Regulación de la industria de agua potable. Volumen II: Regulación de las conductas
Recuadro 3
¿CÓMO SE DETERMINA UN PRECIO EN LOS REGÍMENES DE REGULACIÓN POR PRECIOS TOPE? En el Reino Unido, donde la regulación por precios tope es el método habitual de regulación de precios para las empresas de servicios públicos privatizadas, los reguladores toman en cuenta varios factores para fijar el nivel de un precio tope. Éstos comprenden los siguientes: i) el costo del capital; ii) el valor de los activos existentes; iii) el programa de inversiones futuras; iv) los cambios de productividad esperados; v) las estimaciones sobre el aumento de la demanda; y quizás, en algunos casos, vi) el efecto de la fijación de precios sobre los competidores existentes o potenciales. Para realizar proyecciones, los reguladores deben formular premisas de tipo general sobre los factores macroeconómicos, como la inflación futura, las tasas de interés y el aumento de los salarios. El proceso se inicia utilizando modelos financieros, como el modelo de determinación del precio de los activos de capital, para determinar el costo del capital utilizado para las actividades de la empresa regulada – es decir, la rentabilidad mínima que desean obtener los inversionistas para inducirlos a invertir en ella. A continuación, se aplica esta tasa de rentabilidad al valor de los activos de capital empleados por la empresa. El producto de la tasa de rentabilidad y de la base de activos es la utilidad mínima que necesita lograr la empresa para remunerar adecuadamente a sus accionistas. Luego se ajusta esta rentabilidad mínima mediante una estimación de los gastos operativos necesarios para lograr la rentabilidad deseada por la empresa. Por último, el flujo de rentabilidad se convierte a un precio tope sobre la base de una proyección de la demanda. El problema es que, en la práctica, todas las etapas de este proceso están plagadas de graves dificultades. En primer lugar, se plantean conflictos sobre la medición adecuada del costo de capital. Aunque existen enfoques estándar para su determinación, a menudo se obtienen estimaciones distintas de lo que es, presuntamente, el mismo valor. Asimismo, el valor de los parámetros que debían utilizarse en los modelos ha suscitado controversias importantes. Así, las empresas y los reguladores han hecho referencia a estimaciones que difieren en un valor que puede llegar hasta el 6%. La estimación del costo de capital es de importancia fundamental porque tanto los precios como las utilidades dependen en forma directa de aquella. Por ejemplo, cada punto porcentual del rendimiento del capital equivale a 82 millones de libras esterlinas (aproximadamente 120 millones de dólares) de utilidades adicionales para las empresas de agua potable. En segundo lugar, han surgido complicaciones importantes en la valuación de los activos existentes antes de la privatización. Las principales causas de estas complicaciones son las siguientes: i) la mayor parte de los activos de las empresas públicas generalmente no tiene un valor de mercado observable antes de la privatización; ii) estos activos son irrecuperables en el sentido de que no son transferibles a otras actividades y su vida útil es muy larga; y iii) el valor contable que figura en los libros de estas empresas normalmente tiene poca relación con la valoración económica subyacente de esos activos – es decir, el valor de los activos de las empresas de agua potable, al costo de reposición, excede en un factor de 10 su valor en el mercado, reflejado en su valoración en el mercado accionario. Si se utilizara el costo de reposición como base para determinar un nivel de utilidades razonable, los incrementos de precios serían enormes y los accionistas obtendrían utilidades extraordinarias a expensas de los consumidores. En consecuencia, ha sido necesario desarrollar métodos alternativos de valoración de los activos, tomando como base el valor de mercado en el momento de la privatización. La valoración de los activos antes de la privatización es motivo habitual de controversias en muchos países en desarrollo cuando se privatizan las empresas de servicios públicos. En muchos de ellos, y básicamente por los mismos motivos que el Reino Unido, se ha evitado utilizar los valores corrientes o de costo de reposición como base para la regulación. En lugar de ello, se ha calculado un valor regulatorio basado en el valor de venta o de emisión de los activos, actualizado por la inversión neta. Como los activos existentes antes de la privatización se reemplazan gradualmente por activos nuevos, este problema quedará superado ya que en algún momento todos los activos habrán sido creados después de la privatización. A medida que se vaya diluyendo el problema de la valuación de los activos, es dable esperar el surgimiento de otro que atraiga cada vez más atención. El reemplazo de los activos existentes antes de la privatización por activos nuevos que devenguen, por lo menos, el costo del capital, significará un aumento de precios en función del tiempo a menos que el costo de reemplazar, operar y mantener los activos pueda reducirse o disminuyera el costo del capital.
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