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Edición

529 MAYO 2013

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

PLAN DE DESARROLLO DE ACORE

Diciendo y haciendo

En 2008, ACORE diseñó un plan de desarrollo de la Institución e incluyó como uno de sus programas bandera la consecución de sedes propias para las seccionales con el fin de ampliar la cobertura de servicios para los afiliados. Se creó, entonces, un plan para adquirir la solidez financiera necesaria para llevarlo a cabo. En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria de ACORE, del 16 de marzo pasado, en Bogotá, autorizó la adquisición de inmuebles para las sedes de Tolima y Huila. El año pasado se aprobó la remodelación de la Sede del Valle del Cauca y la del Departamento de Antioquia.

Remodelación de la Seccional Valle

Sede propia para la Seccional Tolima

Las obras ejecutadas por administración directa de la Presidencia y Junta Directiva de la Seccional con la colaboración generosa y entusiasta de los afiliados, están completamente terminadas y fueron inauguradas por el Presidente Nacional de ACORE antes de iniciar la Asamblea General 2013 de la Seccional Valle del Cauca. La terminación de la primera y segunda etapa del proyecto de remodelación y equipamiento de la Sede de la Seccional tuvo un costo de 86 millones de pesos, de los cuales ACORE Nacional aporto el 50% de la reserva para Inversión en Activos Fijos del Plan de Desarrollo, y la Seccional aportó el saldo. Las obras realizadas son: mantenimiento general, reparación y rehabilitación de las redes eléctrica, hidráulica y sanitaria, remodelación de las oficinas, remodelación del bar y baterías de baños, adecuación de un apartamento para rentar, remodelación y acondicionamiento del salón para eventos, adecuación de tres salas pequeñas para reuniones y pintura general, entre otras. Pag. 2

Es un anhelo de 50 años que se hace realidad gracias al entusiasmo de su Presidente, de la Junta Directiva y de la colaboración incondicional de los afiliados de la Seccional. La Sede del Tolima es un inmueble campestre de 7.300 Mts2, a 15 minutos de Ibagué. Se adquirió por un monto de $263 millones, de los cuales 163 los aporta ACORE Nacional y el resto se financia con un préstamo que la Asociación le hace a la Seccional a diez años, con un interés blando y diez meses de periodo muerto para comenzar su amortización. La Asamblea le hizo un merecido reconocimiento al Presidente de la Seccional donde destacó su entusiasmo, dedicación y liderazgo; así mismo, rindió homenaje al mayor Estanislao Caicedo, miembro de la Seccional, que fue galardonado en la Asamblea General Ordinaria de ACORE como el ‘Acorado de Honor’. La Asamblea les agradeció a la Presidencia y a la Junta Directiva Nacional por haber hecho realidad el sueño de los compañeros Acorados del Tolima. Pag. 10

Intervención del Presidente de ACORE en el Congreso de la República Al intervenir en la Comisión Accidental que trata sobre las necesidades de la Fuerza Pública, del Congreso de la República, el presidente Nacional de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, le agradeció su preocupación por tener en cuenta las necesidades más apremiantes en materia salarial, de salud y de seguridad jurídica. “En materia de salud, hay que reconocer el gran esfuerzo que ha venido realizando el Gobierno para tratar esta problemática que viene de tiempo atrás. Sin embargo, dijo, tenemos una gran preocupación. Hay algo que no entendemos, y que tiene que ver con la inexplicable demora en la reconstrucción del sistema que colpaso por haber sobrepasado sus capacidades. En materia de seguridad jurídica, ya se está tramitanddo el proyecto de ley estatutaria que permitirá la aplicación del Fuero Militar. Al respecto, el BG Ruiz dijo que “esta reforma que se hizo, que no era lo que esperábamos, es un Fuero demasiado limitado para un país que enfrenta un conflicto armado de grandes proporciones. Sobre el proceso de paz, el general Ruiz planteó la preocupación de la Reserva sobre el cómo y qué se va a negociar para lograr este gran propósito nacional. ”Nosotros, los de la Reserva, bajo ninguna circunstancia nos hemos opuesto a este gran propósito que es un anhelo nacional. Hemos dicho con claridad que la paz se logra, o bien negociada políticamente, como se pretende ahora, o con victoria militar”. Pag. 9

Editorial

En los últimos días ha sido notoria la intensa actividad desarrollada por algunos organismos internacionales y varias ONG de reconocida extrema izquierda radical que fungen como defensoras permanentes de los derechos humanos. El motivo de esta sistemática e inusitada actividad, obedece a la reciente radicación en el Congreso de la República, del proyecto de ley estatutaria que reglamentara el nuevo Fuero Penal Militar, según reforma constitucional aprobada a finales del año pasado. Pag. 3

Del Procurador

Simetría jurídica

Tratar con terroristas

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, estuvo en nuestra sede nacional durante un conversatorio con los oficiales de la Reserva Activa y compartió sus reflexiones sobre el proceso de paz y el instrumento diseñado para ello: Marco Jurídico para la Paz. Pag. 13

Si estamos en un conflicto interno que ha deparado el sacrificio de vidas humanas, de parte y parte, carece de sentido otorgar amnistías, indultos, perdón judicial y subrogados penales a unos y no a otros. De por medio está la grandeza de la Nación. Pag. 4

Ningún colombiano sensato puede creer que las Farc quieren la paz obtenida mediante una concertación en mesas de conversaciones en La Habana y que, como resultado de ello, se incorporen a la sociedad, como impunes, inmunes y buenos ciudadanos. Pag. 7

jueves

23 de mayo Club militar de oficiales Salón Dorado


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INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO DE ACORE

Proyecto de remodelación de la sede de la Seccional Valle del Cauca Brigadier General GUILLERMO BASTIDAS ORDOÑEZ Secretario General Ejecutivo de ACORE

La Presidencia Nacional de ACORE visitó la Seccional del Valle del Cauca el pasado 26 de abril y presidió una reunión con un grupo de 85 industriales, comerciantes, ganaderos y personalidades de la política de ese departamento en la Sede de la Seccional. El objeto de la reunión fue la de mostrar la gestión de ACORE como entidad representativa de la Reserva Activa ante las instancias del poder público, compartir apreciaciones, actualizar información y aclarar temores relativos a la participación de los militares en las negociaciones de paz, visto desde el ángulo de la seguridad nacional, el posconflicto y sus repercusiones sobre el campo social y económico del país. Posteriormente se presentó la rendición de cuentas de ACORE Nacional ante los 147 asistentes presentes en la sede, entre afiliados de la Seccional y representantes de asociaciones de la Fuerza Pública. El sábado 27 de abril se llevó a cabo la Asamblea General de la Seccional del Valle con la asistencia del 21% de los afiliados, cifra superior a la de Asambleas anteriores. Cabe destacar el informe de la excelente gestión de su presidente, coronel FAC Fernando Galvis, por tercer año al frente de la Seccional. Ejecutorias más importantes: 1.

2.

Celebración del Convenio con la Defensa Civil para la administración de la Sede Calima, con la colaboración del coronel Rafael Antonio Piragauta Rodríguez, que se traduce en la construcción del muelle, administración, recuperación y dotación, lo que le permitió a la Seccional un ahorro de $ 20 millones anuales en gastos de mantenimiento de la sede campestre. La exoneración del ciento por ciento del impuesto predial durante diez años, lo que significa para ACORE Nacional un ahorro de 60 millones. Se debe actualizar cada dos años pagando únicamente la cuota bomberil y los aportes a la CVC.

3.

Excursiones al Balneario de Coveñas de la Fuerza Aérea, visitas a la Escuela Militar de Aviación, a la Seccional Antioquia, donde fueron atendidos por nuestros compañeros de Medellín. Paseo a las haciendas de Tienta Taurina, en el Valle del Cauca; excursión a Panamá, en marzo pasado. La actividad social incrementó la asistencia de los Asociados a los almuerzos y reuniones de compañeros y la respuesta a las convocatorias de la Seccional. 4. Lo más importante de su ejecutoria es la terminación de la primera y la segunda etapa del proyecto de la remodelación y equipamiento de la Sede de la Seccional que tuvo un costo de 86 millones de pesos de los cuales ACORE Nacional aportó el 50% de la reserva para Inversión en Activos Fijos del Plan de Desarrollo, y la Seccional aportó el saldo; las obras, que fueron ejecutadas por administración directa de la Presidencia y Junta Directiva de la Seccional con la colaboración entusiasta de los afiliados, están terminadas y fueron inauguradas por el Presidente Nacional de ACORE, general Jaime Ruiz, antes de iniciar la Asamblea General 2013 de la Seccional Valle del Cauca. Las obras realizadas en la primera y segunda etapa del 2012 son: mantenimiento general, reparación y rehabilitación de la red eléctrica, hidráulica y sanitaria de la sede, remodelación y redistribución de las oficinas, remodelación del bar y baterías de baños, adecuación de un apartamento para rentar, dotación de menaje, mobiliario, televisor de 52”, equipo de sonido, instalación de cableado oculto de video y sonido, remodelación y acondicionamiento del Salón Banderas para eventos, adecuación y amueblamiento de tres salas pequeñas

El presidente Nacional, BG Jaime Ruiz Barrera, en compañía de los directivos seccionales, inaugura la primera y la segunda etapa del proyecto de remodelación y equipamiento de la sede de la Seccional Valle del Cauca, que tuvo un costo de 86 millones de pesos.

para reuniones de grupos de trabajo, pintura general. Como resultado de la inversión: •

La sede de Acore Valle se valorizó en más del 200%. De acuerdo con el avalúo de diciembre pasado el valor del inmueble pasó de 267 a 607.4 millones de pesos. • La Seccional recibe ingresos adicionales por $1.200.000 mensuales por el alquiler del apartamento. El contrato se renovó por dos años. • La remodelación de los salones le permitió incluir dentro del presupuesto para el 2013, 15 millones de ingresos proyectados por concepto de alquiler de las instalaciones. Para el año 2013 está programada la tercera etapa de la remodelación cuyo objetivo principal es el acondicionamiento y equipamiento del salón principal con capacidad para 250 personas, incluyendo la adquisición e instalación de aire acondicionado central, proyecto que tendrá un costo de 100.5 millones, 50 de los cuales los aporta el Fondo de Reserva de Inversión en Activos Fijos de ACORE y la Seccional financiará el saldo con un crédito que le concede ACORE y que amortizara con el producto del alquiler de salones, bingos y eventos de solidaridad y aportes extraordinarios de sus afiliados.

5.

Se fortalecieron las relaciones con la BR3 y la Policía Metropolitana que colaboran en la vigilancia de la sede, con la CVC, la Defensa Civil, con la Base Aérea; se logró atención especial en el dispensario de la BR3 para los afiliados a ACORE; la junta de Acción Comunal de San Fernando realiza las reuniones en ACORE solucionando así las dificultades y las continuas quejas del vecindario por las actividades masivas que se realizan en la Seccional. Los estados financieros y el presupuesto de ingresos y gastos y la ejecución presupuestal fueron certificados por el contador y aprobados por la revisoría fiscal con felicitación por la calidad profesional del planeamiento, administración de los recursos y la transparencia en su ejecución.

Una Asamblea ejemplar La Presidencia de la Seccional resaltó la gestión que viene desarrollando la Presidencia y Junta Directiva Nacional y le agradeció al BG Jaime Ruiz Barrera, el apoyo a la Seccional. A solicitud del mayor Víctor Manuel Cañas Trujillo, pionero de la Seccional, la Asamblea General aprobó menciones de reconocimiento y notas de estilo para al Presidente de la Seccional y su Junta Directiva por la gestión extraordinaria desarrollada en este periodo en pro del engrandecimiento de la Seccional Valle en beneficio de los Asociados, y dispuso un reconocimiento en nota de estilo para el GN Pedro Nel Molado Barreto como benefactor de la Seccional cuando se desempeñó como Comandante de la tercera brigada.


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EDITORIAL

En defensa de nuestros derechos

El nuevo Fuero Penal Militar Fortalece la seguridad jurídica de nuestros combatientes en actuaciones propias del conflicto armado. Constituye el principal recurso para estimular la voluntad de lucha y espíritu de sacrificio que requieren nuestros soldados para la defensa de la soberanía y de las instituciones patrias. En los últimos días ha sido notoria la intensa actividad desarrollada por algunos organismos internacionales y varias ONG de reconocida extrema izquierda radical que fungen como defensoras permanentes de los derechos humanos. El motivo de esta sistemática e inusitada actividad, obedece a la reciente radicación en el Congreso de la República, del proyecto de ley estatutaria que reglamentara el nuevo Fuero Penal Militar, según reforma constitucional aprobada a finales del año pasado. Para estas organizaciones, el Fuero Militar no es otra cosa que un supuesto e innecesario instrumento de impunidad que se le otorga a nuestros combatientes para enfrentar el conflicto armado con las organizaciones terroristas y bandas criminales que azotan la geografía nacional. En cumplimiento de esta tarea, vienen adelantando un agresivo y sistemático plan de desprestigio ante diferentes instancias nacionales e internacionales, amenazando con eventuales condenas al Estado colombiano, en caso de lograrse la aprobación de este proyecto. Pretenden con esto intimidar, difamar, distorsionar, confundir y engañar a la opinión frente al verdadero contenido y significado del Fuero Penal Militar. Los principales opositores a este proyecto lo constituyen, como es habitual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, algunos relatores representantes locales de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas, los miembros del partido comunista del Polo Democrático, encabezados por el hijo de un importante y extinto líder de las Farc, Manuel Cepeda Vargas, y algunos colectivos de abogados que les son afines. Estos opositores consideran que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a quienes se consideren autores de violación de los derechos humanos. Coinciden en esto con los planteamientos que han venido formulando cínicamente, algunos voceros de la organización terrorista Farc, en el sentido de no aceptar su condición de victimarios, sino de ‘victimas’ de la agresión y violación de sus derechos por parte del Estado colombiano. La nueva norma, lo cual no es nada extraño, ya fue demandada por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo y por el ala comunista del Polo Democrático, argumentando supuestos vicios de inconstitucionalidad. Frente a las diferentes acusaciones que han venido formulando estas organizaciones opositoras al proyecto, ACORE ha estado defendiendo este proyecto, utilizando los siguientes argumentos: PERIÓDICO

Fundado en 1961

Calle 70 No. 4-24 -345 0511 www.acore.org.co acore@acore.org.co Bogotá, D.C.

Proporciona legitimidad e institucionalidad frente a la amenaza terrorista.

• El proyecto de ley estatutaria radicado en el Congreso de la República establece suficientes garantías de autonomía e imparcialidad para la aplicación de la Justicia Penal Militar y Policial.

Con su aprobación, se impone la autonomía y la soberanía del Estado colombiano en sus funciones legislativas.

• Los funcionarios de la JPM y Policial tendrán también una carrera totalmente independiente del resto de integrantes de la Fuerza Pública. Todo lo concerniente al mando, administración, disciplina y control, serán de responsabilidad exclusiva de la Unidad Administrativa Especial. Sus sedes o sitios de trabajo funcionarán fuera de los cuarteles.

No constituye un privilegio. Es un derecho constitucional que garantiza el marco legal que requieren las tropas en el combate.

• Se desliga en forma definitiva la JPM y Policial de la organización y del mando, tanto militar como policial. Se crea una Unidad Administrativa Especial independiente, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional.

Este mismo proyecto crea un Tribunal de Garantías integrado por magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial y de la justicia ordinaria, con el propósito de resolver cualquier conflicto de competencia que se llegue a presentar. Conforma, igualmente, una Comisión Técnica de Coordinación que se activa por la Fiscalía General y por la Fiscalía Militar y Policial, la cual de común acuerdo, debe establecer, constatar y verificar los hechos motivo de investigación. Determina como conductas de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria los crímenes de lesa humanidad, los delitos de genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Tipifica también como  nueva conducta punible el delito de ejecución extrajudicial (falsos positivos), el cual, bajo ninguna circunstancia, será competencia de la JPM y Policial. Establece que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (derecho de guerra), serán de competencia de la Justicia Penal Militar, salvo aquellas conductas que no tengan relación próxima directa con el servicio. V. g. Ataque a la población civil o a sus propiedades, por no ser consideradas como objetivo militar. Se define con claridad el concepto de acto del servicio para ser juzgado por la jurisdicción castrense. Se aclara por igual el concepto del blanco legítimo en operaciones de combate. Finalmente, determina reglas muy claras de interpretación del Derecho Internacional Humanitario y su armonización con el Derecho Penal. Todo lo anterior establece, como ya se dijo, suficientes garantías de autonomía e imparcialidad, de lo que será la nueva estructura de la Justicia Penal Militar y Policial.

Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera Director: CO Gustavo Mantilla Ortiz Editor: Periodista Carlos Castillo Lugo Gerente: TC Rosa María Llovera Terradas Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso

CO Carlos Acosta Arévalo (caricatura) CO Gustavo Plazas Jiménez Diseño Gráfico: Sandra Ximena Gallego Torres Administración y logística: Leydi Liliana Romero Fotografía: Álvaro Díaz Rodríguez, Seccionales Impresión: Editorial El Globo S.A. Dirección: Cl 25D Bis # 102 A - 63 Teléfono: 42276200 EXT 1172 - 1178

Acorito

¡Sin fuero militar, nos queda muy difícil defender este país!

NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados. La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.


