LEY Y ORDEN >17
EL VOCERO DE PUERTO RICO > VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015
Justicia irá al Supremo Federal Melissa Correa Velázquez >mcorrea@elvocero.com
El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicará un certiorari ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmara al juez federal Francisco Besosa de que la “Ley para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas”,
mejor conocida como “Quiebra Criolla”, es inconstitucional. “Acudiremos ante el Supremo federal por entender que la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito es errada al adjudicar como válido un ejercicio irracional del Congreso al excluir a Puerto Rico de la aplicación del capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Esta acción –sin fundamento alguno en el historial legislativo congresional– continúa perjudicando muy seriamente los intereses de Puerto Rico. Es arbitrario porque no existe una razón concebible para que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública. Por tratarse de
un asunto de urgencia para la seguridad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía, tenemos que insistir en la validez de nuestra Ley 71, que fue la medida aprobada por legislación en Puerto Rico para atender ordenadamente el pago de las deudas de nuestras corporaciones públicas”, afirmó el titular de Justicia César Miranda, en un comunicado de prensa. Explicó que la determinación del gobierno de Puerto Rico ostenta el poder de legislar en temas de quiebra de las corporaciones del Estado, toda vez que el Congreso norteamericano excluyó a la Isla de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. El gobierno estatal cuenta con un término de
90 días para radicar la petición de certiorari ante el más alto foro judicial de Estados Unidos. Miranda indicó además que la presente acción se torna sumamente apremiante ante la declaración conjunta formulada por el Comité Judicial y por el subcomité para la reforma Regulatoria, Comercial y Antimonopolio, referente a que en el Congreso no se cuenta con los votos para adelantar el proyecto HR 870 que extendería a Puerto Rico la aplicación del Capítulo 9 del Código Federal de Quiebras. El propósito de la Ley 71 de 2014 es reestructurar equitativamente las deudas de las corporaciones, al tiempo que garantiza a la ciudadanía la prestación de los servicios esenciales.
Para largo el juicio Retrasado el proceso tras darse a conocer otros implicados en caso que se sigue contra ‘Cano Gurabo’ y licenciado Juan Zalduondo
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Melissa Correa Velázquez >mcorreaelvocero.com @melissaivelisse
La aparición de dos nuevos acusados identificados como Luis López Fernández y Jorge Acevedo Martínez, al parecer retrasará por tiempo indefinido el inicio del juicio por lavado de dinero y narcotráfico contra el convicto capo Carlos Morales Dávila alias ‘Cano Gurabo’ y el abogado cabildero Juan Zalduondo. La acusación contra este grupo de ‘narcos’ incluye una alegación de confiscación de parte de las autoridades federales que asciende a $1,000 millones de dólares. Así se desprendió ayer una vez concluyó la vista de status presidida por el juez federal Daniel Domínguez a la que comparecieron el fiscal Eugenio Lomba y varios de los abogados de los acusados. Entre estosRichardDansoh,JoséAguayo,Francisco Adams, Peter Díaz, Federico Ducoudray y Juan Carlos Fontanet. El fiscal Lomba le informó al juez que debido a que López Fernández fue arrestado el pasado 6 de junio, su defensa no se pudo ser preparar debidamente. Lomba señaló que durante el arresto se le confiscaron 16 celulares y $2 mil en efectivo y que esa evidencia todavía se encuentra en espera para ser entregada a la defensa, como parte del descubrimiento de prueba. Asimismo, Lomba indicó que el descubrimiento de prueba aun no ha concluído. Sobre el otro acusado, Jorge Acevedo Martínez, este permanece fugitivo. De producirse próximamente su arresto, esto provocaría un nuevo retraso en todo el proceso que se lleva contra los alegados narcotraficantes. El licenciado Peter Díaz afirmó que aun la defensa no ha recibido ofertas del gobierno para que los acusados se declaren culpables. La próxima vista de status del caso fue
