Informe - Brigada Internacional Juvenil por la paz en Bolivia «Germán Lozano»

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1ª Brigada Internacional Juvenil por la paz en Bolivia «Germán Lozano»

INTRODUCCIÓN La iniciativa de formar la 1ª Brigada Internacional Juvenil por la paz en Bolivia surgió luego de un año de intenso trabajo solidario con la coyuntura tan dura que estamos atravesando los pueblos latinoamericanos. Contábamos con resoluciones que ha venido adoptando a este respecto la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, con la experiencia de las Brigadas por la Paz en Colombia y también con el trabajo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en la misión observadora de Derechos Humanos que viajó a Chile durante el primer mes de manifestaciones masivas callejeras. Este bagaje fue clave para plantear la propuesta de la 1ª Brigada Internacional Juvenil por la paz en Bolivia «Germán Lozano», cómo se trabaja con comunidades afectadas directamente por un conflicto en curso y cómo obtener los elementos que se necesitan para cumplir los objetivos políticos de una misión que tiene como mayor condicionante el tiempo. La Federación Juvenil Comunista de la Argentina decidió tomar estas experiencias y avanzar hacia una brigada que pueda ofrecer un trabajo efectivamente solidario de acuerdo a lo que el mismo pueblo sugirió hacer. La Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD) y varias de sus organizaciones miembro se sumaron a dicha brigada. Con la idea todavía en etapa embrionaria, se pudo mantener una reunión con distintos agentes sociales de Argentina, con varios de exiliados y exiliadas, y también con el Compañero Presidente Evo Morales Ayma, de cara a socializar la información con respecto a esta brigada. La Brigada Internacional Juvenil por la paz en Bolivia se celebró en la capital de Salta (Argentina), localidad cercana a la frontera con Bolivia y con una gran comunidad boliviana. En ella participaron más de veinte delegaciones internacionales, todas ellas de organizaciones miembro de la FMJD, incluido el propio Presidente de la FMJD. El objetivo fue generar un impacto comunicacional y romper, al menos en lo que pudiéramos, el monstruoso cerco mediático que protege con el silencio de los grandes poderes a la dictadura de Jeanine Áñez. La Brigada Internacional Juvenil por la paz en Bolivia llevó el nombre de Germán Lozano, un histórico militante del Partido Comunista de la Argentina y de los derechos humanos en Salta y que falleció el 17 de enero de este año. Debemos resaltar el trabajo fundamental que realizó la camarada Bertha, militante del Partido Comunista de la Argentina y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de la provincia de Salta, quien además de estar llevando una labor cotidiana admirable con las comunidades bolivianas que deben escapar de su país, construyó toda la infraestructura y logística, armó las reuniones e hizo posible que esta Brigada existiera. Su aporte anónimo, así como el de miles de camaradas, compañeros y compañeras en todo el mundo, son revolución. La Brigada trabajó durante tres días, realizando entrevistas a personas exiliadas, luego personas refugiadas, a las personas que conforman el cordón humanitario y a organismos -2-


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de Derechos Humanos. Con el material producido en dicha Brigada, decidimos realizar el informe aquí presentado, el mismo tiene como objetivo replicar nuestra experiencia, masificar nuestras denuncias y continuar rompiendo el cerco mediático que existe entre los pueblos.