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La simetría jurídica Brigadier General EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ

Los diálogos de La Habana han dado lugar a innumerables comentarios de todo orden, siempre fundados en la ansiedad del pueblo colombiano de alcanzar la esquiva paz de que venimos hablando por espacio de décadas, cada vez más cargadas de esperanzas y desesperanzas. Así venimos viendo el constante desfile de los voceros del Gobierno y de los representantes de la guerrilla, en procura de puntos de partida para acuerdos que eventualmente puedan cristalizarse. Ante las cámaras de televisión, nacionales y foráneas y ante los periodistas que permanentemente cubren el encuentro, avivan la esperanza, expresan sus particulares disposiciones de ceder y buscan el punto de comprensión y tolerancia que se necesitan. La reciente marcha por la paz fue un interesante ejercicio que le permitió al pueblo colombiano hacer valer su expresión de solidaridad con la causa y alimentó la confianza; observamos concurrencia plena en plazas y avenidas, adornadas con pancartas y mensajes de patriotismo y empeño porque el esfuerzo común permita presentar ante la comunidad de las Naciones a una nueva Colombia, con el empuje que nos caracteriza, con la seguridad de un presente e inmediato futuro plenos de proactividad, de crecimiento económico, de fortaleza social y de mejor perfil para afrontar las urgentes y apremiantes necesidades determinadas por la crisis que va extendiéndose en los pueblos a manera de un cáncer terminal. Hemos corrido con la

Museo Ricaurte

suerte de tener un producto interno bruto compatible con economías sostenibles, de lograr una reducción del desempleo a niveles tolerables, de reducir la deuda externa, de tener la confianza de los organismos internacionales que nos ven como un país de especial futuro, y donde la inversión y desarrollo ofrecen las mejores garantías. Pero, en caso de concertar la paz, nuestro perfil interno y externo, sería muchísimo más halagador, para la comunidad como tal y para nuestros personales intereses. Sin embargo, la verdadera paz debe ir mucho más lejos del silenciamiento de las armas. Implicaría cesar en la ignominiosa labor de destruir el ambiente, de volar torres de conducción eléctrica, de contaminar fuentes de vida, de privar arbitrariamente de la libertad a seres humanos con los más execrables propósitos, y además, dejar la vergonzosa tarea del narcotráfico que tantas víctimas causa en el mundo y nos hace merecedores del deshonroso título de país abanderado en esta ilícita actividad. Solo así podríamos acceder al tan mencionado perdón, necesario para la culminación de la confrontación. Un perdón que le permita a los rebeldes retornar al seno de la sociedad en

igualdad de condiciones con los ciudadanos de bien, con participación activa en la política nacional para fortalecer al Estado, continuar con la actividad de reparación a las víctimas, con el rescate de la justicia y la divulgación de la verdad, como punto de partida que permita restañar las heridas dejadas por el conflicto. Pero algo más. Con la simetría jurídica que abra las puertas a la verdadera, auténtica y confiable paz nacional, habrá un nuevo amanecer para esta Colombia flagelada. Esta expresión simetría jurídica la encontré con inmensa satisfacción en una declaración rendida por el Comandante General de las Fuerzas Militares a un grupo de periodistas y que me lleva a intuir con alborozo, que finalmente, después de más de quince años en que he venido pregonando la necesidad de impetrar un mismo tratamiento para los integrantes de organizaciones armadas ilegales y para los miembros de la Fuerza Pública, pueda hacerse realidad. La razón es elemental, si estamos en un conflicto interno que ha deparado el sacrificio de vidas humanas, de parte y parte, carece de sentido otorgar amnistías, indultos, perdón judicial y subrogados penales a unos y no a otros. No tendría presentación que los destina-

tarios de estos beneficios fueran los uniformados solamente, pero tampoco lo contrario: y es que estamos observando con preocupación, que los favorecidos por la legislación, son los delincuentes protagonistas del quebramiento del orden social, a quienes se ofrece rebaja de penas, compensaciones penales, oportunidades laborales, todo a cambio de nada, mientras que a los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes se jugaron la vida en defensa de las Instituciones democráticas, no se les cobija con beneficio alguno. El argumento militar de nuestros antecesores radicó en no admitir esta igualdad de tratamiento judicial en virtud de la defensa del honor militar, pues implicaría, según ellos, admitir responsabilidad por hechos delictivos no cometidos. La premisa tiene una apariencia de admisibilidad con un fondo de sofisma, pues quienes están cargando con penas de treinta y más años de privación de la libertad, preferirían su libertad inmediata antes que seguir predicando el discurso del honor. Sé que en el fondo se toca el orgullo profesional, que se insinúa una indignidad imposible de admitir, pero llegado el caso de ponderar la visión pragmática, estoy seguro de que los oficiales Uscátegui, Ramírez, Suárez, Urbina, del Río, Arias Cabrales y Plazas Vega, entre muchos otros, estarían dispuestos a aceptar su libertad inmediata, sin que los beneficios de ella derivados puedan entenderse como traición a la Patria o a los más caros postulados de la dignidad militar. De por medio está la grandeza de la Nación, la cesación del conflicto, la sanación de las heridas y un nuevo futuro que, para nuestra descendencia clamamos, porque sea más amable que el que nos correspondió en la historia. Durante la conmemoración del 199 aniversario de la inmolación del capital Antonio Ricaurte Lozano, un grupo de oficiales de la seccional Boyacá fueron invitados a un acto especial realizado en el Museo Ricaurte. De izq. a der. CF Roberto Mora; MG Miguel Gil; MG Flavio Enrique Ulloa, segundo Comandante FAC; brigadier General Ubaldo Franco; general Tito Saúl Pinilla, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana; Camilo Igua, alcalde de Villa de Leyva; mayor Angélico Bustos y Mayor Jairo Barrios.

Ayuda de

memoria Derrota de Kasparov

El 11 de mayo de 1997, en un singular torneo de ajedrez celebrado en Nueva York, el superordenador de IBM ‘Deep Blue’ hace historia al ser la primera máquina en derrotar a un campeón del mundo de la especialidad. Gary Kasparov, considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

Atentado al Papa

El 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, el pontífice Juan Pablo II resulta gravemente herido por Ali Agca, un miembro de la extrema izquierda turca. Poco tiempo después el Papa perdonará a su agresor ante las cámaras de televisión de todo el mundo.

Premios Oscar

El 16 de mayo de 1929, en Hollywood, por primera vez, se conceden premios cinematográficos, consistentes en una estatuilla dorada. Los maestros de ceremonias son Douglas Fairbanks y William de Mille, en un salón repleto con 250 personas. A partir de 1931 este galardón será conocido con el nombre de Óscar.

Armada Invencible

El 20 de mayo de 1588 comienza a zarpar del puerto de Lisboa la Armada Invencible española, con 65 navíos de guerra y otra cantidad similar de buques auxiliares, más 19.000 soldados y 11.000 marinos y remeros. Su objetivo: atacar Inglaterra y derrocar a su enemiga la reina Isabel I.


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OPINIÓN

Proceso de Paz: Qué no gustó, qué no se quiere y qué se quiere Brigadier General ADOLFO CLAVIJO

Está claro que quienes demuestran su inconformidad con el proceso de Paz no lo hacen por oponerse al objetivo en sí, que es la paz, sino porque les preocupa la forma en que se está realizando la negociación. Consideran que los procedimientos y métodos que está empleando el Gobierno en Cuba sirven para perfilar a las Farc para que, por una vía distinta a la armada, asuman el poder e impongan un régimen comunista. De ahí que valga la pena conocer el sentir y las aspiraciones de un sector de la opinión pública en relación con los diálogos Gobierno - Farc.

Qué no gustó

Qué se quiere • Ante todo, se quiere la paz; pero una paz definitiva, segura, confiable, leal. Que de ninguna manera resulte firmándose un acuerdo que les proporcione un beneficio exagerado a las Farc y un grave detrimento a la nación. • Que el Gobierno se someta a una autoevaluación de cómo está actuando en el proceso y haga los cambios que se necesiten para tomar el rumbo acertado. • Que en los acuerdos, de ninguna manera se les otorguen a las Farc dádivas o prebendas que vayan en contra de la Constitución, de las leyes y de la normatividad que rige la vida de la Nación en todos sus órdenes. • Que los acuerdos que se firmen no vayan a resultar adversos a la lucha que durante cincuenta años se ha llevado a cabo para defender y mantener la democracia e impedir que se implante en Colombia un régimen comunista. Así sea que el comunismo llegue al poder por el sistema electoral, no deja de ser el mismo comunismo que acaba con las naciones. • Que, guardadas proporciones, no vayamos a tener otro fiasco como el que tuvimos con el fallo del litigio marítimo con Nicaragua.

Qué no se quiere • Que la iniciativa del proceso la tengan las Farc y no el Gobierno. Ellas se hacen sentir, se dejan ver, se hacen oír. Piden, exigen, reclaman, mientras que el Gobierno, da la impresión, solamente se alista a proveer, entregar, ceder, conceder, sin requerir contraprestación alguna. • Que el Gobierno siga con su hermetismo; que no se sepan cuáles son sus puntos de vista en relación con las peticiones de las Farc, que sí los difunden. • Que el Gobierno siga dando a entender que carece de una estrategia o de un plan especial para, mediante el proceso, alcanzar unos objetivos principales y secundarios, si es que los tiene. • Que se siga polarizando el país, ubicando como guerreristas, enemigos de la paz, a los que no comulgan con la manera en se está llevando a cabo el proceso. • Que el Proceso se siga defendiendo más con contrapunteos, réplicas e insultos que con argumentos y evidencias convincentes de que lo que se está haciendo y la forma en que se está realizando sí conduce a una paz creíble, confiable. • Que se llegue a la firma de un acuerdo más por un afán personal o político que por una razón consistente de interés nacional. Un acuerdo así no tendrá solidez ni credibilidad; no concreta la paz. • Que con el acuerdo que se firme se ceda incondicionalmente en cuestiones de libertad de acción, soberanía, potestad, jurisdicción, justicia, gobierno, autoridad, jerarquía, autonomía e independencia gubernamental.

• Que se haya aceptado en el proceso la injerencia de Cuba y Venezuela, que ha sido sesgada en el conflicto colombiano, y que las conversaciones se estén realizando en La Habana, cuyo gobierno, por ideología, no es imparcial. • Que la agenda del proceso se haya hecho en secreto, ocultándosele al país que estaba en desarrollo y, aun, negándose su transcurso. Esta actitud generó suspicacias, y la agenda en sí produjo desengaños. • Que se haya absuelto a las Farc de la muerte de monseñor Isaías Duarte para que alias ‘Catatumbo’, el principal sindicado de este hecho, viajara a La Habana. • Que la Ley de Justicia Transicional se haya tramitado pensando más en el Proceso de Paz (léase Farc) que en la seguridad política y jurídica de la Nación. Para las Fuerzas Militares recordar la Zona de Distensión de San Vicente del Caguán es volver a vivir un episodio histórico amargo, porque significó aceptar que dentro del territorio nacional se les hubiera cedido a las Farc un área de aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados que abarcaba cinco municipios, para unas conversaciones de paz. El pasado mes de marzo se escuchó en La Habana, dentro de las propuestas de las Farc, su aspiración a incluir en los diálogos 59 Zonas de Reserva Campesina, que en el fondo no son ni más ni menos que su intención de multiplicar sus logros de noviembre de 1998. Es bueno recordar que la Zona de Distensión, durante sus 22 meses de existencia, no fue más que un cueva de Rolando a donde muchos colombianos tuvieron que ir a negociar y pagar los rescates para recuperar a sus familiares. Se nos olvida la imagen del guerrillero ‘Mono Jojoy’ mostrándose prepotente, dueño de vidas y haciendas, y con su postura arrogante aterrorizara a los colombianos. Se nos ha olvidado que Colombia en 200 años de vida independiente ha perdido casi el doble de su extensión frente a malos arreglos de límites con los países vecinos. Ahora se propone hacerlo desde el interior. En la realidad las zonas de reserva, como muy bien lo dijo

¿Qué hay detrás de las Zonas de Reserva Campesina? Coronel AUGUSTO BAHAMÓN DUSSÁN

el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no son más que la tercera versión de las Farc por disponer de repúblicas independientes, luego de Marquetalia, Riochiquito, el Pato y el Guayabero, en una primera versión, y El Caguán, en una segunda versión. Lo que nos aterra es ver el cinismo, el apetito y la irresponsabilidad con que los voceros de las Farc hacen sus propuestas. Ellos creen que los colombianos no se dan cuenta de lo que ellas significan para la desintegración del país. Para ellos, el primer paso es obtener las zonas de reserva, luego articularlas entre sí y posteriormente atomizar el país. Con tal de satisfacer sus apetitos de poder, no les importa que el país se salga por entre los dedos de la mano. Llevamos dos siglos conformando una nación y ellos creen que nos vamos a jugar su suerte en una conversación. En qué cabeza cabe que una zona de reserva del Putumayo pueda integrarse sin alguna intención especial con otra en

Urabá, otra en el Catatumbo, otra en Arauca, una en Cimitarra y para cerrar el círculo, una en Guaviare y así sucesivamente. Por lo menos nos hemos dado cuenta a tiempo los colombianos que las aspiraciones de las Farc no son sanas y que leyes, como la 160 de 1994, que crearon las zonas de reserva, han sido maliciosamente aprovechadas desde ese año para ir armando su telaraña de poder. Efectivamente esa ley en su numeral 8 del artículo 12, establece la función oficial de determinar zonas especiales. El Estado crea las zonas de reserva campesina y las Farc las aprovechan. Ahora hemos entendido porque las Farc hablan de 10 millones de hectáreas para sus propósitos agrarios superando los cinco millones aprovechadas en la actualidad para este fin. Así lo percibimos en la reunión del pasado viernes 23 de marzo en San Vicente del Caguán. Y lo que es más importante ¿En dónde estarán ubicadas las 59 zonas? Una de ellas en el Sumapaz, a escasos kilómetros de la capital. ¿Acaso no nos damos cuenta que se está planeando una bal-

canización y que seguir por ese camino es facilitar, como pasó en Yugoeslavia a la muerte de su presidente Joseph Broz Tito, en 1991, que un gran país se convirtiera en diez diminutos e insignificantes países? Bienvenida la paz y ella merece los mayores sacrificios pero no a cualquier precio. ¿Qué responderemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, cuando pregunten cómo se desintegró Colombia? A los colombianos se nos han olvidado los esfuerzos que han hecho por casi 50 años sus militares para conservar la integridad nacional. Si alguien tuviera duda de ello pudiera preguntarle a nuestro presidente de ACORE por su sacrificada tarea en esas, mal llamadas repúblicas independientes, cuando él era capitán y a quien esto escribe era su segundo en el mando, en un recorrido a pie de varios meses, desde las faldas del nevado del Huila hasta las llanuras del Caguán, con el propósito de hacerles entender a unos colombianos indómitos, que por cierto no lo han querido entender, que en Colombia sólo

hay espacio para un solo Estado. Las Farc aspiran a ubicar sus combatientes en el posconflicto en las mejores condiciones. Esto es entendible pero partiendo del hecho de que para satisfacerlos no necesitamos desintegrar el país. Por otra parte, y por lo menos, nos hacen pensar que nuestros excombatientes del conflicto, léanse oficiales, suboficiales, soldados y civiles y sus familias también tienen derecho a un lugar geográfico en donde recostar la cabeza, y en donde encontrar un destino digno para realizarse como seres humanos útiles y significativos para la sociedad y en donde la tierra no siga siendo sinónimo de violencia sino de sudor y trabajo. Efectivamente, no se trata de pasar la página engendrando unos nuevos jinetes del apocalipsis sino de leerla juntos. ¿Quién, en la etapa del posconflicto, liderará algún asentamiento para los militares retirados, especialmente para los soldados voluntarios inválidos por heridas del combate y sus familias? Por otra parte, es bueno recordar que nuestro deber de militares está muy bien dicho en el Artículo 217 de nuestra Constitución Política: Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.


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OPINIÓN

Voto militar ¿Cuestión de atuendo? General HAROLD BEDOYA PIZARRO

Muchas veces nos hemos preguntado cuál es la fuente de inspiración de la disposición contenida en Artículo 219 de la Constitución, que reitera la tradición que priva del derecho del sufragio a los miembros de la Fuerza Pública mientras permanezcan en servicio activo y no hemos podido arribar a una conclusión distinta de que la motivación es, eminentemente, de orden subjetivo del legislador y, por tanto, sensible de prejuicios y consideraciones no atañederas a la salud colectiva. Se le tiene a la condición militar o policial de sus miembros por la presunción de que siendo portadores de las armas de la República, puedan emplearlas en con contra del gobierno establecido. Nunca se ha dado explicación de la génesis de esta presunción y no se podría dar precisamente porque no tiene ningún asidero. La historia del país, es abundante en demostraciones de la voluntaria marginación de las FF.MM en hechos generadores de subversión del orden, aún

en los gobiernos cuya legitimidad sea más que discutible. La sicología militar ha sido inalterable en el sentido de acatar y respetar el hecho de gobierno sin cuestionar su origen ni constituirse en juez de su conveniencia. Por ello no es exagerada la afirmación según la cual “la fuerza militar de Colombia es un ejemplo de civilidad” lo que lleva implícito el concepto de que en tal virtud, sobra la prohibición del precepto constitucional citado. Esa civilidad, que enorgullece a los pregoneros de la democracia formal, se avala con la máxi-ma popular que reza: “este país es estéril para los golpes de Estado” y avala nuestro criterio de que, por lo mismo, se hace innecesario establecer un veto como el que existe. Los ejércitos están instituidos para defender los derechos de los asociados, no para vulnerarlos. Sobre ese principio reposa la filosofía de la Fuerza Pública, no sobre una veda constitucional motivada por el miedo de los gobiernos. Hoy por hoy, ese miedo carecería de fundamentos, si es que alguna vez lo hubo, dado el grado de preparación humanística y de enfoque de los derechos civiles de la

Fuerza que se reconoce en todo nivel social. De hecho, el gobierno militar que se instauró en 1953, tuvo en su gestor, general Gustavo Rojas Pinilla, mas visos de gobierno civil presidido por un militar, que de gobierno militar propiamente, con consecuencias prácticas tan benéficas para el país que todo el montaje del politiquerismo ha sido incapaz de desdibujar, ni aún con el manejo amañado de la historia. Por algo nunca ha sido desvirtuado el criterio de Darío Echandía cuando expresó que el 13 de junio de 1953 no hubo en Colombia un “golpe militar” sino un “golpe de opinión”, como lo avaló la Ley 141 de 1961 que declaró legislación permanente, la de excepción expedida durante la mal llamada dictadura. Porque las dictaduras se contienen en la legislación arbitraria, de forma tal, que si pasado su momento y reemplazado por un gobierno civil, se acoge la legislación como permanente, se está haciendo un reconocimiento expreso de que el régimen que la generó no era sensible de ser calificado como dictatorial. Desde 1957 la política colombiana se ha caracterizado por la conducta ejemplar de sus

Desde 1957 la política colombiana se ha caracterizado por la conducta ejemplar de sus Fuerzas Armadas en lo relacionado con su acatamiento a los gobiernos civiles, aún los más cuestionables. Fuerzas Armadas en lo relacionado con su acatamiento a los gobiernos civiles, aún los más cuestionables. Todo ello es índice inequívoco de que se discrimina la condición cívica de un núcleo respetable como el que más, de la sociedad colombiana. A los militares no se les puede exigir que carezcan de opinión porque esto equivaldría a imponerles el cercenamiento de una función natural y por lo mismo tampoco puede vetársele de la manifestación consecuencial de su opinión. No tiene sentido imponerles una mordaza ideológica con relación a la conveniencia de la Patria cuando son precisamente los encargados de hacer tangible los derechos sociales de cada uno de los nacionales colombianos. Con las mismas razones, o mejor, por la misma falta de razones se podía prohibir la participación

de otros núcleos sociales como, por ejemplo, el clero o los miembros del poder judicial, que igualmente tienen labores tangentes con la convivencia ciudadana. Los primeros por su inigualable calidad de conductores espirituales y cívicos de inobjetables mayorías y los segundos porque, por lo menos hipotéticamente, son los factores decisorios reguladores de la conducta social y, por tanto, pueden influir directamente en las determinaciones de la colectividad ante la fenomenología política. La certeza histórica acerca del respeto a la autoridad legítima tiene que primar sobre el miedo gratuito de quienes no tienen más argumentos para su temor, que la antipatía que les causa el camuflado. La falta de argumentos presenta el prejuicio. Es pues, cuestión de atuendo.

ver por televisión a una cantidad (y muy grande) de uniformados de todas las Fuerzas en el monumento a los Caídos en Acción, de la calle 26. Para mí, esto fue la gota que rebosó mi paciencia. Con el Presidente a la cabeza rindiendo honores o como quiera llamarse, a la memoria de Jorge Eliecer Gaitán y, por supuesto, dando su voz de aliento para que la famosa paz llegue a nuestro país. ¿Cuándo hemos rendido nosotros un homenaje al mártir liberal? Y de paz no hablemos, porque estamos cansados de esta palabra que nos han metido en la cabeza durante tantos años, como si nosotros fuéramos unos brutos y no entendiéramos de ello. Aceptaría de muy buena gana que hubiesen tomado una buena excusa para reunirse allí, como por ejemplo los viles asesinatos de los generales Landazábal Reyes, Gil Colorado, por solo citar estos dos casos. Hubiese

aceptado por ejemplo que por lo menos se recordara a los cuatro últimos asesinados del ejército por parte de las Farc en el cerro Las Antenas de Corinto (Cauca). ¿Quién se va a acordar de ellos? Si acaso sus familias, porque la verdad sea dicha, en este momento nadie los llora. Y saben ¿Qué es lo más triste de esta historia? El presidente Santos, refiriéndose a las FF.MM., manifestó en la Plaza de Bolívar, despidiendo al relevo del Batallón Colombia en su viaje al Sinaí: “Exijo respeto y reconocimiento y que no se haga política a costa de su trabajo por Colombia”. Como corolario: ¿es o no participación en política esto que han hecho con nuestras Fuerzas Militares y de Policía? Por favor, no nos digamos mentiras. Es clara participación en política. Aquí es donde deben meter la mano el jactancioso Fiscal y el Procurador. ¿Quién dio la orden? Hay cosas más urgentes que estas tonterías. Tenía un nudo en el cuello y deseaba desahogarme. Hay que ser solidarios sí, pero también hay que criticar con franqueza cuando se requiere. Esto es lo que nos debe caracterizar, porque así nos lo enseñaron nuestros jefes. El que agacha la cabeza una vez, la seguirá agachando.

