CONCLUSIONES Las magnitudes de las perdidas producidas por la crisis fueron determinadas fundamentalmente por la erosión en el valor de muchos activos en manos de instituciones financieras que ocasionaron los anuncios y medidas económicas iniciales del nuevo gobierno y la condición de la crisis, particularmente en las etapas iniciales de la misma. Igualmente la calidad de muchos de esos activos se deterioró rápidamente cuando Venezuela entró en la etapa de inestabilidad política y económica a partir de 1992 ya que los mismos fueron adquiridos bajo un elevado perfil de riesgo en el periodo del boon económico de 1990-91 y mediante una altísima proporción de cartera relacionada en actividades que poco o nada tenía que ver con la intermediación financiera.
Mientras gran parte del país era totalmente ignorante de la delicada situación que vivía el sistema financiero y aunque el Banco Central hizo innumerables esfuerzos para que el efectivo nacional tomara las decisiones pertinentes para evitar una crisis de dimensiones considerables, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Superintendencia de Bancos tomaron las medidas necesarias antes de que la crisis estalla por la insolvencia e iliquidez que se acumulaban en todo el sistema financiero desde 1992. Todo esto, dejan entrever la incapacidad de los organismos reguladores en sus respectivas funciones y la regulación indulgente de los rectores de estos organismos para con los directivos de alguna de las instituciones en problemas.
La experiencia indica la vulnerabilidad en el sistema y las fallas en las regulaciones financieras.