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ENTREVISTAS A personas exiliadas en su exilio: Durante los dos días de brigada, compartimos con 6 compañeros y compañeras rescatadas por el circuito humanitario trazado por la Liga Argentina de los Derechos Humanos. Estos son militantes de distintos movimientos sociales, la mayoría de ellos de la zona de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), durante los gobiernos de Evo Morales y Álvaro García-Linera habían accedido a distintos cargos públicos. Los exilados y exiliadas marcan como primera autocrítica que «no fueron lo suficientemente tajantes con los avances golpistas que se dieron desde el 2008». Cuando el gobierno de Evo Morales demuestra su fuerte arraigo campesino-popular, la derecha entiende que no va a alcanzar con la resistencia simplemente desde el punto de vista electoral. La cooptación de grandes porciones de la juventud boliviana, sobre todo aquella que migraba del campo a las ciudades, fue uno de los asuntos que más ocupó a las plataformas de la derecha que mostraba una cara «oenegeísta», de organización ecologista o referente a la tradición cultural, bajo la cual realmente estaban tejiendo poderosas redes con financiamiento y una estrategia comunicacional de gran magnitud. Instalaron poco a poco un discurso homogéneo que tiene como «mainwords»: «corrupción», «narcotrafico» y «eternización en el poder». Todos los mismos conceptos que la derecha fue instalando en gobiernos populares desde el 2009, desde Honduras pasando por Paraguay, Ecuador, Argentina, Brasil, etc. En el 2008, luego de vencer el intento de Golpe de Estado y de la aprobación de la nueva Constitución, nace el Estado Plurinacional de Bolivia. Grandes reformas fueron conquistadas con esta nueva Constitución, como el reconocimiento de las 36 nacionalidades del país. A partir de 2014 se comienza a notar el crecimiento de la oposición, logrando escalar hasta los medios de comunicación con falsas acusaciones. El 21 de Febrero de 2016, luego del referéndum, la juventud cruceña empieza a apoyar a candidatos como Camacho, etc. El plebiscito del 21 de febrero de 2016 fue una clara articulación mediática contra Evo Morales, de la cual grandes grupos de la oposición se sirvieron para declarar que Evo era un «dictador». Una de las reformas hechas por el gobierno de Evo fue en el 2018, al Código Penal, estableciendo una justicia restaurativa, ya no meramente punitivista. El hecho que desata esta reforma es la gran cantidad de mala praxis que sufre específicamente la población originaria. Esto desató la movilización de algunos sectores sociales y se dio marcha atrás con dicha reforma como consecuencia de un gran paro. Ya para este momento, comienza a quedar en evidencia que en verdad no hay una u otra medida del gobierno que sea la rechazada, sino que las intenciones son derribar al gobierno en sí. Llegando a los eventos que tuvieron lugar en el segundo semestre del 2019, las y los compañeros nos marcan como inicio de la ofensiva final el incendio intencionado de casi 4 millones de hectáreas de la Chiquitanía, con zonas que estuvieron en llamas durante casi 2 -4-


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meses. Cabe recalcar la campaña mediática que se montó para que este trágico evento tuviera repercusión en los votos, misión que tomaron algunas ONG ambientalistas. Las elecciones se celebran el 20 de octubre de 2019, pero ya antes de anunciarse el primer escrutinio, había una organizada oposición que denunciaba fraude. El informe de la OEA, reconocido por el gobierno de Evo Morales y demandado violentamente por la oposición derrotada, afirma que hubo irregularidades en aproximadamente el 4,8% de las actas, lo cual daba una diferencia del 10.8% entre el primer candidato y el segundo. En definitiva, estas irregularidades no ponían en duda la victoria del MAS-IPSP. A pesar de esto, el informe de la OEA concluía con la sugerencia de realizar nuevamente la elección. Sectores movilizados calientan las calles de la Media Luna (Bolivia) llamando a un paro por tiempo indefinido el día 21 de octubre de 2019. Esta acción es acompañada por los medios de comunicación que masifican el mensaje violento de los derrotados, Meza y Camacho, líderes de dos espacios de derecha que actualmente son parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez. Ya al segundo día, el paro comienza a ser rechazado por sectores rurales y movimientos sociales. El Presidente Evo Morales, llama a no movilizar, pero algunos sectores de los movimientos sociales concluyen en que hay responsabilidades distintas entre el Estado, y justamente los sectores civiles organizados se movilizan pacíficamente en sus ciudades. Estas movilizaciones contra el paro y en defensa de los resultados electorales son duramente reprimidas, en un principio por la derecha organizada (en el caso de Santa Cruz por la Unión Juvenil Cruceñista) y con una complicidad indirecta de la policía que no accionaba para defender a las y los manifestantes. Es importante remarcar el amotinamiento de las fuerzas policiales, que se da antes del Golpe de Estado y que es un factor crucial para la desestabilización del gobierno de Evo Morales. La oposición tomó violentamente las calles atacando con armas de fuego a los sectores que se movilizaban en defensa del presidente Evo Morales. Estos ataques -en el caso de nuestros entrevistados, que eran de la ciudad de Montero en Santa Cruz- se focalizan en el barrio de Cofadena, un barrio con gran apoyo al MAS-IPSP. Como consecuencia de estos violentos ataques muere un militante de la oposición, los entrevistados le adjudicaron la muerte a la policía o a los propios manifestantes de la oposición. Luego de esto la violencia se intensifica. El pueblo respondió a la provocación de la derecha tomando en ofensiva las calles con una masiva concentración que, al regresar, fue hostigada con violencia y terror por motoqueros (las y los entrevistados se aventuran en afirmar que eran de la pandilla «Bola 8», financiada por la juventud cruceña). El 24 de octubre a la noche, llegan las juventudes cruceñas a Montero prácticamente como una «invasión». En ese cruce hubo enfrentamientos y heridos, la policía recién actuó cuando la situación ya iba a desembocar en una masacre. Al ver esta escalada de conflictos, el Presidente Evo Morales llamó al pueblo a salir a las calles. Al mismo tiempo que sucedían estos episodios llega la OEA. El 30 de octubre, Montero salió a manifestarse, pero camino al puente hubo un enfrentamiento donde un derechista murió en circunstancias desconocidas. La respuesta de la oposición -que ya mostraba sus garras golpistas- fue contratar a barrabravas y -5-