Reflexiones sobre la dignidad Brigadier General CARLOS LEONGÓMEZ MATEUS

Muy rara vez me pronuncio sobre los acontecimientos del campo nacional o vecinal. Prefiero leer lo que algunos amigos, centros de pensamiento y periodistas elaboran para alimentar mi espíritu y tomar mi propia decisión respecto de los puntos tratados. Pero hay algunas ocasiones en que no me puedo resistir. Es tanta la indignación que me causan algunos acontecimientos que me siento obligado a elaborar unas cuantas palabras para que ustedes, así no las compartan, por lo menos me sirva para desocupar las angustias que me acongojan por la impotencia y desilusión que siento al no poder hacer absolutamente nada para remediarlos, así que excusen estas notas por que los estoy tomando como mi paño de lágrimas. Tranquilos, no los cansaré con lo que está sucediendo en Venezuela y sus elecciones para elegir presidente. Ello no me trasnocha. Cada pueblo se merece la suerte que elige. Tampoco los voy a distraer con lo que está sucediendo en La

Habana. Bastante se ha escrito, se está escribiendo y falta correr mucha tinta. A propósito, un amigo común me aclaró que hasta ahora se encuentran dialogando y que las negociaciones vienen después. Debo creerle por ser quien es. Entonces vayamos al grano. El tiempo apremia y se lo ocupados que se encuentran para que este servidor, iluso por supuesto, los distraiga con posiblemente tonterías que todo el mundo lo sabe y que con ello no estoy descubriendo el agua tibia. Primero: se ha tornado común que los indígenas del Cauca capturen, retengan, humillen y acusen a nuestros soldados en ese territorio. Desde el oprobioso caso del sargento llorón (Rodrigo García), el cual fue puesto de ejemplo, condecorado y premiado con un viaje al Sinaí, nuestros soldados hoy en día continúan en esa región en las mismas circunstancias pienso yo, esperando que les den el mismo premio. Y lo más triste es que nadie dice ni hace nada. Ni siquiera el Fiscal, que no hace otra cosa que amenazar, criticar, pero con cero resultados. ¿Vieron las payasadas de

este funcionario hablando sobre la filtración de coordenadas y posteriormente insultando al Procurador? Segundo: estamos en el cuarto mes del año y no ha habido nadie que se pronuncie respecto del merecido (así sea miserable) aumento de sueldo para el sector Defensa. Esta situación se ha vuelto costumbre, no solamente por parte de este gobierno, sino de los que lo antecedieron. Cuando llegue el incremento salarial, el IPC del presente año ya se lo ha carcomido. No se requiere saber de economía para entender algo tan simple. Pero lo que más rabia da es que el actual gobernante diga a los cuatro vientos lo que su gobierno ha hecho en favor del bienestar de nuestra gente. Por favor, de estos anuncios no comen los uniformados. Tercero: lo que más me animó a escribir estas notas fue


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OPINIÓN

Los riesgos de negociar con terroristas Coronel DARIO DE JESÚS RUIZ TINOCO

Ningún colombiano sensato puede creer que las Farc quieren la paz obtenida mediante una concertación en mesas de conversaciones en La Habana y que, como resultado de ello, se incorporen a la sociedad, como impunes, inmunes y buenos ciudadanos. Eso lo sabe el Gobierno Nacional, que no puede llegar a caer en las candideces, ingenuidades y miopías propias del hoy critico expresidente Andrés Pastrana, quien les iba entregando irresponsablemente el país a estos terroristas a cambio de “una paz imposible”, en absurdas mesas de negociaciones en El Caguán, donde se incluyó también el tema del paramilitarismo, sin darse cuenta que estaban tratando con los mayo-

res y más criminales paramilitares de la historia de Colombia, como han sido las Farc. Pastrana y su grupo de asesores se equivocaron de cabo a rabo, como se equivocó Belisario Betancur con el M19 y estas equivocaciones no solo tienen un gran costo político para el país, sino que deben ser cobradas con todo el rigor contra quienes incurren en ellas, porque lo que está en juego no solo es la seguridad del Estado, sino que por cuenta de ellas el país seguirá pagando una gran cuota de sangre por la acción de estos delincuentes. Colombia es un país que se ha caracterizado por las disculpas de su clase dirigente, quienes jamás han tenido el valor de asumir las responsabilidades

históricas cuando fracasan, solo las asumen cuando las cosas salen bien. Basta mirar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el caso Nicaragua, se echaron la culpa unos a otros, nadie tuvo el valor de decir me equivoqué, y como gran salida política se llamó a la concordia y unidad nacional frente a un asunto que amerita todos los juicios de responsabilidad. Ahora bien, partamos de la premisa que casi toda Colombia conoce, las Farc no quieren la paz; las Farc pretenden el poder político obtenido a cualquier costo y por cualquier medio, militar, que es un imposible estratégico, o político que puede llegar a ser un posible, pese a que casi todos los colombianos las detestan. Esto lo deben saber los miembros del equipo negociador del Gobierno en La Habana, no me cabe la menor duda y pienso que su sensatez, y las experiencias obtenidas de los fracasados procesos del pasado así lo confirman, sino se aprende de ellas se vuelve a caer en la trampa.

En Colombia no puede haber paz con impunidad, estos criminales deben pagar por sus delitos, así lo demanda la ley y el Estatuto de Roma, el cual Colombia debe cumplir. Los crímenes más graves deben ser castigados y no con unas plácidas vacaciones de cinco u ocho años de reclusión en cómodas cárceles, para luego salir a disfrutar de una plácida y tranquila vida, mientras que un gran número de nuestros soldados de la Patria, en muchos casos inocentes, pagan ignominiosas condenas, impuestas por la perversidad de jueces contaminados, que imparten dudosas sentencias, como la que se la profirió contra el general Jesús Armando Arias Cabrales o al coronel Alfonso Plazas Vega y otros cientos de militares inocentes. No puede, entonces, haber perdón y olvido, sí, eso sí, justicia y reparación proporcional al daño causado y pena proporcional al delito cometido, no una monstruosa impunidad que a nombre de la paz demandan estos terroristas. Estos delitos,

si es que se pretende que haya paz en Colombia, tienen que ser castigados de manera ejemplar, para que nadie pueda volver a incurrir en ellos en un posconflicto, y me refiero de manera concreta: al genocidio, al reclutamiento de menores, a la tortura, a la desaparición forzada, a la violación de mujeres, al secuestro, a la toma de rehenes, al desplazamiento forzado, al narcotráfico y el tráfico ilícito de armas municiones y explosivos, al terrorismo, las ejecuciones extra judiciales y todos aquellos que se constituyen en actos de violación contra el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma, que deben ser castigados con todo el rigor de la Ley. De allí debe partir la paz negociada en Colombia, de lo contrario, el único camino es la derrota militar y el sometimiento del enemigo a las leyes de la República, en lo cual creo más, así pueda llegar a ser interpretada esta posición de guerrerista, a los terrorista hay que tratarlos como tales y derrotarlos como tales.

la marcha en el monumento de los Caídos en Acción, lanzó su discurso de alabanza hacia las FF.MM. significando su valía, pero nunca se atrevió a hacer anuncios salariales desde cuando era candidato. Él seguramente está muy de acuerdo con su exministro Rivera, en el sentido de que con las condecoraciones y distintivos se hace mercado. Pero en cambio sí nos metió en la grande: la politiquería, utilizando para ello a un soldado en silla de ruedas que le sirvió como bastión. Por lo menos fueron unos 5.000 hombres que obligados participaron en política, cuando eran los llamados a controlar el orden desde diferentes puntos. Para no ir lejos, nos convirtió en ratones de laboratorio y nos utilizó ante sus pretensiones. Bien sabe el Presidente que ni sus FF.MM. ni de Policía le van a fallar; es al fin y al cabo una constante de la historia. Presidente: todos queremos la paz, pero eso sí aquella llena de libertades, respetuosa de la vida, de las personas y la poca democracia que nos queda, esa misma que se está acabando y va rumbo al socialismo. Esta marcha no fue tanto por la paz,

sino una movilización política y un espaldarazo a las Farc gestores de la iniciativa. Triunfó el comunismo y la reelección. Pero ¿De dónde salieron los recursos para movilizar más de mil buses desde diferentes partes del país y para su apoyo logístico? La marcha de 2008 se resumió con la presencia en más de ocho millones de personas que aclamaban ‘no más Farc, no más secuestros, no más extorsiones’ y sus maldades, en general. 2.-Sobre las negociaciones es poco lo que se sabe; es casi que un hermetismo. Pero en este mundo todo se sabe. Ejemplo: las Farc dizque están pidiendo 15 curules en el Senado y otras tantas en la Cámara sin untarse de pueblo. De sus escritos, tengo por ejemplo uno del 11 de marzo, de unas diez hojas, las cuales contemplan un preámbulo, acceso y uso de tierras, formalización de la propiedad, nuevo modelo económico, frontera agrícola, protección de zonas de reserva, desmilitarización (y eso que no estaba establecida), entre otras, de las cuales me permito tomar aspectos que llaman la atención. “El Estado colombiano acepta que las causas de la violencia son estructurales y tienen como fundamento la injusticia social y la persecución hacia los desposeídos…

El Estado colombiano acepta que la insurgencia ha combatido toda una vida por la paz con justicia social y su dignidad… El Estado colombiano acepta que los delitos y violaciones al DIH cometidos por la insurgencia durante sus años de lucha son conexos al delito político y la rebelión… El Estado colombiano acepta que la insurgencia ingrese a la vida política nacional abriendo espacio como garantes para el ejercicio de oposición revolucionaria… El Estado colombiano acepta la excarcelación de los prisioneros de guerra y políticos inclui-da la repatriación de combatientes extraditados… Es necesario conformar un bloque popular revolucionario para confrontar el imperialismo y llevar a cabo la construcción de una patria socialista como antesala a una sociedad comunista… Los cultivos ilícitos se deben a un orden agrario injusto… Los guerrilleros de las FARC nos unimos al coro que exige la formalización de 9.5 millones de hectáreas de tierra (menos mal que no piden mar) que comprenden los nuevos procesos de la formación de Zonas de Reserva Campesina… Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, de justicia…

El compromiso actual es formalizar las 9.5 millones de hectáreas; Catatumbo, el Lozada, Guayabero, cuencas del río Güejar, Sumapaz, Montes de María y el Cesar… Se emprenderán acciones para la desmilitarización programada y sistemática de la sociedad y el Estado y de manera particular en zonas rurales… La desmilitarización conlleva el abandono de la doctrina de seguridad nacional… Redefinición del pensamiento militar y la correspondiente reestructuración de las FF.MM.”. Olvidémonos eso sí de entrega de armas de la guerrilla y de sus sagrados vínculos con el narcotráfico. Prudente sería decir que ante la amenaza aún en Colombia subsisten no líderes sino personas con pantalones. La guerrilla está terminando su obra y es la poca dignidad que le queda a la República. No dudemos, pero en corto tiempo estaremos ante unos líderes temerarios pues para ellos ningún crimen es válido. No nos digamos mentiritas, porque la famosa agenda la manejan las Farc. El proceso es un misterio, pero estoy absolutamente seguro de que al final no servirán normas, ni leyes, ni Constitución alguna, así existan de por medio convenios internacionales.

Mentiritas

Mayor General EDUARDO SANTOS QUIÑONES

Necesariamente antes de empezar el escrito hay que aclarar que no soy manos negras, tampoco saboteador, mucho menos de extrema derecha o colocador de palos en ruedas. Estos son los términos que utiliza el Presidente cada vez que nos pronunciamos sobre las negociaciones de paz que actualmente se adelantan. Voy únicamente a referirme a dos temas: 1.- Se llevó a cabo una movilización el 9 de abril la cual fue iniciativa de las Farc, de inmediato Piedad Córdoba (‘Teodora’) la acogió y anunció una movilización de su Marcha Patriótica hacia la Plaza de Bolívar. El alcalde Gustavo Petro, de capa caída, declaró día cívico para tratar levantar su maltrecha imagen. Claro que ante el acontecimiento no se podía quedar atrás nuestro Presidente, pues observó que el panorama estaba abierto para que en un acto popular se iniciara en firme su reelección y por lo mismo convocó a los colombianos a marchar por la paz. El Presidente antes de iniciar


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OPINIÓN

Las incongruencias de la incongruencia Mayor General JUAN SALCEDO LORA

En la edición 527 de marzo de 2013, aparece el artículo “Incongruencias en la reforma al Fuero Militar” en donde el autor se precipita a calificar errores no existentes y a suponer situaciones imaginarias. Parte de falsas apreciaciones para tratar de definir seis incongruencias desenfocadas de la realidad. Como miembro de la Comisión Jurídica asesora creada por el ministro Juan Carlos Pinzón, en presencia de los comandantes de FF.MM. (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) y el Director de la Policía Nacional, es mi deber aclarar conceptos y puntualizar lo que en el referido artículo no se hizo. La comisión fue integrada por Rafael Nieto, Manuel José Cepeda, Jaime Córdova y Eduardo Montealegre, y dos miembros de la Fuerza Pública en retiro, el BG Edgar Peña Velásquez y el suscrito MG Salcedo Lora. Una gran incongruencia supone el articulista es plantear que se estaba reformando el Fuero Militar. No era esa la ta-

rea encomendada como se demostrará más adelante. La primera incongruencia que plantea es la existencia de un contrasentido institucional, bajo el supuesto que tres de sus integrantes, duchos en el derecho constitucional eran desafectos con la institución militar, lo que equivale decir que tres civiles son de desconfiar, en tanto hay un civil y dos generales confiables y afectos, debo, por tanto, de plano descalificar semejante infundio, disque por presentar un proyecto con el propósito de causarle desmedro al Fuero Militar. La tarea encomendada a la Comisión como faro orientador de cuanto se hizo, fue proponer alternativas para despejar el marco legal dentro del cual debía operar la Fuerza Pública a la luz de la Constitución y de las realidades internacionales. El marco de las operaciones de esa Fuerza Pública era el escenario central de los esfuerzos de la comisión. Nada se avanzaría en contra de la Constitución los compromisos internacionales o contra la población civil. La segunda supuesta incon-

gruencia es señalar como despropósito contra un derecho de los militares. Lo cual se sustenta en que el Acto Legislativo que presuntamente reforma el Fuero Militar en la realidad no la reforma, tal presunción es imaginaria tal como se indicó en la tarea encomendada. Trae a colación el convenio suscrito entre los entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fiscal Mario Iguarán, que con el Acto Legislativo quedó abolido, es cierto, pero que según el articulista no arregló nada, cuando todo el mundo sabe de los estragos que causó al Fuero Militar y a los combatientes, como víctimas inocentes llevadas a juicio por falsos testimonios. La tercera incongruencia es el desafecto contra los militares, porque dice que el proyecto de Acto Legislativo aprobado no reivindica los derechos de la JPM ni restablece el Fuero desaparecido con el documento Mindefensa – Fiscalía y, en cambio, si muestra animosidad contra el estamento militar. Total contradicción, si por virtud del Acto Legislativo se caía el convenio, automáticamente se recuperaba para la JPM

el fuero desaparecido. No se ve por dónde, lo que beneficia puede mostrar animosidad contra el estamento militar. La cuarta incongruencia que se alega es también equivocada, porque supuestamente se partió de una premisa falsa de la JPM como una impunidad arraigada, o que no se consideró que la ordinaria era más impune, más deficiente y más parcializada. Muy lejos de la Comisión estaban esas consideraciones si lo que nos animaba era la seguridad jurídica de los combatientes de la Fuerza Pública y más cuando se cursaba en el Congreso la Reforma Jurídica que, entre otras cosas, se encargaría de corregir fallas protuberantes en la cuestionada justicia. Para la Comisión Jurídica Asesora, contrario a lo que supone el articulista de marras, era nítido el conocimiento y fuera del alcance su corrección, por cuanto la administración de justicia en Colombia, en términos de congestión, dilación e ineficacia, estaba en el centro del debate. En diciembre de 2010, había 2.649.000 procesos judiciales pendientes de trámite, la mayoría de ellos pertenecientes a la jurisdicción ordinaria civil y, según el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 149 entre 183 países en eficiencia en la resolución de controversias contractuales. Es más, en cuanto al sub-

indicador de celeridad ocupa el puesto 177 entre 183 países, lo cual la convierte en la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. Nuestro sistema se demora 1.346 días en resolver un proceso judicial, el doble del promedio africano (750 días), el triple que Brasil y Chile y el doble que Ecuador. Era una realidad conocida y una realidad que no estaba a cargo de la comisión resolverla. La quinta incongruencia era el supuesto incorrecto análisis de la situación, partiendo de que las fallas de la JPM se habían podido corregir en el Comando General de las FF.MM., o que las Fuerzas, como lo vienen haciendo, están en condiciones de erradicar definitivamente acciones delincuenciales como fue el caso de los mal llamados falsos positivos. Erróneo análisis del analista en su artículo, las fallas de la JPM no eran del resorte de la Comisión Jurídica Asesora, otra era la tarea se reitera. El alto comando militar no puede reformar la JPM cuando ésta no depende de ese nivel. En cuanto a la sexta y última incongruencia, sobre deslealtad e ingratitud, nada tienen que ver el Acto Legislativo, la Comisión Jurídica Asesora, el Ministro de la Defensa o los mandos militares que avalaron el proceso y estuvieron de acuerdo con la reforma aprobada.