DESTINO
NARCO
La acusación contra Juan Zalduondo y el grupo de ‘narcos’ incluye una alegación de confiscación de parte de las autoridades federales que asciende a $1,000 millones de dólares. > Agustín Santiago/EL VOCERO
señalada para el 14 de septiembre. ‘Cano Gurabo’ fue acusado el 18 de diciembre del 2014 por liderar una organización de narcotráfico y lavado de dinero. Este seguía liderando la organización criminal a pesar de que se encontraba recluido en una cárcel federal en Texas. El licenciado Zalduondo fue acusado por lavado de dinero. Otros coacusados enfrentan cargos por tráfico de armas. Zalduondo alegadamente fungía como facilitador de lavado de dinero y ayudó a depositar casi $3 millones en efectivo en cuentas del Banco Santander y la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña. Zalduondo Viera alegadamente utilizó tres cuentas de banco que tenía bajo su nombre y el de su compañía Juaza Inc., para facilitar el lavado de dinero proveniente de la organización de ‘Cano Gurabo’. La organización criminal distribuía drogas en distintas áreas de Puerto Rico, específicamente en los municipios de Vieques, Fajardo, Naguabo y Caguas. El grupo alegadamente operaba de
manera muy sofisticada con líderes, gerentes, gatilleros, suplidores, distribuidores y facilitadores que lo ayudaba a lavar el dinero producto de la compraventa de narcóticos. También se le ha asociado con el temible ‘Cartel de los Soles’, organización que alegadamente es comandada por militares y funcionarios del gobierno de Venezuela. Los acusados compartían más de un rol en la organización para llevar a cabo sus actividades ilegales. Diez de los miembros de la pandilla están acusados por poseer y utilizar armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico. Según el pliego acusatorio, desde el 2008, la organización de ‘Cano Gurabo’ distribuía grandes cantidades de cocaína y heroína en Puerto Rico para su beneficio económico. Utilizaban la isla municipio de Vieques como principal punto de entrada de la droga a Puerto Rico y el Ferry como principal medio de transporte. Un exempleado de la Autoridad de los Puertos, Francisco Pimental Maldonado, fue arrestado en relación
a este caso. Los arrestos se efectuaron a través de toda la Isla, particularmente en el área este del País. El cargo número cuatro es contra 14 coacusados quienes conspiraron para lavar dinero, producto de las ganancias de la organización. Como parte de la conspiración, algunos acusados usaban las ganancias de la venta de narcóticos para comprar propiedades, tales como 65 casas, 15 vehículos de motor, botes, apartamentos de lujo en la Florida, 10 lotes de terrenos para desarrollo residencial, un complejo de cuatro torres de 32 apartamentos en Montemar Apartments en Ponce, armas de fuego, prendas y dos botes de lujo. El acusado Héctor Orta Castro, apodado ‘El Lechero’, presuntamente manejaba el dinero procedente de las actividades ilegales para varios de los líderes de la pandilla y también fungía como testaferro. Mientras, que Carlos Alvarado Figueroa, apodado ‘Charlie’, quien es dueño de negocios y desarrollador, alegadamente vendió una propiedad en Vistamar Marina a la corporación Aguas del Caribe, Inc., cuyo dueño es Luis Santana Mendoza, cuando en realidad el propietario era ‘Cano Gurabo’. Ademásdelacompradebienesinmuebles real estate, a los líderes de la organización también le gustaba invertir en construcción y desarrollo de proyectos tales como Montemar Apartments, Las Veredas del Mar Residential, Development y fincas en Brisas del Caribe Residential Development para lavar dinero. Uno de sus miembros, Luis Santana Mendoza construyó y luego alquiló un edificio al sistema universitario Ana G. Méndez en Naguabo. Ello, con el dinero de las ganancias de las actividades ilícitas de la organización. Jorge Bobonis Rexach, presuntamente identificaba y adquiría propiedades de lujo, las remodelaba y las ponía a nombre de la corporación de Santana Mendoza para esconder que el verdadero dueño era ‘Cano Gurabo’, con dinero del trasiego de drogas. Otro de los acusados compró para otro integrante de la ganga un Mercedes Benz, mandado a hacer por $328,000, utilizando su cuenta de cheques.