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comenzar el ataque al barrio Cofadena, incendiando casas. El modo de actuar de ellos era criminalizar a dirigentes del MAS-IPSP por redes sociales y luego en las calles. El 31 de octubre es agredido un dirigente de las juventudes del MAS-IPSP, con acusaciones de terrorismo y sedición, dándonos esto una pauta de qué tipo de hostigamiento seguía. El 10 de noviembre renuncia Evo Morales de la Presidencia y el 11, junto con las masivas movilizaciones populares, sale el ejército a las calles y luego los Rangers.

Durante los relatos de las y los compañeros pudimos notar algunas prácticas sobre violaciones de Derechos Humanos que tenían cierta coordinación. Las enumeramos para que no se pierdan como anécdotas. •

Persecución a al personal médico que se encontraba en las manifestaciones atendiendo a las personas heridas.

Allanamientos a oficinas de trabajo del ámbito privado y sobre todo del ámbito público.

Allanamiento a domicilios privados y/o familiares sin orden judicial ni pedido de captura vigente.

Persecución a funcionarios estatales e impedimento de ingresar a cumplir sus labores.

Espionaje de teléfonos y redes sociales.

Cierre de 36 radios comunitarias.

Persecución puntual a periodistas y comunicadores.

Persecución al movimiento de «polleras», es decir a mujeres originarias por su identidad.

Apertura de causas por «sedición» y «terrorismo» como forma jurídica de encarcelar a dirigentes sociales y manifestantes.

Irregularidades en el proceso de notificación y de testimonio, incluso apresando a la gente cuando iba a declarar de buena fe.

Retención de documentación.

Masacre de Sencata con un número indeterminado de muertes y personas heridas.

Sobre la libertad de prensa, durante los primeros 15 días de gobierno de facto se cerraron 36 radios comunitarias, sobreviviendo con voz opositora y democrática únicamente «Radio Kausachun Coca». -6-


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Con grandes similitudes con la represión en Chile, las fuerzas de seguridad y manifestantes derechistas atacaron con especial odio a periodistas y camarógrafos. Las y los periodistas argentinos que fueron a reportar el comienzo del golpe fueron testigos de esa persecución, debiendo abandonar sus tareas sin prácticamente haber cumplido el trabajo. En especial, tuvimos la oportunidad de conversar con miembros de la revista «La Resistencia Bolivia» que enfrentan una causa armada de sedición y terrorismo. También reclamaron por la libertad del militante y fotorreportero Facundo Molares, quien se encuentra detenido luego de una hospitalización de urgencia. Su vida corre peligro estando en la cárcel y no bajo cuidados médicos. Cabe destacar el rol que tuvo el Poder Judicial en este Golpe. Según las personas entrevistadas, éste era el espacio más difícil de transformar ya que durante los gobiernos populares de Evo y Álvaro, jugaron el penoso rol de articuladores junto con la derecha de una ofensiva contra la militancia de los movimientos sociales. Dado el Golpe, la articulación fue notoria. También es importante recordar la inconstitucionalidad de Jeanine Áñez como presidenta interina, ya que realmente la que estaba en primer lugar en la línea de sucesión era Adriana Salvatierra. Su renuncia fue hecha por redes sociales, no en la Cámara de Senadores, y estuvo provocada por la violenta persecución desatada contra los dirigentes del MAS-IPSP, la misma que amenazó la vida de la hermana del Presidente y que lo hizo renunciar en la búsqueda de un camino que llegue a la paz. En el momento en que Adriana Salvatierra quiso ingresar al Congreso para hacer valer su cargo de Presidenta Interina, la policía le prohibió la entrada a ella y a diversos políticos del MAS-IPSP, generando así una represión muy fuerte frente al Congreso. Otro gran golpe contra la estabilidad política fue el posicionamiento favorable por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) al Golpe de Estado. El movimiento obrero se encuentra en una situación de quiebre orgánico. Finalmente, la propia condición de personas exiliadas configura una violación grave a los derechos humanos, una vez que acaban cortando abruptamente lazos con su país. Por salir de su país en estas condiciones de persecución - la mayoría a penas con la ropa puesta, sin siquiera su documentación - tuvieron que dejar todo atrás inclusive a sus familias. Obtuvimos muchos relatos de padres que están hace meses sin ver a sus hijos y/o hijas y que padecen la distancia y la inseguridad sobre su futuro. Otra situación preocupante es la condición socioeconómica: están sin trabajo y cualquier posibilidad de generación de renta implica empleo, precario y sin derechos laborales por la falta de documentación. Actualmente la mayor parte de las personas exiliadas viven gracias a la ayuda solidaria de sus familias, compañeras y compañeros. Por esto mismo una de nuestras reivindicaciones es que además de lograr la condición de personas refugiadas con celeridad, el gobierno argentino les asegure ayuda económica y una solución habitacional.