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INSTITUCIONAL

El Fuero aprobado es demasiado limitado para un país en conflicto armado Al intervenir en la Comisión Accidental que trata sobre las necesidades de la Fuerza Pública del Congreso de la República, el presidente Nacional de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, le agradeció su preocupación por atender las necesidades más apremiantes en materia salarial, de salud y de seguridad jurídica. Igualmente, hizo un reconocimiento al senador Juan Lozano, porque fue el promotor para que los requerimientos de la Fuerza Pública quedaran en el Plan de Desarrollo Nacional vigente hasta el año 2014. “En materia de salud, dijo el BG Ruiz, hay que reconocer el gran esfuerzo que ha venido realizando el Gobierno para atender esta problemática que viene de tiempo atrás. Sin embargo, dijo, tenemos una gran preocupación. Hay algo que no entendemos, y que tiene que ver

Seccional Bolívar

con la inexplicable demora en la reconstrucción del sistema que colapso por haber sobrepasado sus capacidades. La primera tarea era la sistematización, pero no ha sido posible, y no ha sido posible por que inexplicablemente se han empeñado en utilizar un sistema que fracasó, no hay razón técnica, ni de ninguna índole que justifique utilizar este sistema, el sistema SAP. Además de ser supremamente costoso, se han invertido más de 20.000 millones de pesos y no hemos encontrado solución alguna. No hay razón para que le quiten la potestad al servicio de salud para resolver este problema y se lo apropie el Ministerio de Defensa para persistir en algo que realmente no tiene sentido”. En materia de seguridad jurídica, ya se está tramitando el proyecto de ley estatutaria

que permitirá la aplicación del Fuero Militar. Al respecto, el BG Ruiz dijo que “esta reforma que se hizo, que no era lo que esperábamos, es un Fuero demasiado limitado para un país que, enfrenta un conflicto armado de grandes proporciones. Es un hecho, hay que reglamentar la norma. Un reconocimiento especial al Ministerio de Defensa y al mando militar por su gran preocupación, para que aquello que no quedó en la norma constitucional, se incluya a través de la ley estatutaria. Si no hay protección jurídica, no habrá quien defienda este país frente a la amenaza terrorista. No es problema de los militares; es problema del país completo, de la nación entera. Debemos brindarles a nuestros combatientes, militares y policías, herramientas para que se puedan enfrentar a las organizaciones terroristas sin temor a ser en-

El vicealmirante Guillermo Uribe Peláez, presidente de la Seccional ACORE Bolívar, invitó los Asociados a un almuerzo de integración. El evento sirvió para exaltar la labor de algunos oficiales y personalidades del departamento.

“No queremos, y lo hemos dicho en diferentes escenarios, que al final de este conflicto armado, o si se llega a un proceso de paz definitivo, tengamos terroristas en los cargos de poder y nuestros militares y policías en las cárceles”: BG Jaime Ruiz

Seccional Boyacá

carcelados, que es lo que lamentablemente está ocurriendo”. Sobre el proceso de paz, el general Ruiz planteó la preocupación de la Reserva sobre el cómo y qué se va a negociar para lograr este gran propósito de la paz. ”Nosotros, los de la Reserva, bajo ninguna circunstancia nos hemos opuesto a este gran proyecto que es un anhelo nacional. Hemos dicho con claridad que la paz se logra, o bien negociada políticamente, como se pretende ahora, o con victoria militar. Pero para lograrla a través de la victoria militar, en caso de un fracaso de este proceso, necesitamos tres cosas, se lo dije al Presidente Santos: voluntad política. El gobierno la tiene, el Congreso también nos respalda, pero no así la rama judicial. La rama judicial nos persigue persistente e insistentemente. Si el Presidente no logra que la Rama Judicial cambie su actitud, que el Fiscal General diga cosas distintas a las que sigue afirmando y cambie esa posición tan radical en contra nuestra, no tendremos esa capacidad que el Estado requiere para lograr el objetivo final de consecución de la Paz. Segunda, necesitamos una ley antiterrorista bien sea por iniciativa del Ejecutivo o por iniciativa del Congreso de la Republica. Colombia es de los pocos países, que reconociendo un conflicto armado como el que tenemos, no tiene una ley, no tiene unas normas, no tiene unos estatutos antiterroristas para enfrentar este tipo de amenaza. Esta legislación es absolutamente necesaria para que nuestros combatientes se la jueguen toda en el cumplimiento de su tarea y evitar que terminen procesados por la justicia ordinaria y, posteriormente, humillados y encarcelados inexplicablemente. Y la tercera, que es consecuencia de lo anterior, son las garantías procesales que nos proporcione la seguridad jurídica requerida y nos permita actuar con decisión y esmero, a través de un marco legal suficientemente claro y definitivo.

El pasado 20 de abril se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria y el almuerzo de integración de la Seccional Boyacá. Luego, los asociados, encabezados por el CF Roberto Mora Gaitán, decidieron posar para la foto de la posteridad.


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INSTITUCIONAL

Sede propia para la Seccional Tolima

Sueño de 50 años hecho realidad Brigadier general GUILLERMO BASTIDAS ORDOÑEZ Secretario General Ejecutivo de ACORE

El sábado 20 de abril, durante la Asamblea General de la Seccional Tolima, en Ibagué, con asistencia masiva de sus afiliados, el presidente, coronel William Santiago Molina, les informó a los Asambleístas la culminación de la gestión para la adquisición de la sede propia para la Seccional. Los Asambleístas emocionados estallaron en aplausos y enseguida llovieron las ideas para la adecuación y la mejor utilización de la sede. La verdad es que es un anhelo de 50 años que se hace realidad gracias al entusiasmo de su Presidente, de la Junta Directiva y de la colaboración incondicional de los afiliados de la seccional. ACORE diseñó en 2008 el plan de desarrollo de la Institución y uno de los programas bandera fue la consecución de sedes propias para las seccionales con el fin de ampliar la cobertura de servicios para los afiliados. Se creó, entonces, un plan para adquirir la solidez

financiera necesaria para llevarlo a cabo. En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria de ACORE, del 16 de marzo pasado, en Bogotá, autorizó la adquisición de inmuebles para las sedes de Tolima y Huila. La Sede del Tolima es un inmueble campestre de 7.300 Mts2, a 15 minutos de Ibagué. Se adquirió por un monto de $263 millones, de los cuales 163 los aporta ACORE Nacional y el resto se financia con un préstamo que la Asociación le hace a la Seccional a diez años, con un interés blando y diez meses de periodo muerto para comenzar su amortización. Por este logro, la Asamblea le hizo un merecido reconocimiento al Presidente de la Seccional donde destacó su entusiasmo, dedicación y liderazgo; así mismo, rindió homenaje al mayor Estanislao Caicedo, miembro de la Seccional, que fue galardonado en la Asamblea General Ordinaria de ACORE

Gracias al entusiasmo del Presidente, de la Junta Directiva y de la colaboración incondicional de los afiliados de la Seccional, fue posible que Tolima tuviera su sede propia. Los asambleístas escucharon con atención las palabras del secretario General de ACORE, BG Guillermo Bastidas, sobre la visión, la gestión y las actividades desarrolladas por la Presidencia y la Junta Directiva Nacional.

como el ‘Acorado de Honor’. La Asamblea les agradeció a la Presidencia y a la Junta Directiva Nacional por haber hecho realidad el sueño de los compañeros Acorados del Tolima. Como Secretario General de ACORE, en representación de la Presidencia Nacional de ACORE me correspondió informarles a los asistentes sobre la visión, la gestión y las actividades desarrolladas por la Presidencia y Junta Directiva ante las diferentes instancias del poder público para lograr concretar el pago del IPC, con la oportuna y eficaz participación del Ministro de Defensa y la Procuraduría General de la Nación; las reclamaciones ante el Fiscal General de la Nación; el desenvolvimiento de ACORE en su calidad de facilitadora para la participación política de los Acorados que aspiren a curules en el Congreso en los próximos

comicios electorales; la gestión continuada e incansable para la reconstrucción y fortalecimiento del Sistema de Salud Militar y Policial; y sobre la necesidad de afianzar los principios y tradiciones militares y fortalecer los lazos de amistad y solidaridad con los compañeros de armas. Por su parte, la directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos de ACORE, Juliana Roa, explicó la manera como se va a cancelar el IPC, quiénes tienen derecho, cuál es la ayuda que ofrece la Asociación y resolvió dudas para los casos particulares A esta reunión asistieron oficiales y suboficiales en servicio activo de la Policía Nacional interesados en escuchar esta información por estar próximos al retiro. Acto seguido se inició una actividad de encuentro de compañeros engalanado con la

presencia de las esposas de los Acorados donde se disfrutó de un delicioso asado, en medio un ambiente desbordante de alegría, amistad y compañerismo. ACORE Nacional agradece de manera especial al coronel Edgar Muñoz Villamizar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué, por la grata y generosa hospitalidad al facilitamos las instalaciones del Casino de Oficiales de la Policía Nacional para el desarrollo del evento, y lo felicitamos por la exitosa labor de seguridad desarrollada en su jurisdicción de la cual tuvimos oportunidad de enteramos ampliamente. Felicitaciones, además, al presidente de la Seccional Tolima, coronel William Santiago Molina, a su Junta Directiva, a los afiliados y a sus familias, y quedamos a la espera de la invitación a los actos de inauguración de la nueva sede.


INSTITUCIONAL La preocupación del pueblo colombiano no está solamente en las FF.MM. que están peleando en el monte, está también en todo lo que ocurre en el territorio nacional y lo que piensan los Generales que en otras épocas fueron protagonistas en diversas situaciones relacionadas con la seguridad y defensa de este país, bajo esa óptica, el periodista de RCN la Radio, Antonio José Caballero, quiso conocer de primera mano las opiniones del brigadier general Jaime Ruiz Barrera, sobre varios temas del acontecer nacional, en especial lo que tiene que ver con la posición de la Reserva Activa sobre los diálogos de paz de La Habana.

Antonio José Caballero. AJC. ¿Cómo reciben el tema de las conversaciones que se llevan a cabo en La Habana para una eventual terminación del conflicto armado? Brigadier general Jaime Ruíz Barrera. BGJRB. Lo más importante es decir en forma clara y categórica, que no somos enemigos de la paz y que acompañamos este proceso porque es un anhelo nacional. Bajo ninguna circunstancia lo hemos rechazado. Nos preocupó en un principio cuando comenzó a filtrarse la información de que algo había sobre el particular y los comentarios que surgieron de poderse estar negociando a espalda del país en circunstancias que podrían ser muy desfavorables. Cuando el Presidente de la República confirmó que efectivamente existía una negociación con el grupo terrorista de las Farc y se dio a conocer la agenda acordada para la iniciación de conversaciones, hice algunas consultas en nuestra Asociación para fijar una posición frente a este proceso. La respuesta fue favorable y en tal sentido hicimos un pronunciamiento formal que dimos a conocer mediante carta abierta a la opinión pública. En este pronunciamiento planteamos varias consideraciones y recomendaciones, que a juicio nuestro, deberían tenerse en cuenta para no repetir los mismos errores cometidos en negociaciones similares realizadas en el pasado con esta organización terrorista. Queríamos que las cosas se hicieran de la mejor forma posible y que bajo ninguna circunstancia, por el afán de negociar, corriéramos el riesgo de sacrificar nuestros principios y valores democráticos tradicionales en busca de inciertas soluciones. Destacamos también que una excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría, sin lugar a dudas, una muestra de debilidad que podría ser hábilmente explotada por los terroristas.

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Acompañamos el proceso de paz porque es un anhelo nacional: BG Ruiz Barrera AJC. ¿Qué les preocuparía a ustedes, señalando con nombre propio, de lo que se pudiera entregar? JRB. Hay cosas que son innegociables que tienen que ver con la seguridad y defensa nacional; que tienen que ver con la parte estructural de quienes defienden este país. No queremos que ocurra algo similar a lo que aconteció en El Salvador. Gran parte de los terroristas desmovilizados llegaron a reemplazar a la Policía Nacional de ese país. Hoy en día están pagando las consecuencias de esta absurda determinación. De ahí la importancia del general Jorge Mora Rangel en esta mesa de conversaciones. Constituye la mejor garantía para evitar que se nos negocie desde el punto de vista institucional y para evitar que acaben con valores fundamentales como nuestro Fuero y nuestra Justicia Penal Militar. De todos es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar, único freno real y efectivo que les impediría a estos terroristas llegar en un futuro inmediato a implantar un régimen extremista al estilo de los existentes en países vecinos de la región. AJC. Suena a veces en la calle esa peligrosa frase de ‘ruido de sables’. Recuerdo cuando en el gobierno de Belisario Betancur se habló de los generales Landazábal y Lema. Después con el ministro Lloreda, en otro gobierno. Ahora se dice que hay descontento en sus organizaciones y en las tropas que están en las montañas colombianas por todo lo que está pasando y la forma como lo maneja el Gobierno. JRB. Partamos de un principio: hace mucho tiempo que se acabaron los golpes de Estado. Hoy en día son inaceptables. La comunidad internacional no los permite.  Un golpe de Estado sería una aventura estúpida y sin sentido. Estos rumores tienen nombre propio y forman parte de la guerra política que habilidosamente realizan los terroristas. Cuando dentro de este propósito, la ex senadora Piedad Córdoba, responsable de esta especie, además de buscar protagonismo, dice cualquier sandez como ésta, hay que entenderlo como parte de la tarea que se propone en favor de los terroristas. Aquí no hay ruido

“Somos muy respetuosos de lo que significa el estado de derecho. No hay la más mínima intención, ni la más mínima posibilidad de quebrantarlo. Primero porque no se puede ni se debe, y segundo porque no se justifica. Hay respeto total al ordenamiento jurídico de la nación”. de sables y no lo habrá bajo ninguna circunstancia. Nuestra formación como militares esta dentro de una cultura de total respeto al poder civil de la nación. De eso no tenemos la más mínima duda. En los cerca de 65 años de conflicto armado, hemos sido perfectamente claros en nuestra posición civilista y democrática. Todos los de nuestra generación, recordamos con claridad lo que realmente paso en 1954. El supuesto golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, no fue orquestado por los militares. Fue por un grupo importante del sector político tradicional que lo promovió. Se le llamo ‘golpe de opinión’. Dirigentes políticos de los principales partidos le pidieron al General que tomara las riendas del poder, porque el país estaba totalmente desbaratado. Somos muy respetuosos de lo que significa el estado de derecho. No hay la más mínima intención, ni la más mínima posibilidad de quebrantarlo. Primero porque no se puede ni se debe, y segundo porque no se justifica. Hay respeto total al ordenamiento jurídico de la nación. AJC: ¿Hay preocupaciones dentro de las reservas? ¿Cómo se conjugan con las de quienes se encuentran en servicio activo? ¿Se sienten bien tratados? JRB: Ciertamente hay algunas necesidades insatisfechas que nos afectan por igual, tanto a quienes nos encontramos en la Reserva, como a quienes permanecen en servicio activo. Estas tiene que ver principalmente con asuntos salariales, cuestiones de bienestar y con aspectos relativos a la seguridad jurídica. Sobre este particular, hay que reconocer que este Gobierno, a través del Ministro de Defensa, está haciendo esfuerzos para resolver esta problemática en la mejor forma posible. En materia salarial, especialmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento y compromiso de pago del IPC de los

miembros de la Reserva Activa, ya está solucionado. Hay otras costosas demandas relacionadas con nivelación salarial, que aún se encuentran pendientes. En materia de bienestar, tenemos graves dificultades, particularmente con los servicios de salud. Al incrementarse el pie de fuerza, por la urgente necesidad de enfrentar con mayores recursos la agresión terrorista, estos servicios colapsaron.

AJC. El combatiente, el teniente, el subteniente, ¿se siente maltratado o desatendido? JRB. Las tropas comprometidas en combate tienen toda la atención que requieren para el cabal cumplimiento de su misión. Sobre este particular no existe queja alguna. Hay otros aspectos que son supremamente preocupantes, y son los que corresponden al tema de la inseguridad jurídica. Esta inseguridad jurídica, se está dando por la ausencia del Fuero Militar y la pérdida de competencia que siempre le ha correspondido a la Justicia Penal Militar para investigar todo tipo de conducta relacionada con el servicio. Para quienes forman parte de la Reserva Activa también se les está aplicando la modalidad de la responsabilidad mediática, buscando a toda costa comprometer penalmente los distintos niveles del mando por conductas punibles causadas por sus subalternos. Para este propósito, se recurre a todo tipo de montajes con base en pruebas y testimonios falsos, tipificando supuestos delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. Esta es parte de la estrategia que se viene aplicando dentro de la llamada Guerra Jurídica que exitosamente ha emprendido la extrema izquierda radical contra nuestros combatientes. En estas circunstancias, lo peor que le puede ocurrir a un Comandante es obtener resultados en las operaciones de combate, ya que de inmediato queda expuesto a cualquier tipo de persecución por parte de la justicia ordinaria y ser objeto de investigación sin garantías pro-

cesales de ninguna índole. En este momento, y como resultado de la acción judicial del sistema ordinario que en forma irregular e inconstitucional, se adjudicó la competencia, en siete años de ausencia de Fuero Militar y de desprotección jurídica, ya sobrepasamos los trece mil hombres fuera de combate, en la mayoría de los casos por procedimientos irregulares, politizados y revanchistas, de un sistema judicial que no constituye ninguna garantía. En cuanto a las operaciones aéreas, está ocurriendo algo similar. Por ejemplo, en el caso Santodomingo, Arauca, están siendo juzgados irregularmente con pruebas y testimonios falsos, unos pilotos de combate a quienes se les adjudicó un bombardeo en un lugar donde un grupo de la organización terrorista Farc, hizo explotar un camión bomba, causando la muerte indiscriminada de un gran número de hombres, mujeres y niños ajenos al conflicto armado. En estas circunstancias, la ausencia de una protección jurídica adecuada, esta afectando significativamente la voluntad de lucha de nuestros combatientes. De no solucionarse este gran problema, no habrá quien defienda este país de la amenaza terrorista que nos afecta.

AJC: Si le entiendo bien, General, eso está acabando con las posibilidades de lucha de la FF.MM., porque nadie se va a exponer a ir a la cárcel y sufrir una condena de años y años por una acción militar legitima. Tampoco habrá bombardeos de la FAC ni del Ejército. Trece mil hombres fuera de combate por decisiones judiciales altamente cuestionadas, minan la moral de todo el mundo. JRB. Este problema del Fuero Militar y de la protección jurídica de nuestros combatientes no es problema solo de los militares, es problema del país entero. Donde no se le ponga la atención debida a este problema, vamos a tener sorpresas muy desagradables. Ojala que cuando el Estado sea consciente de esta gravísima situación y presente soluciones, estas no lleguen demasiado tarde. AJC. ¿Qué sorpresas podemos tener? JRB. Sorpresas indeseadas… sencillamente el fortalecimiento de estos grupos armados, el incremento de su accionar terrorista en forma indiscriminada, el pánico de la población civil, la desmoralización de la tropas, la incapacidad del Estado para enfrentar esta gravísima situación, el caos económico, etc. En estas circunstancias, ya no cabría negociación alguna para lograr la paz. Habría que capitular.


