentes unidades orgánicas de la institución y con otras entidades; Que, el principio fundamental para una buena gestión del correo electrónico institucional, sienta sus bases en el uso correcto que se le dé al mismo y, en crear conciencia en los usuarios finales; Que, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTPISO/IEC 17799:2004 - EDI, aprobada con Resolución Ministerial Nº 224-2004-PCM, se debe garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información del correo electrónico institucional; Que, dentro de este contexto, la Oficina General de Estadística e Informática ha elaborado la "Directiva Administrativa para el Correcto Uso del Correo Electrónico en el Ministerio de Salud", cuyo objetivo es establecer los lineamientos para su uso correcto y racional, a efecto de optimizar su aprovechamiento; Estando lo informado por la Oficina General de Estadística e Informática y, con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Con la visación del Viceministro de Salud; y, De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Administrativa Nº 087-MINSA/OGEI-V:01 "Directiva Administrativa para el Correcto Uso del Correo Electrónico en el Ministerio de Salud", que en documento adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. (*) Artículo 2º.- La Oficina General de Estadística e Informática se encargará de la aplicación de la mencionada Directiva Administrativa.

Artículo 3º.- Las Direcciones Generales, Oficinas Generales y órganos del Ministerio de Salud, son responsables del cumplimiento de la citada Directiva Administrativa.

Artículo 4º.- La Oficina General de Comunicaciones publicará la referida Directiva Administrativa en el portal de Internet del Ministerio de Salud.

Regístrese y comuníquese.

PILAR MAZZETTI SOLER Ministra de Salud (*) Ver Directiva en nuestra página web en el siguiente link: http://www.revista-actualidadlaboral.com/biblioteca/legislacion/ rm521_06_minsa.pdf

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Legislación Modifican artículo del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP, correspondiente a Afiliación y Aportes RESOLUCION Nº 565-2006 (El Peruano: 12-05-2006)

Lima, 10 de mayo de 2006 El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones CONSIDERANDO: Que, en el Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), aprobado mediante Resolución Nº 080-98-EF/ SAFP, se regula lo referido a los procesos de Afiliación y Aportes, en cuyo Subcapítulo VII del Capítulo I se establece la normativa de la nulidad de afiliación para aquellos trabajadores que se hubieran incorporado al SPP; Que, el artículo 51º del precitado título establece las causales por nulidad y anulabilidad que pueden ser invocadas por los trabajadores afiliados a una AFP; Que, las causales descritas en el inciso a) del mencionado artículo, por haberse comprobado, según el procedimiento establecido, que la firma del trabajador es falsificada; la referida al inciso b), por afiliación por responsabilidad del empleador, cuando no se haya cumplido con las normas que regulaban esta forma de afiliación; y la referida al inciso c), de comprobarse la inexistencia del afiliado; contemplan plazos de prescripción para la presentación de las respectivas solicitudes de nulidad de afiliación, asociados a lo que establece el numeral 1 del artículo 2001º del Código Civil; Que, sobre la base de las evaluaciones realizadas y tomando en cuenta los principios contenidos en el mencionado código, resulta necesario establecer modificaciones respecto del reconocimiento de la fecha de inicio para el cómputo de los plazos para la prescripción en la presentación de las solicitudes de nulidad de afiliación, a fin de cautelar debidamente los derechos previsionales de aquellos trabajadores que, por razones ajenas a su voluntad, fueron incorporados indebidamente al SPP, sin cumplir con los procedimientos señalados en la normativa sobre la materia;

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Actualidad Laboral Estando a lo opinado por las Superintendencias Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y de Asesoría Jurídica; y, En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, y el inciso d) del artículo 57º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF; RESUELVE: Artículo Primero.- Sustituir el último párrafo del artículo 51º del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Resolución Nº 080-98-EF/SAFP y sus modificatorias, correspondiente a Afiliación y Aportes, por el texto siguiente: "El plazo para la presentación de la solicitud de nulidad de afiliación por las causales señaladas en los incisos a), b) y c) se sujetará a lo establecido en el numeral 1 del Artículo 2001º y artículo 1993º del Código Civil y a las disposiciones complementarias dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

En el caso de las causales señaladas en los incisos a) y b) el plazo es de diez años, el cual se computará a partir de la fecha en que el afiliado tomó conocimiento de su afiliación al SPP. Si no existiera documentación que sustente dicha fecha, se tomará como referencia la fecha de entrega del CUSPP. En cuanto a la causal c) el plazo se empieza a contar desde el momento en que la AFP toma conocimiento de la inexistencia del afiliado.

En el caso del inciso f), el plazo para la presentación de la solicitud de nulidad de afiliación se sujetará a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2001º del Código Civil, debiendo el plazo contarse desde la fecha en que el afiliado presente la solicitud de evaluación y calificación de invalidez ante la AFP." Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSE MARTHANS LEON Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

JUNIO 2006

Actualidad Laboral

LISTADO DE DISPOSICIONES LEGALES DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL DICTADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2006:

Fe de Erratas R.S. Nº 008-2006-TR (El Peruano: 09-06-2006)

DECRETOS SUPREMOS D.S. Nº 011-2006-TR.- Modifican el D.S. Nº 004-2006TR, que establece disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada (El Peruano: 06-06-2006) Fe de Erratas D.S. Nº 011-2006-TR (El Peruano: 09-06-2006) D.S. Nº 012-2006-TR.- Declaran el sábado 24 de junio de 2006 día no laborable en la ciudad de Chimbote (El Peruano: 23-06-2006)

RESOLUCIONES MINISTERIALES R.M. Nº 204-2006-TR.- Aprueban transferencia financiera del Programa de Emergencia Social Productivo Urbano "A Trabajar Urbano" a diversos organismos ejecutores del sector público (El Peruano: 02-06-2006) Rectificación R.M. Nº 204-2006-TR (El Peruano: 03-05-06) R.M. Nº 209-2006-TR.- Designan representantes del Ministerio ante Grupo de Trabajo relativo al "Programa para la Reconstrucción de Viviendas en el departamento de Tumbes" (El Peruano: 07-06-2006) R.M. Nº 210-2006-TR.- Incluyen a funcionario de PROMPYME como miembro de la Comisión encargada de proponer y evaluar a empresas y empresarios para el otorgamiento del "Premio Nacional al Desarrollo Empresarial de la Micro y Pequeña Empresa" (El Peruano: 07-06-2006)

JUNIO 2006

Legislación R.M. Nº 212-2006-TR.- Aprueban Directiva que regula el Trámite Interno de los Recursos de Apelación Interpuestos en los Procesos de Selección Convocados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (El Peruano: 07-06-2006) R.M. Nº 213-2006-TR.- Institucionalizan el 12 de junio como "Día contra el Trabajo Infantil" (El Peruano: 07-06-2006) R.M. Nº 217-2006-TR.- Modifican R.M. Nº 152-2006TR mediante la cual se conformó la Comisión para la transferencia de gestión del Ministerio al Gobierno electo (El Peruano: 09-06-2006) R.M. Nº 219-2006-TR.- Aprueban Lineamiento "Presentación del formulario Declaración Jurada sobre Información de Planilla (s) de Pago del mes de junio de 2006" (El Peruano: 10-06-2006) R.M. Nº 221-2006-TR.- Modifican la R.M. Nº 1922006-TR, mediante la cual se constituyó Grupo de Trabajo para implementar esquema a fin de mejorar la calidad en la producción de las normas y regulaciones (El Peruano: 11-06-2006) R.M. Nº 222-2006-TR.- Exoneran de proceso de selección la "Contratación de póliza de seguros patrimoniales: seguro de vehículos, de responsabilidad civil, de deshonestidad 3D y contra incendios" (El Peruano: 11-06-2006) R.M. Nº 224-2006-TR.- Exoneran de proceso de selección la contratación del servicio de aseo y limpieza del Ministerio (El Peruano: 24-06-2006) R.M. Nº 226-2006-TR.- Designan representante alterno de la UMEP ante el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa CODEMYPE (El Peruano: 24-06-2006) R.M. Nº 228-2006-TR.- Designan representante del Sector ante las Juntas de Acreedores a que se refiere la Ley General del Sistema Concursal (El Peruano: 24-06-2006) R.M. Nº 229-2006-TR.- Aceptan renuncia de Asesor Técnico de la Asesoría Técnica de la Alta Dirección del Ministerio (El Peruano: 24-06-2006)

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Actualidad Laboral

Legislaciรณn

ESTADISTICA LABORAL VARIACIONES Aร O 2006 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA MES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

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VARIACION PORCENTUAL MENSUAL ACUMULADA

0,50 0,55 0,46 0,51 - 0,53 - 0,13

0,50 1,05 1,51 2,03 1,49 1,36

JUNIO 2006

Jurisprudencia

Actualidad Laboral

JURISPRUDENCIA DE GARANTIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACCION DE AMPARO FRENTE AL DESPIDO: NATURALEZA RESTITUTORIA: UTILIZACION FRAUDULENTA DE CONTRATOS CIVILES PARA ENCUBRIR UNA RELACION LABORAL: PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD IMPLICITO EN LA CONSTITUCION: "Finalmente, este Colegiado, considera que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la antes descrita, configura un despido arbitrario; por lo que, teniendo en cuenta la finalidad restitutoria del proceso de amparo constitucional, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales."

EXP. N° 01961-2005-PA/TC LORETO GERARDO ENRIQUE MONDRAGON SILVA (El Peruano: 20-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 19 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia: ASUNTO El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gerardo Enrique Mondragón Silva contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 157, su fecha 16 de febrero de 2005, que declaro infundada la demanda de amparo de autos.

JUNIO 2006

ANTECEDENTES Con fecha 20 de agosto de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A (EPS SEDALORETO S.A.), solicitando que se deje sin efecto su despido arbitrario; y que, en consecuencia, se ordene su reincorporación a su centro de trabajo, por considerar que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario. Manifiesta que, con fecha 6 de mayo de 2003, ingresó a trabajar en la entidad demandada como Gestor de Cobranza de Cartera Pesada, y que mediante el Oficio Nº 145-2004-EPS SEDALORETO, se le comunicó la culminación de su contrato de locación de servicios por falta de presupuesto; por lo que al haber desempeñado labores de manera permanente y subordinada sus contratos civiles se han desnaturalizado, y por ende, en aplicación del principio de primacía de la realidad, su relación civil se ha convertido en una relación laboral de naturaleza indeterminada, no pudiendo ser despedido sino por causa justa.

La emplazada contesta la demanda manifestando que el demandante ingresó a prestar servicios mediante contratos de locación de servicios, por lo que las labores desempeñadas por él no han sido realizadas en forma subordinada; agrega que el puesto que ocupaba el actor no se encuentra previsto en el Cuadro Orgánico de Puestos (COP).

El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 27 de octubre de 2004, declaró fundada la demanda, por considerar que con las pruebas aportadas se ha acreditado que el actor laboró bajo una relación de subordinación y dependencia, por lo que en virtud del principio de la primacía de la realidad, sus contratos civiles se han convertido en contratos de trabajo, por lo que no podía ser despedido sin justa causa.

La recurrida, revocando la apelada, declaró

53

Jurisprudencia infundada la demanda, por estimar que existe controversia en el procedimiento seguido por la emplazada para la terminación de la relación laboral del actor.

FUNDAMENTOS 1. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC Nº 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente caso, resulta procedente verificar si se ha configurado o no un despido arbitrario.

2. El demandante argumenta que, los contratos civiles suscritos con la demandante encubrían una relación de naturaleza laboral, por lo que en aplicación del principio de primacía de la realidad, la relación que mantuvo con la emplazada era de naturaleza laboral de plazo indeterminado, por lo tanto, no podía ser despedido sino por causa justa.

3. En tal sentido, la controversia se centra en dilucidar si los contratos civiles suscritos por el actor con la emplazada han sido desnaturalizados, para efectos de que en aplicación del principio de primacía de la realidad puedan ser considerados como contratos de trabajo de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si el demandante solo podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.

4. Con relación al principio de primacía de la realidad debemos reiterar que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, en virtud del cual en mérito de este principio "(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos". (Fundamento 3 de la STC Nº 1944-2002-AA/TC).

Actualidad Laboral 17 de agosto de 2004; por lo tanto, con el referido medio probatorio se demuestra que el actor, desde que ingresó en la empresa demandada, siempre realizó las mismas labores, las cuales fueron realizadas en forma subordinada, ya que con el Memorándum Nº 199 A2004-EPS SEDALORETO S.A-GC., de fecha 30 de junio de 2004, obrante a fojas 14, se acredita que el recurrente se encontraba subordinado a las ordenes de un jefe inmediato, él cual le asignaba las labores que iba a desempeñar.

6. En tal sentido, un contrato civil suscrito sobre la base de estos supuestos debe ser considerado como un contrato de trabajo de duración indeterminada, y cualquier decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral, solo podría sustentarse en una causa justa establecida por la ley y debidamente comprobada, de lo contrario se configuraría un despido arbitrario, como ha sucedido en el caso de autos.

7. Finalmente, este Colegiado, considera que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la antes descrita, configura un despido arbitrario; por lo que, teniendo en cuenta la finalidad restitutoria del proceso de amparo constitucional, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.

2. Ordenar que la emplazada cumpla con reponer a don Gerardo Enrique Mondragón Silva en el cargo que venía desempeñando o en otro similar.

Publíquese y notifíquese.

5. Con el Acta de Inspección Especial, de fecha 17 de agosto de 2004, obrante de fojas 4 a 5, se acredita que el demandante fue contratado para realizar labores de encargado en la Gestión de Cobranza de Cartera Pesada, desde el 5 de mayo de 2003 hasta el

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SS. GONZALES OJEDA GARCIA TOMA VERGARA GOTELLI

JUNIO 2006

Jurisprudencia

Actualidad Laboral CONTRATACION SUJETA A MODALIDAD: LIMITE TEMPORAL: "El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad Competitividad Laboral, en su artículo 74º, dispone que en los casos que corresponda, podrán celebrarse en forma sucesiva, con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, siempre que en conjunto, no superen la duración máxima de 5 años. Del mismo, modo en su articulo 77º precisa que cuando estos se desnaturalizan pasan a ser considerados como de naturaleza indeterminada, señalando, entre otras causales, cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o de las prórrogas pactadas, si estas exceden el límite máximo permitido."

EXP. Nº 5318-2005-PA/TC TACNA MAGDALENA BEATRIZ JOYO DE LA CRUZ (El Peruano: 16-06-2006)

que ha adquirido la protección contenida en el artículo 1º de la Ley Nº 24041.

La emplazada, propone excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada, y contesta la demanda, señalando que la demanda ha sido interpuesta contra ex servidores de la emplazada en su calidad de Director Ejecutivo, y en cuanto a la pretensión a la demandante no se le ha vulnerado derecho constitucional alguno toda vez que al termino de su contrato se decidió no renovarle y que la demandante ha estado en todo momento contratada bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº 728.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Tacna mediante sentencia de fecha 19 de noviembre de 2004 declaró infundada la excepción propuesta e infundada la demanda, por considerar que de autos se aprecia que la demandante fue contratada para un proyecto especifico y bajo la modalidad laboral privada lo que no le alcanza lo prescrito en la Ley Nº 24041, asimismo no hay desnaturalización del contrato toda vez que la demandante ha laborado por solo 1 año con 9 meses.

La recurrida, por los mismos fundamentos de la apelada declaró improcedente la demanda.

FUNDAMENTOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Magdalena Beatriz Joyo De La Cruz contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 169, su fecha 13 de mayo de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 17 de mayo de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra el Proyecto Especial de Tacna y solicita que se le reponga en el cargo de asistente técnico de la unidad de personal de la Oficina de Administración del Proyecto Especial Tacna que ejercía al momento de su cese o en otro de igual nivel o categoría. Sostiene que laboro para la emplazada desde el 01 de mayo de 2002 al 29 de febrero de 2004 desarrollando labores de naturaleza permanente por mas de un año, por lo que considera

JUNIO 2006

1.- El recurrente solicita en su demanda la aplicación de la Ley Nº 24041, por considerar que ha laborado por más de un año en labores de naturaleza permanente para la demandada; sin embargo, de los contratos de trabajo que obran en autos de fojas 7 a 10, se acredita que la demandante laboró en calidad de contratada bajo el régimen laboral de la actividad privada - Decreto Legislativo Nº 728 - por lo que, en el presente caso, no es aplicable las disposiciones contenidas en la Ley Nº 24041.

2.- Asimismo, la recurrente señala que ha existido desnaturalización de su contrato laboral y que por el principio de la primacía de la realidad le alcanza lo dispuesto en el artículo 77º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728.

3.- Es materia de análisis, la ruptura de la relación laboral fundamentada en una supuesta utilización fraudulenta de la contratación sujeto a modalidad, y -sí así fuera el caso- atentatorio a la protección adecuada del trabajador a que se refiere el artículo 27º de la Constitución; y siendo el proceso de amparo la vía idónea que tiene por objeto la protección contra el despido arbitrario, sea en su opción reparadora (reposición) o en su opción resarcitoria (indemnización) a elección del trabajador se procede a evaluar el fondo de la controversia.

4.- El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad

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Jurisprudencia

Actualidad Laboral

Competitividad Laboral, en su artículo 74º, dispone que en los casos que corresponda, podrán celebrarse en forma sucesiva, con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, siempre que en conjunto, no superen la duración máxima de 5 años. Del mismo, modo en su articulo 77º precisa que cuando estos se desnaturalizan pasan a ser considerados como de naturaleza indeterminada, señalando, entre otras causales, cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o de las prórrogas pactadas, si estas exceden el límite máximo permitido.

5.- En el presente caso, tanto de los documentos obrantes en autos como de lo manifestado por la propia demandante en su escrito de demanda, se advierte que el actor no ha superado el plazo de 5 años de trabajo ininterrumpido para la emplazada; por lo que no resulta aplicable el artículo 74º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que hubiera dado lugar a que se le considere como contratado a duración indeterminada.

causales, cuando el trabajador continua laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o de las prórrogas pactadas, si estas exceden el limite máximo permitido."

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú,

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonel Fredy Medina Maraboli contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 235, su fecha 20 de julio de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

HA RESUELTO

EXP. Nº 7147-2005-PA/TC AREQUIPA LEONEL FREDY MEDINA MARABOLI (El Peruano: 16-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 5 días del mes de abril de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda, y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

ANTECEDENTES Publíquese y notifíquese.

SS ALVA ORLANDINI GONZALES OJEDA LANDA ARROYO

DESNATURALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD: "El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad Competitividad Laboral, en su artículo 74º, dispone que en los casos que corresponda, podrán celebrarse en forma sucesiva, con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, siempre que en conjunto, no superen la duración máxima de 5 años. Del mismo, modo en su artículo 77º precisa que cuando estos se desnaturalizan pasan a ser considerados como de naturaleza indeterminada, señalando, entre otras

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Con fecha 2 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Empresa Sedapar S.A. alegando la amenaza de violación a su derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, al trabajo y a la libertad sindical. Sostiene que viene laborando mediante la contratación por servicios específicos, pese a que su trabajo tiene el carácter de permanente e indispensable para la actividad de la demandada; por lo que considera que ha operado la desnaturalización de los contratos.

El Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa mediante resolución Nº 1 declaró improcedente la demanda, por considerar que no se evidencia la amenaza cierta e inminente de despido en el caso de autos.

La recurrida, confirmó la apelada, por el mismo argumento; agrega, además que el demandante no acredita ser dirigente sindical, ni haber laborado durante cinco años para acreditar la desnaturalización de los contratos.

FUNDAMENTOS

JUNIO 2006

Jurisprudencia

Actualidad Laboral 1.- El recurrente solicita en su demanda el cese de la supuesta amenaza de despido no obstante ello, del material probatorio obrante en autos se aprecia que en el transcurso del proceso el demandante dejó de trabajar para la emplazada, consecuentemente corresponde analizar el asunto controvertido a partir de este nuevo hecho.

2.- Es materia de análisis, la ruptura de la relación laboral fundamentada en la utilización fraudulenta de la contratación sujeto a modalidad, y -sí así fuera el caso- atentatorio a la protección adecuada del trabajador a que se refiere el artículo 27º de la Constitución; y siendo el proceso de amparo la vía idónea que tiene por objeto la protección contra el despido arbitrario, sea en su opción reparadora (reposición) o en su opción resarcitoria (indemnización) a elección del trabajador se procede a evaluar el fondo de la controversia.

3.- El Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad Competitividad Laboral, en su artículo 74º, dispone que en los casos que corresponda, podrán celebrarse en forma sucesiva, con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, siempre que en conjunto, no superen la duración máxima de 5 años. Del mismo, modo en su artículo 77º precisa que cuando estos se desnaturalizan pasan a ser considerados como de naturaleza indeterminada, señalando, entre otras causales, cuando el trabajador continua laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o de las prórrogas pactadas, si estas exceden el limite máximo permitido.

4.- En el presente caso, tanto de los documentos obrantes en autos como de lo manifestado por el propio demandante en su escrito de demanda, se advierte que el actor no ha superado el plazo de 5 años de trabajo ininterrumpido para la emplazada; por lo que no resulta aplicable el artículo 74º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que hubiera dado lugar a que se le considere como contratado a duración indeterminada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú, HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS. ALVA ORLANDINI; GONZALES OJEDA; LANDA ARROYO

JUNIO 2006

DESPEDIDA DEL EMPLEO: LEGITIMIDAD: "De esta forma, un despido será justificado o injustificado en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con expresión de causa o sin ella, es decir, cuando se indican (o no) los hechos que motivan y justifican la extinción de la relación laboral. Entonces, el despido será legítimo sólo cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada en el procedimiento de despido, en el cual se deben respetar las garantías mínimas que brinda el derecho fundamental al debido proceso."

Expediente N° 04229-2005-PA/TC LIMA GUILLERMO MARTIN CHANG SANTA CRUZ (El Peruano: 16-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Alva Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Martín Chang Santa Cruz contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 200, su fecha 13 de enero de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 8 de mayo 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Gerencia Departamental del Seguro Social de Salud (EsSalud) de lca y el Seguro Social de Salud (EsSalud), solicitando que se declare inaplicable la Carta 0594GDIC-ESSALUD-2003, de fecha 28 de febrero de 2003, mediante la cual se le comunica que su vínculo laboral queda resuelto; y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, y de las costas y los costos procesales. Sostiene que ha sido objeto de un despido arbitrario, ya que la emplazada no le ha manifestado la causa relacionada con su conducta o capacidad

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Jurisprudencia laboral que justifica su despido, vulnerándose así sus derechos al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario, al debido proceso y de defensa.

EsSalud contesta que no procede la reposición del demandante sino el pago de una indemnización por despido arbitrario conforme lo señala el artículo 34º del Decreto Supremo 003-97-TR. La Gerencia Departamental de EsSalud de lca opone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda afirmando que no se han vulnerado los derechos constitucionales reclamados por el demandante, habida cuenta de que su despido se ha producido tras haberse comprobado la existencia de una falta grave.

El Quincuagésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 15 de marzo de 2004, declara infundada la alegada excepción e improcedente la demanda, considerando que, tratándose de una situación litigiosa, esta debe ventilarse en un proceso ordinario, debido a que el proceso de amparo carece de estación probatoria. La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.

Actualidad Laboral y debidamente comprobada, que justifique tal decisión.

4. Por su parte, la Gerencia emplazada arguye que la decisión de despedir al demandante se fundamenta en la existencia de una causa justa, ya que su despido se ha producido después de haberse comprobado la existencia de una falta grave.

5. Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por las partes, debemos señalar que nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse en determinar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario, es decir, si se ha producido el respeto o la afectación de sus derechos fundamentales como trabajador.

6. Sobre el particular, debemos recordar que el pleno de este Tribunal, en la STC 0976-2001-AA/TC, dejó sentada nuestra doctrina sobre el despido arbitrario en sus diferentes modalidades, entre las que destaca el despido incausado, el que se produce cuando "se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique" (cf.

Fundamento 15, b).

FUNDAMENTOS 1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 al 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente caso, procede evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario.

2. La demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Carta 0594-GDIC-ESSALUD-2003, de fecha 28 de febrero de 2003, mediante la cual la Gerencia Departamental de EsSalud de lca le comunicó al demandante que "de acuerdo a la cláusula décima de su contrato personal 057-ESSALUD-2002, a partir de la fecha, se da por resuelto su vínculo laboral con ESSALUD"; y que, en consecuencia, se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando y el pago de sus remuneraciones dejadas de percibir, y de las costas y los costos procesales.

3. El demandante aduce que ha sido objeto de un despido arbitrario, ya que la Gerencia emplazada lo ha despedido sin que exista una causa relacionada con su conducta o capacidad laboral, contemplada en la ley,

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7. De esta forma, un despido será justificado o injustificado en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con expresión de causa o sin ella, es decir, cuando se indican (o no) los hechos que motivan y justifican la extinción de la relación laboral. Entonces, el despido será legítimo sólo cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada en el procedimiento de despido, en el cual se deben respetar las garantías mínimas que brinda el derecho fundamental al debido proceso.

8. De la carta cuestionada obrante a fojas 7, no se aprecia que la Gerencia emplazada le haya indicado al demandante cuáles fueron los hechos que motivan y justifican su decisión de extinguir la relación laboral que mantenían. Por lo tanto, queda desvirtuado el argumento de la Gerencia emplazada, de acuerdo con el cual el demandante fue despedido por haber cometido una falta grave; en todo caso, sí la emplazada considera que el demandante cometió una falta grave, debió cumplir las formalidades procedimentales para su despido, previstas en los artículos 31° y 32º del Decreto Supremo 003-97-TR. 9. En consecuencia, este Tribunal estima que la extinción unilateral de la relación laboral, fundada

JUNIO 2006

Jurisprudencia

Actualidad Laboral única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de nulidad y, por consiguiente, el despido del demandante carece de efecto legal, por lo que, en mérito de la finalidad restitutoria propia del proceso de amparo, procede la reincorporación del demandante en el cargo que venía desempeñando en su centro de trabajo.

10. En cuanto al extremo referente al pago de remuneraciones dejadas de percibir, debe señalarse que, al tener tal pretensión naturaleza indemnizatoria y no restitutiva, esta no es la vía idónea para solicitarlas, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho del actor de acudir a la vía correspondiente.

11. En la medida en que, en este caso, se ha acreditado que la emplazada Gerencia Departamental de EsSalud de lca vulneró el derecho constitucional al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56° del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que asuma el pago de los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

DESPIDO INCAUSADO: TERMINACION DE UN CONTRATO QUE IMPLICABA UTILIZACION INDEBIDA DE UNA MODALIDAD DE CONTRATACION: "Finalmente, este Colegiado estima que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización indebida de una modalidad de contratación como la antes descrita, configura un despido incausado.

Siendo así y dada la finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales."

Expediente Nº 04699-2005-PA/TC LORETO REGNER MUÑOZ PEREZ (El Peruano: 16-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA, en parte la demanda; en consecuencia, nula la Carta 0594-GDIC-ESSALUD2003, de fecha 28 de febrero de 2003.

2. IMPROCEDENTE la demanda en el extremo relativo al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, dejándose a salvo el derecho del demandante de acudir a la vía correspondiente.

3. Ordena que la Gerencia Departamental del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Ica cumpla con reponer a don Guillermo Martín Chang Santa Cruz como trabajador en el cargo que venía desempeñando, o en otro de similar categoría o nivel, y que le abone los costos procesales en la etapa de ejecución de la sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS. GARCIA TOMA ALVA ORLANDINI LANDA ARROYO

JUNIO 2006

En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2006, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Regner Muñoz Pérez contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 129, su fecha 3 de mayo de 2005, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 8 de noviembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A (EPS SEDALORETO S.A.), solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario del que ha sido objeto y que, en consecuencia, se ordene su reincorporación a su centro de trabajo. Manifiesta que con fecha 2 de setiembre de 1999 ingresó en la entidad demandada como apoyo en la Supervisión de Cortes y Rehabilitación de Servicio de Agua, y que el 31 de agosto de 2004 fue despedido. Aduce que habiendo realizado labores de manera permanente y subordinada, sus contratos civiles se han desnaturalizado y, por ende, en aplicación del principio

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Jurisprudencia de primacía de la realidad, su relación laboral se ha convertido en indeterminada, no pudiendo ser despedido sino por causa justa.

La emplazada contesta la demanda manifestando que el demandante ingresó mediante contratos de locación de servicios y que no laboró en condiciones de subordinación. Precisa también que el puesto que ocupaba el actor no se encuentra previsto en el Cuadro Orgánico de Puestos (COP).

El Primer Juzgado Civil de Maynas, con fecha 7 de febrero de 2005, declara fundada la demanda considerando que la constancia y los memorandos obrantes en autos acreditan que el actor realizó labores permanentes, subordinadas e ininterrumpidas desde el 2 de setiembre de 1999 hasta el 31 de agosto de 2004 y que existiendo, por tanto, una relación laboral de duración indeterminada entre las partes, el demandante no podría ser despedido sino por causa justa.

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda arguyendo que el recurrente fue contratado para realizar labores de carácter eventual en diversas obras y que en vista de ello no está comprendido en los beneficios de la Ley N° 24041, según lo dispuesto en el numeral 1 de su artículo 2.

FUNDAMENTOS 1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC 0206-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, corresponde efectuar la verificación del despido arbitrario.

2. El demandante sostiene que los contratos civiles suscritos con el demandante encubrían, en realidad, una relación de naturaleza laboral y que según el principio de primacía de la realidad ésta se ha vuelto de duración indeterminada, razón por la cual no podía ser despedido sino por causa justa.

3. La controversia por tanto se centra en dilucidar si los contratos civiles suscritos por el actor con la emplazada han sido desnaturalizados a fin de que en aplicación del principio de primacía de la realidad puedan ser considerados contratos de trabajo de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si el demandante sólo podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.

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Actualidad Laboral 4. Con relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado que "(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos". (cf. fundamento 3 de la STC 1944-2002-AA/ TC).

5. Con la constancia, respectiva y el contrato de locación de servicios y sus adendas, obrantes de fojas 5 a 12 de autos, se acredita que el demandante fue contratado para realizar labores de apoyo en trabajos de gasfitería y redes de distribución de agua potable, desde el 2 de setiembre de 1999 hasta el 31 de agosto de 2004; por lo tanto, con los referidos medios probatorios se demuestra que el actor, desde que ingresó en la empresa demandada, siempre realizó las mismas labores, en forma subordinada, ya que la emplazada, mediante el Memorándum 05-99-EPS LORETO SA-GO-CORTES, de fecha 29 de setiembre de 1999, que no ha sido acatado, le llamó severamente la atención por no haber participado en el Programa de Fugas. Asimismo, debe tenerse presente que la propia emplazada, mediante Memorándum 006-2004-EPS LORETO SA-GOMTTO-C/R, de fecha 27 de enero de 2004, reconoce que el demandante presta servicios en forma subordinada y le agradece por "continuar laborando con la responsabilidad y ahínco acostumbrado para el fortalecimiento de vuestra empresa".

6. En tal sentido, un contrato civil suscrito sobre la base de estos supuestos se debe considerar un contrato de trabajo de duración indeterminada, y cualquier decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral sólo podría sustentarse en una causa justa, establecida por la ley y debidamente comprobada; de lo contrario, se configuraría un despido arbitrario.

7. Finalmente, este Colegiado estima que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización indebida de una modalidad de contratación como la antes descrita, configura un despido incausado.

