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EL VOCERO DE PUERTO RICO > JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Intentan establecer inconsistencias en el testimonio de Víctor Burgos Cotto En sala se aclaró que Jaime Perelló no firmó el controvertido contrato entre la compañía 3 Comm Global del convicto Anaudi Hernández y la Cámara de Representantes. Las firmas que aparecen son de Burgos Cotto, González Calderón y José Rodríguez
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Melissa Correa Velázquez >mcorrea@elvocero.com @melissaivelise
La defensa de Glenn Rivera Pizarro, exasistente del convicto exadministrador de la Cámara de Representantes Xavier González Calderón, intentó establecer inconsistencias en el testimonio que ofreció el exdirector de Tecnología del referido cuerpo legislativo, Víctor Burgos Cotto, a quien también buscó minarle la credibilidad. Durante el contrainterrogatorio, el abogado Juan Masini Soler presentó un organigrama que establecía que el testigo estaba bajo la supervisión de González Calderón y no de su cliente. Burgos Cotto declaró el miércoles a preguntas del fiscal federal Timothy Henwood que Rivera Pizarro era uno de sus supervisores. El exfuncionario admitió que Rivera Pizarro no tenía ningún poder para despedirlo. Ante cuestionamientos del letrado, el exfuncionario reconoció que ni la firma, ni las iniciales, ni el nombre de Rivera Pizarro figuran en el contrato firmado entre la compañía 3 Comm Global del convicto empresario Anaudi Hernández y la
Cámara de Representantes el 9 de octubre del 2013. El contrato fue firmado por Burgos Cotto y González Calderón. Por parte de 3 Comm Global fue firmado por José Rodríguez. En sala se aclaró ayer durante el directo del fiscal Henwood que el presidente de la Cámara baja, Jaime Perelló, no firmó el controvertido contrato. El fiscal mostró nuevamente en sala el contrato firmado por la Cámara con 3 Comm Global el 9 de octubre de 2013. En el documento aparece la firma del testigo y del convicto exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón. Henwood presentó otro documento con la firma de González Calderón para compararlo con la rúbrica que aparecía bajo el nombre de Perelló. Era la misma firma: la de González Calderón. Perelló no fue la persona que firmó el contrato. El contrato lo podía firmar González Calderón. Asimismo, las iniciales que aparecían en el contrato eran del exadministrador de la Cámara. Sobre la firma del contrato, Masini Soler le preguntó a Burgos Cotto la razón por la que pensó que había sido Perelló. El testigo le respondió “tengo entendido que él (Perelló) es quien firma los contratos”.
La defensa de Glenn Rivera Pizarro (en la foto), exasistente del convicto exadministrador de la Cámara de Representantes Xavier González Calderón, busca establecer que Víctor Burgos Cotto, estaba bajo la supervisión de González Calderón y no de su cliente. >Agustín Santiago/EL VOCERO
De igual forma, el testigo admitió que en la carta en la que Rivera Pizarro informó a los licitadores la fecha límite para la presentación de propuestas, no se consigna que haya habido una extensión para la entrega como alegó Burgos Cotto. De otro lado, Masini Soler preguntó al testigo cuánto pesaba y medía y este respondió que mide 5’11 y que pesa 240 libras. El letrado también le cuestionó el peso aproximado y la estatura de su cliente. Rivera Pizarro se levantó. Burgos Cotto contestó que cree que el acusado debe medir aproximadamente 5’7. Masini Soler le preguntó al testigo si se sentía intimidado por su cliente. El testigo respondió “sí, por el poder que tenía”.