INSTITU

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Si hay enemigos de la paz es porque ha El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, estuvo en nuestra sede nacional el pasado 16 de abril durante un conversatorio con los oficiales de la Reserva Activa y compartió sus conceptos y reflexiones sobre el proceso de paz y el instrumento diseñado para ello: el Marco Jurídico para la Paz.

“Estar aquí en ACORE, es para mí un acto de mucha significación, por ser ustedes quienes son, por haber entregado gran parte de sus vidas en defensa de los derechos de los colombianos, pero también porque, los saben ustedes muy bien, yo también soy un soldado de la patria y ello lo llevo muy acendrado en mi alma y esas convicciones permean indudablemente el cumplimiento de mis funciones, el cumplimiento del deber, el respeto por el ordenamiento jurídico, esa razón de ser, por eso fui elegido Procurador y por eso quise y aspire a que me reeligieran, no obstante resultara mi gestión incomoda en muchos sectores de la sociedad que estaban acostumbrados a que el ejercicio del ministerio público tuviese una instrumentalización que hiciera parte de esas estrategias jurídicas que con harta frecuencia están debilitando nuestra institucionalidad, pero no me he dejado amilanar por esa guerra que yo también he sufrido, han pretendido descalificarme, pero han obtenido el resultado contrario. Todo esto me ha permitido afirmar mis convicciones y ser más escrupuloso en el cumplimiento del deber. Es inevitable abordar ante ustedes, y reflexionar sobre un tema que nos preocupa no solamente a los presentes, sino a todos los colombianos: me refiero al proceso de paz y al instrumento diseñado para ello, el Marco Jurídico para la Paz, porque mi investidura me permite hablar con toda claridad, la Procuraduría es sociedad y el Procurador defiende la sociedad y como tal debe advertir los riesgos, el Procurador no puede, so pena de ser indigno de sus funciones, callarse. En días pasados algún buen amigo me decía que debía mantenerme silencioso ante estas circunstancias, y yo le recordaba a

ese buen amigo, que la prudencia no es llegar tarde a los momentos de peligro que la prudencia exige la ponderación del juicio en los momentos en que se debe actuar, porque el ejercicio de la función pública implica riesgos y si uno asume la función, debe también asumir los riesgos. La función pública no solamente es para ostentar los honores y las gabelas, esas son las consecuencias del cumplimiento del deber y si uno no cumple el deber no puede ostentar con lo segundo. Hace unos días me correspondió rendir un concepto ante la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, donde consideré que ese marco sustituye la ConstituciónEntonces le pedí a la Corte declarar la inexequibilidad de varias frases que están consignadas en el Artículo Primero del Marco Jurídico para la Paz, que hoy hace parte de nuestra Constitución. No voy a dar una explicación muy jurídica, como representante de la sociedad, dentro de la claro y estricto marco jurídico y constitucional: dicha norma

El Marco Jurídico para la Paz, desconoce los compromisos que internacionalmente ha suscrito el Estado colombiano, porque el Estado al firmar el Estatuto de Roma, se ha comprometido a perseguir los delitos internacionales que se cometan en su jurisdicción.

desconoce los compromisos que internacionalmente ha suscrito el Estado colombiano, porque el Estado al firmar el Estatuto de Roma, se ha comprometido a perseguir los delitos internacionales que se cometan en su jurisdicción y cuáles son esos delitos: los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio; el Estado colombiano se ha comprometido con el preámbulo de ese Estatuto de Roma que dice que a las autoridades nacionales de los Estados parte les corresponderá perseguir a quienes hayan incurrido en dichas conductas…, y dice más adelante, en el artículo 17, que no investigará la Corte Penal si los tribunales nacionales han investigado, salvo que esa investigación se haga para sustraer la responsabilidad de quienes han incurrido en esos delitos. Si los señores de las Farc han incurrido en esos delitos, el Estado no puede omitir la investigación el juicio y la condena, si lo hace está habilitando la intervención de la justicia internacional, no solamente habilitando esa intervención sino que se estaría poniendo en pie de igualdad con los Estados parias que por haber omitido el ejercicio de las competencias se ha considerado que tienen justicias inviables. Se me puede controvertir, pero eso si lo dice el Marco Jurídico para la Paz y ¿cómo lo dice? plantea cinco exclusiones. Primero dice que se seleccionaran algunos casos, después dice que se seleccionan algunos delitos de esos casos, después dice que los delitos que se investigarán son el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pero después dice que solamente los máximos responsables de tales delitos, siempre y cuando se hayan cometido de manera sistemática; luego los crímenes de guerra no sistemáticos no se investigarán, luego los delitos de lesa humanidad no sistemáticos no se investigarán, los genocidios no sistemáticos no se investigarán. Más adelante dice que los investigados podrán beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena, eso es una caricatura, eso no es justicia. Supongamos que se investigue a los máximos responsables por los crímenes de guerra y los delitos de lesa

Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado; presidente de ACORE, BG Jaime Serrato Valdés.

humanidad, se condena y una vez se condena se suspende la pena, eso es amnistía, es indulto, son penas simbólicas, que no permiten cumplir los compromisos internacionales. Se ha dicho recientemente, para controvertir al Procurador, que los miembros de las Farc no están condenados por delitos de lesa humanidad, por lo tanto si pueden participar en política; pero digo que sí han cometido delitos de lesa humanidad. En Colombia, como en casi ningún otro ordenamiento penal, no existe el tipo delito de lesa humanidad, lo que existe son delitos de desplazamiento forzado, secuestro, tortura, violencia sexual, asesinatos, desapariciones forzadas, que son delitos de lesa humanidad en la medida que se cometan contra la población civil de manera generalizada o sistemática. Aunque no hay condenados por delitos de lesa humanidad, si hay muchas condenas por estos delitos y eso es lo que le interesa a las autoridades internacionales y eso es lo que interesa al derecho penal internacional, son hechos prácticos y objetivos y si hay y se presentan asesinatos generalizados, sistemáticos contra la población civil eso es un delito de lesa humanidad ¿será que aquí no hay condenas contra los genocidas de las Farc por la comisión de asesinatos contra la población civil? ¿será que no hay por desaparición forzada, por torturas, por secuestro, por violaciones sexuales, por desplazamientos forzados? En Colombia los cabecillas de las Farc, incluso aceptando esta

restricción, son responsables de delitos de lesa humanidad. Con el debido respeto que le tengo al Fiscal, con quien me unen lazos de amistad, no quiero personalizar la controversia, porque no es personal es una posición jurídica, institucional y la Procuraduría en ello no va a transigir y no va a transigir en defensa de las víctimas, en defensa del ordenamiento jurídico, en defensa de la sociedad. Incumpliría el deber si no asumiera una posición como la que he venido asumiendo y que seguiré asumiendo en todos los escenarios, fundamentalmente en los escenarios institucionales. Me interesa resaltar que estamos incumpliendo los convenios internacionales solamente frente al Estatuto de Roma hay más de 15 tratados que se están desconociendo, por eso he sostenido que los señores de las Farc no pueden pasar de La Habana al Congreso. A la sociedad no la pueden engañar tan fácilmente porque hoy es una sociedad informada. El Artículo 122 de la Constitución es claro, que fue modificado por un acto legislativo de 2009, pone como una inhabilidad para acceder al Congreso precisamente el ser responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad. Pero se puede aducir que estamos en un escenario de justicia transicional. La Procuraduría no está pidiendo que en ese caso se aplique el código penal. Es consciente que para lograr la paz debemos acudir y utilizar los cánones de la justicia transicional, que tiene tres elementos configurativos: verdad, justicia y reparación. Pero tal como se pretende sancionar a los máximos responsables de los genocidios, de los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Eso no es justicia. Se puede decir dialécticamente: mire se va a


UCIONAL

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ay amigos de la impunidad: Procurador

e Ruiz Barrera; y al procurador Delegado para Asuntos Administrativos, Roberto Augusto

investigar, se va a juzgar, se va a condenar, y al día siguiente se suspende la pena, eso no responde a los más mínimos estándares internacionales. Creo recordar que hace varios años cuando se estaba discutiendo la Ley de Justicia y Paz, me parece escuchar al señor Mancuso “no pagaremos ni un día de cárcel”, coincidente esa voz con los que ahora están pidiendo que no paguen ni un día de cárcel los genocidas de las Farc. Repasando mis archivos encontré algunos documentos, textos, declaraciones de la época, cuando se discutía la Ley 975 del 2005 que dispuso que los desmovilizados que hubieren cometido delitos por crímenes atroces tuvieran que someterse a penas alternativa de 5 a 8 años. Entonces la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo “… Las normas dictadas en procura que se

Reconocimiento

incorporen a la vida civil los miembros de grupos paramilitares o grupos guerrilleros, literal d, establece un tiempo efectivo de privación de la libertad que resulte proporcionado a la gravedad de los delitos cometidos y al lugar jerárquico que su perpetrador ocupada dentro de la respectiva organización”. A mí me han dicho es que el Procurador tiene un concepto de pena muy pre-moderno, que el verdadero concepto moderno de pena no equivale a la prisión. Es cierto que hay muchas penas que se pueden imponer, que no impliquen prisión; hay otras que por la gravedad de las conductas exigen proporcionalidad. Las graves violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, por su

gravedad, exigen proporcionalidad, exigen una pena de prisión, flexibilizada dentro de los términos de la justicia transicional, pero en la justicia transicional también hay límites. Así lo señala la infinidad de jurisprudencia, no solamente de nuestra Corte Constitucional, sino de tribunales internacionales. Encontré otra perla, el 6 de noviembre de 2009 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, dijo: “… cuestionamos que una condena de ocho años sea idónea cuando se trata de crimines de guerra o de lesa humanidad, siendo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece una pena mínima de 30 años para este tipo de delitos” ¿y ahora qué? ahora no hay pena, porque los condenados a 40 años, al otro día les suspenden la pena por una pena alternativa, con una reducción sustancial, pero la inexistencia de ella se llama impunidad. A mí que no me pongan en la lista de los enemigos de la paz porque si me veo en la obligación de decir que hay enemigos de la paz, es porque hay amigos de la impunidad. La controversia hasta ahora se inicia, pero si la norma no es declarada inexequible, en representación de la sociedad colombiana acudiré al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que se pronuncie cautelarmente sobre los estándares internacionales que ellos mismos han señalado en otros países y en otros escenarios, para preguntarle si realmente el Marco Jurídico para la Paz respeta los estándares internacionales. Esto lo hago en representación de las víctimas, en defensa de la sociedad, en defensa de la institucionalidad, en defensa de los compromisos

que el Estado colombiano ha hecho. El Estado no puede, por razones políticas, sustraerse del cumplimiento de esos tratados que Colombia se ha comprometido cumplir, las convenciones contra la tortura, el pacto de derechos civiles y políticos, los tratados de las convenciones de Ginebra… Elaboré con asesores expertos en DIH y en Derecho Penal Internacional una lista de exigencias que el Estado debe cumplir con el requisito de reparación y con el requisito de justicia, una pena que implique privación de la libertad, flexible si, y en ello entraría el concepto de pena alternativa, pero pena, para que no haya impunidad; y en reparación, entregar las rutas del narcotráfico, el mapa de minas antipersona, toda esa georeferenciación, ubicación de las fosas, la entrega de secuestrados o su paradero, la entrega de armas. Sobre este tema me preocupa el hecho de que las Farc nunca han admitido que van a entregar las armas, siempre han dicho que es la manera de garantizar que se cumplan los pactos y que la van a entregar el día que se cumpla el último pacto, es decir, no las van a entregar. Por otra parte, me preocupa que ahora en el lenguaje oficial se esté utilizando la dejación de las armas, y si se habla de ello es porque ya se ha aceptado que no las entreguen y se les va a admitir que no dejen las armas. Dicen que al parecer es inminente el acuerdo y que van a hacer política. El hecho que se diga que no han cometido delitos de lesa humanidad es para que desaparezca la inhabilidad constitucional y puedan pasar de La Habana al Congreso a diseñar políticas públicas. Va a haber un partido político finan-

ciado por el narcotráfico, que no nos digan mentiras. Entonces en la democracia colombiana vamos a tener un partido político financiado por el narcotráfico y armado. Mucho antes de ello, deben entregar los bienes que tienen en el exterior, señalar los nexos que tienen con los políticos, tal como se hizo con los paramilitares, decir cuáles han sido sus aliados, hacer una relación de menores reclutados con fines de incorporación, la trata de personas con fines de explotación sexual, entonces, son muchas las preocupaciones que me asisten como Procurador”. En la web de la Procuraduría está el concepto sobre el Marco Jurídico para la Paz. www.procuraduria.gov.co

En Colombia no existe el tipo delito de lesa humanidad, lo que existe son delitos de desplazamiento forzado, secuestro, tortura, violencia sexual, asesinatos, desapariciones forzadas, que son delitos de lesa humanidad en la medida que se cometan contra la población civil de manera generalizada o sistemática.

El presidente de ACORE, BG Jaime Ruiz Barrara, les impuso la Distinción Nacional de la Asociación, al procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, y al procurador Delegado para Asuntos Administrativos, Roberto Augusto Serrato Valdés, en reconocimiento y agradecimiento a la gestión adelantada en favor de la institución en aspectos relacionados con la unificación de conceptos para el reconocimiento del IPC, y la defensa de los intereses institucionales en materia jurídica.


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INSTITUCIONAL

HECHOS EN ACORE

ABRIL Nuevos Asociados Sra. Sra. CO EJC CT EJC TC EJC CT EJC CO EJC Sra. CF ARC TC FAC CO EJC

Ofelia Márquez de Carrillo Alicia López de Otero Bernardo Fuentes Pulido Edison Arley Mesa Sucerquia Frank Carlos Castrillón Rojas Jorge Tyrone García Andrade Jesús María Lorduy Dales Cecilia Charry de Escalante Ernesto Ochoa Marulanda Álvaro José González González Héctor Contreras Lamprea

Préstamos Santander Bolívar Antioquia Antioquia N. Santander Boyacá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá

Guillermo Ayerbe Cortés Fernando Mazuera Rodríguez Jesús Antonio Santamaría Vargas Hernando Tellez Rivera Fernando Augusto Sarmiento Guillermo Flórez Acuña

Citas médicas

En Centro Asistencial de ACORE, en lo corrido del año se han atendido 608 pacientes en medicina general, de los cuales 325 son Acorados; en odontología, 2.401 pacientes, de los cuales 1.638 son Acorados.

Nuevos Asociados

Fallecidos MY EJC CO EJC TC EJC CF ARC CT EJC CF ARC

En el año se han tramitado 57 solicitudes. En el último mes se han concedido 18 préstamos, de los cuales $71.200.000 se han otorgado por Sostenimiento y $50.000.000 por AVODE.

Bogotá Bogotá Boyacá Bogotá Valle Bogotá

Se han realizado doce reuniones de notificación en la Caja de Retiro (Cremil), a la que han sido citados 145 oficiales recién retirados; se ha tomado contacto directo con quienes asisten, entregándoles un sobre con información de ACORE, una esquela de saludo firmada por el Presidente de la Asociación y un formato de afiliación. A quienes, por razones personales, no asisten a dicha reunión, reciben posteriormente el sobre con la información correspondiente.

Aporte Voluntario por Defunción - AVODE

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Nuevos afiliados

TC José Claudio Bastidas Javela TC Frank Carlos Castrillón Rojas

VALOR PAGADO Carmen Alvis de Salguero $ 6’983.952 CT Víctor Hugo Ingrid Salguero Alvis $ 6’983.952 Salguero Flórez Víctor Hugo Salguero Alvis $ 6’983.952 TC. Jesús Santamaría Magdalena Gaitán de $ 20’970.718 Vargas Santamaría TOTAL 41’922.574 FALLECIDOS

BENEFICIARIOS

Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la Gerencia del AVODE, para firmar el Certificado de Afiliación. Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago, CREMIL no les esta haciendo el descuento correspondiente al AVODE, deben hacer el pago por ventanilla en ACORE.

15 de mayo MIÉRCOLES 12 de junio TALLER DE ESPIRITUALIDAD Los miércoles, cada 15 días en la Sede Nacional ACORE, asiste a los Talleres de Oración.

FECHAS

22 DE MAYO 4 DE JUNIO


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MEDIOS

Infierno en el Militar ARTURO ARGÜELLO Eltiempo.com 9 de abril del 2013

“Creo que era un soldado profesional”, me dijo la señora. “Creo que era un soldado profesional el que empezó a romper los vidrios del desespero. Llevaba tres días yendo por su medicamento y todavía no se lo habían dado. Al lado mío estaba una pobre señora con cáncer de seno, muy malita, muy enferma, una viejita que estaba sola. A ella la habían puesto a subir y a bajar esas escaleras como unas cinco veces, todo porque se necesitaba yo no sé qué firma, una autorización de no sé qué señor. Yo tenía el turno 185. Desde las once estaba ahí, sentada, esperando por el medicamento de mi esposo. Eran las dos y apenas iban en el turno 112. Avanzaba uno por ahí cada diez minutos. Con suerte ese día iba a obtener el medicamento, pero el soldado profesional empezó a romper

los vidrios del desespero. Yo también lo hubiera hecho. Acá en este Hospital, siempre es así”. No. No se trata de una escena de Brasil, la película de Terry Gilliam en la que su personaje principal lucha contra la burocracia del mundo moderno. En realidad esta narración corresponde a un día típico de un paciente en el Hospital Militar Central. Ese es el infierno que tienen que vivir a diario los supuestos héroes de la patria que han sido olvidados por un Estado al que le entregaron su vida. Si bien el Hospital Militar Central es uno de los referentes de la medicina de primera (pues en él comulgan grandes médicos y excelsos profesionales de la salud), también es la cuna de la ineficiencia administrativa, un espejo de la torpe burocracia que caracteriza al país y que pasa por encima de la condición humana; el absurdo del papeleo llevado al extremo. Este gigante, este dinosaurio aún vive en esa época en la que todo estaba hecho a mano, allá

en ese lugar olvidado en el tiempo donde se archivaba con los dedos y tocaba buscar de folio en folio, entre millones de documentos, la historia clínica de un paciente. Sí, en pleno siglo XXI, cuando en muchos hospitales del mundo un paciente (y el médico) puede consultar desde cualquier parte su propia historia clínica a través de internet, en el Hospital Militar Central, el más grande del país, aún toca descifrar la letra del médico para entender la fórmula, la evolución del paciente. “Lo lamento, señor, pero acá falta la firma del médico, vuelva mañana o vaya a buscarlo por el hospital para que le firme esto”. Otro paciente me dijo después con ironía, con cierta resignación: “En el Ejército todo está tan organizado que ellos le dicen a uno, prácticamente, cuándo toca enfermarse; las citas con especialistas uno solo las puede pedir cuando ellos digan”. A este segundo paciente me costó más trabajo creerle y al principio no le entendí. Así es en todos lados, me dije. Pero enton-

Si bien el Hospital Militar Central es uno de los referentes de la medicina de primera, también es la cuna de la ineficiencia administrativa. ces entré a la página web del hospital y me encontré con este letrero: “Agendas disponibles para marzo. Jueves 21 de marzo: clínica de dolor, neurología, urología, mamografías-ecografías, dermatología, medicina nuclear... Siguen pendientes agendas de Cardiología, infectología y psicología, les avisaré a medida que lleguen”. No había más agendas para todo el mes. Este no es un problema que se resuelva con una ley. Así como resultó absolutamente irrelevante que la Ley 1428 de 2011 obligara a todas las IPS a estar digitalizadas para evitar tantos errores y tanta burocracia, poco importará que aprueben o no la reforma del sistema. La verdad no importa si el proyecto de ley va o no con mensaje de urgencia. Tampoco importan los decretos y las resoluciones que se firmen. Finalmente, acá, en Colombia, todas esas parafernalias que se discuten en el Congreso son un montón de mentiras que están

muy alejadas de la realidad y que solo servirán para que los honorables se den palmaditas en la espalda como diciéndose, hicimos algo bueno, o para que los expresidentes critiquen al Gobierno por hacer lo que ellos nunca hicieron. Entretanto, mientras la política y los intereses personales y de terceros nublan el panorama de la reforma, los soldados retirados, los que nunca llegaron a generales y sus familiares -que son la inmensa mayoría- seguirán viviendo ese infierno que se les suma a la tortura de lo que es padecer una enfermedad. Igual no podía ser de otra manera. Estos antiguos soldados ya no le sirven a la patria; dejaron de ser héroes; ahora son enfermos, minusválidos que se han convertido en una carga para la Nación. Por eso, qué más da, que se tomen su tiempo discutiendo lo etéreo, lo que haya que discutir y que el Hospital Militar Central siga tal y como está.