Siendo así y dada la finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

JUNIO 2006

Jurisprudencia

Actualidad Laboral HA RESUELTO

que declara improcedente la demanda de amparo de autos.

1. Declarar FUNDADA la demanda.

ANTECEDENTES 2. Ordena que la emplazada reponga a don Regner Muñoz Pérez en el cargo que venía desempeñando o en otro similar.

Publíquese y notifíquese.

SS. ALVA ORLANDINI VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO

DESPIDO: COBRO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO: "Tal hecho no recorta de modo alguno la protección procesal constitucional frente al despido, y menos aún "constitucionaliza" éste, sino que, ante la opción resarcitoria escogida previamente por la accionante, resulta evidente que el juez constitucional se encuentra privado de pronunciarse por la argumentada lesividad, puesto que la demandante determinó, con su voluntario accionar, que la opción ejercido en cuanto al cobro de la indemnización por despido satisfizo la protección contra el despido consagrada constitucionalmente."

EXP. Nº 2010-2005-PA/TC AREQUIPA ANGEL APAZA GUEVARA (El Peruano: 20-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 10 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Angel Apaza Guevara contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 193, su fecha 24 de enero de 2005,

JUNIO 2006

Con fecha 29 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (EPS SEDAPAR S.A.), solicitando que se lo reponga en el puesto de trabajo que venía desempeñando, y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, así como las costas y costos. Alega que con su despido se han violado sus derechos al trabajo y a la adecuada protección contra el despido arbitrario. Aduce que celebró con la emplazada sucesivos contratos de servicios específicos, a plazo fijo, el último de los cuales estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2004, fecha en que la demandada dio por concluida la relación laboral. Agrega que los mencionados contratos han sido desnaturalizados, adoleciendo de simulación y fraude a la ley, y tornando la relación laboral en una de plazo indeterminado, debido a que fue contratado para ocupar el cargo de Vigilante, el cual forma parte del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad demandada.

La emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la demanda señalando que el accionante fue contratado a plazo fijo y que la extinción de su vínculo laboral se produjo por vencimiento del plazo de su contrato, por lo que no se ha producido la violación de derecho constitucional alguno.

El Décimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 18 de junio de 2004, declara fundada, en parte, la demanda, por considerar que las labores desempeñadas por el actor como vigilante fueron de naturaleza permanente, por lo que hubo desnaturalización de la relación laboral por parte de la demandada, lo que supone que sus contratos debieron considerarse como de duración indeterminada, por lo que no podía ser despedido sino por causa justa; e improcedente el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la excepción propuesta e improcedente la demanda, por estimar que el actor dio por culminada su relación laboral por haber cobrado sus beneficios sociales.

FUNDAMENTOS 1. La decisión unilateral de resolver el contrato de

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Jurisprudencia trabajo sin invocar una causa justificante para la extinción del vínculo laboral, conforme lo señala Blancas Bustamante ["La Protección contra el despido lesivo de derechos fundamentales en la jurisdicción constitucional, Revista Derecho y Sociedad, Nº 21, Pág.154], "(...) vulnera directamente el derecho al trabajo, cuyo contenido esencial se traduce en el principio de causalidad del despido, y deviene en un despido lesivo de derechos fundamentales (...)". Bajo dicha premisa, resulta incuestionable que la sola manifestación de voluntad del empleador, tácita o expresa, privada de causalidad y tendiente a extinguir el contrato de trabajo, no puede generar tal efecto legal, pues produce una lesión de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 22º y 27º de la Constitución.

2. No obstante, debe precisarse que, en el caso de autos, la lesión de los derechos constitucionales invocada por el demandante, se difumina y hace innecesaria su evaluación en cuanto al probable hecho lesionador, debido a que el demandante efectuó el cobro de los beneficios sociales, conforme se demuestra a fojas 123 a 124 y de 198 a 239, pues ello, como se ha señalado en la sentencia recaída en el Exp. Nº 532-2001-AA/TC, importa que la demandante optó voluntariamente por la protección frente al despido.

3. Tal hecho no recorta de modo alguno la protección procesal constitucional frente al despido, y menos aún "constitucionaliza" éste, sino que, ante la opción resarcitoria escogida previamente por la accionante, resulta evidente que el juez constitucional se encuentra privado de pronunciarse por la argumentada lesividad, puesto que la demandante determinó, con su voluntario accionar, que la opción ejercido en cuanto al cobro de la indemnización por despido satisfizo la protección contra el despido consagrada constitucionalmente.

4. Consecuentemente, no se ha producido vulneración constitucional en la extinción del vínculo laboral de la demandante, por lo que la demanda debe desestimarse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS. GONZALES OJEDA; GARCIA TOMA; VERGARA GOTELLI

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Actualidad Laboral DOCENTES UNIVERSITARIOS: CESE POR EDAD: NO SON DE APLICACION LAS REGLAS DE CESE POR LIMITE DE EDAD SEÑALADAS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 276: "Es necesario precisar que, si bien la Ley Universitaria no regula el cese por límite de edad, ello no significa que las universidades estén impedidas de separar a sus profesores cuando las capacidades para el desempeño de sus funciones se vean seriamente mermadas, ya que en el inciso c) y párrafos finales del artículo 51º de la Ley Universitaria se señala que son deberes de los profesores universitarios perfeccionar permanentemente sus conocimientos y capacidades docentes y realizar labores intelectuales creativas, y que para ello el Estatuto de cada universidad deberá establecer un sistema de estricta evaluación de los profesores, lo que incluye la calificación de su producción intelectual universitaria o extrauniversitaria, pudiendo aplicarse las sanciones de amonestación, suspensión y separación, previo proceso. Es decir, el deber de perfeccionar permanentemente los conocimientos y capacidades se incumple no sólo cuando no se actualizan los conocimientos o no se realizan proyectos o investigaciones académicas que manifiesten la creatividad, sino también cuando el docente presenta disminuciones, graves y reiteradas equivocaciones e incumplimientos en sus actividades y responsabilidades, criterios objetivos por los cuales pueden ser separados."

EXP. Nº 1161-2005-PA/TC CUSCO PEDRO QUINTIN CHALCO VIZCARRA (El Peruano: 20-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Yunguyo, a los 30 días del mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Quintín Chalco Vizcarra contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, de fojas 480, su fecha 25 de noviembre de

JUNIO 2006

Actualidad Laboral 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 16 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución Nº 121-2003-UNSAAC de fecha 11 de julio de 2003, en virtud de la cual se aprobó el Reglamento de cese definitivo por límite de 70 años de edad de los docentes de la UNSAAC. En consecuencia, solicita que cesen las amenazas contra sus derechos al trabajo y a la educación. Asimismo, señala que se le impide ejercer libremente sus labores, pues se ha creado un ambiente de enfrentamiento con los alumnos y se ha designado a otra persona en el cargo de Coordinador de la Maestría de Derecho que antes ejercía.

A fojas 297 obra la resolución judicial de fecha 24 de mayo de 2004, en virtud de la cual se declara que la contestación de la demanda se presentó fuera de plazo.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Cusco, con fecha 5 de octubre de 2004, declaró infundada la demanda, por considerar que no se ha acreditado amenaza cierta e inminente contra los derechos constitucionales alegados en la demanda.

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la cuestión controvertida planteada no puede ventilarse en la vía del amparo.

FUNDAMENTOS 1. El demandante pretende que cesen los actos de hostigamiento en sus labores y la amenaza de separarlo definitivamente de su centro de labores, así como que se deje sin efecto la Resolución Nº 1212003-UNSAAC, en virtud de la cual se aprueba el Reglamento de cese definitivo por límite de 70 años de edad de los docentes de la UNSAAC por considerar que constituye una amenaza de su derecho al trabajo.

2. Si bien es cierto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35º, inciso a), del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, concordante con el inciso a) del artículo 186º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, una causa justificada para cesar definitivamente a un servidor público es que haya cumplido 70 años de edad; sin embargo, debe tenerse presente que dicha

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Jurisprudencia disposición no es aplicable a los docentes universitarios, como es el caso del demandante, ya que, de acuerdo con el inciso g) del artículo 52º de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, sólo son aplicables a los docentes universitarios los derechos y beneficios de los servidores públicos sujetos al Decreto Legislativo Nº 276, motivo por el cual no corresponde que, unilateralmente, la demandada regule el cese de docentes por el solo hecho de alcanzar la edad de 70 años; más aún si se tiene que, de conformidad con el artículo 70º de la Ley Universitaria, el régimen de los servidores públicos del Decreto Legislativo Nº 276 únicamente es aplicable al personal administrativo de las universidades públicas.

3. Este Colegiado en uniforme jurisprudencia ha señalado que, teniendo en consideración que la docencia universitaria es una función de características especiales como la investigación, la capacitación permanente, la transmisión de conocimientos y la alta dirección, la Ley Universitaria ha establecido un régimen laboral y remunerativo peculiar para sus profesores, en el que no se contempla el cese por límite de edad en la función docente; en consecuencia, no es aplicable al demandante el Reglamento de cese definitivo por límite de 70 años de edad aprobado por Resolución Nº 121-2003-UNSAAC, obrante de foja 18.

4. Es necesario precisar que, si bien la Ley Universitaria no regula el cese por límite de edad, ello no significa que las universidades estén impedidas de separar a sus profesores cuando las capacidades para el desempeño de sus funciones se vean seriamente mermadas, ya que en el inciso c) y párrafos finales del artículo 51º de la Ley Universitaria se señala que son deberes de los profesores universitarios perfeccionar permanentemente sus conocimientos y capacidades docentes y realizar labores intelectuales creativas, y que para ello el Estatuto de cada universidad deberá establecer un sistema de estricta evaluación de los profesores, lo que incluye la calificación de su producción intelectual universitaria o extrauniversitaria, pudiendo aplicarse las sanciones de amonestación, suspensión y separación, previo proceso. Es decir, el deber de perfeccionar permanentemente los conocimientos y capacidades se incumple no sólo cuando no se actualizan los conocimientos o no se realizan proyectos o investigaciones académicas que manifiesten la creatividad, sino también cuando el docente presenta disminuciones, graves y reiteradas equivocaciones e incumplimientos en sus actividades y responsabilidades, criterios objetivos por los cuales pueden ser separados.

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Jurisprudencia Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda respecto al cuestionamiento de la Resolución Nº 121-2003UNSACC, la cual resulta inaplicable al demandante.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en los demás extremos del petitorio.

Publíquese y notifíquese.

SS. BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA LANDA ARROYO

ENFERMEDAD PROFESIONAL: VALOR PROBATORIO DE LOS CERTIFICADOS MEDICOS OTORGADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - SALUD OCUPACIONAL, DEL MINISTERIO DE SALUD: "De acuerdo con los artículos 191º y siguientes del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, el examen médicoocupacional que practica la Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud, constituye prueba suficiente y acredita la enfermedad profesional que padece el recurrente, conforme a la Resolución Suprema Nº 014-93-TR, publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT para la Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis, requiriendo el demandante atención prioritaria e inmediata, por lo que no es exigible la certificación emitida por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud."

EXP. Nº 0682-2005-PA/TC JUNIN CECINIO FERNANDO HILARIO CASTILLO (El Peruano: 20-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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Actualidad Laboral En Lima, a los 7 días del mes de diciembre de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cecinio Fernando Hilario Castillo contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 118, su fecha 23 de noviembre de 2004, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 13 de abril de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley Nº 18846 y su Reglamento, y que se disponga el pago de los devengados desde la fecha de su cese. Refiere haber laborado en la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (Centromín Perú), desde el 19 de octubre de 1964 hasta el 25 de mayo de 1991, expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, razón por la cual en la actualidad padece de neumoconiosis, con incapacidad de 65% para el trabajo.

La emplazada formula tacha contra la evaluación médica emitida por el Ministerio de Salud, propone la excepción de prescripción extintiva, y contesta la demanda alegando que el recurrente no ha cumplido con presentar el informe de la Comisión Evaluadora de EsSalud, en el que conste que padece la enfermedad profesional alegada.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 31 de mayo de 2004, declaró infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, por estimar que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el examen médico ocupacional emitido por la entidad de salud pública del Ministerio de Salud tiene validez para acreditar la enfermedad profesional alegada por el demandante.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda argumentando que en el certificado médico presentado por el recurrente no consta el porcentaje de incapacidad, requisito indispensable para fijar el monto de la renta que le correspondería.

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Actualidad Laboral FUNDAMENTOS 1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión y, adicionalmente, que la titularidad del derecho subjetivo concreto invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio sobre el fondo de la controversia.

2. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional, conforme al Decreto Ley Nº 18846 y su Reglamento, tomando en cuenta que padece de neumoconiosis, con incapacidad de 65% para el trabajo. En consecuencia, la pretensión del recurrente ingresa dentro del supuesto previsto en el Fundamento 37.b) de la STC Nº 1417-2005-PA, motivo por el cual este Colegiado procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida.

Análisis del agravio constitucional alegado 3. Este Colegiado, en la STC 1008-2004-AA/TC aplicable al caso de autos-, ha precisado los criterios para otorgar la renta vitalicia por enfermedad profesional, determinando el grado de incapacidad generado por la enfermedad según su estadio de evolución, así como la procedencia del reajuste del monto de la renta percibida conforme se acentúa la enfermedad y se incrementa la incapacidad laboral.

4. Al respecto, cabe precisar que el Decreto Ley Nº 18846 fue derogado por la Ley Nº 26790, publicada el 17 de mayo de 1997, que estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley Nº 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. 5. Mediante el Decreto Supremo Nº 003-98-SA se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, cuyo artículo 3º entiende como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

6. Del certificado de trabajo, obrante a fojas 6 de

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Jurisprudencia autos, se aprecia que el recurrente trabajó en el cargo de Motorista, en la Unidad de Yauricocha, de Centromín Perú. Asimismo, en el certificado expedido por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud - Censopas, del Ministerio de Salud, de fecha 12 de agosto de 2003, cuya copia obra a fojas 7, consta que el demandante adolece de neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución.

7. De acuerdo con los artículos 191º y siguientes del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, el examen médicoocupacional que practica la Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud, constituye prueba suficiente y acredita la enfermedad profesional que padece el recurrente, conforme a la Resolución Suprema Nº 014-93-TR, publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT para la Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis, requiriendo el demandante atención prioritaria e inmediata, por lo que no es exigible la certificación emitida por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud.

8. En el referido examen médico no se consigna el grado de incapacidad física laboral del demandante; sin embargo, en aplicación de las normas citadas en el fundamento precedente, este Colegiado interpreta que en defecto de un pronunciamiento médico expreso, la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución produce, por lo menos, Invalidez Parcial Permanente, con un grado de incapacidad no menor a 50%, y que a partir del segundo estadio de evolución la incapacidad se incrementa a más del 66.6%, generando una Invalidez Total Permanente; ambas situaciones de invalidez definidas de esta manera por los artículos 18.2.1º y 18.2.2º del Decreto Supremo Nº 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Riesgo.

9. Al respecto, cabe precisar que el artículo 18.2.1º del Decreto Supremo Nº 003-98-SA define la invalidez parcial permanente como la disminución de la capacidad para el trabajo en una proporción igual o superior al 50% pero menor a los 2/3 (66.66%), razón por la cual corresponde una pensión de invalidez vitalicia mensual equivalente al 50% de la Remuneración Mensual. En cambio, el artículo 18.2.2º señala que sufre de invalidez total permanente quien queda disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 66.66%, en cuyo caso la pensión de invalidez vitalicia mensual será igual al 70% de la Remuneración

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Actualidad Laboral

Jurisprudencia Mensual del asegurado, equivalente al promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al siniestro, entendiéndose como tal al accidente o enfermedad profesional sufridos por el asegurado.

10. Por tanto, advirtiéndose de autos que el demandante estuvo protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Decreto Ley Nº 18846, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria y percibir una pensión de invalidez permanente parcial equivalente al 50% de su remuneración mensual, en atención a la incapacidad orgánica funcional que padece a consecuencia de la neumoconiosis (silicosis) en primer estadio de evolución.

11. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho, este Tribunal estima que al haberse calificado como prueba sucedánea idónea el examen médico presentado por el recurrente, en defecto del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de Incapacidades, la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que acredita la existencia de la enfermedad profesional, dado que el beneficio deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión vitalicia -antes renta vitalicia- en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 003-98-SA. 12. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, la demanda debe ser estimada.

IURA NOVIT CURIA: APLICACION DEL DERECHO QUE CORRESPONDE AUNQUE NO HAYA SIDO INVOCADO ADECUADAMENTE: "1.- Antes de ingresar a analizar el fondo de la controversia constitucional, hay una cuestión previa en la que es necesario detenerse a fin de enfocar correctamente la pretensión, pues de los hechos expuestos en la demanda se infiere que ésta ha sido planteada de manera deficiente en cuanto a la fundamentación jurídica; sin embargo, en aplicación del principio del iura novit curia constitucional, contemplado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el Tribunal tiene el poder-deber de aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente."

DESNATURALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD POR CONTINUAR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DESPUES DE SU VENCIMIENTO: "5. En consecuencia, habiéndose acreditado que el demandante siguió laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de trabajo sujeto a modalidad, éste se considera como de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso a), del artículo 77º, del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, razón por la que, habiéndosele despedido de manera verbal, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo."

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. Ordenar que la entidad demandada otorgue al demandante la pensión que le corresponde por concepto de enfermedad profesional, con arreglo a la Ley Nº 26790 y sus normas complementarias y conexas, desde el 12 de agosto de 2003, incluyendo los devengados generados desde esa fecha, conforme a los fundamentos de la presente sentencia, así como los costos del proceso.

EXP. Nº 2094-2005-PA/TC PUNO ROMULO YDME MAMANI (El Peruano: 20-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 10 días del mes de mayo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO

Publíquese y notifíquese.

SS. GONZALES OJEDA; VERGARA GOTELLI; LANDA ARROYO

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Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rómulo Ydme Mamani contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de

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Actualidad Laboral fojas 184, su fecha 23 de febrero de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 30 de junio de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Gerente Departamental y el Jefe de la Agencia Zonal del Programa Nacional del Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), solicitando que se lo reponga en su centro de trabajo y que se le abonen las remuneraciones, asignaciones, bonificaciones y gratificaciones dejadas de percibir, así como la aplicación del artículo 11º de la Ley Nº 23506.

Manifiesta que ingresó a laborar en el mencionado Programa Nacional el 1 de mayo de 2002, y que en marzo de 2004 se le comunicó la extinción de su contrato de trabajo, por haberse vencido el plazo de su contratación. Sin embargo, ha continuado laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su contrato, por lo que se ha desnaturalizado su contrato de trabajo, siéndole aplicable la Ley Nº 24041.

El Gerente Departamental Puno del Programa Nacional del Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos contesta la demanda expresando que las prórrogas pactadas de los contratos para obra determinada del demandante, no superan el límite máximo permitido para su contratación por lo que no le es aplicable el artículo 77º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura contesta la demanda manifestando que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno, por cuanto el demandante no fue despedido, sino que su relación laboral se extinguió por haberse vencido el plazo de su contrato, conforme lo señala la cláusula quinta de su último contrato de trabajo.

El Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 7 de diciembre de 2004, declara improcedente la demanda, considerando que la dilucidación de la controversia requiere de la actuación de pruebas, por lo que el proceso de amparo no resulta ser la vía idónea.

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS 1. Antes de ingresar a analizar el fondo de la

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Jurisprudencia controversia constitucional, hay una cuestión previa en la que es necesario detenerse a fin de enfocar correctamente la pretensión, pues de los hechos expuestos en la demanda se infiere que ésta ha sido planteada de manera deficiente en cuanto a la fundamentación jurídica; sin embargo, en aplicación del principio del iura novit curia constitucional, contemplado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el Tribunal tiene el poder-deber de aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.

2. De este modo el Tribunal, como director del proceso, identifica la norma legal aplicable antes de emitir sentencia, lo que no implica, en ningún caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos de la demanda; es decir que ello no puede suponer que funda su decisión en hechos distintos de los que han sido alegados por las partes, ya que el contradictorio constitucional ha girado en torno a ellos.

3. En tal sentido, la cuestión se centra en dilucidar si los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos por el actor con la emplazada han sido desnaturalizados, para efectos de ser considerados como de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer si el demandante sólo podía ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o capacidad de trabajo.

4. Con los contratos de trabajo sujetos a modalidad que obran de fojas 2 a 40, se acredita que el demandante fue contratado para que desempeñe el cargo de Técnico Agropecuario II, desde el 1 de mayo de 2002 hasta el 31 de marzo de 2004; por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración del último contrato de trabajo sujeto a modalidad, se debió extinguir su relación laboral; sin embargo, el demandante continuó laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato, tal como se acredita con la Hoja Informativa de Diligencia Previa, de fecha 12 de abril de 2004, y con el Acta de Constatación, de fecha 21 de mayo de 2004, emitidas por el Inspector de Trabajo de la Zona Desconcentrada de Juliaca del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, obrantes de fojas 33 a 34, en las que se indica que en las fechas de las diligencias se constató que el demandante continuaba trabajando.

5. En consecuencia, habiéndose acreditado que el demandante siguió laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de trabajo sujeto a modalidad, éste se considera como de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso a), del artículo 77º, del Decreto Supremo Nº 003-

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Jurisprudencia 97-TR, razón por la que, habiéndosele despedido de manera verbal, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo.

6. En cuanto al pago de las remuneraciones, asignaciones, bonificaciones y gratificaciones dejadas de percibir, resulta pertinente reiterar que las mismas tienen naturaleza indemnizatoria y no restitutoria, por lo que debe dejarse a salvo el derecho de la demandante para que lo haga valer en la forma legal correspondiente.

7. En lo que respecta a la aplicación del artículo 8º del Código Procesal Constitucional (antes artículo 11º de la Ley Nº 23506); debe precisarse que de lo actuado en autos, no se evidencia que exista causa probable de la comisión de algún delito, por lo que no se puede disponer la remisión de los actuados al Fiscal Penal.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

Actualidad Laboral PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD: TERMINACION DE CONTRATOS CIVILES QUE ENCUBREN RELACIONES LABORALES: "Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante -al margen de lo consignado en el texto de los contratos de servicios no personales suscritos por las partes- ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes desde el 1 de marzo de 1996, ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que los contratos de trabajos sujetos a modalidad suscritos no tienen validez alguna, ya que entre las partes existía una contrato de trabajo a plazo indeterminado; por lo que, al habérsele comunicado al demandante la extinción de su contrato de trabajo sin que exista una causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, que justifique dicha decisión, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues ha sido despedido arbitrariamente."

HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de amparo.

2. Ordenar que la demandada cumpla con reponer a don Rómulo Ydme Mamani en el cargo que venía desempeñando, o en otro similar de igual nivel.

EXP. Nº 09951-2005-PA/TC HUANCAVELICA VICTOR HUAMAN FERNANDEZ (El Peruano: 23-06-2006)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, en los extremos que solicita el demandante el pago de las remuneraciones, asignaciones, bonificaciones y gratificaciones dejadas de percibir y la remisión de los actuados al Fiscal Penal.

En Lima, a los 22 días del mes de marzo de 2006, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen, y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

Publíquese y notifíquese.

ASUNTO SS. GONZALES OJEDA GARCIA TOMA VERGARA GOTELLI

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Huamán Fernández contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 144, su fecha 24 de octubre de 2005, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES Con fecha 13 de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Gerencia Departamental de Huancavelica del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS),

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Actualidad Laboral solicitando que se declare inaplicable la Carta Nº 0952005-AG-PRONAMACHCS-GADM-URRHH, de fecha 29 de abril de 2005, mediante la cual se le comunica que su contrato de trabajo a plazo fijo no iba a ser renovado; y que, en consecuencia, se ordene su reincorporación en el cargo de Técnico de Sistemas III o en otro de similar categoría. Manifiesta que ingresó a trabajar como Técnico de Sistemas mediante diversos contratos de servicios no personales, los cuales fueron celebrados desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 30 de mayo de 2001, ya que desde el 1 de junio de 2001 hasta el 30 de abril de 2005, fue contratado mediante contratos de servicios personales para que ocupe una plaza que se encontraba presupuestada en el CAP y en el PAP de la Gerencia del Programa emplazado; por lo tanto, al haberse dado por extinguida su relación laboral sin que media causa alguna que lo justifique, ha sido despedido arbitrariamente.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura propone la excepción de convenio arbitral, y contesta la demanda manifestando que la relación laboral que el Pronamachcs mantuvo con el demandante se extinguió por que se cumplió el plazo del vencimiento convenido en su último contrato de trabajo; por lo tanto, al habérsele comunicado mediante la carta cuestionada que su contrato de trabajo no iba a ser renovado, no se le ha despedido, ya que el demandante tenía pleno conocimiento de cuando su relación laboral se iba a extinguir.

El Juzgado Civil de Huancavelica, con fecha 23 de agosto de 2005, declaró fundada la demanda, por considerar que con los contratos que obran en autos, se acredita que el demandante fue contratado para desempeñar labores de naturaleza permanente por más de nueve años ininterrumpidos, por lo que sólo podía ser cesado o destituido por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, según lo dispuesto en la Ley Nº 24041.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la excepción propuesta e infundada la demanda, por considerar que existe una vía procesal específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado.

FUNDAMENTOS 1. De acuerdo a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en materia laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC Nº 0206-2005-PA/TC, que constituyen

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Jurisprudencia precedente vinculante de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal considera que, en el presente caso no existe una vía procesal específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional supuestamente vulnerado, por lo que resulta procedente efectuar la verificación del despido arbitrario alegado por el recurrente .

2. El demandante argumenta que los contratos de servicios no personales que ha suscrito con el Pronamachcs desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 30 de mayo de 2001, dieron origen a una relación jurídica que, en los hechos, tenía el carácter laboral por la subordinación y dependencia con que prestaba sus labores; por lo que, los contratos de trabajo sujetos a modalidad que suscribió desde el 1 de junio de 2001 hasta el 30 de abril de 2005, encubrirían un contrato de trabajo a plazo indeterminado.

3. En tal sentido, la controversia se circunscribe en determinar, primero, qué tipo de relación hubo entre el demandante y el emplazado durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 1996 hasta el 30 de mayo de 2001; esto es, si hubo una relación laboral de "trabajador subordinado" o una relación civil de "prestador de servicios independiente y no subordinado", para efectos de aplicar el principio de primacía de la realidad y poder considerar los contratos civiles como contratos de trabajo de duración indeterminada y, en atención a ello, establecer que el demandante sólo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.

4. Con relación al principio de primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Tribunal ha precisado, en la STC Nº 1944-2002AA/TC, que mediante este principio "(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos" (Fundamento 3).

5. En el presente caso, con los contratos obrantes de fojas 6 a 34, se acredita que el demandante suscribió contratos de servicios no personales para que preste sus servicios desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 30 de mayo de 2001, esto es, para que preste sus servicios sin estar subordinado, por cierto tiempo o para un trabajado determinado, a cambio de una retribución; sin embargo, con las constancias obrantes de fojas 3 a 6, se acredita que el demandante desde que ingresó lo hizo como un trabajador y no como un

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Actualidad Laboral

Jurisprudencia prestador de servicios, ya que la propia emplazada ha reconocido que el demandante desde el 1 de marzo de 1996 laboraba como trabajador, demostrando eficiencia, responsabilidad, honradez y capacidad en los trabajos encomendados. Asimismo, debe tenerse presente, que el demandante durante el período que fue contratado mediante contratos de servicios no personales, estuvo sujeto a un horario de trabajo, cuyo cumplimiento era controlado por la emplazada, según se prueba con las hojas de control de asistencia, obrantes de fojas 35 a 49.

6. En tal sentido, un contrato civil suscrito sobre la base de estos supuestos deben ser considerados como un contrato de trabajo de duración indeterminada, y cualquier decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral, sólo podría sustentarse en una causa justa establecida por la ley y debidamente comprobada, de lo contrario se configuraría un despido arbitrario.

7. Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante -al margen de lo consignado en el texto de los contratos de servicios no personales suscritos por las partes- ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes desde el 1 de marzo de 1996, ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que los contratos de trabajos sujetos a modalidad suscritos no tienen validez alguna, ya que entre las partes existía una contrato de trabajo a plazo indeterminado; por lo que, al habérsele comunicado al demandante la extinción de su contrato de trabajo sin que exista una causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, que justifique

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dicha decisión, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues ha sido despedido arbitrariamente.

8. En la medida que en este caso se ha acreditado que el Pronamachcs vulneró el derecho constitucional al trabajo del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicho poder que asuma el pago de los costos del proceso, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.

2. Ordenar que el Pronamachcs reponga a don Víctor Huamán Fernández como trabajador en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel.

3. Ordenar que el Pronamachcs pague los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS. GONZALES OJEDA BARDELLI LARTIRIGOYEN VERGARA GOTELLI

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Jurisprudencia

Actualidad Laboral

JURISPRUDENCIA LABORAL DE CASACION

DESPIDO NULO: RECLAMACION DIRECTA ANTE EL EMPLEADOR NO ES CAUSAL DE DESPIDO NULO: "Que, estando a que el recurrente alega que el motivo de su cese producido con fecha treintiuno de agosto de mil novecientos noventiocho se debió al reclamo presentado unos días antes, directamente ante la misma empleadora, para el reconocimiento y pago de las horas extras, no se observa el cumplimiento de los supuestos de la causal referida en el considerando anterior, para la aplicación del literal c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres noventisiete -TR;"

CAUSALES DE CASACION: El recurrente invoca las causales previstas en los literales a), b) y d) del artículo cincuentiséis de la Ley Procesal del Trabajo, denunciando: a) Aplicación indebida de los literales a) y b) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres -noventisiete -TR; b) Inaplicación del literal c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR; c) Contradicción con la ejecutoria emitida en el expediente número dos mil cuatrocientos treintiséisnoventisiete -ND-S, por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, al inaplicarse el inciso c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres -noventisiete -TR. CONSIDERANDO:

CAS. N° 1720-2000 LA LIBERTAD (El Peruano: 30-03-2001)

Lima, diecisiete de enero de dos mil uno.LA SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTOS: Con el acompañado, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACION: Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Javier Gamarra Roldán contra la sentencia de vista de fojas doscientos veinticuatro, su fecha dos de agosto de dos mil, expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que revocando la sentencia apelada de fojas ciento cuatro, fechada el siete de junio de mil novecientos noventinueve, declara infundada la demanda de fojas dieciséis sobre nulidad de despido, seguido contra el Grupo Sindicato Pesquero del Perú Sociedad Anónima.

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Primero: Que, el recurso de casación interpuesto, reúne los requisitos de forma previstos en el artículo cincuentisiete de la Ley Procesal del Trabajo para su admisibilidad, como también se ha cumplido con fundamentar de manera clara y precisa cada una de las causales denunciadas conforme lo exige el artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo para emitir el pronunciamiento de fondo; Segundo: Que, los fundamentos principales del recurso de casación están referidos a una incorrecta calificación de los fundamentos del petitorio de la demanda, el mismo que si bien está dirigido a que se declare la nulidad del despido y consecuente reposición, se aprecia que esta se sustenta no sólo en la actividad sindical ejercida por el actor en su condición de Secretario de Organización del Sindicato, sino también en el reclamo efectuado contra la empleadora para el reconocimiento y pago de horas extras; Tercero: Que, la recurrida sostiene que si bien el actor tenía la condición de dirigente sindical, sin embargo, no se ha acreditado que se encontrara en tal situación al momento del cese ni siquiera en los últimos dos años como para que se pueda concluir que éste fue el motivo del despido, menos aún que se encontrara amparado por el fuero sindical, por lo que no se habría configurado el despido nulo;

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Jurisprudencia Cuarto: Que en consecuencia, habiéndose pronunciado sobre uno de los extremos demandados, la sentencia de vista no incurrió en la causal de aplicación indebida de los literales a) y b) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR; Quinto: Que, en cuanto a la inaplicación del literal c) del artículo veintinueve de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, invocada en el recurso de casación, para cuestionar el pronunciamiento de la sentencia de vista al haber resuelto sin distinguir la causa de su despido, se debe precisar que de acuerdo con la norma reglamentaria, el artículo cuarentisiete del Decreto Supremo número cero cero uno noventiséis -TR, los aspectos fundamentales a considerarse para la existencia de un despido nulo por presentar una queja contra el empleador, es que ésta haya sido planteada ante la autoridad administrativa o judicial competente y se acredite que la conducta del empleador evidencie el propósito de impedir arbitrariamente dicho reclamo.