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A las personas del mecanismo de recepción: Para darle comienzo a la entrevista les pedimos a las y los compañeros que comenten cómo fue el proceso de armado del mecanismo, a lo que ellos principalmente hicieron énfasis en su primer paso, una recolecta de dinero, para poder funcionar; ir en busca de las personas exiliadas a la frontera y que ellas tengan algo de dinero mientras tramitan sus papeles y consiguen empleo. Las y los compañeros recuerdan que el camarada Germán Lozano era el que se encargaba de ir a buscar a los compañeros a la frontera, sabiendo muy bien a los diversos conflictos que se afrontaba, pues ahí en la frontera durante el gobierno de Mauricio Macri estaba en funcionamiento la DEA, inteligencia, gendarmería e informantes narcos de ambos países. En varias ocasiones el camarada tuvo que cambiar de ruta y tomar rutas alternativas. También nos cuentan que por el momento llegaron tres contingentes de compañeras y compañeros exiliados al paso fronterizo de Orán-Salta, donde las fuerzas de seguridad son «permeables» con todo, como lo son también con las redes de trata y narcotráfico. Las y los compañeros del mecanismo de recepción nos contaron que cuando llegan los contingentes de compañeros y compañeras de Bolivia, tienen mecanismos de seguridad para saber si son o no informantes. Después de unos días las y los compañeros exiliados generan cierto vínculo de fraternidad con los compañeros, compañeras y camaradas que generan y sostienen la red, al momento de su llegada por medio de abogados adquieren calidad de persona refugiada/exiliada. Así como las y los compañeros nos contaron y colaboraron con la entrevista, nos dieron su visión sobre lo que está pasando en Bolivia con el golpe de estado. Sostienen que la mayoría de las personas exiliadas son comunicadores; que no es una transición ordenada, sino que es un golpe sin Estado de Derecho que está afectando directamente el sentido de la comunicación. Denuncian que los dueños de los medios de Salta no quieren publicar nada porque hay una suerte de complicidad para con el Golpe de Estado en Bolivia. Aclaran que por su labor como militantes no están sufriendo amedrentamientos a pesar de que el Estado salteño sabe lo que están haciendo, sin embargo, cada tanto reciben visitas de gendarmería.

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RESUMEN CRONOLÓGICO 2006 Asume Evo. 2008 Media Luna, movimiento separatista. 22 de enero 2009 Se aprueba la nueva Constitución política del Estado que reconoce el Estado Plurinacional de Bolivia. 2014- 2015 Comienza a resurgir nueva oposición. 21 de febrero de 2016 Referéndum. 2018 Reforma del Código Penal, estallido social de los servicios sociales y estatales lumpenizados (médicos, militares y policías). 12 de enero de 2018 Derogación de la reforma del Código Penal. 2019 Incendio a la Chiquitania, comienza periodo electoral. 20 de octubre de 2019 Elecciones presidenciales, Evo Morales gana las elecciones por más de un 10% con un 85 % de las mesas escrutadas. 21 de octubre de 2019 Bolivia amanece con un paro convocado por Camacho 24 de octubre de 2019 Ataque al barrio Cofadena 30 de octubre de 2019 Muere Marcelo Terrazas en el corte del puente que comunica Portachuelo y Montero (Primer muerto) 30 de octubre de 2019 Por la noche muere otra persona de la oposición en el barrio Cofadena 31 de octubre de 2019 Detienen al presidente de las juventudes del MAS-IPSP, Elias Mina 10 de noviembre de 2019 Se concreta el Golpe de Estado con la renuncia obligada de Evo Morales a la presidencia 11 de noviembre de 2019 Pueblo movilizado, represiones de la policía y empieza la represión del ejército en las calles, dando como resultado el primer muerto del campo popular Alber Ariel Calisalla Zoto de 20 años. (Se conforma una brigada solidaria médica compuesta en socorro a caídos y heridos, los cuales son acusados de terrorismo y sedición.)

