Facultad de Humanidades
Licenciatura en Educación Preprimaria con Especialización en Gestión
Educativa Intercultural
Curso: Legislación Educativa II
Catedrático: M.A Leding Danilo Zeceña Larios
Semana 10
Estudiante:
Meriyen Yosynely Gómez Puac. Carné: 8720-22-8220.
Santa Cruz del Quiché, Quiché 21 de septiembre del 2025.
El Derecho es un sistema normativo que regula la convivencia social y garantiza el orden, la justicia y la equidad en una sociedad. Para comprender su importancia, es necesario profundizar en la teoría del Derecho, el concepto de Estado y el Estado de Derecho. Cada uno de estos términos aporta una visión que, al unirse, permite explicar cómo las normas jurídicas influyen en el desarrollo social, político y cultural. Asimismo, se analizará cómo estos conceptos se vinculan con un derecho fundamental: el Derecho a la Educación, pilar esencial en la formación de ciudadanos conscientes y responsables.
En Guatemala, el derecho es el conjunto de normas jurídicas, principios y doctrinas que ordenan la convivencia social, establecen los derechos y obligaciones de las personas, y regulan las relaciones entre individuos y el Estado, buscando la justicia y la seguridad jurídica a través de la Constitución y las leyes. Se basa en principios éticos y morales universales, y se concreta en el derecho objetivo (las normas) y el derecho subjetivo (las facultades individuales).
La teoría del Derecho estudia el conjunto de principios, conceptos y normas que conforman el ordenamiento jurídico. Se centra en comprender qué es el Derecho, cuáles son sus fuentes y cómo se aplica en la práctica social. Por ejemplo, cuando una ley establece la obligatoriedad de la educación primaria, la teoría del Derecho explica cómo esa norma surge, cuál es su fundamento y de qué manera debe cumplirse para garantizar el derecho de los niños a la educación.
La teoría del derecho es la rama de la filosofía jurídica que estudia el derecho en su esencia, naturaleza y fundamentos. Su propósito es explicar qué es el derecho, cómo surge, cómo se aplica y cuál es su función dentro de la sociedad.
Algunos puntos clave:
Analiza los conceptos jurídicos fundamentales, como norma, deber, sanción, justicia, validez y eficacia.
Estudia el origen del derecho, ya sea desde perspectivas positivistas (el derecho como creación del Estado) o iusnaturalistas (el derecho basado en principios de justicia universales).
Examina la relación entre derecho y moral, así como entre derecho y poder político.
Busca una comprensión científica y sistemática del fenómeno jurídico.
Ejemplo: En el campo educativo, la teoría del derecho ayuda a entender por qué existe la obligación del Estado de garantizar la educación y cómo esta se transforma en un derecho exigible por los ciudadanos.
El Estado es la organización política y jurídica que ejerce autoridad sobre un territorio y población determinados. El Derecho es la herramienta con la que el Estado regula las conductas y establece deberes y derechos. Por ejemplo, el Estado de Guatemala utiliza normas jurídicas para garantizar el acceso a la educación pública, definiendo presupuestos, programas y regulaciones que hacen efectivo este derecho.
El derecho y el Estado están íntimamente relacionados:
El Estado es la organización política que posee soberanía sobre un territorio y población determinada.
El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia y que son creadas, aplicadas y garantizadas por el Estado.
Relaciones principales:
El Estado es fuente del derecho porque legisla, dicta normas y garantiza su cumplimiento.
El derecho, a su vez, legitima al Estado, pues establece límites a su poder y regula sus funciones.
Sin Estado, el derecho carece de fuerza coercitiva; y sin derecho, el Estado se convierte en un poder arbitrario.
Ejemplo: El Estado crea la legislación educativa (leyes, reglamentos, políticas públicas) y establece instituciones que hacen efectivo el derecho a la educación.
Estado de Derecho
El Estado de Derecho se refiere a un modelo de organización política en el cual todas las personas, instituciones y autoridades, incluido el propio Estado, están sometidos a la ley. Esto implica que las normas jurídicas se aplican de manera general, igualitaria y justa. Un ejemplo claro se da cuando un ciudadano interpone un recurso legal contra una autoridad por no haberle garantizado el acceso a un servicio educativo; en este caso, la ley protege al individuo frente a posibles abusos de poder.
El Estado de Derecho es la forma de organización política en la que toda la actividad estatal está sujeta a normas jurídicas, garantizando la justicia, igualdad y respeto de los derechos humanos.
Principios fundamentales:
Legalidad: Todos los actos de la autoridad deben estar fundamentados en la ley.
División de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben funcionar de manera equilibrada.
Derechos fundamentales: El Estado protege y garantiza derechos como la vida, la libertad, la igualdad y la educación.