Sexto: Que, estando a que el recurrente alega que el motivo de su cese producido con fecha treintiuno de agosto de mil novecientos noventiocho se debió al reclamo presentado unos días antes, directamente ante la misma empleadora, para el reconocimiento y pago de las horas extras, no se observa el cumplimiento de los supuestos de la causal referida en el considerando anterior, para la aplicación del literal c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR; Sétimo: Que de otro lado, si bien el despido sufrido por el demandante adolece de causa justificada, como la propia demandada lo admite y por lo tanto resulta arbitrario, no da lugar a su nulidad ni a la reposición pretendida, sino únicamente a la indemnización especial, la misma que no es materia de controversia; Octavo: Que, en este mismo sentido debe ser resuelta la contradicción jurisprudencial denunciada, toda vez que en la ejecutoria que se acompaña, se colige que el móvil del despido fue la participación del accionante en un reclamo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, y no como pretende asimilar el recurrente un reclamo presentado ante el propio empleador; Noveno: Que, no habiéndose incurrido en ninguna de las causales de casación denunciadas, es de aplicación el artículo cincuentinueve de la Ley Procesal del Trabajo, modificada por Ley número veintisiete mil veintiuno: RESOLUCION: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Javier Gamarra Roldán, en consecuencia NO CASARON la resolución de vista de fojas doscientos veinticuatro, su fecha dos de agosto de dos mil; en los seguidos con el

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Actualidad Laboral Sindicato Pesquero del Perú Sociedad Anónima, sobre nulidad de despido; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.SS. ROMAN S.; OLIVARES S.; BELTRAN Q.; VILLACORTA R.; LLERENA H.

HOSTILIDAD: VINCULO LABORAL VIGENTE: "Que, tampoco puede haber lugar a actos de hostilidad, por cuanto éstos sólo pueden producirse cuando el vínculo laboral está vigente y si está acreditado que el actor denunció tal hostilidad al recibir la carta de despido, resulta incongruente que pretenda cesar un acto que no está calificado como de hostilidad, sino que mas bien es una decisión de despido, al removérsele del cargo de Gerente General que venía ocupando, el cual tiene que impugnarse a través de las acciones previstas por el artículo treinticuatro del mismo texto legal, cuyo plazo de caducidad se computa conforme a las reglas del artículo treintiséis, no siendo aplicable por tanto, el artículo cincuentisiete del Reglamento de dicha Ley que también se invoca."

CAS. N° 1638-2000 LIMA (El Peruano: 30-03-2001)

Lima, dieciséis de enero de dos mil uno.LA SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTOS; En audiencia pública llevada a cabo en la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACION: Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante don Pedro Sangio Alcalde, mediante escrito de fojas doscientos cuarentinueve contra la sentencia de vista de fojas doscientos treintiocho, su fecha veintiuno de marzo de dos mil, expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada de fojas doscientos siete su fecha

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Actualidad Laboral diez de setiembre de mil novecientos noventinueve, que declara fundada en parte la demanda, con lo demás que contiene, sobre beneficios sociales y otros.

CAUSALES DE CASACION: El impugnante mediante su recurso de casación denuncia: a) Aplicación indebida del inciso e) del artículo diecinueve del Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo número cero cero uno - noventisiete -TR; b) Interpretación errónea del artículo treintiséis del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho; y c) Inaplicación de los artículos cuatro y nueve del Texto único Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho, artículo cincuentisiete de su Reglamento, artículo diez del Texto único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, artículo veintidós del Decreto Legislativo número setecientos trece y artículo veintitrés del Decreto Supremo número cero doce – noventidós -TR que reglamenta la Ley anterior.

CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso de casación ha cumplido con los requisitos de forma y de fondo exigidos por los artículos cincuentisiete y cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo para emitir pronunciamiento.

Segundo: Que, en principio el demandante cuestiona la naturaleza del vínculo contractual reconocido en la sentencia de vista, en la que se determina que no le corresponde derecho remunerativo alguno a partir del veintiséis de febrero de mil novecientos noventiocho por cuanto en esa fecha ha concluido la relación laboral habida con la demandada, sin aplicar el Principio de Primacía de la Realidad que permite reconocer la existencia de un contrato de trabajo a pesar que las partes lo denominan en alguna modalidad civil o mercantil.

Tercero: Que para ello, se debe delimitar los supuestos de hecho que se han tomado como base para resolver el conflicto, los que parten de la realidad en que el actor venía desempeñando simultáneamente en la empresa demandada, los cargos de Gerente General y Contador, de los cuales el primero era el principal que lo constituía como trabajador de dirección en el primer nivel de la organización y, el segundo era una función profesional que desempeñaba complementariamente.

Cuarto: Que, la demandada mediante carta notarial de fojas ciento treintisiete, su fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventiocho, remueve al actor del cargo de Gerente General y con ello, disuelve el vínculo laboral que mantenía en ese puesto, permitiéndole continuar como Contador bajo la modalidad de Locación de Servicios por tres horas

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Jurisprudencia diarias de concurrencia al centro de labor, lo que define la situación jurídica de esta parte.

Quinto: Que, bajo esos supuestos de hecho, no es posible aplicar los artículos cuatro y nueve del Texto único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para presumir la existencia de una relación laboral, por cuanto ésta ha concluido y la nueva se está produciendo bajo condiciones expresas, cuya distorsión no se puede manifestar ya que el demandante no se ha hecho cargo de las nuevas funciones, habiendo optado por dar por concluida toda relación con la demandada.

Sexto: Que, tampoco puede haber lugar a actos de hostilidad, por cuanto éstos sólo pueden producirse cuando el vínculo laboral está vigente y si está acreditado que el actor denunció tal hostilidad al recibir la carta de despido, resulta incongruente que pretenda cesar un acto que no está calificado como de hostilidad, sino que mas bien es una decisión de despido, al removérsele del cargo de Gerente General que venía ocupando, el cual tiene que impugnarse a través de las acciones previstas por el artículo treinticuatro del mismo texto legal, cuyo plazo de caducidad se computa conforme a las reglas del artículo treintiséis, no siendo aplicable por tanto, el artículo cincuentisiete del Reglamento de dicha Ley que también se invoca.

Sétimo: Que, bajo ese mismo criterio, no le corresponde reclamar las remuneraciones del mes de marzo de mil novecientos noventiocho, ni la gratificación por balance general, por cuanto no ha continuado desarrollando una labor dependiente durante ese período.

Octavo: Que, en cuanto a la compensación por tiempo de servicios, el recurrente reclama la inclusión en su remuneración computable del concepto de movilidad que percibía a razón de ocho soles diarios, suma que por su condición de Gerente General cubría razonablemente el costo de transporte al centro del trabajo, de modo que estaría excluida de aquella remuneración por el inciso e) del artículo diecinueve del Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, norma que ha sido correctamente aplicada por la recurrida, no habiendo necesidad de aplicar el artículo diez del mismo texto legal.

Noveno: Que, tampoco se ha inaplicado el artículo veintidós del Decreto Legislativo número setecientos trece y su norma reglamentaria para efecto de las vacaciones truncas, por cuanto el récord interrumpido es el liquidado en la sentencia, no habiéndose prolongado ningún período adicional como trata de afirmar el recurrente.

Décimo: Que en consecuencia, la sentencia dé vista no ha incurrido en las causales de casación denunciadas, habiendo resuelto conforme a Ley, por lo

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Jurisprudencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo cincuentinueve de la Ley Procesal del Trabajo: RESOLUCION: Declararon INF UNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos cuarentinueve por don Pedro Sangio Alcalde, en consecuencia NO CASARON la resolución de vista de fojas doscientos treintiocho, su fecha veintiuno de marzo de dos mil; en los seguidos con Casabella Sociedad Anónima, sobre beneficios sociales y otros; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.SS. ROMAN S.; BELTRAN Q.; OLIVARES S.; VILLACORTA R.; LLERENA H.

Actualidad Laboral doscientos diecinueve contra la Sentencia de Vista de fojas doscientos quince, su fecha veinticinco de julio de dos mil, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que confirma la apelada de fojas ciento noventicuatro su fecha cuatro de abril de mismo año, que declara infundada la demanda con lo demás que contiene.

CAUSALES DE CASACION: El impugnante mediante su recurso de casación denuncia: a) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; b) Inaplicación del inciso d) del artículo dieciséis y el Artículo diecinueve del Decreto Supremo número cero cero tres – noventisiete -TR; c) Inaplicación de los Decretos Legislativos números seiscientos setentisiete y ochocientos noventidós; d) Inaplicación del artículo dieciocho del Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho; CONSIDERANDO:

INCENTIVO PARA LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO DE MUTUO ACUERDO: "Que, el monto del incentivo está sujeto a la voluntad de las partes, pudiendo establecerse una cantidad alta o pequeña, hasta incluso determinar que el incentivo no tenga carácter dinerario, sino de otra especie, de modo que al quedar librado a esa decisión, se consolida cuando se finiquita el arreglo, lo cual en el caso de autos se ha manifestado en el momento en que el actor acepta que éste fuera equivalente a dos mil ciento treintisiete nuevos soles con seis céntimos que recibe a entera satisfacción."

CAS. N° 1620-2000 LORETO (El Peruano: 30-03-2001)

Lima, quince de enero de dos mil uno.LA SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTOS; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACION: Se trata de recurso de casación interpuesto por el demandante don Geremías Perea Quedez, mediante escrito de fojas

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Primero: Que, el recurso de casación cumple los requisitos de forma exigidos por el artículo cincuentisiete de la Ley Procesal del Trabajo para su admisibilidad y, en cuanto a los requisitos de fondo sólo cumple los correspondientes a las causales señaladas en los literales b) y d) de esta resolución, sobre las cuales se debe emitir pronunciamiento.

Segundo: Que, la causal de contravención de las normas que garantizan un debido proceso no está prevista en el ordenamiento procesal laboral, no siendo posible invocar la aplicación supletoria del Código Procesal Civil para estos casos.

Tercero: Que, la inaplicación de los Decretos Legislativos seiscientos setentisiete y ochocientos noventidós no ha sido sustentada debidamente, habiéndose limitado a enunciarlos por tratarse de un extremo demandado, sin explicar con claridad y precisión las normas que debían aplicarse y el objeto de las mismas, por lo que esta causal resulta improcedente.

Cuarto: Que, en cuanto a la causal, de inaplicación de los artículos dieciséis y diecinueve del Texto Unico Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el recurrente sostiene que no debe haberse considerado como motivo de su cese la renuncia voluntaria, sino mas bien el acuerdo de mutuo disenso que está regulado por las normas invocadas, en vista que ha recibido un incentivo de parte de la demandada, que resulta diminuto, debiendo haberle correspondido el equivalente a la indemnización por despido arbitrario de doce remuneraciones mensuales.

Quinto: Que, si bien el hecho afirmado es cierto y está acreditado en autos con la liquidación de fojas tres, la aplicación de las normas que regulan el mutuo disenso no genera el derecho a la indemnización por

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Jurisprudencia

Actualidad Laboral despido arbitrario, ya que se trata de un acuerdo en el que las partes establecen las prestaciones que van a cumplir voluntariamente, las que en este caso eran la renuncia del trabajador y el pago de un incentivo por parte del empleador.

Sexto: Que, el monto del incentivo está sujeto a la voluntad de las partes, pudiendo establecerse una cantidad alta o pequeña, hasta incluso determinar que el incentivo no tenga carácter dinerario, sino de otra especie, de modo que al quedar librado a esa decisión, se consolida cuando se finiquita el arreglo, lo cual en el caso de autos se ha manifestado en el momento en que el actor acepta que éste fuera equivalente a dos mil ciento treintisiete nuevos soles con seis céntimos que recibe a entera satisfacción.

Sétimo: Que, en cuanto a la causal de inaplicación del artículo dieciocho del Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho, la recurrida confirma lo resuelto por la apelada en el sentido que el actor no ha solicitado inmediatamente la entrega de la constancia respectiva para la continuación del pago de la póliza de seguro de vida, a lo que debe agregarse que no se ha establecido como supuesto de hecho el que esta parte haya sufrido enfermedad alguna, que es el caso en que la norma invocada permite esa continuación facultativa, de manera que la pretensión carece de amparo.

Octavo: Que en conclusión, los fundamentos expuestos no permiten la aplicación de las normas denunciadas en la recurrida, por lo que ésta no habría incurrido en causal de casación y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuentinueve de la Ley Procesal del Trabajo: RESOLUCION: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos diecinueve por don Geremías Perea Quedez, en consecuencia NO CASARON la Resolución de Vista de fojas doscientos quince su fecha veinticinco de julio de dos mil; en los seguidos con Petrex Sociedad Anónima, sobre beneficios sociales y otros; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución en Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.SS. ROMAN S.; BELTRAN Q.; OLIVARES S.; VILLACORTA R.; LLERENA H.

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NULIDAD DE DESPIDO: RECLAMO O QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL EMPLEADOR ANTE ESSALUD NO CONSTITUYE CAUSAL DE DESPIDO NULO: "Que, conforme a las reiteradas Ejecutorias de esta Sala Suprema, la simple tramitación efectuada por el accionante ante EsSalud no configura el supuesto legal que prevé el inciso c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR, para que el despido sea nulo, pues cuando dicha norma se refiere a presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, debe entenderse que la queja, el reclamo o proceso seguido contra el empleador debe ser de naturaleza laboral, es decir referirse al incumplimiento o conductas del empleador que afecten los derechos del trabajador derivados de la relación de trabajo, o sus derechos fundamentales planteados ante autoridad judicial o administrativa competente, tal como lo dispone el artículo cuarentisiete del Decreto Supremo número cero cero uno – noventiséis -TR (Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo)."

CAS. Nº 137-2005 DEL SANTA. (El Peruano: 02-05-2006)

Lima, veintiuno de octubre del dos mil cinco.LA PRIMERA SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: VISTA: La causa número ciento treintisiete - dos mil cinco; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - Electronorte Medio Hidrandina Sociedad Anónima mediante escrito de fojas doscientos sesentiocho contra la sentencia de vista de fojas doscientos sesentidós, su fecha veintidós de noviembre del dos mil cuatro, expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa - Chimbote que confirmando la sentencia apelada de fojas doscientos treintidós, fechada el

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Jurisprudencia nueve de junio del dos mil cuatro, declara fundada la demanda, en consecuencia dispone que cumpla con reponer en el empleo al demandante; con lo demás que contiene.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La recurrente denuncia: 1.- La aplicación indebida del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR. 2.- La inaplicación de la parte in fine del artículo cuarentisiete del Decreto Supremo número cero cero uno – noventiséis -TR. CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso de casación reúne los requisitos de forma que para su admisibilidad contempla el artículo cincuentisiete de la Ley número veintiséis mil seiscientos treintiséis, Ley Procesal del Trabajo modificado por la Ley número veintisiete mil veintiuno, necesarios para su admisibilidad.

Segundo: Que, respecto a las denuncias propuestas la recurrente cumple con precisar con claridad que norma ha sido indebidamente aplicada, y cuál es la que debió aplicarse, así como ha fundamentado debidamente, señalando cual es nexo causal que existe entre la norma denunciada y lo que es materia de controversia; por lo que satisface las exigencias contenidas en los literales a) y c) del artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo, resultando PROCEDENTES las causales invocadas, por tanto corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Tercero: Que, el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo número setecientos veintiocho aprobado por Decreto Supremo número cero cero tres noventisiete -TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, además del sistema general de protección contra el despido arbitrario (entendido por tal a aquél que carece de causa justa o que se materializa sin expresión de ésta) que dispensa el segundo párrafo de su artículo treinticuatro mediante una tutela resarcitoria (pago de una indemnización legal), consagra con carácter excepcional la tutela restitutoria (reconstitución jurídica de la relación laboral a través de la reposición) frente al despido nulo, aquel que se funda en alguno de los motivos específicos que dicha Ley establece en numerus clausus en su artículo veintinueve, todos vinculados a conductas lesivas a determinados derechos constitucionales del trabajador, por lo que el sustento de esta norma radica en garantizar su pleno ejercicio sin que la situación de subordinación o dependencia que deriva de la relación de trabajo pueda limitarlos o restringirlos, lo cual encuentra fundamento en el tercer párrafo del artículo veintitrés de la Constitución Política del Estado que señala que la relación no puede limitar

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Actualidad Laboral el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

Cuarto: Que, en este contexto el inciso c) del artículo veintinueve de la Ley acotada establece que es nulo el despido que tenga por motivo presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que se configure la falta grave contemplada en el inciso f) del artículo veinticinco.

Quinto: Que, al respecto el primer párrafo del artículo cuarentisiete del Decreto Supremo número cero cero uno - noventiséis - TR señala que se configura esta causal de despido si la queja o reclamo ha sido planteado contra el empleador ante las autoridades administrativas o judiciales competentes y además se acredite que esta precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente el reclamo de sus trabajadores, por lo que queda claro que el inciso c) del artículo veintinueve de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral debe ser interpretado en concordancia con esta norma reglamentaria cuya inaplicación también se recusa.

Sexto: Que, bajo el marco jurídico que delimitan tales normas cabe entonces sancionar con la nulidad, al despido ejecutado por el empleador como represalia contra el trabajador que en defensa de sus derechos e intereses ha formulado una queja o iniciado un proceso ante las autoridades competentes.

Sétimo: Que, las instancias de mérito han establecido que el despido del demandante se produjo como consecuencia de la conducta negativa del empleador de despedir al trabajador sin expresión de causa, en aplicación inconstitucional de la segunda parte del artículo treinticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR, además por transgresión de su derecho fundamental de petición al haber participado en un proceso contra el empleador, esto es, al formular un reclamo administrativo ante el Seguro Social de Salud para que se declare su aptitud física para el trabajo.

Octavo: Que, conforme a las reiteradas Ejecutorias de esta Sala Suprema, la simple tramitación efectuada por el accionante ante EsSalud no configura el supuesto legal que prevé el inciso c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR, para que el despido sea nulo, pues cuando dicha norma se refiere a presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, debe entenderse que la queja, el reclamo o proceso seguido contra el empleador debe ser de naturaleza laboral, es decir referirse al incumplimiento o conductas del empleador que afecten los derechos del trabajador derivados de la relación de trabajo, o sus derechos fundamentales planteados ante autoridad judicial o administrativa

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Jurisprudencia

Actualidad Laboral competente, tal como lo dispone el artículo cuarentisiete del Decreto Supremo número cero cero uno – noventiséis -TR (Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo).

Noveno: Que, además se debe precisar que el segundo párrafo del artículo treinticuatro del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR no ha sido declarado inconstitucional, pues el Tribunal Constitucional en el expediente número mil ciento veinticuatro - dos mil uno - AA/TC de fecha once de julio del dos mil dos, aclarada el dieciséis de setiembre del dos mil dos (caso Telefónica de Perú Sociedad Anónima) estableció que esta norma resulta inaplicable en la parte referida a la invalidez constitucional del despido masivo e incausado previsto en esa controversia, lo que no configura en el caso de autos.

Décimo: Que, en consecuencia esta Sala Suprema considera que en el caso sub examen la Sala Superior ha incurrido en las causales de aplicación indebida e inaplicación de las normas denunciadas al no ajustarse la conducta del empleador demandado a la causal prevista en el inciso c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres noventisiete -TR reglamentada por el artículo cuarentisiete del Decreto Supremo número cero cero uno - noventiséis - TR. RESOLUCION: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas doscientos sesentiocho, por Hidrandina en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos sesentidós, su fecha veintidós de noviembre del dos mil cuatro; y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos treintidós, fechada el nueve de junio del dos mil cuatro que declara fundada la demanda; REFORMANDOLA la declararon INFUNDADA; en los seguidos por don Jorge Luis Campos Vicente sobre Nulidad de Despido; y estando a que la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley: ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.SS. VILLACORTA RAMIREZ, DONGO ORTEGA, MONTES MINAYA, ESTRELLA CAMA, LEON RAMIREZ

NULIDAD DE SENTENCIA: ACTUACION DE PRUEBA DE OFICIO: "Que, a efectos de emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo, resulta imperioso que el A quo determine en base a los hechos expuestos por las partes y los medios probatorios actuados (y de ser necesario en ejercicio de la facultad conferida en el artículo veintiocho de la Ley Procesal del Trabajo ordenando la actuación de pruebas de oficio que considere convenientes para crearle convicción y certeza), cuáles fueron los cargos que real y efectivamente desempeñó el ex trabajador demandante en la Municipalidad (fue obrero del vivero municipal durante todo el récord o al inicio fue obrero y luego pasó a ser empleado municipal); en el supuesto de determinar que fue obrero, efectuar la liquidación de los beneficios sociales que reclama en dos tramos: el primero, a partir del inicio de la relación laboral conforme a las normas del régimen laboral de la actividad pública, y el segundo, aplicando las normas de la actividad privada en virtud a la entrada en vigencia de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve modificatoria del artículo cincuentidós de la Ley Orgánica de Municipalidades; y en el supuesto de determinar que inicialmente fue obrero y luego pasó a ser empleado, a todo el récord laboral resultaría aplicable el Decreto Legislativo número doscientos setentiséis, y consecuentemente, esta demanda no podría tramitarse en la vía del proceso ordinario laboral sino en la vía del proceso contencioso administrativo previo agotamiento de la vía administrativa;"

CAS. Nº 310-2005 CAJAMARCA. (El Peruano: 02-05-2006)

Lima, catorce de diciembre del dos mil cinco.LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTOS; la causa número trescientos diez - dos mil cinco en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, y luego de verificada la votación, con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACION: Se trata del recurso de casación de fojas ciento ochenta y cuatro, interpuesto

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Jurisprudencia por la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, contra la sentencia de vista de fojas ciento ochenta, su fecha seis de enero del dos mil cinco, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que confirma la sentencia de fojas ciento veintisiete, su fecha veintiuno de junio del dos mil cuatro, que declara fundada en parte la demanda, y dispone que la demandada pague al actor la suma de diecisiete mil doscientos ochenta y nueve nuevos soles con treintiun céntimos por concepto de beneficios sociales; infundada en el extremo de pago de horas extras e improcedente la indemnización por responsabilidad extracontractual.

CAUSALES DEL RECURSO: La Municipalidad recurrente, invocando el artículo cincuentiséis de la Ley Procesal del Trabajo, denuncia las siguientes causales de casación: a) La aplicación indebida de los artículos cuatro y cinco del Decreto Supremo número cero cero tres - noventa y siete - TR; y, b) La inaplicación del artículo cincuentidós de la Ley Orgánica de Municipalidades; CONSIDERANDO: Primero.- Que, si bien el recurso de casación es un medio impugnatorio especialísimo a través del cual la Corte Suprema va a ejercer su facultad casatoria a la luz de lo que estrictamente se denuncie como vicio o error en el recurso, para que este Supremo Tribunal cumpla su misión, es indispensable que las causas sometidas a su jurisdicción respeten las reglas mínimas y esenciales del debido proceso previstas en la Constitución Política del Perú; Segundo.- Que, en el presente caso, esta Sala Suprema al advertir afectación al principio del debido proceso y la motivación de las resoluciones, excepcionalmente declara procedente la causal de contravención a las normas del debido proceso consagradas en el artículo ciento treinta y nueve, incisos tres y cinco de la Constitución Política del Estado; Tercero.- Que, de la revisión de los actuados se advierte, que las sentencias de ambas instancias han sido expedidas sin tener en cuenta el mérito de lo actuado en el proceso, toda vez que, en autos no se ha cumplido con determinar en forma fehaciente si durante todo el período del vínculo existente entre las partes, el actor ha desempeñado el mismo cargo; tampoco se tuvo en consideración que al inicio de la relación se encontraba vigente el artículo cincuentidós de la Ley Orgánica de Municipalidades que establecía, que los empleados y obreros municipales son servidores sujetos al régimen laboral de la actividad pública regulada por el Decreto Legislativo número doscientos setentiséis, norma que fue modificada por

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Actualidad Laboral la Ley número veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve, publicada el primero de junio del dos mil uno, que dispone que: "los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen"; Cuarto.- Que, a efectos de emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo, resulta imperioso que el A quo determine en base a los hechos expuestos por las partes y los medios probatorios actuados (y de ser necesario en ejercicio de la facultad conferida en el artículo veintiocho de la Ley Procesal del Trabajo ordenando la actuación de pruebas de oficio que considere convenientes para crearle convicción y certeza), cuáles fueron los cargos que real y efectivamente desempeñó el ex trabajador demandante en la Municipalidad (fue obrero del vivero municipal durante todo el récord o al inicio fue obrero y luego pasó a ser empleado municipal); en el supuesto de determinar que fue obrero, efectuar la liquidación de los beneficios sociales que reclama en dos tramos: el primero, a partir del inicio de la relación laboral conforme a las normas del régimen laboral de la actividad pública, y el segundo, aplicando las normas de la actividad privada en virtud a la entrada en vigencia de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve modificatoria del artículo cincuentidós de la Ley Orgánica de Municipalidades; y en el supuesto de determinar que inicialmente fue obrero y luego pasó a ser empleado, a todo el récord laboral resultaría aplicable el Decreto Legislativo número doscientos setentiséis, y consecuentemente, esta demanda no podría tramitarse en la vía del proceso ordinario laboral sino en la vía del proceso contencioso administrativo previo agotamiento de la vía administrativa; Quinto.- Que, los vicios procesales anotados transgreden las garantías constitucionales del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales consagrados en el artículo ciento treinta y nueve, incisos tres y cinco de la Constitución Política del Estado, que encuentra desarrollo legal en el artículo ciento veintidós, inciso tres del Código Procesal Civil; Sexto.- Que, cuando se determina motivos de quebrantamientos de forma por infracción de la ley, se impone examinar primero aquellos, porque su acogimiento llevará a una declaración de nulidad reponiendo el proceso al estado en que se cometió el vicio, lo que exime a esta Sala Suprema del examen de las causales sustantivas invocadas en el recurso de casación; Sétimo.- Que, la nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos

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Actualidad Laboral normales, en tal sentido, cabe advertir que frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional en uso de la facultad nulificante del juzgador prevista en el artículo ciento setentiséis del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en él va a recaer; en consecuencia, debe declararse la nulidad de las sentencias de ambas instancias; RESOLUCION: Por estas consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas ciento ochenta y cuatro, interpuesto por la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas ciento ochenta, su fecha seis de enero del año en curso; INSUBSISTENTE la sentencia de fojas ciento veintisiete, su fecha veintiuno de junio del dos mil cuatro, DISPUSIERON que el A quo expida nuevo pronunciamiento conforme a las directivas de la presente resolución; en los seguidos por don José Mario Mosqueira llman, sobre pago de beneficios sociales y otros; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial El Peruano por sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley, y los devolvieron.

SS. ROMAN SANTISTEBAN, VILLACORTA RAMIREZ, DONGO ORTEGA, MONTES MINAYA, ESTRELLA CAMA

NULIDAD DE SENTENCIA: ERROR EN LA DETERMINACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: "Que, sin embargo, el Juzgador en la audiencia única cuya acta corre de fojas ciento sesentidós a ciento sesenticinco, se ha limitado a fijar como puntos controvertidos: "Determinarse si procede o no el pago de los conceptos demandados y de proceder, determinarse el monto correspondiente a la que estaría obligado a su pago la entidad accionada"; sin tener en consideración que la pretensión de la demanda de fojas ciento cinco, interpuesta el cuatro de diciembre del dos mil uno, no es únicamente el reintegro de beneficios sociales del período primero de agosto de mil novecientos ochentidós al treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, sino también, que el pago de tales reintegros se realice al amparo

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Jurisprudencia del artículo mil doscientos treintiséis del Código Civil referido al pago en forma actualizada, más los intereses; por las razones indicadas resultaba de imperiosa necesidad que el A - quo fijara como punto controvertido determinar si corresponde o no la actualización de la deuda y de ser el caso su forma de cálculo;"

CAS. Nº 1905-2004 HUANUCO – PASCO. (El Peruano 02-05-2006)

Lima, quince de noviembre del dos mil cinco.LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTOS; la causa número mil novecientos cinco dos mil cuatro en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, y luego de verificada la votación, con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACION: Se trata del recurso de casación interpuesto por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta a fojas setecientos veintitrés, contra la sentencia de vista de fojas seiscientos setentinueve, de fecha trece de julio del dos mil cuatro, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huanuco - Pasco, que confirma la sentencia apelada de fojas seiscientos catorce, su fecha dieciséis de abril del dos mil cuatro, que declara fundada en parte la demanda de reintegro de beneficios sociales; la revoca en cuanto al monto fijado, y reformándola, ordena que la demandada pague a la demandante la suma de doscientos setentiun mil quinientos nuevos soles con treinta y ocho céntimos.