COMITÉ DE SALUD DE LAS FF.MM.

La junta Directiva de ACORE, solicita muy comedidamente a los asociados y en general a los oficiales de la Reserva Activa con su voto en la elección de nuestros representantes ante el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policia Nacional SSMP, para el periodo 2013 - 2015, a realizarse durante los días 28 y 29 de mayo de 2013 en las instalaciones de ACORE, CREMIL CASUR, instalaciones militares, de policía y dispensarios para los siguientes candidatos en cada cuerpo colegiado así: AL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD

AL COMITÉ DE SALUD DE LAS FF.MM Brigadier General GUILLERMO BASTIDAS ORDÓÑEZ

Capitán de Navío (Médico) ÁLVARO ENRIQUE FACCINI DUARTE

Estudios en auditoría de servicios de salud, gestión y administración hospitalaria, economía de la salud y fármaco economía. Exdirector del Hospital Militar Central, exdirector de Sanidad Armada Nacional y actual Presidente del Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá.

Participó en la elaboración de la Ley 352 que organiza el Sistema de Salud Militar y Policial. Director liquidador del Instituto de Salud de las FF.MM. Representante de los Oficiales en retiro y pensionados de las FF.MM. 2009-2013. Secretario General Ejecutivo de ACORE.

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL HOSMIC Coronel GUILLERMO RODRÍGUEZ GUZMÁN

Contador Público Titulado. Se desempeñó como Revisor Fiscal de ACORE, en varias oportunidades. Representante de los oficiales en retiro y pensionados de las Fuerzas Militares ante el Consejo Directivo del Hospital Militar Central, durante los últimos seis años.

CONTAMOS CON SU VOTO CALLE 70 No. 4- 24 / TELÉFONO: 3450511 / www.acore.org.co

Coronel EJC. FLORENTINO FLÓREZ JIMÉNEZ Profesional en Logística y Ciencias Militares. En su trayectoria militar de 32 años se destacó en el planeamiento logístico y en el campo de la salud, donde ocupó cargos en Dirección Sanidad, Brigada de Apoyo Logístico. Activó el actual Batallón de Sanidad, donde se rehabilitan los soldados que han sufrido lesiones severas. Se desempeñó como Subdirector del Hospital Militar Central entre 1992 y 1996.

CIERRE DE EDICIÓN

viernes 17 de mayo Envíe sus artículos y colaboraciones al correo:

periodico@acore.org.co


INSTITUCIONAL

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¿Cómo va el ABC del IPC? Presentamos los avances sobre el procedimiento para el reconocimiento y pago del Índice de Precios al Consumidor, IPC, a las asignaciones de retiro de los integrantes de la Reserva de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Conciliación Extrajudicial

Procedimiento de Conciliación Extrajudicial

Una vez realizada la respectiva reclamación en sede administrativa (derecho de petición), se debe acudir ante la Procuraduría Judicial Administrativa para efectos de iniciar el trámite de conformidad con el Decreto 1716 de 2009.

La Ley 1285 de 2009 “reformatoria de la Ley Estatutaria de la Administración de la Justicia” dispuso en su Artículo 13 la obligatoriedad de acudir a la conciliación como “requisito de procedibilidad” previo a iniciar una acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Parámetros de Conciliación Capital: se liquidará en su totalidad: 100%. Indexación: se liquida en un porcentaje del 75%. Reajuste de la asignación de retiro: reflejada a partir del primero de enero de 2005 (desde primero enero de 1997 al 31 de diciembre de 2004) Prescripción de mesadas: cuatrienal. Pago: se realizará dentro de los seis meses siguientes a la radicación de la solicitud de pago. Intereses: dentro de los seis primeros meses contados a partir de la solicitud de pago. No se pagarán intereses. La conciliación en estos términos es total. Ejemplo: Caso de un coronel (RA), para conciliación del IPC

Liquidación del IPC más favorable, desde el 6 de noviembre de 2006 al 19 de marzo de 2013, reajustada a partir del 16 de mayo de 1998 al 31 de diciembre de 2004, en cumplimiento al fallo judicial

VALOR CAPITAL VALOR INDEXADO TOTAL A PAGAR

PROCESO

1

Presentación de la solicitud

VALOR AL 100% 71.315.058 7.210.339 78.525.397

VALOR A CONCILIAR AL 75% 71.315.058 5.407.754 76.722.812

Almuerzo abril Auto que Ordena Subsanar

2

Petición Incompleta

Revisión de la solicitud

3

Auto Rechazo

Petición completa

El MG Edgar Ceballos, director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, expone los alcances de reajuste del IPC en las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares.

4

Radicación y Reparto Se dela registro y contancia

5

Envía al juez Administrativo para control de legalidad

Auto de Citación

Sí concilia

6 Audiencia

No concilia El presidente de ACORE, BG Jaime Ruíz Barrera, le impone el distintivo de Acorado al almirante David René Moreno.


INSTITUCIONAL

17

Peregrinación al Jardín de Amor de Santa María El sábado 13 de abril un grupo de Acorados, se desplazaron hasta el Jardín de Amor de Santa María en El Rosal, fue un día especial de oración a la Virgen María para pedirle por la salud de los soldados discapacitados que se encuentran

convalecientes en el Batallón de Sanidad, en el Hospital Militar y en los demás centros de rehabilitación. Se elevó una oración para que ilumine a quienes tienen que juzgar a los soldados inmersos en investigaciones judiciales,

para que impartan verdadera justicia y sus fallos se ajusten a la verdad. Fue un día lleno de oración, se rezó el rosario, se participó en la Santa Misa con especial recogimiento, en un ambiente muy espiritual.

La historia del Jardín que adorna el lugar se remonta a 1995 y está relacionada con el rosario de San José en el que se contemplan cinco virtudes suyas: castidad, paciencia, obediencia, humildad y aceptación de la voluntad de Dios. El jardín fue construido por un grupo de hombres que se reunían semanalmente a rezar. Fue el 1 de noviembre de 1995 que la Santísima Virgen se

les presentó y les anunció: “Hijitos míos: ha empezado una nueva etapa. Habéis sido escogidos para una labor hermosa: un Jardín que mi Hijo de vuestras manos creará. Este será un trabajo que vosotros llevaréis a cabo en unas tierras que llevan mi nombre: un corazón en la tierra haréis y en ella sembraréis florecitas de color… Un jardín se hará en siete tiempos… la gran obra que se hará se os explicará a cada paso. Vosotros que habéis comprendido el cuidado que necesita una flor habéis sido escogidos para sembrar mi Jardín de Amor”.  Estas fueron las palabras que dieron origen al Jardín de Amor de Santa María.


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OPINIÓN

Con referencia al Fallo de la CIJ, por ser éste tan absurdo y descabellado, mutilando los espacios marítimos colombianos y humillando abiertamente la soberanía patria, obliga a que Colombia en actitud de honor y de dignidad proceda a desacatarlo. En 1928 se firmó el Tratado Esguerra- Bárcenas. Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y sobre las islas Mangle grande y Mangle chico. Nicaragua, a su vez, reconoció a Colombia la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés con todo lo que éste comprendía. Específicamente, no quedaron incluidos los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, cuyo dominio estaba en litigio entre Colombia y Estados Unidos. El Tratado fue ratificado por los dos países en 1930. En el numeral 4 del Acta de Ratificaciones se afirmó que el archipiélago no se extendía al occidente del meridiano 82w. Posteriormente, Nicaragua empezó a dar señales de no estar conforme con el Tratado y a manifestar que se sentía lastimada en sus derechos, tanto sobre el archipiélago, como en los espacios marítimos correspondientes. Colombia interpretó que si el archipiélago no podía extenderse al occidente del meridiano 82w, era éste con certeza, el límite marítimo entre los dos países. Con ésta interpretación, Colombia se sintió plenamente satisfecha y la guardó como argumento más que razonable para esgrimirlo cuando fuese necesario. Colombia se quedó tranquila creyendo que su interpretación era correcta, cuando en realidad era apenas una forma unilateral de entender el Tratado. (Para la época, poco o muy poco, se sabía de conceptos y de delimitación marítima). Siendo completamente objetivos, se colige sin mayor dificultad que el Tratado en su contexto y esencia no fija delimitación marítima alguna; que no resiste, que no aprueba el examen que con rigor jurídico lleve a cabo un cuerpo o tribunal de expertos en temas marítimos. Se enfatiza que Colombia con la firma y ratificación del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que consideró como Tratado de soberanía y de delimitación marítima, firmó y ratificó el predecible camino de su propio y posterior viacrucis, se convirtiera en el primer error de Colombia. El 30 de abril de 1948 se firmó en Bogotá el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá’, el cual obliga, en caso de no llegarse a un acuerdo entre las partes, a recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Colombia, sin conocimientos sólidos marítimos no avisoró ningún problema a futuro, por lo tanto no insertó en el Tratado, como ha debido hacerlo, reserva alguna. Segundo

Colombia –Nicaragua y la Corte de la Haya Almirante HUGO HERNANDO SÁNCHEZ GRANADOS

error de Colombia. En 1980, Nicaragua declaró la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 argumentando que para esa época se encontraba ocupada por Estados Unidos. En consecuencia, Nicaragua con la nulidad recientemente declarada, reclamó para sí, la soberanía sobre el archipiélago. Semejante declaración nicaragüense no generó en Colombia la respuesta; ni oportuna, ni de gran calado, que la situación ameritaba y en actitud extrañamente pasiva solamente se limitó a considerar la posición nicaragüense como un acto unilateral violatorio de la legislación internacional. No demandó, ni adelantó acción jurídica alguna sobre el espinoso y profundo tema. Tercer error de Colombia. Se llega al año 1982. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se aprobó en Jamaica, constituyéndose en el documento trascendental, en la biblia marítima. Colombia y Jamaica entre otros países la firmaron. En su amplio y completo contexto nacen a la vida oficial miles de conceptos marítimos vitales; entre ellos los de islas, archipiélagos, mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva. La Convención, más conocida como Convención de Jamaica, entró en vigor en 1994. Nicaragua la ratificó y con base en ella y especialmente apoyándose en el concepto de plataforma continental, habría de sustentar sus posteriores reclamaciones y derechos. No se entiende por qué, aún hoy en 2013, Colombia no ha ratificado la Convención. ¿Error? ¿Acierto? Colombia debe decidir. No es conveniente, ni procedente, continuar con ésta situación de incertidumbre jurídica. En 1998 y después de muchos esfuerzos realizados por Colombia para llegar a un acuerdo entre las partes, Nicaragua decidió no aceptarlo. Tenía ya un amplio grado de certidumbre para alcanzar sus propósitos marítimos. Colombia por fin se dio cuenta de la realidad. La situación era demasiado seria y compleja.

Nicaragua podía salir avante en sus pretensiones. Colombia intentó enmendar su cadena de errores, solicitando su retiro de la CIJ. Lastimosamente, su acción no pudo surtir efectos favorables (La Convención de Viena estipula que los retiros solo entran en vigencia un año después de ser solicitados). Nicaragua en guardia permanente, presentó la correspondiente demanda al día siguiente, y en sana lógica fue aceptada por la CIJ. El otro camino que los internacionalistas muy inteligentemente le recomendaron a Colombia, fue el de retirarse de inmediato del Pacto de Bogotá, para no quedar en la obligación de sujetarse al fallo de la CIJ. El gobierno de Colombia en actitud inexplicable y pasiva, solo atribuible a desconocimiento y desinterés por los temas marítimos, decidió no acoger ésta opción salvadora. Cuarto error de Colombia. El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua demandó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Colombia tenía aún una solución en sus manos. Rechazar definitivamente el tener que acudir a la CIJ, por cuanto ésta no podía inscribir la solicitud nicaragüense, ni continuar con el proceso, hasta tanto Colombia no aceptara tal competencia. Colombia se precipitó y en forma inesperada presentó ante la CIJ el documento de ‘Excepciones Previas’. De ésta manera tan irracional, Colombia

avaló el proceso abierto en su contra por Nicaragua. Ahí fue Troya, Colombia definitivamente quedó encerrada en el pleito, en las manos de las decisiones de la Corte Internacional de La Haya (CIJ). Quinto error de Colombia. En 2007 la CIJ, mediante la respectiva sentencia, decidió reconocer la validez y vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y, por consiguiente, reconoció la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, encontró y así lo determinó, que tenía competencia para decidir, que otras islas y cayos formaban parte del archipiélago, como también para fijar la delimitación marítima entre los dos países. A éstas alturas el horizonte colombiano definitivamente se tornaba borroso e incierto, las probabilidades de un Fallo en su contra, se incrementaron significativamente. Al año siguiente 2008, Colombia produjo el sexto error. En la contramemoria presentada ante la CIJ sostuvo que la frontera marítima debía ser la línea media trazada entre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las costas nicaragüenses. Con éste lamentable proceder, Colombia actuó en contravía de su propia Constitución Política, por cuanto no solicitó la respectiva aprobación del Congreso. Además, avaló plenamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para fijar la delimitación marítima según su leal saber y entender. Ante semejante panorama,

Nicaragua aumentó ante la CIJ sus pretensiones. No solamente solicitó enclavar las islas y cayos del archipiélago, sino que alegó derechos a una plataforma continental extendida (En lugar de 200 millas, 350), es decir, sus voraces aspiraciones consistían ahora en conseguir que el límite marítimo nicaragüense se fijara en las cercanías de Cartagena. Así, Nicaragua solicitó ante la CIJ lo absurdamente inalcanzable, para lograr lo máximo posible alcanzable y lo logró. El 19 de noviembre de 2012 la CIJ hizo público su fallo. En éste reconoció la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago, no solamente referida a las tres islas principales, sino también a las otras formaciones insulares que lo conforman. No podía ser otra la decisión por cuanto Nicaragua no pudo sustentar su erróneamente pretendida soberanía. Colombia por el contrario, supo demostrar no solamente sus títulos jurídicos e históricos, sino también y muy bien fundamentada, su pleno ejercicio público, pacífico e ininterrumpido, de autoridad, control y soberanía sobre el archipiélago, por más de doscientos años continuos. Considero de la mayor justeza, rendir tributo en éste tema de soberanía a la Armada Nacional de Colombia. La Armada, en cumplimiento de su misión y por medio de todo tipo de operaciones de soberanía: superficie, submarinas, aéreas, interdicción de narcotráfico, investigación, ayudas a la navegación, protección de pesca y permanente presencia de sus infantes de Marina, se constituyó en el pilar e institución fundamental para reafirmar con plenitud la soberanía colombiana sobre el archipiélago. Continuando con el Fallo, La Corte Internacional de Justicia de La Haya, para asombro de Colombia y con sorpresa para la comunidad internacional, al de-


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OPINIÓN cidir el tópico crucial de delimitación marítima, se contradijo así misma sobre lo ya decidido de la soberanía colombiana y en forma inquisidora y antijurídica, fijó a su manera los límites marítimos entre los dos países. Si ya, la CIJ había reconocido la soberanía colombiana, tenía que ser coherente con su decisión y, por lo consiguiente, respetar jurídicamente, que el archipiélago como unidad geográfica natural, genera entre otros los siguientes espacios marítimos: Mar Territorial, Zona Contigua, Plataforma Continental y Zona Económica Exclusiva. La CIJ, inexplicablemente decidió fallar con inmenso perjuicio para Colombia. A. B.

C.

D.

Desmembró el archipiélago. Enclavó los cayos de Roncador y Quitasueño, reduciendo sus espacios marítimos, solamente a 12 millas de mar territorial. Despojó al archipiélago de las áreas marítimas en su plataforma continental y zona económica exclusiva. Desconoció aspectos de seguridad relacionados con el narcotráfico y control de pesca.

También la CIJ, desbordando sus atribuciones legales y abrogándose superpoderes, desconoció la validez de tratados de delimitación marítima ya firmados por Colombia con: Honduras, Jamaica, Costa Rica y Panamá. (La CIJ tiene antecedentes de haber fallado de ésta misma manera antijurídica en anteriores ocasiones). Como consecuencia de todo el proceso y del incalificable fallo de la CIJ. Colombia, se ve sujeta a enormes pérdidas tangibles e intangibles, entre otras: A. B. C.

D.