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CONCLUSIONES Denunciamos: •

La flagrante violación a los Derechos Humanos que se ha presentado en territorio Boliviano desde el pasado 21 de octubre de 2019, tras el llamado a paro y desconocimiento de los resultados electorales por parte de la oposición, y la posterior inducción de las fuerzas militares a la renuncia del Presidente Evo Morales.

El silencio de la ONU y la complicidad y participación activa de la OEA en el golpe de Estado. Tras la renuncia inducida del Presidente Evo Morales y la posterior autoproclamación, de manera inconstitucional, de Jeanine Áñez no ha habido pronunciamiento alguno de las Naciones Unidas denunciando lo sucedido. Además, la OEA ha participado legitimando el relato de un supuesto fraude en el proceso electoral que desembocó en la consolidación del golpe.

La brutal represión llevada a cabo por la policía y el ejército Boliviano, contra manifestantes, comunicadores y periodistas, y aquellas personas que estaban prestando asistencia médica a las personas heridas de la represión.

Las detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y el uso de la tortura para la obtención de testimonios que incriminan a otras personas.

La persecución motivada por odio racial hacia la población originaria y en especial a las mujeres de pollera.

La revictimización de quienes ya han sufrido exilio y persecución política en tiempos de las dictaduras que atormentaron al país desde 1964 hasta 1982 casi ininterrumpidamente.

El cierre de medios de comunicación alternativos y comunitarios, violando el derecho de los pueblos a la información veraz, oportuna e imparcial, así como limitando el derecho a la libertad de expresión de las distintas comunidades.

La obstaculización de la posibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones a distintos candidatos y candidatas, vulnerando así el derecho constitucional a elegir y ser elegidos, es decir, el derecho al ejercicio de la actividad política.

La persecución y hostigamiento de líderes del campo popular obligándolos al exilio para preservar su vida y libertad, con el fin de descapitalizar los movimientos sociales, políticos y comunitarios.

La masacre del campo popular durante los días de movilización y consolidación del golpe, ascendiendo a una cifra “oficial” de 35/37 personas asesinadas a la fecha de hoy. - 10 -


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El rol que han jugado algunos países al reconocer la figura de Jeanine Áñez, consolidando y avalando dicho golpe de estado.

Alertamos: •

A la comunidad internacional sobre la situación actual que viven las mujeres y las naciones indígenas en el marco del golpe racista, misógino, fundamentalista, imperialista y fascista; que hoy pone en riesgo la vida y la autodeterminación de los pueblos, denotando un retroceso en los avances logrados por el pueblo boliviano en los últimos años.

Sobre la posibilidad de que los próximos comicios electorales del 03 de Mayo de 2020 no puedan celebrarse con normalidad ni transparencia. Esto puede darse por imposibilidad de todos los candidatos y candidatas de presentarse con normalidad, por la vulneración del derecho a voto, o incluso por un posible fraude electoral orquestado por el gobierno golpista.

Exigimos: •

La libertad para todas y todos los presos políticos de la dictadura boliviana, entre los que destacan una gran cantidad de jóvenes.

El cese de la persecución política y de los hechos constitutivos en represiones a las y los líderes sociales y del campo popular.

El restablecimiento del orden constitucional legítimo y la independencia de los poderes públicos.

Un juicio imparcial y expedito a los responsables de los delitos de lesa humanidad desde la consumación del golpe que garantice la no repetición de este tipo de atropellos.

El respeto al derecho fundamental del pueblo a la información veraz, certera e imparcial que actualmente está siendo vulnerado.

La garantía de un proceso electoral en paz, limpio y en el cual se garantice el derecho a elegir y ser elegido, tanto para los bolivianos y bolivianas en Bolivia como para aquellas que se encuentran en el exterior. Para lo cual, la presencia de veedores internacionales será fundamental.

La paz de Bolivia es la paz del continente.

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