CAUSALES DE CASACION: La recurrente denuncia las siguientes causales de casación: a) La aplicación indebida del artículo mil doscientos treintiséis del Código Civil; señalando que ésta es una norma de derecho civil que no resulta aplicable al caso que es eminentemente laboral; corresponde aplicarse al caso el acuerdo del Pleno Jurisdiccional Laboral de mil novecientos noventa y siete, según el cual, el factor de actualización era utilizar la remuneración mínima vital; b) La inaplicación del artículo ciento treinta y nueve inciso tres de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho a un debido proceso, indicando que la sentencia de primera instancia y la de vista carecen de una adecuada motivación al proceder

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Jurisprudencia a actualizar la deuda laboral de mil novecientos ochentidós a mil novecientos ochenta y nueve conforme al valor de la última remuneración percibida por la actora, la misma que de ninguna manera guarda relación con las remuneraciones mínimas percibidas en los años mil novecientos ochentidós a mil novecientos ochenta y nueve. Asimismo, denuncia la inaplicación del artículo ciento treinta y nueve inciso cinco de la Constitución, y sostiene que la sentencia recurrida sin ningún sustento utiliza el monto de la última remuneración percibida por la demandante a la fecha de interposición de la demanda, desconociendo el criterio de la remuneración mínima vital, lo que supone una incongruencia lógica; c) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Sala Constitucional y Social Transitoria: Casación número doscientos setenta - dos mil tres, y Casación número setecientos quince - dos mil tres, referidas a la infracción al debido proceso y a la motivación de las sentencias; CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo cincuenta y siete de la Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley número veintisiete mil veintiuno; Segundo.- Que, en principio cabe señalar, que esta Sala Casatoria puede verificar excepcionalmente si las causas sometidas a su jurisdicción respetan reglas mínimas y esenciales del debido proceso, dado que, dicha institución cautela derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener tutela jurisdiccional de los derechos que reclama, a través de un proceso legal, en el que haya tenido oportunidad razonable y suficiente de ejercer su derecho de defensa, produciendo prueba con dicho propósito, y además, obtenga una Sentencia que responda a dichos presupuestos, pues de otro modo no se podría ejercer adecuadamente la función y postulado contenidos en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley Procesal del Trabajo; Tercero.- Que, bajo ese contexto, al verificar que en el presente proceso se ha transgredido el principio del debido proceso consagrado en el artículo ciento treinta y nueve inciso tres de la Constitución Política del Estado, este Colegiado Supremo, excepcionalmente, declara procedente el recurso de casación por la causal de contravención al debido proceso; Cuarto.- Que, como director del proceso, es deber del Juez enumerar los puntos controvertidos teniendo en consideración lo expuesto por las partes, y en especial los que serán materia de prueba conforme establece el artículo sesenta y siete de la Ley Procesal del Trabajo, concordante con el artículo cuatrocientos

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Actualidad Laboral setenta y uno del Código Procesal Civil; Quinto.- Que, sin embargo, el Juzgador en la audiencia única cuya acta corre de fojas ciento sesentidós a ciento sesenticinco, se ha limitado a fijar como puntos controvertidos: "Determinarse si procede o no el pago de los conceptos demandados y de proceder, determinarse el monto correspondiente a la que estaría obligado a su pago la entidad accionada"; sin tener en consideración que la pretensión de la demanda de fojas ciento cinco, interpuesta el cuatro de diciembre del dos mil uno, no es únicamente el reintegro de beneficios sociales del período primero de agosto de mil novecientos ochentidós al treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, sino también, que el pago de tales reintegros se realice al amparo del artículo mil doscientos treintiséis del Código Civil referido al pago en forma actualizada, más los intereses; por las razones indicadas resultaba de imperiosa necesidad que el A - quo fijara como punto controvertido determinar si corresponde o no la actualización de la deuda y de ser el caso su forma de cálculo; Sexto.- Que, la circunstancia anotada constituye transgresión al debido proceso, consagrado en el artículo ciento treintinueve inciso tres de la Constitución Política del Perú, por lo que, frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional en aplicación de la potestad nulificante del juzgador acogido en el artículo ciento setentiséis in fine del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en él va a recaer puede declarar la nulidad; Sétimo.- Que, corresponde anular lo actuado desde la audiencia única de fojas ciento sesentidós, inclusive, a efectos que el A - quo convoque a nueva audiencia única, oportunidad en que fijará los puntos controvertidos conforme a ley y a las consideraciones precedentes; en consecuencia, por la trascendencia de la afectación al debido proceso por la cual se declara fundado el presente recurso de casación, carece de objeto examinar los argumentos de fondo de las causales invocadas por la recurrente; RESOLUCION: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas seiscientos setenta y nueve, su fecha trece de julio del dos mil cuatro; INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas seiscientos catorce, su fecha dieciséis de abril del dos mil cuatro; y declararon

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Actualidad Laboral NULO TODO LO ACTUADO desde fojas ciento sesentidós, inclusive; DISPUSIERON que el Juez de la causa señale nueva fecha para la Audiencia Unica a efectos de fijar los puntos controvertidos teniendo en cuenta las consideraciones de la presente resolución; en los seguidos por doña Delina Victoria Delgado Manzano (representada por Félix Matías Tarazona y Nieves), sobre reintegro de beneficios sociales; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano por sentar precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley; y los devolvieron.SS. VILLACORTA RAMIREZ, DONGO ORTEGA, MONTES MINAYA, ESTRELLA CAMA, LEON RAMIREZ

RECURSO DE CASACION: INSTANCIA PLURAL: "... toda vez que el derecho a la pluralidad de instancias se satisface con el recurso de apelación mientras el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y restringida, de manera que las causales pueden ser limitadas al mínimo de acuerdo con las propias finalidades del ordenamiento; por lo que, esta denuncia debe in limine declararse improcedente; tanto más si la argumentación gira en torno al auto que confirma la resolución que declara infundada las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y de prescripción extintiva, las mismas que no pueden ser materia de análisis casatorio por no cumplir con el requisito de forma que establece el artículo cincuenticinco de la acotada Ley Laboral, esto es, que solo procede el recurso casatorio contra sentencias que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes;"

CAS. Nº 962-2004 LIMA. (El Peruano: 02-05-2006)

Lima, diecinueve de octubre del dos mil cinco.VISTOS; Con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso de casación interpuesto por la Empresa Centromin Perú S.A. satisface los requisitos de fondo que establece el artículo

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Jurisprudencia cincuentisiete de la Ley número veintiséis mil seiscientos treintiséis modificado por Ley número veintisiete mil veintiuno; para su admisibilidad; Segundo: Que, la recurrente denuncia: i) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; ii) la aplicación indebida del artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil; iii) la inaplicación de la Ley número veintiséis mil setecientos noventa; artículo ciento treintinueve numeral tres de la Carta Magna y artículo tercero del Título Preliminar del Código Civil; Tercero: Que, en relación al punto i) se debe establecer que el artículo cincuentiséis de la Ley Procesal del Trabajo modificada por Ley número veintisiete mil veintiuno contempla en numerus clausus las causales que sustentan la interposición del recurso de casación en el proceso laboral y entre ellas no aparece la "causal de violación de dispositivos constitucionales" que invoca la emplazada para sustentar su denuncia; así como ninguna vinculada a la institución del debido proceso o a las formalidades procesales lo cual resulta constitucional, toda vez que el derecho a la pluralidad de instancias se satisface con el recurso de apelación mientras el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y restringida, de manera que las causales pueden ser limitadas al mínimo de acuerdo con las propias finalidades del ordenamiento; por lo que, esta denuncia debe in limine declararse improcedente; tanto más si la argumentación gira en torno al auto que confirma la resolución que declara infundada las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y de prescripción extintiva, las mismas que no pueden ser materia de análisis casatorio por no cumplir con el requisito de forma que establece el artículo cincuenticinco de la acotada Ley Laboral, esto es, que solo procede el recurso casatorio contra sentencias que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes; Cuarto: Que, la denuncia contenida en el punto ii) tampoco puede ampararse porque omite precisar expresamente cuál es la norma de derecho material aplicable caso controvertido conforme lo exige el inciso a) del artículo cincuentiocho de la acotada Ley Laboral; además su argumentación pretende un reexamen de los hechos establecidos en el proceso a partir de la responsabilidad de la demandada en la ejecución de su obligaciones, cuestión fáctica que no puede ser modificada en sede casatoria a tenor del artículo cincuenticuatro de la acotada ley Laboral; Quinto: Que, finalmente la causal de inaplicación de una norma de derecho material exige que el recurrente fundamente debidamente cuál es el nexo causal que existe entre las normas denunciadas y lo que ha sido materia de controversia y como modificarían éstas el sentido del juzgamiento, que no

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Jurisprudencia se cumple en el recurso sub examen; tanto más si los artículos ciento treintinueve inciso tercero de la Carta Magna y tres del Título Preliminar del Código Civil son de naturaleza procesal y no material como lo exige la causal denunciada; por esta consideraciones y en aplicación del último párrafo del artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas ciento cincuentitrés por Centromín Perú Sociedad Anónima contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenticuatro, fechada el trece de enero del dos mil cuatro; CONDENARON a la recurrente a la multa de tres unidades de referencia procesal; así como al pago de las costas y costos originados de la tramitación del recurso: en los seguidos por don Teodocio Mauro Huamán Beraún sobre indemnización por despido arbitrario; y estando a que la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la ley: ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y los devolvieron.SS. ROMAN SANTISTEBAN, VILLACORTA RAMIREZ, DONGO ORTEGA, ESTRELLA CAMA, LEON RAMIREZ

SEGURO DE VIDA: LA DEMANDA DEBE SER DIRIGIDA CONTRA LA EMPRESA DE SEGUROS SI EL EMPLEADOR HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES: "Que, si bien el trabajador tiene derecho al pago del seguro de vida ley por invalidez permanente también lo es que dicha acción debió dirigirla contra la compañía aseguradora, puesto que conforme se menciona en el inciso c) del artículo quinto del contrato de la Póliza de Seguro de Vida Ley, que corre a fojas trescientos este riesgo está cubierto, por ello se debe dejar a salvo el derecho del actor a reclamar la indemnización ascendente a treintidós remuneraciones a la compañía de seguros (asegurador), en calidad de beneficiario del seguro pues el empleador (asegurado), había cumplido con sus obligaciones;"

CAS. Nº 1342-2005 DEL SANTA. Pago de Póliza de Seguro.

(El Peruano: 02-05-2006)

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Actualidad Laboral Lima, veintiocho de octubre del dos mil cinco.LA PRIMERA SALA TRANSITORIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA: VISTA: la causa número mil trescientos cuarentidós del dos mil cuatro; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de Casación interpuesto por la Empresa Pesquera Jadran Sociedad Anónima, a través de su apoderado Augusto Encarnación Saavedra Montoya, mediante escrito de fojas setecientos ochenticuatro, contra la Sentencia de Vista de fojas setecientos setentitrés, que Revoca la apelada de fojas setecientos veintinueve de fecha siete de enero del dos mil cinco que declara infundadas las demandas acumuladas de pago de seguro de vida por incapacidad total y permanente y pago de subsidios por incapacidad temporal por accidente de trabajo, y Reformándola declara fundada en parte las demandas interpuestas, y establece que las demandadas deben abonar al demandante en la siguiente forma: Rimac Internacional Seguros y Reaseguros diez mil nuevos soles, Empresa Pesquera Jadran Sociedad Anónima la suma de sesentinueve mil seiscientos quince nuevos soles con cuarentiséis céntimos por los siguientes conceptos: la indemnización por invalidez total y permanente cincuentiséis mil seiscientos setenta y cinco nuevos soles con cincuentiséis céntimos, once mil seiscientos cuarentinueve nuevos soles con noventa céntimos por reintegro de subsidio por incapacidad para el trabajo, más mil doscientos noventa nuevos soles por los primeros veinte días por subsidio de incapacidad para el trabajo, más los intereses legales, costas y costos FUNDAMENTACION DEL RECURSO: La recurrente denuncia como única causal de su recurso: La Aplicación Indebida del artículo sétimo de la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales vale decir el Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho.

CONSIDERANDO: Primero: Que, la recurrente señala que la norma denunciada no debió aplicarse en razón que ésta regula la obligación del empleador de pagar una indemnización en caso que el trabajador falleciera o quedará inválido en forma permanente y aquél no hubiera tomado una póliza de seguro, supuesto de hecho distinto al que se ha dado en el presente caso, toda vez que su parte cumplió con tomar una póliza de

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Actualidad Laboral seguro de vida dispuesto por la ley y pagó las primas correspondientes, conforme ha quedado acreditado en autos; no siendo responsable su parte por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la compañía de seguros contratada para cubrir la contingencia del fallecimiento o invalidez de sus trabajadores. Asimismo señala que las normas que debieron aplicarse son el artículo catorce y diecisiete del mismo dispositivo legal, toda vez que estas obligan a la Compañía de Seguros a cubrir el monto asegurado, generándose inclusive intereses legales vencidas las setentidós horas; que dicha fundamentación satisface los requisitos del inciso a) artículo cincuentiocho de la Ley Procesal del Trabajo, motivo por el cual se declara procedente, correspondiendo emitir pronunciamiento de fondo; Segundo: Que, la presente demanda contiene dos pretensiones: a) El pago de la póliza de seguro de vida (correspondiente a treintidós remuneraciones) por invalidez total de naturaleza permanente, por haber sufrido accidente conforme a lo dispuesto en la Ley de Consolidación de Beneficios Sociales Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho y b) subsidios por incapacidad temporal por accidente de trabajo, como consecuencia del accidente que el demandante sufriera en faena de pesca el día doce de marzo del dos mil; Tercero: Que, en cuanto a la segunda pretensión b) no siendo materia del recurso de casación y habiéndose conformado ambas partes con lo resuelto por la recurrida (en cuanto ordena que la empresa empleadora cumpla con abonar al demandante la suma de once mil seiscientos cuarentinueve nuevos soles con noventa céntimos por reintegro de subsidio por incapacidad para el trabajo, más mil doscientos noventa nuevos soles por los primeros días por subsidio por incapacidad para el trabajo), dicho extremo de la recurrida no será materia de análisis.

Cuarto: Que, al absolver la demanda en cuanto a la primera pretensión a) la empresa demandada denunció a la compañía aseguradora (fojas ciento treintidós) con la que contrató el seguro de vida de sus trabajadores incluido el recurrente, al considerar que aquella era la que debía asumir cualquier pago, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto del Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho; Quinto: Que, a fojas ciento treinticuatro mediante resolución número tres se resolvió admitir la denuncia civil formulada contra Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, quien absuelve la demanda a fojas doscientos cincuentiocho, la cual se declaró extemporánea corriente a fojas doscientos sesenticuatro.

Sexto: Que, el primer párrafo del artículo primero del Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho señala que: ‘’El trabajador empleado u

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Jurisprudencia obrero tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una vez cumplidos cuatro años de trabajo al servicio del mismo. Sin embargo, el empleador está facultado a tomar un seguro a partir de los tres meses de servicios del trabajado"(sic); Sétimo: Que, por su parte la norma denunciada señala en su artículo siete que: "El empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y pagar las primas correspondientes. En caso que el empleador no cumpliera esta obligación y falleciera el trabajador, o sufriera un accidente que lo invalide permanentemente deberá pagar a sus beneficiarios el valor a que se refiere el artículo doce"(sic); Octavo: Que, el inciso c) del artículo doce del Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho señala como monto del beneficio por invalidez total o permanente del trabajador originada por accidente se abonará la suma de treintidós remuneraciones mensuales percibidas por aquel en la fecha previa al accidente. En este caso, dicho capital asegurado será abonado directamente al trabajador o por impedimento de él a su cónyuge, curador o apoderado especial; Noveno: Que, en consecuencia se puede concluir que el empleador sólo quedaría obligado al pago del monto señalado como indemnización en el considerando anterior en caso de no cumplir oportunamente con la póliza de vida y con el pago correspondiente de la prima, contrarium censu sí este cumple con dichas obligaciones impuestas por ley quedaría exonerado; Décimo: Que, corre en autos a folios cuarentiséis y repetida a folios doscientos ochentidós la copia de la Póliza de Vida - Ley Obreros número cero cero ciento treintiuno setecientos treintiocho tomada por la empresa demandada y a cargo de la Compañía de Seguros Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros y en cuya relación de tripulantes pesqueros con cuatro años o más figura el actor, asimismo obra a fojas setentidós obra la factura número diez millones ochocientos treinticuatro mil seiscientos doce, con la cual la demandada Jadran Sociedad Anónima al absolver la demanda manifestó que acreditaba estar al día con las primas correspondientes; documentales que el demandante no ha cuestionado, demostrando tácitamente su conformidad; por consiguiente no corresponde exigir el pago de la póliza de vida Ley obrero a su ex empleadora, sino a la compañía aseguradora, en aplicación artículo cuarto concordado con el artículo catorce y diecisiete del Decreto Legislativo número seiscientos ochentiocho; Décimo Primero: Que, si bien el trabajador tiene derecho al pago del seguro de vida ley por invalidez permanente también lo es que dicha acción debió dirigirla contra la compañía aseguradora, puesto que

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Jurisprudencia conforme se menciona en el inciso c) del artículo quinto del contrato de la Póliza de Seguro de Vida Ley, que corre a fojas trescientos este riesgo está cubierto, por ello se debe dejar a salvo el derecho del actor a reclamar la indemnización ascendente a treintidós remuneraciones a la compañía de seguros (asegurador), en calidad de beneficiario del seguro pues el empleador (asegurado), había cumplido con sus obligaciones; RESOLUCION: Por estas consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas setecientos ochenticuatro interpuesto por la Empresa Pesquera Jadran Sociedad Anónima; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fojas setecientos setentitrés en cuanto al pronunciarse sobre el extremo de Póliza de Vida Seguro Ley declara Fundadas la demanda contra co-demandadas Empresa Pesquera Jadrán Sociedad Anónima y Rimac Internacional Seguros y Reaseguros y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la apelada de fojas setecientos veintinueve, su fecha

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Actualidad Laboral siete de enero del dos mil cinco; en cuanto declara infundada la demanda por el concepto antes mencionado en contra de la Empresa Pesquera Jadran Sociedad Anónima; y, la REVOCARON en cuanto declara infundada la demanda contra Rimac Internacional Seguros y Reaseguros la que REFORMANDOLA la declararon improcedente; dejando a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía correspondiente; quedando subsistente la recurrida en cuanto al extremo de reintegro de subsidio por incapacidad temporal por accidente de trabajo; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano por sentar ésta precedente de observancia obligatoria en el modo y forma previsto en la Ley; en los seguidos por Eleuterio Melecio Ramos Llacas; sobre pago de Beneficios Sociales, y los devolvieron.-

SS. VILLACORTA RAMIREZ, DONGO ORTEGA, MONTES MINAYA, ESTRELLA CAMA, LEON RAMIREZ

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Actualidad Laboral

Jurisprudencia

JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS LABORALES DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA

BENEFICIOS SOCIALES: DERECHO PREFERENCIAL DE COBRO.

EXP. N° 5912-05 RV(A)

Señores: Chumpitaz Rivera Toledo Toribio Barreda Mazuelos

Lima, 04 de enero del 2006.

VISTOS: en Audiencia Pública de 12 de diciembre pasado, sin el informe oral solicitado e interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio; y CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de grado la resolución de fecha tres de junio del dos mil cinco, obrante de fojas 406, que declara improcedente el embargo en forma de retención solicitado por el accionante; por apelación de esta parte conforme se aprecia del escrito corriente de fojas 434 a 437, cuestionando el no haberse inaplicado el artículo 80° de la Ley N° 1378, así como tampoco se ha aplicado el Decreto Legislativo N° 856; Segundo: que, el artículo 24 de la Constitución Política del Estado establece que: "... El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador ..." (Sic); Tercero: que, el carácter preferencial reconocido en la Constitución no puede ser restringido legalmente de manera tal que se afecte el derecho laboral de los trabajadores al constituir un derecho alimentario, que merece protección ante la desigualdad existente frente al empleador, dado el carácter tuitivo del derecho laboral; Cuarto: que, la jurisprudencia se ha encargado de establecer la prelación del pago preferente del abono de los derechos laborales, así mediante Casación Nº 2335-2003 de fecha 10 de noviembre del 2004, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la

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República ha señalado en su quinto y sexto considerandos que: "Quinto.- Pues bien, el artículo 24 de la Constitución Política establece, en su segundo párrafo, que "El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador". Es decir, que dicha norma constitucional no establece ningún requisito o condición previa para que los trabajadores sean pagados de manera preferente a otros acreedores. Sin embargo, el Decreto Legislativo número 856, en sus artículos 3 y 4, establece condiciones no previstas por el legislador constituyente, es decir, el contenido del citado Decreto Legislativo resulta incompatible con lo normado en la Constitución. Sexto.- Consecuentemente con lo anterior, la aplicación de los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo número 856 importaría la violación de los principios de jerarquía del ordenamiento jurídico, de supremacía de la Constitución y del indubio pro operario, previstos en las normas constitucionales transcritas en el cuarto considerando de esta resolución." (Sic); Quinto: que, en este mismo sentido en la Casación Nº 1787-2002-La Libertad, la Corte Suprema a determinado que: "... considerando que el artículo 24 de la Constitución Política del Estado es un dispositivo de jerarquía superior a cualquier otra norma legal vigente en nuestro país, resultando aplicable al caso de autos, sin interesar si el derecho del demandado Banco del Nuevo Mundo Sociedad Anónima empresa multinacional andina en liquidación se encuentre registrado, pues un derecho de carácter laboral siempre va a tener preeminencia frente a cualquier otro."; Sexto: que, el desarrollo jurisprudencial no sólo se ha limitado a determinar el orden de prelación de los créditos de naturaleza laboral, sino ha desarrollado los motivos dicho tratamiento, así la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en el Expediente Nº 8512001-Lima, al desarrollar el objeto del carácter persecutorio ha destacado la naturaleza personal patrimonial del crédito laboral, así, señala que: "Que, en lo concerniente al carácter preferente de los adeudos laborales, su naturaleza reposa en el hecho

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Jurisprudencia de que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial entre el trabajador y el empleador. La primera será referida a las condiciones laborales, mientras que la segunda, es una garantía que vincula el patrimonio del deudor al cumplimiento de las obligaciones convencionales y legales (...) que, la acción persecutoria tiene por finalidad apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues estos constituyen la garantía para el pago de las acreencias laborales. No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la posesión de los bienes de la empresa originaria, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor y, eventualmente, realizarlos.", términos en los cuales asimismo, se basó la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema al expedir pronunciamiento en la Casación Nº 341-2001-Lima y la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Nº 1303-2003 Lambayeque (publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de noviembre del 2004); Séptimo: que, el reconocimiento del carácter preferencial de los derechos laborales también ha sido materia de regulación internacional, así el artículo 11 del Convenio de la OIT Nº 95 prescribe que los créditos laborales tienen preferencia en los casos de quiebra o liquidación de una empresa y deberán ser pagados antes que los acreedores ordinarios. Si bien es cierto este convenio no ha sido ratificado por el Perú, el mismo tiene el carácter de recomendación; Octavo: que, si bien es cierto hay que distinguir entre el carácter preferencial de la realización de los adeudos laborales con el derecho persecutorio, también es cierto que ambos actúan casi de manera inescindible, por cuanto la interpretación sistemática de las normas laborales conllevan el dotar al demandante trabajador de las herramientas jurídicas necesarias a fin de que los derechos laborales reconocidos judicialmente puedan concretizarse en la realidad; Noveno: que, a mayor abundamiento jurisprudencialmente se ha establecido que el trabajador tiene el derecho de perseguir incluso el bien enajenado a fin de realizar su crédito laboral, así mediante la Casación Nº 885-2001 La Libertad publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de marzo del 2002 la Corte Suprema de la República ha establecido que: "Por el derecho de persecusión si el constituyente de la hipoteca procede a enajenar el inmueble hipotecado, el acreedor tiene el derecho de perseguir el bien, cualquiera sea su adquiriente, con la finalidad de hacerse pago con el precio que se obtenga en el remate."; Décimo: que, en este sentido atendiendo que en los presentes actuados se encuentra pendiente de pago la renta vitalicia, derecho que tiene la naturaleza alimenticia el Juez de la causa

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Actualidad Laboral debe tomar las previsiones pertinentes, de ser el caso ordenar a las partes la presentación de información suficiente a efectos de expedir un pronunciamiento justo; Décimo Primero: que, en este contexto al no haber la recurrida cumplido con los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad deviene en nula de conformidad con lo establecido por el artículo 171 del Código Procesal Civil; Décimo Segundo: que, por los argumentos antes expuestos de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial el vocal ponente se aparta del criterio establecido en la resolución emitida por la Segunda Sala Laboral con fecha 15 de noviembre del 2004; consideraciones por las que de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley Procesal de Trabajo declararon NULA la resolución de fecha tres de junio del dos mil cinco, obrante de fojas 406, que declara improcedente el embargo en forma de retención solicitado por el accionante, debiendo el a quo proceder a renovar el acto procesal afectado conforme a las considerativas que anteceden; en los seguidos por ALEJANDRINA RODRIGUEZ VDA. DE VILLACORTA con COMPAÑIA MINERA SANTO TORIBIO; sobre Renta Vitalicia. Y los devolvieron los actuados al Vigésimo Octavo Juzgado Laboral de Lima.-

CADUCIDAD DE LA ACCION: FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO DE CADUCIDAD: DIAS NO COMPUTABLES: FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL.

EXP. N° 6414-2005-ND (A)

Señores: Toledo Toribio Ladrón de Guevara Sueldo

Lima, 27 de enero del 2006.

VISTOS: En Audiencia Pública de fecha 13 de enero del año en curso, con el voto en minoría del señor vocal Arévalo Vela, interviniendo como Vocal Ponente el señor Omar Toledo Toribio; y CONSIDERANDO: PRIMERO: que, es materia de apelación la resolución número uno de fecha

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Actualidad Laboral diecinueve de setiembre del dos mil cinco que declara improcedente la demanda al considerar que ha caducado la acción; SEGUNDO: que, de conformidad con el artículo 370, in fine, del código procesal civil, aplicable supletoriamente, -que recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum-, cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a este y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada.

Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia; TERCERO: que, en primer lugar corresponde señalar que la nulidad de despido se encuentra sujeta al plazo de caducidad de 30 días naturales, contemplado en el artículo 36° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; que no obstante que la citada norma precisa que el plazo de caducidad no se encuentra sujeto a interrupción ni pacto que lo enerve, ha considerado 2 causales de suspensión del mismo, a saber: a) la imposibilidad material de accionar ante un Tribunal Peruano por encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, y b) por falta de funcionamiento del Poder Judicial; que precisamente el concepto de falta de funcionamiento del Poder Judicial ha sido desarrollado por el artículo 58° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 728 (Decreto Supremo 001-96-TR), según el cual se entiende por tal, además de los días de suspensión del despacho judicial conforme al artículo 247° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aquella otra situación que por caso fortuito o fuerza mayor impidan su funcionamiento; CUARTO: que, a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 30 de enero del 2004, expedida en el Expediente Nº 1049-2003 AA/TC, ha señalado que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 124° del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que prescribe que las actuaciones judiciales se realizan en días hábiles- un día en que se paralizan las labores judiciales desde ningún punto de vista puede considerarse hábil; que si bien en la citada sentencia, el máximo interprete de la constitución considera que los días transcurridos durante la huelga de los trabajadores del Poder Judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la interposición de la demanda, no ha circunscrito la suspensión de plazo de caducidad a esa única causal -huelga en el Poder Judicial- como sugiere una interpretación restrictiva del citado pronunciamiento, pues el órgano de control constitucional no utiliza la expresión "sólo" en ninguna parte de la sentencia, siendo que a mayor

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Jurisprudencia abundamiento, en la referida resolución se hace mención a que el artículo 36° del Decreto Legislativo Nº 728 establece que el plazo de caducidad se suspende por falta de funcionamiento del Poder Judicial (fundamento 3); QUINTO: Que, el demandante mediante su recurso impugnatorio obrante de fojas 23 a 24 señala que se ha incurrido en error de hecho al considerar como fecha de cese el 25 de julio del 2005, cuando es el 27 de julio del 2005; SEXTO: Que, conforme es de verse de autos, mediante carta notarial de fojas 11, con sello de recepción de la notaria el 27 de julio del 2005, la demandada se dirige al actor señalando textualmente lo siguiente: "Por medio de la presente, que le será entregada por conducto notarial, dejamos sin efecto la carta notarial de despido que le comunicamos con fecha 25 de los corrientes.

Rectificando los términos de dicha carta le comunicamos que nuestra empresa ha decidido despedirlo a partir de la fecha de recepción de la presente" (SIC), SETIMO: Que, de lo anterior se puede concluir que la fecha de cese del demandante es por lo menos el 27 de julio del 2005, debiendo computarse el plazo de caducidad teniendo en cuenta las causales de interrupción establecidas en la ley, conforme a lo discernido líneas arriba; en ese sentido, computado el plazo a partir del 01 de agosto del 2005 -primer día hábil después del 27 de julio del 2005- hasta el 12 de setiembre del 2005, fecha de presentación de la demanda, se concluye que la misma ha sido presentada dentro del plazo de 30 días, por lo que debe revocarse la recurrida; por los fundamentos expuestos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la Ley Procesal de Trabajo, REVOCARON la resolución número uno de fecha diecinueve de setiembre del dos mil cinco que declara improcedente la demanda; MODIFICANDOLA la declararon Procedente, debiendo admitirse la demanda y proseguir con la causa; en los seguidos por LUIS CRISANTO ROSALES ESTACIO con la EMPRESA GLORIA S.A.; sobre nulidad de despido; y los devolvieron al Sétimo Juzgado Laboral de Lima.-

EL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR VOCAL AREVALO VELA, ES COMO SIGUE: ATENDIENDO: Primero: que, el artículo 2006° del Código Civil señala expresamente que la caducidad se declara de oficio o a petición de parte; Segundo: que, mediante escrito que corre de fojas 23 a 24, el demandante don Luis Crisanto Rosales Estacio interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 01, su fecha 19 de setiembre de 2005 que corre de fojas 21 que declaró improcedente su demanda, sosteniendo que su despido se produjo el 27 de julio de 2005 y no el 25 de julio de 2005 como lo ha establecido

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Jurisprudencia la resolución apelada; Tercero: que, de conformidad con el artículo 36° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 -Ley de Productividad y Competitividad Laboral- aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR el plazo de caducidad para accionar judicialmente en las casos de nulidad de despido es de 30 días naturales de producido el hecho; Cuarto: que, la fecha de cese del actor fue el 27 de julio de 2005 lo que se corrobora con la Carta Notarial de despido que corre a fojas 11 fechada el 27 de julio de 2005; Quinto: que, se aprecia a fojas 16 que la demanda fue presentada a la Mesa de Partes del Centro de Distribución General de la Corte Superior de Justicia de Lima el 12 de setiembre de 2005, por lo que ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad de 30 días a que se refiere el tercer considerando; por estas consideraciones y no las de la apelada MI VOTO es porque SE CONFIRME la Resolución Nº 01, su fecha 19 de setiembre de 2005 que corre a fojas 21 que declara improcedente la demanda, con lo demás que contiene; en los seguidos por don LUIS CRISANTO ROSALES ESTACIO contra EMPRESA -GLORIA S.A.; sobre nulidad de despido.-

CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS: PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD.

EXP. N° 4991-2005 BS (S)

Señores: Chumpitaz Rivera Toledo Toribio Barreda Mazuelos

Lima, 22 de Diciembre de 2005.