E. F. G.

Las abultadas riquezas potenciales existentes en el área, tanto en gas, como en petróleo. Los tesoros que reposan guardados en las especies náufragas. Riquezas coralinas y de pastos marinos. D. La notable reducción del sustento pesquero, particularmente en el área denominada luna verde. (Latitud 15n, Longitud 82w) Restricción para el control de la seguridad y del narcotráfico. Posibilidad de daños ambientales en la zona de reserva de la biósfera, Seaflower. La zona, antes remanso de paz y de disfrute de tranquilidad ahora se ve convertida en área

de confusión, tensión e incertidumbre para los países de la región y especialmente para Colombia y Nicaragua. H. Lo más protuberante y visible es la inmensa pérdida de territorio marítimo patrio. Aproximadamente 75.600 Kilómetros cuadrados. Es decir, un poco más que el área sumada por los departamentos de Antioquia, Caldas y Atlántico. Las pérdidas para Colombia son de inconmesurable valor político, estratégico, económico y social. Se conceptúa y se afirma, que si bien el fallo de la CIJ es a todas luces arbitrario e irresponsable y que fue producto del equivocado análisis de togados que ni siquiera conocen el archipiélago, ni sus áreas marítimas, también es oportuno reconocer que el fallo se debió en gran medida al trabajo serio, coherente y excelentemente ejecutado por especialistas que contaron con el respaldo del pueblo y bajo la dirección inteligente de los gobernantes de Nicaragua, tutelados siempre por una Política Marítima perfecta en su diseño y en su ejecución. Colombia, por el contrario recorrió un camino lleno de sobresaltos, con ceguera y con torpeza, incoherente, tratando de reaccionar a cada situación planteada por Nicaragua. En síntesis, fue un camino errático, error tras error, debido sin lugar a dudas a la falta de su propia Política Marítima. En Colombia hay instituciones y magníficos recursos humanos capaces de diseñarla y de llevarla a efecto. Por la importancia del tema marítimo y porque aún subsisten situaciones serias pendientes de solución, el país merece contar con una Política Marítima, como debe ser, como una Política de Estado. Con referencia al Fallo de la CIJ, por ser éste tan absurdo y descabellado, mutilando los espacios marítimos colombianos y humillando abiertamente la soberanía patria, obliga a que Colombia en actitud de honor y de dignidad proceda a desacatarlo. La comunidad internacional con el transcurrir del tiempo irá entendiendo y aceptando la valerosa y razonada posición asumida por Colombia. Son múltiples los casos en los cuales los fallos de ese Tribunal, por diferentes razones han sido desacatados. En medio del dolor de patria, cabe anotar que hoy, ya no son solo las entidades marítimas, ni los habitantes en el archipiélago los que conocen el tema de los mares colombianos. Con el fracasado proceso de La Haya, los colombianos sabremos ¿Qué ocurrió en los mares del ar-

chipiélago? ¿Por qué se los entregaron a Nicaragua? Es decir, se inicia en el pueblo colombiano el nacimiento de una conciencia marítima que todos debemos propender y fortalecer para bien de Colombia. Presidentes y cancilleres que por razón de sus cargos han intervenido en éste lastimoso proceso, antes que tratar de inculparse mutuamente por el inmenso fracaso de sus administraciones, deben en cambio, unirse para encontrar la mejor solución a la actual encrucijada, que es por sí misma difícil y compleja. Colombia entera les reclama que en asomo de hidalguía, de dignidad y de respeto por la patria, asuman públicamente el grado de responsabilidad que a cada quien corresponde. Es de hombres de Estado, no solo mostrarse ante los éxitos, sino también y muy plausible ante las grandes equivocaciones Es del todo necesario, entrar de inmediato a modificar la composición de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, dando prevalencia al campo técnico, a verdaderos expertos en múltiples disciplinas del saber, especialmente en derecho internacional, en tópicos de fronteras marítimas, terrestres y fluviales, entre otros. Es evidente que su actual conformación permite calificarla como una entidad que contribuyó a la comisión de errores y que es ineficaz e inútil. Queda por verse la intervención del Congreso de la República, organismo que por sus funciones y como representante del pueblo, tiene la competencia y la obligación para esclarecer el grado de responsabilidad que corresponde no solamente al Presidente, sino también a los otros exmandatarios involucrados en el proceso.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, para asombro de Colombia y con sorpresa para la comunidad internacional, al decidir el tópico crucial de delimitación marítima, se contradijo así misma sobre lo ya decidido de la soberanía colombiana y en forma inquisidora y antijurídica, fijó a su manera los límites marítimos entre los dos países.

Carta al General Navas Señor General ALEJANDRO NAVAS RAMOS Comandante General de las Fuerzas Militares

CORREO

Trasmitiendo el sentir de los señores generales y almirantes de la Corporación, comedidamente me permito exponer a Usted la inquietud sobre los certificados médicos de aptitud psicofísica para tenencia y porte de armas expedidos por dos o tres organismos particulares, ajenos al servicio de salud de las Fuerzas Militares, y exigidos como requisito a los militares en actividad o retiro por el Departamento de Control de Armas, para la expedición de Licencias para su defensa personal. Resulta inusitado y paradójico que los militares en retiro, quienes otrora como activos tuvimos la responsabilidad de portar las armas de la República, ahora cuando ya no vestimos el uniforme, debamos pagar el servicio de un organismo particular para que se nos expida un certificado médico como requisito para portar o tener una arma, precisamente para nuestra defensa personal, por situaciones de riesgo generadas, en la mayoría de los casos, por el grado jerárquico o posiciones de mando que ostentamos en el pasado, o por resultados de operaciones exitosas que en el pasado comandamos, o en los cuales participamos en defensa de la nación, sus instituciones y nuestra democracia. Esta situación nos coloca en franca desventaja ante personas particulares, quienes por justas razones de seguridad deben protegerse, pero quienes sí poseen cierta capacidad económica, no sólo pueden portar armas para su defensa, sino que tienen la facilidad de disfrutar de escoltas o de esquemas completos de seguridad personal, para ellos y los miembros de su familia. Pero lo más insólito, señor General, es que sean militares en actividad o en retiro, quienes uno a uno han ido y están acabando con las pocas garantías, que nos legaron ilustres y connotados comandantes de las Fuerzas Militares, que en el pasado nos lideraron con pundonor, compromiso y coraje, garantías que en algo compensaban nuestro sacrificio de décadas, logradas a riesgo de nuestra integridad personal, y de la vida de millares de compañeros, o de su libertad y, o patrimonio personal. Señor general, si han ocurrido casos de militares en situación de retiro, quienes pretendían que el certificado médico exigido a los militares, en actividad o en situación de retiro, para la expedición de la Licencia para Porte de armas para su defensa personal, expedido por las unidades del Servicio de Salud de las Fuerzas Militares, fuera aceptado por extensión para sus esposas, pues portar una arma para la defensa de los militares en retiro, considerando su ingreso, se ha vuelto oneroso, pues su costo es superior a los $350.000.oo, con toda atención me permito solicitarle se autorice, que al menos el propio militar, activo o retirado, pueda aportar para la expedición de licencias para porte y tenencia de armas, el certificado médico de aptitud psicofísica expedido por la correspondiente unidad de servicio médico de las Fuerzas Militares que presta sus servicios al mismo. Así mismo, me permito reiterar la solicitud formulada por el suscrito a un Jefe del Departamento de Control de Armas de una vigencia pasada, por razones de transparencia de la gestión de los mismos jefes de dicho departamento y de la imagen del correspondiente Departamento, se replantee la vigencia de los Certificados Médicos referidos que expiden las empresas a que me he referido, autorizadas para el efecto, pues no es lógico ni transparente, que mientras cualquier prueba médica normal, inclusive los rigurosos exámenes médicos especializados practicados a nuestros pilotos militares de combate, entrenados y formados para operar costosas aeronaves, con armas de gran poder de destrucción, tienen una vigencia de un año, los dos o tres únicos organismos médicos particulares que expiden tales certificados como requisito para la expedición de la licencia para Porte o Tenencia de una Arma, sólo dan una vigencia de dos meses a los mismos; y si dentro de los tres meses siguientes a la expedición de este certificado, se requiere una copia de éste, el interesado debe pagar $50.000.oo adicionales. Señor general, pienso que la solución a los impases, desacuerdos o problemas administrativos o gerenciales, aunque el presente está muy lejos de tener la connotación de un problema, no es acabar con las pocas garantías que nos quedan, pues poco a poco, no nos las han quitado, las hemos ido entregando. Los militares colombianos no fuimos instruidos, ni formados para entregarnos al enemigo, fuimos entrenados para atacar y defendernos, y debemos defender las pocas prebendas que nos quedan. General Héctor Fabio Velasco Chávez


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OPINIÓN

El 9 de abril de 1948 Coronel CARLOS CERON CAYCEDO

El 9 de abril de 1948, me encontraba como cadete de cuarto año de bachillerato, en la Compañía de reclutas que era comandada por el capitán Luis Alfonso Suárez Escobar, el famoso ‘Chamorro’. Éramos 75 cadetes. Para fines de abril se entregarían las armas a los cadetes de mi Compañía, que eran fusiles Máuser. Todavía no habíamos tenido la primera salida a las casas, no disponíamos aún de los uniformes que eran el ‘paisaje al revés’, verde la chaqueta y azul el pantalón. Entre los compañeros estaban Hugo Rocha Molina, Alfonso Palomino Torres, Gustavo Rodríguez Cuellar, Mario Plazas Galindo, Álvaro Cuéllar Lara, Humberto Castro Gil, Jaime Rojas Fajardo, Jorge Arturo Sánchez Morales, Enrique Román Bazurto y Roberto Fernández Guzmán, que alcanzaron grados de Oficial. Después del almuerzo ordenaron formar de urgencia las Compañías, nos informaron del asesinato del abogado, exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán; que había numerosos incendios y saqueos, especialmente en el centro de Bogotá y

que estaba asediado el Palacio Presidencial; parte de los alféreces fueron enviados a proteger el Ministerio de Defensa que se encontraba en San Diego, y las Compañías de antiguos fueron enviadas a otros sectores de la ciudad y los alrededores de la Escuela; el capitán Suárez nos ordenó recibir los fusiles y desengrasarlos, nos llevaron al polígono y después de instrucción breve sobre su manejo, cada uno disparó un solo cartucho. Esa tarde pasaban por frente a la Escuela Militar, en Ríonegro, saqueadores llevando electrodomésticos, muebles y víveres, muchas mujeres transitaban con varios abrigos de pieles puestos unos encima de otros; varios de ellos fueron despojados de sus robos y llevados a un depósito en la Escuela. Fueron retenidos varios automóviles que manejaban personas que no llevaban el documento de propiedad y se presumían robados; entre esos vehículos pude identificar el de propiedad de mi tío Néstor Santacoloma Garrido, reconocido médico y profesor de anatomía de las universidades Javeriana y Nacional. Los sucesos del 9 de abril de 1948 estaban planeados por el comunismo internacional, para el 12 de ese mes, pero los acontecimientos se adelantaron; se

pudo comprobar la presencia de agitadores en la embajada de Rusia y de varios países, de cubanos, entre ellos se encontraba Fidel Castro, quien armado con fusil recibido de una Estación de Policía sublevada, al parecer disparó contra personas inermes; hubo en esa fecha y días siguientes alrededor de 3.000 muertos en el país. La denominada chusma se arremolinó y pretendió tomarse el Palacio Presidencial, para destituir o asesinar al presidente Mariano Ospina Pérez, el sector fue defendido por reclutas, pues el ejército había sido enviado al sur del país para adelantar ejercicios de campaña; el comandante del batallón de Infantería ubicado en Tunja envió la Unidad a Bogotá, con lo cual logró salvar al país de la debacle total. Ante el acoso de la chusma, el Presidente manifestó: “más vale un Presidente muerto que un Presidente fugitivo”. El 10 de abril varios políticos fueron al Palacio para exigir la entrega del poder, lo que fue rechazado en forma definitiva por Ospina. Ese mismo días fuimos destacados para prestar guardia en el Gimnasio Moderno, con otra Compañía de cadetes antiguos; a las instalaciones del Colegio fue trasladada la Novena Conferencia Panamericana, que sesionó inicialmente en el

Capitolio Nacional. Allí estuvimos varios días hasta que terminó la Conferencia. En la primera semana después de la muerte de Gaitán escasearon los víveres en la Escuela, hubo días en que nos dieron solamente arroz y un caldo casi sin sustancia. No había oportunidad de llamar por teléfono a las casas para saber de nuestras familias, las dos o tres líneas disponibles eran exclusivamente para comunicarse con los Comandos superiores y para recibir órdenes e información de orden público. Había comunicaciones por altoparlantes ubicados en la Escuela, en que se daban instrucciones a la ciudadanía; perifoneaba el capitán Rodríguez Conti, alias ‘Cacharro’, para comunicarse con los residentes del barrio Ríonegro, llamaba a la tranquilidad y les informaba que debían estar en sus residencias a partir de las 6 de la tarde, porque se había establecido el toque de queda y quien estuviese afuera podría recibir fuego. Así se logró mantener la tranquilidad en el sector del perímetro de la Escuela, pues se trataba en esa época de barrios deprimidos. En el sector de San Diego se presentaron disturbios graves, que debieron ser reprimidos por los alféreces y eventualmente disparar a saqueadores

que no obedecieron el toque de queda, ni a las voces de alto, según nos informaron. Viví esos días con la angustia de no saber de mi familia, residente en Chapinero y de mi padre el ingeniero civil Carlos Cerón Bernal, que trabajaba con el Instituto Geográfico Militar y Catastral, en nivelación geodésica para el levantamiento del mapa del país. El 9 de abril él se encontraba en Viotá, con una comisión de topógrafos y cadeneros y utilizaban un vehículo Weapon, de color verde minguerra y placas militares. Después me enteré que varios de los pobladores se apoderaron del vehículo y transitaban en él dando abajos al Gobierno y tomando aguardiente; respetaron la vida de mi padre, que era una persona ecuánime y amable con los pobladores; tomó sus pocas pertenencias y viajó con los topógrafos como pudieron en camiones o a pié hasta Bogotá donde llegaron el 12 de abril. Se levantó en el IGAC una investigación sobre la pérdida del vehículo los aparatos como tránsitos y teodolitos, en la cual fue exonerado, pero hubo angustia por la responsabilidad sobre esos elementos y sobre el personal a su cargo. Fueron vivencias que quedaron grabadas en la memoria de tan infaustos días para la Patria, a la cual volvió la tranquilidad y se mantuvo el Gobierno legítimo, por la acción del Ejército Nacional.

sionan ineficacia, baja autoestima, inconformismo y afectan ostensiblemente el buen nombre y la dignidad de las personas agredidas, así como el clima laboral. En efecto el ridiculizar y

minimizar el esfuerzo y la calidad del trabajo de los demás sin justa causa es, igualmente, un ejemplo claro de hostigamiento y hasta violencia laboral, que lleva a creer al acosador que es más importante que los demás, sin valorar el esfuerzo y dedicación de estos. Así mismo, poner en evidencia, maximizar hechos y hacer señalamientos públicos cuando un compañero o colaborador comete un error o incurre en una falta, así sea menor, forman parte de este repudiable maltrato y de un oportunismo abusivo. Las expresiones y comentarios con doble sentido o satíricos, las burlas que, aunque parezcan inocentes entre compañeros, tienen la intención de hacer daño y son reiterativas, forman parte del abuso de palabra y afectan el estado de ánimo de los compañeros o colaboradores y les ocasiona ansiedad y agresividad, haciendo tensas las relaciones interpersonales. La descalificación arbitraria y el marginamiento continuo a determinados empleados de las capacitaciones, los eventos importantes, de las oportunidades laborales, el reconocimiento y la realización personal y profesional, sin una razón valedera,

es otro claro ejemplo de hostigamiento laboral, que aunque se trate de conductas pasivas producto de actitudes preferenciales por parte de los jefes, generan inequidad organizacional y también afectan sicológicamente a los demás empleados, generando desmotivación en el trabajo y disminución de la productividad. Pero no hay que olvidar que la ley protege a las víctimas y su dignidad como personas, estableciendo que toda organización, sea esta pública o privada, debe crear comités de convivencia laboral para que los afectados denuncien. Estos comités están conformados por empleadores y representantes de los trabajadores elegidos por sus compañeros. Tras recibir las quejas de acoso, y como mediadores de primera instancia, estos deben adoptar medidas correctivas y preventivas. Si el problema persiste, se puede acudir al Ministerio del Trabajo, a través de los inspectores laborales, en busca de una conciliación, o demandar ante el juez laboral, por su parte los empleados públicos pueden acudir a la Procuraduría General de la Nación a denunciar tales comportamientos reprobables.

Cuidado con el hostigamiento laboral

Capitán

JOSÉ ALCIBÍADES GUERRA PARADA

corresponsal62@hotmail.com

Hoy, cuando se habla a diario del hostigamiento laboral o bullying en el trabajo, es claro que este no se circunscribe solamente a los comentarios despectivos, las amenazas personales, la humillación pública, los ultrajes y las tácticas de intimidación, presión y acoso hacia un empleado, son comportamientos adversos que forman parte de un fenómeno que si bien, no es nuevo en el mundo, su atención y manejo ha tomado fuerza desde hace unos pocos años, por las implicaciones que afecta en la persona afectada, no solo a nivel sicológico, de salud física, de estima personal, sino también de estabilidad familiar. Es así que los gobiernos y las empresas privadas han puesto mucha atención en estos re-

prochables comportamientos laborales, que pueden suceder entre jefe y subalterno o entre compañeros del mismo nivel y que mancillan no solamente el equilibrio emocional, la calidad de trabajo, sino que también oca-


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OPINIÓN

TERTULIA CULTURAL ACORE ¡Qué buena asistencia! ¡Qué euforia! ¡Qué convivencia!

De la Tertulia del 10 de abril se destaca la presencia de nuevos acorenses como los coroneles Jeremías Valbuena y Carlos Calderón Puentes. Saludo caluroso para ellos y deseos porque tengan grata permanencia. Así como el agradecimiento por los aportes valiosos que prestarán a la Tertulia. Fue Dora Mejía la que inició la Tertulia, presentando un libro del cual leyó tres poesías de excelente facción. El segundo turno correspondió al mayor Gilberto Trujillo Franco, quien habló sobre el gran poeta santandereano Aurelio Martínez Mutis: su vida y su obra. Hizo una composición del lugar sobre la raza ‘cale’, para ambientar la lectura de una de sus más bellas poesías, ‘Gitana’. Llega el aporte musical y de la caja de resonancia de la guitarra salen en profusión sonora notas y arpegios para acompañar la voz melodiosa de Aidé Duque, que interpretó algunas canciones nuestras, de esas que siempre llegan al alma. Se oye la dulzaina; pero no la toca el mayor general Juan Salcedo Lora, la toca ‘Juancho’, el ser humano, el hombre sencillo y sentimental, nacido en terrenos norteños del país. Es él, que con su maestría hace que el sonido dulcísimo, pero cargado de melancolía de la dulzaina, se repita una y otra vez en las oquedades infinitas del Caribe. No olvide ‘Juancho’ (¡cuánto atrevimiento!) que para nosotros es un placer su arte y su compañía. Ahora sí discúlpeme, mi General, pero usted enriquece a esta cúpula de la erudición institucional, sin usted queda coja. ‘Manolete’, ¡perdón! Mi general Manuel Rodríguez, se fajó en una colosal exposición sobre el amor; Ila Daza, fuera de concurso, como siempre; así como otros de nuestros contertulios de ágil con su fina poesía y, muchos más… ¡Qué buena asistencia! ¡Qué euforia! ¡Qué convivencia! ¡Qué positivismo! La dirigió el coronel artillero Jeremías Valbuena Navarro, que con lujo representó a nuestro regente general Javier Arias Vivas. La Canciller, la irreemplazable Rosalbita, se lució una vez más por su perseverancia, cultura y capacidad rectora.