Burgos Cotto reconoció que a pesar de las amenazas, se le renovó el contrato. El letrado le cuestionó si las amenazas estaban en su imaginación. El testigo afirmó “no era mi imaginación, las palabras exactas eran ‘tienes que cooperar, si no pierdes el trabajo”. Masini Soler le increpó por qué no buscó otro trabajo. Burgos Cotto dijo que lo intentó, pero no lo consiguió. El letrado repasó el resumé del testigo, quien reconoció que no tiene la licencia de ingeniero, pero que sí tiene los estudios. Explicó que estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Politécnica y que hubo un problema con los pagos que debía enviarle el Programa de Rehabilitación Vocacional con el cual el testigo cursó estudios. Burgos Cotto admitió que le pidió
trabajo a Hernández Pérez en abril de 2014 tras ser despedido de la Cámara baja. Indicó que también solicitó empleo en AT&T y en World Net. Burgos no recibió respuesta de Hernández Pérez. Posteriormente, consiguió un contrato en junio de 2014 con la senadora Rossana López, directora de la comisión de Ayuda al Ciudadano. El testigo trabajó anteriormente con la legisladora cuando dirigió la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada. Empero, Burgos Cotto destacó que en la industria de la tecnología se requiere tomar adiestramientos constantemente, debido a que la misma cambia cada cierto tiempo. Por otra parte, a preguntas del letrado el testigo reconoció que como parte del acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable su abogado -Héctor Ramos de la Oficina del Defensor Público Federal- puede solicitar que se le sentencie a probatoria. Originalmente, Burgos Cotto fue acusado por un Gran Jurado el 2 de diciembre del pasado año junto a Hernández Pérez y los coacusados que enfrentan el juicio por corrupción, la exadministradora de la Administracion de Desarrollo Laboral (ADL) Sally López, la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón, su hermana Marielis Falcón y Rivera Pizarro. En la acusación del Gran Jurado Burgos Cotto enfrentaba cargos por mal uso de fondos públicos y conspiración para cometer fraude electrónico. Posteriormente, el testigo llegó a un acuerdo con los fiscales Timothy Henwood y José Capó y estos le radicaron una acusación “information”, en la que se le imputó que no reportó a las autoridades federales la comisión de un delito.
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Suspenden vista de Anaudi Hernández en foro local Yaritza Rivera Clemente >Yrivera@elvocero.com
El proceso legal a nivel local fue paralizado luego que fiscalía presentara un recurso >Carlos Giusti/EL VOCERO
El Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización de la vista preliminar del caso por evasión contributiva del empresario y recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Peréz, que comenzaría ayer en la Sala 608 del Tribunal de San Juan. Según una resolución emitida el martes pasado por el Tribunal de Apelaciones, los procesos en instancia fueron paralizados para considerar tres mociones de auxilio de jurisdicción. “Considerando las peticiones que nos ocupan, se expide el auto solicitado. Así, quedan paralizados los procedimientos ante el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, pautados para los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2016, hasta que dispongamos de la controversia”, reza la resolución. Además, la resolución especifica que el Ministerio Público tiene “un término de 20 días para presentar su alegato en oposición”. Sin embargo, en las mociones el gobierno solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque una determinación del Tribunal de Primera Instancia para que la defensa de Hernández no utilice como testigo a un auditor del Departamento de Hacienda. Según la moción, el auditor del Departamento de Hacienda, Raúl Rodríguez, no aparecía como testigo del gobierno, por lo que la jueza Elizabeth Linares determinó
que el auditor podría ser testigo de la defensa, según la petición de los abogados del recaudador popular. Actualmente, Hernández Peréz enfrenta vista preliminar por no reportar, junto a su esposa, Verónica Ponce Peña, $476,147 en ingresos durante el año 2014, y tampoco reportar $131,859.96 de su corporación Kendall Consulting Group, según el Ministerio Público. La jueza del Tribunal de San Juan, había determinado durante la vista sobre el estado del caso que el auditor del Departamento de Hacienda, Raúl Rodríguez, sería citado como testigo de la defensa de Hernández dijo el abogado Antonio Sagardía. Para ese entonces, Sagardía mencionó que con el inicio de la vista preliminar se vería “la vara
que se utilizó con Anaudi Hernández a nivel estatal”. “Cuando se radica un caso de fraude contributivo tiene que haber un patrón. Esa es la práctica normal del Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia y aquí no se siguió esa norma. ¿Por qué habrá sido? Por el estatus federal, por otras razones. Yo desconozco, pero vamos a ver la vista preliminar”, abundó Sagardía. Asimismo, reiteró que Hernández siempre ha sido un contribuyente responsable. “Había un contable que no le había dado su información. Aquí no hubo intención criminal tampoco y ya la auditoria está por finalizar y verán cuando el auditor de Hacienda se siente a declarar”, concluyó Sagardía.