Vistos; En Audiencia Pública e interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio, con la prórroga de ley concedida; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene en revisión por parte de la demandada la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil cinco, que declara fundada la demanda interpuesta, la misma que es recurrida mediante recurso de fojas 186 y 187; Segundo: que, la recurrente argumenta como agravio que le acusa la recurrida señalando, que en autos no existe ningún medio probatorio que acredite que la naturaleza del vínculo era de carácter laboral, por el contrario esta

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Actualidad Laboral parte ha acreditado que la demandante venía realizando prácticas pre-profesionales como se encuentra acreditado con el convenio de fecha 01 de marzo de 2000 hasta el 30 de abril del año en curso, no siendo aplicable el principio de primacía de la realidad, en razón de lo dispuesto en el artículo 20º de la Ley Procesal del Trabajo; Tercero: que, el actual Código Procesal Civil, en armonía con la concepción publicista, revela la función jurisdiccional, consagrando en el articulo 197º un sistema evaluativo intermedio, único y ponderado, denominado de la sana crítica en virtud del cual el juez después de la apreciación y evaluación jurídico, arriba a un razonamiento lógico y certero valorando los medio de prueba actuados en el proceso siendo que, dicho sistema en materia de evaluación probatoria ha sido recogido por el articulo 30º de la Ley Procesal del Trabajo; Cuarto: que, bajo este contexto y absolviendo el agravio invocado, y a efectos de determinar la procedencia de los extremos reclamados en la presente litis, debe verificarse en primer término si entre las partes litigantes existió un contrato de trabajo o si es que la actora se encontró vinculada a la emplazada en virtud de los Convenios de Prácticas Pre Profesionales suscritos, como dice haber existido la demandada; Quinto: que, el contrato de trabajo, es un acuerdo de voluntades, por el cual el trabajador pone a disposición del empleador sus servicios en relación de subordinación, obligándose a realizar las labores que se le encomiendan en forma personal, recibiendo como contraprestación el pago de la remuneración, Sexto: que, por la prestación personal Wilfredo Sanguineti indica que la prestación de servicios es "La obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su propia actividad laborativa (operae) lo cual es indispensable de su personalidad y no un resultado de su aplicación (opus) que se independice de la misma". Es decir la prestación de servicios que fluye de un contrato es personal -Intuito personae- y no puede ser delegada a un tercero; Sétimo: que, por otro lado, la prestación de servicios debe ser remunerada, esto es la obligación del empleador de pagar al trabajador una contraprestación por los servicios prestados, generalmente en dinero a cambio de la actividad que éste pone a su disposición. Es decir el contrato de trabajo es oneroso y no cabe la prestación de servicios en forma gratuita; Octavo: que, finalmente tenemos la subordinación, este es el elemento determinante para establecer la existencia de un vínculo laboral, ya que él constituye el matiz distintivo entre un contrato de trabajo y uno de locación de servicios. Ahora bien, la subordinación implica la presencia de las facultades directriz, fiscalizadora y disciplinaria que tiene el empleador frente a un trabajador, las mismas que se exteriorizan en: cumplimiento de un horario y jornada

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Actualidad Laboral de trabajo uniformes, existencia de documentos que demuestran cierta sumisión o sujeción a las directrices que se dicten en la empresa, imposición de sanciones disciplinarias, sometimiento a los procesos disciplinarios aplicables al personal dependiente etc.; Noveno: que, la subordinación aludida en el considerando precedente se encuentra probada con dos solaperos de identificación entregados por la demandada, en donde se aprecia la labor que desempeñaba la actora en la institución demandada (Tutora), con el informe Nº 002DP-P/T-AEP-2002, dirigido por la Jefe del Departamento de Psicopedagogia a la demandante, identificándola como Tutora Local A.F.N., respecto a una acumulación de Tardanzas, indicándole además que su hora de ingreso es a las 7:15 a.m. y que de persistir con dicha actitud se tomarán otras medidas estrictas de acuerdo al reglamento de la institución, con la carta de reconocimiento a la labor realizada por la demandante en el cargo de tutora, remitida por el Jefe de Departamento de Tutoría; carta de felicitación dirigida a la actora por su desempeño como tutora, remitida por Hans Valencia Manrique el catorce de junio de dos mil uno obrante a fojas 06; seis ejemplares de parte diario que la demandada entregaba a la actora en los que aparece impreso el nombre de la actora como responsable, fojas 13 a 23; documento denominado Plan de Trabajo Examen de Admisión UNI- 2002 II, para el desarrollo de su trabajo como tutora fojas 24 y 29; el folleto denominado "El Eco Pitagórico", Año 2 Nº 2 correspondiente periodo mayo - julio 2002, en el que se hace constar su estructura orgánica, locales y principales funcionarios, fojas 48 a 55, documentos con los que se acredita que las labores u objetivos de la entidad demandada son totalmente distintos e incompatibles con la formación académica de un estudiante de derecho, con los que se presume razonablemente la falta de veracidad de los Convenios celebrados; instrumentales sobre las cuales no ha recaído cuestión probatoria alguna (tacha) por parte de la demandada, por lo que mantiene su valor probatorio; Décimo: que, de la misma manera, el carácter personal de las labores se corrobora con la naturaleza de las actividades desarrolladas por la actora, y que consistieron en labores de tutoría desde su fecha de ingreso hasta el nueve de marzo de dos mil tres, y como recepcionista hasta la fecha de su cese, según se desprende de los medios probatorios señalados precedentemente; Décimo Primero: que, asimismo se encuentra debidamente acreditado el pago de una remuneración, que es lo que la actora percibía como contraprestación por sus servicios, extremo que se encuentra probado con la consulta de saldo del Banco de Crédito del veintisiete de febrero de dos mil tres, respecto a la tarjeta Nº 4557-8800-6382, aperturada por la demandante a solicitud de la

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Jurisprudencia demandada, para que se deposite sus remuneraciones, fojas 57; con el voucher del Banco de Crédito en el que consta los últimos movimientos efectuados en la cuenta en la que la emplazada le pagó sus remuneraciones, fojas 58; con la Tarjeta de Credimas del Banco de Crédito correspondiente a la cuenta antes referida, que acreditan el pago de las remuneraciones o haberes de la accionante, corroborados por el escrito presentado por el Banco de Crédito, fojas 159, informando que la cuenta de ahorros Nº 193-11498927, ha sido abierta el veintiuno de junio de dos mil uno y que corresponden a los movimientos efectuados por la entidad demandada; Décimo Segundo: que, debe tenerse presente igualmente que conforme lo establece el Artículo 4º del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR: "En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado", razón por la cual de conformidad con lo expuesto en considerandos precedentes y con lo discernido en la venida en grado; y, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, se concluye de manera inequívoca que entre las partes existió un contrato de naturaleza laboral, por el periodo reconocido en la impugnada, el mismo que se ha establecido en base tanto a las pruebas existentes como a los indicios que se han acreditado mediante las pruebas presentadas por el reclamante, las cuales en su conjunto han adquirido significación y conducido al juez a la certeza v convicción de que entre las partes ha existido un vínculo laboral por el periodo indicado, razonamiento que no ha podido ser desvirtuado por la demandada en su respectivo medio impugnatorio; Décimo Tercero: que, siendo así, al encontrarse documentalmente probado que las labores prestadas por la demandante dentro de la institución educativa demandada fueron realizadas concurriendo los elementos característicos de una relación laboral, siendo estos, el carácter personal de las labores desarrolladas, la subordinación en que se encontraba la actora con relación a la demandada y el pago de una remuneración por las labores desplegadas, los Convenios de Practicas Profesionales celebrados entre las partes intervinientes en el presente proceso carecen de validez; mas aun si se aprecia que el objeto de los mismos han tenido como fin de que la practicante (Demandante), reciba una formación teórica y practica de acuerdo al programa establecido por la empresa (Demandada) y a cargo de un instructor que le brinde la orientación correspondiente; no habiendo cumplido la emplazada con acreditar haber impartido la formación practica y teórica así como tampoco la designación de un instructor,

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Jurisprudencia

Actualidad Laboral

acreditándose por el contrario que la actora ha realizado labores de tutoría y posteriormente de recepcionista, actividades totalmente ajenas y extrañas a las que se señalaron en los Convenios de Prácticas Profesionales; lo que determina la desnaturalización de los referidos convenios, correspondiendo a la accionante los beneficios sociales que han sido determinados en la venida en grado, esto es, lo referido a la compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas, gratificaciones. Que siendo así debe confirmarse dichos extremos teniendo en cuenta que la demandada no ha formulado observación alguna a la forma de determinación de dichos derechos; Décimo Cuarto: que, por lo tanto, lo resuelto por el juzgador se encuentra arreglado al mérito de lo actuado en el proceso y conforme a derecho, puesto que en los actuados ni ante esta instancia la demandada ha aportado elementos que desvirtúen las conclusiones arribadas por el a quo las mismas que se ajustan al mérito de las pruebas ofrecidas por las partes en los respectivos actos postulatorios, las cuales han sido analizadas en forma conjunta y con su apreciación razonada, conforme a la regla prevista en el articulo 30º de la Ley Procesal del Trabajo; por los fundamentos expuestos; por estas consideraciones CONFIRMARON la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil cinco, que declara fundada la demanda interpuesta; en consecuencia, ORDENARON que la emplazada pague a la actora en el término de ley la suma de S/. 6,309.67 (SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE con 67/100 Nuevos Soles), con lo demás que contiene; en los seguidos por CLAUDIA MARINA TORRES VALLEJOS contra ASOCIACION EDUCATIVA PITAGORAS ; sobre Beneficios Sociales y otro; y los devolvieron al Vigésimo Cuarto Juzgado de Trabajo de Lima.

DERECHOS LABORALES: PREFERENCIAL.

Exp. N° 7035-05 BE(A) Señores: Toledo Toribio Yangali Iparraguirre Ladrón de Guevara Sueldo

Lima, 10 de enero del 2006.

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CARACTER

AUTOS Y VISTOS: puestos los autos a despacho para resolver y; CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de grado la Resolución N° 23 de fecha 01 de julio del 2005, copiada de fojas 251 a 253, que resuelve ordenar bajo responsabilidad Eduardo Gracia Villegas Ejecutor Coactivo de la Intendencia Regional de Lima, a efectos de que en un plazo de cinco días de notificado cumpla con presentar a nombre del Juzgado el certificado de consignación por el monto de retención ascendente a la suma de S/. 11,910.34; por apelación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, conforme se aprecia de fojas 314 a 318; Segundo: que, el artículo 24 de la Constitución Política del Estado establece que: "... El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador..." (Sic); Tercero: que, el carácter preferencial reconocido en la Constitución no puede ser restringido legalmente de manera tal que se afecte el derecho laboral de los trabajadores al constituir un derecho alimentario, que merece protección ante la desigualdad existente frente al empleador, dado el carácter tuitivo del derecho laboral; Cuarto: que, la jurisprudencia se ha encargado de establecer la prelación del pago preferente del abono de los derechos laborales, así mediante Casación N° 2335-2003 de fecha 10 de noviembre del 2004, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República ha señalado en su quinto y sexto considerandos que: "Quinto.- Pues bien, el artículo 24 de la Constitución Política establece, en su segundo párrafo, que "El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador", Es decir, que dicha norma constitucional no establece ningún requisito o condición previa para que los trabajadores sean pagados de manera preferente a otros acreedores. Sin embargo, el Decreto Legislativo número 856, en sus artículos 3 y 4, establece condiciones no previstas por el legislador constituyente, es decir, el contenido del citado Decreto Legislativo resulta incompatible con lo normado en la Constitución. Sexto.- Consecuentemente con lo anterior, la aplicación de los artículos 3 y 4 del Decreto Legislativo número 856 importaría la violación de los principios de jerarquía del ordenamiento jurídico, de supremacía de la Constitución y del indubio pro operario, previstos en las normas constitucionales transcritas en el cuarto considerando de esta resolución." (Sic); Quinto: que, en este mismo sentido en la Casación N° 1787-2002La Libertad, la Corte Suprema a determinado que: "... considerando que el artículo 24 de la Constitución Política del Estado es un dispositivo de jerarquía superior a cualquier otra norma legal vigente en nuestro país, resultando aplicable al caso de autos, sin interesar si el derecho del demandado Banco del

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Actualidad Laboral Nuevo Mundo Sociedad Anónima empresa multinacional andina en liquidación se encuentre registrado, pues un derecho de carácter laboral siempre va a tener preeminencia frente a cualquier otro."; Sexto: que, el desarrollo jurisprudencial no sólo se ha limitado a determinar el orden de prelación de los créditos de naturaleza laboral, sino ha desarrollado los motivos dicho tratamiento, así la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en el Expediente N° 851-2001-Lima, al desarrollar el objeto del carácter persecutorio ha destacado la naturaleza personal patrimonial del crédito laboral, así, señala que: "Que, en lo concerniente al carácter preferente de los adeudos laborales, su naturaleza reposa en el hecho de que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial entre el trabajador y el empleador. La primera será referida a las condiciones laborales, mientras que la segunda, es una garantía que vincula el patrimonio del deudor al cumplimiento de las obligaciones convencionales y legales" (...) que, la acción persecutoria tiene por finalidad apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues estos constituyen la garantía para el pago de las acreencias laborales. No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la posesión de los bienes de la empresa originaria, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor y, eventualmente, realizarlos.", términos en los cuales asimismo, se basó la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema al expedir pronunciamiento en la Casación N° 341-2001-Lima y la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1303-2003 Lambayeque (publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de noviembre del 2004); Séptimo: que, por último el reconocimiento del carácter preferencial de los derechos laborales también ha sido materia de regulación internacional, así el artículo 11 del Convenio de la OIT N° 95 prescribe que los créditos laborales tienen preferencia en los casos de quiebra o liquidación de una empresa y deberán ser pagados antes que los acreedores

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Jurisprudencia ordinarios. Si bien es cierto este convenio no ha sido ratificado por el Perú, el mismo tiene el carácter de recomendación; Octavo: que, si bien es cierto hay que distinguir entre el carácter preferencial de la realización de los adeudos laborales con el derecho persecutorio, también es cierto que ambos actúan casi de manera inescindible, por cuanto la interpretación sistemática de las normas laborales conllevan el dotar al demandante trabajador de las herramientas jurídicas necesarias a fin de que los derechos laborales reconocidos judicialmente puedan concretizarse en la realidad; Noveno: que, en este sentido en el presente caso los derechos laborales del demandante tienen carácter persecutorio respecto al producto del remate efectuado por la SUNAT, en el proceso de ejecución coactiva N° 01106032211 del inmueble de propiedad de la demandada, tanto más si con fecha 09 de diciembre de 2004, antes del remate, fue anotada la presente demanda en el Rubro Gravámenes y Cargas de la Partida Electrónica 49069433, como es de verse del documento de fojas 217; Décimo: que, por lo tanto habiéndose trabado embargo en forma de retención sobre el producto del remate efectuado por la SUNAT mediante resolución Nº 21, de fecha 13 de enero del 2005, obrante de fojas 222, el ejecutor coactivo está obligado a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado estando a lo expresamente establecido en el artículo 4 del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial; consideraciones por las que de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley Procesal de Trabajo CONFIRMARON la Resolución Nº 23 de fecha 01 de julio del 2005, copiada de fojas 251 a 253, que resuelve ordenar bajo responsabilidad Eduardo Gracia Villegas Ejecutor Coactivo de la Intendencia Regional de Lima, a efectos de que en un plazo de cinco días de notificado cumpla con presentar a nombre del Juzgado el certificado de consignación por el monto de retención ascendente a la suma de S/ . 11,910.34; en los seguidos por ERICK AURELIO GUARDIA RAZO con COMPAÑIA HOTELERA LIMA S.A. y otros; sobre Pago de Beneficios Económicos.

Comuníquese por secretaría al Quinto Juzgado Laboral de Lima de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Procesal Civil.-

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Jurisprudencia DESPIDO: REQUISITOS: "en nuestra normatividad (al igual que en España, Brasil, Chile, Panamá y Paraguay) la gravedad no constituye el único requisito a considerar para que el empleador pueda hacer uso del despido disciplinario, sino además es necesaria su adecuación al catálogo de incumplimientos ajustado al principio de tipificación previa y de legalidad, al haberse adherido al sistema cerrado o de numerus clausus no extensible por analogía;"

Exp. N° 3809-05 BE (S)

Señores: Chumpitaz Rivera Toledo Toribio Barreda Mazuelos

Lima, 19 de diciembre de 2005.

VISTOS: en Audiencia Pública de 22 de setiembre pasado, con prórrogas, con los informes orales solicitados, interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio; y CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de grado la Sentencia N° 062-2005-AUM-20JTL, de fecha 11 de mayo del 2005, corriente de fojas 337 a 341, que declara fundada la demanda, por apelación de la demandada quien cuestiona la declaración de la existencia de un despido arbitrario; Segundo: que, Alonso García define al despido como "el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual éste decide poner fin a la relación de trabajo" (citado por Carlos Blancas Bustamante en su obra "El Despido", Ara Editores, Primera Edición. Lima. 2002. Página 58); Tercero: que, en el caso de autos es de verse del escrito de contestación de demanda de fojas 155 a 177, en el numeral a) del punto 2, en donde la demandada señala que: "... Si bien en el Acta de Inspección se consignó como último día de labores del actor el viernes 20 de febrero de 2004, ello obedeció exclusivamente a que esa fue la última fecha en que el demandante nos prestó sus servicios efectivos, porque el siguiente día útil, esto es el día lunes 23 de febrero, nuestra Empresa inició una serie de investigaciones internas para determinar la existencia de faltas graves por parte del demandante, lo que dio lugar a que dispusiéramos que el actor sólo debía concurrir al centro de trabajo para sostener reuniones relacionadas con la investigación interna que estábamos realizando, mas no para trabajar..." lo que se corrobora con el

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Actualidad Laboral Acta de Visita de Inspección Especial corriente de fojas 04 a 09 [cuya nulidad planteada por la demandada fue declarada infundada conforme es de verse de la resolución de fecha 05 de marzo del 2004, emitida por el Sub Director de la Segunda Sub Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, corriente de fojas 277], en donde se detalla que: "... Ultimo día de labor: viernes 20 de febrero de 2004, según manifestaron ambas partes de común acuerdo." y más adelante "... El representante del empleador manifiesta que efectivamente el 23 y 24 de febrero no se le permitió el ingreso a trabajar... " (Sic) (el resaltado en negritas y cursiva es nuestro); Cuarto: en nuestra normatividad (al igual que en España, Brasil, Chile, Panamá y Paraguay) la gravedad no constituye el único requisito a considerar para que el empleador pueda hacer uso del despido disciplinario, sino además es necesaria su adecuación al catálogo de incumplimientos ajustado al principio de tipificación previa y de legalidad, al haberse adherido al sistema cerrado o de numerus clausus no extensible por analogía; Quinto: que, en este sentido y verificándose de autos respecto al cumplimiento del procedimiento mencionado en el considerando que antecede desarrollado en el Artículo 31º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el mismo que acoge las orientaciones trazadas por el Convenio 158 de la Organización Internacional de Trabajo y que tiene por objetivo determinar los hechos en que se funda el despido, con audiencia del trabajador otorgándole un plazo razonable para el ejercicio de su derecho de defensa; así como "asegurar que la decisión de terminación vaya precedida de un diálogo y reflexión entre las partes" (el resaltado en negritas y cursiva es nuestro) (cita tomada de Carlos Blancas Bustamante. El despido individual por causa justa. ARA Editores 2002 Página 225, segundo párrafo); Sexto: que, corresponde al empleador probar la causa del despido y al trabajador la existencia del mismo, conforme a lo preceptuado en el inciso 3 del artículo 27 de la Ley Procesal de Trabajo; Séptimo: que, en el presente caso si bien es cierto obran dos cartas de pre aviso y una de despido, conforme se verifica de fojas 13 a 14, 15 a 18 y 19 a 25 respectivamente, estas fueron remitidas cuando ya no se le permitió el ingreso al actor al centro de trabajo, es decir después del 20 de febrero del 2004, por lo que al no obrar documento alguno en el expediente que acredite haberse seguido antes de esta fecha con el procedimiento descrito en el articulo 31 antes citado, el despido deviene en arbitrario, en consecuencia corresponde a la demandante la Indemnización por Despido Arbitrario en la forma establecida en el articulo 38 de la norma material citada conforme lo ha reconocido el a quo; por estas consideraciones, en aplicación del inciso 2 del artículo

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Actualidad Laboral 5 de la Ley Procesal de Trabajo; CONFIRMARON la Sentencia N° 062-2005-AUM-20JTL, de fecha 11 de mayo del 2005, corriente de fojas 337 a 341, que declara fundada la demanda, y ORDENA que la emplazada abone al actor la suma de S/. 58,842.64 (CINCUENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTIDOS Y 64/100 NUEVOS SOLES), más intereses legales, costas y costos del proceso a determinarse en ejecución de sentencia, en los seguidos por JORGE LUIS PEÑA ACEVEDO con KRAFT FOODS PERU S.A., sobre Beneficios Sociales e Indemnización por Despido Arbitrario y los devolvieron al Vigésimo Juzgado de Trabajo de Lima.-

EXCEPCION DE PRESCRIPCION: DESARROLLO EN EL TIEMPO: APLICACION DE LA LEY 26513: "… en el presente caso resulta de aplicación el plazo establecido en la Ley N° 26513, pues si bien no se encontraba vigente a la fecha de terminación de la relación laboral, surte efecto en virtud del principio citado en el considerando anterior por haber transcurrido el tiempo requerido para la prescripción aunque por la norma anterior, esto es, el artículo 2001º, inciso l) del Código Civil, se necesitare un tiempo mayor;"

Exp. N° 5915-05 BE(A)

Señores: Chumpitaz Rivera Toledo Toribio Barreda Mazuelos

Lima, 19 de diciembre del 2005.

VISTOS: en Audiencia Pública del 12 de diciembre pasado, con el informe oral solicitado e interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio; y, CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de apelación por parte del demandante la resolución número ocho, de fecha nueve de agosto del dos mil cinco, que declara fundada la excepción de prescripción extintiva emitida en la Audiencia Unica cuya acta corre de fojas 174 a 176, mediante el escrito de fojas 203 a 208; Segundo: que, en el caso sub litis cabe señalar que la prescripción en materia laboral tiene regulación propia en cuanto al plazo y al ejercicio

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Jurisprudencia de la acción, al existir disposiciones legales específicas; Tercero: que, ambas partes se encuentran de acuerdo en que la conclusión de la relación laboral se ha producido el 25 de abril de 1991; Cuarto: que, a diferencia de la Constitución Política de mil novecientos setentinueve la Constitución de mil novecientos noventitrés no ha señalado plazo alguno de prescripción para la acción de cobro de beneficios sociales por lo que en ese entonces, esto es, a la fecha de cese del demandante, resultaba de aplicación el plazo de prescripción de las acciones personales a que se refiere el artículo 2001° inciso 1) del Código Civil; Quinto: que, sin embargo, el veintisiete de julio de mil novecientos noventicinco se expidió la Ley N° 26513 que estableció que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los tres años desde que resulten exigibles, disposición que ha sido recogida en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Derogatoria del Decreto Supremo N° 03-97-TR: TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, plazo que posteriormente fue establecido en dos años mediante la Ley N° 27022 (El Peruano: 23.12.98) y luego en cuatro años mediante la Ley N° 27321 (El Peruano: 22.07.00); Sexto: que, dada la sucesión de normas que señalan diversos plazos de prescripción para la determinación del plazo en cada caso concreto resulta de aplicación la teoría de los hechos cumplidos conforme lo ha precisado la Primera Disposición Final del Decreto Supremo N° 01-96-TR, Reglamento del Decreto Legislativo N° 728; Sétimo: que, siendo así, conforme a lo discernido en el considerando anterior, en el presente caso resulta de aplicación el plazo establecido en la Ley N° 26513, pues si bien no se encontraba vigente a la fecha de terminación de la relación laboral, surte efecto en virtud del principio citado en el considerando anterior por haber transcurrido el tiempo requerido para la prescripción aunque por la norma anterior, esto es, el artículo 2001º, inciso l) del Código Civil, se necesitare un tiempo mayor; Octavo: que, por lo tanto, hasta la fecha de presentación de la demanda al 19 de febrero de 2004, conforme se aprecia del sello de presentación obrante de fojas 31, se tiene que el transcurso del plazo prescriptorio previsto en la Ley N° 26513 ha vencido en exceso, por lo que resulta fundada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la demandada; Noveno: que, con referencia a las cartas corrientes de fojas 02 a 03 y 04, al haberse remitido con fechas 26 de noviembre del 2003 y 02 de diciembre del 2003, respectivamente, resultan extemporáneas para interrumpir la prescripción por cuanto ésta ya se produjo el 28 de julio de 1998, como se ha señalado en el considerando que antecede, por lo tanto, habiendo transcurrido el plazo de prescripción lo resuelto por el a quo se halla arreglado a derecho, por lo que debe

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Jurisprudencia confirmarse la recurrida; por estas consideraciones de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley Procesal de Trabajo CONFIRMARON la resolución número ocho, de fecha nueve de agosto del dos mil cinco, que declara fundada la excepción de prescripción extintiva; en los seguidos por JOSE EDUARDO RIVERA PACHECO con EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. -EDITORA PERU-, sobre Pago de Beneficios Económicos. Y devolvieron los actuados al Vigésimo Quinto Juzgado Laboral de Lima.-

HOSTILIDAD: FALTA DE PAGO DE REMUNERACIONES: CASO FORTUITO: INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR: INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

EXP. N° 422-2005 BE(S)

Señores: Chumpitaz Rivera Morales González Toledo Toribio

Lima, 05 de agosto del 2005.

VISTOS los autos en Audiencia Pública de fecha 05 de mayo pasado, interviniendo corno Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio, con las prórrogas de ley, y CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de grado la Sentencia N° 201-2004 de fecha treinta de setiembre del dos mil cuatro, corriente de fojas 141 a 146, que declara fundada en parte la demanda, por apelación de la demandada conforme se aprecia del escrito de fojas 153 a 158, expresando que no existieron actos de hostilización por parte de la empresa, sino que la falta del pago de las remuneraciones se debió al caso fortuito o fuerza mayor al encontrarse la demandada en estado de insolvencia; Segundo: que, conforme a lo preceptuado en el inciso a) del artículo 30 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, constituye actos de hostilidad equiparables al despido la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador;

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Actualidad Laboral Tercero: que, el caso fortuito o fuerza mayor se encuentra regulado en el artículo 1315 del Código Civil, el mismo que señala que: "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso."; Cuarto: que, conforme lo señala Felipe Osterling Parodi: Los casos fortuitos o de fuerza mayor tienen iguales características. Teóricamente, sin embargo, cabe hacer una distinción. Así, se considera que el caso fortuito alude sólo a los accidentes naturales -lo que en el Derecho Anglo-Sajón se denomina "Act of God" (hecho de Dios)-; en cambio, la fuerza mayor involucra tanto los actos de terceros como los atribuibles a la autoridad -denominados en el Derecho Ango-Sajón "Act of Prince" (hecho del Príncipe). (Felipe Osterling Parodi. Las Obligaciones. Biblioteca Para Leer el Código Civil Vol. VI. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1992. Página 199); Quinto: que, el demandado señala que la situación de insolvencia por la que atravezaba constituye el supuesto que no le permitió abonar las remuneraciones del actor, situación que ha calificado de fuerza mayor o caso fortuito, sin embargo y conforme a lo señalado en el considerando que antecede, existe diferencia entre estas dos causas, por lo que al haber realizado mención a un impedimento de índole económico, vamos a proceder a verificar si el estado de insolvencia e inclusive de reestructuración de la empresa constituyen o no un supuesto de fuerza mayor que impidió a la empleadora abonar las remuneraciones y beneficios sociales al actor; Sexto: que, siguiendo con Felipe Osterling Parodi, él señala refiriéndose al caso fortuito y fuerza mayor que: "ambos consisten en acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles para el deudor y, desde luego, independientes de su voluntad. En todo caso fortuito o de fuerza mayor hay, necesariamente, ausencia de culpa. Estos eventos configuran, definitivamente, causas no imputables. Con el fin de evitar posibles confusiones, conviene precisar términos. Acontecimiento extraordinario es todo aquél que sale de lo común, que no es usual. La previsión, por su parte, debe considerarse al tiempo de contraerse la obligación; a diferencia de la resistibilidad, que se presenta al momento de cumplirla. Si el acontecimiento fuera irresistible desde el momento en que se contrajo la obligación, el acto jurídico sería nulo, porque tendría objeto imposible. El requisito de la previsión se exige cuando el deudor no previó lo que debía, o cuando, habiendo previsto el acontecimiento, se obliga a algo que presumiblemente iba a ser imposible. En ambos casos el acontecimiento es imputable al deudor, pues equivale a un hecho suyo. Pero la previsibilidad no debe apreciarse en

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Actualidad Laboral abstracto, porque si así lo hiciéramos prácticamente todo acontecimiento sería previsible, y no existiría, por tanto, el caso fortuito o de fuerza mayor. El acontecimiento es imprevisible cuando los contratantes no tienen motivos atendibles para presumir que ésta vaya a suceder. La noción de imprevisibilidad se aprecia, pues, tomando en consideración todas las circunstancias de la obligación. La rareza, el carácter anormal del evento, las remotas posibilidades de realización, configuran el caso fortuito o de fuerza mayor. El requisito de la irresistibilidad, por último, supone la imposibilidad de cumplimiento. La dificultad de cumplimiento no exonera al deudor, aun cuando la prestación se haya convertido en más onerosa de lo previsto. Tampoco interesa la situación personal del deudor; la ausencia de medios económicos para cumplir la obligación no tiene fuerza liberatoria." (Ob. Cit. Páginas 199 y 200); Séptimo: que, conforme se aprecia de la Resolución Nº 0962-2001/CRT-ODI-CAMARA obrante de fojas 39 a 42 el Banco Latino con fecha 01 de diciembre de 2000 solicitó se declare la Insolvencia de Envasadora Chimbote Export S.A., la insolvencia que fue declarada con fecha 27 de marzo del 2001, es decir que el trabajador ya prestaba sus servicios a la empresa cuando esta se declaró insolvente dado que éste ingresó a trabajar con fecha 01 de octubre de 1997; por lo que la declaración de insolvencia de la empleadora se puede considerar como un acontecimiento extraordinario, no previsible pero no irresistible como veremos más adelante, Octavo: que, de fojas 44 a 50 obra el Acta de la Junta de Acreedores de Envasadora Chimbote Export S.A. en cuyo punto 1. Informe de la Administración se constata que la Junta de Acreedores en mención con fecha diciembre del 2002 aprobó el Plan de Reestructuración, es decir, que cuando el actor cursó la primera comunicación notarial, de fecha 03 de junio del 2003, a su empleadora instándola a fin de que cumpla con abonarle el íntegro de sus remuneraciones impagas desde el mes de diciembre del 2002, la demandada ya se encontraba en proceso de Reestructuración, por lo que la normativa especializada le permitía tomar medidas al respecto y poder, de ser el caso, cesar personal con la debida sustentación técnica si es que su situación económica no le permitía a la empleadora seguir manteniendo la relación laboral con el actor; Noveno: que, en efecto el empleador puede invocar la causa objetiva de despido -referida a la reestructuración empresarial- la que se encuentra prevista en el inciso d) del artículo 46° del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, siendo que esta misma norma mediante el artículo 49° remite su procedimiento al establecido por el Decreto Legislativo Nº 845; Décimo: que, la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 845 señala expresamente que: "El Administrador o Liquidador de

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Jurisprudencia empresas en estado de insolvencia declarado por la comisión podrá cesar a los trabajadores de la empresa correspondiente para cuyo efecto cursará un aviso notarial con una anticipación de diez (10) días naturales a la fecha prevista para el cese.", asimismo conforme lo señala el numeral 5) del artículo 47 de la misma norma, la Junta de Acreedores aprueba el Plan de Reestructuración propuesto por el Administrador, que contiene la política laboral a adoptarse, la que debe encontrarse debidamente fundamentada y sustentada; Décimo Primero: que, asimismo el numeral 3) del artículo 47 del Decreto Legislativo 845, establece que el Plan de Reestructuración debe contener el cronograma de pago de los créditos hasta su cancelación, el mismo que deberá comprender la totalidad de las obligaciones de la empresa, inclusive aquellas que a la fecha de aprobación del Plan no hubiesen sido reconocidas por la Comisión y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, los créditos que tengan origen al pago de remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores tienen el primer orden de prelación; Décimo Segundo: que, entonces dentro de este contexto resulta inaceptable la pretendida fuerza mayor aludida por la demandada para dejar de cumplir con sus obligaciones patronales, mas aún si se tiene en cuenta que dicha actitud de la empleadora no resultaba irresistible como se ha concluido en los anteriores considerandos, ya que su actuar fue negligente frente a la acreencia del trabajador; máxime si se tiene en cuenta que la remuneración tiene carácter alimentario y conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual; Décimo Tercero: que, en este orden de ideas, este colegiado arriba a la convicción de que se ha configurado el acto hostilizatorio descrito en el inciso a) del artículo 30 del Decreto Supremo Nº 00397-TR consecuentemente corresponde el cálculo de la indemnización por despido arbitrario conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la norma en mención, conforme se verifica se ha realizado en la recurrida-, consideraciones por las que debe confirmarse; por lo que de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del artículo 5° de la Ley 26636 CONFIRMARON la Sentencia Nº 201-2004 de fecha treinta de setiembre del dos mil cuatro, corriente de fojas 141 a 146, que declara fundada en parte la demanda; debiendo cumplir la demandada con pagar a favor del actor la suma de S/. 143,209.41 (CIENTO CUARENTITRES MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 41/100 NUEVOS SOLES), más los intereses legales, costas y costos del proceso; en los seguidos por JULIO AGUSTIN PISCOYA CABREJOS con ENVASADORA CHIMBOTE EXPORT S.A. en Liquidación; sobre

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Jurisprudencia Indemnización por Despido Arbitrario y otros. Y los devolvieron al Décimo Quinto Juzgado Laboral de Lima.

