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Escuelas articulo 123
Las escuelas mexicanas Artículo 123 fueron motivo de un pertinaz enfrentamiento entre el poder patronal y el Estado mexicano posrevolucionario. En 1932 el gobierno federal promovió una reforma al artículo 73 constitucional, de tal manera que en 1934 obtuvo la jurisdicción sobre estos colegios, antes en manos de los gobiernos estatales.

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Antes de la federalización de estas escuelas, los gobiernos estatales habían mantenido acuerdos con los patrones; de tal forma que les permitían cumplir a voluntad el mandato constitucional de construir y mantener planteles para los hijos de sus trabajadores.


En 1934 el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), emprendió una cruzada nacional de fundación de escuelas Artículo 123 e impuso a los patrones las obligaciones que, según su interpretación, establecía el artículo 123 constitucional.
Los empresarios y otros poderes locales rechazaron esta imposición puesto que la consideraban "excesos" del poder federal. Los patrones respondieron con diversas estrategias de resistencia para evadir los mandatos de la SEP.
Los alegatos jurídicos se convirtieron en la forma de resistencia más efectiva y de largo plazo para combatir estas políticas del gobierno federal. Loyo (1990) considera estas interminables disputas como "un verdadero dolor de cabeza para la SEP” ya que esta se enfrascó en numerosos e interminables procesos jurídicos que le implicaban un desgaste permanente y la inversión de recursos humanos y materiales.