Cuatro palabras sobre el libro

‘Así nos hemos entendido los paisas’ MAYOR GILBERTO TRUJILLO FRANCO

Es de ocurrencia común que las personas reciban un producto, cualquiera que él sea, lo degusten, lo disfruten y hasta lo califiquen de bueno o malo, sin detenerse un momento a pensar en qué hay antes, para que este producto llegue a serio. Es decir, qué de ideas, de esfuerzos, de medios, de dificultades de luchas, de éxitos entran en la formación del proceso para llegar a producirlo. Llega, por ejemplo, el postre delicioso encima del almuerzo; se degusta, se disfruta, se califica, pero no hay una alusión del pensamiento a las reglas de la repostería ni a las habilidades del repostero. Se siente la fruición del salto impecable de los caballos hermosos en el concurso hípico, pero, ¿algún pensamiento sobre el nacimiento, crianza y entrenamiento del ejemplar? ¿Alguno sobre su domador y jinete? Y así sucede en muchas de las actividades del ser humano. No se escapa, desde luego, la del escritor. Aparece el libro: se mira el lujo o la modestia de la edición; se cuantifican sus páginas y sus capítulos; se deja en salmuera en una estantería poco frecuentada para leerlo en un ratico después; lo más seguro, es que haya sido regalado, por que como el autor es mi compañero, colega o amigo es imposible que no me lo obsequie. Durante la lectura se van descubriendo las cosas interesantes allí tratadas, la tersura del estilo, la claridad de las ideas, la propiedad del escritor al tratarlas con sencilla elegancia y muchas otras cosas más. Se forma un juicio más o menos favorable y hasta se aplican unos cuantos adjetivos calificativos bondadosos o peyorativos, según las simpatías o antipatías que haya despertado en el lector. Se habla aquí de un escritor de verdad; no del garrulador que a través del papel y de la imprenta publica sandeces. Pero ¿qué hay detrás del autor y su libro? ¿Cómo nació? ¿Cómo estudió? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se entrenó en el trajín de las letras? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Cómo y cuándo nació la idea? ¿El por qué de la misma? ¿Cuáles sus esfuerzos y desvelos? Todos estos interrogantes

y sus respuestas son los que hay que tener presentes ante reciente libro de Fabio Toro Arango, ‘Torango’, Así nos hemos entendido los paisas. Las respuestas nos la va dando el mismo contexto. Fabio Toro no es nuevo en estas lides; lleva muchos años dedicado a la lectura y al estudio. Los escritores clásicos, así como los modernos, son sus amigos; los libros llenan las estanterías de su biblioteca pero no como adorno vano del nuevo rico, sino para ojearlos, manosearlos, consultarlos, leerlos y releerlos. Estas lecturas y un trabajo arduo y tesonero han sido las bases para producir sus numerosos escritos. El libro del que nos ocupamos así lo demuestra con elocuencia y precisión. Dos partes bien definidas lo conforman: el diccionario o colección de adagios y la historia del pueblo antioqueño. El sólo hecho de conseguir, coleccionar, organizar por orden alfabético 22.000 adagios, aclarando algunos con notas de la propia cosecha, es obra de titanes. Da la impresión de que Fabio realizó esta tarea con la misma consagración con que el gramático de Tibiritá adelantó sus ‘Apuntamientos críticos de la lengua castellana’. ¡Qué de esfuerzos, trasnochos y paciencia! Se basó también en el libro de los proverbios, uno de los 28 que componen la Biblia. De todas maneras la sabiduría que esparcen 22.000 sentencias es

mucha y, sobre todo, que es de la sabiduría popular. La historia de los paisas, a pesar de las divisiones territoriales internas, sigue siendo una. Porque unas son sus raíces, unas de su gente, unas de sus costumbres, una su raza y una su credo. Pero la historia de un pueblo no se hace de la noche a la mañana, ni se conoce a la carrera; distintas generaciones han gastado la vida haciendo patria. No olvidemos que cuando se construye patria chica se están poniendo las bases de una patria grande. Eso es lo que han hecho los paisas a través de más de quinientos años. En pocos y cortos capítulos de amena narración, Fabio nos ha contado gran parte de quiénes son los paisas, cómo llegaron, cómo crecieron, cómo domeñaron montañas, cómo sacaron riqueza de la tierra generosa; cuáles sus prohombres, cuáles sus culturas. Estos capítulos enseñan, ilustran, porque hay un trabajo de excepción. No hay generación espontánea. Para decir lo que se dice, se requiere tener la erudición que ‘Torango’ ha conseguido a base de escuchar mucho, de leer mucho, de conocer y analizar los variados trabajos de numerosos escritores; de recorrer todas las reconditeces de la historia del país antioqueño, descubierto, recorrido, por el gran mariscal Jorge Robledo y fecundado con el sudor y el semen de sus hombres. De un amigo que lo abraza con admiración y respeto: Gilberto Trujillo Franco.


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MEDIOS

Farc + UP ¿otra vez? ALFREDO RANGEL Revista Semana

Es absurdo pretender que el Estado pida perdón, que le devuelva la personería jurídica a la UP, sus curules parlamentarias y otros cargos de elección popular. La falta de entendimiento de la historia hace imposible aprender sus lecciones y lleva a la repetición de errores fatales. Es lo que está sucediendo con los diálogos de La Habana, donde se están repitiendo los errores de fracasos anteriores: diálogo en medio de la violencia, negociación de la agenda nacional, impunidad anticipada. Ahora algunos ingenuos y otros calculadores, le quieren adicionar la repetición del inmenso error que fue aceptar la combinación simultánea de la lucha armada y la legal, como algo válido en una democracia. Este error ocasionó trágicos resultados que no debemos olvidar. Conviene recordar que la Unión Patriótica (UP) surgió como resultado de los diálogos de paz durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. Era el brazo político legal de

las Farc. O, mejor dicho, era un partido político legal que tenía un brazo armado, obviamente ilegal. Algo absolutamente inaceptable en cualquier democracia con dos dedos de sensatez y de respeto por sus propias leyes y principios. Pero en Colombia sucedió: presenciamos una guerrilla que seguía asesinando y secuestrando civiles, asaltando cuarteles militares y puestos de Policía, reclutando niños masivamente, destruyendo la infraestructura del país, y, simultáneamente, hacía campañas políticas legales y participaba en elecciones en las que muchos de sus candidatos eran miembros o comandantes activos de frentes guerrilleros, y lo hacían con un partido político que abiertamente era una rama de la guerrilla. La guerra sucia no se hizo esperar. Sectores de la extrema derecha violenta, capos de la droga, familiares de víctimas de la guerrilla y disidentes de ese grupo terrorista vieron la ocasión propicia para hacer ajustes de cuentas con las Farc.

El candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, fue asesinado por orden del mafioso Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el ‘Mexicano’, para vengarse de las Farc por el robo de un cargamento de cocaína. Así, centenares de sus miembros cayeron asesinados, por la mencionada combinación de factores violentos que buscaban venganza. Es falso que esta matanza haya sido una política del Estado colombiano. Este la presenció impotente. Así como, por aquellos mismos días, presenció impotente la matanza de miles de miembros del Partido Liberal y del Partido Conservador por parte de la guerrillas de las Farc y del Eln, como parte de una estrategia terrorista destinada a tomarse los poderes local y departamental en el país. También el Estado colombiano fue impotente para evitar en Urabá la matanza que realizaron las FARC de más de 500 miembros del partido Esperanza, Paz y Libertad, conformado por desmovilizados de la guerrilla del Epl. Dicho sea de

cada ocasión debe hacer cursos dispendiosos y pasar exámenes complejos que no solamente atañen a lo militar, sino a otros asuntos, principalmente, de los derechos civiles y el derecho de gentes. La competencia entre colegas es fiera, lo cupos de la alta oficialidad se van angostando hasta convertirse en un cuello de botella para unos pocos tengan el honor de llegar a generales. Por esa estructura dura y de sacrificio, en todos los tiempos las sociedades avanzadas les otorgan ciertos privilegios especiales a los soldados, con la exclusiva finalidad de hacer más afectivo su desempeño. La profesión militar en Colombia es de las más duras del planeta, ningún país civilizado tiene el record ominoso de mantener una guerra intestina por más de medio siglo. El setenta por ciento del país se compone de gigantescos espacios selváticos, de pequeñas aldeas, de comunidades que apenas consiguen en circunstancias tan adversas dar un precario aporte a la productividad. Esas comunidades, en algunos casos de aborígenes o seres que vinieron del África contra su voluntad a trabajar en las minas, sobreviven inco-

municados entre sí, dada que el suelo que habitan, por su naturaleza irredenta y el abandono del Estado se han convertido en el paraíso de pillos armados y de elementos que se proclaman subversivos, que en ambos casos ejercen un poder que se aprovecha del atraso y expande el miedo en la población inerme. Entre los pocos agentes oficiales de la sociedad que cumplen misiones de peligro y de vigilancia en esas zonas se cuentan nuestros soldados, que al menor descuido suelen ser atacados por los terroristas que pretenden apoderarse de la tierra de terceros y legítimos dueños, con el único título de apuntarles a la nuca con el fusil. Y con el hallazgo de minerales preciosos en esas extensas zonas, varios de esos elementos armados se financian, compran armas, explosivos y consiguen dar cada cierto tiempo golpes certeros contra los soldados y policías que operan en esas regiones. Son numerosos los uniformados sacrificados por defender el orden y los bienes de los miembros de la sociedad civil, miles de familias llevan luto por esa causa, se multiplican las viudas y los huérfanos, que en silencio recuerdan a sus seres queridos

paso, sin que la UP condenara jamás todas estas atrocidades. Pero esa impotencia no convierte el Estado colombiano en un Estado criminal. Ni se puede afirmar que todos esos fueron crímenes de Estado. Ni el Estado colombiano tiene que pedir perdón por crímenes que no cometió. Si recordamos todo esto, es absolutamente absurdo pretender que el Estado pida perdón, que le devuelva la personería jurídica a la UP y que, más extravagante aún, les devuelva sus curules parlamentarias y otros cargos de elección popular, como proponen algunos. De aceptarse esto, el Estado también tendría que pedirle perdón al Partido Liberal, al Conservador y al Epl por los crímenes de las Farc y del Eln, y además devolverles los cientos de cargos de elección popular que perdieron por obra de la acción criminal de estos grupos terroristas. Es como si el Estado colombiano les pidiera perdón a los judíos por las barbaridades de los nazis. La cosa no es por ahí. Si las Farc quieren tener un partido político legal, primero tienen que abandonar la violencia y el terrorismo, desmovilizarse, reinsertarse y entregar sus armas. La combinación simultánea de la lucha armada y la

lucha legal es absoluta y totalmente inaceptable en una democracia. Destruye y corroe sus fundamentos y desmoraliza a la sociedad pacífica y civilizada. Imitemos el ejemplo de España: allí todo partido político tiene que hacer una condena abierta y clara de la violencia como forma de hacer política, y se castiga sin miramientos cualquier defensa o justificación de la violencia o el terrorismo. Si lo que queda de la UP, o Marcha Patriótica, quiere hacer política, que se acoja a las reglas de juego democráticas y que se deslinde sin ambigüedades de la violencia terrorista. Obrar de otra manera sería inaceptable. Es absurdo y de una irresponsabilidad que raya en lo inmoral pretender entregarle anticipadamente gabelas electorales o de cualquier tipo a una guerrilla que ha repetido hasta la saciedad que nunca va a entregar las armas, que cínicamente insiste en que no tiene secuestrados, que sigue secuestrando y reclutando niños, que se lucra del narcotráfico y que siembra de minas quiebrapatas los campos de Colombia. Cuando se desmovilicen, entreguen las armas, confiesen sus crímenes, pidan perdón, reparen a sus víctimas y salden sus cuentas con la justicia, serán bienvenidos a la democracia. Antes no.

que cayeron en servicio. Y en medio de su tragedia no entienden que los soldados libren una guerra tan cruel sin tener los beneficios del fuero militar, que haya seres con uso de razón que los equiparen a los bárbaros que desafían el Estado y pretenden dominar la sociedad por la fuerza. Es por eso que el Partido Conservador, el Partido de la U, del Centro Democrático y Cambio Radical, así como los elementos pensantes que están a favor de la democracia, la convivencia y la civilidad, defiendan con ardor el fuero militar. Las declaraciones del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, son claras al respecto. Insiste en el apremio para que el gobierno expida el texto reglamentario del fuero militar antes del 20 de julio, al igual que en revivir el fuero carcelario para los militares, algo que impera

en casi todas las legislaciones cuando estos cometen faltas estando de servicio. Al respecto dijo: “Le solicitamos al ministro de Defensa revisar el tema carcelario. No podemos permitir que los militares vayan a las mismas cárceles que los guerrilleros o las bacrim. Los conservadores lo vamos a defender en el Congreso”. Como se sabe, con independencia de lo que pueda salir en La Habana de las conversaciones entre los delegados del gobierno y los subversivos, incluso si se formaliza un pacto conviviente duradero con entrega de armas y reconocimiento de las leyes colombianas y las reglas de juego de la democracia, suelen quedar cabos sueltos y reductos armados que, como en el caso de El Salvador, podrían durante un tiempo dar más guerra que la que conocemos hasta hoy.

Lo sustantivo del Fuero Militar

Editorial El Nuevo Siglo 21 de marzo de 2013

Son diversas las naciones que tienen Fuero Militar como requisito elemental que permite a los soldados defender al Estado sin que de pronto un juez civil que desconoce los asuntos de la guerra interprete los hechos de combate como violaciones a los derechos humanos de la misma estirpe que las que cometen los civiles. En distintas oportunidades hemos insistido en destacar las diferencias que se manifiesta en modelo de vida de los militares y los civiles. En las profesiones liberales, actividades comerciales o privadas, las personas pueden moverse de un puesto a otro, de una actividad a otra, son libres de escoger y de vivir en donde les plazca. Nada de eso se da en la vida militar, que, en esencia, sacrifica esas libertades de las que se enorgullecen los hombres del común, para aceptar una férrea disciplina, una vida austera y preñada de peligros. Peldaño a peldaño va subiendo el militar en su carrera, mientras tenga una conducta ejemplar y su hoja de servicios sea intachable. Sus ascensos son por rigurosos méritos y tiempo de servicio, en


ENTRETENIMIENTO

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Horizontales

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓNES ANTERIORES CRUCIGRAMA

1. Elemento químico. En lenguaje infantil, orina.

I L U S I O N E S

2. Ar., rubio, rojo. Óxido de hierro. 3. Prefijo negativo que indica ausencia de. Chil., pájaro conirrostro de plumaje gris y pico amarillo. El primero en su clase. 4. Ar., golpe de lluvia. 5. Lago de origen glaciar, en los Pirineos de Aragón. Sombrero de muelles que puede plegarse. 6. Que adora o venera algo (fem.).

2

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Artículo determinado.

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8. Alabanza.

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1

Fig., vicio, defecto moral.

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9. Cadera.

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5

1

6

Verticales

7

5

1. Ventanilla por donde se da en algunos conventos la comunión a las monjas. 2. Poeta griego.

7 8 Tomado de la Revista Rompecráneos

1

3. Decimotercera letra del alfabeto griego.

5

8

9

Partícula del latín que significa esto.

9

4

4. Articulación de dos huesos. 5. Achaque.

3

6

Símbolo químico del osmio.

8

6 2

Lista, catálogo.

3

1

5

El objetivo del sudoku es rellenar una cuadricula de 9x9 celdas dividida en subcuadrículas de 3 x 3 de las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado si la solución es única.

AJEDREZ # 1 C

D

E

F

G

7 6

5 4

Juegan blancas y dan mate en dos jugadas

osrivgut@hotmail.com

3

1

8. Acción de piar. Repetición de un sonido reflejado por un cuerpo duro. 9. Poner en un saco cédulas o boletos para un sorteo o votación.

Diccionario de coyuntura nacional

H

8

2

Preposición latina que significa junto.

Por un error involuntario se publicó en la edición de abril un ajedrez que no es de autoría del mayor Oscar Rivas. Le presentamos excusas a nuestro ajedrecista de cabecera.

9

Reglas

B

Lado.

ACLARACIÓN

3

A

6. De varios colores (fem.), 7. Terminación verbal.

Juglar que hace reír.

4

M I E R C L O B O L A T E R O S

4

Turno para regar.

8

E L L A

6

Moda.

1

D O B L A

SUDOKU

7. Interjección que denota cansancio o repugnancia.

SUDOKU

D E A I O R D N L A N O O A X I A D N R Z O Y O A O A R R A L M O R A E

Turbante. Prenda que, así como vamos, va a ser muy popular a partir de agosto de 2018; lo mismo va a pasar con las camisetas rojas. Calzoncillos. Única prenda con que van a quedar los colombianos cuando el turbante se ponga de moda y sus usuarios entren a manejar el erario público. Los colombianos quedarán como han estado los venezolanos en los últimos catorce años. Criterio. Juicio o discernimiento que los políticos colombianos y algunos periódicos no usan. Lo cambiaron en su propia conveniencia política y por intereses económicos o personales. Los apoyos incondicionales y las críticas irritadas al Proceso de Paz, sumados a la manipulación de la información, constituyen un buen ejemplo de la pérdida de criterio. 9 de abril. Fecha que en el futuro servirá para olvidar a Gaitán y para recordar la presentación de la Marcha Patriótica como partido político legal, el renacer de la Unión Patriótica, la consolidación de la reelección, la mezcolanza entre la derecha y la izquierda. Censura. Palabras o expresiones que a los delegados del Gobierno les está absolutamente prohibido pronunciar en los diálogos de La Habana porque se corre el gran peligro de que a las Farc se les salga la piedra y regresen al monte. Entre esas palabras están incluidas las siguientes: víctimas, narcotráfico, reposición, entrega de armas, lesa humanidad, secuestro, extorsión, homicidio, masacre. Monte Alegre. Montaña que no dejará pasar a los de las Farc hacia los puntos del otro lado llamados Justicia, Juicio, Sentencia, Condena, Cárcel. ADOLFO CLAVIJO


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ENCUENTRO INTERNACIONAL - ACORE 2013

ESTADOS UNIDOS - HAWAI 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE

CIUDADES A VISITAR 3 NOCHES EN LOS ANGELES 1 NOCHE EN SAN DIEGO 2 NOCHES EN LAS VEGAS GRAN CAÑON 1 NOCHE EN OAKHURST PARQUE YOSEMITE 2 NOCHES EN SAN FRANCISCO MONTERREY CARMEL SANTA MARIA SANTA BARBARA 4 NOCHES EN HONOLOLU.

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EDICIÓN 529 MAY. 2013  

Editorial: El nuevo fuero penal militar; Proyecto de remodelación de la sede de la Seccional Valle del Cauca; La simetría jurídica; Proceso...

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