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS OCASIONADOS POR INCUMPLIMIENTO DE UNA NORMA LEGAL POR PARTE DEL EMPLEADOR.

EXP. Nº 1172-2005 BE (S)

Señores: Toledo Toribio Ladrón de Guevara Sueldo Barreda Mazuelos

Lima, 30 de Diciembre de 2005.

AUTOS y VISTOS; en Audiencias Públicas, con el informe oral de los letrados Julio Gamero y María Benetre; e interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio, con el voto en discordia de la Señorita Vocal Elina Chumpitaz Rivera y la adhesión del Señor Vocal Néstor Morales González; y, CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de apelación por parte de la demandada la sentencia N° 197-2004, expedida mediante resolución de fecha treinta de noviembre del dos mil cuatro, obrante a fojas 376 a 384, que declara fundada en parte la demanda incoada; Segundo: que, de conformidad con el artículo 370, in fine, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, -que recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de las resoluciones impugnadas. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia; Tercero: que, la demandada a través de su medio impugnatorio obrante de fojas 396 a 407, expresa como agravios que le causa la sentencia impugnada los siguientes hechos: a) que, existe una falta de análisis en el cuarto considerando al no haberse percatado el juzgado que la pretensión del actor no resulta amparable al no

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Actualidad Laboral configurarse los presupuestos de responsabilidad como son la antijuricidad, el daño, la relación causal, y el daño causado debe ser consecuencia inmediata y directa de la conducta antijurídica que el juzgado no ha analizado, pues no ha habido un análisis critico del tema que se halla comprendido dentro del rubro de la inejecución de obligaciones que contempla el Código Civil; b) que, la carta obrante a fojas 63 y 64 se observa que claramente la adulteración burda de esta en el número 28 de octubre y luego vuelto a fotocopiar, no acreditándose con ningún sello o constancia la firma de recepción del demandante, hecho que de por si le quita mérito probatorio a dicha carta; c) que, del análisis de los actuados se determina que no hubo daños irrogados al demandante como lo señala el juzgador en el décimo cuarto de la apelada al aplicar los artículos 1330° y 1331°, por cuanto la Ley 25267 fue promulgado en junio de 1990 y su reglamento año y medio después; d) que, el demandante no ha probado que la empresa haya cometido daño moral alguno en su contra al pretender especular y obtener beneficios exagerados; Cuarto: que, la indemnización por daños y perjuicios que se reclama se fundamenta en el incumplimiento del empleador de la Ley Nro. 25267 que dispuso reponer a todos los trabajadores de empresas del estado, sujetos al régimen de la actividad privada que fueron despedidos por conflictos laborales entre el 01 de junio de 1976 y el 30 de julio de 1979; Quinto: que, constituyen supuestos de la responsabilidad civil la existencia del daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución; Sexto: que, el daño jurídicamente indemnizable es toda lesión a un interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial.

En tal sentido los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Serán daños patrimoniales las lesiones a los derechos patrimoniales y serán daños extrapatrimoniales las lesiones a los derechos de dicha naturaleza como en el caso específico de los sentimientos considerados socialmente dignos o legítimos y por lo tanto merecedores de la tutela legal, cuya lesión origina un supuesto de daño moral. Del mismo modo, las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad psicológica y a sus proyectos de vida, originan supuestos de daños extrapatrimoniales, por tratarse de intereses protegidos, reconocidos como derechos extrapatrimoniales; Sétimo: que, en virtud de la relación de causalidad debe existir una relación de causa -efecto, es decir, de antecedente- consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el daño causado a la víctima, pues de lo contrario no existiría responsabilidad civil y no nacería la obligación legal de indemnizar; Octavo: que, finalmente, en lo relativo a los factores de atribución estos pueden ser subjetivos (dolo o culpa del autor) y objetivos, los cuales tienen diversas

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Actualidad Laboral expresiones ya sea se trate de un caso de responsabilidad contractual o de la responsabilidad extracontractual; Noveno: que, durante el proceso se ha acreditado meridianamente que la demandada no ha dado cumplimiento oportuno a lo dispuesto en la Ley 25267 -promulgada el 20 de junio de 1990- que disponía la reposición de los trabajadores de las empresas de propiedad del Estado sujetos al régimen de propiedad del Estado, sujetos al régimen de la actividad privada, que fueron despedidos por conflictos laborales entre el 1 de junio de 1976 y el 30 de julio de 1979. Que, la alegación de la emplazada, en el sentido de que con la dación de esta ley existía incertidumbre jurídica que no podía ser resuelta unilateralmente por ella, carece de asidero pues el mismo hecho de haber repuesto a otros trabajadores en un puesto similar al que ocupaba el actor antes de su cese, demuestra que si era posible dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley acotada inmediatamente después de su dación y conforme lo ha señalado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la casación N° 152-2004, de fecha trece de abril del dos mil cinco, seguidos por Germán Valencia Ramos con Pesca Perú S.A. en liquidación. Además cabe agregar que por su naturaleza autoaplicativa la Ley N° 25267, no requería para su eficacia ser reglamentada como aduce la demandada; Décimo: que, es entonces su no reinstalación oportuna en el trabajo el hecho que se constituye en causa eficiente de los daños producidos al demandante y siendo que esta omisión de la empresa accionada revela, por lo menos, culpa inexcusable los daños ocasionados deben ser resarcidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1321° del Código Civil; Décimo Primero: que, sin embargo, la inclusión del actor en el programa de renuncia voluntaria dispuesto en el Decreto Ley 25715, a criterio de este Colegiado no constituye un hecho que pueda generar responsabilidad civil a la demandada pues se trata de una situación en que la misma se ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada disposición legal. Que, por lo tanto, a este respecto la demandada no ha incurrido en responsabilidad civil tanto más si el afectado no ha acreditado fehacientemente el dolo o la culpa inexcusable conforme al mandato contenido en el artículo 1330 del Código Civil, razón por la que debe deducirse prudencialmente el monto indemnizatorio establecido por el a quo; Décimo Segundo: que, siendo así teniendo en consideración los gastos ocasionados por el incumplimiento de la Ley Nro. 25267 - abonos por reclamos administrativos y judiciales (daño emergente) la pérdida de las remuneraciones y beneficio sociales a consecuencia del incumplimiento (lucro cesante) y el daño moral, debe ordenarse en estos extremos el pago de

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Jurisprudencia S/.70,000.00 nuevos soles; por estas consideraciones; que, en consecuencia y estando a lo dispuesto por el inciso dos del artículo cinco de la Ley 26636 y el artículo 133° del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, CONFIRMARON la sentencia N° 197-2004, de fecha treinta de noviembre del dos mil cuatro corriente de fojas 376 a 384, en el extremo que declara fundada en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios por daños subjetivos (daño emergente, lucro cesante y daño moral) producidos por incumplimiento de la Ley Nro. 25267; la REVOCARON en el extremo que declara fundada la indemnización por daños y perjuicios derivada de la aplicación del Decreto Ley Nro. 25715, los mismos que REFORMANDOLO declararon infundado; en consecuencia MODIFICARON en el extremo de abono y ORDENARON que la demandada cumpla con abonar al actor la suma de S/. 70,000.00 (SETENTA MIL NUEVOS SOLES CON 00/100 NUEVOS SOLES), con lo demás que contiene, en los seguidos por EDUARDO EDIAR GALLARDO CASTRO con EMPRESA NACIONAL PESQUERA S.A. - PESCA PERU S.A. EN LIQUIDACION sobre Indemnización por Daños y Perjuicios y los devolvieron al Décimo Cuarto Juzgado de Trabajo de Lima.

EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA BARREDA MAZUELOS: Revisados los autos y el voto de los Señores Vocales, preciso que, de conformidad con el último acápite del artículo veintidós de la Ley Orgánica del Poder Judicial, me aparto de cualquier otro criterio esbozado en anteriores resoluciones respecto al fondo de la causa razón por la cual me adhiero al voto emitido por el Señor Omar Toledo Toribio, firmando con él, en señal de conformidad.

EL VOTO DEL SEÑOR LADRON DE GUEVARA SUELDO, ES COMO SIGUE; Me adhiero al voto del Ponente Señor Toledo Toribio.

VOTO DE LA SEÑORITA ELINA CHUMPITAZ RIVERA ES COMO SIGUE; CONSIDERANDO: Primero: Que, viene en revisión la sentencia de fecha 30 de noviembre del dos mil cuatro obrante de fojas 376 a 384, que resuelve declarando fundada en parte la demanda y ordena el pago de S/.100,000.00, apelada por la parte demandada conforme a los términos expuestos en su recurso de fojas 396 a 407; Segundo: Que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de la parte,

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Jurisprudencia o de terceros, o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio con el propósito que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme lo precisa el artículo 364° del Código Procesal Civil; Tercero: Que, el daño, es el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; intereses que puede ser patrimonial o extrapatrimonial; el daño es patrimonial o material, cuando afecta parte del patrimonio, siendo de dos tipos; el daño emergente y el lucro cesante; siendo daño emergente lo que sale del patrimonio del dañado como consecuencia de la conducta dañosa y lucro cesante representa la suma o beneficio que se ha dejado de percibir por acción ajena al que lo sufre; conceptos que si bien han sido definidos en la recurrida, sin embargo no han sido debidamente identificados por la Juez en la resolución materia de revisión, para determinar el derecho del accionante, no obstante que dichos conceptos han sido solicitados en la demanda conforme es de verse de fojas sesenta; Cuarto: Que, la juzgadora ha señalado en el décimo quinto y décimo sexto considerando de la recurrida, con criterio equitativo y estando a las circunstancias en que se desarrollaron el monto a indemnizar, procediendo a señalar el pago de S/.30,000.00 por lucro cesante, S/.40,000.00 por daño emergente; y por daño moral S/.30,000.00, los que hacen un total de S/. 100,000.00 nuevos soles más los intereses que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin explicar como es que ha arribado a tal conclusión, si en autos no consta actuación de prueba alguna que le haya producido certeza y convicción, a efecto de esclarecer los puntos controvertidos conforme le permite el artículo veintiocho de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, tanto mas, si la prueba de los daños y perjuicios y su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación de la parte contraria o por su cumplimiento parcial, tardío y defectuoso, conforme lo precisa el artículo mil trescientos treintiuno del Código Civil; siendo que la juzgadora a efecto de valorizar la pretensión tiene que considerar la magnitud de los daños que considere sufrió el actor correspondiendo imperativamente tener la debida evaluación de los daños ocasionados, precisarlos, establecer el perjuicio y referir el valor correspondiente a éstos, sobre la base de ello demarcar el principio que le otorga el referido artículo mil trescientos treintidós del Código Civil, requerimiento que no ha sido observado por la juzgadora al momento de determinar el monto por los daños ocasionados; Quinto: Que, asimismo es importante precisar que con resolución de fecha veintitrés de febrero del dos mil uno recaída en la Casación Nº 3084-00 Lima, publicada el treintiuno de julio del dos mil uno en el Diario Oficial el Peruano (cuarto considerando) la Sala Civil Transitoria de la

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Actualidad Laboral Corte Suprema, deja establecido que el daño moral es de naturaleza civil; Sexto: Que, además la sentencia no contiene la debida fundamentación que sustente lo amparado por la juez dando como monto razonable y equitativo por lucro cesante, daño emergente y por el daño moral demandados, siendo que éste último no es de su competencia como se ha apreciado precedentemente; por lo apreciado, la sentencia no reúne los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, lo cual constituye causal de nulidad de conformidad con el artículo ciento setentiuno y conforme a lo dispuesto en el último acápite del artículo ciento setentiséis del Código Procesal Civil; por estas razones MI VOTO es porque se DECLARE NULA la sentencia de fecha treinta de noviembre del 2004, de fojas trescientos setentiséis a trescientos ochenticuatro, DISPUSIERON que la Aquo emita nuevo pronunciamiento con arreglo a Ley; en los seguidos por EDUARDO EDIAR GALLARDO CASTRO contra EMPRESA NACIONAL PESQUERA S.A. PESCA-PERU sobre Indemnización por daños y Perjuicios, y los devolvieron al DECIMO CUARTO Juzgado Laboral de Lima.-

EL VOTO DEL SEÑOR VOCAL MORALES GONZALEZ; Por compartir los fundamentos del voto de la Señorita Vocal Chumpitaz Rivera, me adhiero al mismo.

INDEMNIZACION POR TERMINACION ANTICIPADA E INJUSTIFICADA DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD: "… ante la existencia de un contrato laboral sujeto a modalidad celebrado entre las partes conforme se aprecia de fojas 04, al haberse dado por terminada la relación laboral sin mediar causa legalmente justificada la resolución del contrato deviene en arbitraria por lo que corresponde al actor el abono de la indemnización contemplada en el artículo 76 de la norma material antes invocada;"

EXP. N° 3935-05 IDA(S) Señores: Chumpitaz Rivera Toledo Toribio Barreda Mazuelos

JUNIO 2006

Actualidad Laboral Lima, 30 de diciembre de 2005.

VISTOS: en Audiencia Pública de 06 de octubre pasado, sin el informe oral solicitado, con prórrogas, interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio; y CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de grado la Sentencia N° 13, de fecha 18 de mayo del 2005, corriente de fojas 103 a 105, que declara fundada en parte la demanda, por apelación de la demandada quien expresa como agravios: 1) que, no se ha tomado en cuenta que el actor sí cumplió labores de personal de confianza por tanto fue despedido dentro del periodo de prueba, por lo que no le corresponde el abono de indemnización por despido arbitrario alguno; y 2) que, no es correcto el monto de la remuneración que ha servido de base para el cálculo de la indemnización, así como tampoco debe realizarse el cálculo en base a días, sólo meses; Segundo: que, respecto al primer agravio, es considerado personal de confianza aquel que labora en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter reservado, inclusive aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales, conforme así lo explícita el artículo 43 del Decreto Supremo N° 03-97-TR; Tercero: que, de la norma antes citada se colige que las funciones realizadas por el personal para ser consideradas de confianza requieren un acceso directo con el personal de dirección y con información reservada de la empresa para la que se labora, siendo que en el presente caso la demandada apelante pretende que la información, por cierto reservada, de los clientes de la demandada encuadran dentro del concepto desarrollado en el artículo 43 precitado, lo que resulta erróneo, por cuanto el mismo al hacer referencia a la información reservada se refiere a la de la empresa, no a la de los clientes, por ello, asimismo se hace referencia a la contribución a la formación de las decisiones empresariales propias del gobierno de la empresa demandada; Cuarto: que, no existiendo controversia respecto a las labores efectuadas por el demandante, esto es, la verificación de la presentación de la totalidad de los documentos requeridos a los solicitantes de tarjetas de crédito Ripley; así como la verificación del domicilio del solicitante y sus referencias personales mediante llamadas telefónicas, así como la atención al público brindándole orientación sobre el uso y fechas de pagos de sus respectivas tarjetas, se concluye que el actor no cumplía con labores propias de un personal de confianza como se ha desarrollado en los considerandos que anteceden; Quinto: que, entonces

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Jurisprudencia en este contexto y ante la existencia de un contrato laboral sujeto a modalidad celebrado entre las partes conforme se aprecia de fojas 04, al haberse dado por terminada la relación laboral sin mediar causa legalmente justificada la resolución del contrato deviene en arbitraria por lo que corresponde al actor el abono de la indemnización contemplada en el artículo 76 de la norma material antes invocada ; Sexto: que, respecto al segundo agravio y teniendo en cuenta que la remuneración del actor en el mes de febrero del 2003 ascendió a la suma de S/. 1,450.00 más el promedio del concepto bono productividad desde que se percibió, esto es desde el mes de diciembre del 2002, no pudiéndose tomar en cuenta el último periodo por cuanto el mismo está compuesto únicamente de 6 días trabajados, los que no pueden servir de cálculo para el promedio mensual, siendo que el mismo asciende a la suma de S/. 158.67 (S/. 156.00 + S/. 1.34.00 + 186.00 = S/. 476.00 : 3 = S/. 158.67), lo que da como remuneración para efectos del cálculo la suma de S/. 2,412.99 (S/. 1,608.66 : 2 + S/. 1,608.66); Séptimo: que, antes de proceder a la liquidación respectiva es necesario precisar que la interpretación de las normas debe realizarse de manera sistemática, esto es teniendo en cuenta el tratamiento que para el caso de la indemnización da la norma, la misma que desarrolla la protección constitucional establecida en el artículo 27, siendo que el artículo 38 del Decreto Supremo N° 0397-TR establece en su segunda parte que "... Las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos según corresponda ..." (Sic), que entonces de esta manera al tener la indemnización por despido arbitrario la misma naturaleza de la indemnización prevista en el caso de que la resolución del contrato devenga en arbitrario, y teniendo en cuenta que donde existe la misma razón existe el mismo derecho, debe superarse la falta de precisión del artículo 76, máxime si se tiene en cuenta que este derecho es irrenunciable conforme lo establece el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución, esto es se trata de un derecho reconocido en la Constitución y desarrollado en la ley, por lo que incluso ante la renuncia expresa del trabajador, esta resulta ineficaz, por lo que corresponde calcularse la indemnización contemplada en el artículo 76 de la norma material invocada por los meses y días dejados de laborar; Octavo: que, dentro de este contexto normativo y principista se procede a realizar la liquidación de la indemnización establecida en el artículo 76 del Decreto Supremo N° 03-97-TR, correspondiendo al actor la suma de S/. 11,662.78 (S/. 2,412.99 x 4 meses = S/. 9,651.96 + S/. 2,412.99 : 30 días x 25 días = S/. 2,010.82), sin embargo no habiendo el demandante apelado de la sentencia, en aplicación del principio de la prohibición de la reforma en peor previsto en el artículo 370 del Código Procesal Civil, debe

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Jurisprudencia confirmarse la recurrida en sus propios términos; Décimo: que, por último del fallo de la recurrida se constata que erradamente se ordena la determinación de intereses bancarios, los que conforme lo establece el Decreto Supremo N° 01-97-TR corresponde su cálculo cuando se ampare el abono por concepto de compensación por tiempo de servicios, hecho que no ha ocurrido en autos conforme se aprecia del noveno considerando de la recurrida donde de manera expresa se ha declarado infundado el extremo demandado referido a la compensación por tiempo de servicios, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 407 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los presentes actuados conforme a la permisión establecida en la Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal de Trabajo, se procede a corregir el fallo; por estas consideraciones y conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley Procesal de Trabajo; CONFIRMARON la Sentencia N° 13, de fecha 18 de mayo del 2005, corriente de fojas 103 a 105, que declara fundada en parte la demanda, y ORDENARON que la emplazada abone al actor la suma de S/. 9,864.33 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTICUATRO Y 33/100 NUEVOS SOLES), más intereses legales, costas y costos a determinarse en ejecución de sentencia; en los seguidos por ROD ALEXANDER GONZALES FLORES con FINANCIERA CORDILLERA S.A., Indemnización por Despido Arbitrario y los devolvieron al Vigésimo Segundo Juzgado de Trabajo de Lima.-

IUS VARIANDI: ALCANCES Y EFECTOS: CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO: "… en ese orden de ideas se concluye que el empleador, en ejercicio del ius variandi, así como está facultado en precisar y concretar la posición del trabajador dentro de la empresa, está facultado también para variar esta posición mientras se mantenga vigente la relación laboral, en razón de las necesidades de la empresa, así como influir en cualquier momento sobre la relación jurídica existente, determinando variaciones a la forma y modalidades de la prestación de servicios del trabajador;"

EXP. N° 3584-2005 HOST. (S)

Señores: Chumpitaz Rivera; Toledo Toribio; Barreda Mazuelos

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Actualidad Laboral Lima, 16 de Diciembre de 2005.

VISTOS: En Audiencia Pública, con el informe oral del letrado Francisco Giraldo e interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio, con las prorrogas de ley concedidas; y CONSIDERANDO: Primero: que, es materia de apelación por parte del demandante, la sentencia N° 016-2005, de fecha treintiuno de enero del año en curso, obrante de fojas 113 a 118 de autos, que declara infundada la demanda interpuesta; Segundo: que, de conformidad con el artículo 370, in fine, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum- en la apelación, la competencia del superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia; Tercero: que, el actor mediante su escrito de apelación, de fojas 120 a 125, denuncia como agravios argumentando que: a) en la resolución impugnada se ha interpretado erróneamente el inciso c) del articulo 30° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, al entender el Juez a su criterio que para que se configure la causal de hostilidad por traslado del trabajador a un lugar distinto en el que habitualmente prestaba sus servicios, dicho traslado debe producirse a una provincia distinta donde laboraba el reclamante; b) se ha desestimado la causal de rebaja inmotivada de la categoría, por que según la sentencia no se habría afectado la remuneración ni el nivel ocupacional del reclamante; Cuarto: que, absolviendo el agravio contenido en el literal a), corresponde señalar que el inciso c) del articulo 30° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, establece que son actos de hostilidad equiparable al despido, el traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios, con el propósito de causarle perjuicio, norma que debe ser concordada con el articulo 50° del Decreto Supremo N° 01-96-TR, que señala que el traslado del trabajador es el que importa un cambio a un ámbito geográfico distinto y siempre que tenga el deliberado propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador; (el subrayado es nuestro); Quinto: que, del análisis de los artículos señalados precedentemente, se determina que para que se tipifique la causal prevista en el inciso c) del articulo 30° del dispositivo legal indicado y opte el trabajador por la

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Actualidad Laboral alternativa contenida en el literal a) del articulo 35°, del mismo dispositivo legal, esto es accionar judicialmente para que cese la hostilidad, debe probarse la intención y el deliberado propósito del empleador de ocasionarle perjuicio al trabajador, situación que no se ha materializado en el caso que nos ocupa, pues corresponde al empleador en uso de su ius Variandi efectuar cambios, siempre y cuando no irroguen estos perjuicios a sus trabajadores tanto en su remuneración o categoría. En tal sentido, el cambio de lugar de centro de trabajo del actor, originalmente prestados en el Jirón Washintong N° 1360-cercado de Lima, para luego ser prestados en la Av. Benavides N° 671Miraflores y Av. Circunvalación N° 1675- San Luis, no constituye en forma alguna acto hostil por parte de la emplazada, pues estos cambios estarían dirigidos en función a las facultades de dirección y administración que posee el empleador y de acuerdo con las necesidades propias de esta, mas aun dada la naturaleza de los servicios que brinda la demandada, le irroga la facultad de señalar el lugar en donde el trabajador deba prestar sus servicios, teniendo presente y como se ha indicado precedentemente, que dicha facultad no puede ir en perjuicio del trabajador, correspondiendo a este la carga de demostrar que la decisión de su empleadora de trasladarlo a un lugar distinto al que venía prestando sus servicios, es con el propósito deliberado de causarle perjuicio; razón por la cual amerita confirmar este extremo apelado; Sexto: que, con respecto a la reducción inmotivada de categoría, causal contenida en el inciso b) del articulo 30° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo 728, contempla como actos de hostilidad dos supuestos distintos e independientes, como son la disminución inmotivada de la remuneración por un lado o el de la categoría por el otro, advirtiéndose del texto de la demanda que aquella se sustenta en la última de las citadas, por lo que en función a esta causal debe determinarse si la emplazada incurrió en una conducta hostil; Sétimo: que, en ese sentido, se aprecia de fojas 101, el documento denominado Esquema de Categorización de Cargos (Anexo 7.a) de donde se desprende que el personal ejecutor se desgrega en Analista, Técnico, Auxiliar, Secretaria, ubicándose la categoría del actor en el grupo laboral de Técnicos; asimismo se aprecia del documento denominado Guía Referencial de Homologación de Cargos, de la Compañía Peruana de Teléfonos, obrante a fojas 102, al actor le correspondía la antigua categoría 08, correspondiéndole en la actual estructura de la entidad demandada la categoría de Técnico II, sin embargo al actor se le asignó la categoría superior inmediata a la última de las mencionadas, esta es la de Técnico I, en razón a las condiciones personales del actor, las mismas que se detallan en el cuadro descriptivo obrante a fojas 104;

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Jurisprudencia Octavo: que, del documento en referencia se aprecia que son requisitos para tener la categoría de Técnico I, de contar con 2 a 3 años de estudios superiores o estudios técnicos complementarios de mandos medios o cursos de especialización y conforme a lo manifestado por el propio actor al absolver la primera interrogante en la Audiencia Complementaria de Pruebas de fecha veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, obrante a fojas 98 y 99, el demandante cuenta con estudios superiores no concluidos en arquitectura, por lo que de acuerdo a las exigencias para cubrir el puesto de trabajo que ocupa no se encuentra sobrecalificado para desarrollar las funciones propias de la categoría a la que pertenece; Noveno: que, en cuanto a las funciones que realiza el actor, se desprende del mismo descriptivo que estas consistían en: realizar labores de mantenimiento e instalación, participar en la ejecución de acciones correctivas, brindar asesoramiento teórico - práctico al personal, mantener actualizada y ordenada la información y documentación técnica, participar en el análisis de los problemas inherentes a la implantación y/o adecuación de proyectos y recomendar propuestas de soluciones a los problemas que se presenten, así como las funciones que se enuncian en el documento de fojas 92, entre las que se mencionan realizar funciones: Informe seguimiento PTR´s y MRD´s, trabajos administrativos de apoyo a la supervisión, diseño de planos para licencia municipales, apoyo adm. y diseño en Proyect Wiese y apoyo Gestión ISO; no apreciándose que el desarrollo de estas tareas implique una disminución en la categoría del actor por cuanto no puede considerarse que el desarrollo de diseño y dibujos de proyectos de arquitectura, labores que originalmente realizaba en la Compañía Peruana de Teléfonos, puedan ser considerados como labores superiores o de mayor categoría que aquellas que realiza actualmente el demandante, razón por la cual, tampoco se configuraría como acto de hostilidad el cambio de asignación de funciones y tareas del actor dentro de la nueva estructura organizativa de la demandada, mas aun si conforme se corrobora de las boletas de pago del actor, éste no habría sufrido rebaja alguna en sus remuneraciones ni en su nivel ocupacional; Décimo: que, en ese orden de ideas se concluye que el empleador, en ejercicio del ius variandi, así como está facultado en precisar y concretar la posición del trabajador dentro de la empresa, está facultado también para variar esta posición mientras se mantenga vigente la relación laboral, en razón de las necesidades de la empresa, así como influir en cualquier momento sobre la relación jurídica existente, determinando variaciones a la forma y modalidades de la prestación de servicios del trabajador; Décimo Primero: que, de lo expuesto en los considerandos precedentes, se determina que la

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Jurisprudencia demandada no ha incurrido en una actitud deshonesta al disponer el traslado del actor a un lugar distinto en el que habitualmente prestaba sus servicios, así como tampoco constituye acto hostil el cambio de asignación de funciones y tareas del actor dentro de la nueva estructura organizativa de la demandada; por estas consideraciones: CONFIRMARON la sentencia N° 016-2005, de fecha treintiuno de enero del año en curso, obrante de fojas 113 a 118 de autos, que declara infundada la demanda interpuesta; en los seguidos por JESUS FERNANDO GIMENEZ LECAROS contra TELEFONICA DEL PERU S.A.A; y los devolvieron al Décimo Segundo Juzgado de Trabajo de Lima.-

JUZGADOS DE TRABAJO: INCOMPETENCIA: LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO NO ES DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TRABAJO.

EXP. N° 6426-05-IDP(A)

Señores: Arévalo Vela Toledo Toribio Ladrón de Guevara Sueldo

Lima, 06 de marzo del 2006.