Control y límites al poder: Ninguna autoridad está por encima de la ley.
Ejemplo: En un Estado de Derecho, si un niño es excluido de la educación por discriminación, puede recurrir a los tribunales o instituciones de derechos humanos para exigir la protección de su derecho.
Síntesis: Relación con el Derecho a la Educación
La teoría del Derecho brinda el marco conceptual para entender cómo se crean y aplican las normas; el Estado organiza la vida social y utiliza el Derecho como instrumento de control y desarrollo; y el Estado de Derecho asegura que dichas normas se apliquen de forma justa. Estos tres conceptos se relacionan directamente con el Derecho a la Educación, pues permiten que este sea reconocido como un derecho humano fundamental, protegido por leyes nacionales e internacionales, garantizando así que todas las personas tengan acceso a una educación digna, equitativa y de calidad.
La educación es un derecho humano fundamental reconocido en tratados internacionales (como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño) y en las constituciones nacionales.
La teoría del derecho permite comprender los fundamentos filosóficos y jurídicos que justifican que la educación sea un derecho y un deber social.
La relación derecho–Estado asegura que sea el Estado quien establezca las leyes y políticas necesarias para hacer realidad este derecho.
El Estado de Derecho garantiza que la educación no sea una concesión, sino una obligación del Estado y un derecho exigible por todos los ciudadanos, sin discriminación.
En conclusión: la teoría del derecho proporciona la base conceptual, el derecho y el Estado establecen los mecanismos jurídicos y políticos, y el Estado de Derecho asegura que el derecho a la educación sea efectivo, universal y protegido.
Solución de casos del contexto educativo, apegados a la rama del Derecho y a la legislación educativa.
Caso 1: Negativa de inscripción por discriminación
Planteamiento: Un estudiante indígena es rechazado en un centro educativo privado porque la dirección considera que “su idioma y vestimenta no son adecuados para la institución”. Los padres denuncian el hecho.
Solución:
Según la Constitución de la República de Guatemala (artículos 71 y 72), el derecho a la educación es universal y debe impartirse sin discriminación. El Convenio 169 de la OIT y la Ley de Educación Nacional (Decreto 12-91) reconocen el derecho a la educación bilingüe e intercultural. El centro educativo privado, al estar autorizado por el Ministerio de Educación, está obligado a respetar estos principios.
Resolución: El MINEDUC debe ordenar la inscripción inmediata del estudiante, aplicar sanciones administrativas al establecimiento y garantizar medidas para evitar actos de discriminación en el futuro.
Caso 2: Suspensión de clases por falta de recursos
Planteamiento: Una escuela pública suspende clases durante dos meses alegando falta de materiales, pupitres y maestros. Los estudiantes se quedan sin recibir el servicio educativo.
Solución:
El artículo 74 de la Constitución establece que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita y obligatoria en el nivel primario. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13) garantiza el acceso progresivo y sin interrupciones a la educación. La suspensión vulnera el derecho a la educación y el principio de continuidad en los servicios públicos.
Resolución: Los padres y docentes pueden interponer un amparo constitucional para obligar al Estado a garantizar los recursos. El Ministerio de Educación debe reasignar presupuesto o medidas de emergencia para garantizar la continuidad escolar.
Caso 3: Acoso escolar no atendido por la institución
Planteamiento: Una estudiante denuncia acoso escolar constante por parte de compañeros. Los padres informan a la dirección, pero no se toman medidas y la estudiante abandona el centro escolar.
Solución:
La Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto 22-2008) y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Decreto 272003) protegen a la niñez frente a cualquier forma de violencia, incluido el acoso. El centro educativo tiene la obligación de garantizar un ambiente seguro, conforme a la Política de Convivencia y Cultura de Paz en Centros Educativos.
Resolución: El Ministerio de Educación puede imponer sanciones al establecimiento por negligencia. Además, se debe garantizar la reincorporación de la estudiante y la implementación de un plan contra el acoso escolar.
El análisis de la teoría del Derecho, del vínculo entre Derecho y Estado, y del Estado de Derecho permite comprender cómo se estructuran los fundamentos de la justicia y la convivencia social. En este marco, el Derecho a la Educación se consolida como un derecho indispensable para el desarrollo humano, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Así, el respeto a la ley, la organización estatal y la aplicación de un verdadero Estado de Derecho son condiciones esenciales para garantizar que la educación llegue a todos los ciudadanos sin distinción alguna.
En Guatemala, los fundamentos de derecho se encuentran dispersos en diversas fuentes, incluyendo la Constitución Política de la República, que es la norma suprema, leyes ordinarias, reglamentos, y tratados internacionales ratificados por el país. Además, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y otras altas cortes contribuyen significativamente a la interpretación y aplicación de estos fundamentos.