AUTOS Y VISTOS: En Audiencia Pública, sin el informe oral solicitado; con el voto singular del Señor Vocal Arévalo Vela y el voto singular del Señor Vocal Ladrón de Guevara Sueldo; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Omar Toledo Toribio; y, CONSIDERANDO: Primero: que, el demandante apela la resolución número uno, de fecha 16 de setiembre del 2005, que declara improcedente la demanda; Segundo: que, siendo que el principio del juez natural es parte esencial del derecho al debido proceso, corresponde controlar de oficio el respeto de la competencia legal en este proceso, de conformidad con el artículo 35° del Código Procesal Civil, norma de desarrollo constitucional respecto de dicho principio contenido en el artículo 139°, inciso tercero de la Constitución Política del Estado; Tercero: que, efectivamente el artículo 35° del Código Procesal Civil establece enfáticamente que la incompetencia por razón de materia se declara de oficio en cualquier estado y grado del proceso. De esta forma, dentro del marco constitucional descrito, el vicio de

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Actualidad Laboral incompetencia resulta de tal trascendencia que el órgano jurisdiccional al advertir su existencia no debe realizar nuevas actuaciones procesales sino cumplir inmediatamente el mandato legal, sin que sea necesario esperar un estado procesal específico; Cuarto: que, conforme es de verse del escrito de demanda de fojas 30 a 44, el actor solicita que se le pague una indemnización por enriquecimiento sin causa; Quinto: que, la figura del enriquecimiento sin causa (propiamente), está regulada en las normas del Código Civil, en sus artículos mil novecientos cincuenticuatro y mil novecientos cincuenticinco, que señalan: "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo"; "La acción a que se refiere el artículo mil novecientos cincuenticuatro no es procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva indemnización", que la acción además procede cuando se acredite plenamente el empobrecimiento del actor, el enriquecimiento de la demandada y la relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; Sexto: que, en este sentido se advierte que estamos ante una demanda de pago de indemnización por enriquecimiento indebido la misma que no procede ventilarse en esta vía laboral, en tanto que los acápites c) ni j) del literal segundo del artículo cuarto de la Ley Procesal del Trabajo Ley N° 26636 la preveen; por lo que la presente causa resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veintisiete inciso 4 del Código Procesal Civil; Sétimo: que, por lo tanto, debe confirmarse lo resuelto por el juzgador de la primera Instancia, dejándose a salvo el derecho del actor para hacerlo valer ante el órgano jurisdiccional correspondiente; por lo expuesto, con las facultades conferidas en el artículo 5° inciso 2 de la Ley Procesal de Trabajo; por lo que CONFIRMARON la resolución número uno, de fecha 16 de setiembre del 2005, que declara improcedente la demanda; en los seguidos por RICARDO ALBERTO CRUZ ORDINOLA contra TELEFONICA DEL PERU S.A.A. , sobre Indemnización por Enriquecimiento sin Causa; Devuélvase al Vigésimo Noveno Juzgado Laboral de Lima.-

EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VOCAL AREVALO VELA ES COMO SIGUE: ATENDIENDO: Primero: que, mediante escrito que corre de fojas 54 a 57 el demandante interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 01 de fecha 16 de setiembre de 2005 que corre a fojas 45, que declara improcedente la demanda, dejando a

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Actualidad Laboral salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía respectiva; Segundo: que, el accionante mediante su escrito de demanda que corre a fojas 30 solicita que Telefónica del Perú S.A.A. cumpla con indemnizarle por el enriquecimiento sin causa; Tercero: que, la figura del enriquecimiento sin causa está regulado en el Código Civil en los artículos 1954° y 1955°; que esta acción procede además de lo establecido en la norma sustantiva, cuando se acredite plenamente el empobrecimiento del actor, el enriquecimiento de la demandada y la relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; Cuarto: que, el artículo 4° numeral 2) de la Ley Nº 26636 señala expresamente la competencia de los juzgados de trabajo por razón de la materia, en donde no figura en ninguno de los acápites la pretensión solicitada, por lo que se advierte que estamos ante una demanda netamente civil; por lo que la presente causa resulta improcedente de conformidad con lo establecido en el artículo 427° del Código Procesal Civil; Quinto: que, con este voto de conformidad con el artículo 22° del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ponente se aparta de criterios anteriores sobre la competencia en materia de indemnización por enriquecimiento indebido: por estas consideraciones MI VOTO es porque SE CONFIRME la Resolución N° 01 de fecha 16 de setiembre de 2005 que corre a fojas 45 que declara improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía respectiva; en los seguidos por RICARDO ALBERTO CRUZ ORDINOLA con TELEFONICA DEL PERU S.A.A. ; sobre indemnización por enriquecimiento sin causa.-

EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VOCAL LADRON DE GUEVARA SUELDO: ATENDIENDO: PRIMERO: Que, es materia de revisión de esta instancia la resolución número uno de fecha 16 de setiembre de 2005 que corre a fojas 45/46, que declara improcedente la demanda, mérito del recurso de apelación formulado por la parte accionante a fojas 54 a 57; SEGUNDO: Que, es de advertir del escrito de fojas 30 a 44, que es pretensión contenida en el petitorio de la demanda que la emplazada pague una indemnización por enriquecimiento sin causa, ascendente a S/. 36,701.88 Nuevos Soles, como consecuencia de haber dejado de pagar dicho monto en el intercambio entre el cese y el valor pactado por el, invocando como fundamento de derecho la aplicación del artículo 1954° del Código Civil; TERCERO: Que, el artículo 1954° y siguiente del Código Civil, regula el enriquecimiento sin causa; tal como lo expresa la propia accionante en su demanda;

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Jurisprudencia CUARTO: Que, el numeral 2) del artículo 4° de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636 señala la competencia de los Juzgados por razón de la materia, no encontrándose dentro del mismo, el enriquecimiento indebido sin causa, el que se encuentra regulado por el Código Civil en el artículo 1954° y siguiente, (tal como lo expresa el propio accionante), resultando la presente causa improcedente por razón de la materia; QUINTO: Que, el numeral 3) del articulo 139° de la Constitución Política del Estado Consagra como Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional, la observancia del debido proceso, cuyo principio fundamental es el del Juez natural, siendo permitido de Oficio declarar la improcedencia de la demanda cuando se carezca de competencia por razón de la materia, función o cuantía, conforme al artículo 7° de la Ley Procesal de Trabajo, criterio que a partir de la fecha el suscrito adopta, apartándose de criterios anteriores, de conformidad con el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Por estas consideraciones MI VOTO es por que SE CONFIRME la Resolución número uno de fecha 16 de setiembre de 2005 que corre a fojas 45/46, que declara Improcedente la demanda; dejando a salvo el derecho del actor para que lo haga valer en la vía correspondiente; en los seguidos por RICARDO ALBERTO CRUZ ORDINOLA con TELEFONICA DEL PERU S.A.A.; sobre indemnización por enriquecimiento sin causa.-

TACHA DE DOCUMENTOS: ASIGNACION FAMILIAR: "… la tacha de documentos debe estar referida a los defectos formales de los instrumentos presentados, y no a la nulidad o falsedad de los actos contenidos en los mismos cuya nulidad o falsedad debe hacerse valer en vía de acción, en consecuencia la tachas propuestas por las partes resultan ser improcedente;" "que, el requisito de tener el vínculo laboral vigente no implica que al cesar éste, el trabajador no pueda reclamar el derecho originado durante la misma, constituyendo más bien el límite para su percepción, y la obligación del trabajador de acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere, puede ser ejercida en el proceso judicial en el cual se discute precisamente la naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes, …"

EXP. Nº 1966-2005 BE (A-S)

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Jurisprudencia

Actualidad Laboral

Señores Morales González Nué Bobbio Barreda Mazuelos

no se regulan por negociación colectiva, a percibir la asignación familiar equivalente al diez por ciento del ingreso mínimo legal, se encuentra previsto en el artículo primero de la Ley Nº 25129, estableciendo el artículo segundo de la misma como requisitos que aquellos tengan a su cargo uno o más hijos menores de dieciocho años, beneficio que se extiende hasta un máximo de seis años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad, y el artículo quinto del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 03590-TR, que para tener derecho a percibir la asignación familiar, que el trabajador tenga relación laboral vigente y mantener uno o más hijos menores de dieciocho años, estando obligado el trabajador a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere; CUARTO: que, el requisito de tener el vínculo laboral vigente no implica que al cesar éste, el trabajador no pueda reclamar el derecho originado durante la misma, constituyendo más bien el límite para su percepción, y la obligación del trabajador de acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere, puede ser ejercida en el proceso judicial en el cual se discute precisamente la naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes, por cuanto de lo que se decida al respecto deberán determinarse los derechos del demandante, por lo que siendo así y habiendo acreditado el actor la relación laboral y con la partida de nacimiento de fojas ocho el derecho a la asignación familiar reclamada, el mismo debe ampararse, y correspondiéndole por el período comprendido del mes de octubre de mil novecientos noventinueve a febrero del dos mil, S/. 172.50 a razón de S/. 34.50 mensual, equivalente al diez por ciento de la remuneración mínima vital vigente durante el mismo, de S/. 345.00 según Decreto de Urgencia Nº 074-97, por el período comprendido de marzo del dos mil a mayo del dos mil dos, S/. 1,107.00 a razón de S/ . 41.00 por mes, equivalente al diez por ciento de la remuneración mínima vital de S/. 410.00 según Decreto de Urgencia Nº 012-2000, totalizando por este concepto la suma de S/. 1,279.50; advirtiéndose que, de conformidad con el artículo tercero del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 035-90-TR, la asignación familiar establecida por la Ley Nº 25129, tiene el carácter y naturaleza remunerativa; QUINTO: que, en cuanto al extremo de vacaciones que el actor señala como diminutas respecto a lo resuelto en la sentencia, debe tenerse presente que habiéndose establecido como fecha de ingreso del actor el seis de octubre de mil novecientos noventinueve y de cese el treintiuno de mayo del dos mil dos, y liquidado este extremo en la sentencia sobre la base de una remuneración de S/. 500.00 cada una, al corresponderle la asignación familiar debe recalcularse dicho extremo respecto a esta última, así tenemos que por el periodo mil novecientos

Lima, trece de enero del dos mil seis VISTOS: en audiencias públicas llevadas a cabo los días nueve de agosto del dos mil cinco, veintidós de noviembre del dos mil cinco, y once de enero del dos mil seis; con el voto en discordia de los señores Vocales Yangali Iparraguirre y Runzer Carrión; interviniendo como Vocal Ponente el señor Morales González; siendo objeto de revisión, en mérito a las apelaciones interpuestas por la demandada y el demandante respectivamente, la resolución número once y número doce emitidas en la audiencia única llevada a cabo el diecisiete de diciembre del dos mil tres, parte pertinente de fojas noventicuatro, que declaran infundadas las tachas formuladas contra el acta de inspección de la autoridad administrativa de trabajo ofrecida en el ofertorio de pruebas de la demanda, y al documento ofrecido por la demandada en el punto 1) de su ofertorio de pruebas; y, la sentencia de fecha quince de febrero del dos mil cinco, de fojas ciento dieciséis a ciento veintiuno, que declara fundada en parte la demanda, apelada por el demandante; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: que, la tacha del demandado al acta de visita de inspección judicial ofrecida por el demandante y del demandante de los recibos de honorarios profesionales ofrecidos como prueba de la demandada, están referidas a cuestionar el mérito probatorio que cada una de las partes les pretenden atribuir, y como señala en su primer considerando la resolución del siete de noviembre de mil novecientos noventisiete, expedida por la Sala Civil de la Corte Suprema en la casación Nº 1357-96-LIMA, publicada el tres de mayo de mil novecientos noventiocho en el diario oficial El Peruano, la tacha de documentos debe estar referida a los defectos formales de los instrumentos presentados, y no a la nulidad o falsedad de los actos contenidos en los mismos cuya nulidad o falsedad debe hacerse valer en vía de acción, en consecuencia la tachas propuestas por las partes resultan ser improcedente; SEGUNDO: que, en su apelación el actor manifiesta que, impugna la sentencia en cuanto a lo señalado respecto a las vacaciones por ser diminutas y sin el período dos mil - dos mil uno, las gratificaciones reclamadas no amparadas en su totalidad, la compensación por tiempo de servicios amparada en un monto menor al legal, y respecto a la asignación familiar que no ha sido amparada; TERCERO: que, el derecho de los trabajadores, cuyas remuneraciones

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Actualidad Laboral noventinueve - dos mil, la oportunidad para que el empleador le hubiera otorgado el descanso vacacional se cumplió en el año posterior, esto es al cinco de octubre del dos mil uno, en consecuencia de conformidad con el artículo veintitrés del Decreto Legislativo Nº 713 le corresponde una remuneración por el trabajo realizado, la que ya ha percibido, otra por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una como indemnización por no haber disfrutado el descanso, correspondiéndole S/. 41.00 por cada una, sumando S/. 82.00; por el periodo dos mil - dos mil uno, habiendo adquirido el derecho al goce sin haberse vencido a su cese el año durante el cual pudo ejercerlo u otorgarlo el empleador, le corresponde adicionar a la remuneración por el descanso no gozado, S/. 41.00, y por periodo trunco dos mil uno dos mil dos, igual a siete meses y veinticinco días, le corresponde proporcionalmente como establece el segundo párrafo del artículo veintidós del mencionado Decreto Legislativo, esto es S/. 26.76, sumando S/. 149.76 que adicionados a los S/. 1,826.38 establecidos en la sentencia, totaliza S/. 1976.14; SEXTO: que, en relación a las gratificaciones semestrales, es de advertirse que el actor solo ha reclamado cuatro semestres completos y uno trunco, correspondiéndole de conformidad con la Ley Nº 25139, por julio y diciembre del dos mil, julio y diciembre del dos mil uno, amparados en la sentencia y a los que corresponde adicionar la asignación familiar a razón de S/. 41.00 por cada una y S/. 34.16 por la gratificación trunca de conformidad con el artículo siete de la Ley Nº 27735, que agregados a los S/. 2,416.66 amparados en la sentencia totaliza S/. 2,614.82; SETIMO: que, en cuanto a la compensación por tiempo de servicios amparada en la sentencia debe incorporarse a la remuneración computable como se ha apreciado precedentemente y de conformidad con el artículo décimo de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR, la asignación familiar amparada a favor del demandante, calculándose igualmente el promedio de dicho concepto en cuanto forma parte de las gratificaciones amparadas precedentemente, para cada periodo pertinente, a efecto de establecer la incidencia de dicho concepto en la referida Compensación, así tenemos que dicha diferencia es de: para los períodos del primero al treintiuno de octubre de mil novecientos noventinueve S/. 2.87, del primero de noviembre de mil novecientos noventinueve al treinta de abril del dos mil S/. 20.49, del primero de mayo al treintiuno de octubre del dos mil S/. 61.44, del primero al treintiuno de diciembre del dos mil, del primero al treintiuno de julio del dos mil uno, del primero al treintiuno de diciembre del dos mil uno, S/. 10.24 cada uno, y para cada uno de los demás

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Jurisprudencia meses del primero de noviembre del dos mil hasta el treintiuno de mayo del dos mil dos, inclusive, S/. 3.41 cada uno, todo lo cual suma S/. 170.08, que agregados a los S/. 1,499.63 establecidos en la sentencia como compensación por tiempo de servicios, totaliza S/. 1,669.71 por dicho concepto; representando los extremos amparados S/. 7,540.17 nuevos soles a favor del actor; por estas razones: REVOCARON la resolución número once y número doce emitidas en la audiencia única llevada a cabo el diecisiete de diciembre del dos mil tres, parte pertinente de fojas noventicuatro, que declaran infundadas las tachas formuladas por la demandada y el demandante contra el acta de inspección de la autoridad administrativa de trabajo ofrecida en el ofertorio de pruebas de la demanda, y al documento ofrecido por la demandada en el punto 1) de su ofertorio de pruebas, las mismas que declararon improcedentes; y REVOCARON la sentencia de fecha quince de febrero del dos mil cinco de fojas ciento dieciséis a ciento veintiuno, en la parte que declara infundado el extremo de asignación familiar, el que debe declararse FUNDADO, lo CONFIRMARON en lo demás que contiene, MODIFICARON en consecuencia la suma de abono, fijándose la misma en S/. 7,540.17 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 17/100 NUEVOS SOLES) que la JUNTA DE PROPIETARIOS DEL PROGRAMA CAVENECIA deberá abonar a don JESUS ERNESTO CLAEYSSEN ARROYO por los conceptos precedentemente precisados; más los intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia; con costas y costos; y los devolvieron al Vigésimo Juzgado Laboral de Lima.

EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES VOCALES YANGALI IPARRAGUIRRE Y RUNZER CARRION: VISTOS: En Audiencia pública; viene en revisión la resolución número 11 expedida en la Audiencia Unica de fecha 17 de diciembre del 2003 de fojas 92 a 96, que declara Infundada la tacha planteada por la demandada contra el Acta de Inspección de fojas 3 a 6, apelada por esta parte mediante recurso de fojas 102 a 104, asimismo, viene en revisión la resolución número 12 expedida en la citada Audiencia que declara Infundada la tacha interpuesta por el demandante contra los recibos por honorarios, apelada por el accionante mediante recurso de fojas 98, de igual manera viene en revisión la sentencia de fecha 15 de febrero del 2005 de fojas 116 a 121, que declara fundada en parte la demanda apelada por el actor mediante recurso de fojas 123; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, en relación a las resoluciones impugnadas números 11 y 12, debe señalarse que la Tacha debe sustentarse en la nulidad

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Jurisprudencia o falsedad del documento; que, para el presente caso lo que se cuestiona es el mérito probatorio que cada una de las partes le pretende atribuir a las pruebas tachadas lo que corresponderá ser realizado por el juzgador de acuerdo con las demás pruebas ofrecidas por cada parte, conforme lo prevé el artículo 30° de la Ley Nº 26636, por lo que en ese sentido debe declarar Improcedentes las cuestiones probatorias planteadas y no Infundadas; Segundo: Que, respecto a la sentencia señala el demandante que apela al considerar i) que las vacaciones del 2000-2001 son diminutas y sin razón, ii) de igual forma las gratificaciones no amparadas en su totalidad, iii) también lo referente a la compensación por tiempo de servicios al indicar que ha sido amparado en un monto menor al legal; y, iv) finalmente el monto de la asignación familiar por cuanto la sentencia pide un imposible dadas las circunstancias que ella misma se acepta probadas; Tercero: Que, en cuanto a las vacaciones 2000-2001 conforme se aprecia de la sentencia lo que no se ha amparado es lo referente a la indemnización vacacional por no haber disfrutado del descanso lo que resulta acorde con el récord de servicios establecido en el sexto considerando de la apelada del 06 de octubre de 1999 al 31 de mayo del 2002, por lo que al momento del cese el trabajador se encontraba dentro del periodo para hacer uso del descanso físico respectivo por lo que conforme a lo previsto en la primera parte del artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 713, debe confirmarse este extremo apelado; Cuarto: Que, asimismo en torno a las gratificaciones no amparadas en su totalidad, según el accionante conforme se aprecia de la sentencia (décimo considerando) se ampara este beneficio a partir de la gratificación de julio del 2000, conforme se ha establecido de los puntos controvertidos señalados en la Audiencia Unica de fojas 92 a 96, liquidándose conforme corresponde de acuerdo a las Leyes 25139 y Nº 27735, debiendo confirmarse este extremo apelado; Quinto: Que, en lo referente a la compensación por tiempo de servicios el actor señala que ha sido considerada en un monto menor al legal, del análisis de lo actuado se advierte que el Juez ha liquidado los periodos semestrales y mensuales de la compensación por tiempo de servicios en estricta observancia de lo previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR; y Decreto de Urgencia Nº 127-2000 (del 30 de diciembre del 2000), conforme se aprecia del séptimo considerando de la apelada, por lo que debe confirmarse la recurrida en este extremo; Sexto: Que, finalmente respecto a la asignación familiar en autos corre a fojas 08 la copia de la partida de nacimiento del menor Nicolas Jesús Yoshiaki Claeyssen Nako nacido

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Actualidad Laboral el 2 de mayo de 1995, y el demandado en su contestación al negar la relación laboral no reconoce este concepto, sin embargo en el presente caso al haberse acreditado la existencia de vínculo laboral por todo el récord de servicios reclamado, corresponde sea amparado este derecho, entendiéndose que durante el tiempo que prestó servicios el accionante mediante recibos por honorarios no pudo haberse reconocido este beneficio propio de los trabajadores de la actividad privada, conforme lo prevé la Ley Nº 25129, y el reglamento Decreto Supremo Nº 03590-TR, sino a partir precisamente de la acreditación del derecho y su declaración efectuada en este proceso; Séptimo: Que, a partir del 06 de diciembre de 1989 fecha de publicación de la Ley Nº 25129 se señala que "... los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar ... (Sic)", que en este caso efectuando el cálculo correspondiente le corresponde la suma de S/. 1,270.64, de acuerdo con el Decreto de Urgencia Nº 074-97 con la remuneración mínima vital de S/. 345.00 por el periodo del 06 de octubre de 1999 al 09 de marzo del 2000 asciende a S/. 175.95 (172.5 + 3.45), de igual forma con el Decreto de Urgencia Nº 012-2000 que establece la remuneración mínima vital de S/. 410.00 por el periodo del 10 de marzo del 2000 al 31 de mayo del 2002 asciende a S/. 1,094.69 (984 + 82 + 28.69); por estas consideraciones debe revocarse la apelada en el extremo que no ampara el concepto de asignación familiar el mismo que reformando declararon fundado, por lo que debe modificarse el monto total ordenado pagar de S/. 5,242.67 (el mismo que resulta de la sumatoria de los conceptos amparados en autos y no S/. 5,742.67) que sumado a los S/. 1,270.64 por asignación familiar asciende a S/. 6,513.31, por estas razones, NUESTRO VOTO ES PORQUE SE REVOQUEN las resoluciones números 11 y 12 expedidas en la Audiencia Unica de fecha 17 de diciembre del 2003 de fojas 92 a 96, que declaran Infundadas las tachas planteadas por las partes, las que reformándolas deben declararse Improcedentes; y se REVOQUE la sentencia de fecha 15 de febrero del 2005 de fojas 116 a 121, en el extremo que no ampara el concepto de asignación familiar, el mismo que reformándolo se declare fundado, se confirme en lo demás que contiene; y, se ordene que la JUNTA DE PROPIETARIOS DEL PROGRAMA CAVENECIA cumpla con abonar a Don JESUS ERNESTO CLAEYSSEN ARROYO la suma de S/. 6,513.31 (Seis mil quinientos trece con 31/100 Nuevos Soles); en los seguidos sobre Pago de Beneficios Sociales y Otro; y, los devolvieron al Vigésimo Juzgado de Trabajo de Lima.

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Actualidad Laboral

Empresa:

GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.

Vigencia: 13-03-2006 al13-03-2007 Etapa de Solución: TRATO DIRECTO

En Campamento Manta S/N - Distrito de la Brea Negritos, a los 29 días del mes de Mayo del año 2006, en las Oficinas de Graña y Montero Petrolera S.A., se reunieron de una parte en representación de la Empresa Graña y Montero Petrolera S.A. el Ing. TEODORO HARMSEN ANDRESS, identificado con DNI 03867157, Gerente de Operaciones y el Dr. FERNANDO MACIAS ARDITTO, identificado con DNI 08273321 Apoderado; y, de la otra parte, en representación de Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Graña y Montero Petrolera S.A. los Dirigentes RAFAEL ERNESTO SANDOVAL SALDARRIAGA, identificado con DNI N° 03892240, Secretario General, CALlMERIO SEGUNDO AYALA QUEREVALU, identificado con DNI N° 03874129, Secretario de Organización, RAUL EDUARDO SAAVEDRA LESCANO, identificado con D.N.I. N° 00256963, Sub Secretario General, asesorados por Dr. JORGE ARTURO ARELLANO HERRERA, identificado con DNI N° 03882436, con Carnet del Colegio de Abogados de Piura N° 0347, en su calidad de Asesor Legal y el Sr. PEDRO PIZARRO IPANAQUE, identificado con DNI N° 03871506, Asesor Laboral de la Confederación General de Trabajadores del Perú - Filial Talara, con la finalidad de celebrar la Negociación Colectiva, que tendrá vigencia durante el año 2006, llegándose a un acuerdo en trato directo, bajo los siguientes términos.

TITULO I GENERALIDADES CLÁUSULA PRIMERA.CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO La presente convención de trabajo establece las normas que relacionan al Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Graña y Montero Petrolera S.A. con su Empleadora.

El presente convenio tendrá en todas sus cláusulas el nivel de Empresa y por lo tanto están amparados por el presente convenio los Trabajadores en actual servicio.

CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONVENIO El presente convenio colectivo tendrá vigencia desde su presentación el 13 de Marzo del 2006 hasta el 13 de Marzo del 2007, inclusive.

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Negociación Colectiva TITULO II CONDICIONES ECONÓMICAS CLÁUSULA TERCERA.- INCREMENTO DE REMUNERACIONES La Empresa conviene en otorgar a sus Trabajadores, con contrato vigente al 13 de Marzo del 2006 un incremento de remuneraciones equivalente al 15% de sus remuneraciones totales brutas.

En lo sucesivo, se podrán pactar aumentos de remuneraciones de carácter general y/o diferenciados, que contemple los siguientes criterios: índice inflacionario anual, productividad y experiencia laboral.

Este incremento no formará parte ni se deducirá de cualquier otro otorgado o que se otorgue por acto unilateral de la Empresa o por decisión del gobierno.

CLÁUSULA CUARTA.- ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD La Empresa otorgará al Trabajador una bonificación por concepto de escolaridad por un monto de S/.

400.00 Nuevos Soles por hijo que curse estudios iniciales, primarios o secundarios.

Para el año en curso, el reintegro por escolaridad se pagará en el mes de Julio, una vez culminado el empadronamiento de los beneficiarios.

A partir del 2007, esta asignación será entregada en el mes de Febrero.

CLÁUSULA QUINTA.- ASIGNACIÓN POR ESTUDIOS SUPERIORES La empresa otorgará a cada trabajador que tenga hijos cursando estudios superiores (profesionales o técnicos), un bono ascendente a SI. 600.00 soles por hijo anuales; debiéndose acreditar con la presentación de los documentos la existencia de hijos reconocidos cursando estudios superiores, las constancias de matrícula emitidas por los Centros Educativos y la constancia de estar matriculado como alumno regular.

Para el año en curso, el reintegro por estudios superiores se pagará en el mes de Julio, una vez culminado el empadronamiento de los beneficiarios.

A partir del 2007, esta asignación será entregada entre los meses de Febrero y Marzo, previa presentación del consolidado de notas del semestre anterior.

CLÁUSULA SEXTA.- PRÉSTAMO VACACIONAL La Empresa conviene en otorgar a cada uno de los Trabajadores Sindicalizados que lo solicite un préstamo vacacional al año por un monto equivalente a 01 remuneraciones total mensual y será devuelto en 10 cuotas mensuales, descontadas de las remuneraciones del Trabajador sindicalizado en sus Planillas, con descuentos dobles en Julio y Diciembre.

Los descuentos comenzarán a efectuarse al mes siguiente del goce vacacional.

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Negociación Colectiva Los trabajadores que han gozado del descanso vacacional durante Abril y Mayo, podrán solicitar este préstamo, si así lo desean.

CLÁUSULA SÉTIMA.- BONIFICACIÓN POR CIERRE DE PACTO La Empresa otorgará a los trabajadores por concepto de cierre de pacto colectivo 2006 en trato directo un monto equivalente a S/. 200.00 Nuevos Soles.

CLÁUSULA OCTAVA.- PAGO DE HORAS EXTRAS La Empresa respetará el pago de las horas extras en los montos que viene cancelando a la fecha, es decir, 50% adicional sobre hora trabajada normal las dos primeras a continuación de la jornada normal de trabajo y 100% las subsiguientes.

CLÁUSULA NOVENA.- GRATIFICACIONES La Empresa otorgará las gratificaciones de Julio y Diciembre en un monto equivalente a una remuneración básica mensual, canceladas en la primera quincena de Julio y en la Primera quincena de Diciembre, respectivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA.- UTILIDADES La Empresa abonará los importes por el concepto de participación de utilidades de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 892 en la segunda quincena del mes de marzo, del año correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- ASIGNACIÓN POR MOVILIDAD Las partes acuerdan que se deberá pagar a los Trabajadores la movilidad, que no es de su libre disposición por ser aplicados a un gasto específico, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19° y 20º del Decreto Legislativo 650 y demás normas complementarias y modificatorias sobre la materia.

En adición a la movilidad que proporciona la empresa, los trabajadores percibirán por concepto de movilidad la suma de SI. 5.00 (Cinco Nuevos Soles) diarios solo para los que laboran en turno noche. Se otorgará a cada trabajador dicha suma a fin de que estos se trasladen desde sus hogares hasta el punto donde tomarán la movilidad contratada por la Empresa que los trasladará a la zona de labores y viceversa, al inicio y término de su jornada laboral. Dicha suma no es de libre disposición del trabajador por lo que se considera un concepto no remunerativo, el mismo que se encuentra inafecto a aportes y leyes sociales, salvo el impuesto a la renta del trabajador, de ser el caso.

TITULO III CONDICIONES DE TRABAJO

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Actualidad Laboral CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.CATEGORIZACIÓN Las partes han acordado que los trabajadores que laboran actualmente en los Lotes I y V del Noroeste, de acuerdo a su calificación y/o capacitación ocuparán los siguientes Puestos de Trabajo: C.1.- Coordinador de Producción.

C.2.- Coordinador de Mantenimiento.

C.3.- Recorredor de Producción/Mantenimiento/ Gas. C.4.- Radio Operador.

C.5.- Winchero de servicio de Pozos/Suab.

C.6.- Pocero de servicio de Pozos/Suab.

C.7.- Operador de Montaje.

C.8.- Soldador.

C.9.- Chofer.

C.10.- Gasfitero.

C.11.- Almacenero.

Se deja expresa constancia que esta lista de Puestos de Trabajo es meramente enunciativa, más no limitativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- VACACIONES La remuneración será abonada al trabajador antes del inicio de su periodo de descanso.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SEGURO MEDICO Los trabajadores quedan en libertad de afiliarse a un seguro de salud privado, para tal efecto la empresa brindará las facilidades de orientación e información para la determinación del trabajador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PERMISO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES La empresa otorgará permisos remunerados a los trabajadores por el fallecimiento de su cónyuge, padres y/o hijos, tal y conforme se detalla: a. Si el fallecimiento se produce en la Provincia de Talara - 03 días b. Si el fallecimiento se produce fuera de la provincia de Talara - 05 días.

Para este beneficio el trabajador debe acreditar posteriormente al uso del permiso con la partida o el Acta de Defunción.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES La empresa conviene con cumplir estrictamente con las normas legales en materia de seguridad en la industria Petrolera.

Para el efecto la Empresa se compromete a reponer la ropa de trabajo dos veces al año, cuidando que esta sea de calidad y garantía.

JUNIO 2006

Actualidad Laboral La empresa entregará a cada trabajador: a. 04 overoles al año, 02 en el mes de enero y 02 en el mes de Julio. b. 02 pares de botas de cuero, punta de acero de buena calidad, 01 par en el mes de enero y 01 par en el mes de julio. c. 01 par de botas de jebe, en los meses de lluvias, cuando se den las condiciones. d. 01 impermeable cuando las condiciones climatológicas lo exija e. En reemplazo al término de vida útil según la fabricación de lentes de seguridad, guantes, fajas lumbrales, supresores de ruidos, casco, cinturones de seguridad, herramientas, etc.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA.- CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES La empresa promoverá y apoyará un programa de capacitación a sus trabajadores conforme a su especialidad, para el cual el Sindicato presentará un Plan de Trabajo y Propuestas.

La capacitación incluye también temas de carácter sindical, ambiental, de seguridad, etc.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- CALENDARIO DE FERIADOS La empresa respetará el calendario de feriados remunerados de acuerdo al Decreto Legislativo 713, que son los siguientes: - 01 de enero - Jueves y Viernes Santo - 01 de Mayo - 29 de Junio San Pedro y San Pablo -28 y 29 de Julio - 30 de Agosto - 24 de Setiembre (feriado regional) - 8 de Octubre - 01 de Noviembre - 08 de Diciembre - 25 de Diciembre

TITULO IV ACTIVIDADES SINDICALES CLÁUSULA, DÉCIMA NOVENA.- LICENCIA SINDICAL La empresa otorgará a los dirigentes designados por el Sindicato, Licencia Sindical por un total de 30 días laborables al año. La licencia sindical que se les otorgue a los Dirigentes será con goce de remuneraciones y con todos los beneficios que por ley les corresponde.

DISPOSICIONES FINALES

JUNIO 2006

Negociación Colectiva CLÁUSULA FINAL.- Las partes acuerdan que los reintegros y asignaciones generados como consecuencia de la aplicación de Convenio Colectivo de Trabajo 2006 se cancelarán de la siguiente manera: • El reintegro de Marzo (del 13 al 31) más el cierre de pacto se cancelará a finales del mes de Junio.

• El reintegro de Abril se cancelará a finales del mes de Julio.

• El reintegro de Mayo se cancelará a finales del mes de Agosto.

El pago del reintegro de haberes incluye horas extras laboradas.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MENSUAL.- Las partes acuerdan reunirse los últimos lunes de cada mes a efectos de evaluar la aplicación del presente Convenio. La primera reunión será el lunes 26 de junio, a partir de las 17:00 p.m. en el local de la Empresa, sito en Campamento Manta s/n, Negritos, Talara - Este Comité tendrá por objetivo dar soluciones a los problemas diarios de la operación, hacerle seguimiento al presente Convenio, ser una mesa de diálogo abierta para intercambiar puntos de vista y fortalecer la relación entre las partes, con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar las condiciones en que los trabajadores prestan sus servicios.

EXIGENCIAS DE PRODUCTIVIDAD MINIMA.- En anexo I, se encuentra el cuadro de estándares mínimos exigidos (exigencias mínimas de productividad) por la empresa a cada Puesto de Trabajo por jornada laboral de 8 horas. El cumplimiento de dichas exigencias de productividad por puesto será tomado en cuenta por la empresa para sucesivas evaluaciones de desempeño y aumento de sueldo correspondiente.

También será tomado en cuenta, además de las exigencias mínimas de productividad, el cumplimiento de las directivas del empleador, la buena disposición del trabajador a las labores encargadas, el respeto a los Reglamentos y Normas de la Empresa, el cumplimiento de la ley, el ratio de accidentes cero ("O") por año y el cumplimiento de normas medioambientales.

Estas .exigencias mínimas de productividad serán controladas por el Empleador y podrán ser ajustadas a las necesidades y realidades de las labores ordinarias, debiendo el trabajador comunicar a la Empresa cualquiera de estas circunstancias para adecuarlas a las circunstancias. A solo requerimiento, el Empleador podrá aumentar los estándares mínimos de productividad, si las actividades así lo requieren.

No habiendo más que discutir, ni acordar se suscribe la presente Acta Final de Negociación Colectiva del 2006, a los 29 días del mes de Mayo del año 2006.

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Negociación Colectiva

Actualidad Laboral

ANEXO 1: METAS DE PRODUCTIVIDAD

PUESTO

Coordinador de Producción

Recorrido de Producción

Recorredor de Gas

Winchero Servicios Pozos/Suab

Pocero de Unidad de Suabeo y servicios de pozos

Radio operador

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Prod. Petróleo y/o Gas

Producción Diferida

Seguridad y Medio Ambiente

Otras específicas

Producción de acuerdo al pronóstico del área o conjunto de baterías de producción a su cargo.

Control del crudo transportado por cisterna, eliminar transporte innecesario.

En general debe estar disponible para atender cualquier indicación de su supervisor inmediato en casos de emergencia y/o problemas que se presenten en las operaciones.

Detectar y/o definir los pozos no productores, de tal manera de tener una producción diferida menor al 0.5% de su pronóstico.

Cero accidentes de tránsito, 10 charlas de 5 minutos de seguridad y/o medio ambiente al personal a su cargo.

Indice de accidentes industriales dentro de los límites de control de la empresa.

Verificación diaria del consumo de combustible de acuerdo al kilometraje recorrido. Se le dará la meta. Récord de chofer: mejor conservación de vehículo asignado, menor gasto en mantenimiento del mismo, etc.

Producción de baterías asignadas en turno de día de acuerdo al pronóstico. Recorrer por lo menos 35 pozos por jornada diurna.

Donde se incluyan pruebas manométricas y control de SPM (strokes por minuto) de 25 pozos.

Hacer los repartos sin enmendaduras de las baterías asignadas y entregarlos a la hora prevista a la sección estadística.

Para Jornada nocturna, detectar los pozos sin producción.

Recorrer por lo menos 25 incluyendo pruebas manométricas y control de SPM de 15 pozos.

Detectar cuando menos la producción diferida con un máximo de 08 horas de ocurrido el problema.

Efectuar el ajuste de medida de bombas (reespaciar) oportunamente, cuando el comportamiento productivo de los pozos lo requiera.

Asistir a por lo menos 15 charlas de 5 minutos al mes, de temas de seguridad y medio ambiente. Uso correcto de su EPP. Verificación diaria del vehículo asignado.

Verificación diaria del consumo de combustible de acuerdo al kilometraje recorrido. Se le dará la meta. Récord de chofer: mejor conservación de vehículo asignado, menor gasto en mantenimiento del mismo, etc.

Participar en la medición diaria y oportuna del gas vendido.

Verificación diaria del panel de control de cada compresor.

Informe diario y en la hora prevista de Condiciones de operación de compresores a su cargo.

Tomar información diaria de los reportes de los scanners.

Verificar diariamente las condiciones de operación de los motocompresores TITAN. Estar disponible para cualquier indicación y/o requerimiento del supervisor inmediato en las operaciones de recolección, transferencia y venta de gas.

En lo posible mantener en cero paradas de compresores por problemas mecánicos.

Cumplir con el programa de mantenimiento programado.

Asistir a por lo menos 15 charlas de 5 minutos al mes, de temas de seguridad y medio ambiente. Uso correcto de su EPP. Verificación diaria del vehículo asignado.

Verificación diaria del consumo de combustible de acuerdo al kilometraje recorrido. Se le dará la meta. Récord de chofer: mejor conservación de vehículo asignado, menor gasto en mantenimiento del mismo, etc.

Producir por suabeo 60 bls. de petróleo en 24 horas.

Parámetros de Servicio de Pozos: - Bajada/subida de 25 tubos de 2 3/8" por hora.

- Bajada/subida de 20 tubos de 2 7/8" por hora.

- Bajada/subida de 75 varillas de cualquier diámetro por hora.

Control de torque de roscas de acuerdo especificación, para evitar su deterioro, máximo 1% de fallas por mes.

Hacer un reporte por jornada de las operaciones de la Unidad a su cargo y entregarlo en forma oportuna a su jefe inmediato.

Hacer el mantenimiento diario al equipo asignado.

Verificación diaria de herramientas a su cargo.

Verificación diaria de motores de unidad sistema de frenos, sistema hidráulico. etc.

Dictar por lo menos una charla de 5 minutos por turno, antes de iniciar su Jornada de trabajo. Esta debe ser referente a la Prevención de Riesgos y al Cuidado del Medio ambiente.

Evitar fugas por las conexiones de suabeo y durante las operaciones de servicios de pozo.

Exigir, a todo el personal a su cargo, el uso correcto de su EPP.

Verificación diaria del consumo de combustible de acuerdo al kilometraje recorrido. Se le dará la meta. Récord de chofer: mejor conservación de vehículo asignado, menor gasto en mantenimiento del mismo, etc.

Producir por suabeo 60 bls. de petróleo en 24 horas.

Parámetros de Servicio de Pozos: - Bajada/subida de 25 tubos de 2 3/8" por hora.

- Bajada/subida de 20 tubos de 2 7/8" por hora.

- Bajada/subida de 75 varillas de cualquier diámetro por hora.

Control de torque de roscas de acuerdo a especificación, para evitar su deterioro, máximo 1% de fallas por mes.

Mantener las herramientas en buen estado de conservación.

Asistir por lo menos a una charla de 5 minutos por turno. Mantener lubricados los elementos de control de suabeo, para evitar fugas de petróleo.

Evitar fugas de petróleo durante las operaciones de subida y bajada de tuberías y varillas.

Uso correcto de su EPP.

Responder el radio y el teléfono en forma oportuna.

Llevar su cuaderno o Iibro de bitácora muy bien detallado, indicar el 100% de las llamadas

Mantener en buen estado los equipos a su cargo. Reportar cualquier falla en comunicaciones de inmediato

Hacer un inventario diario de las herramientas a su cargo.

Lubricar correctamente las roscas de tubos y varillas durante su izaje.

Asistir a por lo menos 15 charlas de 5 minutos al mes.

Conservar y usar su ropa de trabajo en buen estado.

Solo es necesario el turno de día, según se ha verificado en los últimos meses. Las emergencias se están manejando con el recorredor de producción y el

JUNIO 2006

Negociación Colectiva

Actualidad Laboral METAS DE PRODUCTIVIDAD

PUESTO

Prod. Petróleo y/o gas

Producción Diferida

entrantes o salientes.

Hecer en forma clara los reportes que Ie son dictados del campo y entregarlos en forma oportuna a la oficina de estadística. Reportar cualquier anomalía que detecte, en cuanto a comunicaciones o irregularidades al Jefe de Seguridad o Administrador. Hacer pruebas de comunicaciones diarias (deben quedar registradas) con: - Coordinadores - Recorredores - Todo vehículo que salió de la Base de Operaciones.

- Jefe de Seguridad Bomberos de la ciudad.

- Comisaria - otras entidades que se le indique

Operador de Baterías

Gasfiteros

Soldadores

Operador de Montaje

Chofer

Operador de Motoniveladora

JUNIO 2006

Seguridad y Medio Ambiente

Otras específicas

Mantener su área de trabajo limpia y ordenada.

personal de seguridad que queda disponible en el Campamento de Manta.

Controlar la producción de la batería asignada según: producción de petróleo total, control del agua de producción y su disposición de acuerdo a las normas, control de los medidores de gas.

Revisar el funcionamiento de todos los instrumentos de control.

Medir diariamente los tanques de producción por lo menos tres medidas por jornada.

Hacer el reporte diario de producción.

Mantener todas las herramientas asignadas en buen estado de conservación.

Hacer un inventario diario de las herramientas asignadas.

Asistir a por lo menos 15 charlas de 5 minutos al mes.

Conservar y usar su ropa de trabajo en buen estado.

Mantener su área de trabajo limpia y ordenada.

Mantener la batería asignada limpia de restos de petróleo.

Mantener todas las tuberías de produción sin fugas de crudo.

Hacer las roscas de tubería según medida de fábrica.

Mantener todas las instalaciones de pozos, baterías, y otras instalaciones de campo sin fugas de crudo, agua ni gas.

Hacer la limpieza de las Instalaciones industriales al término de cada trabajo.

Disponibilidad para atender cualquier indicación de su supervisor inmediato en casos de emergencia y/o problemas que se presenten en las operaciones.

Mantener todas las herramientas asignadas en buen estado de conservación.

Hacer un inventario diario de las herramientas asignadas.

Asistir a por lo menos 15 Charlas de 5 minutos al mes.

Conservar y usar su ropa de trabajo en buen estado.

Mantener su área de trabajo limpia y ordenada.

Laborar de acuerdo a los siguientes parámetros: - Conexión de tubos de acuerdo a los trabajos diarios, condiciones de terreno y disponibilidad de personal.

- Limpieza de terraples: 100 M3 por jornada.

Pasar las pruebas de calidad por lo menos una cada dos meses.

Disponibilidad para atender cualquier indicación de su supervisor inmediato en casos de emergencia y/o problemas que se presenten en las operaciones.

Mantener todas las herramientas asignadas en buen estado de conservación.

Hacer un inventario diario de las herramientas asignadas.

Asistir a por lo menos 15 Charlas de 5 minutos al mes.

Conservar y usar su ropa de trabajo en buen estado.

Mantener su area de trabajo limpia y ordenada Verificar diariamente: - Arrestador de llamas de su equipo de oxicorte.

- Estado de extintor de incendio.

Certificar como soldador una vez al año.

Efectuar 2 cambios de condiciones de trabajo de unidades de bombeo por jornada.

Instalar 01 unidad de bombeo en 1 1/2 día como máximo y según modelo.

Mantener todas las herramientas asignadas en buen estado de conservación.

Hacer un inventario diario de las herramientas asignadas.

Preparar los permisos de trabajo de acuerdo al trabajo que efectúa.

Asistir a por lo menos 15 Charlas de 5 minutos al mes.

Conservar y usar su ropa de trabajo en buen estado.

Mantener su área de trabajo limpia y ordenada.

Revisar todas las riendas o estrobos del 100% de las unidades de bombeo de los Lotes I y V, por lo menos una vez al mes.

Cumplir con todos los trabajos asignados.

Disponibilidad para atender cualquier indicación de su supervisor inmediato en casos de emergencia y/o problemas que se presenten en las operaciones.

Mantener el vehículo asignado en buen estado de conservación.

Practicar manejo defensivo.

Cero accidentes.

Cumplimiento 100% de las normas de seguridad y de tránsito.

Verificación diaria del consumo de combustible de acuerdo al kilometraje recorrido 25 km. por galón.

Récord de chofer, mejor conservación de vehículo asignado menor gasto de vehículo en mantenimiento, etc.

Para camiones flota 4: 06 Km por galón.

Para camiones equivalentes, en función de la potencia del motor.

6,000 metros cuadrados de nivelación de caminos o plataforma en jornada de 8 horas.

Mantener el equipo en buen estado de conservación.

Practicar manejo defensivo.

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Negociación Colectiva

Actualidad Laboral

METAS DE PRODUCTIVIDAD

Recorredor mecánico

Prod. Petróleo y/o gas

Producción Diferida

Seguridad y Medio Ambiente

Cumplir con el programa de mantenimiento. Realizar el mantenimiento preventivo de 02 motores de campo por Jornada.

Lubricación e inspección total de motor y unidad de bombeo.

Disponibilidad para atender cualquier indicación de su supervisor inmediato en casos de emergencia y/o problemas que se presenten en las operaciones.

Mantener el vehículo asignado en buen estado de conservación.

Practicar manejo defensivo.

Cero accidentes.

Cumplimiento 100% de las normas de seguridad y de tránsito.

Otras específicas

NOTA: TODO EL PERSONAL DEBE HACER USO OBLIGATORIO DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

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JUNIO 2006

Indice

Actualidad Laboral

INDICE JUNIO 2006 Pág.

LA JORNADA DE TRABAJO (Por Dr. Fernando Elías Mantero)

3

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA JORNADA DE TRABAJO Y TEMAS AFINES.

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RESUMEN DE PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES SOBRE JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS PUBLICADOS POR LA REVISTA ACTUALIDAD LABORAL.

23

LEGISLACION Ley Nº 28735.- Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte. (18-05-2006)

27

Ley Nº 28738.- Ley que modifica el artículo 14º de la Ley Nº 27803, sobre las condiciones para la jubilación adelantada del Régimen Especial de la Ley Nº 25009. (19-05-2006)

29

Ley Nº 28739.- Ley que promueve el canje o redención de las acciones de inversión. (23-05-2006)

30

Decreto Supremo Nº 011-2006-TR.- Modifican el D.S. Nº 004-2006-TR, que establece disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada. (06-06-2006)

35

Fe de Erratas del D.S. 011-2006-TR.- (09-06-2006)

36

Decreto Supremo Nº 076-2006-EF.- Establecen monto de la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley Nº 21933. (01-06-2006)

37

Decreto Supremo Nº 077-2006-EF.- Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28192 que regula procedimiento a seguir luego de producida la declaración de nulidad de contratos de afiliación con una Administradora Privada de Fondos de Pensiones - AFP. (02-06-2006)

37

Decreto Supremo Nº 022-2006-RE.- Ratifican Acuerdo sobre Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, suscrito con la República de Nicaragua. (04-06-2006)

40

Decreto Supremo Nº 024-2006-RE.- Ratifican Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Administrativo, Técnico y de Servicio de las Misiones Diplomáticas y Consulares realizado mediante Intercambio de Notas con la Embajada Real de los Países Bajos. (04-06-2006)

40

JUNIO 2006

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Indice

Actualidad Laboral Pág.

Resolución Ministerial Nº 219-2006-TR.- Aprueban Lineamiento "Presentación del formulario Declaración Jurada sobre Información de Planilla (s) de Pago del mes de junio de 2006" (10-06-06)

41

Resolución Ministerial Nº 221-2006-TR.- Modifican la R.M. Nº 192-2006-TR, mediante la cual se constituyó Grupo de Trabajo para implementar esquema a fin de mejorar la calidad en la producción de las normas y regulaciones. (11-06-2006)

48

Resolución Ministerial Nº 521-2006/MINSA.- Aprueban "Directiva Administrativa para el Correcto Uso del Correo Electrónico en el Ministerio de Salud". (12-06-06)

49

Resolución SBS Nº 565-2006.- Modifican artículo del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP, correspondiente a afiliación y aportes. (12-05-2006)

50

LISTADO DE DISPOSICIONES LEGALES DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL DICTADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2006.

51

JURISPRUDENCIA JURISPRUDENCIA DE GARANTIA - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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ACCION DE AMPARO FRENTE AL DESPIDO: NATURALEZA RESTITUTORIA: UTILIZACION FRAUDULENTA DE CONTRATOS CIVILES PARA ENCUBRIR UNA RELACION LABORAL: PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD IMPLICITO EN LA CONSTITUCION: "Finalmente, este Colegiado, considera que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación como la antes descrita, configura un despido arbitrario; por lo que, teniendo en cuenta la finalidad restitutoria del proceso de amparo constitucional, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales."

53

CONTRATACION SUJETA A MODALIDAD: LIMITE TEMPORAL: "El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad Competitividad Laboral, en su artículo 74º, dispone que en los casos que corresponda, podrán celebrarse en forma sucesiva, con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, siempre que en conjunto, no superen la duración máxima de 5 años. Del mismo, modo en su articulo 77º precisa que cuando estos se desnaturalizan pasan a ser considerados como de naturaleza indeterminada, señalando, entre otras causales, cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o de las prórrogas pactadas, si estas exceden el límite máximo permitido."

55

DESNATURALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD: "El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad Competitividad Laboral, en su artículo 74º, dispone que en los casos que corresponda, podrán celebrarse en forma sucesiva, con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, siempre que en conjunto, no superen la duración máxima de 5 años. Del mismo, modo en su artículo 77º precisa que cuando estos se desnaturalizan pasan a ser considerados como de naturaleza indeterminada, señalando, entre otras causales, cuando el trabajador continua laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o de las prórrogas pactadas, si estas exceden el limite máximo permitido."

56

DESPEDIDA DEL EMPLEO: LEGITIMIDAD: "De esta forma, un despido será justificado o injustificado en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con expresión de causa o sin ella, es decir, cuando se indican (o no) los hechos que motivan y justifican la extinción de la relación laboral. Entonces, el despido será legítimo sólo cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada en el procedimiento de despido, en el cual se deben respetar las garantías mínimas que brinda el derecho fundamental al debido proceso."

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Actualidad Laboral

Indice Pág.

DESPIDO INCAUSADO: TERMINACION DE UN CONTRATO QUE IMPLICABA UTILIZACION INDEBIDA DE UNA MODALIDAD DE CONTRATACION: "Finalmente, este Colegiado estima que la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización indebida de una modalidad de contratación como la antes descrita, configura un despido incausado. Siendo así y dada la finalidad restitutoria del proceso de amparo, procede la reincorporación del demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando a la fecha en que se produjo la violación de sus derechos fundamentales."

59

DESPIDO: COBRO DE INDEMNIZACION POR DESPIDO: "Tal hecho no recorta de modo alguno la protección procesal constitucional frente al despido, y menos aún "constitucionaliza" éste, sino que, ante la opción resarcitoria escogida previamente por la accionante, resulta evidente que el juez constitucional se encuentra privado de pronunciarse por la argumentada lesividad, puesto que la demandante determinó, con su voluntario accionar, que la opción ejercido en cuanto al cobro de la indemnización por despido satisfizo la protección contra el despido consagrada constitucionalmente."

61

DOCENTES UNIVERSITARIOS: CESE POR EDAD: NO SON DE APLICACIÓN LAS REGLAS DE CESE POR LIMITE DE EDAD SEÑALADAS EN EL DECRETO LEGISLATIVO 276: "Es necesario precisar que, si bien la Ley Universitaria no regula el cese por límite de edad, ello no significa que las universidades estén impedidas de separar a sus profesores cuando las capacidades para el desempeño de sus funciones se vean seriamente mermadas, ya que en el inciso c) y párrafos finales del artículo 51º de la Ley Universitaria se señala que son deberes de los profesores universitarios perfeccionar permanentemente sus conocimientos y capacidades docentes y realizar labores intelectuales creativas, y que para ello el Estatuto de cada universidad deberá establecer un sistema de estricta evaluación de los profesores, lo que incluye la calificación de su producción intelectual universitaria o extrauniversitaria, pudiendo aplicarse las sanciones de amonestación, suspensión y separación, previo proceso. Es decir, el deber de perfeccionar permanentemente los conocimientos y capacidades se incumple no sólo cuando no se actualizan los conocimientos o no se realizan proyectos o investigaciones académicas que manifiesten la creatividad, sino también cuando el docente presenta disminuciones, graves y reiteradas equivocaciones e incumplimientos en sus actividades y responsabilidades, criterios objetivos por los cuales pueden ser separados."

62

ENFERMEDAD PROFESIONAL: VALOR PROBATORIO DE LOS CERTIFICADOS MEDICOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - SALUD OCUPACIONAL, DEL MINISTERIO DE SALUD: "De acuerdo con los artículos 191º y siguientes del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, el examen médico-ocupacional que practica la Dirección General de Salud Ambiental - Salud Ocupacional, del Ministerio de Salud, constituye prueba suficiente y acredita la enfermedad profesional que padece el recurrente, conforme a la Resolución Suprema Nº 014-93-TR, publicada el 28 de agosto de 1993, que recoge los Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT para la Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis, requiriendo el demandante atención prioritaria e inmediata, por lo que no es exigible la certificación emitida por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de EsSalud."

64

IURA NOVIT CURIA: APLICACIÓN DEL DERECHO QUE CORRESPONDE AUNQUE NO HAYA SIDO INVOCADO ADECUADAMENTE: "1.- Antes de ingresar a analizar el fondo de la controversia constitucional, hay una cuestión previa en la que es necesario detenerse a fin de enfocar correctamente la pretensión, pues de los hechos expuestos en la demanda se infiere que ésta ha sido planteada de manera deficiente en cuanto a la fundamentación jurídica; sin embargo, en aplicación del principio del iura novit curia constitucional, contemplado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el Tribunal tiene el poder-deber de aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente."

DESNATURALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD POR CONTINUAR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DESPUES DE SU VENCIMIENTO: "5. En consecuencia, habiéndose acreditado que el demandante siguió laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato de trabajo sujeto a modalidad, éste se considera como de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso a), del artículo 77º, del Decreto Supremo Nº 00397-TR, razón por la que, habiéndosele despedido de manera verbal, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo."

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Indice

Actualidad Laboral Pág.

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD: TERMINACION DE CONTRATOS CIVILES QUE ENCUBREN RELACIONES LABORALES: "Por lo tanto, habiéndose determinado que el demandante -al margen de lo consignado en el texto de los contratos de servicios no personales suscritos por las partes- ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes desde el 1 de marzo de 1996, ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que los contratos de trabajos sujetos a modalidad suscritos no tienen validez alguna, ya que entre las partes existía una contrato de trabajo a plazo indeterminado; por lo que, al habérsele comunicado al demandante la extinción de su contrato de trabajo sin que exista una causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, que justifique dicha decisión, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues ha sido despedido arbitrariamente."

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JURISPRUDENCIA LABORAL DE CASACION

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DESPIDO NULO: RECLAMACION DIRECTA ANTE EL EMPLEADOR NO ES CAUSAL DE DESPIDO NULO: "Que, estando a que el recurrente alega que el motivo de su cese producido con fecha treintiuno de agosto de mil novecientos noventiocho se debió al reclamo presentado unos días antes, directamente ante la misma empleadora, para el reconocimiento y pago de las horas extras, no se observa el cumplimiento de los supuestos de la causal referida en el considerando anterior, para la aplicación del literal c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR;"

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HOSTILIDAD: VINCULO LABORAL VIGENTE: "Que, tampoco puede haber lugar a actos de hostilidad, por cuanto éstos sólo pueden producirse cuando el vínculo laboral está vigente y si está acreditado que el actor denunció tal hostilidad al recibir la carta de despido, resulta incongruente que pretenda cesar un acto que no está calificado como de hostilidad, sino que mas bien es una decisión de despido, al removérsele del cargo de Gerente General que venía ocupando, el cual tiene que impugnarse a través de las acciones previstas por el artículo treinticuatro del mismo texto legal, cuyo plazo de caducidad se computa conforme a las reglas del artículo treintiséis, no siendo aplicable por tanto, el artículo cincuentisiete del Reglamento de dicha Ley que también se invoca."

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INCENTIVO PARA LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO DE MUTUO ACUERDO: "Que, el monto del incentivo está sujeto a la voluntad de las partes, pudiendo establecerse una cantidad alta o pequeña, hasta incluso determinar que el incentivo no tenga carácter dinerario, sino de otra especie, de modo que al quedar librado a esa decisión, se consolida cuando se finiquita el arreglo, lo cual en el caso de autos se ha manifestado en el momento en que el actor acepta que éste fuera equivalente a dos mil ciento treintisiete nuevos soles con seis céntimos que recibe a entera satisfacción."

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NULIDAD DE DESPIDO: RECLAMO O QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL EMPLEADOR ANTE ESSALUD NO CONSTITUYE CAUSAL DE DESPIDO NULO: "Que, conforme a las reiteradas Ejecutorias de esta Sala Suprema, la simple tramitación efectuada por el accionante ante EsSalud no configura el supuesto legal que prevé el inciso c) del artículo veintinueve del Decreto Supremo número cero cero tres - noventisiete -TR, para que el despido sea nulo, pues cuando dicha norma se refiere a presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, debe entenderse que la queja, el reclamo o proceso seguido contra el empleador debe ser de naturaleza laboral, es decir referirse al incumplimiento o conductas del empleador que afecten los derechos del trabajador derivados de la relación de trabajo, o sus derechos fundamentales planteados ante autoridad judicial o administrativa competente, tal como lo dispone el artículo cuarentisiete del Decreto Supremo número cero cero uno – noventiséis -TR (Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo)."

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NULIDAD DE SENTENCIA: ACTUACION DE PRUEBA DE OFICIO: "Que, a efectos de emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo, resulta imperioso que el A quo determine en base a los hechos expuestos por las partes y los medios probatorios actuados (y de ser necesario en ejercicio de la facultad conferida en el artículo veintiocho de la Ley Procesal del Trabajo ordenando la actuación de pruebas de oficio que considere convenientes para crearle convicción y certeza), cuáles fueron

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Actualidad Laboral

Indice Pág.

los cargos que real y efectivamente desempeñó el ex trabajador demandante en la Municipalidad (fue obrero del vivero municipal durante todo el récord o al inicio fue obrero y luego pasó a ser empleado municipal); en el supuesto de determinar que fue obrero, efectuar la liquidación de los beneficios sociales que reclama en dos tramos: el primero, a partir del inicio de la relación laboral conforme a las normas del régimen laboral de la actividad pública, y el segundo, aplicando las normas de la actividad privada en virtud a la entrada en vigencia de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve modificatoria del artículo cincuentidós de la Ley Orgánica de Municipalidades; y en el supuesto de determinar que inicialmente fue obrero y luego pasó a ser empleado, a todo el récord laboral resultaría aplicable el Decreto Legislativo número doscientos setentiséis, y consecuentemente, esta demanda no podría tramitarse en la vía del proceso ordinario laboral sino en la vía del proceso contencioso administrativo previo agotamiento de la vía administrativa;" NULIDAD DE SENTENCIA: ERROR EN LA DETERMINACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: "Que, sin embargo, el Juzgador en la audiencia única cuya acta corre de fojas ciento sesentidós a ciento sesenticinco, se ha limitado a fijar como puntos controvertidos: "Determinarse si procede o no el pago de los conceptos demandados y de proceder, determinarse el monto correspondiente a la que estaría obligado a su pago la entidad accionada"; sin tener en consideración que la pretensión de la demanda de fojas ciento cinco, interpuesta el cuatro de diciembre del dos mil uno, no es únicamente el reintegro de beneficios sociales del período primero de agosto de mil novecientos ochentidós al treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, sino también, que el pago de tales reintegros se realice al amparo del artículo mil doscientos treintiséis del Código Civil referido al pago en forma actualizada, más los intereses; por las razones indicadas resultaba de imperiosa necesidad que el A - quo fijara como punto controvertido determinar si corresponde o no la actualización de la deuda y de ser el caso su forma de cálculo;"

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RECURSO DE CASACION: INSTANCIA PLURAL: "... toda vez que el derecho a la pluralidad de instancias se satisface con el recurso de apelación mientras el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y restringida, de manera que las causales pueden ser limitadas al mínimo de acuerdo con las propias finalidades del ordenamiento; por lo que, esta denuncia debe in limine declararse improcedente; tanto más si la argumentación gira en torno al auto que confirma la resolución que declara infundada las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y de prescripción extintiva, las mismas que no pueden ser materia de análisis casatorio por no cumplir con el requisito de forma que establece el artículo cincuenticinco de la acotada Ley Laboral, esto es, que solo procede el recurso casatorio contra sentencias que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes;"

81

SEGURO DE VIDA: LA DEMANDA DEBE SER DIRIGIDA CONTRA LA EMPRESA DE SEGUROS SI EL EMPLEADOR HA CUMPLIDO CON EL PAGO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES: "Que, si bien el trabajador tiene derecho al pago del seguro de vida ley por invalidez permanente también lo es que dicha acción debió dirigirla contra la compañía aseguradora, puesto que conforme se menciona en el inciso c) del artículo quinto del contrato de la Póliza de Seguro de Vida Ley, que corre a fojas trescientos este riesgo está cubierto, por ello se debe dejar a salvo el derecho del actor a reclamar la indemnización ascendente a treintidós remuneraciones a la compañía de seguros (asegurador), en calidad de beneficiario del seguro pues el empleador (asegurado), había cumplido con sus obligaciones;"

82

JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS LABORALES DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA

BENEFICIOS SOCIALES: DERECHO PREFERENCIAL DE COBRO.

85

CADUCIDAD DE LA ACCION: FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO DE CADUCIDAD: DIAS NO COMPUTABLES: FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL.

86

CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS: PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD.

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DERECHOS LABORALES: CARACTER PREFERENCIAL.

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Actualidad Laboral Pág.

DESPIDO: REQUISITOS: "en nuestra normatividad (al igual que en España, Brasil, Chile, Panamá y Paraguay) la gravedad no constituye el único requisito a considerar para que el empleador pueda hacer uso del despido disciplinario, sino además es necesaria su adecuación al catálogo de incumplimientos ajustado al principio de tipificación previa y de legalidad, al haberse adherido al sistema cerrado o de numerus clausus no extensible por analogía;"

92

EXCEPCION DE PRESCRIPCION: DESARROLLO EN EL TIEMPO: APLICACION DE LA LEY 26513: "… en el presente caso resulta de aplicación el plazo establecido en la Ley N° 26513, pues si bien no se encontraba vigente a la fecha de terminación de la relación laboral, surte efecto en virtud del principio citado en el considerando anterior por haber transcurrido el tiempo requerido para la prescripción aunque por la norma anterior, esto es, el artículo 2001º, inciso l) del Código Civil, se necesitare un tiempo mayor;"

93

HOSTILIDAD: FALTA DE PAGO DE REMUNERACIONES: CASO FORTUITO: INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR: INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

94

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS OCASIONADOS POR INCUMPLIMIENTO DE UNA NORMA LEGAL POR PARTE DEL EMPLEADOR.

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INDEMNIZACION POR TERMINACION ANTICIPADA E INJUSTIFICADA DE CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD: "… ante la existencia de un contrato laboral sujeto a modalidad celebrado entre las partes conforme se aprecia de fojas 04, al haberse dado por terminada la relación laboral sin mediar causa legalmente justificada la resolución del contrato deviene en arbitraria por lo que corresponde al actor el abono de la indemnización contemplada en el artículo 76 de la norma material antes invocada;"

98

IUS VARIANDI: ALCANCES Y EFECTOS: CAMBIO DE LUGAR DE TRABAJO: "… en ese orden de ideas se concluye que el empleador, en ejercicio del ius variandi, así como está facultado en precisar y concretar la posición del trabajador dentro de la empresa, está facultado también para variar esta posición mientras se mantenga vigente la relación laboral, en razón de las necesidades de la empresa, así como influir en cualquier momento sobre la relación jurídica existente, determinando variaciones a la forma y modalidades de la prestación de servicios del trabajador;"

100

JUZGADOS DE TRABAJO: INCOMPETENCIA: LA ACCION DE ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO NO ES DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TRABAJO.

102

TACHA DE DOCUMENTOS: ASIGNACIÓN FAMILIAR: "… la tacha de documentos debe estar referida a los defectos formales de los instrumentos presentados, y no a la nulidad o falsedad de los actos contenidos en los mismos cuya nulidad o falsedad debe hacerse valer en vía de acción, en consecuencia la tachas propuestas por las partes resultan ser improcedente;" "que, el requisito de tener el vínculo laboral vigente no implica que al cesar éste, el trabajador no pueda reclamar el derecho originado durante la misma, constituyendo más bien el límite para su percepción, y la obligación del trabajador de acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere, puede ser ejercida en el proceso judicial en el cual se discute precisamente la naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes, …"

103

NEGOCIACION COLECTIVA Empresa Graña y Montero Petrolera S.A.

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